Miércoles 1 de diciembre de 2004 OCHO COLUMNAS
Sector
agrario Focos
Rojos Hay
riesgo de violencia en Tamasopo ...
Cuatro
“Focos Rojos” y 170 “Amarillos”, por Líos Agrarios: FSA ...
Dan
fin a problemas agrarios ...
Se
instala comisión para reubicación en
Montes Azules-La Lacandona ...
Comisión
Interinstitucional Montes Azules-La Lacandona ...
Exigen
indígenas que se pare el intento de desalojo de un predio en Ometepec
...
Anuncia
la UNAM becas a indígenas ...
Sector
agropecuario Organizaciones
campesinas Ecologistas
temen que se apruebe por albazo la ley de bioseguridad ...
Pide
CNPA más recursos a programas para ancianos ...
Otro
desnudo del Movimiento de los 400 Pueblos ...
Prensa
Estatal DISTRITO FEDERAL Analiza
la Corte queja del GDF por indemnización de terreno de ENAH ...
ESTADO
DE MÉXICO Rechaza
la Corte intervenir en la disputa Xalatlaco-Ajusco ...
Rechaza
la Corte petición de Montiel para investigar violación de las garantías
en Xalatlaco ...
GUERRERO Matan
militares a un campesino y a su hijo de 10 años en la sierra de San
Miguel Totolapan...
Suspenden
el TUA el desalojo de colonos que invaden un predio cerca de El Coloso...
Denuncian colonos la venta de predios habitados y escrituras en El Quemado... NAYARIT Les
adeudan tierras expropiadas para la presa El Cajón, afirman ...
SAN
LUIS POTOSÍ Frena
AN intento del Senado para que Minera San Xavier cumpla el cierre ...
Lo
relevante en Radio Ø
Una veintena de
elementos del Ejército mexicano tomó ayer bajo su control las
oficinas de la delegación de la PGR en esta ciudad y la seguridad
personal del subprocurador. Algunas versiones oficiales aseguran que
hubo una confrontación entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Presumen que tras ejecuciones están `Zetas` o `El Chapo. Ø
Al conmemorar su cuarto año de
gobierno, el presidente Vicente Fox sostuvo tajante que defenderá con
firmeza la democracia contra sus enemigos y detractores, y se
comprometió a seguir trabajando con disciplina y pasión al servicio
de México, con espíritu desinteresado y con total y absoluta
transparencia. Ø
El bloque opositor en la Cámara de
Diputados, integrado por las fracciones legislativas de PRI, PRD, PT,
PVEM y Convergencia, acordó rechazar las observaciones que ayer a las
11:20 horas entregó el presidente Vicente Fox con relación al
Decreto de Presupuesto para el próximo año. Ø
Habitantes de
San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac, celebrarán hoy por la tarde
una misa en memoria de los elementos de la Policía Federal preventiva
(PFP), Víctor Mireles y Cristóbal Bonilla y por la salud de Edgar
Moreno, quienes fueron linchados el pasado martes 23 de noviembre en
la colonia Peña Alta, ubicada dentro de la comunidad. Ø
Andrés Manuel López Obrador, jefe
de Gobierno del Distrito Federal, se manifestó en contra de que los
ex presidentes reciban una pensión vitalicia, porque "eso no
puede ser. Ø
En su habitual
conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López
Obrador, aseguró que el país está preparado para ser gobernado por
la izquierda. Ø
El ex primer ministro francés Alain
Juppé fue condenado hoy a una pena de 14 meses de prisión, exenta de
cumplimiento, y un año de inhabilitación para ocupar un cargo público
por un caso de financiación irregular del antiguo partido de Jacques
Chirac, lo que puede preservar su futuro político. Ø
La
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició operaciones de este miércoles
con una ganancia de 0.34% o 40.85 puntos al ubicar su Índice de
Precios y Cotizaciones (IPyC) e en 12 mil 143.40 unidades. Panorama
Político Ligan
a presuntos guerrilleros con los linchamientos
(El Universal, Carlos Benavides,
principal) Relacionan con EPR a
universitaria que participó en los hechos; ella lo niega En
15 días la PGR actuará contra negligentes
(Milenio,
Omar Sánchez, principal) El
procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha,
aseguró que ya fueron detectados los funcionarios que incurrieron en
omisiones que evitaron el rescate de los tres agentes de la PFP
linchados la semana pasada en Tláhuac. Bajo
control militar, la PGR de Cancún
(El
Universal, David Alponte, principal) Presumen
que tras ejecuciones están ‘Zetas’ o ‘El Capo’ Desairan
diputados objeciones de Presidente (El
Universal, Sergio Javier Jiménez, p.4) Diputados
del PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia acordaron rechazar las
observaciones que ayer entregó el Presidente Vicente Fox para el próximo
año. Descubierto,
el PRI da marcha atrás al albazo a la reforma laboral
(La
Jornada, Roberto Garduño, p.13) La iniciativa será discutida el
próximo año: Burgos La
ley Corral “amenaza a la libertad de expresión”
(Milenio
Diario, Eugenia Jiménez, principal) Organizaciones
de radiodifusión, telecomunicaciones, prensa y académicos se
pronunciaron en contra del anteproyecto de dictamen de la Ley de Radio
y Televisión en documentos que sustentan por qué es inviable y no
debe aprobarse. Frena
economía actual gobierno
(Reforma,
Laura Carrillo, principal) En
los primeros cuatro años del gobierno de Vicente Fox, la economía
del País registró el crecimiento más bajo para un periodo similar
desde la administración de Miguel de la Madrid, revelan datos
oficiales. Postula
a Polevnsky el PRD en Edomex
(Reforma,
Enrique Gómez, p.25A) Deciden
las corrientes del sol azteca mexiquense impulsar a la empresaria como
su candidata al gobierno estatal Opinión Sida:
una lucha compartida
Editorial
(El
Universal AL
conmemorarse hoy el Día Internacional de Lucha contra el Sida, las
autoridades de salud en el país no se muestran optimistas respecto de
las cifras oficiales, que indican que 90 mil 43 mexicanos son
portadores de este virus, mientras que un subregistro estimativo ronda
los 260 mil casos. La epidemia no cede, y aunque en nuestro país la
mayor parte de los casos conocidos se concentran en grupos de alto
riesgo y vulnerables, la tendencia de la enfermedad es extenderse
hacia núcleos poblacionales antes exentos, como los menores de edad y
las amas de casa, por ejemplo. Es
notorio que los esfuerzos de las autoridades para prevenir la
enfermedad y las campañas de publicidad desplegadas para informar y
alertar a la población sobre las características del sida y los métodos
de su prevención no han resultado eficaces. Es urgente que el
gobierno incremente sus esfuerzos en esta materia, porque no hay nada
más valioso y prioritario a la hora de realizar labores de comunicación
social, que emprender campañas para salvar vidas humanas. Impunidad
Alejandro
Gertz Manero, Artículo (El
Universal) Todo
México acaba de sufrir el impacto brutal de la violencia demencial de
una turba enloquecida por su propia espiral de agresividad bestial que
martirizó a tres individuos indefensos que no habían cometido delito
alguno y que se identificaron como agentes policiacos en funciones,
todo lo cual fue materia de la exhibición pública y mediática más
horrorizante que haya podido testificar el país entero y que recorrió
el mundo a través de la televisión internacional, generando un
testimonio aberrante que nos avergüenza y nos humilla como nación y
que debemos enfrentar con valentía autocrítica y objetividad, ya que
de ninguna manera refleja a la inmensa mayoría de los mexicanos pero
sí expresa una gran amenaza que nos asedia a todos. Este
linchamiento y otros anteriores se han venido repitiendo cada vez con
más frecuencia en nuestro territorio, sobre todo en las áreas
urbanas populares y marginadas donde su población ha sido severamente
lastimada por la criminalidad recurrente y la impunidad rampante, pues
no hay que olvidar que en México se cometen más de 4 millones y
medio de delitos al año, cuya abrumadora mayoría, que llega hasta
90%, son robos que también, en una inmensa proporción, son por
cantidades menores a 8 mil pesos; estos ilícitos se multiplican
precisamente en las áreas más desprotegidas y modestas de cada
población, donde la ley de la selva va imponiendo sus mensajes de
violencia y venganza pero sobre todo de impunidad, que es finalmente
la causa fundamental de lo que nos está ocurriendo. Enfrentado
a dioputados…
Francisco
Cárdenas Cruz, Pulso Político(El
Universal) Todo
México acaba de sufrir el impacto brutal de la violencia demencial de
una turba Justo
en víspera de iniciar su quinto y penúltimo año de gobierno, el
presidente Vicente Fox devolvió a la Cámara de Diputados el decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 con una serie de
"observaciones" que seguramente le serán rechazadas cuando
sean presentadas al pleno, por una elemental razón: el Ejecutivo
federal carece de atribuciones para ello, como de manera reiterada lo
han señalado de manera expresa varios respetados constitucionalistas,
con don Ignacio Burgoa Orihuela a la cabeza. Ciertamente,
las cámaras de Diputados y de Senadores tienen la facultad
constitucional de recibir, revisar, dictaminar y aprobar la Ley de
Ingresos: la primera como Cámara de origen y la segunda como
revisora, pero en el caso del Presupuesto de Egresos, solamente la
primera, según lo que establece la Carta Magna, posee esa atribución
de manera exclusiva, por lo que en ese caso no está sujeta a lo que
señala el inciso "c" del artículo 72 en el que se
fundamentan las "observaciones" enviadas por el titular del
Poder Ejecutivo. La
meta de Derbez
Bajo
Reserva (El
Universal) Todo
México acaba de sufrir el impacto brutal de la violencia demencial de
una turba Luis
Ernesto Derbez, nuestro activo canciller, se encuentra al centro de
una estrategia política que contra lo que él pregona, no tiene nada
que ver con aspiraciones a puestos de elección popular. Lo que se
pretende es darle suficiente estatura en casa para permitirle disputar
la presidencia, sí, pero de un organismo internacional, como la OEA.
En este momento México no cuenta con ningún connacional al frente de
una institución multilateral, como ocurrió alguna vez con don
Antonio Ortiz Mena o con Jaime Torres Bodet . A ello ha colaborado no
sólo la falta de figuras, sino también una escasa visión de los
intereses del país. Derbez se promueve como aspirante viable a vivir
en Los Pinos, y eso sin duda lo ayudará a proyectarse, pero nadie
sabe lo que ocurrirá cuando esos alardes se desinflen. ¿Por
qué pelean?
Ricardo
Alemán, Itinerario Político (El
Universal) Todo
México acaba de sufrir el impacto brutal de la violencia demencial de
una turba EL
pleito entre los diputados federales de oposición que enmendaron el
Presupuesto de Egresos 2005 y el gobierno de Vicente Fox que respondió
con la amenaza de una impugnación jurídica quiere ser presentado
ante los ciudadanos como lo más cercano a la mayor tragedia de los
nuevos tiempos: los de la alternancia, la pluralidad y la naciente
democracia. Y por eso, frente a esa disputa, que en el fondo tiene un
sólido contenido político más que presupuestal, pareciera que se
intenta que los mandantes, los ciudadanos, tomasen partido por una de
las partes. Los actores en la peculiar arena política parecieran
apelar, mediante sus mejores gracias y más depurados desplantes, al
aplauso y los vítores del "respetable". Los
primeros, los diputados federales del G-5 que en una emergencia
impensable crearon PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia, intentan sacar
lustre a sus nuevas armaduras: esas facultades constitucionales para
enmendar más que el Presupuesto de Egresos para 2005; intentan
iniciar un viraje al modelo económico. Repentinamente, como picados
por un bicho raro, los diputados del PRI reclamaron la independencia
del Legislativo independencia que nunca conocieron y menos practicaron
para enmendarle la plana al gobierno del "cambio" en materia
presupuestaria y mostrar, por la vía de los hechos, que el modelo
neoliberal sí tiene variantes. Ixtayopan:
vergüenza creciente
Editorial.
(La
Jornada) A
una semana de ocurrido el linchamiento de efectivos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP) federal en San Juan Ixtayopan, Tláhuac,
los gobiernos capitalino y federal persisten en atribuirse mutuamente
la responsabilidad de no haberlos rescatado a tiempo. Los titulares de
Seguridad Pública en ambos niveles, que por elemental decencia habrían
debido renunciar a sus cargos cuando más tarde al día siguiente de
los trágicos e indignantes sucesos, siguen trenzados en alegatos e
intercambios de descalificaciones que resultan ofensivos y
exasperantes; mientras Marcelo Ebrard, exculpado en forma improcedente
y precipitada por Andrés Manuel López Obrador, se empeña en afirmar
que la dependencia a su cargo hizo cuanto estaba a su alcance por
salvar a los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), su
contraparte federal, Ramón Martín Huerta, indebidamente cobijado por
el presidente Vicente Fox, porfía en capitalizar el linchamiento para
golpear a las autoridades capitalinas y se da el gusto de señalar que
un elemento que incidió en el asesinato de los dos policías y las
graves lesiones sufridas por un tercero fue "la falta de atención
de algunas autoridades", como si él no fuera una de ellas. Doble
pastel(azo) Julio
Hernández López, Astillero.
(La
Jornada) A
CUATRO AÑOS de distancia, Vicente Fox no conserva ni siquiera los
rasgos pintorescos, alegres y bravucones que en su momento electoral
tanta esperanza de cambio generaron en los mexicanos. Lo que queda de
aquella estampa silvestre, de falsos ribetes gerenciales exitosos, es
una amarga imagen de bipolaridad conductual que un día (o unas horas)
se fuga de la realidad mediante optimismos alimentados por discursos
fantasiosos de autocomplacencia, y al siguiente día (o a las
siguientes horas) cae en depresiones fatalistas que le hacen ceder a
su corte palaciega, dominada por ambiciones conyugales, los residuos
de poder que le quedan. De muy poco de estos cuatro años de vértigo
puede sentirse orgulloso el guanajuatense atrabancado: su mejor obra
política ha sido la reconstitución del dinosaurio priísta y su
enfilamiento a la recuperación del paraíso perdido; las reformas
estratégicas que habrían constituido clave de desarrollos sin par
nunca pudieron ser negociadas con éxito ante un Poder Legislativo que
hoy le exhibe frente a la nación como incapaz de siquiera sacar
adelante acuerdos políticos para un presupuesto de egresos; las
presuntas habilidades empresariales (cocacoleras y familiares) que
redimirían al pueblo, quedaron en mero fiasco, y a ojos de los
mexicanos todos la institución presidencial personalísimamente
electa fue compartida para establecer una mandilona figura de pareja
presidencial que significó la forma más escandalosa de abdicación
de entre las varias que por gusto o por presión ha debido hacer
Vicente el breve. El
veto no pasará Miguel
Ángel Rivera, Clase Política.
(La
Jornada) Observaciones,
comentarios, precisiones o correcciones, como quiera que se le quiera
llamar al intento del presidente Vicente fox de enmendar las
decisiones de la cámara de diputados sobre el presupuesto federal,
son un intento de veto y por ello desde ahora se puede decir que no
pasará. En
consecuencia, el ejecutivo tendrá que recurrir luego, como ya lo han
previsto sus asesores y colaboradores, a la controversia
constitucional, con lo cual la suprema corte de justicia determinará
a quién le asiste la razón. Todo
el proceso será muy importante para el país, pues permitirá
consolidar el equilibrio entre los poderes federales. Lo
único lamentable es que este asunto ha servido para una serie de
comentarios que en vez de instruir sólo contribuyen a desorientar al
público, y todo por el intento de ocultar la ignorancia en
expresiones sonoras pero huecas, como: "ni un peso atrás",
o reducir a los ciudadanos a "rehenes" de este
enfrentamiento entre poderes. Cartones Focos
Rojos Hay
riesgo de violencia en Tamasopo.
(Pulso
SLP, Eduardo Chávez, p.web). Ejidatarios
de una comunidad llamada El Saucillo del municipio de Tamasopo,
advirtieron ayer en Palacio de Gobierno que se están armando con
rifles, palos, machetes y carabinas para defender sus tierras, porque
autoridades del Nuevo Centro de Población “Emiliano Zapata“ se
las quieren quitar. Hay
en su contra una resolución agraria para que entreguen inicialmente
20 hectáreas al comisariado ejidal del Nuevo Centro de Población,
Miguel Ángel Guzmán Michel, “pero no se las vamos a dar, porque
tenemos 40 años de trabajar esas tierras que pertenecen a nuestro
ejido”, señalaron autoridades del Saucillo. El
presidente del comisariado ejidal, Justino Landaverde Gutiérrez, el
del Consejo de Vigilancia Bonifacio Romero y el secretario del
comisariado, Antonio Cruz Antonia, estuvieron ayer en Palacio de
Gobierno para pedir la intervención de funcionarios estatales a fin
de evitar lo que llamaron “una tragedia”. Señalaron
que las tierras les pertenecen, pero a base de influencias el
comisariado del Nuevo Centro de Población –una comunidad colindante
con El Saucillo– trata de despojarlos, pues esa persona fue
funcionario de la Procuraduría Agraria antes de ser presidente
del comisariado y es abogado. Lo
acusaron de querer hacer negocio con sus tierras, porque se las quiere
asignar a personas que no son ejidatarios y que no son ni siquiera de
la Huasteca. Además, lo mismo quiere hacer con otra comunidad llamada
San José El Viejo, donde también ya ganó resoluciones agrarias para
quedarse con sus tierras. El
coordinador de la UCD en Tamasopo, Hugo Omar Dávila quien acompañó
a los representantes del Saucillo, advirtió que también en el Nuevo
Centro de Población “Emiliano Zapata”, de donde es oriundo, el
comisariado Miguel Ángel Guzmán Michel ha lucrado con tierras. Recientemente
asignó casi 800 hectáreas a familias de los municipios de Mexquitic
y Ahualulco, quienes nada tienen que hacer en Tamasopo, por lo que
esas personas fueron rechazadas. Cuatro
“Focos Rojos” y 170 “Amarillos”, por Líos Agrarios: FSA.
(Excélsior, Valentín Ahuctzi, p. 25) En
México existen todavía cuatro “focos rojos” y 170
“amarillos”, en el reparto de tierras, refirió en Tlaxcala el
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA);
Florencio Salazar Adame. Los
casos de mayor riesgo están en Chiapas, Michoacán, Sonora y en
Oaxaca, donde ya hubo enfrentamientos y muertes, añadió. Precisó
que los predios son Montes Azules, en Chiapas; la Meseta Purépecha,
en Michoacán; Los Yaquis, Sonora, y un problema muy serio en Oaxaca,
donde ya se registraron enfrentamientos, dejando muertes como
resultado. Aseveró
que al inicio del presente sexenio del presidente Vicente Fox se
registraban 14 focos rojos y en este momento sólo restan por
solucionar cuatro, de los cuales dos serán resueltos en el 2005 y el
resto a finales del presente sexenio. Dan
fin a problemas agrarios.
(El Sol de
Tlaxcala, Guadalupe de la Luz, p. B6) Con
la declaratoria oficial del cierre operativo del Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede)
en Tlaxcala, el estado se convirtió en la sexta entidad del país
que levanta 'bandera blanca' en materia de certificación a partir del
2000 a la fecha, al legitimar el 98.7 por ciento de tierras ejidales y
comunales.
En
el cierre operativo del Procede en Tlaxcala, el secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar, acompaña al gobernador de
Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya Ayer,
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y el
director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), Abelardo Escobar
Prieto, aseguraron que este proyecto concluye "con éxito" y
que ha sido enterrado el 'fantasma' de la incertidumbre jurídica de
la tenencia de la tierra, por lo que "no volverá a presentarse y
con esto se acaban los conflictos agrarios". Durante
el acto protocolario de este cierre, celebrado en el Centro de
Convenciones de Tlaxcala, junto con el gobernador Alfonso Sánchez
Anaya, firmaron el Convenio para el Catastro Rural, a fin de que todos
los sectores interesados en el medio rural, participen económicamente. Datos
de la Secretaría de la Reforma Agraria indican que en poco más de
once años de operación de este programa, el avance total de
certificación en la entidad es de 98.75 por ciento, pues de un total
de 241 ejidos y comunidades en el estado, 238 fueron certificados y
titulados. Sin
embargo, hubo tres núcleos agrarios que no accedieron, dos de éstos
por enfrentar problemática jurídica y uno por rechazo definitivo al
Procede. Así,
los titulares de derechos recibieron en este lapso 139 mil 803
certificados y títulos que los amparan como legítimos propietarios
de sus tierras, cuya medición total asciende a 200 mil 279 hectáreas. A
través de estas acciones, fueron regularizadas 197 mil 850 hectáreas
que representan el 98.4 por ciento de las 200 mil 892 de la superficie
de propiedad social en la entidad tlaxcalteca. En
septiembre del año pasado, la Procuraduría Agraria y el gobierno
estatal suscribieron un acuerdo para formalizar el pre cierre
operativo del Procede. El comité correspondiente reportó un avance
de certificación de la propiedad social, considerado uno de los más
altos en el país, por parte de la Federación. Además
de Tlaxcala, en el 2003 levantaron 'bandera blanca' los estados de
Colima, Aguascalientes, Quintana Roo y Baja California Sur, mientras
que Yucatán lo hizo en el presente mes del año en curso. Durante
el evento fueron entregados algunos apoyos económicos para ejecutar
proyectos productivos en materia agrícola, al tiempo, las autoridades
federales y estatales, conminaron a los productores a hacer sus
tierras más productivas y a organizarse para obtener mejores
resultados, pues en este año la Federación ha invertido alrededor de
120 mil millones de pesos al campo. Se
instala comisión para reubicación en
Montes Azules-La Lacandona.
(La Jornada, Nota Informativa, p. 50) El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
encabezó hoy la instalación de la Comisión Interinstitucional para
la Consolidación de las Reubicaciones de Montes Azules-La Lacandona,
cuyo objetivo es fortalcer la segunda etapa del trabajo con los grupos
reubicados, a fin de regenerar el tejido social y evitar su regreso a
la selva. El
grupo está integrado por representantes del gobierno de Chiapas,
quienes coordinarán la operación del mismo, de las Secretaría de
Reforma Agraria, Medio Ambiente, Desarrollo Social y Agricultura, así
como de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI). Esta
comisión se estableció con la autorización del presidente Vicente
Fox, en acuerdo tomado en reunión del gabinete social, a propuesta
del titular de la dependencia con el fin de atender las necesidades
sociales de las comunidades reubicadas en las nuevas poblaciones fuera
de la reserva. La
comisión se suma a las labores que realiza el Grupo Operativo de
Trabajo encargado de la operación del programa de Atención Integral
a los Bienes Comunales Zona Lacandona y a la Reserva de la Biósfera
Montes Azules, creado el 5 de junio de 2003, y que tiene a su cargo al
primera etapa de solución–negociación de grupos a reubicar y
localización de tierras para las nuevas poblaciones. Comisión
Interinstitucional Montes Azules-La Lacandona. (El Universal, Pie de Foto, p.
33) El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
encabezó ayer la instalación de la Comisión Interinstitucional para
la Consolidación de las Reubicaciones de Montes Azules-La Lacandona,
establecida con la autorización del Presidente Vicente Fox y que será
coordinada por el gobierno del estado de Chiapas para consolidar las
nuevas condiciones de vida de las poblaciones reubicadas y las que
restan por salir de la selva y la comunidad lacandona, una vez que
hayan sido reubicadas.
Exigen
indígenas que se pare el intento de desalojo de un predio en Ometepec
(El
Sur-Guerrero, Karina Contreras, p.web) El
presidente del Movimiento Indígena por la Autonomía, Lauro García Vázquez,
exigió que se pare el hostigamiento e intento de desalojo contra indígenas
que tomaron 10 hectáreas en Ometepec, porque están dispuesto a pagar
los predios que son del ejido y no del hermano del ex gobernador Ángel
Aguirre Rivero, Carlos Mateo Aguirre. García
Vázquez manifestó que desde que tomaron los predios, el 21 de
octubre de 2001, fue encarcelado dos veces por diferentes delitos,
pero no han podido probar nada. Recordó que hace cuatro años
decidieron tomar el predio, el cual no estaba encerrado y era rústico,
porque los indígenas migrantes mixtecos, amuzgos, nahualt, no tenían
dónde vivir y allí formaron la colonia Nuevo Amanecer. Dijo
que cuando ocuparon el terreno apareció como supuesto dueño Mateo
Aguirre y el 13 de noviembre de 2001 fue encarcelaron con otros
dirigentes, como Florentino López por encabezabar a los invasores,
porque fue acusado de despojo de una pequeña propiedad. García
Vázquez agregó que estuvieron presos casi siete meses y Mateo
Aguirre Rivero no comprobó con documentos legales ser el dueño, y en
2004 se aclaró que el predio pertenecía al ejido de Ometepec. El
indígena indicó que luego de esto comenzaron una plática con el
comisario ejidal, Severiano Jiménez González, quien informó que la
asamblea de ejidatarios había tomado la decisión de que las 150
familias que vivían en el predio tenían que pagar mil pesos cada una
y 300 para expedir la carta de posesión. García
Vázquez explicó que la gente acordó que apagaría la cantidad
solicitada, porque no querían enfrentamientos, pero estas
negociaciones se rompieron porque el partido Verde Ecologista se quiso
involucrarse. Precisó que no estaban de acuerdo con la presencia del
ese partido político porque la plática sería entre ejidatarios y
colonos. “La
plática no era conveniente, no era conveniente que estuviera los
partidos políticos, yo siempre he dicho que somos organizaciones
sociales y hay momentos que se trabaja en política y otras en
sociales, tiene que haber
división. Además ellos con esos grupos pretenden enfrentamientos en
la colonia”, señaló. García
Vázque añadió que hubo un intento de desalojo y que hay grupos de
choque que encabeza Candelaria Carreto Gorgoña; además en una ocasión
el presidente municipal, Francisco Espinosa Hilario, con policías
acudió al predio con la intención de sacarlos. Pidió
a la Secretaría de la Reforma Agraria, al procurador, Jesús
Ramírez Guerrero, intervengan en el asunto. La primera porque las
tierras son ejidales; y el segundo para que ordene al subprocurador en
la región, Luis Alberto Montes Salmerón, que investigue los hechos y
tengan pruebas. Señaló
que el último delito del que fue acusado fue la violación de Antonia
Martínez de la Cruz, a quien no conoce, y para su liberación pagó 5
mil pesos. Concluyó que no quiere que continúe el hostigamiento y exhortó a las autoridades para que asuman su responsabilidad, pues si pasa algo más grave será responsabilidad de ellos porque saben cómo está la situación en el lugar y no ponen una solución. Anuncia
la UNAM becas a indígenas
(La
Jornada, Notimex, Pie de foto, p.16) La
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló la cátedra
interinstitucional Arturo Warman, en la que participan siete
instituciones públicas y privadas. El rector Juan Ramón de la
Fuente, luego de indicar que la cobertura en educación superior para
los indígenas en México apenas llega a tres por ciento, anunció un
programa de becas para jóvenes de pueblos indios, el cual comenzará
el próximo ciclo escolar Apoya
Sagarpa a labriegos.
(La
Jornada, Elizabeth Velasco, p.50). Un
esquema de apoyos a la comercialización de maíz blanco autorizó la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), con el fin de otorgar a los productores
organizados 200 pesos por tonelada como apoyo complementario para
alcanzar el ingreso objetivo mínimo (IOM) de mil 650 pesos, y 100
pesos más por concepto de compensación de mercado, informó el
subsecretario de Agricultura, Francisco López Tostado. Además, se
aplicará un esquema de pignoración que podría alcanzar entre 250
mil y 300 mil toneladas. Ecologistas
temen que se apruebe por albazo la ley de bioseguridad.
(La
Jornada, Angélica Enciso, p.19) Organizaciones
ambientalistas advirtieron que se prevé dar un albazo esta
semana para que en la Cámara de Diputados se apruebe la iniciativa de
la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la
cual se encargaría de regular los transgénicos en el país. Organizaciones
no gubernamentales y agrupaciones campesinas han demandado a los
diputados que se realicen cambios a la iniciativa enviada por el
Senado de la República, ya que tal como está favorecerá la siembra
indiscriminada y la comercialización de esos productos en el país. Entre
las organizaciones están Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
Autónomas. Entre los cambios urgentes que se proponen está la
prohibición absoluta de la liberación de transgénicos en el
apartado de zonas restringidas relativas a centros de origen de
diversidad genética y áreas naturales protegidas. Proponen
que se cree un régimen especial de protección del cultivo de maíz,
junto con la determinación de áreas libres de transgénicos para la
protección en determinados ecosistemas. Asimismo consideraron que la
aplicación del Protocolo de Cartagena sobre movimiento
transfronterizo de organismos genéticamente modificados (OGM) no
queda plenamente reflejada en la iniciativa que está a discusión,
por lo que se requiere incorporar un capitulado especial que se
denomine Del movimiento transfronterizo de OGM y del Acuerdo
Fundamentado Previo, para dejar claro que sí se aplicará y la forma
en que se hará. Señalaron
que la creación del consejo consultivo mixto en la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
Modificados es insuficiente y se debe establecer un procedimiento de
consulta pública. Otra
falla de la iniciativa, añadieron, es que no da a estados y
municipios la facultad de conocer el proceso completo de liberación
de OGM, desde la petición de autorización hasta el involucramiento
en la toma de decisiones, y sólo son considerados para la etapa de
monitoreo y vigilancia. Pide
CNPA más recursos a programas para ancianos.
(La
Jornada, Alma E. Muñoz, p.50). La
Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) anunció que, junto con
otras organizaciones campesinas, exigirá al Ejecutivo que destine los
recursos que por subejercicio quedarán pendientes de aplicar en
diversas dependencias, para que instancias como la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedeso) incorporen en el padrón de beneficiarios a
los ancianos de sus agrupaciones, como se acordó en el Acuerdo
Nacional para el Campo. José Narro y Emilio García Jiménez,
representantes de la CNPA, manifestaron que sumarán esta lucha a la
protesta contra la iniciativa laboral que impulsan PRI y PAN en la Cámara
de Diputados para impedir que se apruebe la iniciativa. Por ello, unas
100 personas protestaron ayer frente a las instalaciones centrales de
la Sedeso y se quejaron de que, desde el año pasado, la dependencia
incurrió en irregularidades en la entrega de los 30 millones de pesos
para adultos mayores y que se "rasuró" la lista de
beneficiados. Otro
desnudo del Movimiento de los 400 Pueblos.
(La Jornada, José Antonio Román,
p. 48). Unos
150 hombres, integrantes del Movimiento de los 400 pueblos, se
desnudaron una vez más frente a la Cámara de Diputados para exigir
"justicia y respuesta institucional" para llevar a juicio
político y castigar a tres diputados priístas -Miguel Angel Yunes,
Jorge Uzcanga y Juan Bustillos-, por haber realizado actos de corrupción
y represión en Veracruz. A las 11 de la mañana, hombres del
Movimiento de los 400 pueblos se quitaron la ropa y con ramas
comenzaron a golpear las rejas de la entrada principal de San Lázaro,
pidiendo justicia y respuesta institucional para procesar a los tres
diputados priístas por corrupción y represión en el municipio de
Alamo Temapache y, en general, en el estado de Veracruz. La demanda de
juicio político contra el diputado Yunes, ex secretario general de
Gobierno, radica en responsabilizarlo por la represión en 1992 de más
de 500 campesinos, de los cuales 103 fueron procesados
"injustamente" bajo la gubernatura de Patricio Chirinos,
"por denunciar actos de corrupción en los que él era cómplice".
DISTRITO FEDERAL Analiza
la Corte queja del GDF por indemnización de terreno de ENAH.
(El
Sol de México, Juan Cruz, p. web) La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un recurso
de queja que interpuso Alejandro Encinas, secretario de Gobierno del
DF, sobre otro desacato de Andrés Manuel López Obrador. Esto
a petición del ministro presidente Mariano Azuela Güitrón, para
aclarar la obligatoriedad que fijara un juez federal al jefe de
Gobierno de pagar una indemnización de más de 14 millones de pesos
por el predio que ocupa la Escuela Nacional de Antropología e
Historia. En
la sesión de ayer, el Pleno de la SCJN decidió revisar el recurso de
queja, luego de que en octubre pasado se diera el fallo contra López
Obrador para pagar sin pretexto alguno la indemnización por los
terrenos expropiados en 1968 a Ángel Veraza Villanueva. En
ellos se construyó la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
que se ubica en la zona de Cuicuilco. El
caso se remonta a que el jefe de Gobierno se negó a cumplir con la
orden de un juez de pagar 176 millones de pesos, pues el avalúo del
predio se había hecho con base en el valor comercial actual. Los
ministros de la Corte determinaron que el desacato de López Obrador
era justificable por lo que se ordenó a otro juez realizar un nuevo
avalúo. De
tal suerte, la indemnización que debe pagar se redujo a poco mas de
14 millones de pesos, pero es la fecha que se niega a pagar, de ahí
que se interpusiera una nueva queja para que el Pleno de ministros se
pronuncie sobre quién tiene la razón, el juez o el jefe de Gobierno. Rechaza
la Corte intervenir en la disputa Xalatlaco-Ajusco. (La Jornada,
Gustavo Castillo, p. 45./Información también publicada en Reforma.). La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atender la
solicitud del gobernador del estado de México, Arturo Montiel, para
que investigara supuestas violaciones graves a las garantías de los
pobladores del municipio de Xalatlaco. Ayer, durante la sesión del
pleno de la SCJN se revisó la solicitud del mandatario mexiquense y
por unanimidad se determinó que no existen elementos para ejercer lo
establecido en el artículo 97 constitucional, que posibilita a la
Corte integrar comisiones para investigar casos de violaciones graves
a las garantías individuales, como ocurrió en el caso de Aguas
Blancas, en 1995. El recurso promovido por Arturo Montiel pretendía
que la SCJN atendiera la demanda de justicia de los habitantes de
Xalatlaco, quienes presuntamente han carecido de apoyo para recuperar
un predio en la zona del Ajusco, que actualmente está en disputa con
ejidatarios de la delegación Tlalpan. Como se recordará, los
habitantes de los poblados de Santo Tomás y San Miguel Ajusco han
tenido enfrentamientos con los de Xalatlaco por una extensión
aproximada de mil 500 hectáreas. Rechaza
la Corte petición de Montiel para investigar violación de las garantías
en Xalatlaco.
(El
Sol de México, Juan Cruz, p.C6) Por
intrascendente e irrelevante, los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación rechazaron la petición del gobernador del
Estado de México, Arturo Montiel Rojas, para que investigaran las
presuntas violaciones a las garantías individuales de los pobladores
de Xalatlaco, pues dicha facultad está reservada para hechos
excepcionales. Esto
derivado de los enfrentamientos entre la comunidad de Xalatlaco con
comuneros de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, en el Distrito Federal,
por el predio denominado Agua Grande, de más de mil 506 hectáreas. En
su sesión de ayer, los ministros del máximo tribunal del país
coincidieron en que no existen elementos para ejercer su facultad de
investigación que prevé el artículo 97 constitucional. Esto porque
no ven en el conflicto violaciones flagrantes a las garantías
individuales del referido grupo, como lo sostiene el gobernador
mexiquense. Como
es de recordar, los pobladores de Xalatlaco, del Estado de México, se
han dado a la tarea de realizar cierres de carreteras y
enfrentamientos armados, que han sido respondidos por los comuneros en
el Distrito Federal. Han
acudido a diversas instancias judiciales, promovido amparos y es la
fecha que el asunto no se resuelve, pues cuando alguna de las partes
se ve afectada en la resolución, intenta tomar el predio en disputa
por la fuerza. Los
de Xalatlaco fueron los primeros en perder un juicio de amparo, mismo
que pasó a revisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, esto porque un Tribunal Agrario dio la posesión del
predio a los comuneros de San Miguel Ajusco. Pidieron
el apoyo del gobernador Arturo Montiel, quien solicitó a los
ministros de la Corte atraer el caso y resolver el conflicto; sin
embargo, el 13 de agosto pasado decidieron no atraer el juicio por
estimarlo intrascendente e irrelevante. Dicho
acuerdo emitido por la Segunda Sala de la SCJN se dio en el marco de
protestas, cierre de carreteras y amenazas de enfrentamientos entre
las partes en conflicto. El
ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia fue claro: "El asunto es de
la competencia de un Tribunal Colegiado. "Sabemos
que para los intereses propios de quienes están litigando, la decisión
es muy importante, pero la Corte, para atraer un caso, atiende a su
importancia jurídica y no a aquella trascendencia que las partes
puedan o quieran darle", agregó. Matan
militares a un campesino y a su hijo de 10 años en la sierra de San
Miguel Totolapan.
(El Sur-Guerrero, Zacarías Cervantes, p. web). Un
campesino y su hijo de 10 años de edad fueron asesinados a balazos
por militares que pertenecen a la 27 Zona Militar con sede en Iguala
la tarde del lunes pasado en las cercanías de la comunidad de Los
Laureles, municipio de San Miguel Totolapan, en donde además, fueron
detenidas otras siete personas, denunció ayer aquí el dirigente del
Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM), Ceferino Cortés Díaz. El
nuevo episodio de violencia fue confirmado en la Procuraduría de
Justicia del Estado, mientras que en la 35 Zona Militar con sede en
esta capital se negó información con el argumento de que personal de
esta plaza no realizó ninguna operación en esa zona. Los
hechos se registraron aproximadamente a las 5 y media de la tarde del
lunes, informó el dirigente del CSPFM, quien dijo que en estos hechos
falleció el ganadero el Aquileo Márquez Adame junto con uno de sus
hijos de 10 años de edad, cuando regresaban de su rancho, ubicado en
las cercanías de la comunidad de Los Laureles. Tras
estos hechos en esa zona que es de alta incidencia en la siembra de
enervantes, los militares mantenían hasta la tarde de ayer acordonado
el pueblo, por lo que los dirigentes municipales y agrarios
demandaron la intervención del gobierno estatal para distensar el
ambiente. Cruz
Cortés añadió que los vecinos del lugar desconocen las causas de la
irrupción de los militares y la detención de los campesinos Dijo
que una comisión de campesinos de Los Laureles se trasladó ayer
martes a Chilpancingo, en busca de sus compañeros detenidos y para
demandar la intervención de las autoridades estatales porque, según
Cortés Díaz el ambiente es tenso y los campesinos podrían
enfrentarse a los militares. Informó
que en el cuartel del 27 Batallón Militar de Iguala, un jefe militar
de apellido Orozco les informó que hasta el medio día de ayer, no
tenían informes de la detención de los campesinos, mientras que en
la 35 Zona Militar, con sede en esta ciudad, les informaron que
desconocían los hechos. El
dirigente campesino informó sin embargo que hasta la tarde de ayer
aproximadamente 200 militares mantenían sitiada la comunidad ubicada
en lo alto de la sierra de Guerrero y que por lo menos 200 habitantes
no podían salir de la localidad. Denunció, asimismo, que los
soldados estaban allanando las viviendas. Advirtió
que la actitud “arbitraria” de los soldados es riesgosa debido a
que campesinos de otras comunidades aledañas se están organizando
para ir al rescate de sus vecinos, y que se teme un enfrentamiento. Indicó
que es posible que los soldados realicen actividades en contra del
narcotráfico “pero no se vale que están violentando los derechos
humanos de los ciudadanos y se introduzcan a las viviendas sin orden
de cateo”, dijo. Los
hechos de violencia fueron confirmados por el subprocurador de
Procedimientos Penales de la Procuraduría de Justicia del estado,
Antonio Nogueda Carvajal, sin embargo en la 35 Zona Militar se negó
información del caso y de manera extraoficial se dijo que esa zona
corresponde a la 27 Zona Militar con sede en El Ticuí, Atoyac. Nogueda
Carvajal señaló que hasta la noche de ayer martes, los agentes del
Ministerio Público federal, militar y del fuero común, no llegaban
al poblado para iniciar las diligencias de ley. Señaló
que los helicópteros del Ejército mexicano y de la PGR no pudieron
aterrizar en la comunidad debido a que no hay visibilidad por la
niebla. Por
ello, añadió que las aereonaves aterrizaron en un lugar cercano al
pueblo, pero los agentes se encuentran en camino para la comunidad de
Toro Muerto, zona en donde ocurrieron los hechos, indicó el
funcionario. Suspenden
el TUA el desalojo de colonos que invaden un predio cerca de El Coloso.
(El Sur-Guerrero, Karina Contreras, p. web). El
actuario del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Marco Cruz,
suspendió la ejecución del desalojo contra colonos y ejidatarios de
El Cayaco que tienen tomado desde hace meses un predio de 2 hectáreas
y media cerca del fraccionamiento Solidaridad. Esto
porque los campesinos presentaron un documento en el que demuestran
que todavía sigue un juicio de anulación de escrituras a nombre de
Lucila Cruz García, quien reclama el predio como suyo. Los
hechos sucedieron a las 8 de la mañana, cuando el actuario, acompañado
por policías preventivos, acudió al predio ubicado cerca de El
Coloso para proceder al desalojo de las familias, pero 50 personas se
resistieron con el argumento de que el juicio aún no terminaba y si
intentaban entrar se defenderían, para lo cual ya tenían tanques de
gas regados en el predio. El
ex comisariado de El Cayaco, Alberto Ávila González, explicó que
afortunadamente hubo prudencia en ambas partes “porque de no haber
sido así hubiera pasado una desgracia”. Ávila
González señaló que en el expediente del caso hay muchas anomalías
y vicios por parte de la ex magistrada del tribunal, Luz Mercedes del
Carmen López Díaz, quien nunca aceptó las pruebas que presentaron
sobre la legitimidad de los predios, y de que no pertenecen a Cruz
García. Aclaró
que aún hay un litigio para anular las escritura apócrifas de Lucila
Cruz, por lo que se sigue una vía jurídica y como consecuencia una
suspensión a una ejecución de desalojo. Aclaró
que los colonos están dispuestos a llegar hasta las últimas
consecuencias para defender lo que consideran de ellos. “Si usan la
violencia institucional nosotros usaremos la violencia del pueblo”,
advirtió. Manifestó
que se deben concluir las demandas legales pendientes y pidió al
alcalde Alberto López Rosas no prestar a la Policía Preventiva para
desalojar a las personas sin que antes les permitan demostrar que
quienes les pretenden quitar sus predios usan documentación falsa. Ávila
González reconoció que en ningún momento los policías fueron
agresivos con los colonos. Denuncian
colonos la venta de predios habitados y escrituras en El Quemado.
(El
Sur-Guerrero, Daniel Velázquez, p. web).
Vecinos
del poblado El Quemado acordaron con el secretario del Ayuntamiento,
Francisco Javier Larequi Radilla, y el delegado del Instituto de
Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, resolver
los problemas de esa colonia, como pago de predial, servicios públicos
y regularización de predios. Ayer,
un grupo de cincuenta personas, , representados por la ex diputada priísta
en el Congreso local, Rosaura Rodríguez Carrillo, y reunidos en la
sala de Cabildo Juan R. Escudero, plantearon a los funcionarios los
problemas de la colonia. Indicaron
que en dos manzanas del poblado, la 24 y la 25, se venden lotes con
escrituras que ya están ocupados. En
declaraciones anteriores, el delegado de Invisur, Alejandro López
Salgado, ha dicho que estos predios, ubicados en las áreas verdes que
se destinaron para los damnificados del huracán Paulina, han sido
invadidos. Por
su parte, el responsable del departamento jurídico de Invisur,
Gregorio Beltrán, aseguró que los predios de las manzanas 24 y 25 no
se venden y que se revisará la documentación correspondiente para
corregir las irregularidades. Aclaró
que en el Instituto hay 36 escrituras que vecinos de esa colonia no
han recogido, pero que de esas 34 aún están pagadas. Sobre
el problema de los servicios públicos, Larequi Radilla explicó que
la red de drenaje y agua potable no pertenece al municipio, “está
en manos del estado y el municipio no puede intervenir”. Dijo
que el estado debe entregar esas obras al gobierno municipal para
poder solucionar las demandas. Por
otra parte, los vecinos denunciaron que la Dirección de Catastro
entrega en los domicilios recibos de pago con recargos por el tiempo
que no tramitaron las escrituras de la propiedad, y que hay quienes no
tienen el documento y pagan el impuesto predial. Larequi
Radilla indicó que es irregular el cobro del impuesto predial si no
se tienen las escrituras por lo que se revisará el caso. Con
respecto a los cobros anteriores a la entrega de éstas, indicó que
el Ayuntamiento firmó un convenio con Invisur en el que se estableció
que el cobro del predial se aplicará a partir de la entrega de las
escrituras, por lo que pidió a los vecinos afectados el cobro que
acudan a las oficinas del Instituto. Les
adeudan tierras expropiadas para la presa El Cajón, afirman. (La Jornada,
Jesús Narváez, p. 39). Tepic,
Nay., 30 de noviembre. Pequeños
propietarios afectados por la construcción de la presa El Cajón
realizaron un plantón en la zona donde se edifica la cortina de ese
proyecto hidroeléctrico, para exigir el pago de sus tierras y
denunciar "afectaciones no contempladas en los acuerdos de
expropiación". Los
hermanos Sergio y Oliverio Hernández Fletes, algunos de los antiguos
propietarios de la región conocida como El Tepetate, ubicada en la
confluencia de los municipios de Santa María del Oro, La Yesca y
Jala, justo donde ahora se construye la cortina de la prensa,
iniciaron acciones legales contra la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), así como denuncias públicas para protestar porque "todavía
no nos pagan ni un cinco de lo que nos expropiaron y ya nos están
invadiendo otras áreas de las que aún somos posesionarios". Sergio
Hernández explicó que de las 378 hectáreas que abarcaba El
Tepetate, 195 fueron expropiadas para la construcción de la presa
(considerada por el gobernador Antonio Echevarría como "la obra
del sexenio del presidente Vicente Fox") "y no nos las han
pagado". Incluso las 183 restantes, en posesión de su familia,
"también están siendo invadidas y destrozadas por la
constructora". Los
hermanos informaron que presentaron un amparo para el reconocimiento
de la posesión de la tierra que está siendo invadida, de la cual la
CFE "extrae material pétreo y nos la quiere pagar a 30 centavos
el metro cúbico, algo ridículo". Pese
a que el acceso a la zona de construcción de la hidroeléctrica está
restringido, los manifestantes se ubicaron lo más cerca que pudieron
e instalaron mantas alusivas a la falta de pago de sus tierras y el
incumplimiento de los acuerdos. Ellos
saben que es "casi imposible" que se deje de construir la
enorme cortina, y aseguraron que no están negados a la llegada de
tecnología y la construcción de obras, pero rechazan la "forma
arbitraria" en que quieren despojarlos de sus terrenos, sin
pagarles siquiera la primera parte expropiada. "Sólo nos han
pagado los bienes distintos a la tierra, pero no nos han dado ni un
cinco por nuestras tierras", indicaron. Los
inconformes se retiraron del lugar luego de que acordaron con un
representante de la CFE una reunión con el superintendente de la
paraestatal, Federico Chuerer, y los alcaldes de La Yesca y Santa María
del Oro, Jesús Montoya y Refugio Polanco, respectivamente. El
encuentro será este miércoles y también participarán pequeños
propietarios afectados de las comunidades de El Ciruelo y Cantiles,
entre otras. Frena
AN intento del Senado para que Minera San Xavier cumpla el cierre.
(La Jornada, Andrea Becerril, p. 19). El
PAN frenó ayer el intento de PRI y PRD de aprobar un exhorto del
Senado a los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena), Ricardo Clemente Vega García, y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas Jiménez,
respectivamente, con el propósito de que acaten la sentencia por la
que se canceló el permiso de operación en San Luis Potosí a la
trasnacional Minera San Xavier, así como para la compra y uso de
explosivos por parte de la misma. El
senador perrredista Antonio Soto explicó que pese a la sentencia
ejecutoria del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(TFJFA) que cancela la operación de esa empresa minera, que pone en
riesgo la salud de millón y medio de habitantes del Valle de San Luis
Potosí y podría provocar daños irreversibles al patrimonio
ambiental y cultural del estado, pretenden seguir adelante con el
proyecto. El
legislador perredista hizo notar que pese a que la Sedena, en un
acuerdo firmado por su titular, acordó suspender el trámite del
permiso para la compra y consumo de material explosivo en el municipio
de Cerro San Pedro, el pasado día 15 el gobernador de San Luis Potosí,
Marcelo de los Santos Fraga, anunció que tenía ya el beneplácito de
las autoridades militares para comenzar las voladuras de más de dos
kilómetros de montaña. Soto
Sánchez resaltó, asimismo, que pese a que la sentencia del TFJFA es
inatacable, ya que nulifica íntegramente todo el proyecto minero, un
día antes se anunció en San Luis Potosí que las detonaciones y
voladuras podrían comenzar en los próximos días. El perredista pidió
por ello que a su propuesta de llamar a la Semarnat y a la Sedena a
acatar las resoluciones del Poder Judicial se le diera tratamiento de
urgente y obvia resolución, y se discutiera de inmediato. La
bancada del PAN se opuso. El senador Marco Adame exigió que se
repitiera la votación, toda vez que la mesa directiva consideró en
un primer momento que una mayoría calificada aprobaba la discusión
del punto de acuerdo. Antes,
el general con licencia Ramón Mota Sánchez pidió la palabra para
pedir que no se le diera trámite inmediato. "Eso lo decidirá la
asamblea", respondió el presidente en funciones, César Jáuregui.
Al final, luego de la protesta ruidosa de los panistas, y pese al voto
en favor de PRI y PRD, no se reunieron los votos de las dos terceras
partes y el asunto se turnó a comisiones. "Es
lamentable, los senadores del PAN exhibieron su doble moral, porque en
un afán de defender las políticas del Ejecutivo federal no les
importa que se violente el estado de derecho y se propicien
condiciones para la desaparición de todo un poblado que es patrimonio
histórico de la nación", comentó Miguel Ángel Montoya,
miembro del Frente Opositor Amplio a Minera San Xavier. Aunque
la empresa canadiense había señalado que la explotación de la mina
se efectuaría solamente en el área correspondiente a Cerro San
Pedro, documentos periciales dieron cuenta de que está incluido todo
el poblado Villa San Pedro, donde hay 400 habitantes y está declarado
patrimonio histórico de la nación y de San Luis Potosí. El
dictamen pericial en materia topográfica, emitido por Juan Manuel
Cerda Méndez en nombre de la empresa canadiense, incluye planes de
geoposición del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática sobre los cuales se determinó la zona donde se daría la
explotación de la mina. Sin embargo, los planos indican que el área
no sólo abarca la superficie correspondiente al cerro, sino que
incluye también el poblado donde se localizan edificios históricos. El
documento fue presentado por la minera a petición del tribunal 25 de
distrito, por la demanda que mantienen ejidatarios del núcleo ejidal
Cerro San Pedro en contra de la empresa por el arrendamiento ilegal de
290 hectáreas.
DEBATE PRESUPUESTARIO El fisgón
PLEITO POR EL PRESUPUESTO Helguera
Cuarto aniversario Helioflores
De regreso Efrén Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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