CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 30 DE JULIO DE 2009

Ocho columnas

Retienen a General por robo a ductos

Realizan PGR, SSP y PF operativo en corporativo de Pemex

"Ordeña" se planeó y ejecutó en Pemex

PGR toma oficina de la petrolera

Banamex continúa en la ilegalidad

El gobierno de EU tiene participación por medio de Citigroup

Banxico convoca a reforma fiscal

Oficial: este año se perderán 735 mil empleos formales

La economía caerá entre 6.5 y 7.5 por ciento, prevé el banco central

Mediadores en plagios generan impunidad: SSP

“Bloquean las investigaciones”, alerta Cárdenas Palomino

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL

México perderá 735 mil empleos

Banxico pronostica caída de 7.5% en PIB

Cae el negociador de la banda que mató a Silvia

Raúl Ortíz González, El Azul, fue detenido en la Gustavo A. Madero

La Razón

Elba Esther pide pruebas de la venta de plazas

La SEP evita el tema

Defiende Calderón acción militar

Resalta escrupuloso respeto a derechos humanos; “las excepciones son castigadas”

Golpes al crimen

Caen operador financiero y pareja sentimental de “La Tuta”

Procuraduría Agraria

Ejidatarios denuncian dilación en el RAN. (El Universal, Dinorath Mota, edición impresa, p.17).

Pachuca, Hgo.- Pérdida de documentos, dilación en firmas y falta de personal, son las deficiencias que han encontrado ejidatarios de Hidalgo en las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN), órgano al que acusan de “retrasar deliberadamente” los trámites que realizan para vender las tierras que se necesitan para el polígono de la Refinería Bicentenario.

Los alcaldes de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, donde se ubica el polígono, coincidieron en que los campesinos han mostrado su molestia por las irregularidades detectadas en el RAN. Casos extremos han sido la pérdida de documentos, destacó el edil de Tlaxcoapan, José Antonio García García.

“Nosotros afortunadamente nos hemos protegido con la firma, de que los documentos se recibieron, pero han ocurrido casos en que se han extraviado los papeles de los ejidatarios”. Otro de los señalamientos es el realizado por ejidatarios de El Llano, ejido que quedó fuera luego de que el RAN detectó que no cumplió con los trámites de 30 días para realizar la asamblea de dominio pleno.

En este caso, según el munícipe de Tula, Rodolfo Paredes, se ha conocido que los labriegos buscan hacer una denuncia formal en contra del delegado de la Procuraduría Agraria, Luis Enrique Baños Gómez. En estos hechos, los afectados acusaron que el funcionario estuvo presente durante la realización de la asamblea y dio el aval a la reunión; sin embargo, se negó a firmar el acta. Esta situación es considerada como un acto premeditado.

En Atitalaquia, el edil Leonardo Olguín explicó que los campesinos han tenido dificultad en el RAN para que sea liberado su canje de certificados de propiedad por títulos

Justo acuerdo con ejido ND. (El Siglo de Durango, Laura Ramírez, edición impresa, p.web).

La expropiación de la superficie que ocupará el libramiento de la carretera Durango-Zacatecas en este municipio demandó la asesoría de diversas dependencias y se dio en un proceso que concluye en buenos acuerdos para los ejidatarios.

En esos términos se expresó el delegado estatal de la Procuraduría Agraria (PA), José Noel Pérez Saláis, quien coincidió con la versión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que el proceso para el derecho de uso de suelo está prácticamente concluido.

APOYO

"La Procuraduría Agraria asesoró a los ejidatarios afectados por el trazo del libramiento y la construcción de pasos a desnivel, en la negociación que mantuvieron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes".

La Procuraduría participó en la asamblea general de ejidatarios del 14 de abril de este año, donde se autorizó a los integrantes del Comisariado Ejidal a firmar el Convenio de Ocupación Previa, abundó Pérez Saláis.

Los convenios con los pequeños propietarios corrieron a cargo del Gobierno del Estado, precisó el delegado.

Información obtenida en el Ayuntamiento local reveló que 36 dueños de predios fueron afectados por la obra de la SCT.

De ese grupo los que son ejidatarios recibieron una indemnización superior a los 400 mil pesos.

Aclararán destino de dinero y tierras en ejido de Seyé. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, edición impresa, p.web).

Los días 10 y 20 de agosto

Con la mediación de la Procuraduría Agraria, campesinos y autoridades ejidales de Seyé acordaron ayer convocar a una asamblea el mes próximo para aclarar tres asuntos relacionados con dinero y tierras del ejido que correspondieron al comisario saliente.

La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la dependencia, con la presencia del visitador Carlos Castro Amaro; del comisario actual, Armando Flores Miam; de los promoventes, Saulo Méndez Puch y Tito Cetina, y del asesor legal de éstos, Rodolfo Macosay Cuevas.

Todas las partes determinaron que la primera asamblea ejidal se lleve a cabo el 10 de agosto próximo y la segunda para el 20 del mismo mes. La convocatoria se fijará en lugares

visibles en los próximos días, como señala la ley.

Fin al conflicto Huajimic-Guadalupe Ocotán. (Express de Nayarit, Angélica Cureño, edición impresa, p.web).

Tepic, Nayarit.- Concluye el añejo conflicto entre indígenas y pequeños propietarios en el municipio de La Yesca. Reciben indígenas de la comunidad de Guadalupe Ocotán 27 millones de pesos por ceder una superficie de 4 mil hectáreas a pequeños propietarios de Huajimic.

Según informe de Julio César López Hernández, delegado de la Procuraduría Agraria en Nayarit, previos acuerdos la comunidad recuperó 16 mil hectáreas y 26 pequeños propietario recibieron una contraprestación de cinco mil pesos por hectárea, quedando así finiquitado el conflicto a través de sentencia emitida por el Tribunal y se firmaron convenios para que fueran elevados a la categoría de cosa juzgada.

El caso de Cumbres de Huicicila se dice que es el más añejo en todo México (desde 1970) estaban en juego 44,500 hectáreas en posesión de supuestos comuneros.

En Guadalupe Ocotán, localidad enclavada en La Yesca, la actual administración invierte 11 millones de pesos para construir dos obras hidráulicas, contempladas dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.

El delegado de Procuraduría Agraria dijo que los conflictos sociales que obran en poder de la dependencia federal poco a poco se van resolviendo y son atendidos de acuerdo a su antigüedad y complejidad y la afectación que representen a la convivencia entre los habitantes de los núcleos agrarios involucrados, y aquellos que inhiben las actividades productivas y sociales.

Pastor evangélico solicita protección para amenazados de expulsión. (Expreso de Chiapas, Amalia Avendaño,  edición impresa, p.web).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La oposición a la carretera en Mitzitón es porque afecta intereses en el negocio del tráfico de indocumentados y la tala de madera clandestina, afirmó el pastor evangélico Esdras Alonso González quién solicitó a las autoridades federales que realicen una investigación y medidas precautorias para proteger a los evangélicos que están amenazados de expulsión.

En conferencia de prensa informó que los evangélicos no van a abandonar la comunidad aun cuando los tradicionalistas digan que les quitaron sus derechos agrarios, “no hay un sustento legal que fundamente tal desconocimiento de derechos, porque existe un documento que se firmó el año pasado en donde la Procuraduría Agraria y las autoridades correspondientes le cedieron el derecho a más de cien evangélicos que tienen derecho ahora a sus parcelas”, dijo.

“Ese supuesto –agregó- comisariado ejidal que firmó el documento fue desconocido, ellos eligieron a uno nuevo que es ilegítimo, donde estos son los que toman las decisiones desconociendo el acuerdo anterior. No están facultados y legalmente ese procedimiento no es correcto”.

Recordó que los 98 evangélicos a quienes quieren correr los tradicionalistas “nacieron ahí, en Mitzitón y nadie tiene derecho de despojar o desterrar a un grupo por ideología así por su simple capricho.

Buscarán Tataltepec y Tilantongo incorporarse al programa COSOMER. (NSS Oaxaca, p.web).

Miércoles, 29 de Julio de 2009

Oaxaca, Oax.- Al reunirse con diputados de la LX Legislatura local y representantes de dependencias de asuntos agrarios, autoridades municipales y comuneros de Santa María Tataltepec, Tlaxiaco, y Santiago Tilantongo, Nochixtlán, convinieron en iniciar el procedimiento para solicitar e incorporarse al Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria.

En una reunión de trabajo para continuar con la mesa de diálogo en búsqueda de una solución definitiva a la problemática agraria y social que enfrentan, encabezada por los legisladores Floriberto Vásquez Vásquez y Adrián Méndez Cruz, presidente y miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Agrarios, así como el representante popular por el distrito de Tlaxiaco, Rogelio Sánchez Cruz, ambas comunidades coincidieron en que la conciliación es la vía para llegar a acuerdos mutuos.

En presencia de representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria y de la Junta Local de Conciliación Agraria, entre otras instancias, reunidos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Raymundo Jalpan, las autoridades ratificaron su compromiso de seguir manteniendo la paz y tranquilidad en la zona en conflicto.

Luego de varias horas de dialogo en las que tanto Tataltepec como Tilantongo plantearon sus propuestas y acuerdos que quedaron establecidos en una minuta firmada al término del encuentro,  se concretó que los núcleos agrarios en asamblea expongan la situación jurídica de la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario y con base en esto recaben alternativas de solución.

Convoca Procuraduría Agraria a concurso de dibujo. (La Voz de la Frontera, Sac-Nicté Santos, p.web).

Sábado 25 de Julio, 09

Con la intención de acercar a los niños y jóvenes con el campo, la Procuraduría Agraria está convocando a participar en su tercer concurso nacional de dibujo “Los niños y el campo”, así lo informó Gelasio Cardona Benavides, delegado de esta dependencia en Baja California.

Sector Agrario

Personajes de renombre. (Excélsior, David Páramo, edición impresa, p.4).

Abelardo Escobar está demostrando que la conseja popular de que “calladito te ves más bonito” es cierta, al menos en su caso. La Secretaría de la Reforma Agraria ha sido cuestionada una y otra vez por su incapacidad e inoperancia. Es común que de tanto en tanto haya legisladores que abiertamente hablan de su desaparición. De hecho, entre los nuevos diputados del PAN hay quienes la tienen en su lista de aquellas cosas de las que el país podría prescindir.

A raíz del desastre que ha sido la construcción de la nueva refinería de Tula en un proceso que, como dicen los voceros de Jesús Reyes Heroles, ha sido conducido y dirigido íntegramente por Pemex, han aparecido nuevos actores que parece que están dispuestos a demostrar su inoperancia.

Como sea, es bueno que Pemex diga que está al frente de este asunto. El sexenio pasado los macheteros de San Salvador Atenco lograron parar una inversión de 6,000 millones de dólares. Es bueno saber quién sería el responsable de frenar un proyecto aún más grande. Al paso que se avanza no se llegará a buen puerto.

Abelardo Escobar y la gente de la SRA anuncian, como si fueran los mensajes de texto que reciben los participantes en un programa de concurso, qué estado va ganando en algo que si no fuera patético sería ridículo.

La forma en la que opera el Registro Agrario Permanente en este caso, donde está decidiéndose una inversión de 10 mil millones de dólares y que hay atención de gran parte de la sociedad, demuestra que en casos particulares, poca esperanza deben tener ejidatarios y personas vinculadas al campo de poder lograr eficiencia.

Economía sin lágrimas. (Excélsior, Ángel Verdugo, edición impresa, p.16).

De acuerdo, ya tocamos fondo, ¿y?

La nueva línea central del discurso gubernamental es, a partir de ya, “haber tocado fondo”. En las próximas semanas oiremos —no escribo escucharemos pues dudo que a estas alturas haya alguien en su sano juicio que preste atención a lo que declaran los funcionarios del área económica— la buena nueva: “La crisis en México tocó fondo” cualquier cosa que ello pudiere significar.

Vamos a suponer que así sea, ¿y? ¿Cuál es el efecto que este hecho tendría en la economía y más específicamente, en el crecimiento de la misma? ¿Con qué soporte jurídico intentaríamos la recuperación de lo perdido para de ahí empezar a crecer? ¿Con un Capítulo Económico de la Constitución cuya fundamentación se encuentra en los últimos decenios del siglo XIX? ¿Con una Ley Federal del Trabajo pensada y promulgada para un México que producto de pésimas políticas públicas y una visión caduca del desarrollo, hizo agua hace cuarenta años? ¿Con una Ley Agraria que hoy muestra sus absurdos al imposibilitar que en 100 días se pueda realizar una operación de compra venta, no de un bien estratégico sino de 700 hectáreas de cuestionable calidad agrícola? ¿Le sigo o con esto basta?

RECUENTO POLÍTICO. (El Financiero, Jesús Sánchez, edición impresa, p.40).

** Tarjetazos de la politóloga Melita Peláez.

-A Jesús Reyes Heroles también lo andan zopiloteando y lo candidatean para la Reforma Agraria, para que sepa lo que es dar plazos perentorios de cien días.

Lo bueno... Lo malo... Lo feo.... (Crónica de Hoy, edición impresa, p.15).

Vendetta

Insisten en someter a concurso la sede para la nueva la refinería. Quieren quitarle a Hidalgo –y parece que cobrarle al PRI la paliza del 5 de julio– el lugar que se ganó en el peritaje técnico realizado por Pemex. Han metido a Abelardo Escobar Prieto como réferi de una pelea que no debería tener razón de ser. Al secretario de la Reforma Agraria le toca hacer malabares para favorecer a Juan Manuel Oliva, el panista gobernador de Guanajuato, perjudicando además el interés nacional de una operación eficiente en la producción y comercialización de gasolina barata.

CORPORATIVO. (El Financiero, Rogelio Varela, edición impresa, p.28).

Definición en Refinería de Pemex

En el medio empresarial comienza a prevalecer la opinión de que Pemex debería definir de una vez por todas la sede para su nueva refinería y con ello concluir la carrera parejera que en las últimas semanas han protagonizado los estados de Hidalgo, de Miguel Ángel Osorio Chong, y Guanajuato, de Juan Manuel Oliva Ramírez. Y es que más allá de la especulación con tierras ejidales y, por supuesto, el entramado administrativo para convertir propiedad social en propiedad privada de 700 hectáreas, los costos de la actual estrategia de Pemex son altos. Simplemente habrá que reparar en qué hará el estado que resulte perdedor con las tierras que está comprando bajo el actual proceso, sobre todo si pondera que tanto Hidalgo como Guanajuato han tenido que recurrir a créditos bancarios para pagar a ejidatarios, además de que se habla de desviación de recursos que originalmente se iban a destinar a obras de infraestructura. La decisión de Pemex debería ser exclusivamente de tipo técnico, porque sólo está echándole gasolina al fuego político entre priistas y panistas.

Jaque Mate. (Reforma, Sergio Sarmiento, edición impresa, p.12).

Pobre Ejido

Si algo nos ha enseñado la decisión sobre la ubicación de la nueva refinería de Pemex es la enorme dificultad para vender, expropiar y regularizar tierras ejidales para permitir cualquier inversión, pública o privada.

Si un proceso de venta que cuenta con el decidido apoyo del gobierno federal y de los gobiernos estatales de Hidalgo y Guanajuato, así como la anuencia de los ejidatarios, puede tardar tanto, podemos imaginar lo que ocurre con otras propuestas de inversión. Cualquier persona o empresa que haya tratado de hacer una inversión productiva en tierras ejidales puede contar historias de horror.

La compra de terrenos es una pesadilla que el comisionado ejidal o un grupo pequeño de ejidatarios puede parar en cualquier momento. Aun cuando la mayoría de los ejidatarios esté de acuerdo en la venta, los disidentes pueden sacar machetes y parar el proceso

Coordenadas. (Reforma, Enrique Quintana, edición impresa, p.4).

Refinando ejidos

Pocos se imaginaron que la competencia por construir una refinería iba a terminar casi como en una serie policiaca. El primero que encuentre, entre Hidalgo y Guanajuato, a sus ejidatarios perdidos es el que va a ganar la competencia por la que hasta ahora parece la principal obra de infraestructura de este sexenio. Pero, la relación conflictiva entre ejidatarios y proyectos de inversión no es reciente.

Hace casi siete años, el dos de agosto del 2002, el gobierno de Fox también canceló la que sería la obra más importante de su administración, el nuevo aeropuerto del Valle de México, por la oposición de ejidatarios de Atenco. No estoy echando la sal ni vaticinando una suerte similar a la nueva refinería, pero sí hay que llamar la atención de que más allá de todo, existe el riesgo de que el proyecto se atore por un buen rato.

Tiradero. (Crónica de Hoy, Carlos Ferreira, edición impresa, p.1)

Del gabinete Montessori al gabinete oaxaco

Los colaboradores de Vicente Fox eran conocidos como “el gabinete Montessori”, porque cada quien jalaba por su lado; digamos que cada secretario de Estado hacía su propio gobierno, sin guía al frente ni criterios unificados para abordar los asuntos de su competencia.Lo escuché recientemente. El de Felipe Calderón es “el gabinete guajaco”, en el que todo lo enredan como en Oaxaca suele suceder hasta con el queso.

Como ejemplo citaban el caso de las refinerías que terminaron en una sola por la que ahora disputan fieramente dos estados, Hidalgo y Guanajuato, cuando la decisión debió resultar de estudios técnicos desde costos probables, hasta la ubicación conveniente para la dotación de insumos y para el transporte y distribución de los productos.

Al respecto, obra en poder de la Cámara de Diputados un estudio entregado por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, hace más de un año, precisando por qué el complejo debe erigirse en Tula.

Pero no. Demasiado sencilla la solución; había que enredarla un mucho, mezclando partidos, política de barrio y otros elementos que le dieran sabor al asunto. Y en esas estamos, sin saber lo que sucederá y poniendo a pelear a todo mundo.

Teóricamente, pusieron a Hidalgo y Guanajuato en la puja por la ubicación de las instalaciones petroleras en un incomprensible acto que se ha convertido, opinión generalizada, en una decisión que contiene más elementos políticos que técnicos. Una entidad con gobernador panista contra otra con mandatario priista y los dados cargados hacia los colores azul y blanco de Acción Nacional.

Los daños serán para Hidalgo, que afrontará un endeudamiento bestial de mil 500 millones de pesos en el afán de adquirir los terrenos cuyo destino final, si pierde, ni siquiera se intuye.

Preocupa en Hidalgo hacer trámites en vano. (Reforma, Hugo Corzo, edición impresa, p.14).

Mientras el Gobernador Miguel Ángel Osorio Chong exige al Gobierno federal que le asegure si el proyecto de la nueva refinería se queda o no en su entidad, ejidatarios locales demandan certeza sobre la venta de sus tierras.

Y es que, al conseguir los títulos de propiedad privada, los campesinos de Atitalaquia, Tula, Tlaxcoapan y Doxhey temen que, si no les compran sus terrenos, deban pagar más por servicios básicos, al ya no estar integrados en un núcleo agrario. Afirman que sus hectáreas, por su ubicación, valen más en función de su vocación agrícola, que como propiedad privada.

El campesino Juan Andrés Florencio Espiridión, de la comunidad de Dendho, Atitalaquia, desconoce si lo apoyarán con el pago de predial, en caso de que no le compren sus tierras y la Refinería Bicentenario no se construya en Hidalgo.

Desmienten a Oliva: 'No hemos vendido'. (Reforma, Jorge Escalante, edición impresa, p.14).

Propietarios de tierras de los ejidos Mexicanos y Sarabia, pertenecientes a este municipio, negaron ayer que el Gobierno del estado haya adquirido ya las 700 hectáreas para construir la Refinería Bicentenario.

Alejo Mendoza, presidente del Comisariado Ejidal de Mexicanos, aceptó que algunos propietarios ya vendieron hasta en un millón de pesos por hectárea sus propiedades, pero dijo que existen unos 15 dueños, de una extensión de 100 hectáreas, que aún no definen comercializarlas a la administración estatal, porque piden un precio más alto. "Algunos ya vendieron sus tierras, otros siguen en negociación; son pocos, como 15, pero no están liberadas todas las tierras que quiere comprar el Gobierno para la refinería", afirmó en entrevista.

Oliva ve posibilidad de financiamiento. (El Financiero, Luciano Vázquez, edición impresa, p.19).

Pénjamo, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, negó haber utilizado recursos aprobados por el Congreso del estado para obra pública para comprar los terrenos que ofrecerá a Petróleos Mexicanos para ubicar una refinería.

De gira por el municipio de Pénjamo, el gobernador dijo que de ese crédito no se ha tocado un solo peso para comprar los terrenos, aunque reconoció que es una posibilidad. Y cedió la palabra al secretario de finanzas, Gustavo Adolfo González, quien afirmó que si bien ésa sería una posibilidad, "no hemos accedido al crédito, que es de una línea de cinco mil millones de pesos que autorizó el Congreso".

"El proyecto que traemos en esta ocasión (para la compra de los terrenos) es de Atracción de Inversiones con el proyecto K-069, y lo hemos estado fondeando con recursos del gobierno, de ajustes al interior del presupuesto, pero no hemos accedido todavía a ningún crédito autorizado por el Congreso", aclaró.

En un comunicado de prensa posterior, el secretario de Finanzas dijo que en la compra de los terrenos "se ha hecho uso de fondos destinados a programas integrados en el presupuesto anual cuyo propósito es la atracción de inversiones y el estímulo de la generación de fuentes de empleo.

Pemex aún no da luz verde a polígono de Guanajuato. (Milenio Diario, Luis Carriles, edición impresa, p.19).

Petróleos Mexicanos aún no ha hecho la revisión técnica y económica del tercer polígono presentado por el gobierno de Guanajuato, por lo que la paraestatal deberá aplicar pruebas relacionadas con pendientes, vialidades, recursos hidrológicos y tipos de suelo, así como condiciones de dispersión de contaminantes e impactos ambientales.

Otras condiciones que deberá de resolver la paraestatal es analizar la infraestructura eléctrica, de ductos, medios de comunicación, así como facilidades de transporte y ubicación con respecto a la refinería, así como la distancia que debe de tener respecto a las actuales instalaciones y un programa de mejoras.

La falta de visto bueno de parte de Pemex está relacionado directamente con la decisión del gobierno de Guanajuato de incluir en el nuevo polígono 92.91 hectáreas privadas que no estaban en los dos terrenos analizados previamente y cuya información decidieron entregar la madrugada del 26 de junio.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) señaló que no está entre sus atribuciones la calificación técnica o topográfica del nuevo polígono y en todo caso la decisión de la paraestatal será dada a conocer después de revisar la totalidad de las parcelas y tierras de pequeña propiedad.

La dependencia mantiene su postura de que será hasta que termine el proceso en ambas delegaciones del Registro Agrario Nacional cuando presentarán una postura definitiva sobre las tierras de los ejidos, ya que la pequeña propiedad de Guanajuato está fuera de su esfera.

Se estanca avance de la nueva refinería. (El Financiero, Héctor A. Chávez, edición impresa, p.pp-18)

El avance en los trámites que realizan ejidatarios de los estados de Hidalgo y Guanajuato para lograr el cambio de régimen de propiedad social a privada de sus tierras parece haberse desacelerado en los últimos días.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) había anunciado desde el domingo pasado que informaría cada día los avances que registraran los trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN), sobre el canje del certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad que permitiría avanzar en el proceso para dotar a Petróleos Mexicanos de 700 hectáreas sobre las que se construiría una nueva refinería en el país. Sin ese requisito no avanzará el proceso de conversión de las tierras.

La dependencia que encabeza Abelardo Escobar dio cuenta de los últimos avances el lunes pasado, pero a partir de entonces anunció que sólo volvería a hacerlo cuando hubiera un incremento sustancial en los trámites. A partir de entonces no hay más información oficial al respecto.

El viernes la SRA y Pemex daban cuenta de que Hidalgo tenía 440.57 hectáreas con títulos de propiedad emitidos por el RAN; el domingo, la cifra se elevó a 493.36 hectáreas, y el lunes a 554.06.

Guanajuato, por su parte, el viernes tenía 228.67 hectáreas con título de propiedad del RAN, en su primera opción, y 156.36 en la segunda; para el domingo sólo hubo una cifra oficial de 408.10 hectáreas, y para el lunes de 491.85. A estas cifras habría que sumar las 92.91 hectáreas de un terreno escriturado a favor del gobierno del estado.

Guardan 5 años precio de predio para refinería. (El Universal, Xóchitl Álvarez, edición impresa, p.17).

Guanajuato, Gto.- El gobierno de Guanajuato dará a conocer dentro de cinco años el dinero que gastó en la compra de las 700 hectáreas que tiene contemplado donar a Pemex para la Refinería Bicentenario.

El Ejecutivo estatal clasificó como “reservada” la información para evitar “la especulación comercial de las tierras”. Este hecho ha generado confusiones entre el Congreso y el mismo mandatario sobre la procedencia del dinero y la cantidad destinada.

El secretario de Finanzas, Gustavo González Estrada, corrigió ayer al gobernador Juan Manuel Oliva, quien un día antes dijo disponer de una parte de la línea de crédito —autorizada con “antelación” por 5 mil millones de pesos— para pagar los terrenos.

“Es una posibilidad nada más, no hemos accedido al crédito de 5 mil millones de pesos que autorizó el Congreso local”, explicó González Estrada.

El presidente del Congreso local, Ramón Rodríguez (PRD), informó que el Ejecutivo había notificado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización que el costo por las 900 hectáreas adquiridas, de las que destinaría 700 (en Salamanca) a Pemex para la refinería, y el pago no excedían de los mil 500 millones de pesos.

Buscan a dueños en EU. (Reforma, Hugo Corzo, edición impresa, p.14).

El Gobierno de Hidalgo busca si entre los muertos o sus migrantes en Estados Unidos está la respuesta de por qué más de 40 ejidatarios no han ido a solicitar la titularidad de sus parcelas, como ya lo consiguieron otros 715, quienes en conjunto integran el polígono que se ofrece a Pemex para la nueva refinería.

El secretario de Planeación y Desarrollo del Gobierno de Hidalgo, Eugenio Ímaz, aseguró que ya están en camino varios de esos ejidatarios y que han llegado cartas poder de algunos otros, lo que el Registro Agrario Nacional (RAN) acepta como válido para que inicien trámites en su nombre.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Reforma Agraria, entre los ejidos del polígono que se busca donar a Pemex hay cinco titulares de certificados agrarios que murieron.

En nueva crisis del IEDF, Claudia Zavala aboga por el secretario administrativo. (Crónica de Hoy, Jonathan Villanueva, edición impresa, p.16).

A pesar de que el secretario administrativo Eduardo Sergio Gómez y Bustamante enfrenta un procedimiento administrativo, la presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, Claudia Zavala, lo defendió, por ser su propuesta ante el Consejo General de ese organismo.

Como presidenta del IEDF, Zavala aseguró que sus decisiones están debidamente fundadas y motivadas y que el nombramiento del cargo es válido y legal.

En tanto, el representante del PRD Miguel Ángel Vásquez informó que de demostrarse la inelegibilidad del funcionario en ese cargo, todos los documentos firmados por él tienen que quedar sin efecto.

El argumento que utilizó en esta ocasión es que hace menos de cinco años Sergio Bustamante ocupó una dirección general en la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que está impedido para desempeñar el cargo que actualmente ostenta, según el Código Electoral.

Mientras tanto, en el Instituto Electoral se mantiene un fuerte debate sobre la permanencia del encargado de manejar los recursos, por lo que podría terminar en los juzgados.

(Información también publicada en El Economista, p. 71)

Recuperación del empleo en dos años: CCE. (La Crónica de Hoy, Notimex, edición impresa, p.25)

El país tardará un par de años en recuperar el nivel de empleo que tenía antes de la crisis, estimó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes Arroyo.

Al advertir el riesgo que el país entre en una etapa de inviabilidad si no se atiende el problema del desempleo, propuso reforzar los programas temporales de ocupación y las becas de capacitación, reasignar recursos de otros programas que no han funcionado y pensar en una cobertura universal de seguridad social.

En conferencia, el dirigente de los empresarios rechazó que el modelo económico esté agotado, "más bien no hemos hecho la tarea; una economía de mercado no es un modelo agotado, pero debe haber reformas para crecer a mayores tasas, y ajustes a las políticas sociales y de desarrollo".

Añadió que las baterías se deben destinar al desarrollo de infraestructura, tecnología y otros rubros que modernicen el sector y lo hagan más productivo, para evitar que los recursos sólo sean asistencialistas.

En este sentido, afirmó que es necesario robustecer los apoyos dedicados a la generación de plazas de trabajo, como es el Programa de Empleo Temporal.

"El tema del empleo es fundamental, éste sí es un filón que debemos cuidar hacia adelante. Mucha de la población que perdió el empleo ha tenido con su liquidación una forma de sostenerse, pero este recurso se le va a agotar en el tiempo", advirtió.

Sugirió desaparecer secretarías como Reforma Agraria, Función Pública y Turismo, para que sus funciones sean retomadas por otras dependencias.

El modelo económico no está agotado: A. Paredes. (El Financiero, Ivette Saldaña, edición impresa, p.pp-10)

El modelo económico de libre mercado que tiene México "no está agotado", sino que hacen falta las reformas estructurales y ajustes que permitan que funcione en su totalidad para generar las tasas de crecimiento que requiere el país.

Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), añadió que "debe haber algunos ajustes en la política social y en la de desarrollo, porque hemos visto que algunos programas no han tenido el impacto que se quisiera. Pero no es (que falle) el modelo; es la política que se ha implantado".

Las modificaciones pendientes tienen que ver con definir cuál debe ser la intervención del Estado en el mercado, tener un marco regulatorio fuerte, llevar a cabo las reformas estructurales, afinar políticas públicas que den eficiencia y productividad, y eliminar programas asistencialistas.

Paredes consideró que el segundo recorte presupuestal, por 50 mil millones de pesos -adicional al anterior de 35 mil millones-, es una medida responsable, pero a futuro "tenemos que hacer una reforma hacendaria para que tengamos certidumbre.

Otro de los cambios que deben considerarse para terminar con el gasto "obeso" del gobierno es eliminar algunas secretarías de Estado, como la de la Reforma Agraria, de la Función Pública y hasta la de Turismo, aunque habría que analizar bien que esas funciones se retomen en otras dependencias, y así no tener un gasto excesivo.

GDF, cerca de reunir parcelas para línea 12. (El Universal, Johann Robles, edición impresa, p.12)

El gobierno del DF a la fecha ha comprado 150 parcelas de las 165 que requiere para construir la línea 12 del Metro, por las cuales ha pagado 212 millones 710 mil 938 pesos.

De acuerdo con información del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hasta el 30 de junio se había adquirido ese número de parcelas, y le faltan 15, para las que tiene presupuestados 21 millones 49 mil 799 pesos.

Los motivos por los que no se han comprado esos predios incluyen la regularización de documentos y el pago de impuestos por parte de los propietarios, validación de planos topográficos, así como trámites para escriturarlos a favor del STC-Metro y gestiones en el Registro Agrario Nacional para cambiar la propiedad de régimen ejidal a particular.

De hecho, las autoridades capitalinas recurrieron al Tribunal Agrario para pedir porciones de las parcelas al hacer uso del derecho de vía, en el caso de los ejidatarios que se han resistido a vender, informó el STC.

Piden a la CIDH protección para ejidatarios jaliscienses. (La Jornada, Juan Carlos G. Partida, edición impresa, p.30)

Ante la escalada del conflicto de tierras en los límites entre Jalisco y Colima y “la falta de compromiso” de los gobiernos federal y de la primera entidad para resolverlo conforme a la ley, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Frente Regional Pro Manantlán (Fremar) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria acordaron pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se adopten medidas cautelares para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población afectada y de los ejidatarios de Ayotitlán.

También se pedirá a la CIDH intervenir para que se respeten las resoluciones agrarias, salgan de inmediato los policías estatales y municipales de ambos estados y que la Federación, en coordinación con las autoridades civiles electas por los 14 poblados de la cuenca del Marabasco, “preste los servicios públicos que sus habitantes reclaman para trabajar y vivir en paz, mientras se resuelve un diferendo territorial que ha pasado por todos los poderes del Estado mexicano sin que ninguno lo haya resuelto conforme a la Constitución”.

Luego que un grupo de indígenas nahuas apoyados por el municipio jalisciense de Cuautitlán intentó ejecutar el amparo directo 151/97, que reconoce 40 hectáreas de la comunidad Las Pesadas como propiedad del ejido de Ayotitlán, hizo que autoridades municipales y estatales de Colima enviaran el lunes decenas de policías y funcionarios estatales que mantienen un cerco alrededor del poblado.

Exigen respeto a los derechos indígenas. (La Jornada, Mariana Norandi, edición impresa, p.web)

Organizaciones indígenas de varios estados se manifestaron frente al Senado de la República para exigir a la Comisión Permanente del Congreso la garantía de los derechos indígenas y, en particular, del Derecho de Consulta estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin embargo, tras cuatro horas de espera, los legisladores se negaron a recibir a una comitiva de estas organizaciones.

Martha Sánchez, de la Comisión Estatal Indígena y Afromexicana de Guerrero, exhortó a los legisladores a que intervengan para que los indígenas sean consultados al decidir los nombramientos de delegados estatales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Recordó el reciente caso de Guerrero, donde esta dependencia federal impuso como delegado a Gonzalo Solís Cervantes, violando el derecho estipulado por la OIT a ser consultados.

Sector Agropecuario

Plan B. (El Universal, Lydia Cacho, edición impresa, p.2)

Labastida: justificando el fraude

Francisco Labastida (PRI), ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Agricultura y actual senador, nos dio una lección de cómo torear la ley y abusar del poder. Fue en la radio, con Carmen Aristegui, donde se habló de la corrupción del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) que este político encabezó.

Esta semana EL UNIVERSAL ha publicado reportajes sobre cómo se ha malversado este programa de subsidios; demostró que el 80% de campesinos pobres reciben el 20% de los recursos, mientras que el 20% de los políticos, narcos y latifundistas millonarios reciben el 80% de los subsidios. A este esquema Labastida le llamó un acto moral, legal y aceptable.

Cuestionado por Aristegui, el actual senador aseguró que el problema no es de Procampo, sino de la repartición de la tierra. Los minifundios de campesinos pobres no tienen la posibilidad de operar como los latifundios del propio hermano de Labastida, del dueño de Bachoco o del Rey del Ajo.

Aunque efectivamente estos subsidios son para mejorar la producción, lo imperdonable es que Labastida haya “olvidado” que el decreto de creación de Procampo dice que se prioriza al campo porque allí están las necesidades más apremiantes del país. Que el 27 constitucional establece bases jurídicas para el desarrollo del campo, bajo las premisas de justicia y libertad. Los subsidios, dice el decreto, deberán mejorar la competitividad y elevar el nivel de vida de las familias rurales. Ahora resulta que las familias rurales que necesitan mejorar sus niveles de vida son los políticos, sus familiares y los agroindustriales millonarios.

Economía informal. (El Universal, Macario Schettino, edición impresa, p.2)

A diferencia de lo que uno creería, la Secretaría de Agricultura (y etcétera) no está hecha para que el campo produzca más, sino para administrar la pobreza rural.

Si usted revisa las funciones que tiene esta Secretaría en la Ley Orgánica de la Administración Pública no podrá menos que coincidir conmigo. Ninguna mención a producir más o mejor, ni a garantizar el abasto de alimentos (ésa es función de la Secretaría de Economía, aunque Agricultura colabora). Es más bien una especie de secretaría de desarrollo social rural, que lo que ha hecho es mantener en la pobreza a millones de mexicanos durante décadas.

EL UNIVERSAL ha hecho hincapié en la pésima distribución del Procampo, que acaba en manos de quienes más hectáreas tienen. Bueno, pues así fue diseñado desde el principio, y así funciona. No es que se haya distorsionado con el tiempo, ni que lo hayan utilizado los funcionarios de hoy o ayer para beneficiar a sus amigos, como dice el PRD. No, es un programa hecho, desde e l principio, para eso. En el inicio, se daba un dinero por hectárea sembrada de maíz, trigo, frijol y algunos otros granos. Después, a cambio de que estuviera sembrada de algo. Más tarde, a cambio de que hubiese estado sembrada alguna vez. El caso es que se trata de dar dinero a quien tiene tierra.

Esto puede sonar bien, pero está mal. Al darle un dinero a un campesino que tiene una hectárea, o menos, lo que estamos haciendo es encadenarlo a un pedazo de terreno que nunca le permitirá vivir, ya no digamos bien, sino simplemente sobrevivir. De esta manera, lo que logra este programa, como todos los demás que tenemos para el campo, es mantener a los que viven en él en la situación previa: si eran pobres, lo seguirán siendo. Si no lo eran, seguirán como estaban. Los grandes ranchos, las extensiones con riego, los sembradíos empresariales, siguen siendo exitosos; los miserables siguen siendo miserables. Y todo eso nos cuesta a los demás.

El federalismo idiota. (El Universal, Miguel Carbonell, edición impresa, p.19).

No cabe duda de que el sistema federal es una forma de organización de los poderes públicos esencial para países tan grandes como México, con sus casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El federalismo fue una conquista del constitucionalismo mexicano del siglo XIX y ha sido desde entonces uno de sus emblemas. Sin embargo, hay elementos para creer que el modelo federal que tenemos ha entrado en una etapa de obsolescencia, a partir de la cual solamente le queda reformarse en profundidad o seguir siendo una fachada inservible detrás de la que se esconden las peores formas de despotismo gubernamental y de ineficacia institucional.

Al final las reglas fijadas por Pemex no se respetaron de forma muy escrupulosa que digamos, pero el costo político y financiero creo que no será menor tanto para Hidalgo como para Guanajuato. ¿Para qué sirve en un caso como el de la refinería la distribución de competencias? ¿Los estados deben hacerle el trabajo sucio a la Federación y conseguirle las facilidades para que ejerza sus atribuciones exclusivas? A lo mejor es que algunos funcionarios tomaron nota del fracaso que la Federación tuvo en el caso del aeropuerto que se quería construir en Atenco y decidieron no repetir la dosis en este caso.

Las lecciones de Procampo. (El Universal, Editorial, edición impresa, p.18).

¿Qué ocurre en nuestro país que nos tardamos 15 años en descubrir que el programa más importante de apoyo a la producción agropecuaria, la estrategia estrella para mejorar la productividad en el medio rural, resultó un fracaso? ¿Cómo es posible que en ese tiempo se hayan entregado cuantiosos recursos, provenientes de los impuestos de los contribuyentes, para terminar beneficiando a los productores más acaudalados? ¿Cómo es que dineros públicos destinados a elevar la calidad de vida de los campesinos pobres no lograron tener un impacto positivo?

La primera respuesta a estas tres preguntas se relaciona con la manera en la que intereses mezquinos vinculados al agro consiguieron secuestrar los subsidios y los apoyos públicos para su beneficio personal. En México somos testigos recurrentes de cómo unos cuantos se adueñen de rentas que deberían pertenecer a todos. Sin embargo, esta explicación no alcanza para entender la negligencia que dio tan larga vida a Procampo.

La otra respuesta a estas interrogantes se halla en el muy pobre sistema de evaluación sobre el uso y destino de los recursos públicos prevaleciente en el país; también en la incapacidad para medir y corregir puntualmente el desempeño de las políticas; y, finalmente, se relaciona con el muy débil sistema de rendición de cuentas que aún padecemos. Sin seguimiento, oportunidad para realizar ajustes necesarios ni responsables definidos, estos programas quedan a merced de sus propias fallas y de actores rapaces.

La Auditoría Superior detectó apoyos irregulares desde 2006. (El Universal, Andrea Merlos, edición impresa, p. 9)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2006 que el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) benefició a grandes productores, sin lograr uno de los objetivos principales: el desarrollo agrícola en los estados más pobres.

La Secretaría de Agricultura —que tiene en sus manos la aplicación y administración de Procampo— transfirió recursos a productores “inelegibles” y fue incapaz de solventar recursos millonarios etiquetados en fondos emergentes o de contingencia, expone la revisión.

Según la Cuenta Pública 2006 presentada por la ASF, la Secretaría de Agricultura, en ese entonces a cargo de Francisco Mayorga, otorgó apoyos por 714 millones de pesos en “esquemas emergentes” sin bases, estudios técnicos o económicos que determinaran el nivel de compensación a los beneficiarios de las coberturas.

Es decir que, a pesar de etiquetarlo como fondos emergentes, ante la ASF no se presentaron argumentos o justificación alguna respecto a qué se refiere esta partida utilizada.

El Congreso da trámite a revisión. (El Universal, Jorge Ramos, edición impresa, p. 9)

El panista Gustavo Madero, presidente del Senado, salió en defensa de su hermano Evaristo, quien es uno de los beneficiarios del Procampo.

Luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer que el programa incluye desde políticos hasta narcotraficantes, Madero Muñoz propuso depurar su padrón.

Evaristo Madero recibe apoyos por 27 mil pesos, según dijo el propio senador panista, originario de Chihuahua.

Pero reprochó que se diera a conocer por igual la lista con nombres de políticos y narcotraficantes al mismo tiempo.

“Se incluyó el nombre de un hermano mío y quisiera que también informaran cuánto recibió mi carnal por este apoyo y van a ver que no llegó a 50 mil pesos”.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a comisiones un punto de acuerdo para revisar el Procampo, y propuso que participe la Procuraduría General de la República.

César Duarte Jáquez (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, pidió no caer en la tentación de eliminar el Procampo, y más bien demandó su revisión para determinar si hay abusos y corrupción.

“El Procampo incentiva a los productores más pequeños y a los minifundistas, y es un programa en el que no se debe seguir teniendo la tentación de desaparecer”.

Para Duarte, “la que ha sido ineficaz es la Secretaría de Agricultura al aplicar el programa, aunque consideró que esa dependencia debe tenerlo bajo su tutela.

Procampo acentuará la miseria: analistas. (El Universal, Ignacio Alvarado, edición impresa, p.pp).

La depuración de los padrones de beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) e Ingreso Objetivo, anunciada por el secretario de Agricultura, tendrá poco impacto en el futuro del campo mexicano. El esquema de repartición de subsidios a través de estos dos programas sociales multiplicará la pobreza extrema en buena parte de las zonas rurales y eventualmente hará crecer la dependencia alimentaria del país, predicen analistas.

Un mayor índice de miseria equivale al estrechamiento de oportunidades para el desarrollo, y eso tendrá sus propios efectos negativos, advierte Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo.

“El crimen organizado se verá nutrido por decenas de miles de pobladores rurales que no tienen alternativa de ingresos y de trabajo”, sostiene. “En los próximos años el crimen organizado controlará más territorios del país y fragmentará la integridad territorial”, advierte el representante.

Actualmente, el país dispone de un amplio sector rural, pero está lejos de generar ingresos equiparables a los niveles del pasado.

Se importaron alimentos por 36 mil 400 mdd en 30 meses. (La Jornada, Juan Antonio Zúñiga, edición impresa, p.27)

La insuficiente producción agrícola y pecuaria de México ocasionó que entre diciembre de 2006 y mayo de 2009 las compras de alimentos procedentes del campo de otros países ascendiera a 36 mil 400 millones de dólares, hasta representar 33.5 por ciento de la importación total de bienes de consumo en este mismo periodo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El monto en moneda nacional de la importación de alimentos en esta administración gubernamental asciende a 436 mil millones de pesos; una cantidad de recursos que duplica a la considerada en los presupuestos de gastos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para los años 2007, 2008 y 2009, la cual en conjunto suma alrededor de 210 mil millones de pesos.

También en forma comparativa, la compra externa de alimentos realizada en los últimos casi tres años y medio, representa más de 90 por ciento del valor anual de la producción de mercancías del medio rural mexicano, calculada a precio del mercado.

Según el gubernamental Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, exclusivamente por la importación de alimentos agrícolas se han gastado 24 mil 774 millones de dólares, la mayor parte en la compra de cereales, con predominancia del maíz, semillas y frutas oleaginosas, donde sobresalen los cacahuates, aceites y grasas vegetales comestibles.

Urgen ajustes en políticas agropecuaria y forestal. (El Financiero, Redacción, edición impresa, p.17).

Es necesario hacer un ajuste en materia agropecuaria y forestal para alinear presupuestos, programas y acciones que permitan incrementar la producción de alimentos, pero sin afectar las cuencas hidrológicas, reconoció el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa del 50 Aniversario de Investigación Forestal dijo que no se puede pensar en un futuro brillante para el campo mexicano si no se hace mejor la tarea en los bosques y en las selvas del país.

Destacó que a pesar de la crisis mundial, en México se sigue aumentando la producción de alimentos a razón de cinco millones de toneladas por año.

Continúan movilizaciones campesinas en La Laguna. (El Financiero, Notimex, edición impresa, p.17).

Productores de forrajes de la Comarca Lagunera mantienen por segundo día un paro y protesta frente a las delegaciones regionales de la Sagarpa y de la Secretaría de Hacienda, en demanda de un subsidio al precio del alimento para ganado.

Como parte de sus movilizaciones, los productores también bloquearon por varias horas el periférico que une las ciudades de Torreón, Coahuila, y Gómez Palacio, Durango. En instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Ciudad Lerdo se mantiene medio centenar de campesinos que impiden cualquier actividad administrativa, incluyendo al delegado José Ignacio Corona Rodríguez.

Cartones

Federico

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