CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

OCHO COLUMNAS

 

 

Asaltan hasta por teléfono

Con una llamada someten a víctimas mediante fraudes y extorsiones

 

 

Salinas confirma que asesoró para la reforma fiscal

Se reunió en su casa con funcionarios y priístas

 

Mantendrá altibajos la inflación, dice Ortiz

Pide cautela en sus previsiones a los mercados financieros nacionales

 

Ahuyentan a inversión altos costos labores

El aumento de empleos temporales es por la pérdida de competitividad

 

El país, estancado y dividido sobre su futuro: BdeM

“¿Dónde está el dinero de los excedentes petroleros?” Falta acción política y abordad la reforma económica sin pasiones: Ortiz.

 

En entredicho, la alianza PRI-PVEM

Piden revisión por la venta de regidurías

 

Me utilizan para tender cortina de humo: CSG

Califica de “política ficción” lo del “complot”, una alianza con Fox, que si quiere ser senador que sí propuso tregua. La fabrican para no entrarle a los temas de fondo del país.

 

Coahuila: PRI, 60%; PAN, 31%; PRD, 3%

En la elección para gobernador: Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

 

Amplia ventaja del PRI en Coahuila

Obtiene con Moreira 56% de los sufragios, gana mayoría de alcaldías, incluida la capital

 

ALDF gastó 4.9 mdp en seguro inservible

El congreso local gastó 4.9 mdp en el servicio médico de diputados locales

 

Sector agrario

 

 

Persisten conflictos agrarios en Michoacán: SRA. (Mi Morelia. Com, Tania Lomelí, p.web).

Jueves 22 de Septiembre de 2005

Morelia, Mich., 22 de septiembre.- La Secretaría de la Reforma Agraria sigue identificando a Michoacán como ‘foco rojo’ en materia de problemas agrarios, pero descartó que como en otros estados del país, puedan gestarse estallidos sociales.

El subprocurador de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto Hershberger Reyes, descartó el riesgo de un estallido social en el campo por conflictos agrarios entre comunidades, ejidos y pequeñas propiedades, pues se ha dado solución puntual y oportuna a cada uno, al grado de que ahora la mayoría se encuentra en la categoría de sentencia y cada parte cuenta con copia del documento respectivo.

Hershberger Reyes precisó que hay 14 focos rojos detectados en 11 entidades federativas, que involucran un total de 300 casos, entre ellos el de Santo Domingo Teojomulco contra Texmelucan, en la Sierra Sur de Oaxaca, debido a un conflicto por 6 mil hectáreas, que hasta la semana pasada había dejado un saldo de 257 personas fallecidas. La última fue una niña de nueve años que cruzó una línea pintada.

Los pendientes se ubican en la zona Lacandona, con un universo de 183 casos, de los cuales 170 están resueltos; en la Meseta Purépecha, en Michoacán, donde se ubican 58 comunidades indígenas con 60 conflictos, de los cuales se ha avanzado en casi 30; en Oaxaca, donde están involucradas seis comunidades indígenas en tres casos, y en la zona Yaqui, en Sonora.

 

La invisible lucha de los pueblos indígenas. (La Jornada, Francisco Lòpez, p.web)

No aparecen en los informes oficiales, pero existen. Los quieren volver invisibles, mas ellos insisten en que los vean; los quieren quietos, pero es cuando más se mueven. Son los pueblos indígenas de México, que igual que los de América Latina andan desatados, luchando por seguir siendo lo que son y por defender lo que consideran sus derechos, aunque en las leyes los estados se los nieguen. Sus manifestaciones más recientes se han dado por varios lados del país.

En Guerrero se movilizan para oponerse a la construcción de la presa La Parota, impulsada tanto por el gobierno estatal de filiación perredista, como por el federal de corte panista, quienes se han comprometido a sacar adelante ese proyecto ideado por el gran capital, mexicano y trasnacional. Unos y otros tratan de convencer a los pueblos de que les conviene vender sus tierras y se vayan a saber dónde en busca de un mejor futuro para ellos y sus descendientes, pero tercos como son se oponen, pues ya saben cómo les ha ido a los que en otros tiempos aceptaron: después de décadas siguen sin poder cobrar sus indemnizaciones.

Pero igual se les ve en Yucatán, gobernado por el PAN, movilizándose bajo la consigna de "No en nuestro nombre" para protestar porque el gobierno del estado pretende aprobar una ley de derechos indígenas que es una mala copia de la legislación federal aprobada al inicio del gobierno panista, donde bajo la idea de mantener la unidad nacional se escamotearon los derechos de los pueblos indígenas.

Es paradójico, pero el estado que ni siquiera se manifestó sobre la reforma rechazada por los pueblos indígenas es uno de los pocos que se acuerdan que la Constitución federal los obliga a reformar sus constituciones para reconocer los mutilados derechos indígenas incorporados en la Constitución.

Igual andan en Oaxaca, resistiendo la represión del gobierno en turno que, preocupado por amarrar los compromisos suficientes para que Roberto Madrazo pueda ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional en las próximas elecciones para presidente de la República, no duda en aplicar la política de la zanahoria y el garrote, que tanto aprecian los gobiernos autoritarios y caciquiles: premios para los que bailan al son que ellos toquen, palo para los que osan aguarles la fiesta.

Y si no pregunten a la comunidad de San Isidro Vista Hermosa, en la región Mixteca, donde desde hace años son acosados sus vecinos por la autoridad del municipio de Santa Cruz Nundaco, sólo porque no aceptan someterse a sus decisiones autoritarias. Destrucción de casas, golpes, secuestros, violaciones de mujeres jóvenes son cosa cotidiana sin que las autoridades hagan algo por castigar a los responsables. Otro método muy socorrido es provocar la división entre comunidades para someterlas. San Pedro Yosotatu en la misma región mixteca es buen ejemplo. Derivado de un conflicto agrario que en su inicio provocó la Procuraduría Agraria intentando ejecutar el Procede, la violencia ha sido la constante de los últimos diez años en los que se han perdido vidas tanto de un lado como de otro.

El año pasado se intentó un arreglo negociado entre las comunidades y cuando estaban por arribar a un acuerdo la Secretaría de la Reforma Agraria convenció a una parte de la comunidad para que vendiera todo el ejido, más de lo que los invasores tenían en su poder. La mayoría se opuso y los funcionarios agrarios simularon asambleas para lograr su objetivo. Los inconformes buscaron el amparo de la justicia federal y la lograron, ahora están en el Tribunal Agrario buscando anular las actas donde ellos no participaron. Quieren un acuerdo negociado, pero no impuesto desde fuera, y menos que implique perder su patrimonio.

Así podemos seguir poniendo ejemplos de toda índole. Todo esto mientras el Presidente que quiere pasar a la historia como el que llevó la paz al campo, según sus propias palabras, los ignora en su informe a la nación y los partidos políticos hacen mutis. Y cuando algunos funcionarios intentan informar sobre las políticas de la transversalidad que dicen impulsar, lo que se ven son números, no personas, menos pueblos.

Hacen mal los funcionarios y los políticos en dar por muertos a los pueblos indígenas. Entre muchos de éstos existe la firme creencia de que cuando los muertos parten dejando cuentas pendientes siempre regresan a cobrarlas. Y la nación no ha saldado su deuda histórica con ellos. No vaya siendo que un día, de repente, se nos aparezcan y nos asusten.

 

Procuraduría Agraria protege al edil de Totimehuacán. (Milenio, Jorge Machuca, p.web)

Septiembre 22, 2005 /  Puebla

Se niega a presentar una denuncia contra él y un grupo de parientes que se hicieron pasar por ejidatarios para apoderarse de al menos 216 has.

La delegación en Puebla de la Procuraduría Agraria (PA) está protegiendo al edil auxiliar de San Francisco Totimehuacán, Víctor Campos Carpinteyro, al negarse a presentar una denuncia contra él y un grupo de parientes que se hicieron pasar por ejidatarios para apoderarse, bajo engaños, de al menos 216 hectáreas, el 80 por ciento del ejido de Guadalupe Victoria, aledaño a la zona de Valsequillo, zona que el gobierno estatal detonará ecológica y económicamente.

Lo anterior fue acusado por la legisladora federal Myriam Arabian, durante un encuentro con vecinos de Totimehuacán, quienes mensualmente se reúnen para conmemorar la gresca del 20 de junio en esa demarcación.

Como se recordará, en una de las asambleas realizada en 2001 por los falsos ejidatarios, se permitió que la empresa Gecomin extraiga tepetate y tezontle del cerro Cuaulapa, lo que se estima ha generado ganancias por 2.5 millones de pesos, pese a que su permiso fue invalidado por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 47, que también dejó sin efecto la elección de Eliseo Campos Paredes, padre del actual edil de Totimehuacán, como presidente del Comisariado Ejidal (Milenio Puebla, 153).

De hecho, el 19 de agosto pasado, la PA aceptó investigar si acusa penalmente al edil y a sus parientes por haber cometido delitos federales, pero hasta el momento no ha presentado denuncia alguna, violando el artículo 136 fracción X de la Ley Agraria.

Desde el 27 de junio, la legisladora panista inquirió a la PA la razón por la que no se ha respondido, asesorado y representado a los verdaderos labriegos y además, por qué no se ha denunciado penalmente a los falsos ejidatarios --entre ellos el edil auxiliar-- al haber cometido el delito de falsificación de documentos, violando el Código Penal Federal.

Posteriormente el delegado estatal de la PA, Leandro Molinar Meraz, comenzó su intento por dejar fuera a Campos Carpinteyro de la de la eventual denuncia penal, lo que la legisladora y su equipo legal consideran una trampa.

El 8 de septiembre hizo llegar a la oficina de Arabian una copia del oficio 797/2005, fechado el 24 de agosto, en el que Molinar pide a Juan Madrigal Ibarra, director general jurídico de la PA, saber si esa dependencia puede denunciar penalmente a todos los que simularon ser ejidatarios; empero en otro oficio, el 780/2005, dirigido al mismo funcionario entregado el 13 de septiembre a Arabian, pero fechado el 19 de agosto -cinco días antes que el oficio entregado primero- se pide denunciar sólo al presidente del Comisariado Ejidal, y no a los ejidatarios apócrifos, lo que excluye al edil auxiliar de Totimehuacán.

 “Es una trampa, porque la Ley Agraria establece un requisito extra para esta denuncia, dice que cuando se acusa al presidente del Comisariado Ejidal, lo tiene que hacer el Consejo de Vigilancia, siendo que en este caso cualquier ciudadano tendría el derecho de presentar una denuncia ante la PGR,” dijo por separado el secretario de Procedimientos Parlamentarios de la diputación federal 12, René Sánchez.

 

Edil de Totimehuacán accionista de la empresa que explota cerro. (Milenio, Jorge Machuca, p.web)

Septiembre 23, 2005  / Puebla

Lo anterior fue confirmado por el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Leandro Molinar Meraz.

Víctor Campos Carpinteyro, presidente auxiliar de San Francisco Totimehuacán, es accionista y directivo de la empresa Gecomin, misma a la que en una asamblea ejidal apócrifa -en la que el propio edil subalterno fingió ser campesino-, se le dio la concesión para extraer tepetate y tezontle del cerro Cuaulapa.

Lo confirma delegado

Lo anterior fue confirmado por el delegado estatal de la Procuraduría Agraria (PA), Leandro Molinar Meraz, quien dijo no busca confrontarse con la diputada federal panista Myriam Arabian, por la acusación que en la víspera ella formuló en su contra, en la que señaló que el funcionario que le brinda protección jurídica a Campos Carpinteyro.

“Si al presidente auxiliar ni lo conozco”, sostuvo sereno el declarante entrevistado en su oficina, en la que dijo ha intentado conciliar el problema por la posesión del ejido Guadalupe Victoria, pero todo ha fallado por la desconfianza que priva entre los campesinos que auxilia Arabian, remarcó.

Aunque nunca quiso usar la palabra desmentir, el funcionario federal insistió en que nunca ha protegido legalmente al edil, “con el que me he reunido en un sinnúmero de veces, pero no se ha podido resolver el problema; además, yo no puedo controvertir a una legisladora con fuero”.

De paso reveló que hace un mes, el Tribunal Superior Agrario determinó juntar los ejidos de Guadalupe Victoria y Santa María Guadalupe Tecola que hace más de 50 años fueron separados por la presa de Valsequillo.

Denuncia

 “Los ejidatarios de Tecola interpusieron desde hace cuatro años una denuncia ante el Tribunal Superior Agrario, que fue fallada y dejó sin efecto esa división hace un mes, con lo que Victoria sería parte de Tecola, pero en la práctica aún no ocurre”, reveló.

Como se publicó ayer en estas páginas, el 8 de septiembre Molinar hizo llegar a la oficina de Arabian una copia del oficio 797/2005 de la PA, fechado el 24 de agosto, en el que el delegado pidió a Juan Madrigal Ibarra, director general jurídico de la PA, saber si esa dependencia puede denunciar penalmente a todos los que simularon ser ejidatarios; empero en otro oficio, el 780/2005, dirigido al mismo funcionario entregado el 13 de septiembre a Arabian, pero fechado el 19 de agosto -cinco días antes que el oficio entregado primero- se pide denunciar sólo al presidente del Comisariado Ejidal, y no a los ejidatarios apócrifos, lo que excluye al edil auxiliar de Totimehuacán.

El expediente

Al ser inquirido al respecto, dijo que se expidieron múltiples oficios porque “el caso y la minuta del mismo siguieron abiertos varios días”, dijo mostrando un voluminoso expediente; nunca se hizo con dolo o mala intención, “ni se oculta nada, lo sabe la diputada y su secretario René Sánchez Galindo, a quien se le puso un abogado que le atienda personalmente” para resolver sus dudas y coadyuvar en la entrega del ejido a sus verdaderos dueños.

 “Se han hecho unas 10 reuniones de conciliación aquí en las oficinas de la PA, pero están peleados irremediablemente” y nada más se puede hacer por el momento, mas que acatar lo que diga la justicia agraria, remató el declarante.

 

La Gringa, caso de Gobierno Estatal. (El Sur, Karina Contreras, p.web)

 

 

El problema de "La Gringa", debe ser aclarado por el Gobierno de Chiapas; para la SRA está concluido. Archivo.

 

Jesús Belmont / Corresponsal / México, D.F. CP. El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, señaló que para la dependencia a su cargo el problema de la región conocida como "La Gringa" se encuentra total y definitivamente concluido y que corresponde al Gobierno de Chiapas atenderlo y hacer las aclaraciones pertinentes.

Durante una entrevista con Cuarto Poder, el titular de la SRA comentó que el 24 de febrero de 1994 la secretaría a su cargo, el Gobierno de Chiapas y la Federación de Propietarios Rurales celebraron un convenio de finiquito con los poseedores de la región conocida como "San Isidro La Gringa".

Salazar Adame dijo que en aquel convenio los 136 propietarios se comprometieron a desocupar las tierras y trasladarse a otro lugar, y a cambio pactaron recibir una contraprestación, misma que el Gobierno Federal aportó al Gobierno de Chiapas para que éste se encargara de entregar los recursos a las personas que acreditaron contar con su título de propiedad.

Asimismo, añadió el funcionario federal, se indemnizó a personas que tenían la posesión de las tierras y que habían iniciado trámites de regularización en la vía de terrenos nacionales. Los ocupantes desalojaron las tierras, quedando éstas incorporadas al patrimonio de la comunidad de Santa María Chimalapa.

Constancias sin valor

CP.- ¿Cuáles son los orígenes del problema de La Gringa, pues se dice que a raíz de una modificación a la Constitución de Chiapas es que los oaxaqueños extendieron sus límites hacia territorio chiapaneco. Las cosas están tan fuera de control que en cierta ocasión la policía oaxaqueña entró a sacar a los chiapanecos de su propio territorio. Qué nos puede comentar al respecto?

FSA.- Con fecha 31 de julio de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Terrenos Nacionales sobre una superficie superior a las 40 mil hectáreas del predio denominado San Isidro, municipio de Cintalapa, Chiapas.

Posteriormente, los días 18 de abril y 22 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que declaró la inexistencia de la Declaratoria de Terrenos Nacionales, por haberse constado el que dicha superficie se ubica íntegramente en terrenos comunales del pueblo de Santa María Chimalapa, beneficiado mediante resolución presidencial emitida 20 años antes; esto es, el 10 de marzo de 1967, y en cuya consecuencia se priva parcialmente al citado núcleo agrario en sus derechos y bienes de propiedad, en contravención a lo previsto en el Artículo 53 de la Ley Federal de Reforma Agraria derogada y en consecuencia quedan sin efecto los títulos de propiedad otorgados a favor de particulares, por ser éstos una consecuencia de la Declaratoria inicial.

Se tiene conocimiento de que al día de hoy, o sea 11 años después de aquel 24 de febrero de 1994, cuarenta personas reclaman que el pago que recibieron no fue acorde con el valor de las tierras, y otras señalan que no recibieron ningún pago, por lo que corresponde al Gobierno de Chiapas hacer las aclaraciones pertinentes.

El grupo ahora inconforme alega que tienen una constancia de posesión y explotación que les expidió el 3 de abril de 2003 el presidente municipal de Cintalapa, Jesús Gustavo Meza Mandujano, respecto de una superficie de 40 mil 495 hectáreas, que es precisamente la superficie propiedad de la comunidad de Santa María Chimalapa, constancia que carece de todo valor jurídico, en virtud de que las tierras pertenecen a la comunidad de Santa María Chimalapa, las cuales son inalienables e inembargables.

En razón de lo anterior, la ocupación de las tierras por parte de personas ajenas a la comunidad de Santa María Chimalapa, provenientes de Chiapas y de Veracruz, es un acto ilegal, por lo que corresponde a las autoridades del fuero común ejercitar las acciones penales en contra de los infractores, de conformidad con el Artículo 121, fracción II Constitucional.

Gobierno debe aclarar

CP.-Los pobladores de "La Gringa" se quejan de que las indemnizaciones que supuestamente se pagaron cuando el gobernador Pablo Salazar era secretario de Gobierno no les fueron entregadas, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento del destino de dichos pagos. ¿La SRA tiene conocimiento de esta situación?

FSA.-El reclamo de las 40 personas que dicen tener algún derecho sobre la superficie de referencia y que señalan que no les fueron pagadas, deben acudir al Gobierno de Chiapas, para que se realicen las aclaraciones pertinentes, ello debido a que al gobierno chiapaneco le correspondió realizar los pagos.

CP.- ¿Cuál es la posición y en su caso la participación de los gobernadores Ulises Ruiz de Oaxaca y Pablo Salazar de Chiapas para resolver el problema de los Chimalapas?

FSA.- La problemática de la región de los Chimalapas presentaba dos vertientes de atención: una de ellas, la disputa por aproximadamente 13 mil hectáreas entre la comunidad de Santa María Chimalapa y la Colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, conflicto que fue resuelto por la Secretaría de la Reforma Agraria en 2004.

Por otro lado, existen disputas por tenencias de la tierra entre 22 poblados del estado de Chiapas con la comunidad de Santa María Chimalapa y de siete poblados chiapanecos con la comunidad de San Miguel Chimalapa.

Es prudente señalar que todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea su origen, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades son de jurisdicción federal en términos de lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional, segundo párrafo de la fracción XIX; en otras palabras, los límites geográficos de las entidades federativas o de los municipios son totalmente irrelevantes en materia agraria.

 

Invierten $12 millones para mejorar sistemas del Registro Público de la Propiedad. (Ecos de la Costa, p.web)

Viernes 23 Septiembre 05

Colima.- El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, presentó los avances en materia de reingeniería aplicados en la administración del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, mediante los cuales el público usuario obtiene una mayor rapidez y mayor seguridad jurídica en la realización de los registros, pues gracias a este sistema resulta prácticamente imposible que exista una duplicación de escrituras de algún predio.

Al realizar un recorrido de demostración mediante un caso real, por las instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el secretario general de Gobierno destacó también que con estos sistemas se logra un avance tecnológico único en el país y la posibilidad de incorporar esta experiencia en los registros públicos de otras entidades que se beneficiarán del éxito que se tiene en el estado de Colima.

Acompañado de notarios públicos, representantes de desarrolladoras inmobiliarias, directivos de organismos públicos, y medios de comunicación, indicó que la aplicación de este nuevo software contempla cuatro vertientes: el desarrollo tecnológico, el desarrollo humano, la adecuación al marco regulatorio y la reingeniería de procesos.

 “En estas cuatro vertientes se ha venido actuando en estos últimos dos años, es decir, desde los primeros días del gobierno del profesor Gustavo Vázquez Montes y ahora con el apoyo del gobernador Silverio Cavazos Ceballos”.

Arnoldo Ochoa González explicó que con todo ellos se ha logrado obtener personal calificado tanto en la ventanilla de ingresos de escritura, como en la etapa de calificación y con ello se abatió todo el rezago, que era tremendo, mismo que quedó eliminado tanto en el archivo como en todas las bases de datos que actualmente se digitalizan en un 40 % con la intención de pasarlo al nuevo software.

Resaltó que este sistema ha sido diseñado por el equipo de la Secretaría de Administración del gobierno del Estado y con él se beneficia tanto el público usuario como desarrolladores de vivienda que están dentro de la Canadevi, el Infonavit, la Cemic y usuarios gubernamentales como el Registro Agrario Nacional, la Corett, notarios públicos de Colima, entre otros.

Por su parte, el director del Registro Público de la Propiedad, Marco Antonio Chavira Orozco, explicó que el costo real en el mercado del software desarrollado sería de cerca de un millón de dólares, por lo que se puede hablar de una inversión real de 12 millones de pesos más costos implícitos en materia de desarrollo intelectual que llegarían a sumar un total de 16 millones de pesos.

Chavira Orozco detalló que, en cuanto a desarrollo tecnológico, en el Registro Público de la Propiedad se ha invertido en más computadoras nuevas, una antena de microondas, un nuevo servidor con una plataforma para almacenar toda la digitalización del archivo, equipo para empastado y mantenimiento del archivo y escáneres ultra tecnificados para altos volúmenes de digitalización.

Por otra parte, se han realizado acciones en cuanto al desarrollo y capacitación del recurso humano, paralelo al desarrollo tecnológico para el manejo de los programas y procesos computacionales, redacción jurídica, derecho registral y dinámica de grupos para el personal de la dependencia, lo que ha venido a aumentar las habilidades que ya poseían todos los trabajadores. Indicó que con ello se tiene una mejora en la productividad del trabajo y que actualmente se realizan adecuaciones al marco regulatorio, teniendo hasta el momento el anteproyecto de Ley del Registro Público de la Propiedad, que será una ley especial que pondere este derecho que da seguridad jurídica a la economía de los colimenses.

Cabe señalar que el proceso informático aplicado en el estado de Colima es el único en su tipo en México y América Latina y trabaja a la par con otros sistemas para notarios, denominado Sistema Integral de Administración de Notarías, mediante el cual se pueden realizar registros en línea en los próximos meses, una vez que se legisle en materia de firma electrónica y medios electrónicos.

Esto ha sido un gran avance, por lo que muchos de los gobiernos estatales en el país están atentos a la liberación del este software para aplicarlo en sus respectivos organismos de Registro Público de la Propiedad. (BP)

 

Sedesol federal manipula programa Oportunidades. (En Línea Directa, Jesús Hernàndez, p.web).

Ciudad Victoria

*Elimina familias pobres e incorpora a militantes del PAN e incondicionales.

Sábado 24 de Septiembre 05

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Dirigentes campesinos de la entidad acusaron a la Secretaria de Desarrollo Social de propiciar falsas expectativas entre familias pobres y negarles el beneficio del Programa Oportunidades, aduciendo una serie de normas incumplidas y apoyando a incondicionales del Partido Acción Nacional y gente incrustada en el Gobierno Federal.

Lo anterior luego de que el Coordinador Estatal del referido Programa, Cesar Guerra, hiciera público el engaño de que son objeto familias pobres de la zona rural por presuntos vivales, cuando han sido los propios funcionarios de la SEDESOL, quienes han generado toda esta anarquía y los hechos de corrupción, expresó Guadalupe Bernal Castillo.

El Secretario General de la Organización de Hombres y Mujeres sin Tierra, sin Trabajo y sin Techo, dijo que ante la falta de presupuesto para cubrir las demandas de la población en rubros como el de Oportunidades, no solo la SEDESOL ha manipulado los programas, también lo ha hecho la Secretaria de la Reforma Agraria, al darle toda preferencia a militantes del PAN.

En ese contexto, Guadalupe Flores Valdez, Presidenta de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en la entidad, reconoció que a muchas familias del campo tamaulipeco la SEDESOL la ha marginado por que mediante otras acciones del gobierno han logrado contar con techos de lámina o piso de concreto, es más hasta una simple televisión usada ha sido suficiente para borrarles del padrón de beneficiarios.

Todo lo expuesto ya ha sido puesto del conocimiento de la Delegada de las SEDESOL, Lucía Irene Alzaga Madaria, pero ni aún así cambian las formas y el trato para con las familias campesinas más pobres de Tamaulipas.

Para le Presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero del Congreso Local, será necesario que la entrante administración federal lleve a cabo un rediseño del programa que en épocas del PRI se denominaba PROGRESA y cumplía cabalmente con las demandas, sin tanto trámite burocrático ni de manejos políticos o peor aún de manera muy selectiva.

 

Opinión. (El Universal, Jesús González Schmal, p.web).

La Cocopa 

Sábado 24 de septiembre de 2005

LA otra campaña del movimiento zapatista" se ha ido conformando con las diferentes y sucesivas reuniones que se han celebrado en los Altos de Chiapas y que, en el calendario aprobado, incluyen una gira por toda la República para generar y dar cauce a las ideas y acciones que rompan con moldes convencionales de las campañas de los partidos, y produzcan, por consecuencia, una nueva fórmula de hacer política que sea protagonizada por la base popular misma de la nación.

No es posible, por ahora, augurar el futuro de este proyecto que, no obstante, tiene el respaldo de una experiencia política que también fue inédita a principios de los 90 y que ha marcado la historia contemporánea, con la que el país entero conoció Chiapas y con ello la ineficacia de los regímenes políticos tradicionales, que han tenido sumidos a la mayor parte de los estados de la República, que registran más de la mitad de su población en pobreza y pobreza extrema (más de 30% de chiapanecos en este último estrato).

Con todo y lo promisorio del esfuerzo zapatista, lo cierto es que, mientras se desarrollan y concretan los medios y reestructuración política propuesta, el reto es en lo inmediato, no conformarnos o resignarnos con la incapacidad heredada que nos paralizaría en las condiciones dadas como insuperables cuando, en la dramática situación de Chiapas y corroborada en un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, sobre el gasto social (ramo 33), se revela que éste sólo ha servido como paliativo del crecimiento de la pobreza por la aparición de algunas coberturas en servicios básicos en comunidades marginadas durante los últimos 10 años (cuya calidad y permanencia no se pudieron comprobar); pero lo cierto es que no ha habido mejora en los ingresos ni mucho menos incremento en el empleo, por lo que el verdadero desarrollo está postergado por la falta de una verdadera política social con estrategias efectivas que se reflejen en la vida real de quienes, secularmente, han sido discriminados en su propia tierra.

Frente a este cuadro, lejos de bajar la guardia, se impone buscar que la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Poder Legislativo y la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo, como lo han convenido, redoblen esfuerzos para que, una vez que se ha cumplido con lo que la ley que creó la Cocopa señala en la fracción III del artículo segundo: "Propiciar que los integrantes del EZLN participen en el ejercicio de la política dentro de los cauces pacíficos que ofrece el estado de derecho, con respeto absoluto a su dignidad y garantías de ciudadanos mexicanos".

Se cumpla ahora con las fracciones V y VI del mismo dispositivo, que obligan a la Cocopa a "conciliar las demandas e intereses legítimos de los diversos sectores de la sociedad chiapaneca; promover el bienestar social y desarrollo económico sustentable en Chiapas...".

En esta línea, la primera coincidencia entre la Cocopa y Gobernación se dio este miércoles en la junta celebrada en Bucareli, donde aceptando la legitimidad de la decisión zapatista en ejercicio de sus garantías constitucionales, también se reconoció que las causas que dieron lugar al movimiento insurgente hace 11 años subsisten en el estado de Chiapas, por lo que se estableció la periodicidad mensual de estas reuniones.

Se dejó en la agenda de la próxima sesión, el responder a la añeja demanda de las comunidades chiapanecas respecto de los aproximadamente 90 asientos militares contiguos a igual número de comunidades indígenas que, desde los inicios del levantamiento, se consideraron necesarios para salvaguardar el control y hoy son severamente cuestionados con la secuela de no pocos daños morales causados a las familias lugareñas.

La Secretaría de Gobernación proporcionará la información real sobre estos campamentos y su valoración actual reconociendo que todavía un sector chiapaneco considera necesarias tales medidas por la posibilidad de conflictos intercomunitarios. También se abordará con objetividad la existencia o no, abierta u oculta, de las fuerzas paramilitares que abundaron en la entidad y de las que hay diversas versiones acerca de su posible reaparición.

A su vez se tendrá un inventario claro del estatus de los desplazados de tierras comunales y ejidos de los Montes Azules para que, de este conocimiento, se alienten las medidas de solución.

El tema que tampoco quedará pospuesto es el de la indemnización que se deba a auténticos pequeños propietarios de la llamada zona "gris" que no han podido recuperar sus tierras y a los que la Secretaría de la Reforma Agraria está ofreciendo indemnizaciones ridículas que no les generarían recursos para ninguna opción de sobrevivencia.

En este camino, Cocopa podrá rehacer sus programas y emprender el mayor esfuerzo para alcanzar objetivos mínimos pero sustanciales en el corto tiempo.

Evidentemente que tanto este organismo legislativo como la Comisión para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, deben revisar con honradez y sincera autocrítica el costo pagado por el pueblo para su sostenimiento, contra los servicios prestados y la capacidad para retomar la responsabilidad de la encomienda.

Si la nueva política de resultados que pretenden los zapatistas puede darse en las estructuras actuales, la prueba estará a la vista en la medida que seamos capaces, en plena euforia electoral, de estar por encima de partidarismos y cumplir patrióticamente con nuestras actuales obligaciones.

PD. Diputado federal (Convergencia)

 

Prevén tercer lugar para el pan en los comicios locales de Guerrero. (Excélsior, Notimex, p.web).

Domingo 25 Septiembre, 05

Chilpancingo, Gro., 25 de septiembre.- En el proceso electoral local, para renovar ayuntamientos y diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) permanecerá en tercer lugar como fuerza política, afirmó Florencio Salazar Adame.

En entrevista al acudir al cierre de campaña de los candidatos del PAN por la alcaldía de esta ciudad y por los distritos I y XV, el secretario de la Reforma Agraria, afirmó que se esperan resultados positivos para el próximo domingo 2 de octubre.

"Tendremos resultados favorables en los municipios de Xochistlahuaca, Tlalpacha, Tepecoacuilco, Chilpancingo y Chichihualco, además de algunos de la zona La Montaña", aseguró.

Salazar Adame considero que en este proceso electoral local, el PAN crecerá considerablemente, gracias ala intensa campaña política de los candidatos en el estado.

Esta tarde, los candidatos del PAN, Luis Camacho Mancilla por la alcaldía de Chilpancingo, Leopoldo Cabrera Chávez por el distrito primero, y Jaime Salazar Adame por el distrito XV cerraron su campaña electoral.

Los panistas ofrecieron generar empleos, un proyecto de gran visión, y promover leyes que mejoren las condiciones de vida de los guerrerenses y clausuraron con el tradicional porrazo de tigres, en la plaza de toros Belisario Arteaga.

El próximo domingo dos de octubre, se llevará a cabo la jornada electoral para renovar los 79 ayuntamientos y 46 diputados locales, 28 de éstos por la vía uninominal y 18 por la vía plurinominal.

 

La palabra de los pueblos. (El Sur, Opinión, p.web).

Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Las contiendas en nuestro sistema de partidos políticos han desvirtuado las ideologías y propuestas de fondo para convertirse en luchas inmediatistas en busca del poder por el poder. Cada vez menos las formaciones políticas defienden ideologías y estrategias concretas como planes de gobierno, alejándose de las verdaderas demandas sociales para entrar en el juego de las negociaciones políticas por el poder. Nos encontramos con agendas huecas y promesas que auguran su incumplimiento.

Frente a este panorama electoral desalentador que enfrentará nuestro estado el próximo 2 de octubre y frente a las elecciones federales del próximo 2006, el Encuentro Indígena, Campesino y Popular llevado a cabo el 17 y 18 de septiembre en Ayutla, como parte de una serie de foros y encuentros que se realizarán, resulta una luz de esperanza que da muestras de la voluntad de los pueblos y comunidades de Guerrero para continuar con la lucha y organización mediante la construcción del poder popular a través del cual los pueblos, las comunidades y los barrios pretenden desarrollar, de manera autónoma y autogestiva, propuestas reales encaminadas al aseguramiento de una vida digna para todos y todas.

En el encuentro las organizaciones –entre las que se cuentan la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa, Organización de Pueblos Indígenas Na savi, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca, y más de 20 organizaciones locales y nacionales– nos planteamos que debemos seguir fortaleciendo los procesos de organización colectiva encaminados a la defensa y ejercicio de los derechos humanos y de los derechos colectivos de nuestros pueblos. En este sentido la lucha y el trabajo de los pueblos por el ejercicio de su autonomía debe trascender también en la articulación de alianzas locales, regionales, nacionales que se establezcan con la finalidad de transformar las condiciones sociales, económicas y políticas que generan la pobreza y la desigualdad que sufre el pueblo.

Como parte integral de esta estrategia se estableció la necesidad de defender y cuidar el territorio de los pueblos indígenas, entendiendo éste como el espacio en donde se generan las relaciones sociales y económicas, donde los pueblos se identifican mediante su lengua, tradiciones, formas de organización y sistemas normativos.

Por parte del gobierno se exige la desmilitarización de los territorios indígenas porque además de intensificar las violaciones a los derechos humanos, ésta tiende a la contención y segregación social, inhibiendo la organización y el ejercicio de la autonomía de los pueblos. Además se reivindica, frente a las diversas instancias y niveles de gobierno, el derecho a la consulta, ello significa que programas como el de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) que facilitan la fragmentación del territorio y se imponen por medio de la desinformación, deben ser eliminados.

Por otro lado, la defensa integral del territorio debe frenar el saqueo de los recursos naturales, porque sin bosques el agua disminuye y sin agua nuestros pueblos tendrán mayores calamidades. En este sentido y aunado a un efectivo derecho a la consulta, se deben revertir proyectos como La Parota que busca privatizar recursos naturales y que hasta ahora se ha intentado imponer, por la vía de la desinformación, sin escuchar realmente a quienes se oponen.

En materia de seguridad y justicia comunitaria se exige revertir la persecución en contra de las formas de justicia autónomas, como el caso de la Policía Comunitaria que el próximo mes cumplirá diez años. En otros aspectos las organizaciones también se pronunciaron por la recuperación de los espacios de decisión popular como las Asambleas Comunitarias, donde los pueblos pueden definir su propio destino, o la recuperación de la palabra indígena campesina generando sus propios medios de comunicación, ante lo cual se le exige al gobierno el respeto a estas iniciativas, como es el caso de la Radio Comunitaria Ñonmdaa (la palabra del agua) en el municipio amuzgo de Xochistlahuaca.

Por ello, si los partidos quieren recuperar legitimidad frente a la base social a la que le piden encarecidamente su voto en estos días, deben escuchar e incluir dentro de sus agendas estas demandas y otras emanadas de encuentros u otros procesos similares que se han desarrollado (como el que generó la elaboración de la Agenda Estatal para el Desarrollo y Autonomía de los Pueblos Indígenas) y que seguirán llevándose a cabo.

Los partidos y quienes finalmente lleguen al poder, no deben perder de vista que los pueblos y organizaciones exigimos respeto a la autonomía, entendida como el derecho a la autodeterminación y poder de decisión sobre todo aquello que nos afecta; lo que significa que todas las acciones que lleven a cabo deben realizarse por medio de consultas adecuadas y tomando en cuenta en todo momento a las comunidades, a los pueblos, sus procesos e iniciativas.

 

Da entrada el Tribunal a la demanda de anular la asamblea que aprobó la expropiación para La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 El magistrado Lara Orozco fija el 9 de noviembre para que las partes presenten pruebas. Pendientes, las medidas cautelares que piden los opositores a la presa para que la CFE, la SRA y el comisariado se abstengan de cualquier acción.

El magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, admitió la demanda de los opositores a la presa La Parota para que se anule la asamblea de la comunidad de Cacahuatepec del 23 de agosto, que dio anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tramite la expropiación de las tierras para construir la hidroeléctrica.

El magistrado determinó que el 9 de noviembre, a las 10 de la mañana, será la primera audiencia para desahogo de pruebas de la demanda.

En la demanda que presentaron en el TUA el 7 de septiembre, con la firma de 3 mil 282 comuneros y posesionarios legalmente reconocidos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, los opositores también demandaron medidas cautelares para que se ordene que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenda cualquier acción en el área de conflicto.

Al respecto, el magistrado se reservó acordar esa medida, porque no tiene el original del acta de la asamblea impugnada, la que deberá ser presentada a las autoridades del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, que convocaron y encabezaron dicha asamblea.

En una visita a la redacción de El Sur, comuneros opositores encabezados por Felipe Flores y Marco Antonio Suástegui, acompañados de su abogado Adrián Hernández Quiroz, informaron de la situación de la demanda de nulidad de la asamblea que se realizó en San Marcos, donde los comuneros opositores fueron reprimidos con policías del estado y preventivos de Acapulco para impedirles entrar.

Hernández Quiroz dijo que la demanda quedó bajo el expediente 0447/2005 y se dio entrada el 12 de septiembre, luego de que el TUA a todos los demandantes les reconoció la personalidad para demandar y señaló el 9 de noviembre a las 10 de la mañana para que las partes ofrezcan pruebas.

Aunque el magistrado Lara Orozco dejó pendientes las medidas cautelares, el abogado dijo que, hay unas medidas cautelares decretadas por el Tribunal en 2004, cuando se demandó la nulidad de la asamblea del 25 de abril, las cuales todavía tienen efectos legales y que prohíben cualquier trabajo a la CFE en el área.

Las medidas cautelares que pidieron los opositores el 7 de septiembre son que el TUA gire oficio a la CFE  para que se abstenga de realizar gestorías tendientes al proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de la presa La Parota, así como trabajos de obras complementarias como los caminos de accesos a la obra, convenio de ocupación temporal, cambios de uso de suelo y la construcción de la línea de transmisión.

Otra medida sería para la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para que se abstenga de realizar trámites tendientes al proceso expropiatorio, y la tercera medida cautelar sería para los miembros del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec que son impugnados, para que se abstengan de efectuar gestiones tendientes al proceso expropiatorio, así como evitar hacer convenios para que se efectúen accesos a la obra.

La demanda

En el texto de la demanda se pide la nulidad del acta de Asamblea General de Comuneros del 23 de agosto, en la cual se acuerda entre otras cosas  “la anuencia de la asamblea general para que la CFE, solicite que se lleve a cabo el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción de La Parota, obras complementarias, embalse y todos los caminos necesarios de acceso a la obra”. Afirman que el procedimiento en el desarrollo de dicha asamblea no se ajustó a la Ley Agraria.

Piden la nulidad de la primera convocatoria que expidió el Comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, el 5 de agosto, porque no fue expedida dentro de los plazos que establece la Ley Agraria y no fue fijada en todos los anexos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. También, que se anule el acta de no verificativo de dicha asamblea por falta de quórum legal.

Asimismo, demandan la nulidad de la segunda convocatoria, que expidió el Comisariado de Bienes Comunales el 14 de agosto porque está viciada de origen, y no fue fijada en los lugares de costumbre en cada uno de los anexos de Cacahuatepec.

Finalmente, demandan la nulidad de todos los actos, convenios y documentos, que a partir de la ilegal aprobación del acta del 23 de agosto, se han venido elaborando o se celebren con posterioridad.

En el texto de la demanda se expone que el 14 de agosto los comuneros opositores fueron reprimidos para impedir que participaran en la asamblea en El Campanario, primero con retenes en las carreteras y después con golpes y gases lacrimógenos en el espacio habilitado para la reunión.

Señala que para esa asamblea en El Campanario los representantes del Comisariado: Crescencio Jeronimo Aparicio, Juan Hernández Jorge y Paulino Hernández Valeriano, actuaron en contubernio con la CFE, con el gobierno del estado encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo y el gobierno municipal encabezado por Alberto López Rosas.

Presenta además pruebas de que la CFE pagó a los comuneros que asistieron a la asamblea.

Para la segunda asamblea, del 23 de agosto, en la demanda se describen los retenes policiacos para impedir que los comuneros opositores participaran, en la ciudad de San Marcos, es decir, fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Afirma que en dicha asambles, que aprobó la expropiación de las tierras para el proyecto hidroeléctrico de la CFE, “no se analizó, no se discutió ningún punto de la supuesta convocatoria, y solamente se pidió la votación abierta a mano alzada”.

 

Planta Cantarell no reconocen los daños que ocasionaron a ejidatarios. (El Sur de Campeche, Leydi Méndez, p.web).

Aún cuando existe una demanda en contra de la planta de Nitrógeno de Cantarell, los funcionarios no quieren reconocer los daños que ocasionaron a cada uno de los ejidatarios con la extracción de la tierra que sacaron de cada uno de los predios de las 102 hectáreas afectadas por la empresa antes mencionada y que desde hace años está en pugna con los parcelarios que se dicen afectados.

Al respecto informó el representante de los ejidatarios José Abraham Alejandro Pérez, quien afirmó que aún cuando los campesinos afectados no cuentan con recursos para entablar una demanda en contra de un consorcio como es la Planta de Nitrógeno, pero saben que tarde o temprano las autoridades les darán la razón, porque en los contratos que se tienen firmados cuando les dieron 20 mil pesos a los parcelarios firmaron un convenio que no se ha cumplido porque solamente fue por Servidumbre de Paso, para que pasara el camino que lleva al cárcamo de agua, pero ahora quienes ni pueden pasar son los que tienen los terrenos dados por el Ejido y si quieren quitarles las tierras por parte de la Reforma Agraria, tendrán que expropiar las tierras, pero mientras tienen que respetar a los campesinos que no lo están haciendo.

Alejandro Pérez dijo, que se hizo un convenio con los ejidatarios para limpiar 8 kilómetros de la carretera del Golfo hacia el cárcamo de agua y solamente les quieren pagar a siete pesos el metro de cada uno de los lados de la carretera y un gasoducto que sería un gasoducto y que pagarían a 21 pesos por metro a cada ejidatario de ellos, pero a los que son los propietarios de las tierras solamente les quieren dar los 7 pesos por metro.

Cuando se realizó la firma del convenio original con triple III, existe un apartado que señala que se pondría una carretera y hasta el momento no hay nada, por lo que en el reclamo existe el descontento de los ejidatarios que siempre los quieren perjudicar, ya que aparte de no darle cumplimiento a los acuerdos firmados en el convenio original no hay igualdad para todos, porque no puede ser que cuando algunos les pagan más por la limpieza de la carretera y que la paga la misma empresa no se puede beneficiar a unos y perjudicar a otros, porque si con derechos se tratado los que tienen las tierras son los afectados y quienes en determinado deben ser los beneficiados con los trabajos.

Afortunadamente el Comisario Ejidal, Restituto Castro Rodríguez, les ha dado su apoyo y los está dejando negociar con la planta para que se terminen éstos problemas, especialmente que es desgastante y para terminar de una vez con el problema es necesario que les paguen las tierras y así se quitaran los problemas, tanto los representante de la planta más grande de Nitrógeno como de los ejidatarios que realmente no tienen ya de que vivir porque las tierras era su único patrimonio y fuente de empleo, por lo que tienen que andar buscando donde trabajar y llevar el sustento a sus familias, mientras que se arregla el asunto de las tierras que esperan sea pronto para bien de todos.

 

No autoriza la SRA pago para ampliación: Che Cu. (El Sur de Campeche, Amelia Patricia Laynez, p.web).

Luis Antonio Che Cu, dirigente del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata" (FRECIDEZ), acusó a la Secretaría de la Reforma Agraria de no autorizar los 13.5 millones de pesos por la expropiación de 13 mil 500 hectáreas de la ampliación forestal del ejido Pomuch a favor de 350 familias.

En entrevista, el líder campesino sostuvo que otro de los problemas que enfrenta esta organización es el pago por la expropiación de la ampliación forestal del ejido de Pomuch, donde ya se hicieron los trabajos técnicos.

Indicó que ya hay acuerdos de que sean expropiadas esas tierras, pero no se han autorizado los 13.5 millones de pesos a que se comprometió la SRA pagarle al ejido.

Manifestó que es este un problema añejo en el Estado, con más de 20 años sin solucionarse, que afecta a 350 familias posesionarias de 13 mil 500 hectáreas en la ampliación forestal del ejido de Pomuch, en el municipio de Candelaria.

Recordó que son mil 200 ejidatarios dueños de esas tierras, quienes están de acuerdo de expropiarlas a favor de los actuales ocupantes, pero el problema recae en las autoridades de Reforma Agraria.

 

Denuncian ejidatarios violación a la Ley Agraria en contratos. (La Unión de Morelos, Eduardo Cortés, p.web).

Yautepec.- Integrantes del comisariado ejidal de Tepoztlán desconocen de manera legal, el contrato de la obra en construcción de la línea de conducción que atraviesa por su territorio. Lo anterior por considerar que no se llevó a cabo bajo los términos legales que contempla la "Ley Agraria", por lo que carece de validez.

Lo anterior fue dado a conocer por Ricardo Valdez Peñaloza, presidente del comité para la lucha y gestión del pago de afectados por los trabajos de la CFE en Tepoztlán, quien señaló que formalmente ya se notificó tanto a la paraestatal como a la Secretaría de Gobierno del Estado, sobre la decisión de desconocer el contrato; "luego de que no se constituyó una asamblea general para llegar a los acuerdos, por lo que no se permitirá que continúen las obras de construcción de las líneas de conducción".

Destacaron que a pesar de los acercamiento tanto de la CFE como del Gobierno del Estado, "el diálogo para lograr una solución al conflicto ya se agotó; lo que queremos es que nos paguen conformé al reciente acuerdo y nos den la diferencia que nos corresponde".

Al tiempo de indicar que de manera clandestina, se llevan a cabo los trabajos de la CFE, luego de que habían cerrado los accesos a los campos de cultivo, para evitar el cableado, por lo que habrán de organizarse los ejidatarios para realizar vigilancia continua en el campo de "San Andrés de la cal", hasta no ver resuelto su caso.

 

Nombres, Nombres y... Nombres. (El Siglo de Durango, Alberto Aguilar, p.web).

Crece dependencia forestal, Conafor su reto y por 50 mil Has. para 2006 en proyectos con IP

A ÚLTIMAS FECHAS acongoja la dependencia que hay en productos básicos como gas natural o gasolina por las deficiencias de Pemex que lleva Luis Ramírez Corzo. Sin embargo hay otro rubro cuyo impacto se muestra cada vez más en el déficit de nuestro comercio. Se trata del forestal en donde las importaciones, unos cinco mil 500 millones de dólares anuales, no han dejado de crecer, tanto por la incapacidad de la industria, como por la reducción arancelaria que han motivado los acuerdos comerciales.

El creciente déficit forestal llama la atención por la importancia que debiéramos tener dadas las condiciones fisiográficas del país. De hecho tendríamos que ser un importante exportador. Lamentablemente el comportamiento en ese ámbito ha sido bastante conservador por los cambios en Semarnat de José Luis Luege y la falta de coordinación gubernamental con Sagarpa de Javier Usabiaga, Economía de Fernando Canales Clariond o Reforma Agraria de Florencio Salazar.

Considere que casi el 30 por ciento de la superficie del territorio, unas 57 millones de hectáreas, están cubiertas de bosques. Aquí se ubican el 50 por ciento de las especies de pino que hay en el planeta y 135 de encino, contra 87 de EU Y Canadá.

Un 60 por ciento del déficit comercial se genera por importaciones de papel y cartón, 16 por ciento en pastas de madera y 12 por ciento productos editoriales. Ayudan a contrarrestarlo ventas de papel higiénico y muebles de madera.

Entre los problemas que afectan a ese rubro están la ausencia de un marco legal claro y definido a largo plazo, la tenencia de la tierra, sobrerregulación, descoordinación de programas forestales, así como falta de infraestructura y financiamiento.

No se ha logrado motivar la inversión, hay desvinculación de las cadenas productivas, falta de materia prima, baja competitividad y poca tecnología.

Además está el problema de la deforestación, tanto por los incendios como por la tala clandestina. Se habla de la pérdida de hasta 500 mil hectáreas anuales. Hay quien advierte que de continuar con esa tendencia, la riqueza forestal del país desaparecerá en 125 años.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) que encabeza Manuel Reed Segovia tiene un reto enorme. Advierte que los bosques y el agua son un asunto de seguridad nacional, puestos que en los últimos 50 años ya hemos perdido la mitad de la riqueza en esos dos aspectos.

Lo lamentable es que hay grandes oportunidades, el clima, recursos forestales, mano de obra, crecimiento del mercado interno, cercanía con EU, subsidios. Fíjese: mientras que en países como Suecia, Rusia, Canadá, el desarrollo de un bosque puede tardar hasta 80 años, aquí bastan 30 años.

Claro que en países como República Checa, Canadá, Suecia, mientras el nivel productivo se ubica en cuatro y hasta siete metros cúbicos anuales, aquí se está 1.2 metros cúbicos.

El Programa para la Competitividad que empuja Conafor plantea revertir esta situación con una visión al 2025. Se requiere una legislación clara y un marco jurídico firme que promueva la inversión y detenga la tala clandestina y que igualmente evite trámites y sobrerregulación. Se necesita aplicar una política de desarrollo forestal sustentable que incremente la productividad del bosque natural y las plantaciones comerciales que ascienden a 400 mil hectáreas.

En este último renglón Conafor tiene como objetivo sumar otras 50 mil hectáreas antes de que concluya el sexenio. Ya ha motivado la participación de empresas como Kimberly de Claudio X. González o Chedraui que lleva Antonio Chedraui Obeso.

En ese ámbito se visualizan oportunidades vía la asociación con ejidatarios o comuneros en proyectos con visión de largo plazo. La idea es sustituir importaciones que hoy se generan por la falta de abasto local. En el sureste por ejemplo se puede aprovechar el clima para empujar proyectos de maderas preciosas como caoba y cedro rojo, aunque hasta ahora y pese a los apoyos gubernamentales el interés ha sido aún acotado.

Claro que en este tipo de asuntos los resultados se dan tras años de constancia. Hay que motivar a pequeños productores o incluso reconvertir zonas ganaderas, introducir mejoras genéticas y ensanchar el crédito.

Países como Brasil con nueve millones de hectáreas de plantaciones comerciales o Chile con dos millones, muestran que es posible. Por otro lado declinar, amén de la sangría de divisas, traerá como consecuencia un mayor deterioro ambiental. De ahí que, como ve, el expediente es básico.

 

Sector agropecuario

 

En el vacío, las promesas de Usabiaga de reactivar el agro. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)

Confrontaciones con productores marcaron su gestión

En su última comparecencia, diputados incluso desmintieron sus datos de que hubiera aumentado la producción de granos

El compromiso del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, de aplicar una política para reactivar el campo, llegar incluso al blindaje del sector para abatir la pobreza e incluir en el progreso a "los miembros de la sociedad rural", quedó en el vacío. Su gestión comenzó con fuertes protestas de piñeros y de cañeros y la concluyó en igual contexto.

Antes de irse a competir por la candidatura del PAN al gobierno de Guanajuato, el titular de Sagarpa confrontó nuevamente a los cañeros organizados en la Confederación Nacional Campesina, luego de que, trascendió, convenció al presidente Vicente Fox de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley de desarrollo sustentable de la caña. El titular de Sagarpa no pudo vender tres de los ingenios que son administrados por el gobierno federal y se tiene una sobreproducción de 800 mil toneladas que no han sido colocadas en el mercado.

Los cañeros advirtieron: "volveremos a las calles de la ciudad de México"; de ser necesario, dijeron, bloquearán las carreteras en los 15 estados productores del dulce.

Al inicio de su gestión, Usabiaga Arroyo pretendió hacer a un lado como sujetos de diálogo y negociación a los 13 dirigentes campesinos que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP), los cuales recurrieron a un mitin conjunto que aglutinó a varios miles de sus seguidores para mostrar su fuerza y exigir ser considerados en la interlocución con el gobierno. En los años siguientes, cada organización continuó movilizaciones ante las oficinas centrales y en las delegaciones de Sagarpa en los estados para exigir la entrega de los recursos de los programas para el campo.

Cansados de la indiferencia gubernamental y con la consigna "nos negamos a desaparecer; del campo no nos vamos", en febrero de 2003 se realizó en la ciudad de México una de las marchas campesinas mas concurridas jamás vistas en muchos años. Cerca de 100 mil hombres y mujeres del campo acudieron al llamado para exigir al gobierno la "construcción de un acuerdo para salvar a la agricultura", como dijo en su momento el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En abril de ese año, gobierno, organizaciones del CAP y otras independientes firmaron el llamado Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), definido por Armando Bartra como "apenas la síntesis de los primeros consensos" entre ambas partes. Pero el gobierno lo presentó como un nuevo pacto con el sector rural.

A un año del ANC, comenzaron nuevamente las diferencias. Usabiaga Arroyo aseguraba que 90 por ciento de los 282 compromisos se habían cumplido y los dirigentes de las organizaciones firmantes lo negaron; incluso en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial de seguimiento del ANC; legisladores y campesinos concluyeron: "los avances son insuficientes". La polémica continúa, ya que Usabiaga Arroyo no presentó argumentos contundentes para desmentir a los campesinos.

A partir de uno de los compromisos pactados en el ANC, referente a aplicar con mayor eficiencia los recursos destinados al campo, se desató una polémica en torno al presupuesto. Dirigentes de organizaciones campesinas y diputados provenientes de ese sector, tanto de la CNC, El Barzón, Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas y Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, mostraron el subejercicio en el presupuesto a partir de 2003. En agosto del año en curso el diputado Miguel Luna Hernández realizó ayuno durante seis días frente a la sede de Sagarpa porque Usabiaga Arroyo se negó a atender el reclamo de ejercer el presupuesto para el campo, ya que hasta esa fecha no se habían aplicado 6 mil 144 millones de pesos y los recursos que se aplican en 2005 para Alianza para el Campo corresponden a 2004.

El titular de Sagarpa, en un comunicado de prensa, desmintió las versiones, pero sin presentar datos puntuales.

Durante su última comparecencia ante los diputados, el pasado 21 de septiembre, éstos le aclararon que sus datos de elevada producción de granos y oleaginosas -30 millones de toneladas más que en el sexenio anterior- no se apegaban al informe del presidente Fox, que revelaba una caída en ese rubro.

"Le deseamos buena suerte en su camino por Guanajuato, pero aquí deja muchos pendientes: un presupuesto ejercido con atrasos, reducción de 4 mil 600 millones de pesos, que es inaceptable, en el presupuesto de este año, y una propuesta de presupuesto para 2006 menor en 10 por ciento en términos reales con respecto al anterior", advirtieron organizaciones del Frente Nacional Campesino.

Usabiaga Arroyo deja "en una situación catastrófica al sector, con una capacidad de resistencia campesina prácticamente agotada", señalaron.

 

Hoy presentará renuncia formal al cargo en Sagarpa. (La Jornada, Martín Diego, p.web).

León, Gto., 25 de septiembre. El titular de Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, adelantó que este lunes presentará al presidente Vicente Fox Quesada su renuncia formal al cargo que desempeñó desde 2000, a fin de abocarse de lleno a las actividades proselitistas con miras a conseguir la candidatura del PAN al gobierno de Guanajuato, el cual se renovará el 2 de julio del próximo año.

En una conferencia de prensa en esta ciudad, luego de visitar el municipio de San Miguel Allende, el todavía funcionario federal dijo que requiere de tiempo completo para lograr la encomienda que le ha encargado el jefe del Ejecutivo: "que el PAN siga gobernando Guanajuato", y que será el mismo Fox quien establezca la fecha en que le aceptará su renuncia.

El llamado Rey del Ajo afirmó que deja el campo mexicano "con una orientación a la productividad, con una estructura básica que da certidumbre a los hombres del campo".

Usabiaga Arroyo, quien según el resto de los aspirantes a la candidatura del blanquiazul ha rebasado el tope de precampaña, fijado en 240 mil pesos, se dijo confiado en que ganará la contienda interna panista, cuya primera etapa ya concluyó, y en breve se publicarán las reglas para la segunda fase.

 

Organizaciones campesinas

 

Cayó 500 mdd la inversión en el agro con el TLCAN.  (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)

El campesinado, orillado a la desesperación social: CNC

Sólo en 2004 el empleo rural disminuyó 47% Heladio Ramírez convoca a socios comerciales a la solidaridad

En los más de 10 años que tiene de vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el agro ha enfrentado una desinversión de 45.8 millones de dólares y el empleo rural ha disminuido de manera considerable; sólo el año pasado tuvo una caída de 47 por ciento, asentó el presidente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López, en la 32 Conferencia Agrícola de la Unión Europea y de Norteamérica que se realizó en Orlando, Florida.

Ante dirigentes de diversas organizaciones agrícolas, Ramírez López pidió a los participantes tomar conciencia de que si no hay cooperación y solidaridad con los más pobres, se multiplicarán la resistencia y el levantamiento colectivo del campesinado, orillado por la desesperación social.

Reclamó que los representantes de las naciones más ricas del mundo por un lado prometan cambiar sus políticas agrícolas hacia los pequeños productores, pero en los hechos sólo aumentan el proteccionismo interior, y vuelven "inaceptable la brutal desigualdad en las prácticas del comercio".

Frente a Bob Stalman, presidente de la Federación de Oficinas de Agricultores de Estados Unidos; Laurent Pellerin, primer vicepresidente de la Federación Canadiense de Agricultores, y de Rudolf Schwarzböck, presidente de la Confederación Mundial de Productores Agropecuarios, el dirigente cenecista dijo que si no cambian las políticas y reglas actuales, los campesinos mexicanos serán ''aplastados por nuestros socios comerciales a partir de 2008, cuando se abren totalmente las fronteras a los alimentos de importación".

Prácticas que abonan a la desigualdad

En la reunión, a la que también asistieron Eduardo Baamonde, presidente de la Confederación Europea de Cooperativas Agrarias; David King, secretario de la Federación Internacional de Productores Agrícolas; João Machado, presidente de la Confederación de Productores de Portugal, así como dirigentes agrícolas de Europa, Estados Unidos y Canadá, el líder cenecista presentó la ponencia Perspectivas sobre la situación actual de la agricultura y el desarrollo de políticas.

"Los países ricos, lejos de contribuir a menguar las inconformidades y las desigualdades, aún son el principal obstáculo. La caída en picada de los precios internacionales de los productos básicos agrava la crisis que nos agobia desde hace varias décadas y amenaza seriamente la posibilidad de reactivar el camino del desarrollo del campo", advirtió.

Esos países, abundó, "buscan el potencial que representa más de 900 millones de consumidores en América Latina, pero desdeñan la iniciativa de participar con fondos compensatorios en la lucha de los países pobres para disminuir las enormes asimetrías que nos sacan de la competencia".

La desigualdad en las prácticas comerciales es brutal, pues "mientras por cada taza de café que se vende en Estados Unidos el consumidor paga un dólar, el pequeño productor indígena de nuestras sierras y montañas recibe por esa misma taza menos de un centavo de esa moneda", ejemplificó.

En México, dijo, las importaciones de granos y oleaginosas más importantes para el consumo se incrementaron en más de 50 por ciento y superan 19 millones de toneladas; se han acentuado el minifundismo y el bajo nivel de tecnificación de las actividades productivas, lo que constituye una de las más serias limitaciones para el desarrollo rural, ya que de las 3.8 millones de unidades de producción, 50 por ciento son menores de cinco hectáreas, y 30 por ciento son inferiores a dos.

Hay 5 millones de campesinos sin tierra que subsisten mediante la venta de su fuerza de trabajo, y 400 mil salen de México cada año para buscar una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, abundó.

Ramírez López se refirió a la pobreza de las acciones gubernamentales para reconvertir una dramática realidad que lastima a todos los mexicanos, y a ''la inconformidad de los cenecistas ante las pésimas negociaciones que realizó nuestro gobierno en el capítulo agropecuario del TLCAN, sin tomar en cuenta nuestra opinión, y que nos afectan gravemente.

''No es que nos opongamos a los tratados de libre comercio o a participar en los riesgos y oportunidades de la globalidad; lo que nos preocupa es que no se busquen los mecanismos para compensar las enormes asimetrías que nos separan de la agricultura de los países desarrollados", acotó.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

El asesinato de un comunero muestra que en La Parota no van bien las cosas: Aguirre Franco. (El Sur, Citlal Giles, p.web).

 Advierte el arzobispo que las posiciones radicales pueden generar más violencia. Insiste en que la presa no puede hacerse pasando por encima de los derechos de los campesinos.

El arzobispo de Acapulco Felipe Aguirre Franco planteó que el proyecto hidroeléctrico La Parota no puede hacerse pasando por encima de los derechos y de los bienes de los campesinos. Advirtió que de seguir las posiciones radicales, podrían generar más violencia, y que el que haya habido ya un asesinato “quiere decir que no se van haciendo las cosas por buen camino”.

En una conferencia de prensa este viernes convocada para anunciar la visita de las reliquias de los Santos Mártires de Cristo Rey, Aguirre Franco respondió diversas preguntas, y aseguró que en la diócesis de Acapulco no se han recibido narcolimosnas.

El domingo pasado fue asesinado el comunero opositor a La Parota, Tomás Cruz Zamora, por el simpatizante de la presa Cirilo Cruz Elacio. Los opositores afirman que el crimen fue planeado por líderes que promueven el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca, declaró que fue un pleito personal.

Al respecto Aguirre Franco dijo que la postura de la Iglesia católica es razonada, sin buscar tendencia ni partidizar, sin politizar, pero dijo que está en contra de los hechos de sangre.

Al proyecto de la CFE “no lo hemos satanizado, lo hemos visto como un proyecto viable y posible, pero hemos dicho una y mil veces que los proyectos de esta naturaleza no deben hacerse a costa de pasar por encima de los derechos y de los bienes de los campesinos, como la tierra es de ellos, debe de hacerse en un diálogo comprensivo y buscando la anuencia de estos campesinos”, remarcó.

Sin embargo aclaró que a pesar de que hubo un hecho de sangre, el cual es “reprobable”, no quiere decir que sea resultado del conflicto por la hidroeléctrica, “un hecho de sangre siempre es reprobable, pero tampoco estamos diciendo que este hecho de sangre fue precisamente por ese motivo, eso no nos toca a nosotros investigarlo, no decimos si el conflicto está produciendo asesinatos, no sabemos, no sabemos si a eso se deba el asesinato del domingo, lo dejamos a las autoridades facultativas para que lo investiguen a fondo”.

Aguirre Franco dijo que con amenazas por ambas partes no se podrá llegar a nada provechoso, pues el que haya habido ya un asesinato, “quiere decir que no se van haciendo las cosas por buen camino”.

Previó que de seguir en una situación donde existen posiciones radicales, podría generar aún más violencia. “Las soluciones radicales son las más fáciles pero no son las adecuadas, son las que traen fatales consecuencias, por eso no busquemos soluciones radicales por ningún lado”, dijo.

No han ofrecido aquí narcolimosnas

Por otra parte, aclaró que la Iglesia católica rechaza sistemáticamente cualquier conducta contraria a la ética, refiriéndose a las declaraciones del obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores, quien dijo que la Iglesia católica recibe limosnas del narcotráfico, las cuales “se purifican al entrar a ella”.

“La Iglesia católica rechaza cuando se refiere a un crimen tan serio como el narcotráfico, que causa gravísimos daños a las familias”, afirmó.

 

Niegan opositores a La Parota que vayan a impedir las elecciones. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 El vocero del Cecop, Felipe Flores, dice que Garrapatas acordó no votar, pero permitirá que se instalen las casillas. Critica que el CEE, con ese pretexto, pida que entre la policía.

Uno de los portavoces del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Felipe Flores Hernández, aclaró que para las elecciones del 2 de octubre el Consejo Estatal Electoral (CEE) podrá colocar sus casillas en la zona de conflicto por la presa, pues los opositores en ningún momento han dicho que van evitar que se pongan las urnas.

En declaraciones para este medio, Flores Hernández aclaró que el Cecop nunca tomó el acuerdo de negar el acceso a las autoridades electorales para que coloquen las casillas, por eso le sorprenden las declaraciones del presidente del CEE, Emiliano Lozano Cruz.

Aclaró que hay comunidades, como Garrapatas, que han expresado que no votarán, pero eso no quiere decir que no recibirán la paquetería.

En medios locales se informó que el Consejo Estatal Electoral (CEE) a través de su presidente, Emiliano Lozano Cruz solicitó al gobierno del estado seguridad policíaca en los poblados pertenecientes al municipio de Acapulco que serán afectados por la presa La Parota, en virtud de que sus habitantes han mostrado renuencia para permitir la instalación de las casillas el 2 de octubre.

Flores Hernández aclaró que las urnas se podrán poner en las comunidades en conflicto, que no salgan a votar los comuneros es muy diferente.

El comunero de Garrapatas dijo que los opositores no tienen nada contra el CEE, pues son otra cosa, y por ello no van evitar que pongan las urnas y tampoco van a coartar los derechos constitucionales de los habitantes. “No somos nadie para evitar que pongan una casilla. Nos parece una mala información”, dijo.

Lamentó las declaraciones de Lozano Cruz, pues dijo que nunca ha ido a las comunidades para que diga cosas que no son, y de no aclarar la situación se podrá pensar que diciendo eso está “queriendo quedar bien con la CFE” (Comisión Federal de Electricidad), pues está pidiendo el ingreso de la policía, “pero le decimos desde aquí que no queremos policías en la zona del conflicto porque sería una provocación del CEE. Aquí nadie ha dicho que no se instalen urnas, no podemos evitar que las pongan; que no quieran votar los campesinos es otro problema”.

Calificó como grave la petición de Lozano Cruz del ingreso de la policía a la zona, pues –insistió– no tiene porque pedirla y si pasa algo lo hacemos responsable.

Enfatizó: “No hay nada en contra del IFE ni del CEE, pueden instalar sus casillas si no fuera así estarían fuera de la normatividad. El problema es contra la CFE y los tres niveles de gobierno que nos quieren imponer el proyecto. Seguramente un demente le hizo creer eso al consejo electoral”.

Flores Hernández aseguró que el CEE podrá instalar sus casillas sin “ningún problema, sin ningún temor de que vayan a insultar a sus funcionarios, pues el Cecop no tiene ninguna diferencia con ellos,  nuestro enemigo es la CFE y la imposición del gobierno. Nosotros no somos agresivos, sólo respondemos cuando nos provocan”.

Acuerda el juez llevar con policías a un empleado de la CFE al careo con Suástegui

Por otro lado, el también vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, que está en libertad bajo fianza acusado de retener al empleado de la CFE, Jaime Gutiérrez Tejada, informó que el juez sexto acordó que habrá un carero con el presunto agraviado, el 30 de septiembre, y se le obligará a asistir con la fuerza pública.

Dijo que el acuerdo fue firmado este viernes, luego de que seis veces se ha citado a Gutiérrez Tejada para que se caree con los comuneros opositores que son acusados de privación ilegal de la libertad de dicho empleado, pero éste no se ha presentado, lo que alarga el juicio contra los comuneros.

Suástegui negó que los opositores no permitan el paso al juzgado al empleado de la CFE para que acuda a los careos a los que ha sido citado, y aseguró que éste nunca se ha presentado.

“Lo que es evidente es que el señor ya no está en Acapulco para no presentarse al carero, porque se demostrará que ha estado mintiendo. Dijo que en caso de que el empleado de la CFE no pueda ser llevado al juzgado con al fuerza pública, se podrá liberar una orden de aprehensión contre él.

 

No hay certeza de que quieran impedir la elección en la zona de La Parota: CEE. (El Sur, Zacarías Cervantes, , p.web).

 Son sólo rumores, indica el consejero Ramos Castro  

El presidente del Consejo Estatal Electoral (CEE), Emiliano Lozano Cruz, matizó este viernes declaraciones que hizo un día antes a algunos medios de comunicación en el sentido de que el organismo tiene problemas para instalar 13 casillas en la zona del conflicto por la construcción de la presa La Parota. Ahora señaló que “no tenemos mayores problemas y estamos en diálogo constante con los habitantes de los 13 pueblos”.

Mientras tanto el presidente de la Comisión de Organización Electoral, César Gustavo Ramos Castro, señaló que “no es una situación comprobable” que los comuneros opositores a la presa hidroeléctrica de La Parota vayan a impedir la instalación de las casillas en la elección del 2 de octubre próximo.

Entrevistado este viernes respecto a sus declaraciones del jueves publicadas en algunos medios en el sentido de que los opositores a La Parota pretenden impedir la instalación de las casillas y que incluso solicitó seguridad pública para el 2 de octubre, Lozano Cruz corrigió y dijo que “no tenemos mayor problema estamos en permanente diálogo con ellos” y añadió que la seguridad pública fue solicitada al gobierno estatal pero de manera general para todo el estado.

Aseguró que a 10 días de la elección el CEE no tiene problemas para la instalación de las casillas en ninguna región del estado y que, efectivamente, en la zona donde se construirá la presa de La Parota se instalarán 13 casillas, pero que no hay la certeza de que los habitantes quieran impedir la elección.

“Nosotros estamos en constante comunicación con ellos y ellos nos dicen que están en permanente comunicación con el gobierno estatal, pero no nos han anunciado que estén en contra de la elección”, indicó Lozano Cruz.

El presidente de la Comisión de Organización Electoral, Ramos Castro, señaló que los opositores a La Parota no han notificado oficialmente al organismo para que no instalen las casillas el domingo 2 de octubre. “Son sólo rumores los que se han escuchado que no van a dejar instalar las casillas”, dijo.

Incluso aseguró que los consejos distritales están trabajando normalmente en la zona y que sólo han escuchado esos rumores de la oposición para que se levante la votación el día de la jornada electoral.

Ramos Castro aseguró que en general la organización de las elecciones está lista en todo el estado y que hasta ahora no han recibido reportes de incidentes que pudieran alterar la jornada electoral del 2 de octubre.

 

Campesinos exigen a la CFE el pago de sus tierras afectadas. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).

Torres de alta tensión dañan cultivos de ejidatarios de Acahuizotla, Mazatlán, Palo Blanco y Garrapatas.

Campesinos de las comunidades Acahuizotla, Mazatlán, Palo Blanco y Garrapatas pertenecientes al municipio de Chilpancingo, exigieron una vez más a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el pago de las afectaciones por las torres de alta tensión, ya que se han visto seriamente afectados en sus cultivos de maíz y frijol.

Los representantes de la autoridad en Garrapatas y Acahuizotla, Raymundo Rodríguez Patrón y José Luis Marques Rivera, indicaron que más de 100 campesinos de ambas localidades resultaron afectados con la instalación de torres de alta tensión, ya que bajo de los cables de energía eléctrica ya no pueden practicar la agricultura, porque temen a que tengan serias consecuencias en su salud, luego de que este tipo de energía provoca cáncer en la piel por la radiación.

Los representantes ejidales indicaron que están realizando una serie de gestiones ante la CFE, pero que hasta el momento la empresa no ha dado una respuesta clara, contundente, es por eso que continuarán demandando el pago justo de sus tierras afectadas.

También indicaron que más de 300 agricultores se vieron afectados hace más de nueve años, cuando la secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) construyó la Autopista del Sol y que hasta el momento no ha pagado el sobre ancho, los famosos lavaderos y bancos de distribución, lo único que se pagó es el derecho de vía, pero recalcaron que estas dos dependencias del orden federal tienen cuentas pendientes con los campesinos de estas poblaciones chilpancingueñas.

Demandaron también la intervención del subsecretario de asuntos agrarios del gobierno estatal Esaú Tapia Abarca y de la procuraduría del campesino, tras manifestar que los mantienen olvidados haciendo caso omiso a la problemática de los agricultores que han estado sufriendo las afectaciones tanto de la CFE como de la SCT, pero aún así quieren construir la presa La Parota.

 

MORELOS

 

Vigilarán venta de lotes ejidales. (Diario de Morelos, p.web).

Zona Poniente, Mor.- Para evitar que la mancha urbana crezca de manera desordenada, pues esto implicaría la introducción de servicios públicos elementales, así como el destino de mayores recursos hacia las diferentes colonias y comunidades ya conformadas, la regiduría de Obras Públicas en Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río realizará recorridos de manera periódica con un grupo de inspectores a fin de controlar la venta de lotes que no tengan la autorización del cambio de uso de suelo.

Se exhorta a los campesinos o propietarios de superficies a abstenerse de hacer lotificaciones si carecen de los permisos correspondientes, mismos que deben de gestionar ante autoridades estatales y municipales.

En reuniones de trabajo se les ha invitado a seguir sembrando su parcela y no venderla en pequeñas fracciones porque ello representan problemas sociales y económicos para cada municipio.

ASENTAMIENTOS IRREGULARES

Al existir más asentamientos humanos irregulares, el problema repercute en las autoridades municipales, quienes deben de cubrir primero las deficiencias que existen en los poblados ya existentes y posteriormente canalizar la obra pública a esos asentamientos, pero muchas veces esto no lo entienden quienes adquieren predios y luego demandan servicios.

El gobierno local determinó vigilar continuamente para no dejar problemas de crecimiento a las futuras administraciones, esto representa que durante esta administración no se otorgarán permisos para quienes deseen cambiar su parcela por una nueva colonia. En tanto, el presidente del comisariado ejidal, Clemente Mejía Vega, exhortó a sus compañeros a no vender lo que es considerado su único patrimonio familiar

 

Destapan la candidatura de ejidatario para alcalde. (La Unión de Morelos, Eduardo Cortés, p.web).

Yautepec.- Como parte de la efervescencia política por la cercanía del proceso electoral, ejidatarios y representantes de bienes comunales se anticipan a los tiempos electorales y proponen al comisariado ejidal de Yautepec, Hipólito Mújica Toledo como precandidato a la presidencia municipal, al asegurar que buscarán sumar a los demás sectores de la sociedad.

En un hecho que sorprendió a los propios ejidatarios del municipio de Yautepec, el día de ayer se llevó a cabo una reunión para "destapar" a Mújica Toledo como precandidato a la presidencia municipal, quien abiertamente reconoció sus aspiraciones políticas y señaló que le interesa contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ahí los integrantes del comisariado ejidal de Yautepec en la asamblea acordaron conformar una comisión que se entreviste con el presidente del PRI en Morelos, Guillermo del Valle Reyes, para darle a conocer la decisión de los representantes agrarios del lugar con la finalidad de que la propuesta sea analizada formalmente y pueda contender por una candidatura interna.

En la reunión estuvieron presentes ayudantes municipales, comisariados ejidales y representantes de bienes comunales, como ejidatarios, ex presidente y ex diputados locales entre otros, quienes señalaron la necesidad de contar con un plan de trabajo "que convenza a la sociedad de impulsar la candidatura emanada del sector agrario", así como el compromiso de los representantes del PRI en la entidad de realizar con seriedad un proceso justo en la elección del candidato por el tricolor en el municipio.

 

En breve, iniciará construcción de presa "El Gigante". (La Unión de Morelos, Eduardo Cortés, p.web).

Cuautla.- En breve se podría llevar a cabo la construcción de la presa "El Gigante" en la zona oriente del estado, obra que beneficiaría a una gran cantidad de productores agrícolas del municipio de Ayala, aseguró el titular de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y Corrientes Tributarias (Asurco), Evaristo Genis Campos.

Señaló que actualmente la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) realiza los estudios de factibilidad de la construcción de dicha presa, ya que deriva su importancia en que de no edificarse, en unos cinco años unas mil 200 hectáreas de tierras de riego en la zona oriente del estado podrían quedarse sin producir.

Al respecto el titular de Asurco, Evaristo Genis Campos, precisó que los campesinos de 12 ejidos de la región ya solicitaron a la dependencia gubernamental la realización de esta obra de infraestructura hidráulica, donde además los propios productores están dispuestos a participar económicamente.

Aseveró que ante la falta de distribución de agua en los campos de cultivo, si no se da inicio a las obras que durante años se han encontrado estancadas, estos correrían peligro en la región.

 

NAYARIT

 

Nayarit: consiente el gobierno la privatización de las playas. (La Jornada, Jesús Nàrvaez, p.web).

Sólo tres son públicas; las otras 29, restringidas: PRI

Los habitantes, extraños en su propia tierra, dice diputada

Tepic, Nay., 25 de septiembre. De 34 playas consideradas en el plan de desarrollo municipal de Bahía de Banderas -que abarca la zona turística de Nuevo Vallarta-, sólo tres están abiertas al público y el resto son utilizadas en forma privada, denunció la diputada local priísta Emma Araceli Barba González.

Señaló que los habitantes de Bahía de Banderas "se encuentran como extraños en su propia tierra", y reveló que algunos propietarios de hoteles y desarrollos turísticos no han cumplido con lo estipulado por la ley de entregar áreas de donación al municipio para que se utilicen como playas públicas.

La legisladora criticó que a pesar de que la zona turística referida es una de las de mayor desarrollo en el país, sus pobladores únicamente tienen acceso a tres playas populares: Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y La Manzanilla. Esta última -precisó- es una playa pequeña a la que todo el año acuden grupos de discapacitados y clubes de la tercera edad.

''La gente de Bahía de Banderas no puede ir a bañarse a las playas, porque están cerradas para el pueblo, y opta por acudir a los cerros. Resulta aberrante que los nayaritas no puedan disfrutar de sus riquezas naturales", se quejó Barba González.

La diputada por Bahía de Banderas explicó: ''incluso quienes pernoctan en hoteles que no están junto a las playas tienen problemas para entrar, porque zonas como la avenida Los Cocoteros están custodiadas por agentes de Tránsito estatal".

Quien comercializa los fraccionamientos es el Fideicomiso Bahía de Banderas, perteneciente al gobierno estatal, cuyas autoridades también "permiten la instalación de casetas de vigilancia sin la autorización del ayuntamiento local, en las que hay indicaciones de que no se deje pasar a los ciudadanos''.

Luego de hacer un llamado para que se investigue el motivo por el cual se ha tolerado la prohibición de que los lugareños accedan a las playas, la legisladora priísta recordó que los fraccionadores están obligados por ley a donar algunas áreas al municipio y no lo han hecho.

"Por el porcentaje que les corresponde, sólo los fraccionamientos Costa Banderas y Grupo Dine le deben a Bahía de Banderas 104 hectáreas de áreas de donación."

En ese sentido, "iniciamos una investigación y hemos descubierto que nadie está efectuando dicha entrega", alertó Barba González.

 

Nos la vamos a jugar con Ney y con Nayarit para rescatar el campo: CNC. (Avance, Marco Vinicio Jaime, p.web).

Porque la economía del Estado tiene sustento en un 60 por ciento en el campo.

 Grande es la apuesta de los productores nayaritas a favor de la aplicación del Plan Maestro para el Desarrollo Rural, estructurado directamente con las propuestas de los propios campesinos aa iniciativa del Gobernador del Estado, Ney González Sánchez, porque del rescate del campo dependerá en gran manera el crecimiento económico de Nayarit, precisó el Secretario General de la Liga Estatal de Comunidades Agrarias (CNC), Trinidad Miramontes Arteaga.

 Indicó que la economía del Estado radica en un 60 por ciento en el sector agropecuario, por lo cual es indispensable garantizar su reactivación integral en beneficio de los campesinos como de la sociedad en general.

“Durante toda la campaña el Gobernador del Estado, Ney González, lo estuvo comentando, yo creo que el desarrollo del campo es una de las prioridades, considero que es un gran porcentaje, por decir el 60 por ciento, de la economía del Estado, se basa en el campo, de ahí que se ocupa la transformación, la industrialización y la comercialización”, destacó.

El líder campesino apuntó que el campo requiere entonces, sin lugar a dudas, recursos frescos que vengan a reactivar el dinamismo que se requiere, los canales también –dijo- que son de gran urgencia para el Estado, y en el Foro Estatal Agropecuario, recogimos toda la problemática de todos los productores en el campo.

“De ahí pues que estamos empeñados en que en el Plan Maestro para el Campo, habrá de ser fuente de beneficios para la gente de Nayarit, para el campo de Nayarit. Yo aquí le apuesta pues al Gobierno de Ney González, porque ha hado su palabra en que habrá de resolver las cosas importantes del campo y aquí nos la vamos a jugar todos juntos con él y con el Estado”, concluyó

 

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