CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005

OCHO COLUMNAS

Recortan seguridad

Asignan 20% menos APRA combatir delincuencia

Se trunca reforma de la ONU

Relegan cambios en Consejo de Seguridad

Confía el gobierno de Fox en el Congreso

Hablar de privatizar la energía sólo promueve una causa política: Elizondo

Fortalecimiento de la seguridad financiera

Prepara el Ejecutivo iniciativa sobre sistemas de resoluciones bancarias

El decálogo de Fox costará al erario 1,457 mdd

No es privatización; son medidas temporales: Elizondo

Entrega el gobierno el último tramo del ferrocarril mexicano

Cede las acciones a Kansas City Southern

Callan y se esconden los diputados falsificadores

Sólo Reyes Gámiz se deslindó

Sumarán 118 mil mdp excedentes petroleros

Evitemos la necesidad del veto, advierte Gil Díaz. Estudiar “sin prejuicios” las propuestas de Fox: E. Jackson.

Subsidio al gas por 870 mdd

La medida aplicará de septiembre a diciembre, aclara Elizondo Barragán

IP congela empleo

Sólo 30% de las compañías encuestadas esperan dar empleo en el último trimestre del año

Sector agrario

Desalojo de asentamientos en Montes Azules. (Criterios.com, p.web).

La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que informen del avance de la reubicación de asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera de Montes Azules, Chiapas.

El dictamen aprobado por el Pleno fue presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a propuesta de la diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM).

En el exhorto, que contiene cinco puntos, también se pide a la Secretaría de la Reforma Agraria que agilice los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los lugareños desalojados de Montes Azules.

A la Secretaría de Gobernación se le solicita que verifique la estancia legal y comportamiento adecuado de los extranjeros presentes en la selva lacandona y a la Procuraduría de Protección al Ambiente para que investigue el saqueo de biodiversidad por empresas nacionales y extranjeras en esa zona.

La Reserva de la Biósfera Montes Azules fue decretada Área Natural Protegida en enero de 1978, se ubica en el extremo oriental del estado de Chiapas y representa la porción central de la región conocida como Selva Lacandona, en un área de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas.

En la Reserva se concentran el 28 por ciento de las especies de mamíferos del país, el 32 por ciento de las aves, el 12 por ciento de los reptiles, el nueve por ciento de los anfibios, 14 por ciento de las especies de peces de agua dulce y el 20 por ciento de plantas vasculares de todo el país.

Sin embargo, la Reserva ha padecido de la tala ilegal, extracción de especies de fauna, contaminación y aumento exponencial de conflictos sociales derivados de las crecientes invasiones y la tenencia de la tierra.

De acuerdo a las consideraciones del dictamen, a causa de los asentamientos irregulares, en los últimos 30 años se ha perdido más del 70 por ciento de la Selva Lacandona.

Dentro de la Reserva de la Biósfera, el 35 por ciento de su cubierta forestal se ha visto afectada por los drásticos cambios de uso de suelo al devastar la selva para poner milpas y potreros o privilegiar los intereses de algunos caciques y compañías madereras que deterioran sin contemplación, informa el documento.

En noviembre de 2003 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una visita a Montes Azules y detectó que existen 42 invasiones de tierras, de las cuales solo seis tienen derechos constituidos y se tiene sin solución 19 denuncias de despojo por la comunidad lacandona ante el Ministerio Público Estatal.

En el diagnóstico que elaboró la Comisión se asegura que se detectaron 28 asentamientos que se consideran de urgente atención por la fragilidad de los ecosistemas.

Debe seguir el desalojo en Montes Azules: diputados. (La Jornada, Enrique Méndez, p.web)

Llaman a aprehender a extranjeros depredadores

Aprueban hacer un exhorto a SG, Semarnat, SRA y PGR

Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional, y Emilio Chuayffet, del Revolucionario Institucional, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados FOTO José Carlo González

La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Gobernación (SG), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Reforma Agraria (SRA), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) a continuar el desalojo de comunidades asentadas en Montes Azules, Chiapas, y aprehender y expulsar a los extranjeros que realicen actividades no autorizadas por la Ley General de Población y su reglamento.

La propuesta, llevada a la sesión por el PAN y el PVEM, recibió el aval de las otras fuerzas políticas. Inclusive el PRD se limitó a proponer que se persiga a aquellos ciudadanos de otros países "involucrados en el tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y en el saqueo de la biodiversidad de la selva Lacandona".

El punto de acuerdo fue incluido durante la sesión y votado en paquete con otros dictámenes, por lo que muchos legisladores no se dieron cuenta de lo que votaron.

El exhorto de la Cámara plantea que el gobierno federal informe a los legisladores el avance en la reubicación de asentamientos humanos "producto de invasiones, así como la existencia de nuevas invasiones en la reserva de la biósfera de Montes Azules". La petición a la SRA se refiere a agilizar los trámites necesarios "para la reubicación y asignación de tierras a los lugareños desalojados".

También se plantea a la SG "verificar la legal estancia y comportamiento adecuado de los extranjeros presentes en la selva Lacandona y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes para mantener el estado de derecho en la zona".

A la Semarnat se le exhorta a que establezca un programa de restauración ecológica para revertir los procesos de deterioro ambiental que se han producido en la selva Lacandona.

A propuesta del PRD, se modificó una parte de la solicitud para que la PGR actúe en la zona, y se pidió que no se investigue ni persiga a aquellos extranjeros vinculados en tareas humanitarias, de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las comunidades indígenas.

"En el pasado se han cometido excesos, so pretexto de la ley de población, expulsando y acosando a extranjeros que no realizan más actividades que las exclusivamente humanitarias", argumentó el diputado Adrián Chávez.

Temen enfrentamientos por disputa de tierras en Chiapas. (La Jornada, Elio Henríquez, p.web).

El problema, por "la mala ejecución de un decreto"

Crece la tensión entre pobladores de Chenalhó y Chalchihuitán

Chenalho, Chis., 9 de septiembre. Un conflicto de límites surgido hace 30 años por una resolución presidencial presuntamente mal ejecutada o por una aparente sobreposición mantiene en permanente tensión a los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en los Altos de Chiapas.

De acuerdo con testimonios, desde tiempos inmemoriales el límite entre ambos municipios fue el río cuyos tres tramos se denominan Balumpi, Chishteal y Mashiló, pero el ingeniero de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que ejecutó la resolución hace casi 30 años lo hizo en línea recta, sin respetar la colindancia marcada por el afluente, indican los ancianos de Chenalhó.

Esto dejó en aparente indefinición jurídica un área que al principio era de sólo 58 hectáreas, y que en el curso del litigio se amplió a 850 a lo largo del río, sobre las cuales los dos municipios tzotziles alegan tener derecho, lo que los ha llevado a interponer recursos jurídicos ante distintas instancias y a constantes confrontaciones.

Para tratar de enmendar la presunta mala ejecución, las autoridades agrarias promovieron en 1976 un convenio que firmaron los integrantes del comisariado de bienes comunales de ambos municipios, en el que se aceptaba que el río fuera el límite entre Chalchihuitán y Chenalhó, lo que en lugar de resolver el conflicto lo enredó más.

Con base en este documento, Chenalhó alega que sus tierras llegan hasta el afluente, mientras que Chalchihuitán, basado en documentos derivados de la resolución presidencial y su ejecución, sostiene que su territorio sobrepasa el río.

El decreto correspondiente a la parte de Chalchihuitán fue emitido el 26 de mayo de 1975, y tres meses y tres días después se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero no se ejecutó hasta el primero de diciembre de 1980, y "complementariamente" el 19 de octubre de 1981. En el caso de Chenalhó, el dictamen fue emitido el 4 de septiembre de 1975 y publicado el 6 de octubre siguiente, pero a la fecha no ha sido ejecutado.

Las confrontaciones entre ambos municipios se mantuvieron, pero fue hace unos cinco años cuando se enfrascaron en un pleito jurídico. Chalchihuitán, que a diferencia de Chenalhó cuenta con el plano definitivo, empezó el procedimiento ante tribunales con el argumento de que le faltaban más de 58 hectáreas respecto a la resolución original, pero con el paso del tiempo y las contrademandas la cifra subió a 850.

El primero en conocer el caso, en 2000, fue el Tribunal Unitario Agrario (TUA), el cual resolvió en favor de Chenalhó, lo que llevó a Chalchihuitán a solicitar la revisión ante el Tribunal Superior Agrario (TSA), que confirmó el resolutivo del TUA.

En respuesta, dicho municipio interpuso un amparo, y la justicia federal resolvió en su favor en mayo pasado, al ordenar al TUA la reposición del procedimiento, es decir, el caso regresa al origen, con la característica de que el juez ordena que la sentencia deberá realizarse con base en el expediente.

Ante la agudización de las diferencias, en septiembre de 2002 el gobierno de Chiapas propuso a las partes que firmaran un convenio conciliatorio de distensión y respeto mutuo para lograr un entendimiento que resguardara la paz social y la armonía entre sus habitantes.

El compromiso de ambos fue que, agotados los procedimientos e instancias pertinentes, aceptarían la resolución definitiva de "los procesos derivados de los juicios agrarios 0955/2000 y 004/2002 instaurados ante el TUA"; el primero promovido por Chalchihuitán, para la restitución de tierras comunales, y el segundo por Chenalhó, por nulidad de actos (documentos y planos) y las consecuencias legales que se deriven.

Ambos tribunales tomaron como base el documento que los integrantes de bienes comunales de los dos municipios firmaron el 6 de agosto de 1976 -en el que se acepta el río como límite-, el cual ha sido desconocido por Chalchihuitán, pero no fue impugnado por la asamblea en su momento.

En mayo pasado la justicia federal concedió el amparo a Chalchihuitán, por lo que las autoridades de Chenalhó y los habitantes de la zona en disputa temen una "invasión" o un enfrentamiento, porque además los dos grupos se acusan de tener armas.

Un funcionario estatal, que pidió el anonimato, aseveró que "el gobierno de Chiapas lo que quiere es que las instancias correspondientes emitan la resolución final para poder negociar una indemnización con el municipio que resulte afectado, para evitar la constante tensión en el área".

Emiten diputados exhorto a la Profepa por invasión en Montes Azules. (La Crónica, p.web).

Otro asunto aprobado ayer por el pleno de la Cámara fue un exhorto a la PGR y a la Profepa, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la biosfera de los Montes Azules, en Chiapas.

De igual forma, se pide a la Secretaría de la Reforma Agraria agilizar los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los lugareños que fueran desalojados y a la Secretaría de Gobernación a investigar y en su caso realizar las acciones legales correspondientes contra los extranjeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y saqueo de la biodiversidad en la selva lacandona.

También se aprobó otra proposición emitida por las comisiones de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, por la que se exhorta a la autoridades del Distrito Federal, en particular a la Secretaría de Salud, a que lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico en los hospitales del Gobierno capitalino.

Por otra parte, el diputado petista Óscar González Yáñez propuso reformar el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de obligar a las compañías concesionarias de telefonía celular a facturar por tiempo efectivo de llamada y eliminar el sistema por redondeo.

El legislador indicó que para 2004 el número de usuarios de telefonía celular fue aproximadamente de 35 millones en territorio nacional, por lo que ha pasado de ser un artículo suntuario para convertirse en uno indispensable en la comunicación.

El hecho de estar al libre albedrío de las compañías concesionarias el establecimiento de las tarifas provoca que exista gran margen de discrecionalidad para establecer los montos y condiciones sobre las cuales se fijan.

Más de 100 policías vigilan la línea divisoria. (La Jornada, Elio Henríquez, p.web)

San Cristobal de Las Casas, Chis., 9 de septiembre. Desde hace una semana, más de 100 agentes de la policía sectorial se encuentran desplegados a lo largo de la línea divisoria entre Chenalhó y Chalchihuitán para evitar hechos de violencia por el conflicto de límites existente desde hace 30 años entre ambas comunidades, las cuales se disputan 850 hectáreas.

Fuentes oficiales informaron que los agentes fueron ubicados de manera estratégica en los sitios conocidos como Balumpi y Mojón Ozú, del río que divide los municipios, en los extremos de la franja en disputa, de más de 15 kilómetros.

En Balumpi hay entre 50 y 60 policías, quienes desde su posición ven fácilmente cuando los chalchihuitecos bajan a la zona en disputa, como ocurrió la semana pasada, cuando más de 100 descendieron para cortar los arbustos y marcar la brecha -de dos metros de ancho- donde, según su dicho, basado en el plano que les dio la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pasa el lindero. El desmonte fue hecho en una franja de más de 100 metros de ancho después del afluente.

Un agente comentó que cuando los más de 100 chalchihuitecos llegaron al área, machete en mano, los policías se interpusieron para impedir que el otro grupo de 100 habitantes de Chenalhó, que pretendía evitar que sus vecinos continuaran chaporreando, se acercara y chocaran.

Un funcionario estatal, que pidió el anonimato, comentó que "este es un problema creado por la SRA, pero es el gobierno del estado el que tiene que estar cuidando que no haya un enfrentamiento entre los grupos para evitar derramamiento de sangre".

Morelos: indígenas golpean a dos diputados perredistas. (Milenio, Leticia Isidro, p.web).

Los legisladores Guillermo López y Andrés García fueron agredidos por una turba que trató de sacarlos de las instalaciones del Congreso local.

Cuernavaca

Habitantes de la comunidad indígena de Xoxocotla golpearon a diputados de Morelos, luego de irrumpir en las instalaciones del Congreso local, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática Guillermo López Ruvalcaba y Andrés García Jaime fueron objeto de agresiones verbales y jaloneos por parte de la turba de indígenas de Xoxocotla, quienes intentaron sacarlos del recinto parlamentario.

“Vamos a quemarlos con leña verde”, gritaban los cerca de 500 habitantes de Xoxocotla, localidad ubicada al sur de la capital del estado, quienes jaloneaban y agredían a ambos representantes populares del PRD.

Ni las fuerzas de seguridad interna ni las de la Policía Preventiva del estado pudieron hacer frente a la multitud enardecida, que también había provocado el descontrol de algunos profesores jubilados, quienes realizaban una manifestación dentro de la sede del Congreso local.

Los inconformes acusaron a ambos legisladores perredistas de generar la violencia al interior de la comunidad indígena de Xoxocotla, el divisionismo y generar la desestabilización en la entidad.

“No somos perros ni somos pendejos; seremos indios pero sabemos pelear”, gritó el ex delegado de la comunidad, Alfredo del Carmen, quien reclamaba bruscamente la intervención de los perredistas en conflictos del poblado, al tiempo que azuzaba a los manifestantes para sacar a los legisladores e intentar lincharlos.

Ante la situación, tuvieron que entrar al rescate legisladores del PRI y PAN, así como integrantes de seguridad interna del Congreso, quienes hacían esfuerzos vanos por sacar del atolladero a los dos perredistas, lo que finalmente lograron al alcanzar una salida negociada con los inconformes.

Toman oficinas locales

En tanto, más de 400 campesinos de las diversas organizaciones agrarias tomaron las delegaciones estatales de la Secretaría de Agricultura, de la Reforma Agraria y del Registro Agrario, en reclamo por la falta de ejercicio de cuatro mil millones de pesos en apoyos al sector campesino, por la falta de operatividad de las dependencias.

También los sindicatos como el del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron manifestaciones diversas, junto con otras organizaciones de trabajadores que reclamaron el reciente recorte de personal.

En tanto que, los profesores del área de Educación Especial de Morelos, también tomaron las oficinas delegacionales del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, en protesta por las 19 plazas que fueron desaparecidas por el dirigente del gremio, Víctor Benítez.

Asimismo, un grupo de permisionarios, quienes solicitaron la venta de 144 concesiones del transporte colectivo bajo convocatoria abierta, reclamaron que, las mismas son otorgadas presuntamente a algunos grupos de concesionarios con fines electorales.

Marchan labriegos; exigen solución a pugnas agrarias. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. Luego de participar en mesas de trabajo tanto en las delegaciones federales como en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), cientos de campesinos de Morelos marcharon la tarde de ayer por las principales calles de esta ciudad hasta llegar al zócalo y ahí exigir una mesa de trabajo con el gobierno.

Con el fin de analizar los 18 conflictos agrarios existentes, denunciar el subejercicio financiero de dependencias federales y estatales de más del 80 por ciento del presupuesto asignado, además de dos rezagos agrarios que podrían provocar enfrentamientos entre comunidades, organizaciones campesinas aglutinadas al Congreso Agrario Permanente (CAP) de los distintos municipios de la entidad se dieron cita desde temprana hora en las tres delegaciones federales para trabajar en mesas y analizar con las autoridades competentes cada una de sus demandas.

En las mesas, los campesinos pidieron a través de sus dirigentes adheridos a la Unión Nacional de Trabajadores Agrarios (UNTA), a la Confederación Nacional Campesina, a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y a la Unión Forestal, que se aplique el presupuesto de manera transparente, que se evite el subejercicio presupuestal y evitar que se pierdan más de ocho mil hectáreas en Morelos.

En lo que correspondió a en la primera mesa en la SRA, ésta estuvo a cargo del titular de esa dependencia, Natividad Salas Estrada, así como el Procurador Agrario, Rogelio Castañares Ferrer y el dirigente de la UNTA, Julio Padilla Trujano, en ella se abordaron parte de los 18 conflictos agrarios que hay en el estado, y que de no atenderse podrían pasar a ser focos rojos. Ahí, el líder campesino alertó que en Morelos, “estamos a punto de perder más de 8 mil 500 hectáreas contra el Distrito Federal y Puebla”.

Entrevistado durante esta mesa de trabajo, aseguró que de los 18 asuntos agrarios que se encuentran rezagados, uno tiene denuncias de corrupción del ex delegado de la Procuraduría Agraria, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez, por desviar más de 10 millones de pesos destinados a la conciliación de un problema de tierras en la comunidad de Marcelino Rodríguez del municipio de Axochiapan.

Otros dos conflictos más amenazan con declararse focos rojos, porque un juez determinó, en el caso de la comunidad de San José Los Laureles, que tiene un perímetro de 800 hectáreas, que dicha población desaparece por decreto reconocido por documentos virreinales; mientras que otro juez contencioso administrativo del Distrito Federal, desapareció en su resolución las seis mil 500 hectáreas que conforman el polígono agrario de Tlalnepantla, situación que podría agravar la tensión que desde hace dos años padece este lugar.

Agregó que a pesar de que son tierras morelenses habitadas y trabajadas por morelenses, “esta situación es preocupante, y por las incapacidades e ineptitudes de las autoridades agrarias se pueden perder”.

Detalló que en Tlalnepantla, son más de seis mil hectáreas, “no es posible que al gobierno federal permita un exceso de un juez de Milpa Alta, Distrito Federal, que podría desaparecer del mapa estas hectáreas y ocasionar un estallido social”.

Por otro lado, en la Sagarpa, la segunda mesa de trabajo a cargo de Armando Román Escoras, representante de la Unión Agrícola Regional de Productores Forestales en Morelos, señaló que la demanda es que apliquen los recursos de programas federales de este año, y que casi en el décimo mes, se mantienen congelados.

Manifestó que una de las demandas posteriores será el que se respete el Estado de derecho y se tenga una apertura a la participación a la hora de destinar los recursos federales y estatales. en dicha mesa, participaron autoridades de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Sagarpa y organizaciones campesinas.

Ahí, Roberto Ruiz Silva, delegado de Sagarpa manifestó que una vez escuchadas las peticiones, se lograron importantes acuerdos, entre ellos el que se dé capacitación mediante talleres para desarrollar de manera adecuada los proyectos de Alianza para el Campo 2005.

En la tercera mesa de trabajo, en la delegación de Sedeso, David Padilla Marín, Florencio Ixpango Merino y Albino Franco Escobar, líderes del Barzón, la CIOAC y la CNC respectivamente, manifestaron que hay más de 20 mil adultos mayores que Sedeso no ha contemplado en su programa.

Coincidieron los dirigentes en señalar la necesidad de que se blinden los programas federales para evitar el desvió de recursos con fines partidistas.

Además agregaron sobre el subejercicio –que asciende a más del 80 por ciento del presupuesto destinado para el campo– que en el caso de la Sedeso, más de seis mil 800 apoyos para adultos mayores y más de 50 millones para vivienda rural no se han ejercido por decisión de los delegados federales, en tanto, la Sagarpa se ha negado a entregar más de 80 proyectos productivos.

Coincidieron si las autoridades no hacen nada, “difícilmente nos tomarán en cuenta con nuestras demandas (...) estamos a meses del proceso electoral y lo único que hacen es engordar el cochinito y desviar recursos para aplicarlos a sus candidatos, mientras que la gente siga sufriendo en las comunidades”.

Ya por la tarde, los contingentes se aglutinaron a las afueras de la SRA para marchar hacia el zócalo de la ciudad capital del estado, y entregar al mandatario estatal las conclusiones de las mesas de trabajo. Al cierre de esta edición la comitiva campesina aún no era atendida por el gobierno del estado.

Sí somos ejidatarios y dueños del terreno en Playa Larga, responden. (El Sur, Brenda Escobar, p.web).

Alejo Maldonado no puede acreditar la propiedad de las 6.2 hectáreas, replica el presidente del comisariado ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís .

Zihuatanejo

El presidente del comisariado ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís Radilla, rechazó el señalamiento del hijo de Alejo Maldonado Cuevas, Aquiles Maldonado, de que los ejidatarios y avecindados con quienes se disputan un terreno de 6.2 hectáreas en Playa Larga son unos invasores, “cuando él sabe perfectamente que su papá no tiene ningún documento que acredite la propiedad”.

Ayer, Solís Radilla respondió a las declaraciones de Aquiles Maldonado y dijo que ante su frustración de que no ha conseguido desalojarlos del predio, “porque nosotros somos los verdaderos dueños, ahora pretende confundir a la opinión pública y a las autoridades con sus declaraciones y difamarnos”.

Aseguró que lo que él y su padre, Alejo Maldonado, y sus abogados, “lo que pretenden hacer es quedarse con un terreno que no es de ellos, porque esas tierras se repartieron el 4 de septiembre de 1991 a ejidatarios e hijos de ejidatarios a través de una asamblea general del ejido”.

Agregó que las 6.2 hectáreas en disputa, en ese entonces estaba baldía y ociosa, y al lotificarse se dividió en 189 lotes, en los que están asentadas casas de descanso, restaurantes, un hotel, una posada, un rancho y un oasis, y tiene vocación turística luego de que los ejidatarios abrieron una brecha y después gestionaron que el gobierno pavimentara los casi 3.5 kilómetros de lo que ahora es el acceso principal.

“Ésto empezó a despertar la envidia y la codicia de Alejo Maldonado y su hijo y desde 1993 empezaron a decir que la tierra es de ellos, cosa que es mentira, y a partir de entonces empezaron las demandas contra los posesionarios de las 6.2 hectáreas; tenemos pruebas contundentes para demostrarle que ellos no cuentan con ningún documento que les acredite la propiedad”, dijo Solís Radilla.

Consideró absurdo “decir que las tierras son de ellos cuando nosotros las tenemos en posesión desde 1991 y ellos empezaron el pleito dos años después, digo, cuando alguien invade mi propiedad protesto de manera inmediata, no espero dos años para hacerlo”.

Expuso que desde entonces, las cosas para los ejidatarios “se han venido dando mal por parte de los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, porque no tuvieron jamás la delicadeza de venir a ver el predio en conflicto, inclusive, éste último magistrado no sabía ni dónde se encontraba Playa Larga, por eso de alguna forma no ejecutaba la orden de desalojo”.

“Por otra parte, Alejo Maldonado jamás ha sido ejidatario, no es avecindado, nunca ha participado en una junta de ejidatarios, nunca ha cooperado con el ejido, nunca trabajó la tierra (…) se hizo de sus hectáreas a través de una compra de palmeras que le hizo a un señor que vivió en Petatlán y que tiene el documento el ejido”, informó.

Luego, recordó que en una de las cinco frustradas órdenes de desalojo, “Aquiles Maldonado llegó con dos helicópteros y gente armada con rifles AR-15 en las manos (…) él no tiene ningún argumento legal ni jurídico que diga que la tierra es de su padre; hay un juicio que ellos ganaron, pero es un juicio que tiene muchas anormalidades”.

Añadió que este conflicto ya es atendido por las autoridades correspondientes y confió en que pueda ser tomado por la Secretaría de la Reforma Agraria dentro del programa de focos amarillos.

Adelantan puente de fiestas patrias más de la mitad de los diputados. (La Crisis, Óscar Gilberto Váldez, p.web)

Suspendida, la agenda de comparecencias de funcionarios

El "fantasma" del ausentismo hizo presencia en el pleno de la sesión ordinaria de este martes, debido a que sólo contó con la asistencia sólo de 241 de 500 diputados federales y se desahogaron iniciativas y dictámenes sin relevancia, en tanto los asuntos torales para el país serán abordados a partir del próximo martes.

Más de la mitad de los 500 diputados federales de las seis fracciones partidistas, en su mayoría se adelantaron al puente de las fiestas patrias y a partir de hoy viajaron a sus respectivos estados.

Al respecto, el diputado federal del PAN Miguel Ángel Toscano lamentó que más de 40 por ciento de los 500 legisladores de todos los partidos políticos, sólo acuden a Palacio Legislativo a cobrar sus dietas y no a trabajar en comisiones como es su obligación.

Miguel Ángel Toscano criticó a aquellos legisladores que se adelantaron al puente vacacional del mes de la patria sin haber cumplido con su asistencia a las dos sesiones ordinarias de esta semana.

Dijo que la ciudadanía tiene que evidenciar a los diputados faltistas, para que en el futuro cuando vayan a pedir el voto se les sea negado, porque la ciudadanía ya no tiene por qué sufragar por "zánganos y flojos" que sólo vienen a calentar la curul o que no asisten a las sesiones plenarias.

Sin embargo, la diputada del tricolor Rebeca Godínez justificó las faltas de algunos de legisladores a San Lázaro, con el argumento de que el viaje que realizan cada semana desde sus respectivos estados al Distrito Federal es sumamente pesado, ya que empieza a afectar en su salud.

La legisladora priísta dijo sin embargo que si los representantes populares faltan por el simple hecho de irse de vacaciones o de pic-nic, las ausencias sí son consideradas injustificables y por tanto se les deberá descontar de su dieta.

Ante esa situación, la agenda de comparecencias se interrumpió, y a partir de la próxima semana se reanudarán con la presencia del secretario de Salud, Julio Frenk Mora; el secretario de Energía, Fernando Elizondo, y Sari Bermúdez, de Conaculta.

Para el próximo miércoles comparecerá el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, el director del ISSSTE, Benjamín González Roaro.

En tanto que el jueves 22 acudirá a San Lázaro el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta; de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota; de la Semarnat, José Luis Luege Tamargo, Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y de Economía, Fernando Canales Clariond.

Estrictamente Personal.(El Siglo de Durango, Raymundo Riva Palacio, p.web)

Huele a suicidio

ndan los panistas. Les parece muy negativo que Santiago Creel, que propuso la semana pasada a sus adversarios por la candidatura presidencial del partido que si la diferencia con el ganador resultaba ser de dos dígitos, declinaran, decidió tragarse sus palabras y lejos de abandonar la contienda por la candidatura después de ser derrotado por Felipe Calderón por diez puntos, dijo que seguiría adelante. El sentimiento entre los panistas es que Creel contribuye con esa actitud, a la desunión de un partido que lo que necesita en estos momentos es precisamente cohesión, si quieren llegar en buena condición a la campaña presidencial de 2006.

Los panistas tienen razón en estar preocupados, pues los resultados electorales en el último año los ubican, hoy en día, como seguros ganadores del tercer lugar en la contienda. Después de sacar al PRI del poder en 2000, el PAN no ha logrado consolidarse en él. Por el contrario, el partido arrastra un rendimiento decreciente en el cual pareciera no encontrar salida. La factura electorera que ha acumulado, negativamente, es abrumadora. Desde que llegó al 36 por ciento del voto en 2000, el PAN ha caído 13 puntos a la fecha, con lo que se encuentra 5 por ciento abajo del PRI y, sobretodo, empatado con el PRD, pese a que en la última elección presidencial sólo alcanzó el 17 por ciento del electorado.

Adicionalmente, ha ido perdiendo el voto útil de jóvenes y mujeres que ayudó a Vicente Fox a llegar a la Presidencia, por la decepción de la gente, que según un estudio de Bimba, encuentra al PAN empatado hoy en día con el PRI.. Actualmente, el PAN gobierna al 35 por ciento de la población en el país, contra el 44 por ciento que gobierna el PRI y el 19 por ciento del PRD, que aunque administra a un menor número de ciudadanos, cuenta con bastiones sólidos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde se concentra el por ciento del total del voto nacional.

El PAN ha sufrido pérdidas importantes recientes en el Estado de México, donde fracasó rotundamente en la búsqueda por la gubernatura, pese a haber arrancado de puntero en la campaña, y desapareció del radar nayarita después de haber gobernado seis años al estado. Su última victoria, en Tlaxcala, fue con un candidato salido de las filas del PRI, y en Veracruz evitaron ser humillados, aunque perdieron, gracias a la operación que hicieron ex priistas resentidos.

El PAN, deslavado, no avanza. Un indicador es la apatía en la primera vuelta de la elección de su candidato a la Presidencia, donde el abstencionismo tocó el 70 por ciento en los diez estados donde hubo comicios. Otro es que, pese al repunte de la popularidad del presidente Fox, se mantiene por debajo de 50 por ciento su nivel de aprobación sobre la forma como gobierna. Uno más, finalmente, es que el factor Fox que impulsó las victorias panistas en 2000, se ha convertido en un lastre. La derrota este domingo de Creel, el candidato de Los Pinos, ante Felipe Calderón, a quien denostaron en Los Pinos, es una señal clara del saldo negativo que se imprime al candidato relacionado con Fox.

Las señales, sin embargo, no parecen haber sido tomadas demasiado en serio por Creel, quien pese a los consejos que recibió este domingo cuando era claro que saldría derrotado por dos dígitos, se negó a declinar. Creel, un panista de carnet bisoño, vio que el apoyo del Presidente y de la jerarquía del PAN no es suficiente. Calderón mostró otra fuerza adicional que también debería ser una señal de lo que se está pensando del ex Secretario de Gobernación dentro de las filas del partido más viejo de México: no está bien visto.

¿En la celebración de la victoria, Calderón recibió la visita, y se tomó fotos, con los secretarios de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota -que le debe el despacho-, y de Turismo, Rodolfo Elizondo -viejo compañero de luchas en el país-. Por teléfono lo felicitó el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, quien es un experimentado operador político que se fogueó en su viejo partido, el PRI. Dos secretarios más, de la élite del gabinete, están también con Calderón, haciendo patente su rechazo a Creel. Es decir, más de la mitad del gabinete, si se entiende que los militares y el de Hacienda son apartidistas, se encuentran del lado de Calderón y en oposición a Creel, quien hasta hace poco, cuando menos por razones de operación, era su jefe.

Regidor tricolor de Pachuca denuesta demanda municipal. (Milenio, Miguel Alburquerque, p.web).

Pachuca

El representante priista se dijo preocupado por el hecho de que los tlaxiaquenses utilicen argumentos sin sustento para crear problemas que no existen.

El regidor priista Roberto Rico dijo que el problema limítrofe entre Pachuca y San Agustín Tlaxiaca “sólo existe en la mente” del alcalde, el síndico procurador y los regidores de la segunda población, a los cuales calificó como “unos auténticos neófitos en materia técnica, geográfica y jurisdiccional de los territorios”.

Para las autoridades de la ca-pital del estado, dijo, “está claro que el límite de la ciudad es el ejido de Santiago Tlapacoya y que San Agustín Tlaxiaca inicia donde acaba este terreno”.

Informó que los regidores pachuqueños solicitarán formalmente al Registro Agrario Nacional una copia del plano de Tlapacoya, con el propósito de aclarar la situación mediante fundamentos legales.

“Si ellos van a determinar, en algún momento, someter el asunto a la consideración de los tribunales, estaremos preparados para poder contrarrestar los argumentos que tengan”, comentó.

Hizo referencia a una reunión entre asambleístas de ambos ayuntamientos que se efectuó hace algunos meses. Aseguró que mientras los regidores de Pachuca mostraron documentos oficiales que comprueban el alcance de su territorio, los de Tlaxiaca se basaron en “testimonios ancestrales”.

“Se voltearon y nos dijeron que de tal nopalera a tal maguey es territorio de Tlaxiaca, porque así se lo habían dicho sus abuelos”, explicó.

El representante priista se dijo preocupado por el hecho de que los tlaxiaquenses utilicen argumentos sin sustento para crear problemas que no existen.

“No vamos a ceder a presiones ni chantajes del gobierno municipal de Tlaxiaca”, aclaró Rico. Dijo que la administración de Ernesto Hinojosa acusa graves problemas financieros, “y para distraer la atención tiende una cortina de humo, creando pro-blemas limítrofes que no existen más que en sus cabecitas”.

Advirtió que los regidores de Pachuca sólo participarían en una mesa de diálogo si existie-ran fundamentos técnicos y legales para certificar el límite de cada población.

Más compra de lotes en Hunucmá. (Diario de Yucatán, p.web).

MÉRIDA

Presunta venta de 400 hectáreas al gobierno del Estado

Presuntos colaboradores de Antonino Almazán Arteaga, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) siguen comprando tierras en Hunucmá para el gobierno del Estado, de acuerdo con asesores de ejidatarios inconformes con la venta de terrenos para el nuevo aeropuerto.

El pasado viernes se vio a esas personas operando en la comisaría de Huncanab.

De acuerdo con abogados de los ejidatarios, ahora el gobierno pretende obtener 400 hectáreas de esa comisaría.

Sin embargo, los campesinos ya se preparan para denunciar este caso ante el Tribunal Unitario Agrario, como lo hicieron la semana pasada por presuntas irregularidades en la venta de tierras para el nuevo aeropuerto.

Los asesores jurídicos indicaron que el viernes pasado, “al parecer sin cumplir las leyes”, los compradores estuvieron haciendo pagos de alrededor de $18,000 a los ejidatarios por la compra de sus tierras, en una asamblea que ni siquiera fue convocada y no contó con la lista de asistencia.

Aunque varios ejidatarios aceptaron esos pagos, otros lo rechazaron por considerar que fue en una operación ilegal, y son precisamente quienes presentarán la denuncia en este caso.

Metropólisur Los abogados suponen que las nuevas compras de tierras son parte del proyecto Metrópolisur, que impulsa el gobierno del Estado, pues los terrenos están en el área donde se construiría el aeropuerto que sustituirá al actual del sur de Mérida.

Ayer mismo, el gobernador Patricio Patrón Laviada continuó promoviendo el proyecto Metrópolisur entre varios sectores de la sociedad. Ayer lo presentó ante estudiantes y personal docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la colonia Santa Rosa.

Sector agropecuario

Buscará la Sagarpa mejorar la ley de la caña de azúcar. (La Jornada, p.web)

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aseguró anoche que continuará su trabajo con el Poder Legislativo, con el propósito de que queden integradas en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar las modificaciones que en una primera etapa no fueron tomadas en cuenta por los legisladores, pero que son necesarias para asegurar el mejor desarrollo de la agroindustria del dulce. En un comunicado, la Sagarpa reconoció la disposición del Poder Legislativo para aprobar una parte de esas modificaciones, y expresó su confianza en que "habrá una explicación satisfactoria sobre el motivo por el cual no fueron realizadas todas las modificaciones" en la sesión celebrada el lunes pasado en la Cámara de Diputados. Agregó que la Sagarpa "está convencida de la buena voluntad y el compromiso de los legisladores, en el sentido de que se cumplirá a cabalidad con los puntos acordados", y puntualiza que, por su parte, "ha cumplido totalmente" lo pactado en el acuerdo político correspondiente

Destinarán $8 mil millones para afiliar a campesinos. (La Jornada, Andrés T. Morales, p.web)

Veracruz, Ver., 13 de septiembre. Pese a sus problemas financieros, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) canalizará en lo que resta del año un fondo especial de 8 mil millones de pesos para afiliar a 2 millones de trabajadores agrícolas del país, informó en este puerto el director de Incorporación y Recaudación de esa institución, José Antonio Alvarado Ramírez. Indicó que con esta medida el número de derechohabientes del Seguro Social pasará de 45 a 55 millones. En entrevista, el funcionario del instituto destacó que Veracruz será una de las entidades que resulten más beneficiadas con la incorporación de unos 45 mil jornaleros agrícolas, con este proyecto. Asimismo, Alvarado Ramírez refirió que gracias a las reformas a la ley del Seguro Social, aprobadas a principios de este año, será posible ampliar la cobertura de asistencia médica para los trabajadores agrícolas.

Prensa Estatal

CHIAPAS

La OCEZ recibe demanda penal. (Cuarto Poder, Gonzalo Pérez, p.web).

COMALAPA

Por los delitos de amenazas, daños y despojo, campesinos del predio Tres Pinos demandaron ayer a los del Ejido Verapaz ante el fiscal del Ministerio Público, debido a que el 11 de septiembre, militantes de la OCEZ-CNPA-UMOI realizaron deslindes y posteo en dicha propiedad.

DISTRITO FEDERAL

Crean comisión para proteger suelo de conservación ecológica en Xochimilco. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p.web).

La integran las secretarías de Desarrollo Urbano y del Medio Ambiente

Buscará evaluar daños y revertirlos Será un modelo a seguir en otras delegaciones

En una acción sin precedentes en el DF, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y del Medio Ambiente instalaron la Comisión de Regulación Especial de los Asentamientos Irregulares de Xochimilco. El objetivo es definir estrategias que permitan ordenar y controlar el uso de suelo de conservación, afirmó la titular de la Seduvi, Laura Itzel Castillo, y agregó que se espera que esta comisión se convierta en el modelo a seguir en el resto de las demarcaciones que aún cuentan con suelo de conservación.

Puntualizó que anteriormente los asentamientos se regularizaban a partir de un programa parcial, pero en la actualidad en la ciudad se tiene conciencia de que existe una problemática con aspectos ambiental y social que no se pueden desconocer.

Por su parte, el subdirector de Ordenamiento Territorial de la Seduvi, Edgar Sánchez Barrientos, dijo que el objetivo de dicha comisión será realizar estudios para evaluar el daño causado al medio ambiente, y una vez que se conozcan los resultados se determinarán acciones para disminuir la afectación al ambiente, lo cual incluirá pagos compensatorios a la ciudad de México por pérdida de servicios ambientales, así como medidas de control para evitar "su desdoblamiento", como desalojos o reubicaciones, y en algunos casos la cancelación de permisos para cambio de uso de suelo.

Dijo que, como lo ordena el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, los asentamientos humanos en el suelo de conservación, deben estar sujetos a evaluaciones para determinar su tratamiento y las estrategias para disminuir las afectaciones al medio ambiente. Precisó que en Xochimilco existen 300 asentamientos irregulares, ubicados en zonas lacustres y de montaña, de los cuales 150 estarían considerados para ser sujetos de estudios de impacto urbano ambiental, así como de estudios específicos.

Sánchez Barrientos detalló que, en el primer caso, los estudios están diseñados para asentamientos con un alto grado de consolidación; es decir, que cuentan con todos los servicios y/o se encuentran integrados total o parcialmente a los cascos urbanos. En dichos asentamientos se adoptarán estrategias para minimizar las afectaciones ambientales.

En el segundo caso, los estudios serán aplicados en los asentamientos que aún no cuentan con servicios de forma regular y que se encuentran aislados de los cascos urbanos e interactúan con zonas naturales. En este caso servirán para determinar la factibilidad de otorgar el uso de suelo.

Añadió que en los asentamientos que sean calificados de forma favorable, sus ocupantes firmarán un convenio para garantizar el cumplimiento de acciones estratégicas para su control, a cambio de la liberación de uso de suelo. Además realizarán un pago compensatorio por pérdida de servicios ambientales, que se destinará a ejecutar medidas de mitigación ecológica o para infraestructura que minimice el impacto ambiental.

GUERRERO

Por quinta vez, el representante de la CFE no asiste al careo con comuneros. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

“Tiene intención de venir, pero lo espantan y no lo dejan entrar”, justifica el juez.

El representante de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Gutiérrez Tejada, no asistió al careo convocado por el juez sexto en material penal, Marco Antonio Ordorica, en el que sí estuvieron presentes los comuneros opositores a la presa La Parota, Marco Antonio Suástegui y Francisco Valeriano Hernández, acusados del delito de privación ilegal de la libertad.

El juez justificó la inasistencia del funcionario de la CFE, y dijo que “el agraviado tiene intención de venir, pero (los comuneros) lo espantan y no lo dejan entrar”.

Al juzgado sexto, con sede en el Cereso de Las Cruces, asistieron Marco Antonio Suástegui y Francisco Valeriano, acompañados de unos 50 comuneros e integrantes de organizaciones civiles, quienes esperaron afuera del penal mientras se desarrollaba la diligencia.

Esta es el quinto citatorio que emite el juez para realizar el interrogatorio a petición de la parte acusadora, en este caso la CFE, como parte del proceso que se sigue por la denuncia del delito de privación ilegal de la libertad en contra de los dos comuneros.

De acuerdo con la ley, después de la tercera inasistencia de una de las partes implicadas el juez puede hacer uso de la fuerza pública para obligarlas a comparecer; sin embargo, a pesar de que es la quinta inasistencia del representante de la CFE a los interrogatorios –que como acusador ha promovido ante el juzgado– el juez no ha ordenado la participación de la policía.

Al respecto, el juez Marco Antonio Ordorica dijo que “tengo entendido que el agraviado tiene interés (de asistir), pero las personas que están afuera lo espantan y no lo dejan pasar”.

Explicó que en estos casos –en que no asiste una de las partes– se programa para otro día la diligencia de testimoniales. No precisó, sin embargo, hasta cuándo se le notificará al funcionario de la CFE que será obligado a comparecer con ayuda de la fuerza pública.

A la pregunta de que si la policía pudiera proteger al demandante para lograr el interrogatorio, el juez respondió que no tenía facultades afuera del juzgado, pero recordó que desde un principio Jaime Gutiérrez no podía entrar porque los comuneros estaban obstruyendo la entrada.

En entrevista, el vocero de los opositores a La Parota, Marco Antonio Suástegui, calificó la actitud del juez como “una artimaña” para alargar el proceso y obligarlo a asistir cada viernes al Cereso a firmar su libertad condicional.

Al final de la diligencia, el secretario de acuerdos anunció que la próxima fecha para el careo será el 30 de septiembre.

JALISCO

Jaliscienses se opondrán con sangre a la presa El Zapotillo. (La Jornada, Juan Carlos García, p.web).

Guadalajara, Jal. Habitantes de Temacapulín, municipio Cañadas de Obregón, en la zona alteña de Jalisco, advirtieron que defenderán "con sangre" las tierras de ese poblado, que según ellos se anegarían con la construcción de la presa El Zapotillo. Mientras tanto, el secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, calificó de "saboteadores" a quienes hablan con mentiras, pues "en Temacapulín a nadie se le va a inundar su propiedad". Luego de una frustrada entrevista entre funcionarios del gobierno y vecinos de Temacapulín, la mayoría de pobladores refrendaron su negativa a que se edifique la presa.

MORELOS

Autoridades de la CEAMA y ejidatarios recorrieron la barranca "El Gigante". (La Unión de Morelos, p.web).

Javier Bolaños Aguilar, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), acompañado de autoridades ejidales y usuarios del río Cuautla, realizaron un recorrido para iniciar los estudios de factibilidad y geofísicos de la presa "El Gigante".

Bolaños Aguilar puntualizó que gracias al apoyo del gobernador Sergio Estrada Cajigal, se están haciendo las gestiones para obtener los recursos que se utilizarán para la construcción de esta presa: "Conjuntamente los usuarios del río Cuautla y el gobierno estatal aportarán los recursos para realizar los estudios de este proyecto", los cuales se realizarán en un periodo no mayor a cuatro meses. La empresa que llevará a cabo por decisión de los usuarios estos estudios, será Ingeniería de Evaluación y Perspección S.A., la cual se comprometió a encontrar el lugar adecuado para la construcción de esta importante obra hidroagrícola, que podrá irrigar más de 2 mil 800 hectáreas y beneficiará a cerca de 3 mil 200 campesinos de esta región.

Por su parte, Evaristo Genis Campos, presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), enfatizó que gracias al apoyo de la CEAMA se están realizando estos estudios: "Lo más importante es la gestión de recursos que ascienden a casi 50 millones de pesos para realizar el sueño de los campesinos de esta zona".

Asimismo, Bolaños Aguilar invitó a los usuarios del río Cuautla y autoridades ejidales a trabajar en conjunto, ya que "poniendo piedra sobre piedra, no habrá quien pare esta gigantesca obra".

Se inconforman con elecciones de comisariado ejidal. (La Unión de Morelos, Evaristo Torres, p.web).

San José.- Integrantes de la planilla verde se inconformaron ante el delegado agrario en el estado, por los resultados de las elecciones del pasado 26 de agosto, en que se renovó la dirigencia ejidal.

En un documento firmado por los integrantes de la planilla verde -que apoyaban a Mario Lome Hernández para presidente del comisariado ejidal y que perdió frente a la roja de Antonio Espíndola Garduño-, los inconformes señalan que el pasado 30 de agosto interpusieron el recurso de queja ante el delegado agrario en el estado, Rogelio Castañares Ferrer, "por la forma poco transparente de cómo se efectuó el cambio de órganos de representación ejidal el pasado 26 de agosto".

Advierten que "la impugnación se hará en tiempo y forma ante el tribunal unitario agrario, como lo marca la ley agraria".

Critican que en la orden del día, para el cambio de presidente del comisariado, no se cumplió el punto siete, que obliga al comisariado saliente (Felipe Crespo Ortiz) a rendir un informe de su gestión (aunque en entrevista anterior, Crespo Ortiz se había comprometido a hacerlo posteriormente, aunque no dio fecha).

Enlistan una serie de puntos que Crespo Ortiz debe aclarar, entre otros: 65 mil pesos del fondo de crédito a la palabra del programa municipal de Sedesol; los 800 mil pesos que recibió por concepto de indemnización del basurero del ejido ubicado en el campo "Loma de Plaza"; los recursos generados durante los tres años, por la venta de agua a piperos; las cuotas de 30 pesos por hora para riego de las parcelas, de los tractores agrícolas y de la playa ejidal; el costo de reparación de la bomba del campo La Joya y cuestionan la construcción de una barda en la playa ejidal que se cayó al poco tiempo.

"Exigimos la destitución inmediata de Fernando Nava Loyola, visitador agrario en el municipio de Puente de Ixtla, por la forma tendenciosa y dolosa de conducirse en los asuntos internos de los ejidos y en especial el nuestro", finaliza el documento.

Cartones