CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
5 DE SEPTIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Descuida Pemex los ductos
Omite auditorías
sobre seguridad por carecer de dinero para reparaciones
Reportan muertes de paisanos por “Katrina”
SRE: tres mexicanos fallecen en Nueva
Orleáns
Va el IMSS con todo para reformar pensiones
Dispuestos a llegar a tribunales, clanes
familiares tiene secuestrado al Instituto: Padilla
Mantener el país en marcha, la prioridad
Fox dejaría todo en orden para
que su sucesor no se quiebre la cabeza
Al ring
del IFE, Gordillo y el tricolor
Entra hoy la demanda de la maestra.
La cúpula priísta envía argumentos en defensa
Exonera la PGR al Niño Verde
Desechan acusación por peculado
Indaga PGR tráfico de armas para el EPR desde Venezuela
La SIEDO pidió información a la Interpol y a la embajada venezolana
Fox: “fuerte, entero,
juvenil”
“Ganaremos la batalla contra narco y crimen organizado”
Espera Fox permiso para aplicar DN-III en Nueva Orleans
Irá el Ejército cuando disponga el
Gobierno de EU, dice
Jueces sin rostro, una trampa
Sector agrario
Anciana denuncia
ante la Coddehum a su hijo por despojo. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web)
Cd. Altamirano,
Gro. La señora Filiberta
Alonso Valle, de 89 años de edad y quien dijo vivir en la calle
Emiliano Zapata sin número en la población de San Juan Mina, del
municipio de Tlapehuala, se presentó en la oficina regional de la Comisión
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum),
en donde acudió a solicitar apoyo.
En el relato
que le hizo a Alma Rosa Merino Cortés, una de las responsables
de dicha oficina, señaló que su esposo falleció hace años y que
se vio precisada a empeñar las escrituras de la casa para solventar
los gastos.
El encargado
de hacer esos trámites fue uno de sus hijos de nombre José Bahena Alonso, quien al final terminó de pagar el dinero prestado
y de esa manera recuperar las escrituras.
Relató que
la modesta casa en donde vive la construyó con su marido hace
43 años y es su único patrimonio, pero ahora su hijo pretende
despojarla de su casa ya que cambió los papeles a su nombre con
la complicidad de los representantes ejidales.
Dijo que
ella vive de la caridad pública, ya que unos vecinos la proporcionan
el sustento y que el motivo de acudir a la Coddehum
es con la finalidad de que le ayuden para que pueda vender una
parte del terreno y de esa manera ayudarse en sus necesidades.
Por tratarse
de un asunto derivado con la tenencia de la tierra, su asunto
fue canalizado a la Procuraduría Agraria para ver si ahí
le restituyen su propiedad y se ayude en lo que le resta de vida.
Solapan instancias federales caso Tamarindillo:
Ana Lilia Guillén. (Cambio de Michoacán, Daniel
Díaz, p.web)
05 de septiembre de 2005
MORELIA
La diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) e integrante de la comisión investigadora del contrato de
compraventa con el que supuestamente el presidente Fox
adquirió la propiedad de la bahía El Tamarindillo, Ana Lilia Guillén,
aseguró que la nota aclaratoria esgrimida por Margarita Chávez
–integrante de la comisión investigadora- fue motivada por la
escasa información que esta última tenía sobre la investigación
que se viene realizando sobre las irregularidades en la adquisición
de la propiedad ejidal de la costa michoacana.
La diputada federal esgrimió en torno a los trabajos que se
vienen realizando en la comisión investigadora del caso de El
Tamarindillo, consecuencias que dejan entrever las irregularidades
que van desde los prestanombres -Cosme Mares y Rubén Hernández-
hasta la prontitud del trámite que de julio a diciembre fue resuelto
por la autoridad agraria.
Ante los medios de comunicación, la diputada perredista mostró la duplicidad del certificado parcelario
219319/0001, donde se muestra que fueron alterados datos, lo anterior
porque en el primer certificado de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), el registro que se hace no cuenta con playa, situación
por la que 30 días después se duplica el acta modificando los
limítrofes para que este predio colinde al oeste con el Océano
Pacífico.
Asimismo, contestó a las declaraciones que la diputada panista Margarita Chávez realizó en su contra, señalando que
«ella no tenía conocimiento total de las pruebas documentales
que hoy presento a la opinión pública».
Comentó Ana Lilia Guillén que, «la comparecencia de la semana
pasada dirigida por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar, y el procurador agrario nacional, Isaías Rivera,
donde de manera reiterada negaron que se haya dado la compraventa
del predio El Tamarindillo; también, rechazaron que Cosme Mares
había abusado de la ventaja de ser amigo del presidente, por lo
que con esta documentación se muestra que sí hubo un apoyo para
ser nombrado ejidatario» aunque legalmente no esté asentado bajo
esa categoría.
Aseguró que «el documento de la SRA responde al Congreso, ya
que en una jurisdicción voluntaria hizo ejidatario a Cosme Mares;
manifiestan que no hubo compraventa y que no importa que el presidente
de la comisión ejidal tenga dos nombres, porque eso sólo es delito
en materia de derecho civil.
«En documento de la Secretaría de la Función Pública, reconoce
lo que la SRA no admite jamás: que eran terrenos de uso común,
donde no hay contrato de compraventa, sino de cesión derechos
de la superficie de El Tamarindillo, documento ratificado ante
el notario público número 30 de Coahuayana, el 30 de agosto del 2003».
En este documento –aseguró Lilia Guillén- «el presidente, secretario
y tesorero, cotejan el 30 de agosto donde seden los derechos 241
asignatarios, asimismo logramos tener la certificación de quienes
eran delegados de la SRA, Roberto Belmonte López, quien en ningún
momento ha sido delegado y cuya firma aparece en los planos y
documentos para asignar la delimitación y poder proceder a la
compraventa».
Con los tres documentos expuestos por la diputada Lilia Guillén,
se trata de mostrar que se reconoce como ejidatario a Cosme Mares,
mientras que Salvador Vargas Pulido aparece como el que cede los
derechos al primero y a Rubén Hernández, tal como está asentado
en el expediente número 385 de la SRA, donde se admite la venta
de 116 ejidatarios que cedieron sus derechos, al mismo tiempo
que se contradice el total de hectáreas adquiridas entre 241 y
269.
Por último, la diputada federal aseguró que «existe en el archivo
del ejido un acta de la asamblea del 20 de julio, misma que nunca
se llevó a cabo y donde supuestamente se asienta la huella digital
de Eduardo León, de quien se cuenta con un registro de defunción
fechado el 15 de abril del mismo año y donde la ratificación para
nombrar ejidatario a Mares y Hernández debería estar asentada,
pero no aparece».
Plantean obligar al Ejecutivo a dar más recursos
al campo.
(El Universal, Jorge Teherán, p.web).
Proponen diputados
en nueva ley agraria `candados` para expropiar tierras
La Cámara de Diputados discutirá,
en el actual periodo de sesiones, la nueva Ley Federal Agraria,
que impone candados al Ejecutivo para la expropiación de
tierras y lo obliga a otorgar mayores recursos al campo.
En el dictamen que se encuentra
en poder de EL UNIVERSAL se establece, además, certidumbre
jurídica en la tenencia de la tierra, y se crean nuevos paquetes
de derechos como el caso de las tierras en las zonas indígenas,
el patrimonio de familia, los posesionarios y el acceso a la tierra.
El presidente de la Comisión de
Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus
(PRI), dijo que esta nueva ley beneficiará a 422 mil posesionarios
de tierra, 823 mil avecindados, 6 mil 830 ejidos y comunidades
en zonas indígenas que abarcan 22 millones de hectáreas, de los
cuales 220 mil indígenas son propietarios de tierras.
La ley, agregó, reconoce la importancia
de la mujer en el campo, debido a que la mitad de la población
rural es femenina: 21.2 por ciento de los habitantes en zonas
rurales tiene como jefe de familia a una mujer, y en tres de cada
10 hogares la mujer es el único sostén.
La ley, dijo, tiene un alto contenido
social, ya que incorpora a los ejidos y comunidades a la discusión
de la problemática agraria desde los municipios y estados, de
tal manera que puedan participar en la definición de políticas
agrarias.
García Corpus explicó que es necesario
y pertinente que en esta ley se establezca que el Ejecutivo federal
tome previsiones presupuestales para
atender la problemática.
"El presupuesto para atender
la demanda agraria no debe estar sujeto a quien se encuentre en
la Presidencia, sino a las demandas planteadas por los campesinos
del país", dijo.
En el documento se establecen los
candados para la expropiación de tierras y se limitan las
reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda, además
de eliminar desarrollo ecológico, la industria y el turismo.
Además de la expropiación, se prevé
la ocupación temporal y la imposición de alguna limitación de
dominio, "dos formas de ocupación en ejidos que se vienen
produciendo y que, por tanto, deben ser objeto de regulación legislativa".
En el nuevo ordenamiento se establecen
obligaciones al Ejecutivo para canalizar inversión, crédito y
capacitación, y se obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria
a fomentar el aprovechamiento conjunto de predios y fortalecer
la investigación en esta materia.
El Ejecutivo, refiere el texto,
creará los instrumentos que permitan el acceso a la tierra de
la población rural, y dará prioridad a los sectores de la población
más desfavorecidos, como jóvenes, mujeres y propietarios con menos
de 10 hectáreas.
Además, la ley protege a las pequeñas
propiedades, ya que establece que las que no excedan las 10 hectáreas
de riego o su equivalente, gozarán de protección.
García Corpus explicó que hay 996
mil propietarios con menos de cinco hectáreas y 200 mil propietarios
indígenas, y ellos serán beneficiados.
El dictamen de la ley será presentado
la próxima semana al pleno para su discusión y aprobación.
Exigen al TUA la sentencia sobre el conflicto por
18 solares en la Juan R. Escudero. (El Sur (Guerrero),
Karina Contreras, p.web)
Ya se demostró al magistrado Lara
García que el Registro Nacional Agrario informó al Fideaca
que el ejido de Santa Cruz, que demanda los solares, no existe,
se quejan los vecinos afectados
Vecinos de la colonia Juan R. Escudero
–antes ejido de Santa Cruz– exigieron al magistrado del Tribunal
Unitario Agrario (TUA) número 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, que
dicte la sentencia sobre el conflicto por la posesión de 18 solares
que personas que se dicen ejidatarios reclaman, mediante un juicio
de restitución o indemnización, a dependencias federales.
La vecina Heriberta
Ayala Bailón informó que el 3 de febrero, Lara Orozco se comprometió
a dar un fallo sobre el conflicto que mantienen quienes se dicen
ejidatarios de Santa Cruz, dependencias federales y vecinos
del lugar, pero ya pasaron siete meses y no lo ha hecho, lo que
ha provocado que la gente viva con incertidumbre.
En una visita a la redacción de
El Sur, los vecinos indicaron que les llegó una multa de Hacienda
por mil 200 pesos, como al colono Francisco Granados Salgado,
por no llevar abogado en la última audiencia.
Ayala Bailón pidió la intervención
del gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo para que se dé la sentencia, pues “nosotros pagamos peritos
topográficos para que midieran los terrenos como lo solicitó el
tribunal, pero ni éste ni los ejidatarios han hecho su parte”.
Acusó que el tribunal dicta “sentencias
a las personas de manera injusta, pues no tenemos con qué pagar.
Nosotros no tenemos dinero para andar gastando”.
Ayala Bailón dijo que ya han demostrado
al magistrado que lo que dicen “los señores no tiene sustento”,
incluso el Registro Nacional Agrario (RAN), a través de
la delegación estatal, informó al Fideicomiso Acapulco (Fideaca)
que el ejido de Santa Cruz, que mantiene un juicio en el TUA por
la restitución de 18 solares, no existe y por lo tanto se desconoce
a sus autoridades ejidales.
Dijo que como no hay dinero tienen
una abogada de la Procuraduría Agraria, de nombre Inés
Luna Santiago, quien se comprometió a que haría el papeleo para
que les quitaran la multa, pero “no hizo nada. Nos recomendó al
perito y le entregamos el dinero para que se lo diera, pero resulta
que éste no hizo ningún trámite ante el tribunal”.
Desde 2002, algunas personas que
se dicen ejidatarios de Santa Cruz, y tienen como representante
al señor Guillermo Flores Rodríguez, comenzaron una controversia
agraria en el TUA por la restitución de 18 lotes en la zona urbana
o, en su caso, la indemnización a valor actualizado de los terrenos.
En los lotes que reclaman viven
unas 200 familias y el argumento de los demandantes es que en
el decreto de expropiación habían quedado como reserva para el
ejido los 18 solares, pero hasta el momento no han
sido recibidos físicamente y no les han dado autorización para
ocuparlos.
La demanda de juicio agrario, que
está bajo el expediente 139/2004, es contra el gobierno federal,
por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, como
autoridad sustituta del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización,
y contra el Fideicomiso Acapulco.
Involucra CNA a asociación civil para no distribuir
agua en Axocopan, acusan. (La Jornada, de Oriente, Ignacio Juárez, p.web)
PUEBLA
5 de septiembre de 2005
Pese a que el Fundo Legal de Axocopan
demostró jurídica, técnica y empíricamente que la concesión de
la fábrica textil El Volcán resulta ociosa, la gerencia estatal
de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en Puebla diseñó una nueva
estrategia para impedir la redistribución de ese aprovechamiento,
que consiste en inmiscuir a una organización civil, dirigida por
el priista Pedro Especia Berra, que
no tiene asignado ningún permiso de uso en los manantiales de
La Magdalena Axocopan.
Lázaro Salazar Reyes, asesor del Fundo Legal, sostuvo que Especia
Berra dirige la asociación de usuarios del sistema de riego de
los manantiales de San Baltazar, el
río Cantarranas y sus afluentes, la cual está integrada por 83
personas. Sin embargo, dijo, en las actas de protocolización sólo
aparece la firma de 60 sujetos y resto aparece sin apellidos y
existen muchos espacios vacíos.
Desde el inicio del conflicto por la disputa del agua, explicó,
el Fundo Legal demostró que la concesión de 203 litros por segundo
(lps) de uso no consuntivo –agua de paso que no puede ser utilizada
para riego– que tiene El Volcán, propiedad de los hermanos Migoya Junco, había dejado de ser válida en 1975 cuando la
Secretaría de la Reforma Agraria comprobó que las turbinas de la
fábrica eran movidas con energía eléctrica y que el líquido era
comercializado entre los campesinos de la región o para regar
hectáreas de cultivo.
Por si fuera poco, expuso, la fábrica cerró sus puertas a mediados
de 2004, pero la CNA continuó validando la concesión de 203 lps que la empresa tiene en los manantiales de Axocopan, así como otro aprovechamiento de casi mil lps. del río Cantarranas. De ahí
surge la petición del Fundo Legal de cancelar el permiso y distribuir
el líquido entre los campesinos.
A decir de Salazar Reyes, el gerente de la CNA, Manuel Beristáin Gómez, al igual su antecesor Júel
Arroyo Gutiérrez, se niegan rotundamente a aceptar la petición
con el argumento de que los 203 lps
están concesionados “aguas abajo”, pero cuando los campesinos
exigieron la lista de las personas que resultarían afectadas nunca
se las entregaron. Este reportero también solicitó al funcionario
dar a conocer los nombres de los concesionarios, pero se rehusó.
Fue hasta hace unos meses, indicó Lázaro Salazar, cuando la
CNA decidió involucrar directamente a Pedro Especia con el argumento
de que su asociación es beneficiaria de los 203 lps
de El Volcán. La razón de fondo, aseveró, es que las autoridades
federales, estatales y municipales pretenden conservar a toda
costa el aprovechamiento de la fábrica, porque de ahí sacarán
el agua para el ambicioso plan de desarrollo urbano que se pretende
detonar en la zona y que consiste en la construcción de sendas
centrales de acopio y camionera, zonas residenciales, parques
industriales, corredores turísticos y vivienda de mediana densidad.
El papel de Especia Berra, manifestó, será impedir que el agua
de El Volcán sea repartida entre los campesinos con el argumento
de que sus agremiados serán perjudicados, porque ellos son los
concesionarios de “aguas abajo”.
Está a punto de solucionarse conflicto agrario entre
Tlacoapa y Malinaltepec. (Pueblo Guerrero, Zacarías Cervantes, p.web)
Funcionarios de
la SRA, de la CNC y autoridades comunales de El Capulín, llegaron
a un primer acuerdo en la disputa de más de 456 hectáreas de tierra
Un conflicto agrario entre comunidades
de Tlacoapa y Malinaltepec,
que estalló hace más de cien años y que ha provocado hechos de
violencia entre los comuneros que se disputan más de 400 hectáreas
de tierra, está a punto de solucionarse luego de los primeros
acuerdos.
Funcionarios de la SRA,
de la Confederación Nacional Campesina y autoridades comunales
de El Capulín, Tlacoapa, llegaron ayer a un primer acuerdo en la disputa
de más de 456 hectáreas de tierra.
José Gilberto Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la SRA, dijo ayer que se reunieron con el comisario de
El Capulín, Ismael Galeana, que a nombre de esa comunidad logró
que el punto conocido como La Sabana y que peleaban los comuneros
de Ocoapa, Malinaltepec, pase a Tlacoapa, “ahora
falta que los de Ocoapa accedan a negociar
para ellos la zona de El Capulín, pero se ha avanzado de manera
considerable y seguramente ya no habrá problemas”.
El funcionario de la SRA expresó
también que es un problema social, “la única manera es que las
dos partes estén conformes con la solución que se dé y que se
respeten los límites y al terminar la SRA compensará con recursos
y proyectos productivos”.
En otro tema, Hershberger Reyes afirmó que hasta el momento la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) no ha presentado la solicitud de
la expropiación de tierras para la construcción de la presa La
Parota.
Entrevistado ayer, el funcionario
de la SRA reconoció que la CFE no ha entregado la solicitud de
expropiación acompañada de los planos, el proyecto, el dictamen
de impacto ambiental de Sedesol y el
levantamiento topográfico “o sea que no ha integrado el expediente”.
Dijo que mientras no se presente
ese expediente no se puede iniciar el procedimiento expropiatorio
ni se puede hacer el levantamiento topográfico, “con esto ya se
puede solicitar al Instituto de Avalúo de Bienes Nacionales el
avalúo para luego elaborar el decreto presidencial expropiatorio
con la superficie y el monto que se pagará y luego lo firmará
el presidente Vicente Fox para publicarlo en el Diario Oficial”.
“Una vez que la CFE pagó la expropiación,
la SRA le entregará las tierras, pero como no se ha presentado
la solicitud física de la expropiación no se puede avanzar; en
cuanto se reciba de inmediato se iniciarán los trabajos que nos
corresponden que tarda unas dos semanas y se terminan en un plazo
no mayor a cuatro meses”, indicó.
Con relación a los comuneros que
se oponen al proyecto de La Parota y que demandan otra asamblea,
Hershberger Reyes señaló “la ley agraria establece que los
acuerdos de asamblea son obligatorios para los presentes, para
los ausentes y para los disidentes y aunque haya un grupo que
se opone tiene que someterse a la voluntad mayoritaria de la asamblea”.
Replica Cousey. (Diario de Yucatán, p.web)
A un artículo de Victor
Fernández Medina
Mérida, Yucatán, 4 de
septiembre de 2005.
Gobierno del Estado
Sr. Carlos R. Menéndez Navarrete.
Director del Diario de Yucatán.
P r e s e n t e
Estimado Sr. Director:
Por este conducto nos permitimos comentar algunos aspectos
del artículo publicado el pasado jueves 1° de septiembre en el
Diario por el Sr. Víctor Fernández Medina, titulado “Más especulación
con terrenos”, esperando se le pueda dar la difusión que se le
otorgó a éste.
El Sr. Fernández Medina señala que el gobierno del estado se
ha convertido en especulador con tierras ejidales en beneficio
propio y de particulares: Al respecto, es conveniente precisar
lo siguiente:
Respecto de la investigación que aduce por la corrupción que
priva en nuestro país, no concede fuente alguna y por ende no
debe de tomarse en consideración los números publicados. Suponiendo
sin conceder que fueran medianamente veraces, la Cousey
está hoy muy alejada de esa realidad que, sin cortapisas, se asegura
en dicho artículo, impera en el país.
A pesar de que es contundente la frase del gran historiador
y politólogo Lorenzo Meyer de que “la
corrupción es el uso ilegal de un cargo público para fines privados...”,
nos permitimos diferir sustancialmente de esta aseveración. Creemos
que la corrupción es mucho más que eso ya que el autor del artículo,
parafraseando al Dr. Meyer, induce al error pues es obvio que la corrupción trasciende
más allá del escenario político, sino comienza en casa, en las
familias, en negocios entre personas o empresas y llega hasta
la cosa pública. En resumen, estamos convencidos de que en el
actuar de dicha Comisión (también podríamos decir que “en la operación
del Club de Golf”), no existe esta práctica
que se quiere generalizar en contra del Gobierno Estatal.
Temerariamente y sin fundamento alguno, asegura el autor del
artículo que (sic) “los realmente engañados y robados fueron los
dueños originales de los terrenos: los ejidatarios de Chablekal”.
Nada más ajeno a la realidad. Aunque se diga una mentira cien
veces, no puede ser tomada como verdad. Los ejidatarios que voluntariamente
quisieron vender las tierras donde empresarios locales pretenden
desarrollar un Club de Golf, fueron debidamente representados tanto por sus
abogados como por la Procuraduría Agraria en las múltiples
asambleas y negociaciones que tuvieron que llevarse a cabo para
lograr con éxito este proyecto tan ambicioso y provechoso para
la economía de nuestra entidad.
En ese sentido, no sólo no se permite ni promueve engaños contra
el patrimonio de ningún yucateco, como aseguran, sino que con
las acciones realizadas se evita la especulación y apoya a los
ejidos para reactivar su economía. Esto es: en terrenos aledaños
a las 300 hectáreas donde se desarrollará el Club
de Golf, hace pocos meses hubo operaciones de compraventa entre
particulares donde fueron adquiridas las tierras a 5 y 7 pesos
el metro cuadrado, por extensiones menores de terreno, las cuales
fueron vendidas casi inmediatamente hasta en 45 pesos. En el caso
del gobierno del estado el excedente que obtiene la Cousey
se utiliza precisamente para múltiples acciones sociales que no
hemos dejado de realizar, como son la entrega de apoyos a familias
de todo el estado que necesiten acciones de vivienda como pisos,
baños, mejoramiento de vivienda rural y urbana o subsidios para
obtener una casa habitación completa, otorgando financiamiento
a las personas de bajos ingresos, entre otros.
La falta de conocimiento en estos temas de algunas personas
se evidencia cuando afirman que la función del Registro Agrario
Nacional y en la Secretaría de la Reforma Agraria son
la “...compra y venta de terrenos ejidales...”. Ninguna de estas
dependencias del gobierno federal tiene éstas funciones y no se
trató tampoco de una expropiación, ya que no había causa de utilidad
pública para ello. Desconoce el autor del artículo que para expropiar
tiene que haber ese requisito y que las funciones de la Cousey son las de adquirir con recursos propios extensiones
de tierra para el ordenamiento e incremento de su reserva territorial.
Si se asegura que los campesinos no saben del tema agrario
ni del valor de sus tierras ya que “... los chamaquean,
engañan y mienten...”, es obvio que no se tiene conocimiento de
lo que es una asamblea ejidal. En estos días todos los ejidos
están debidamente asesorados por personas muy capacitadas que
hacen valer los derechos que la leyes les otorgan. En el caso
específico de los ejidatarios de Chablekal,
no sólo fueron debidamente asesorados, sino que ninguna asamblea
puede ser válida sin la participación del representante de la
Procuraduría Agraria, quien valida estos actos.
Es inexacto el artículo cuando asegura que en “... una transacción
entre particulares puede ocurrir algo injusto y no ético, pero
no en una transacción donde intervenga el gobierno...” tanto en
una como en otra todo acto debe ser señalado y denunciado si es
injusto, o no apegado a la ética. Tanto peca el que mata a la
vaca como el que jala la pata y, suponiendo sin conceder que en
cuestión pública sea mayor el delito, no aplica en nuestro caso
ya que el gobierno estatal está conciente que además de los ejidatarios
y los inversionistas, saldrán beneficiados, cuando se concrete
la operación del Club de Golf, muchas familias yucatecas que necesitan fuentes
de trabajo.
Este gobierno cree, al contrario de la apreciación de algunas
personas, que se debe de trabajar en conjunto con inversionistas
y sindicatos, profesionistas y amas de casa, albañiles y comerciantes,
estudiantes y ejidatarios. Este gobierno ve a la sociedad en su
conjunto y no por élites y, así como
tampoco realiza labores paternalistas de antaño. En cambio, se
trabaja en conjunto con todos los actores sociales para beneficio
de todos los habitantes con ganas de sumarse a un esfuerzo productivo
y participar en la economía de la entidad.
En meses pasados se escuchaban voces que señalaban que el gobierno
estatal únicamente apoyaba a empresarios foráneos en detrimento
de los locales. Las acusaciones no son nuevas y en su momento
se ha expresado que para el gobierno son bienvenidas todas aquellas
iniciativas que contribuyan a mejorar la economía de Yucatán.
Es así como logramos apoyar a un grupo de empresarios yucatecos
en una inversión importante que generará cientos de empleos de
forma directa e indirecta para numerosas familias.
El desarrollo de un proyecto inmobiliario, turístico y recreativo
tan ambicioso como el Club de Golf trae,
per se, la generación de estos empleos que redunda en el beneficio
de cientos de familias de nuestra sociedad. Desde el brechero,
el albañil, los ingenieros, profesionistas, constructoras, comercios,
comisionistas, operadores de turismo, transportistas, gasolineros,
hoteleros, recamaristas y demás gente
productiva que solicita del gobierno proyectos que se consoliden
como éste. Si existe algo que criticar en la realización del mencionado
desarrollo, no figura en nada de lo expuesto en el artículo de
referencia publicado del jueves pasado.
En resumen, este Gobierno no especula con terrenos ni se dedica
a financiar a ricos empresarios, sino que es promotor de la actividad
productiva en Yucatán y, así como realiza múltiples acciones de
vivienda en poblaciones rurales y urbanas, también promueve la
economía del estado mediante el incentivo a la industria, el comercio
y los servicios en un conjunto armónico donde intervienen todos
los actores sociales, incluidos los ejidatarios. Trabajar con
un ejido no es sinónimo de lucha de clases, sino de colaboración
respetuosa, generadora de riqueza para la sociedad en su conjunto,
como en el proyecto del Club de Golf.
Como colofón, quisiéramos hacer algunos cuestionamientos a
las personas que todavía no tienen una posición clara respecto
a estos temas:
a.
¿Es más recomendable que el Gobierno expropie a ejidatarios
a un valor menor que negociar con ellos un precio justo por sus
tierras?
b.
¿Es recomendable que inversionistas compren terrenos a especuladores
que una institución del Gobierno adquiera éstos y procure un crecimiento
ordenado de las zonas que así lo requieran?
c.
Cuando se requieran áreas de equipamiento y donación para parques,
jardines, hospitales, iglesias, etc. ¿Se tendrá que recurrir a
los especuladores de tierras?
d.
¿Cuándo será la hora prudente para que se enajenen las tierras
ejidales? ¿Cuándo será el mañana para los ejidatarios?
e.
¿Cuáles son las causas que no manifiestan las personas que
se oponen a que sea el Estado quien adquiera las tierras para
un crecimiento ordenado y sustentable?
f.
¿Quiénes son los interesados en que el Gobierno siga con las
prácticas de antaño donde se expropiaban ejidos enteros sin el
previo pago a los integrantes que por ley les corresponde?
Tiene la sociedad la palabra.
Comunicación Social
Cartas al diario. (Diario de
Yucatán, p.web)
04 de septiembre de 2005
De
la oficina de prensa del gobierno del Estado recibimos anteayer
una carta de la que extractamos lo siguiente Nos permitimos comentar
algunos aspectos del artículo publicado el pasado jueves 1 de
septiembre en el Diario por el Sr. Víctor Fernández Medina, titulado
“Más especulación con terrenos”.
El
Sr. Fernández Medina señala que el gobierno del Estado se ha convertido
en especulador con tierras ejidales en beneficio propio y de particulares.
Es conveniente precisar lo siguiente: Respecto de la investigación
que aduce por la corrupción que priva en nuestro país, no concede
fuente alguna y por ende no debe de tomarse en consideración los
números publicados. Suponiendo sin conceder que fueran medianamente
veraces, la Cousey está hoy muy alejada
de esa realidad que, sin cortapisas se asegura en dicho artículo,
impera en el país.
En
el actuar de dicha Comisión (también podríamos decir que “en la
operación del Club de Golf”), no existe esta práctica que se quiere generalizar
contra el gobierno estatal. Temerariamente y sin fundamento alguno,
asegura el autor que “los realmente engañados y robados fueron
los dueños originales de los terrenos: los ejidatarios de Chablekal”.
Nada más ajeno a la realidad. Los ejidatarios que voluntariamente
quisieron vender las tierras donde empresarios locales pretenden
desarrollar un Club de Golf fueron debidamente representados tanto por sus
abogados como por la Procuraduría Agraria en las asambleas y negociaciones
que tuvieron que llevarse al cabo.
En
ese sentido, no sólo no se permite ni promueve engaños contra
el patrimonio de ningún yucateco, sino que con las acciones realizadas
se evita la especulación y apoya a los ejidos para reactivar su
economía.
Seccionales
del PRI lucran en Loma Bonita Caleras. (Milenio, Jorge Machuca, p.web)
04 de septiembre de 2005
Puebla
Por más de una década han obtenido beneficios políticos y económicos
engañando a los habitantes de esa zona.
Aprovechando errores, omisiones y la confusión creada por autoridades
federales, estatales y municipales, líderes seccionales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en la colonia Loma Bonita Caleras,
así como diversos candidatos de ese partido, por más de una década
han obtenido beneficios políticos y económicos engañando a los
habitantes de esa zona, con la promesa –incumplida a la fecha–
de escriturar medio millar de lotes habitados por igual número
de familias.
La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural (DRPR),
dependencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, según
documentación en poder de Milenio Puebla, desde mayo de 2004 reveló
que el Ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado desde la
década de los 90 iniciaron un proceso equivocado –que no ha sido
corregido– para incorporar al desarrollo urbano a las cerca de
16 hectáreas que ocupa Loma Bonita La Calera, perteneciente la
junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en las inmediaciones de
la carretera a Tlaxcala.
La DRPR indicó que para regularizar a Loma Bonita La Calera
–zona de propiedad federal, según lo publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 22 de febrero de 2000–, el gobierno del estado
debe solicitar “la desincorporación
del dominio privado de la Nación ante la Secretaría de la Función
Pública, comprobando el beneficio social que se persigue, siendo
eso requisito indispensable” para regularizar lo que hace poco
más de cinco lustros eran campos de cultivo y ahora se convirtió
en colonia popular, en donde los priistas
han revendido ilegalmente hasta en tres o más ocasiones un mismo
predio.
Posteriormente, dentro del proceso de regularización, se debe
informar de la solicitud de desincorporación
a la Secretaría de la Reforma Agraria, “a fin de poner
a disposición de aquella el citado predio y remitirle el expediente
respectivo, a efecto de que esta última dependencia esté en posibilidad
de determinar lo procedente respecto a la solicitud”.
En Loma Bonita hay cerca de 500 predios, pero según la DRPR,
el Comité Técnico de Valuación de la Secretaría de la Reforma
Agraria al hacer el deslinde de la propiedad federal, se excluyó
a 269 lotes de 250 metros cuadrados cada uno, con el argumento
de que “no se encontraban en condiciones que permitan su incorporación
a los Programas de Titulación Social, ya que se localizan dentro
de la mancha urbana de la ciudad de Puebla”.
Hasta el momento, ningún vecino sabe cuáles son los predios
excluidos y si ésos podrán ser escriturados en el futuro.
Y aunque la colonia no ha sido regularizada, el Ayuntamiento
de Puebla cobra el impuesto predial a todos los vecinos, pero
la mayoría no lo paga; incluso en la década pasada algunos de
se organizaron y con su propio dinero colocaron su drenaje y la
red de agua potable, que ahora maneja el SOAPAP.
Votos sí, escrituras no
Jerónimo López Cortés, expresidente
de la colonia y uno de los primeros moradores de la zona, relató
que desde la década de los 70 compró su propiedad y la comenzó
a habitar, cuando no había servicio alguno.
Iniciada la década de los 80, dijo, llegaron las primeras promesas
de regularización junto con las boletas del impuesto predial;
las más recientes, expedidas en 2005, dan un valor a la casa del
declarante de 81 pesos por metro cuadrado; le cobran sin tener
escrituras.
Los representantes seccionales del PRI, que formaron un grupo
que a decir de López Cortés se ha beneficiado política y económicamente
de las promesas de regularización de la colonia, son Socorro Pacheco,
Juan Herrera, Donaciano Altamirano y
Ricardo Leal, que se han turnado el cargo de representantes seccionales
del tricolor y además han cobrado por la realización de obras
públicas que en realidad efectuó el gobierno municipal, además
de condicionar la entrega del programa Oportunidades en la zona.
El exlíder vecinal refirió que el
primer edil capitalino que impulsó el proceso de regularización
de Loma Bonita fue el expanista Gabriel
Hinojosa en 1997, pero erró los procedimientos de regularización,
ya que en apariencia desconocía, al igual que los vecinos, que
la colonia había sido creada en una zona federal, lo que se supo
en febrero de 2000 por medio del Diario Oficial de la Federación.
De hecho, poco después y en contubernio con personal de la
Dirección de Tenencia de la Tierra del gobierno estatal, los representantes
priistas de la colonia de alta marginación que conformaron
un comité de escrituración, y su presidente Donaciano
Altamirano, anunciaron que el proceso de regularización tendría
un costo de 50 pesos por persona; incluso ahora sigue exigiendo
el pago de 60 pesos por metro cuadrado de terreno, unos 15 mil
pesos tomando en cuenta que en promedio cada lote es de 250 metros
cuadrados.
El caso más significativo del aprovechamiento político, a decir
de López Cortés, fue la repartición de Certificados de Derechos
Urbanos a cambio de votos, que Mario Marín, cuando fue edil de
Puebla, expidió el 25 de septiembre de 2001, a menos de dos meses
de las elecciones locales; los documentos también fueron firmados
por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional
para la Regularización de los Asentamientos Humanos y la Constitución
de Reservas Territoriales, Benita Villa
Huerta.
Se prometió que al presentar tales certificados ante un notario
público, la escrituración sería inmediata, lo que no ocurrió,
ya que a decir de los fedatarios que consultaron los vecinos y
de representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria, ese
documento carece de validez.
Sin rumbo ni destino el mensaje de Fox, Afirma José Calzada. (Diario de
Querétaro, Sergio Hernández, p.web)
De autoflagelación consideró José Calzada, dirigente priísta,
el quinto informe de Vicente Fox; no
hay cambio, agrega el Verde Ecologista. El dirigente del sector
popular priísta dijo que lo visto en el Palacio Legislativo le
cierra la posibilidad a la población de un futuro mejor, pues
no hay rumbo ni destino con un presidente que evidencia su urgencia
por irse a su casa.
El dirigente priísta cuestionó severamente que en el texto
leído no existan cifras ni datos concretos sobre los grandes problemas
nacionales; no hay mención sobre la inseguridad, el enfrentamiento
político. No hay rumbo y menos destino en ese mensaje.
Estableció que lo bueno de este informe es que es el penúltimo
y deja en claro que esto cierra la posibilidad a los mexicanos
de un futuro mejor, "en todo lo leído por el presidente no
se traza ni rumbo, ni trazo.
En su momento, el Verde Ecologista dijo que más que rendición
de cuentas, el quinto informe fue un mero discurso político. Ma. de Jesús Ibarra Silva, líder
de ese instituto, dijo que "en el PVEM lamentamos que el
Informe Presidencial se enfocara exclusivamente al discurso político
y se omitieran las cifras que los mexicanos queríamos escuchar".
FALTA OFICIO POLITICO
Para el Presidente de Canacintra,
Sergio Villaseñor Pelayo, han sido cinco años de trabajo, pero
también de necesidades pendientes por atender y que no se han
logrado resolver por la falta de oficio político de Vicente Fox.
Finalmente, Samuel Zepeda Arzate, representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, señaló que el Presidente Vicente
Fox hizo un llamado puntual a impulsar la democracia, la participación
ciudadana, la formación de consensos; hay que poner a México sobre
los intereses personales.
Nati espera panorama real de
la región en visita de Fox. (Milenio, Sonia Gómez, p.web)
Monterrey
El Ejecutivo rendirá cuentas a los habitantes de Nuevo León
sobre lo realizado en el tiempo que lleva al frente de la nación.
Un informe con datos más concretos que muestren el panorama
social es lo que dijo esperar el gobernador Natividad González
Parás de la visita que realizará mañana a la entidad el presidente
Vicente Fox Quesada.
El mandatario estatal señaló que las autoridades alistan la
llegada del Ejecutivo federal, quien en el marco de su Quinto
Informe de Gobierno habrá de visitar el estado para rendir cuentas
a sus habitantes. De lo realizado en el tiempo que lleva al frente
de la nación.
“Lo que yo advertí fue más bien un mensaje, el informe lo habremos
de conocer en la medida que podamos enterarnos más en detalle
del documento que presentó al Congreso de la Unión”, señaló.
“Nosotros con mucho gusto vamos a ofrecer todo lo que esté
de nuestra parte para que con el respeto que merece el presidente
pueda él rendir ya con datos más concretos a la ciudadanía una
evaluación de lo realizado”.
Este jueves 1 de septiembre el Presidente de la República entregó
al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Gobierno, donde aprovechó
su estancia en la máxima tribuna de la nación para lanzar más
bien un mensaje a los distintos actores políticos, donde les solicitó
actuar, dejar a un lado las descalificaciones y unir esfuerzos
a favor de la comunidad.
Contrario a lo que muchos esperaban, el Primer Mandatario se
limitó a entregar por escrito un recuento de las acciones realizadas
durante su administración y pidió a los distintos actores políticos
y de la sociedad trabajar por el bien del país.
González Parás tomó la palabra al
Ejecutivo federal y dijo esperar que los distintos actores sociales
dejen a un lado los intereses partidistas y sumen esfuerzos para
trabajar por el bien de la nación.
“En cuanto a su mensaje, tomarle la palabra para que sumemos
todos el esfuerzo en este año de gobierno que resta y para que
en la unidad, por encima de banderas partidistas, en la imparcialidad
sin descalificaciones, sin confrontaciones, sin provocaciones,
podamos transitar en un año electoral donde hay que poner por
encima de los intereses de los partidos políticos, el interés
de la nación y retomar el camino de los acuerdos para impulsar
las reformas”, dijo.
Durante su visita a la entidad, añadió, Fox
Quesada contará con la presencia de representantes populares del
Congreso federal, local, funcionarios públicos, empresarios, así
como de organizaciones civiles quienes deseen conocer a detalle
la in-formación que presentará el Ejecutivo federal a un año de
dejar su puesto.
Delegados amplían información del gobierno foxista
Delegados de diversas Secretarías federales dieron a conocer
el avance que registraron los programas más importantes de cada
una de sus dependencias, durante el quinto año de gobierno del
presidente Vicente Fox.
En materia económica destacaron la inversión de mil 800 millones
de pesos al fomento y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes), lo que refleja un incremento del 100 por ciento en
comparación al año pasado, explicó Arturo Salinas, titular de
Economía en Nuevo León.
Por su parte, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social,
Francisco Cantú Torres y el coordinador de Oportunidades, Aarón
González, detallaron que poco más de 5 millones de familias mexicanas
resultaron beneficiadas con este programa, el cual ha llegado
ya al 100 por ciento de los municipios del país.
En materia agraria destacó la regularización de ejidos y el
incremento que tuvieron los fondos par apoyar a este sector de
la población, en voz de Cesareo Cavazos
Cavazos, representante nuevoleonés de la Secretaría de la Reforma Agraria y de Jorge
Santos, delgado del Registro Nacional Agrario.
Estuvieron también presentes Jorge Rodríguez, gerente regional
de la Comisión Nacional Forestal y Alfonso Martínez Cavazos, delgado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), quienes comentaron
sobre el avance de las acciones en pro de la naturaleza y las
áreas protegidas.
Finalmente, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Javier Ponce Flores, afirmó que mediante acciones como
las bolsas de trabajo y Chambatel se
ayudó a 2 millones 500 mil personas a encontrar trabajo.
En la línea. (El Universal,
Félix Fuentes, p.web)
04 de septiembre de 2005
Cosme Mares: ¡ejidatario de Fox!
Favorito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
en el otorgamiento de contratos carreteros, Cosme Mares Hernández,
señalado prestanombres de Vicente Fox,
es el individuo que de pronto fue "avecindado" y luego
"ejidatario" de la comunidad El Ticuiz,
al cual pertenecen las 265 hectáreas que abarcan la bahía El Tamarindillo,
adjudicada en 25 millones de pesos.
La espléndida bahía michoacana es señalada como propiedad del
Presidente de la República, pero bajo el nombre de Cosme Mares,
beneficiado por los secretarios de la Reforma Agraria (SRA)
y la SCT, Florencio Salazar Adame y Pedro Cerisola, respectivamente.
Ingeniero y empresario de Guanajuato, Mares modernizó el rancho
La Estancia, propiedad de Fox. Es tan
versátil e influyente que al tiempo de ser beneficiado con contratos
millonarios de la SCT, supuestamente se le dio reconocimiento
de ejidatario en una falsa asamblea del 20 de julio del 2003,
la cual no fue realizada
En un acta apócrifa aparecen firmas y huellas dactilares de
176 ejidatarios, pero ellos niegan que se les haya convocado para
la cesión de aquellas tierras bañadas por el mar. Las firmas sobrepuestas
corresponden a una asamblea pasada. Este es el "cambio".
El gobierno de la legalidad falsifica documentos para apropiarse
de riquezas ejidales.
En el texto de esa farsa "se procede a reconocer como
ejidatarios al ingeniero Cosme Mares Hernández y al cuñado de
éste, Rubén Hernández Hass", habiéndose
comprometido ambos a pagar 20 mil pesos a cada uno de los ejidatarios.
Sin embargo, el pasado martes 23 de agosto, ante la Comisión
de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, el titular de
la SRA, Salazar Adame, comprometió su palabra de que el empresario Cosme "adquirió
legalmente" El Tamarindillo. Lo declaró también el procurador
agrario Isaías Rivera Rodríguez.
El único argumento de Florencio Salazar es de que, ya reconocido
Mares como ejidatario, hizo la compra de El Tamarindillo. Ante
eso, la comisión legislativa presidida por el priísta Manuel García
Corpus y la perredista Ana Lilia Guillén, así como Margarito
Fierros (PRD) y los panistas
Rubén Alfredo Torres y Margarita Chávez, interrogan a los verdaderos
ejidatarios. Ellos pueden derrumbar el teatro armado para enajenar
dicha bahía al primer mandatario.
Según Salazar, Vicente Fox "no
incurrió en actos violatorios a la ley", pero él los comete
en nombre del Presidente junto con Mares. Igual procede Pedro
Cerisola, quien ha otorgado contratos
a discreción al susodicho prestanombres, a pesar de no cumplirlos
y cobrar sumas millonarias.
De acuerdo a la información de la revista Proceso, la SCT concedió
a Mares un contrato por mil 798 millones 364 mil 776 pesos, a
favor de Fabricación y Colocación de Pavimentos, S.A. de C.V.
(Facosa), propiedad del nuevo "ejidatario".
En julio del año pasado estuvo en riesgo de cancelación el
tramo de Amozoc-Perote
por cuatro meses de atraso, pero el dueño de Facosa
puso en juego la influencia presidencial para sostener el contrato.
Al mismo individuo se le señala de incumplimiento en la carretera
Mérida-Kantunil. También dejó inconclusa
la de Mérida-Cancún y se retrasó en la ampliación y modernización
de la vía rápida Ciudad del Carmen-Campeche.
Esos y otros manejos oscuros, plenamente identificados, son
llevados a cabo por influyentes secretarios de Estado, Salazar
y Cerisola, quienes reciben instrucciones directas de su jefe
para proceder como lo hacen. Por ello son inamovibles en el "gabinetazo".
A Vicente Fox le quedan 446 días
casi 20% de su gobierno y debiera poner en orden los asuntos publicados
de él y su familia en periódicos, revistas y libros. A partir
de Vamos México y los desfalcos en la Lotería Nacional, los escándalos
son variados y mayúsculos.
A Fox le pude ir peor que a los Salinas
de Gortari, Raúl 10 años en la cárcel y Carlos huyendo durante
el sexenio de su "amigo" Ernesto Zedillo.
Ahora, ante el vacío de poder ocasionado por Fox,
el ex presidente Salinas aprovecha la situación y se declara promotor
social.
Salinas revive a Solidaridad, de tristes recuerdos por los
cuantiosos costos para el erario. El ex presidente ya visitó su
obra cumbre, Chalco, donde la gente vive entre inmundicias, sin agua, escasas
escuelas y pobreza extrema. Pero ya es sabido, si un mandatario
abre espacios y los deja vacíos, pronto se los llenan.
Destacan especialistas necesidad de modificar la
Ley Agraria de 1992 publicidad. (Excélsior, Notimex,
p.web)
3 de septiembre 2005
México, 3 Sep (Notimex).- Especialistas
en Derecho coincidieron en la necesidad de modificar la ley agraria
de 1992, pues si bien el reparto de tierras ha concluido, en términos
generales no significa que el tema de la justicia haya terminado.
En la mesa redonda "Zapata y el Derecho Agrario",
Alfredo Sánchez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)
de la UNAM, urgió a elaborar un nuevo paradigma que tenga que
ver con el desarrollo de lo que se ha llamado un nuevo derecho
social agrario.
Indicó que ese corpus precisa caracterizarse no sólo por el
establecimiento de instituciones, sino por su efectividad y sus
elementos contemplan el otorgamiento de créditos preferenciales
a los campesinos y buscar un progreso rural integral.
De igual forma, planear y organizar la producción, garantizar
una explotación racional de los recursos del campo e incrementar
los ingresos de la población.
En su oportunidad, Francisco Godoy Cortés, asesor de jurídico
de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados,
expuso que las condiciones actuales en el campo son desalentadoras.
Explicó que por ese motivo su área se propuso como eje central
de su programa de trabajo hacer eco de la vieja demanda campesina
de actualizar el marco jurídico agrario mexicano.
Mencionó que luego de revisar las conclusiones de ocho foros
de consulta popular, social y campesina, se constituyó un grupo
técnico en la instancia legislativa, con la encomienda de elaborar
una iniciativa de una nueva Ley Federal Agraria.
Entre las aportaciones mencionó aspectos como proteger la integridad
de las tierras en ejidos y comunidades y fortalecer la seguridad
en la tenencia de la tierra.
Además, la atención a la demanda de justicia de los pueblos
y las comunidades indígenas, uso y disfrute de sus tierras, con
respeto de sus sistemas normativos, valores sociales y cultura.
En su intervención, Alberto Pérez Gasca,
director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), explicó que en el ámbito del poder
Ejecutivo, el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario elaboró
un proyecto de reformas y adiciones a la Ley Agraria.
Durante el encuentro, Jorge Alberto González Galván, miembro
del IIJ, refirió que a pesar del reconocimiento constitucional
de la autonomía indígena, vivir en su propia tierra para decidir
libremente sobre su vida.
Apuntó que la perspectiva comercial sobre la tierra se ha impuesto
y las divisiones territoriales marcan cotos de poder, de ahí la
necesidad de darle vigencia al lema zapatista
en el sentido de posesión para quien la respeta.
A su vez, Diego Valadés, director
del IIJ de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
manifestó que debido a que aún subsisten problemas en la posesión
de la tierra, es indispensable impulsar los estudios en materia
de derecho agrario.
Recordó que durante varias décadas México se caracterizó como
uno de los países más preocupados en ese rubro y generó no sólo
legislación, sino una doctrina reconocida en todo el mundo.
Otorgará más títulos Corett. (Frontera Info, Luis Adolfo San,
p.web)
02 de Septiembre 2005
Tijuana, B.C.(PH)
La delegación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (Corett), lleva a cabo
la elaboración de las cartografías para la titulación de 3 mil
500 predios, de los cuales 900 se otorgarían este año.
Mario Olvera Machado, delegado de
la Corett, informó que en lo que va
del año han otorgado 400 títulos de propiedad, por lo que al final
del 2005 esperan cerrar con mil 300.
Las cartografías que se tramitan, señaló, son de la cuarta
expropiación del ejido Matamoros en donde se espera beneficiar
a alrededor de 2 mil 500 familias.
Mencionó que esa expropiación está conformada por 10 polígonos,
que abarcan los asentamientos de Lomas del Matamoros, Colinas
del Matamoros y parte de la Mesa de Otay.
También, añadió, se acaba de autorizar la regularización de
la colonia Horóscopo en el Cerro Colorado y el ejido Francisco
Villa.
“Estamos en trato para
llegar a un acuerdo con la autoridad Municipal para la agilización
de los trámites de las cartografías, que son planos de los lotes
que sirven para tener las medidas exactas de los terrenos que
se titulan”, expresó.
A nivel nacional se estima que de cada tres viviendas dos están
irregulares, según estudio realizado por Sedesol,
y en Tijuana más o menos la mitad de la tierra está irregular.
Indicó que esto es resultado de que ha faltado coordinación
entre el Registro Agrario
Nacional con las dependencias locales de catastro.
“El problema para nosotros
es que tenemos que tener una autorización como si fuéramos fraccionadores, nosotros no pusimos a la gente allí, ella
llegó y se instaló y extendió su terreno.
“Por lo tanto la cartografía
se está teniendo que ajustar a la realidad en los planos, lo que
obliga a Corett a estar en trámite constante
con las autoridades locales”, manifestó.
Este año se han entregado 400 títulos de propiedad en áreas
como Camino Verde, Chilpancingo, Buenos Aires Norte y Sur, Loma
Bonita, Puerta de El Sol, y toda la zona del ejido Matamoros.
Firma de convenio entre la UABJO y Procuraduría
Agraria. (Olor a Mi Tierra, p.web)
02 de Septiembre 2005
Oaxaca, Oax. 2 de septiembre.- La
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca estableció un convenio
de colaboración con la Procuraduría Agraria (PA), con el
cual se busca estrechar los lazos y establecer una relación institucional.
El convenio fue firmado por el rector de la UABJO, Francisco
Martínez Neri, y el Procurador de Agrario,
Isaías Rivera Rodríguez, en la sala de juntas del Instituto de
Investigaciones de Humanidades de la Máxima Casa de Estudios.
Durante la ceremonia, Martínez Neri
expresó que la firma del convenio es un vínculo que fortalece
a ambas instituciones, además de que se tiene la posibilidad de
contribuir al desarrollo del país mediante el servicio social
y actividades académicas.
El rector se mostró complacido de la firma de este convenio,
a través del cual se busca dar toda la importancia del servicio
social por parte de los estudiantes de la UABJO en la PA.
Francisco Martínez Neri estuvo acompañado
del Secretario General, Odavías Martínez
Soriano; del Abogado General, Luis Martínez Solís, y del director
del Instituto de Investigaciones de Humanidades, Francisco Ruiz
Cervantes.
Por su parte, el doctor Rivera Rodríguez expresó su satisfacción
de vincularse con la UABJO, “una institución educativa con un
prestigio bien ganado a lo largo de más de 170 años de existencia
de trabajo académico ininterrumpido”.
Agradeció a Martínez Neri su interés
por mantener una relación institucional y fortalecer a través
de la Procuraduría Agraria el Servicio Social con los estudiantes
universitarios en materia agraria.
Destacó que por ello a la PA le resulta importante la firma
de un convenio con instituciones que mantienen una fuerte presencia
en la sociedad como es el caso de l AUBJO, quien tiene una profunda
raíz y arraigo en Oaxaca.
Finalmente, comentó que mediante este convenio se realizarán
distintas actividades académicas con la universidad en beneficio
de ambas instituciones y sobre todo en beneficio de la entidad
oaxaqueña.
Confusión y desinterés en torno a El Tamarindillo. (Cambio de Michoacán, Daniel Díaz, p.web).
Respecto al tema en el que se ve involucrado Fox la información es escasa
02 de Septiembre de 2005
Ante el malestar de algunos y la escasa información de otros,
el tema de la bahía El Tamarindillo, donde se ve envuelto el presidente
Vicente Fox Quesada -se presume por
la comisión investigadora del Poder Legislativo que han existido
irregularidades de fondo y forma a la celebración del contrato
de compraventa-, ha producido sobre algunos dirigentes partidistas
confusión y desinterés ya que en sus opiniones sólo dan muestra
de la poca información que tienen, a diferencia de algunos legisladores
que sí opinaron sobre el tema.
Abuso de poder
El integrante de la coordinadora estatal del Partido del Trabajo
(PT), Reginaldo Sandoval Flores, comentó: «Sé que la tentación
le gana al representante del Poder Ejecutivo, ya que con este
hecho se ejemplifica el abuso del poder que se genera por la figura
presidencial y, desde luego, el poco tacto político y jurídico
que este tiene».
Aseguró que, «por lo menos hay abuso de autoridad y con ello
surge la idea de que detrás de esto existe corrupción o, al menos,
se genera la sospecha de que se están utilizando recursos públicos,
asimismo no se debe olvidar que está también el antecedente del
rancho de Fox en Guanajuato, el cual
se construyó como si fuera un simulacro de Los Pinos; por lo tanto,
el ambiente que genera el presidente Fox
en la supuesta compra de la bahía El Tamarindillo, es lamentable».
Desconocimiento del tema
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Armando Hurtado Arévalo, comentó: «Sé que hay una comisión
del Poder Legislativo que está realizando una investigación, donde
la compañera de partido -integrante de la comisión investigadora
de El Tamarindillo- Ana Lilia Guillén, ha efectuado una investigación
en relación con esta fraudulenta adquisición a través de un prestanombres
de Fox».
Señaló el dirigente perredista que
«se tiene que profundizar para saber si hay elementos que sean
sustento para una acusación formal; se tendrá que llevar a cabo
por la autoridad competente».
Esperan mejores tiempos
El secretario general del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Arturo Guzmán Ábrego, señaló: «En relación con la denuncia
que hace la diputada del PRD Ana Lilia Guillén de las supuestas
irregularidades del contrato de compraventa, donde se presume
que una de las partes es el titular del Ejecutivo, Vicente Fox,
omito cualquier comentario porque no sé si lo que se ha manejado
en la prensa es verdad, ya que este es un asunto del que solamente
se puede generar una opinión en la medida en que la instancia
encargada de conocer el asunto emita su juicio».
Por su parte, los dirigentes del PAN y del PRI ni siquiera
se atrevieron a esgrimir su opinión en este tema, argumentando
el primero de ellos que, en virtud de la visita de Fox
el día de hoy a la capital michoacana, no le era posible hablar
del asunto.
Los desaparecidos dirigentes priístas, estarán más ocupados
con los problemas internos de su partido; sin embargo, a todos
ellos se les debe recordar que el problema de El Tamarindillo
es un asunto que compete a todos los actores políticos del país.
Quieren «enlodar» la imagen de Fox
Antonio Plaza Urbina, coordinador parlamentario de Acción Nacional,
señaló que los diputados federales que están llevando la investigación
correspondiente a la compra de los predios lo están haciendo con
una intención política, perversa y sesgada, con la finalidad,
dijo, de «enlodar» la imagen política del presidente de la República.
Agregó que por la propia disposición que ha tenido la presente
administración federal de transparentar y rendir cuentas, se cuenta
con los instrumentos legales e institucionales, para que cualquier
ciudadano que considere que ha sido objeto de un abuso pueda llevar
su caso ante los tribunales, mismos que señaló son independientes
del Poder Ejecutivo.
Por último expresó que la existencia de las comisiones investigadoras
son el reflejo de la lamentable descomposición
que se vive en el Congreso de la Unión, y consideró que el manejo
que se le ha dado al caso de la bahía de El Tamarindillo no es
un asunto que beneficie al país.
Manejo tendencioso
Ana Lilia Guillén Quiroz, diputada federal, aseguró en entrevista
telefónica que el nombramiento de los ejidatarios es falso, ya
que dijo que la asamblea en donde fueron nombrados nunca existió.
Agregó también que según la investigación realizada por la comisión
investigadora en el caso de El Tamarindillo, los presuntos ejidatarios
en la realidad radican en la Ciudad de México, uno con domicilio
en la colonia San Jerónimo y el segundo en la colonia Del Valle.
Al respecto de la celebración de la asamblea indicó que existen
dos actas, por lo cual señaló que el manejo que la Secretaría
de la Reforma Agraria ha hecho en relación con el tema se
ha dado de manera tendenciosa, pues consideró que lo ha manejado
como un juicio de jurisdicción voluntaria, lo cual la diputada
federal rechaza puesto que, dijo, se trata de un juicio contencioso
agrario.
Pulso Político. (El Universal, Francisco Cárdenas Cruz, p.web).
Construye Fox otro muro: `veta` régimen fiscal de Pemex
Fue aprobado por
el Congreso, al que le pidió "diálogo
Tal parece que el presidente Vicente
Fox no tiene remedio: acudió el jueves
a la Cámara de Diputados a dirigir un mensaje abundante en frases,
arguyendo "el fin de un rito" en el que se compilaban
y presentaban cifras favorables al gobierno "para lucimiento
del presidente en turno", sabedor de que si hacía referencia
a éstas y presentaba a México como el país de las maravillas que
solamente él ve, sería abucheado, por lo que prefirió darlas a
conocer en los informes regionales que comenzó a presentar a partir
del día siguiente en Guadalajara, Morelia, Mérida y Boca del Río,
y ayer en Monterrey y León, con la certeza de que no provocarían
reacciones como las que hubiera originado, de cara a la nación,
en el recinto legislativo de San Lázaro, en el que reconoció que
se han "construido demasiados muros y pocos puentes",
y al día siguiente de su quinto y penúltimo Informe, él mismo
se encargó de levantar otro al vetar el nuevo régimen fiscal
de Pemex que aprobó el Congreso de la Unión, con el que la paraestatal
obtendría ingresos por 25 mil millones de pesos.
Como el fracaso de lo que intentó
que fuera su política económica, la generación de inversiones
y empleos y el crecimiento del país; el incremento de la deuda
externa; el creciente desempleo; el abandono del campo; la penetración
del narcotráfico en varios gobiernos estatales y en distintas
áreas del federal, y en instituciones y organismos encargados
de enfrentarlo, y que no sólo en las entidades fronterizas del
norte sino también en otras del país y en el propio Distrito Federal,
avanza incontenible, demostrando que el programa México Seguro
está resultando más costoso que eficaz, así como a responder y
aclarar, si es el caso, las acusaciones públicas que se le han
hecho a él, a su esposa Marta Sahagún y a los hijos de ésta, de la comisión de presuntos
ilícitos; del nuevo rancho La Estancia en Guanajuato o de la compra,
real o aparente, de la bahía de El Tamarindillo, en el ejido
El Ticuiz, del municipio de Coahuayana,
Michoacán
Prensa Estatal
CHIAPAS
Persiste malestar en los tres ejidos. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web).
GALECIO
NARCÍA
Aclaran versiones oficiales sobre
presunto acuerdo contra los "bloqueos ejidales"en
la colonia del municipio de Chiapa de Corzo.
Es falso que nosotros hayamos entregado
una nueva petición escrita al Gobierno del Estado, sobre todo
cuando ya existen tres minutas pactadas que después de ocho meses
no se cumplen, dijo Abigail Nucamendi.
Lo que sí es cierto es que enviaron
"dos negociadores" que no resuelven nada y que de inmediato
la Policía Sectorial se presentó a patrullar nuestras tierras,
dijo.
El comisario ejidal de "Galecio Narcía", municipio
de Chiapa de Corzo, Abigail Nucamendi
Pascacio, añadió que sus cultivos y caminos perimetrales y
ejidales están destrozados.
"Yo al secretario general
de Gobierno del Estado, Rubén Velásquez López ni lo conozco, mucho
menos que le hayamos enviado una nueva propuesta para resolver
el problema de los daños secundarios a nuestros cultivos, caminos
'saca cosechas', parcelas incomunicadas y otras promesas del gobernador
Pablo Salazar Mendiguchía que después
de ocho meses de pactadas pretenden ignorar; aunque a cambio envían
funcionarios que no resuelven nada y sus elementos policiacos",
denunció.
Extrañado por las versiones difundidas
a raíz del recorrido perimetral a la cerca federal del nuevo Aeropuerto
"Ángel Albino Corzo" el pasado jueves 1, advirtió que
de inmediato apenas concluyeron, arribaron dos funcionarios de
la Subsecretaría de Operación Regional de la Secretaría General
de Gobierno, Raúl Castellanos Acuña y José Ramos, respectivamente,
a exhortarlos para acudir en comisión ejidal a Palacio Estatal,
lo cual fue rechazado de inmediato, confirmó Nucamendi Pascacio, entrevistado
este domingo en su domicilio.
Vale citar que muy cerca del camino
a La Angostura se constató "la espera" de un nutrido
convoy de la Policía Sectorial en el camino que entronca a la
zona donde se construye la futura terminal aérea de Chiapas.
Finalmente el comisariado ejidal de "Galecio
Narcía" dijo que el ultimátum de
cerrar sus caminos sigue en pie y la autoridad estatal está prohibida
de seguir llegando a patrullar tierras ejidales no vendidas, así
como romper alambradas.
GUERRERO
Por última vez, opositores a La Parota proponen
diálogo con Zeferino, el 18. (El Sur, Karina Contreras, p web).
Insisten
en que sea en Agua Caliente, y que los comuneros vayan sin machetes
y el gobernador sin policías. A la marcha de este lunes los campesinos
no llevarán machetes, acuerdan
Los comuneros opositores al proyecto
La Parota propusieron “por última vez” al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el diálogo en la comunidad de
Agua Caliente y fijaron como fecha el 18 de septiembre a las 11
de la mañana.
En su asamblea dominical, donde
acordaron los últimos detalles de la marcha de este lunes, los
opositores convinieron que el único candidato que va poder ingresar
a algunas comunidades en la zona del conflicto con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) para hacer proselitismo será el
del PRD, Félix Salgado Macedonio.
Además, los comuneros opositores
acordaron que acudirán a la macha de hoy sin machetes “como una
muestra de que somos pacíficos y no rijosos ni enmachetados
ni vándalos”, como los calificó el gobernador.
Al finalizar la asamblea en el
plantón de Parotillas, el portavoz de
los opositores, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, dijo que hasta el momento los opositores agrupados en el
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(Cecop) sienten que una vez más se les
ha cerrado el diálogo, pues el gobernador a la propuesta de diálogo
en Agua Caliente respondió que no va aceptar condiciones por parte
de los campesinos.
Suástegui dijo
que el acuerdo de los opositores es dejar los machetes a cambio
del diálogo, pero en Agua Caliente, y –aclaró– ésta no es una
condición sino una necesidad de los pueblos. “No podemos arriesgarnos
a ir a Acapulco mucho menos a Chilpancingo, pues hay desconfianza
de que alguien pueda ser detenido”, señaló.
En la asamblea se planteó también
que para dialogar con Torreblanca, los comuneros van a dejar los
machetes, pero piden a cambio que él no lleve policías, y que
se permita pasar a todos los comuneros.
El vocero del Cecop insistió en que será la última vez que piden al gobernador
Torreblanca Galindo el diálogo, pues estamos en son de paz y hablando
con sinceridad al gobernador a quien le ofrecemos –dijo– paz,
seguridad, al dejar los machetes, y que no habrá agresión verbal
y mucho menos física contra él, “y le decimos que lo respetamos,
pero también queremos que empiece a respetarnos”.
“La reunión con puros comuneros
la proponemos a las 11 de la mañana del 18 de septiembre en Agua
Caliente, donde –insistió– vamos a ir en son de paz y con bandera
blanca”, señaló.
En la asamblea se acordó enviar
por escrito al gobernador la última invitación al diálogo.
En la asamblea de este domingo,
cuando se discutió el punto del diálogo con el gobernador, se
insistió que la reunión no es para negociar la venta de las tierras,
sino para manifestar los motivos del rechazo al proyecto de la
CFE y que los opositores son mayoría, y además se acordó llevar
propuestas alternativas a la presa en relación con el agua y con
la electricidad.
El comunero José Luis Niño Nava, de Agua Caliente, manifestó: “¿Por qué nos quieren quitar
el río y la tierra, si se puede producir electricidad por otras
vías y se puede llevar agua a Acapulco de otra manera? En la reunión
con el gobernador vamos a demostrarle que no sólo nos oponemos
a la presa sino que también tenemos propuestas”.
Planteó el acuerdo de abastecer
de agua a la ciudad de Acapulco para los próximos 50 años del
río Papagayo, mediante pozos cerca de la desembocadura, sin necesidad
de la presa, y proponer proyectos para generar energía eléctrica
por medio del sol y del viento, como ya se hace en otros países
y en otros lugares de México.
Los asistentes a la asamblea aprobaron
esa posición, y acordaron buscar las propuestas alternativas.
Félix Salgado, el único candidato
que entrará a Cacahuatepec
En otro tema, Suátegui Muñoz dijo que por decisión de algunas autoridades municipales, las puertas de los
Bienes Comunales de Cacahuatepec “están
cerradas para la campaña proselitista del candidato de Convergencia,
Luis Walton Aburto,
y del aspirante del PRI, Emilio Vizarretea”.
Agregó que –según el acuerdo– el
único que podrá entrar a Cacahuatepec,
a ciertos lugares, es el candidato del PRD, Félix Salgado
Macedonio, para que presente su
proyecto de trabajo para los campesinos.
Aclaró que algunas de las comunidades
que podrá visitar Salgado Maceonio son
Tasajeras, Amatillo, Agua Caliente, Salsipuedes,
La Vereda, pero “después de los plantones para arriba no hay entrada
para ninguno de los candidatos”.
La asamblea también acordó seguir
el diálogo con la sociedad que comenzaron la semana anterior,
mediante presentaciones en los medios de comunicación y foros
en escuelas, en colonias y con organizaciones sociales.
A pesar de que el rector de la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Nelson Valle López, mostró
su molestia porque los opositores están pisando las aulas universitarias
para difundir su inconformidad contra la presa La Parota, debido
a que hay un convenio firmado con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para los estudios socioeconómicos, las invitaciones para
visitar otras escuelas siguen.
De acuerdo con Suástegui Muñoz, maestros y alumnos de la UAG se reunieron
el sábado en la preparatoria 7, y brindaron el apoyo total al
director, Erasmo Pérez López, luego de la amenaza del rector de
llevar su caso ante el Consejo Universitario.
El opositor dijo que se acordó
que los maestros acudirán ante el Consejo cuando sea llamado Pérez
López, donde le harán saber a Valle López que la “Universidad
no es de Erasmo ni de Nelson Valle, sino de la comunidad y que
van a continuar abriendo las puertas a los comuneros, incluso
ya hay una invitación para acudir a la prepa
17”.
Suástegui exigió
al rector “que primero que nada cierre la boca y que se abstenga
de seguir haciendo los estudios en las comunidades. Él instaló
oficinas en la escuela de Ciencias Sociales, con diez computadoras,
e imprimió carteles de la campaña de Armando Chavarría,
por lo que más le conviene que se calle la boca y no despierte
a la Universidad porque el expulsado podría ser otro”.
Sobre la marcha de este 5 de septiembre,
en Acapulco, el vocero del Cecop adelantó
que será pacífica, que los comuneros irán sin machete y bajo la
vigilancia de las autoridades de las comunidades y dijo que será
una marcha abierta para la sociedad.
Manifestó que espera que el gobierno
federal, estatal y municipal pongan la
vista muy de cerca y tengan mucho cuidado de que la violencia
no se desborde y acepten la decisión de la mayoría.
Adelantó que los opositores no
van a recurrir al amparo para parar la expropiación, porque sería
como si estuvieran aceptando la asamblea donde supuestamente fueron
mayoría los que quieren la presa.
Agregó: “Nosotros vamos por el
recurso de anulación de la asamblea basándonos en todas las anomalías
que ya se han mencionado. La demanda de anulación será interpuesta
esta semana y va respaldada por 2 mil 500 firmas de auténticos
comuneros, nada de fantasmas, ficticios o inventados”.
Llama la Iglesia a no imponer La Parota con violencia
y represión
El arzobispo convoca a buscar un equilibrio mediante
el diálogo. (El Sur, Daniel Velásquez,
p. web).
El arzobispo de Acapulco, Felipe
Aguirre Franco, convocó a buscar un equilibrio mediante el diálogo
entre el desarrollo y los campesinos, en relación al conflicto
por la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.
Aseguró que la Iglesia no promueve
el proyecto sino que sólo desea que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) les pague lo justo a los campesinos porque la presa es un
buen proyecto.
La edición de este fin de semana
del semanario eclesiástico de la arquidiócesis de Acapulco Mar
Adentro dedicó la edición al conflicto de La Parota.
En páginas centrales se presenta
una cronología del conflicto y la realidad que viven 84 familias
que en 1972 fueron desplazadas para construir la presa La Venta
en el poblado de Tecomulapa en San Marcos.
Este poblado de acuerdo con la texto publicado en Mar Adentro carece de centros de salud,
las tierras que se les dieron a las familias desplazadas no fueron
debidamente legalizadas, no hay servicio de agua potable, las
casas, la pavimentación de las calles y el alumbrado público nunca
fueron concluidos.
En su editorial el semanario “lanza
un llamado a la justicia para quienes podrían ser removidos de
sus casas y sus tierras y que realmente se garantice una vida
más humana para ellos”.
“Nosotros no estamos a favor de
un neoliberalismo feroz que privilegie a los grandes capitales
y que está marginando a los más pobres”, dijo el arzobispo a reporteros
este domingo después de la homilía.
En el editorial el semanario indica
que el proyecto no debe construirse sobre la voluntad de los comuneros
utilizando la violencia y la represión y propone un “diálogo sincero,
realista y respetuoso” entre los involucrados.
En declaraciones el arzobispo dijo
que con “cerrazones” de las partes en conflicto no podrá haber
“una comprensión adecuada”.
Por ello festejó que el gobernador
y los opositores al proyecto convoquen a encuentros donde se discuta
la viabilidad de la presa.
Se ofrecen sobrevivientes de Aguas Blancas como
escudos humanos contra La Parota. (El Sur,
Daniel Velásquez, web).
Sobrevivientes y familiares de
víctimas de Aguas Blancas y el Movimiento de los Sin Tierra de
Coyuca de Benítez anunciaron que participarán en la marcha
en contra de La Parota y se ofrecieron a participar como “escudos
humanos” si el gobierno del estado decide desalojar por la fuerza
a los comuneros que no aceptan el proyecto.
El representante legal de estos
dos grupos, José Sánchez Sánchez, dijo
que no desean que se repita la misma represión ocurrida en junio
de 1995, cuando el gobierno del estado reprimió con violencia
a un grupo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS),
y 17 campesinos fueron muertos a balazos que dispararon policías
del estado y más de 20 heridos.
José Sánchez pidió al gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo que no
repita “los errores de Rubén Figueroa” y que no utilice la violencia
como se utilizó en la década de los setentas para reprimir a los
inconformes.
Dijo que si Torreblanca repite
este mecanismo “no quedará en el poder” porque los ciudadanos
estarán inconformes.
Sánchez anunció que una comisión
de ambos grupos que él representa se reunirá con los opositores
al proyecto, pero antes se entrevistará con el vocero de los inconformes,
Marco Antonio Suástegui, lo cual espera concretarlo el día de la marcha.
En conferencia de prensa en el
Café Astoria el abogado de las viudas
de Aguas Blancas opinó que se debe propiciar el desarrollo sustentable,
buscando otros métodos para generar energía eléctrica.
Agregó que las obras de desarrollo
propuestas por el gobierno no han beneficiado a los dueños de
la tierra sino a los inversionistas y citó como ejemplo el caso
de Punta Diamante.
El representante legal de las viudas
de Aguas Blancas criticó la actitud “vampiresca”
asumida por la CTM de que ya está pensando en un contrato con
la CFE y aún no se ha resuelto el problema social que el proyecto
ha generado.
Rodríguez Alcaine dejó
el contrato del SUTERM para La Parota, dice un líder de la FTEG. (El Sur, Mónica Martínez, p web).
Unos mil camioneros
que hay en el estado participarán en la obra, pero se necesitan
2 mil, dice Adrián Rivera Ortega
El subsecretario del Transporte
de la Secretaría de Transporte de la Federación de Trabajadores
del Estado de Guerrero (FTEG) afiliada a la CTM, Adrián Rivera
Ortega, confirmó que es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas
de la República Mexicana (SUTERM) el que cuenta con el contrato
colectivo para las obras del proyecto hidroeléctrico La Parota,
porque así lo dejó previsto el extinto dirigente nacional de la
central obrera, Leonardo Rodríguez Alcaine.
Dijo que el dirigente nacional
del SUTERM, Luis Díaz Vargas, ya se comprometió a que todos los
camioneros del estado participarán pero a través del SUTERM.
No obstante, dijo que el número
de camiones de acarreo de materiales en el estado sería insuficiente
y tendrán que aceptar que se complete con camioneros foráneos.
“Los camiones que hay en todo el estado serían insuficientes,
apenas llegaríamos a unos mil y para la obra se necesitan unos
2 mil, así que tendremos que aceptar que el resto venga de fuera”,
dijo.
Reconoció que existen cetemistas pseudolíderes en el estado
que “hacen declaraciones al vapor y sin sustento legal”, en referencia
a Jorge Hernández Almazán, delegado del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales
para la Construcción y Similares, quien declaró que tenía apalabrado
el contrato colectivo de trabajo entre su sindicato y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), y que forma parte de las seis empresas
con las que este sindicato, a sólo 15 días de formado, tenía establecidos
contratos colectivos.
En una llamada a la redacción de
El Sur Rivera Ortega indicó que ningún sindicato del transporte
va a ser quien tenga el contrato colectivo para la construcción
de la aún incierta hidroeléctrica La Parota sino que es el SUTERM
el que oficialmente lo tiene porque “en vida así lo dejó establecido,
y así nos lo informó nuestro dirigente nacional, (Leonardo) Rodríguez
Alcaine”.
En relación con las declaraciones
de Hernández Almazán, que aseguró que el residente de asuntos
sociales de la CFE para La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez,
era con quien tenía apalabrado el contrato, Rivera Ortega dijo
que ese funcionario no está autorizado.
“Pero lo que sí ha dicho es que
él sí puede decir que tal persona ha contribuido con los comuneros
para informar sobre los beneficios de La Parota”, indicó.
Zeferino, igual que Figueroa, rodeó
con policías la asamblea sobre La Parota: PT. (El Sur, Jesús Rodríguez, p web).
Si el gobierno
trata de imponer la expropiación de las tierras, ese partido defenderá
en todos los foros a los comuneros, ofrece Félix Castellanos
Tlapa
El dirigente estatal del Partido
del Trabajo (PT), Félix Castellanos, criticó la postura del gobernador
Zeferino Torreblanca en torno a La Parota, e incluso lo comparó
con el ex mandatario priísta Rubén Figueroa, señalado por diversos
sectores como un gobernante represor.
Advirtió que si el gobierno da
entrada al proyecto a partir de la asamblea de comuneros celebrada
en el municipio de San Marcos, que “a todas luces” fue “ilegítima
e ilegal”, toda la maquinaria del PT intervendrá ante “todas”
los organismos nacionales e internacionales para denunciar la
violación de los derechos humanos de los comuneros opositores
a la construcción de la hidroeléctrica.
En breve entrevista ayer en esta
ciudad de la región de La Montaña
a la que asistió para el arranque de campaña del candidato
a alcalde, Victoriano Wences Real, Félix Castellanos aclaró que su partido considera
“importante para el estado y el país” la concretización de la
obra, sin embargo, la autorización de ésta debe venir sólo de
los comuneros y campesinos de los ejidos involucrados.
“Ellos son los que deben decidir
en una asamblea legítima, auténtica, sin represiones, sin acosos,
sin presiones, y sobre todo en un marco de libertad”, dijo en
referencia a la asamblea del 23 de agosto en San Marcos, de los
Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se vio la presencia policiaca
enviada por el gobierno estatal.
“Creemos que en la etapa de Rubén
Figueroa se rodeaban las asambleas de policía, por eso le pedimos
al gobierno del estado y al gobierno federal que dejen decidir
libremente a los campesinos y a los comuneros para que ellos decidan
si es un sí o un no a La Parota”.
Definió la postura que el PT tiene
sobre el caso: “Si se presenta un acto de represión, si hay un
acto de violencia contra las comunidades, o hay un acto de sangre
contra los compañeros dirigentes del Cecop
(Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota),
la fracción parlamentaria del PT, los compañeros senadores del
PT y la dirección nacional y estatal estarán muy pendientes y
denunciarán ante todas las instancias nacionales e internacionales
la violación a los derechos humanos de los compañeros”.
Remarcó que sería ilegal la expropiación
de las tierras de los comuneros opositores por parte de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), lo cual no “puede permitirse” sobre
todo “en un estado con un gobernador que se dice democrático”.
JALISCO
Molestos, vecinos, por plan de construir la presa
El Zapotillo. (La Jornada, Nelda Judith Anzar, p.web).
Guadalajara, Jal., 4 de septiembre.
El anuncio del presidente Vicente Fox,
el pasado viernes, sobre el proyecto de construir la presa El
Zapotillo en los Altos de Jalisco para abastecer de agua a 11
localidades aledañas y a la ciudad de León, Guanajuato, ha provocado
incertidumbre e inconformidad entre pobladores de Acasico
y Temacapulín, pertenecientes al municipio
de Yahualica. Explicaron que no saben
si la presa será edificada finalmente en ese lugar y temen que
sus comunidades queden inundadas, por lo que exigieron a las autoridades
explicación oficial. "Vinieron hace dos meses de la Comisión
Nacional del Agua a decirnos que se iba a estudiar el subsuelo
y ver si el Congreso aprobaba el proyecto. Esperamos que ya nos
digan lo definitivo, no podemos estar así", dijo Luis Villegas,
delegado de Acasico.
OAXACA
Piden a munícipes frenar la venta ilegal de terrenos. (El Imparcial, Humberto
Torres, p.web).
En poblaciones como Santa Cruz
Amilpas y Zaachila, en especial
en la llamada “Cuesta”, es impresionante el crecimiento poblacional
registrado en los últimos años, al margen de cualquier ordenamiento
o ley de desarrollo urbano y que más tarde se convertirán en factores
de presión para reclamar servicios, reconoció el secretario de
Obras Públicas, Celestino Gómez Soto.
Debido a la venta indiscriminada
de terrenos comunales y ejidales que está provocando un alarmante
crecimiento de asentamientos irregulares en diversas regiones
del estado, sobre todo en los Valles Centrales, dijo que es urgente
que las autoridades municipales detengan esta ilícita situación
que se ha convertido en una “bomba de tiempo”.
Tan pronto como se llegan a formar
nuevos asentamientos, exigen servicios que en la mayoría de los
casos resulta imposible atender, tanto por lo agreste de los terrenos
o la ausencia de recursos económicos para satisfacer sus reclamos.
Reconoció que este tipo de fraccionamientos
al margen de la ley, crea expectativas sociales difíciles de cumplir,
tanto en la introducción de agua potable como en drenaje, alcantarillado
y otros más. “No es posible seguir consintiendo a quienes engañan
a la ciudadanía con este tipo de ventas”, dijo.
Por ello, es urgente que las autoridades
municipales asuman el papel que les corresponde y eviten que los
representantes de Bienes Comunales y Ejidales, sigan vendiendo
sus tierras a “diestra y siniestra”, pues tal parece que se han
preocupado más por la cinta métrica para vender sus tierras que
por hacerlas producir”.
Llamó a tomar conciencia de esta
situación antes de que sea demasiado tarde, pues los representantes
campesinos deben saber que sólo las asambleas puede
tomar decisiones de autoridad. “La aplicación de la ley siempre
será igual para todos, por ello no deben cometer actos de libertinaje”.
Asimismo, señaló que esta misma
situación se presenta en otros municipios aledaños a la capital
del estado, donde la mancha sigue creciendo sin un ordenamiento
legal, lo cual sin duda es “una bomba de tiempo”, pues hasta el
momento no se ha tomado conciencia de ello.
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