OCHO COLUMNAS PRENSA NACIONAL

CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2005

OCHO COLUMNAS

Quieren duplicar deuda

Proponen diputados subir endeudamiento a por lo menos $200 mil millones

Cancún vive incipiente vuelta a la normalidad

En funcionamiento, 20 hoteles y 30% del tendido eléctrico

Frena sindicato Régimen Fiscal de Pemex

Con una llamada de Ricardo Aldana suspendieron su análisis en el Senado

Cierre de sexenio sin sobresaltos

Coincide el Bando Mundial con Banxico en que no habrá crisis

Promete la banca apoyo excepcional a la reconstrucción

Confía Fox en que 80% de la Riviera Maya opere en diciembre

BC, DF y Edomex, los más violentos

Encuesta sobre inseguridad del ICESI

Sufre embate del hampa 29% de hogares del DF

Encuesta 2004 del ICESI señala que 86% de capitalinos vive bajo el miedo

Rebasadas autoridades por el vandalismo en Cancún

Organiza la población grupos de autodefensa; comienzan a hacerse justicia por propia mano

En la “lista negra”, diez diputados

Son “de todos los partidos”: Toscazo. Defiende Julio Frenk acuerdo con tabacaleras

Mudanza de SRE: el ahorro salió más caro

Exigen a cancillería un ahorro de 20% respecto a las rentas que paga

Sector agrario

Certeza Jurídica en el Campo. (El Financiero, p.27 y La Crónica de Hoy, p.7 Desplegado.).

TAMAULIPAS

Ejidatarios fijan plazo para poner fin a conflicto agrario. (Unomásuno, Ricardo Montoya, p.web).

Los ejidatarios de la comunidad San Antonio, del municipio de Cuautepec, ponen a las autoridades estatales y a la de la delegación de la Procuraduría Agraria un plazo hasta el próximo 15 de noviembre, para que haya una solución satisfactoria al conflicto agrario originado por la venta ilícita de terrenos de uso común, llevada a cabo por el comisariado ejidal de la localidad.

Luego de reunirse con representantes de la Subsecretaría de Gobierno de Hidalgo, los ejidatarios subrayaron su firme decisión de llegar a un acuerdo pacífico con ambas dependencias, “siempre y cuando se ponga fin de manera inmediata a la notificación y venta de terrenos, y se respete el régimen de uno común existente en la comunidad.

De no haber para esa fecha una solución al problema, además de la posibilidad de un enfrentamiento con aquellos que adquirieron los predios, advirtieron que “vamos a promover las querellas legales correspondientes contra Ignacio Velásquez, comisariado ejidal de San Antonio, por fraude y destrucción de árboles sin contar con el permiso correspondiente de las autoridades federales en una parte del ejido”.

Realiza PA cambio del órgano ejidal en Cuadrilla Nueva. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).

Cd. Altamirano, Gro. Personal de la Procuraduría Agraria (PA) acudió a la población de Cuadrilla Nueva, perteneciente al municipio de Cutzamala de Pinzón, en donde se procedió a dar validez al cambio del órgano ejidal.

Quien acudió a dicha asamblea fue el visitador agrario Félix Vega Castañeda, quien dio fe de la asamblea a la cual asistieron 34 ejidatarios de un total de 181 que integra el respectivo padrón.

Por tratarse de una segunda convocatoria se dio la legalidad de la misma con los asistentes, quienes presentaron una planilla única, quedando Salomón Hernández Santamaría como presidente del Comisariado Ejidal y David Cruz García como presidente del Consejo de Vigilancia. Ambos fungirán en el cargo por espacio de tres años.

Por otra parte, el residente de la PA, Jesús González García informó que mañana viernes se va a realizar una asamblea informativa en San Juan Chámacua, del municipio de Coyuca de Catalán y a la cual dispuso que vayan varios funcionarios.

Y es que en dicha población hay reticencia para incorporarse al Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y para ello se requiere sensibilizar a los ejidatarios para que aprovechen este programa que terminará en el mes de marzo del año 2006.

Lo que se dice. (El Dictamen (Veracruz), Atila, p.web).

EN OTHAR CABALGA DE NUEVO

Al menos seis de los siete alcaldes panistas de la Cuenca del Papaloapan, se fueron con el canto de las sirenas al apoyar la precandidatura del ex Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, rumbo a la Presidencia de la República.

En los expedientes de los desleales del ahora candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, figuran el munícipe de Carlos A. Carrillo, Domingo de Jesús Armas Pacheco, quien recibió a Creel en el salón ejidal del municipio con al menos unas 50 personas, durante una gira por la zona que le organizó Osiel Castro de la Rosa, que se dice representante cañero y amigo personal de Santiago Creel. El célebre Osiel soñaba con la candidatura a la diputación federal, al grado de tener pintadas una docena de bardas con sus siglas, pero ahora le tocará formarse para ingresar a la lista, pero de la gente del equipo de Calderón.

Para la diputación federal por el Distrito del Bajo Papaloapan, con cabecera en Cosamaloapan, se mencionan muy fuerte Mateo Yépez López y Jorge Ernesto Barbachano Domínguez, ambos cosamaloapeños por convicción, puesto que llegaron ahí hace varias décadas a probar fortuna con sus empresas, sin haber nacido en el pueblo.

En la lista de los alcaldes errados figura el de Amatitlán, Andrés Cobos Meléndez; Tlacojalpan, Salvador Miranda Amador; Tuxtilla, Gloria Alberta Ortega Rodríguez y de Acula Pascual Abraham Arano; movieron cielo y tierra haciendo hasta lo imposible para que en las tres elecciones ganara Santiago Creel.

El que apenas y mueve a su gente, es el diputado federal Diego Palmero Andrade, confrontado con los cañeros por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, echándose encima a los dirigentes de la CNC y CNPR del ingenio San Cristóbal.

Otro con intenciones de llevar agua a su molino es Jorge Ortiz Cortés, Residente de la Procuraduría Agraria en San Andrés Tuxtla, con nulas posibilidades de poder ganar la candidatura y menos una elección donde el PRI amenaza con arrasar, sobre todo si lleva de candidato a Eloy Chiunti Ferat, ex alcalde de Cosamaloapan.

En tanto, para el 12 de noviembre, a las 19:00 horas, en el parque central, los perredistas esperan la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene hasta el día de hoy un amplio margen de triunfo frente a Roberto Madrazo Pintado y Felipe Calderón. Aún cuando el PRD no tiene candidato definido para la diputación federal, que pueda ganar la elección, se menciona al ex priísta, Delfino Azamar Fentanes, que quizás con tres millones de pesos podría empatar con el PRI. Apenas llega a los 100 mil.

A unos días del precierre del Procede, el RAN regulariza mil 582 núcleos agrarios. (Mi Morelia.com, p.web).

Con un total de 399 mil 703 certificados y títulos sobre la tenencia de la tierra, producto del Programa Federal de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional (RAN), son hasta el momento 176 mil 865 las familias beneficiadas en la entidad; así como 847 mil 899 las hectáreas certificadas de un total de 2 millones 176 mil 52 hectáreas de superficie regularizada.

Jorge Zárate Magdaleno titular de la dependencia, señaló que en el presente mes se efectuará una de las tareas más importantes que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional, al entregar documentos agrarios a los ejidos de los municipios de Tuzantla, Tiquicheo, Nocupetaro, Angamacutiro e Indaparapeo. Añadió que la esencia del programa (PROCEDE) es la regularización de la tenencia de la tierra a posesionarios, avecindados y ejidatarios; así como delimitar y definir los linderos de los núcleos agrarios, a fin de evitar problemas entre familias y vecinos. La medición de tierras y terrenos dijo, se hace en presencia de los colindantes para que exista un acuerdo.

Añadió que el próximo 18 de noviembre se contempla realizar el precierre del PROCEDE en donde se determinarán los núcleos agrarios que se atenderán al cierre definitivo del programa, que será el próximo año; asimismo se determinarán los núcleos agrarios que no son susceptibles de adherirse al PROCEDE y los ejidos que rechacen su incorporación. Del mismo modo en el precierre se determinarán y establecerán los compromisos tanto con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); Gobierno del Estado; la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, a fin de lograr culminar con la meta establecida.

Por su parte, Roberto Belmonte López subdelegado técnico del RAN, indicó que el avance en el presente mes reviste importancia pues son 979 documentos entregados, comprendidos parcelas, solares y tierras de uso común que benefician a 410 familias, otorgándoles certeza jurídica.

Belmonte López aseguró que por instrucciones de la Presidencia de la República, la postura del RAN es buscar a los campesinos en sus lugares de origen y hacerles de su conocimiento los diferentes programas y beneficios que pueden obtener, esto de forma gratuita, ya que dijo con la entrega de los documentos los campesinos tienen acceso a beneficios de otra índole que promueve el gobierno federal.

Pone gobernador fin a histórica disputa en ejidos de Nvo. Morelos. (El Mañana de Tamaulipas, p.web).

Signa convenio con secretario de la Reforma Agraria, que garantizará paz social en el campo de ese municipio.

Cd. Victoria, Tam..- El gobernador Eugenio Hernández Flores, y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, firmaron un convenio mediante el cual, los gobiernos federal y estatal aportarán más de 6 millones de pesos, para poner fin a un conflicto entre pobladores de los ejidos Emiliano Zapata, 1 y 2, del municipio de Nuevo Morelos, el cual data desde hace más de 12 años.

“Para nosotros, en el sector agrario, es muy satisfactorio estar con el gobernador, Eugenio Hernández Flores, resolviendo este problema. El presidente de la República, Vicente Fox Quesada, nos dio instrucciones de hacer un esfuerzo, para que los conflictos que haya en el campo se puedan atender y resolver de manera satisfactoria”, dijo el funcionario federal.

En acto realizado en sala de juntas de Palacio de Gobierno, el gobernador, Eugenio Hernández Flores, manifestó su beneplácito porque este problema se haya resuelto de manera satisfactoria, y se favorezcan las condiciones necesarias para que haya paz social en los núcleos agrarios de Tamaulipas.

“Nuestra principal obligación como gobierno y como Estado mexicano, es que haya paz social, que se preserven los derechos y en ese sentido, me siento muy complacido de poder solventar este asunto con la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria”, precisó el mandatario estatal.

Por su parte Salazar Adame destacó, que para el gobierno federal es sumamente importante, que haya paz social en el campo para que se generen las alternativas necesarias, que permitan realizar actividades económicas que beneficien a los hombres del campo.

Como parte de este convenio, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, aportará cinco millones de pesos en tanto que el gobierno de Tamaulipas, aportará un millón 160 mil pesos para resolver este añejo conflicto, derivado de la restitución de un predio de 533 hectáreas en el poblado mencionado.

Salazar Adame, reconoció el interés y la disposición del gobernador, Eugenio Hernández Flores, para que este problema se haya resuelto de manera satisfactoria, comprometiéndose a que los recursos comprendidos dentro de este convenio, aterricen en un mes en Tamaulipas y se canalicen a los beneficiados.

Atestiguaron el convenio el Procurador Agrario Federal, Isaías Rivera Rodríguez; el secretario general de gobierno, Antonio Martínez Torres; la representante regional de la SRA., Elba Lidia Valle Olvera; el alcalde de Nuevo Morelos, José Antonio Rivera Espinoza; el presidente del comisariado Ejidal, del ejido Emiliano Zapata I, Rogelio Castillo Córdoba y el presidente del grupo Emiliano Zapata II, Salomón Pérez Hernández.

Tamaulipas, líder nacional en regularización de tierras: SRA. (Diario de Tampico, p.web)

En materia de regularización de tierras ejidales, Tamaulipas figura como una entidad líder a nivel nacional.

Así quedó de manifiesto durante la firma del convenio del cierre anual del Programa de Certificación de Derechos Ejidales entre el Gobernador Eugenio Hernández Flores y el Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, acto en la que entregaron mil 52 certificados parcelarios a núcleos agrarios en beneficio de 739 familias campesinas y nueve títulos parcelarios a ejidos de reciente creación que se encontraban en posesión irregular.

El Gobernador Eugenio Hernández Flores dijo que se han regularizado más del 92 por ciento de la superficie total de la tierra laborable en la entidad, cifra que rebasa la media nacional en eficiencia y operación.

Salazar Adame indicó que en Tamaulipas se ha avanzado de manera muy significativa en los problemas de acuerdos agrarios en los que se han invertido en los últimos años alrededor de 250 millones de pesos para contribuir a que haya paz en el campo tamaulipeco.

Aquí expresó su reconocimiento al Gobernador Eugenio Hernández Flores, con quien el gobierno federal se coordina dinámicamente y que actualmente se revisa la agenda agraria tamaulipeca en el que se establece el compromiso de realizar una nueva gira de trabajo para dar respuesta a otros ejidos y comunidades que tienen conflictos con la tierra.

En el ejido Apolonia, constituido hace más de 41 años, el Gobernador, acompañado por el alcalde Juan de Dios Cavazos Cárdenas, destacó que el campo seguirá siendo prioridad y esta regularización de la tenencia de la tierra es una muestra que “vamos por el camino correcto para ser del campo una de nuestras grandes fortalezas”.

Ante cientos de campesinos de diversos municipios de Tamaulipas, indicó que esto es un acto de justicia contundente y definitivo que permite continuar avanzando en la igualdad de oportunidades al sector agropecuario.

“Un logro que responde a uno de los más sentidos reclamos de los campesinos y que simboliza un gran acto de justicia social para quien trabaja el campo tamaulipeco”, subrayó Eugenio Hernández.

Indicó que en la entidad hay seguridad y certidumbre jurídica en la propiedad de la tierra agrícola, certidumbre que refleja la estrecha colaboración alcanzada entre la SRA y el gobierno de Tamaulipas.

Dijo que esto ha permitido darle la importancia que merece el campo y que en el marco del convenio celebrado con el gobierno federal, la entrega de 21 escrituras en beneficio de 739 familias tamaulipecas se responde con hechos al histórico reclamo de los hombres y mujeres del campo para arribar a una nueva fase de desarrollo rural.

“Con esta acción se da confianza y se renueva el espíritu para ser más productivo y más rentable el campo en la entidad”, manifestó.

El Gobernador Eugenio Hernández Flores expresó que una vez concluido el programa PROCEDE, su gobierno se centrará en seguir trabajando para impulsar nuevos proyectos productivos y mejores esquemas de financiamiento que generen más ingresos y que dignifiquen a las familias campesinas, entre los que están:

- Trabajar para mejorar la comercialización de productos.

- Modernizar el sistema de riego.

-Impulsar la tecnificación del sector agrícola.

-Ampliar la infraestructura.

-Promover la reconversión de tierras.

-Fomentar la agroindustria y las cadenas productivas.

Las comunidades beneficiadas con la regularización de sus parcelas suman 8 mil 732 hectáreas, en las que habitan 759 familias de municipios de Reynosa, Jiménez, Hidalgo, Aldama, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Méndez y San Carlos.

Estuvieron presentes el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto, entre otros invitados especiales.

Tamaulipas, líder nacional en regularización de tierras: SRA. (En Línea Directa. Info, p.web).

Entregan Gobernador y Secretario de la Reforma Agraria 1,052 certificados parcelarios.

Rìo Bravo, Tamaulipas.- En materia de regularización de tierras ejidales, Tamaulipas figura como una entidad líder a nivel nacional. Así quedó de manifiesto durante la firma del convenio del cierre anual del Programa de Certificación de Derechos Ejidales entre el Gobernador Eugenio Hernández Flores y el Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, acto en la que entregaron mil 52 certificados parcelarios a núcleos agrarios en beneficio de 739 familias campesinas y nueve títulos parcelarios a ejidos de reciente creación que se encontraban en posesión irregular.

“Un logro que responde a uno de los más sentidos reclamos de los campesinos y que simboliza un gran acto de justicia social para quien trabaja el campo tamaulipeco”, subrayó Eugenio Hernández.

“Con esta acción se da confianza y se renueva el espíritu para ser más productivo y más rentable el campo en la entidad”, manifestó.

- Trabajar para mejorar la comercialización de productos.

- Modernizar el sistema de riego.

-Impulsar la tecnificación del sector agrícola.

-Ampliar la infraestructura.

-Promover la reconversión de tierras.

-Fomentar la agroindustria y las cadenas productivas.

Estuvieron presentes el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez y el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto, entre otros invitados especiales.

Revisarán uso de recursos en Yucatán. (El Universal, Jorge Herrera, p.web)

Instrucción a Auditoría de la Federación. Legisladores presentarán denuncia penal contra Patricio Patrón Laviada.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue instruida por la comisión del ramo en la Cámara de Diputados para revisar "el uso de los fondos federales y asignaciones derivadas de los excedentes petroleros" por parte del gobierno de Yucatán en la adquisición de terrenos ejidales para la construcción de un un nuevo aeropuerto.

El 22 de septiembre la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación dio la instrucción a la ASF a petición de la diputada Beatriz Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática.

La legisladora anunció ayer que junto al diputado Emiliano Ramos (PRD) presentarán en los próximos 15 días una denuncia penal en contra del gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, por utilizar recursos públicos y la intermediación de un ex funcionario federal, para la compra de esos terrenos, cuando el protocolo administrativo plantea adquirir propiedades o servicios vía expropiación o licitación. Aunado a ello, la denuncia penal se interpondría por el perjuicio causado a los ejidatarios de la comunidad de Hunucmá, que aseguraron ayer que sus tierras fueron adquiridas mediante engaños y que seguirán con un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario 34 de la cuidad de Mérida.

La diputada Mojica Morgan expuso: "Tenemos elementos para decir que las ganancias en las operaciones realizadas por el gobernador Patricio Patrón Laviada a través de un intermediario de nombre Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, alcanzan entre 9 millones y 27 millones". Explicó que algunos de los ejidatarios tienen documentos en los que se informa la compra-venta del metro de terreno en 70 centavos, cuando la Almazán Arteaga informa que costó 1.30 pesos por metro cuadrado y fue vendida al gobierno estatal en 1.60 pesos. Las dimensiones del predio implicado ascienden a más de dos mil hectáreas.

Los diputados perredistas son los mismos que en agosto pasado interpusieron una demanda de juicio político en contra del gobernador Patrón Laviada. Al respecto, el diputado Emiliano Ramos dijo que la información que recopilan sobre la adquisición irregular del predio para la construcción de un aeropuerto servirá de base para ampliar la demanda de juicio político.

En el documento de demanda se lee: "El gobernador insistió en que recurrió a los servicios de Antonino Almazán porque era el que estaba comprando y tenía contacto con los ejidos de Hunucmá. Además, ofreció entregar los títulos de propiedad y garantizó la legalización y ocupación de las tierras sin ningún problema... También reveló que Antonino Almazán le informó que estaba pactando la compra con nueve grupos ejidales a 90 centavos el metro cuadrado, porque antes hubo otros compradores que pagaron a 70 centavos… De acuerdo con su versión, Almazán ofreció que con todo el trabajo topográfico y legalización vendería al gobierno a 1.20 o 1.30 pesos el metro, según como cerrara el trato con los campesinos".

Ofensiva contra el gobernador. (Diario de Yucatán, p.web).

Nuevos ataques a Patrón Laviada en la primera plana de un periódico capitalino.

“El Universal” de la ciudad de México ha desatado contra el gobernador Patricio Patrón Laviada y su familia una ofensiva que, por segundo día consecutivo, ocupa un sitio preferente en la portada del periódico.

El ataque de ayer tiene una dimensión extraordinaria: es la noticia principal de la primera página y ocupa 61 centímetros.

“Especulan en Yucatán con nuevo aeropuerto”, dice el título a la cabeza de la página. Lo acompañan dos subtítulos: “Gobernador y familiares compran predios ejidales” y “Partidos vinculan el plan con los negocios del hermano del mandatario”.

La nota tiene una ampliación de 104 centímetros en la página ocho de la misma primera sección, con el título de “Los Patrón especulan con terrenos”.

En una carta a Diario de Yucatán, que damos a conocer en esta misma página, el señor Patricio Patrón Laviada responde a las acusaciones y las califica de mentirosas.

En su publicación de ayer, que mide en total 165 centímetros, el diario capitalino presenta en términos desfavorables para el Ejecutivo yucateco y sus hermanos el proyecto de un nuevo aeropuerto y la compra de terrenos ejidales destinados a construirlo y comunicarlo con Mérida.

La nota del periódico incluye una entrevista con el diputado local priísta Jorge Carlos Ramírez Marín y atribuye a partidos de la oposición, entre otras censuras, las críticas a las gestiones para adquirir las tierras por conducto de Antonino Almazán Artega, ex funcionario de la Secretaría de Reforma Agraria.

Se recuerda también que, por esta causa, dos diputados federales del PRD, Beatriz Mojica Morga y Emiliano Ramos Hernández, pidieron al Congreso de la Unión que abra un juicio político contra el gobernador y lo destituya.

Como informamos en nuestra edición de ayer, “El Universal” dedicó el lunes amplio espacio en su portada y una página entera en el interior de su primera sección a informaciones sobre negocios que, según la nota, hace la familia Patrón Laviada gracias a la influencia y protección del gobernador.

La publicación del lunes incluye entrevistas con dos dirigentes políticos yucatecos: Eric Villanueve Mukul, del PRD, y Carlos Sobrino Sierra, presidente estatal del PRI.

Tanto las notas de ayer como de anteayer están fechadas en Mérida y firmadas por David Aponte, enviado del periódico, y Yazmín Rodríguez, corresponsal.

Ha llamado la atención que “El Universal” asigne a un asunto de provincia, como son los ataques al gobernador yucateco, el título principal de su primera página y espacios tan amplios en dos ediciones consecutivas, en momentos en que los medios de comunicación de la ciudad de México concentran sus preferencias informativas en sucesos de rango nacional como las precampañas presidenciales de los partidos políticos y los efectos del huracán “Wilma” en el país.

Durante el juicio del caso Medina Abraham, “El Universal” se distinguió por ser uno de los medios escogidos para difundir y apoyar exclusivamente los puntos de vista de la familia Abraham Mafud y al mismo tiempo atacar al gobierno y la persona de Patricio Patrón Laviada.

“Como las promesas de cambio en 2 tacos”. (Diario de Yucatán, p.web)

La compra de tierras en Hunucmá, blanco de dos acusaciones.

En una audiencia en el Tribunal Agrario, el comisariado ejidal de Hunucmá denunció ayer la presunta corrupción de dos visitadores de la Procuraduría Agraria en la polémica compra de tierras para el nuevo aeropuerto.

Firmas falsificadas, “personas avecindadas” que nadie conoce, sobornos a campesinos y nulo respeto a los tiempos y plazos que marca la Ley Agraria son algunas de las acusaciones formuladas con base en las actas oficiales.

Encabezados por el comisario, un grupo de campesinos advirtió que el mismo procedimiento para comprar en “fast track” sus tierras se está repitiendo en el vecino ejido de Hunkaná y en la pequeña parcela de un particular, Manuel Puerto Euán.

—De las promesas de legalidad y transparencia que proclamó una y otra vez el gobernador Patricio Patrón Laviada me como dos tacos. ¡Puro cuento! —exclamó el comisario ejidal de Hunucmá, Pedro Puc Canul.

Unos 30 campesinos llegaron poco antes de las 13 horas al local del Tribunal Agrario y advirtieron que no permitirán que “la corrupción fomentada desde el Palacio de Gobierno nos despoje de nuestro patrimonio”.

El nuevo aeropuerto forma parte del proyecto Metrópolisur, que ayer también fue motivo de nuevos ataques al gobernador Patricio Patrón Laviada en el periódico “El Universal”.

El título principal del rotativo capitalino en su primera plana fue “Especulan en Yucatán con nuevo aeropuerto”.

Patrón Laviada respondió ayer mismo: dijo que las acusaciones son falsas y dolosas.

“Corrupción” por las tierras del aeropuerto. (Diario de Yucatán, William Casanova, p.web).

30 ejidatarios: Con todo defenderemos nuestros terrenos

Ante el Tribunal Agrario, unos 30 ejidatarios de Hunucmá, encabezados por su comisario Pedro Puc Canul, iniciaron ayer una lucha jurídica para dejar sin efecto la polémica venta de sus terrenos, donde el Ejecutivo planea construir un nuevo aeropuerto.

En la prolongada audiencia, los ejidatarios presentaron copias de las actas de asambleas y de otros documentos y enfocaron sus baterías contra el ex delegado agrario Antonino Almazán Arteaga, intermediario del Ejecutivo en la compraventa, quien —denunciaron— se habría apoyado en los visitadores agrarios Roberto Buenfil y Miguel Pérez Jiménez.

El comisario Pedro Puc denunció, entre las principales anomalías de la venta, las siguientes: 1) Aunque ningún campesino de Hunucmá conoce a Javier Francisco Hernández Cruz, de San Pablo Huitzo, Oaxaca; Mayra del Carmen Nieva Domínguez, de Champotón, Campeche; María Yusenia Méndez Rebollo, de Limaxtla, Catemaco, Veracruz; Santa Bartolo Acuña, de La Loma, Tihuatlán, Veracruz; Blanca Asalia Huesca Damián, de Rancho San Lorenzo, Tihuatlán, Veracruz, y al propio Almazán Arteaga, de Escárcega, Campeche, en una misma sesión se convirtieron en “avecindados de Hunucmá” y compradores de las tierras.

2) La lista de los campesinos que “aprobaron” la venta debe ser investigada por un perito, pues las firmas de muchos son extrañamente parecidas. “Salieron de una misma mano”.

3) Los pagos por la venta no se hicieron en la Casa Ejidal sino de casa en casa, de manera furtiva.

4) Los visitadores de la Procuraduría Agraria nunca vigilaron que se respetaran los derechos de los ejidatarios. “Fingieron demencia” sobre la operación encabezada por los líderes Antonio May Chay, Manuel May Cuxim, Modesto Canul Canul, Fausto Canul Canul y José Peña Yamá.

5) En el padrón del ejido figuran 1,574 ejidatarios; según el Registro Agrario Nacional son 944 y de ellos 538 habrían apoyado la venta, pero sólo 123 cobraron dinero.

Los campesinos advierten que “ante la posible colusión de funcionarios corruptos, defenderemos nuestras tierras con todo”.

Toca a MP indagar caso Patrón Laviada: Presidencia. (El Imparcial de Sonora, p.web)

La Presidencia de la República señaló que deben ser los órganos judiciales los responsables de investigar y en su caso castigar prácticas ilícitas en Yucatán, sobre la presunta compra por parte del gobernador, Patricio Patrón Laviada, de terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto.

El portavoz presidencial, Rubén Aguilar comentó, en conferencia de prensa en Los Pinos, que no corresponde a la Presidencia de la República indagar sobre este asunto porque no es Ministerio Público.

“Si hay algo que investigar, pues que haya una denuncia y que sean los órganos correspondientes los que actúen, la Presidencia de la República no es Ministerio Público, es la Presidencia de la República”, respondió tajante el vocero de Los Pinos, cuando se le preguntó sobre este tema.

De acuerdo con una investigación de El Universal, el gobierno estatal, encabezado por Patricio Patrón Laviada, especula con terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto, según partidos de oposición, que consideran "irregular" esta adquisición de predios y el proyecto ya que Alejandro Patrón Laviada, hermano del mandatario estatal, posee dos cascos de haciendas en la zona aledaña a donde pretende construirse la nueva terminal aérea.

Sobre este asunto, el portavoz presidencial insistió en conferencia de prensa en Los Pinos, que la Presidencia de la República no es Ministerio Público y que por ello “no puede investigar”, que esa es una tarea de las instancias correspondientes en Yucatán y que en todo caso, se presenten las denuncias correspondientes.

De acuerdo con la información de este diario, para la adquisición de los terrenos ejidales el gobierno utilizó los servicios de un ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, Antonino Almazán Arteaga, documentó el diputado local del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Habrá muertes y sangre” si hay otro intento de desalojo en Playa Larga, advierten. (El Sur, Brenda Escobar, p.web).

Hoy está programada otra orden y el TUA instruyó que rompan chapas, candados, cadenas y derriben todas las casas.

Zihuatanejo

Ejidatarios de Agua de Correa que disputan un predio de 6.2 hectáreas con un particular en playa Larga en Zihuatanejo, advirtieron que “habrá muertes y sangre” si el tercer magistrado de distrito y el Tribunal Unitario Agrario 41 insisten en desalojarlos.

Esto luego de que se enteraron ayer de que está programada una nueva orden de desalojo del terreno para el viernes a las 10 de la mañana y el TUA ha instruido que se rompan chapas, candados, cadenas y se derriben todas las casas.

El presidente del comisariado ejidal de Agua de Correa, Bernardo Solís Radilla, ofreció una conferencia de prensa ayer, en la que dio a conocer que fueron informados por la dirigencia nacional de la Unión Campesina Democrática de que ya existe una nueva orden de desalojo, la cual les fue confirmada por el abogado del ejido.

El último intento de desalojo de 198 propietarios de las 6.2 hectáreas que pelea el particular Alejo Maldonado Cuevas, fue el 26 de agosto pasado, cuando el actuario Ricardo Nino García y Agustín Mejía Zarco, quien iba en calidad de topógrafo para medir el polígono, así como el apoderado legal de Alejo Maldonado, Alberto Villagrán, acompañados por unos 50 policías de las tres instancias de gobierno quisieron sacarlos del predio en disputa.

Solís Radilla reiteró que los ejidatarios no están dispuestos a cederle las tierras “a una persona que jamás ha pertenecido al ejido, que jamás ha cooperado, que no tiene un solo documento que lo acredite como dueño de las hectáreas y que ahora se dice dueño, porque ganó un juicio viciado y corrupto al que se han prestado jueces y magistrados”.

Dijo que están preparados para resistir de nueva cuenta la orden de desalojo y advirtió, “de buena fuente sabemos que esta vez el actuario del TUA y el abogado de Alejo Maldonado van a venir reforzados con muchos policías y que vienen dispuestos a sacarnos a la fuerza, pero si eso sucede, no van a pasar más allá del entronque a playa Larga, porque vamos a romper la carretera”.

Luego, llamó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que intervenga ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, “el gobernador sabe de nuestro asunto, lo conoce, por eso le pedimos que antes de que nos golpee la policía, él intervenga para que el conflicto de playa Larga entre al programa de Focos Amarillos”.

Organizaciones campesinas

El gobierno genera pobreza en el campo: académicos. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)

Acusan que la propuesta de presupuesto para el rubro es injusta e inequitativa

Dirigentes de organizaciones campesinas e investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo culparon al gobierno de generar mayor pobreza en el campo, ya que su política agropecuaria se aleja del apoyo a los programas productivos, recurre a las importaciones que desalientan a los productores, y la aplicación presupuestal con desigualdad está generando mayor irritación en el campo.

Agregaron que la propuesta de presupuesto para 2006 es injusta e inequitativa ya que elimina 11 programas prioritarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, prácticamente desaparece tres de la Secretaría de la Reforma Agraria y reduce sustancialmente los recursos a la Comisión Nacional del Agua.

"¿La pobreza se va a combatir con programas asistenciales?", preguntó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar, y destacó que la propuesta de los legisladores es fomentar la producción, pero en el ajuste de la propuesta de presupuesto que envió el Ejecutivo para 2006 estarán "metidos en serios problemas" porque el recurso adicional susceptible a distribuir es de sólo 85 mil millones de pesos, mientras que para el de 2005 fue de 111 mil millones de pesos.

Para mostrar la mala distribución del presupuesto para el sector agropecuario, el legislador señaló que 59 por ciento de los recursos se destinan para fines sociales y el 41 por ciento restante para los programas productivos.

En total, abundó, se restan 16 mil 834 millones de pesos a los recursos para el campo; uno de los afectados es el Programa Especial Concurrente (PEC), considerado columna vertebral para el desarrollo del agro, que tiene un déficit de 8 mil millones de pesos; los programas para enfrentar las contingencias climatológicas -sequías, huracanes y heladas- "no se tomaron la foto para el presupuesto de 2006, ya que no aparecen en la propuesta del Ejecutivo, y al programa ganadero se le restaron 3 mil 500 millones de pesos".

López Aguilar calificó de "complicada la situación para el campo", por lo que pidió a las organizaciones campesinas presionar para que el agro sea considerado por todas las fracciones parlamentarias como prioridad nacional en la reasignación del Presupuesto de Egresos que se apruebe. "Sólo para el PEC requerimos 28 millones de pesos más; el recurso será difícil de conseguir, sobre todo porque la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados se realiza en tres niveles: con cada una de las fracciones parlamentarias, las siete comisiones unidas y el acuerdo mediante el que se fijará el precio del barril de petróleo".

Ante la situación, las organizaciones campesinas del Congreso Agrario Permanente y locales -entre ellas de Chihuahua, Oaxaca y Tlaxcala- exigieron a los diputados mantener un diálogo constante y firme con el Ejecutivo para lograr acuerdos. "De nada sirve que se firmen documentos como el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) si no se respetan", asentó Armando Villarreal Marta, presidente de la asociación civil Agrodinámica Nacional.

"Hablen hoy mismo con el presidente Fox y díganle que deje de generar pobreza en el campo; que le agregue una tercera vía al ANC, como sería el darle un uso más estratégico a la energía para el campo, y que los precios de los energéticos para los agricultores sean más adecuados", solicitó el dirigente campesino, que estuvo encarcelado por luchar por una ley de energía para el campo.

En el foro nacional para la difusión, análisis y evaluación del ANC, el coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), Álvaro López Ríos, advirtió que en el agro hay síntomas de irritación social grave por la distribución injusta e inequitativa de los recursos federales y el incumplimiento del ANC, el cual impone obligaciones morales, éticas y políticas a los servidores públicos. Sugirió a las organizaciones campesinas aliarse con otros sectores de la sociedad para lograr que se haga justicia al campo. A los legisladores de todas las fracciones parlamentarias les pidió "un diálogo concurrente", pues hasta ahora sólo el PRI y el PRD se han comprometido a apoyar a los agricultores, mientras que el PAN se mantiene en la lejanía.

Emilio López Gámez, investigador de Chapingo, dijo que presupuesto de 2006 para el campo debe ser de 153 millones de pesos y con una distribución equitativa; en el mismo sentido se pronunció Marco Antonio Galindo, director de Estudios Económicos del Consejo Nacional Agropecuario. Claudia Esquivel, de la Confederación Nacional Campesina, pidió que no se siga dejando en la indefensión al agro y propuso un viraje estratégico en la política agropecuaria; no hacerlo es como "si a alguno de nosotros nos pusieran a competir con Ana Guevara", comentó.

Prensa Estatal

DISTRITO FEDERAL

Cumple el GDF meta de apoyar proyectos agrícolas. (La Jornada, Ángel Bolaños, p.web).

Entregó ayer los últimos $8 millones para ese fin.

Ofrece Encinas recursos adicionales para el año próximo.

Con la entrega ayer de 8 millones de pesos para proyectos agrícolas en las zonas rurales de la ciudad, el Gobierno del Distrito Federal cumplió la meta que se fijó para 2005 de entregar recursos por 50 millones de pesos del Fondo Comunitario para el Desarrollo Equitativo y Sustentable (Focomdes).

La secretaria del Medio ambiente del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este año se entregaron apoyos para un total de 379 proyectos. Con esto, desde el inicio de la administración el Gobierno capitalino ha apoyado a 7 mil 332 proyectos en beneficio de más de 100 mil personas que habitan en zonas de conservación ecológica.

Encinas Rodríguez se comprometió ante comuneros de Magdalena Petlacalco, en el paraje Cañada, de la delegación Tlalpan, a que el próximo año no solamente se buscará destinar un mayor número de recursos para este programa, sino a buscar apoyos adicionales, porque una de las prioridades de esta administración ha sido la de impulsar este tipo de proyectos que permita a los ejidatarios y comuneros vivir dignamente del aprovechamiento sustentable de los bosques y al mismo tiempo contribuyan a garantizar los servicios ambientales que requiere la ciudad.

En este contexto, el mandatario capitalino felicitó a los ejidatarios de la región por el Reconocimiento al Mérito Forestal que recibieron de la Presidencia de la República a través de la Comisión Nacional Forestal, por su desempeño en el rescate y protección de 620 hectáreas de bosques.

Sheinbaum, en tanto, resaltó la labor que realizan las autoridades de Tlalpan, al ser la única delegación con suelo de conservación en el Distrito Federal que apoya con recursos propios proyectos productivos, de conservación y ecoturismo y que en el acto de ayer entregó el último millón de pesos de siete que ha destinado este año al sector.

La funcionaria informó además que el jefe de Gobierno publicó la semana pasada en la Gaceta Oficial el decreto del Programa de Retribución por Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas Comunitarias o Áreas Análogas y a la fecha se han inscrito tres núcleos agrarios, entre éstas el de Magdalena Petlacalco y el ejido de San Nicolás Totolapan.

En este programa los participantes reciben una retribución económica de 400 pesos por hectárea, por las acciones de vigilancia, conservación, y restauración de sus recursos naturales. Los requisitos para inscribirse son tener un mínimo de 100 hectáreas de bosque libres de asentamientos humanos y de litigios de propiedad, que deberán establecer, todo o una parte, como Área Natural Protegida en su modalidad de Reserva Ecológica Comunitaria.

Denuncian vecinos de Xochimilco daños al bosque de San Luis Tlaxialtemalco. (La Jornada, Laura Gómez, p.web).

Acusan al delegado de permitir excavaciones y tala de árboles sin autorización.

Los trabajos, para abrir una vialidad en beneficio de asentamientos irregulares, señalan.

Vecinos de Xochimilco denunciaron la afectación del bosque de San Luis Tlaxialtemalco para construir una vialidad de acceso a algunos de los 300 asentamientos irregulares ubicados en la montaña, y "ganar votos para la Corriente de Izquierda Democrática (del PRD) en el próximo proceso electoral".

En conferencia de prensa, la diputada independiente Martha Delgado Peralta advirtió que el crecimiento de desarrollos habitacionales, con la pasividad de las autoridades locales, ha provocado la constante invasión de áreas de reserva.

De acuerdo con cifras oficiales, el año pasado se tenían contabilizadas 26 mil familias y casi la mitad vivían en asentamientos irregulares localizados en chinampas y suelo de conservación ecológica, pese a que con ello peligra la declaratoria de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

La Asamblea Soberana Xochimilco, integrada por grupos ecologistas, la asociación de chinamperos y comités de vecinos para la defensa del bosque de San Luis Tlaxialtemalco, analiza efectuar acciones de resistencia civil en varias comunidades, como son el cierre de avenidas o la toma de la delegación política para protestar contra dicha medida, "que sólo tiene fines políticos".

El cronista de Xochimilco, José Genovevo Pérez Espinosa, señaló que el jefe delegacional, Faustino Soto, carece de autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo los trabajos de excavación, ante la posible presencia de vestigios arqueológicos, y tampoco cuenta con la manifestación de impacto ambiental para tirar más de 300 árboles para abrir la calle Acuexcómatl.

Desde su llegada, dijeron inconformes, "Faustino Soto mantiene un doble discurso: por un lado dice trabajar para preservar el carácter de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por el otro urbaniza los asentamientos irregulares que le dieron votos para ser electo", denunciaron Vicente Morales, Xóchitl Ramírez, Marcela Rodríguez y Rodolfo Cordero.

Mencionaron que después de 40 años de mantenerse cerrado el bosque, el pasado día 10 se giraron órdenes para iniciar labores de tala y excavación sin consultar a los pobladores, "que por supuesto están en contra, porque existen otras alternativas para construir un camino, y es injusto que se dote de servicios a quienes invaden nuestras tierras con total impunidad".

Indicaron que enviarán una carta al jefe de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, "para que impida la destrucción del bosque", y se evite "un enfrentamiento entre los pobladores ante la ausencia de autoridad".

GUERRERO

Los vecinos lo compraron en 1988 como terminal de transporte, pero ahora lo reclama un particular. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Peritos del TUA analizan si un predio en Aguas Calientes es de uso común.

Peritos del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 acudieron al poblado de Aguas Calientes para hacer una inspección ocular por el proceso que se sigue de la disputa entre las autoridades municipales y un particular, por la posesión de un predio de 100 metros cuadrados, el cual es de uso común.

El comisario Silvestre Calixto Hernández señaló que el terreno pertenece a la comunidad, luego de que los vecinos le pagaron a Pantaleón Olea Zamora –quien reclama el predio– en 1988, un millón de pesos, y mostraron un documento firmado frente al agente del MP.

De acuerdo con el documento, firmado el 30 de junio de 1988, cuando era comisario José Luis Niño Nava, a Olea Zamora se le entregó un millón de pesos por el predio para que este formara parte del pueblo de Aguas Calientes –como oficialmente se llama, aunque es más común que le digan Agua Caliente– para área común. En la parte final se precisa que las partes se abstendrían de molestarse a futuro.

Ayer, acudieron los peritos del TUA para hacer una inspección ocular del predio y agregarla al expediente. La próxima audiencia será el 28 de noviembre a las 10 de la mañana.

Sobre el caso, el abogado legal Raymundo Castro Aparicio explicó que dicho peritaje significa mucho, pues el TUA constata si Pantaleón Olea en verdad ocupa el terreno, como lo manifiesta en su demanda.

Cancela el TUA la medición en Llano Largo; con machetes los esperaban los ejidatarios. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

Inician demandas civiles contra la medida del tribunal.

Ejidatarios y avecindados de la Ampliación de Llano Largo resguardaron la entrada de la colonia para evitar que empleados del Tribunal Unitario Agrario (TUA) hicieran las mediciones para lotificar el ejido.

Pero la diligencia fue suspendida porque los funcionarios del TUA tuvieron que acudir comunidades afectadas por La Parota.

Los ejidatarios de la Ampliación de Llano Largo perdieron de nuevo la demanda por la posesión de su predio ante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapo), por lo que serán desalojados de las tierras que han habitado por más de 70 años.

El 10 de octubre, el subsecretario de Integración y Ejecución de Resoluciones del TUA, Jorge Juan Mota Reyes, solicitó al magistrado del Distrito 41, Juan Rodolfo Orozco, que diera instrucciones y entregara el predio El Marqués, de 126 hectáreas, al Fonhapo, por ello el desalojo puede ejecutarse en cualquier momento.

Ayer, algunos campesinos con machetes y unas 30 personas más de la Ampliación Llano Largo se plantaron en el acceso principal de la colonia, a unos 30 metros de la glorieta de Puerto Marqués.

Allí las mujeres gritaron consignas y mostraron láminas y mantas contra el Fonhapo “Fuera Fonhapo”; “Son nuestras tierras”.

Conrrada Ávila López dijo que a sus 85 años de edad la mayor parte de su vida ha vivido en ese ejido, “llegué aquí jovencita, cuando yo tenía 16 años, tuve aquí a mis 12 hijos. Sembrábamos maíz y todo estaba lleno de Parotas y el camino era chiquitito”. Añadió: “antes no había dueño como ahora que el terreno está bueno, ahora sí tiene dueño”.

Según el líder del ejido, Jesús Cruz Chupín, el comisariado ejidal de Llano Largo, Rafael García del Carmen, fue notificado el martes por el TUA que la medición y ubicación de lotes se suspendía como estaba previsto, para que se llevara a cabo ayer a las 10 de la mañana.

De ello, los ejidatarios y avecindados advirtieron días antes que no permitirían el acceso a los trabajadores del TUA y que defenderían sus tierras “hasta con sangre”.

Jesús Cruz Chupín señaló a Mario Martínez Aristizabal, María Enriqueta Correo Reguero de Martínez, Norma Ilda Pineda Torres, Cecilia Sánchez Chávez, Ignacio Guzmán Gutiérrez y a Homero Jaramillo como las personas interesadas en que el desalojo se haga efectivo en beneficio del Fonhapo.

Cruz Chupín señaló que la comisaría ejidal será trasladada del ejido a la ampliación “para darle mayor fuerza al movimiento”.

Explicó que unos 50 ejidatarios y vecinos iniciaron demandas por la vía civil en distintos juzgados. Su argumento principal es que tienen más de cinco años en el terreno, por lo que tienen derecho de defender su propiedad por antigüedad.

Además –dijo– que en 1996 el Tribunal Superior Agrario dictaminó a favor de la ampliación del ejido, donde ahora cuentan con 317 hectáreas.

Cruz Chupín apuntó que el magistrado incurre en la ilegalidad porque aún sigue un juicio por la vía civil que no se ha resuelto, “primero debemos ser escuchados y vencidos en el juicio civil”.

Consideró que por acuerdo, los ejidatarios no están cerrados al diálogo con representantes de Fonhapo para lograr una posible conciliación.

Al preguntarle si entregarán las tierras a cambio de dinero, respondió: “no sabemos si es negociación, somos gente sensible y razonable”, pero no descartó la posibilidad de venta.

En la Ampliación de Llano Largo habitan unas 500 familias que cuentan con servicios de luz, teléfono, pozos de agua, fosas sépticas, Cablevisión y además en el bulevar El Cayaco-Puerto Marqués hay negocios establecidos que pagan impuestos al Ayuntamiento.

Impiden campesinos la construcción de la carretera a San Juan Chámacua. (El Sur, Gregorio Urieta, p.web).

San Juan Chámacua

Los ejidatarios de San Juan Chámacua mantienen su posición invariable en cuanto a no permitir que la carretera San Pedro-El Coyol pase sobre sus terrenos. Ayer a las 10 de la mañana, sacaron de sus tierras nuevamente una de las máquinas de la empresa Zear Construcciones, que trabaja en las cercanías de la población de El Coco.

En la tarde en entrevista, la síndica María Valenzuela, representante a la vez del diputado Abel Echeverría, manto su posición al respecto asumida desde el lunes, cuando machete en mano, decidieron impedir que la empresa constructora trace la carretera sobre sus terrenos.

La mañana de ayer, seis ejidatarios impidieron que una máquina DC9 trabajara en la salida de El Coco hacia San José, según Orbelín Torres, topógrafo de la empresa Zear Construcciones, y pidieron al operador que se la llevara.

Más tarde, los campesinos Emiliano Soto Juárez, presidente del comisariado ejidal; y Bernardino Pineda Nájera; expresaron que no se oponen a que se construya la carretera, sino a que ésta pase sobre sus terrenos, pues no les beneficiaría en nada. En entrevista en la sindicatura de Coyuca de Catalán donde los campesinos acudieron a una reunión con María Valenzuela, Bernardino Pineda indicó que “la tierra es el único patrimonio de nuestros hijos, es nuestro par de ojos”.

A la síndica le cancelaron la solicitud del residente de la SCT, Emiliano Soto Juárez.

Por su parte, los campesinos dijeron que están de acuerdo con la carretera y que aceptan que se haga sobre la carretera vieja e incluso que les quiten terreno de las orillas de los terrenos, pero no aceptarán que atraviesen sus tierras.

María Valenzuela, integrante del equipo del diputado federal Abel Echeverría, informó a este diario, que los ejidatarios solicitaron la obra desde el 4 de septiembre de 2002 al ex gobernador René Juárez Cisneros, y que el pasado 3 de octubre, firmaron una minuta en la que se establece que “se revisará el trazo del proyecto y se modificará la fase siempre y cuando no se de el derecho de vía para que se cumpla con las características de un camino tipo C de nueve metros de ancho de camino que cumpla con todas las características y las normas de SCT, siempre y cuando existan recursos para su modificación”.

En ninguna parte de la minuta -que incluso publicaron en un medio local como respuesta a la nota informativa de este diario- se establece que los campesinos aceptan que la carretera pase por sus terrenos.

El vocero del diputado federal Abel Echeverría, Antonio Alvear Olea, dijo que para que la carretera no atraviese directamente hacia San José, La Quesería y El Coyol, los recursos destinados no alcanzarán, por eso entonces no se pavimentarán los accesos a San Juan Chámacua desde la carretera hacia Ajuchitlán, y que ese recurso sería utilizado para pavimentar más de 300 metros lineales de carretera que pasaría de esa manera por la población de El Coco.

Los campesinos acudirán hoy a una reunión con la síndica municipal, en donde se prevé la presencia del alcalde suplente, Felipe de Jesús Cabrera y campesinos de El Coco.

LA PAROTA

Ni Fox, ni Zeferino, ni López Rosas han ido a la zona de La Parota, critica Félix Salgado. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).

No puede anunciarse como un hecho la construcción de la presa si no se convence antes a los dueños de la tierra, dice a acasocios el alcalde electo. Confirma que la UDA y la Administradora de Playas serán transferidas al Ayuntamiento a partir de diciembre.

El alcalde electo Félix Salgado Macedonio criticó que se dé como un hecho la construcción de la presa La Parota, cuando ni el presidente Vicente Fox Quesada, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, ni el alcalde de Acapulco Alberto López Rosas, han visitado las áreas que serían afectadas para tratar de convencer a los comuneros.

En la sesión tradicional de los integrantes de la Asociación Civil Acapulco –conocida como el Grupo ACA– a la que asistió como invitado, Salgado Macedonio anunció que tanto la Unidad Deportiva Acapulco (UDA), como la Promotora y Administradora de Playas, serán transferidas, a partir del primero de diciembre, al Ayuntamiento para que las administre. Incluso comentó que el actual director de la Administradora, Ignacio Terrazas Sánchez, “ya sabe” de la decisión.

A la sesión asistieron 20 acasocios, por eso se redujo el tiempo de la participación cada uno: le hicieron propuestas sobre vialidad, turismo, playas; así como preguntas sobre la integración de su gabinete, la relación con el gobernador, su postura ante La Parota, hasta el plantón de tianguistas de Antonio Valdés afuera del Ayuntamiento.

Salgado Macedonio dijo que en su gobierno estará gente capaz de diversa filiación partidista, porque lo eligió el pueblo, “así que tengo consentimiento y permiso de mi partido para formar un gabinete plural”.

Confirmó que reducirá los salarios de los funcionarios, pues argumentó que en el Ayuntamiento hay quien gana 5 mil pesos, pero gasta 25 mil en teléfono celular, aunque no quiso precisar su nombre, “por eso cada funcionario pagará su teléfono”, sentenció.

Aseguró que el próximo tesorero municipal será “completamente estricto”, y que va a ser “un

egresado con mención honorífica, reconocido, hombre de empresa y muy honesto, además con aval, tiene muy buenos avales que lo reconocen”, aunque tampoco reveló su nombre.

Consultado por reporteros sobre si esa propuesta se apellida Torreblanca, Félix Salgado sólo insistió que es una persona intachable y reconocida, “muy bien avalada y reconocida”.

Sobre cómo será su relación con Zeferino Torreblanca, el alcalde electo les dijo a los acasocios que “no nos vamos a pelear, nos vamos a llevar muy bien, aparte le voy a pedir más recursos, más presupuesto para Acapulco”.

Insistió que está a favor de la construcción de La Parota, pero precisó que “se le da un mal tratamiento, un tratamiento social no muy adecuado. Anuncian que se va a hacer la presa, pero nadie ha ido a convencer a la gente, no ha bajado el presidente de la República, el gobernador, el alcalde, no hay ninguna autoridad en Aguas Calientes convenciendo a los dueños de la tierra”.

Advirtió que si se intenta imponer el proyecto, puede suceder lo de San Salvador Atenco con el proyecto de un aeropuerto, “ya se estaban vendiendo los andenes y los locales comerciales del aeropuerto, pero los dueños de la tierra no estaban convencidos de venderla. Ahí hay dueños, ahí hay un ejido, ahí son bienes comunales, primero hay que convencerlos a ellos.

“¿Qué puedo hacer yo como alcalde? Quizás meterme a convencer, pero la CFE tiene que poner su parte, que haga lo suyo y que el gobierno federal también baje a convencer, porque así de lejecitos como que no; se necesita mucha sensibilidad”.

Después, en entrevista, mencionó que “de ser necesario” irá a las comunidades, aunque aclaró que primero, ya como alcalde, quiere reunirse con la CFE y con Vicente Fox.

Recordó que ya se ha reunido con los campesinos, tanto con los que están a favor como en contra, y reiteró que sí apoya la construcción de la presa “si están de acuerdo (los ejidatarios), porque no se les puede obligar”.

Por último, Salgado Macedonio dijo que desconocía el anuncio de López Rosas de que el pago de aguinaldos y el conflicto por una calle entre los hoteles Playa Suites y Crowne Plaza quedrán pendientes para la próxima administración, y sólo mencionó que se reunirá con él para saber “en qué condiciones entrega”.

Nunca negoció “en lo oscurito” con la CFE, dice el ex comisario de La Concepción. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Sí renunciará al cargo, pero demandará penalmente a quienes lo acusan, advierte Demetrio Melchor Estrada. Lo de la casa muestra se decidió en una asamblea donde los opositores se salieron antes de que empezara la votación, explica. No he amenazado de muerte a nadie, asegura.

El comisario de La Concepción Demetrio Melchor Estrada negó que amenazara de muerte a comuneros opositores a la presa La Parota, como lo denunciaron éstos el domingo y aclaró que nunca ha negociado “en lo oscurito” con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que los demandará penalmente por difamación.

Agregó: “No he recibido ningún dinero de la CFE y por ello estoy en la mejor disposición de renunciar al cargo, pero quiero que me comprueben con papeles las acusaciones”.

Melchor Estrada acudió a la redacción de El Sur acompañado de otros comuneros para deslindarse de las acusaciones y dar su versión de lo que pasa en su comunidad, donde se construye la casa muestra de la CFE para los posibles afectados por la presa, y que ha causado enojo en los opositores.

Aseguró que “en ningún momento amenazó de muerte” a los opositores y que desconoce al abogado de éstos, José López Adame, pues no es del pueblo.

Dijo que esas declaraciones del abogado lo colocan a él como autoridad en un problema grave, pues no sabe cómo viven las personas a las que defiende.

El comisario señaló que hacía responsable de lo que le pase al abogado y a los comuneros de La Concepción, Quilimaco Solís Valeriano, Emilio Hernández Solís, Jacinto Solís Valeriano y Benigno Tornez Méndez, pues son personas que siempre están contra el pueblo y sus beneficios.

“Me acusan de que soy un comisario corrupto, que he recibido dinero de la CFE, por lo que estoy en la mejor disposición de dejar la comisaría, pero quiero que me comprueben con papeles o de lo contrario actuaré en forma legal por difamación”.

Melchor Estrada insistió que la construcción de la casa muestra se decidió en una asamblea donde la mayoría estuvo de acuerdo, y la que los opositores abandonaron cuando comenzó la votación.

De acuerdo con el comisario, la CFE ya comenzó con las obras sociales que prometió para la comunidad.

Sobre los señalamientos de que con bancos de arena y grava se beneficia a unas cuantas familias, Melchor Estrada señaló que el convenio de explotación de ese material ya se había firmado con la anterior autoridad, encabezada por Eudoxio Miranda Casiano, a cambio de 3 mil pesos mensuales como cuota fija y un pago de salida de camiones cuando empiecen los trabajos.

Explicó que los bancos de dicho material serán explotados por una cooperativa conformada por 13 familias de la comunidad, y que los beneficios quedarán al pueblo, donde falta mucho. “Son los mismos opositores los que andan en el movimiento y no dejan que el pueblo de La Concepción progrese”, se quejó.

Por su parte, el presidente de la cooperativa de grava y arena La Concepción, Mario Carmona Tornez, indicó que para explotar el banco de arena cuentan con el permiso de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y señaló que los trabajos aún no empiezan.

Acusó al comunero Quilimaco Solís Valeriano de pedirle “15 mil pesos para calmar a la gente”, pero aseguró que no le dará ningún quinto sino será directo a la comisaría.

También acusó que Emilio Hernández Solís entró al predio que rentan y destrozó 100 metros de maguera de dos pulgadas y 400 metros de cable del ocho, y ha amenazado públicamente en asambleas que quemará las máquinas.

Que la CFE dé una explicación amplia de La Parota, piden simpatizantes del proyecto. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Hasta el momento la mayoría de los pobladores desconocen cómo sería la negociación, la indemnización de los pueblos y los criterios para determinar su monto y su localización, señalan comisarios en un documento dirigido al gobernador. El gobierno debe impedir que una minoría obstruya el desarrollo, exigen.

Autoridades municipales de varias comunidades que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, y que simpatizan con el proyecto de La Parota, llamaron a los tres ámbitos de gobierno a que no permitan que una “minoría” obstruya el desarrollo de los pueblos.

Exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “que por localidad dé una explicación amplia y completa del proyecto para que no aclare las dudas, inquietudes y falsos argumentos que algunas personas se han encargado de difundir entre nuestros pueblos”.

En un documento –entregado por el comisario de La Concepción, Demetrio Melchor Estrada, en la redacción de El Sur– firmado por 15 autoridades y dirigido al gobernador Zeferino Torreblanca; al alcalde Alberto López Rosas; al alcalde electo Félix Salgado y a los comuneros de Cacahuatepec, los simpatizantes hicieron algunos señalamientos.

Indicaron que hay una minoría que obstaculizan los estudios y ha impedido que sean informados, y ha “sido así porque nuestras autoridades lo han permitido”.

Además –dicen– hasta el momento la mayoría de los pobladores desconocen cómo sería la negociación de las tierras que serán afectadas, de qué forma se indemnizará los pueblos, qué criterios se utilizarán para determinar su monto y su localización.

Agregaron que no comparten que a quienes se explique en primer lugar sea a los opositores, a los académicos, a los empresarios, “mientras que a la gran mayoría de los comuneros y avecindados que queremos el progreso y el beneficio nos ignoran y consideran innecesaria nuestra participación en la promoción y difusión de los beneficios de la obra en la región”.

En la misiva también piden al gobernador una audiencia y a Salgado Macedonio que manifieste públicamente su posición al lado de los comuneros, ante el problema que viven los pueblos.

Añaden que esperan ansiosos que el progreso y el bienestar llegue a las comunidades durante su administración.

El documento explica que los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde se plantea construir la presa, es un núcleo agrario que ha estado abandonado por más de 75 años, y hasta ahora mantienen los más altos índices de marginación y pobreza.

Narran que de sus pueblos todos los días salen a trabajar al puerto, a otras ciudades del país, incluso a Estados Unidos; “por falta de empleo y de oportunidades abandonamos nuestras tierras y nuestras familias para luchar por la sobrevivencia”.

Continúa: “las posibilidades de empleo y desarrollo han sido prácticamente nulas por falta de proyectos y apoyo que nos permitan trabajar nuestras tierras y explotar nuestros recursos naturales”.

Agrega que “por décadas los gobiernos los han ignorado, salvo el gobierno municipal que encabezó Zeferino Torreblanca Galindo, pues ejecutó varias obras de beneficio social, así como algunos proyectos productivos”.

Señalan que los anteriores gobiernos sólo les dieron programas asistencialistas “que no solucionaron de raíz el grave rezago económico y social de las comunidades”.

Más adelante, el documento señala que “estamos conscientes de que las necesidades de desarrollo de nuestro país requieren de la búsqueda y del fortalecimiento de nuevas fuentes de energía que no contaminen y que no deterioren el medio ambiente”.

Señalan que ahora más que nunca los comuneros de Cacahuatepec “debemos estar informados, unidos y organizados en torno al conocimiento de los alcances y beneficios del proyecto hidroeléctrico de La Parota”, y por ello demandan más información de la CFE.

Finalmente, señalan que la CFE prometió obras sociales sin compromiso, por lo cual piden que estas empiecen de inmediato en las comunidades, por lo cual “los tres ámbitos de gobierno deben cumplir con su responsabilidad en beneficio de los intereses de la mayoría”.

El documento viene signado y sellado por las autoridades de Progreso de Cacahuatepec, El Rincón, El Campanario, Barrio Nuevo de los Muertos, Las Ollitas, Las Parotas, Rancho Las Marías, La Concepción, El Bejuco, Los Mayos, San Antonio, San isidro Gallinero, San José Cacahuatepec, El Arenal y Las Chanecas.

PUEBLA

Puebla y Veracruz signan un convenio de colaboración (La Jornada de Oriente, Martín Hernández, p.web).

Con la principal intención de evitar conflictos por los límites territoriales entre Puebla y el estado de Veracruz, el secretario de Gobernación de la primera entidad, Javier López Zavala, se reunió ayer en Xalapa con el gobernador veracruzano, Fidel Herrera Beltrán, para acordar el plan de trabajo y obras que serán puestas en marcha en los municipios limítrofes y de ese modo evitar enfrentamientos.

Según el documento, López Zavala “reconoció la importancia de trabajar de la mano con el gobierno de Veracruz, toda vez que hay 25 municipios de Puebla y 36 de Veracruz que comparten una misma franja limítrofe entre ambas entidades”.

“En su intervención, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, reconoció el interés de la administración estatal de Puebla por solucionar cuanto antes el conflicto de límites de una manera pacífica y por medio del diálogo y la concertación, a fin de que ambas partes resulten beneficiadas. Destacó que su gestión coadyuvará en lo necesario para que sean iniciadas las obras planteadas, así como detonar el desarrollo de esas alcaldías”, agregó el boletín.

Cabe mencionar que con los ayuntamientos se prevé la aplicación conjunta de los recursos del ramo 33, principalmente para concretar el proyecto de clusters de producción y mejorar la economía de los municipios en la zona limítrofe, entre los que están, por Puebla: Acateno, Caxhuacan, Chapulco, Chichiquila, Chilchotla, Eloxochitlán, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huehuetla, Hueytamalco, Jopala, La Fragua, Nicolás Bravo, Olintla, Pahuatlán, Quimixtlán, San Sebastián Tlacotepec, Tenampulco, Tepeyahualco, Teziutlán, Tlachichica, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco y Zihuateutla, en tanto que los proyectos planteados por las autoridades estatales también beneficiarán a las alcaldías veracruzanas de Aculzingo, Aquila, Astacinga, Atzalan, Ayahualulco, Calcahualco, Castillo de Teayo, Coahuitlán, Coatzintla, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cosquihui, Coyutla, Filomeno Mata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Maltrata, Martínez de la Torre, Mecatlán, La Perla, Perote, Soledad Atzompa, Tehuipango, Temapache, Tenochtitlán, Tezonapa, Tihuatlán, Tlaltetela, Tlapacoyan, Xico, Xoxocotla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.

El funcionario estatal comentó que sólo con trabajo conjunto pueden ser mejoradas considerablemente las condiciones de vida de los habitantes de municipios en la zona limítrofe, y evitar la controversia que por años se marcó en ambos territorios.

Cartones