CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
JUEVES
28
DE
JULIO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Amargan cañeros a la ciudad
Marchan 20 mil
campesinos
para
exigir
que
se
publique
la
ley
cañera
Echeverría es culpable, dice la Presidencia
Se acatará fallo
por
‘halconazo’;
no
es
derrota
para
el
gobierno:
vocero
Pronostica Banxico menor crecimiento
El rango de expansión
del
PIB
oscilaría
entre
3.25
y
3.75
%
Baja Banxico previsión de crecimiento
México, reprobado
en
muchos
factores
que
favorecen
la
competitividad
Bucareli rasuró el reporte
de
apuestas
Ocultó nombres
de
accionistas:
diputados
Entrena EU militares mexicanos para combatir terroristas
El programa lleva
dos
años
en
operación
En DF, libres 275 plagiarios con orden de aprehensión
Ni la PGJDF ni
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
capitalina
los
ha
podido
detener
Cámara baja…y de gases tóxicos
Ven riesgos por
daños
en
San
Lázaro
Chocan Presidencia y PGR por “El Encino”
Está “cerrado”
y
no
habrá
acción
penal,
afirma
Rubén
Aguilar
Narco impone ley
El Estado mexicano
pierde
territorio
y
espacios
de
poder
en
frontera
norte,
ante barones
de
la
droga
Sector agrario
Firme el ejido Cosoleacaque
en
denuncia
por
zafarrancho. (Diario del Istmo, Martín
Ruiz,
p.web)
El ejido Cosoleacaque sigue firme en la denuncia que en su momento
hizo
ante
las
autoridades
judiciales,
señalando
a
las
personas
que
provocaron
el
zafarrancho
del
pasado
30
de
enero
durante
una
asamblea
de
ejidatarios
y
en
donde
resultó
lesionada
la
señora
Santa
Martínez
Cruz
al
ser
golpeada
con
una
silla
en
la
frente.
Cosoleacaque, Ver.
Precisamente por este caso fueron llamados a comparecer
en
días
pasados
ante
el
Juzgado
primero
de
primera
instancia
en
el
puerto
de
Coatzacoalcos,
el
Presidente,
Tesorero
y
Secretario
del
Comisariado Ejidal, Miguel Ángel Salomé Cruz, Tomás Reyna Lara y Orlando Ramírez respectivamente, los cuales ratificaron
su
denuncia
por
robo,
daños
materiales
y
lesiones.
Según se recuerda, en la fecha señalada se realizaba
una
asamblea
extraordinaria
en
el
recinto
ejidal
con
la
presencia
de
representantes
de
Sagarpa
y
de
la
Procuraduría Agraria, cuando se presentó la
provocación
por
parte
de
Alfonso
Martínez
Torres,
Lázaro
Montalvo
Lara,
Juan
Rosaldo Miguel y Nicasio Montalvo Lara, éste último presunto
responsable
de
las
lesiones
a
la
señora
Santa.
Ese día se encontraban en el presidium
representando
a
la
Sagarpa
el
delegado
de
Minatitlán y el de Las Choapas, Magdaleno
Sánchez
López
y
el
otro
de
nombre
Urbano,
así
como
el
de
la
Procuraduría
Agraria
con
sede
en
Acayucan,
Juan
Carlos
Gómez
Carmona
y
también
el
regidor
Juan
Merlín
Alor
quien
apresuradamente
abandonó
la
sala
cuando
vio
que
las
cosas
se
ponían
“color
de
hormiga”.
En otro contexto los ejidatarios informaron que finalmente
ha
sido
reconocido
por
las
autoridades
agrarias
el
nombramiento
de
un
nuevo
Presidente
del
Consejo
de
Vigilancia,
el
campesino
Epifanio
Torres
González,
en
sustitución
de
Isaías
Martínez
Martínez
quien
también
está
denunciado
ante
las
autoridades
judiciales
por
un
fraude
consistente
en
174
mil
pesos
que
desvió
de
los
fondos
ejidales
y
que
están
sustentados
con
documentos
en
donde
está
su
puño
y
letra.
Isaías fue expulsado del cargo el 17 de febrero durante
una
asamblea
y
ya
se
ha
hecho
el
cambio
correspondiente
para
que
su
nombre
sea
sustituido
en
los
documentos
que
se
tramitan
ante
el
Procede.
Reclaman ejidatarios de Yoloxóchitl
el
pago
a
los
afectados
por
una
carretera. (El Sur (Guerrero),
Karenine
Trigo,
p.web)
Antes de
empezar
la
ampliación
y
revestimiento
del
camino,
autoridades
de
Yoloxóchitl dicen que platicaron con los afectados para acordar
que
recibirían
el
pago
de
sus
cosechas,
pero
alegan
con
las
escrituras
de
Procede
que
es
pequeña
propiedad
y
exigen
la
liquidación
San Luis
Acatlán
Ejidatarios
afectados
con
la
ampliación
y
revestimiento
del
camino
rural
de
San
Luis
Acatlán a Yoloxóchitl se quejaron
ante
el
encargado
de
la
ejecución
de
la
obra
Eduardo
Martínez
Romero,
con
el
fin
de
exigir
el
pago
de
sus
terrenos,
quien
les
dijo
que
no
hay
dinero
para
la
liquidacíon.
La reunión
de
los
ejidatarios
con
el
residente
de
la
obra
fue
a
las
8
de
la
mañana
en
el
kilómetro
2
de
la
carretera,
donde
se
encuentra
la
maquinaria.
El camino
va
de
la
cabecera
municipal
a
la
entrada
de
la
comunidad
de
Yoloxóchitl,
tiene
4
kilómetros
de
largo
y
los
daños
son
en
el
primer
kilómetro
y
medio,
donde
afecta
las
propiedades
de
Flaviano
Rojas
Espinosa,
quien
según
versiones
de
su
hija
Julia
Rojas
Sánchez,
hay
un
litro
y
medio
de
maíz
sembrado.
Además
afectó
la
cerca
del
terreno,
“el
ingeniero
se
comprometió
a
reponer
la
cerca
y
dijo
que
nos
va
a
dar
una
costalilla
de
maíz,
pero
tenemos
sembrado
también
ejotes
y
calabazas”.
Otro de los
afectados
es
Pedro
Martínez
Librado,
quien
detalló
que
la
afectación
en
su
terreno
es
de
128
metros
de
largo
por
8
de
ancho
al
inicio
y
al
final
por
14
metros,
explicó
que
tiene
en
su
parcela
una
siembra
de
maíz
de
más
de
un
mes.
Hipólito
Tiburcio,
es
otro
de
los
afectados,
a
quien
le
quitan
800
metros
de
largo
por
4
de
ancho.
Silverio
Nazario
Galindo
manifestó
que
es
uno
de
los
cuatro
afectados,
y
añadió
que
no
cuenta
con
siembra
en
su
parcela,
pero
sí
con
árboles
que
serán
derribados
por
la
obra.
Por su parte,
el
comisario
del
comisariado
de
Yoloxóchitl, Cirino Vázquez Bautista;
el
presidente
Herminio
Brujido
Santiago;
y
el
presidente
del
comisariado de San Luis Acatlán,
Pablo
Moctezuma
Salas;
relataron
que
antes
de
empezar
la
obra,
se
platicó
con
quienes
serían
afectados
que
acordaron
en
recibir
únicamente
el
pago
de
sus
cosechas,
sin
embargo,
como
tienen
escrituras
de
Procede,
alegan
que
es
pequeña
propiedad
y
exigen
que
se
les
pague
el
terreno.
Vázquez Bautista
consideró
que
el
beneficio
de
la
obra
es
para
varios
pueblos,
no
nada
más
para
Yoloxóchitl,
por
eso
si
no
se
resuelve
tendrán
que
invitar
a
los
vecinos
de
los
otros
lugares
para
que
decidan
qué
hacer.
Sin embargo,
la
hija
de
uno
de
los
afectados,
Julia
Rojas,
agregó
que
los
encargados
de
la
obra
tomaron
más
terreno
de
lo
pactado
y
esa
es
la
inconformidad.
El ingeniero
residente
de
la
obra,
Martínez
Romero,
trabajador
de
la
empresa
Valber, expuso que “de las cuatro personas afectadas en anteriores
ocasiones
el
presidente
de
la
agraria
citó
a
una
reunión,
de
los
cuales
solamente
acudió
una
y
vimos
lo
que
se
iba
a
afectar,
cómo
se
iba
a
enderezar
la
carretera,
pero
ahora
que
ya
empezamos
a
trabajar
piden
que
se
les
pague…
cuando
vieron
que
estábamos
midiendo
en
su
terreno,
empezaron
a
sembrar.
Antes
de
que
midiéramos
nosotros,
no
había
ningún
trabajo,
después
de
que
medimos
empezaron
a
sembrar
yo
les
dije
que
su
trabajo
se
lo
vamos
a
compensar,
para
que
su
trabajo
no
sea
en
vano,
pero
dinero
para
pagar
el
terreno,
no
hay,
ese
trámite
se
tendría
que
hacer
por
separado”.
Martinez
Romero
y
las
autoridades
ejidales
se
comprometieron
a
reunirse
con
los
afectados
ayer
a
las
8
de
la
noche
para
buscar
una
solución.
Piden ejidatarios de San Juan Chámacua les regresen su permiso de transporte público. (El Despertar del Sur (Guerrero), Juan M. Robles, p.web)
*Se lo traspasaron
a
un
particular
sin
fundamento
COYUCA DE
CATALÁN,
GRO. Un grupo de ejidatarios de la población de San Juan
Chámacua, perteneciente a este municipio, acudieron a las
oficinas
de
la
delegación
de
Gobierno
en
donde
plantearon
el
problema
de
una
unidad
del
servicio
público
del
transporte.
Dicha comitiva
fue
encabezada
por
Emiliano
Soto
Juárez,
presidente
del
Comisariado Ejidal, y por el comisario de esa población, Silvestre
Pineda
Guillermo,
quienes
fueron
recibidos
por
uno
de
los
encargados
de
la
guardia.
Estas personas
habían
anunciado
que
ayer
miércoles
se
posesionarían
de
las
instalaciones
de
la
delegación
de
Transportes,
luego
de
denunciar
que
en
el
año
2002
el
permiso
de
la
comunidad
pasó
a
un
particular
de
nombre
Noé
Echeverría
Antúnez.
De ello se
dieron
cuenta
el
pasado
31
de
mayo
cuando
debería
de
hacerse
el
contrato
anual,
en
donde
resultó
que
ya
la
concesión
había
pasado
a
un
particular
porque
en
la
delegación
de
Transportes
se
hizo
un
movimiento
de
esa
naturaleza.
En la oficina
de
la
delegación
de
Gobierno
se
les
informó
que
podían
acudir
a
la
ciudad
de
Chilpancingo
para
entrevistarse
con
las
autoridades
del
transporte,
pero
también
se
les
dio
la
opción
de
dialogar
con
Fernando
Jaimes
Ferrel,
delegado
federal
de
la
Procuraduría
Agraria.
Dichas personas
hablaron
por
teléfono
con
el
funcionario,
quien
quedó
de
atenderlos
a
las
10:00
de
la
mañana
del
próximo
sábado
en
sus
oficinas
de
Ciudad
Altamirano,
aunque
les
adelantó
que
los
permisos
a
las
comunidades
no
pueden
ser
transferidas
a
particulares.
Al consultar
al
delegado
de
Transportes,
Ranferi
Palacios
Pineda,
informó
que
dicha
concesión
fue
entregada
a
la
comunidad
en
el
año
de
1989,
pero
que
el
29
de
julio
del
año
2002
fue
cuando
se
hizo
el
movimiento
que
permitió
pasarla
a
un
particular.
Aclaró que
todo
el
expediente
de
este
caso
será
entregado
a
la
autoridad
competente
que
lo
requiera
para
que
ellos
constaten
quien
fue
el
delegado
que
hizo
este
movimiento,
ya
que
en
su
caso
no
puede
particularizar
el
mismo.
No aparece el líder campesino Humberto Serrano
Pérez:
CCI. (Avance (Nayarit), Pepe
Reyna, p.web).
Apenas el lunes había sido desalojado de un predio invadido
en
Bahía
de
Banderas
Desde el pasado lunes
se
encuentra
desaparecido
el
dirigente
campesino
Humberto
Serrano
Pérez,
quien
venía
liderando
a
unos
cien
comuneros
que
cuentan
con
una
resolución
presidencial,
misma
que
ampara
alrededor
de
375
hectáreas
en
el
ejido
Los
Llanitos,
municipio
de
Bahía
de
Banderas,
informó
la
Central
Campesina
Independiente.
De acuerdo con una versión dada a conocer por Aarón Arecha García, dirigente de la propia CCI, el grupo de comuneros
encabezados
por
Serrano
Pérez
venían
ocupando
el
hectareaje
de
referencia,
ante
la
inconformidad
de
pequeños
propietarios
de
la
zona.
Según el informante, el domingo pasado se presentaron varios
agentes
de
la
policía
vestidos
de
civil,
los
cuales
procedieron
al
desalojo
de
Serrano
y
del
grupo
de
comuneros
supuestamente
invasores.
Luego del desalojo, agregó Arecha
García,
los
pequeños
propietarios
inconformes
volvieron
a
ocupar
el
área,
pero
de
Serrano
Pérez
sólo
se
supo
que
había
acudido
a
la
Procuraduría
Agraria
y
a
la
propia
Central
Campesino
Independiente,
y
que
fue
al
salir
de
esta
última
cuando
se
supo
que
había
sido
detenido
por
agentes
policíacos
y
obligado
a
abordar
un
carro
blanco,
tipo
tsuru,
de
cuyas
placas
nadie
se
percató.
"Hasta el momento- subrayó Arecha
García-
nada
sabemos
de
Serrano;
hemos
hablado
a
las
oficinas
de
la
CCI
en
México,
pero
allá
nadie
lo
ha
visto".
Se cree que está secuestrado o detenido, pero lo raro- dice
el
informante
es
que
ni
el
Procurador
Agrario,
Ricardo
Lyle
Frietch,
que
ha
estado
al
pendiente
de
todo
este
asunto,
sabe
el
paradero
del
líder
campesino.
Estrangulan actividad en Sagarpa
y
CNA.
(El Debate (Sinaloa), René Figueroa, p.web).
Protesta. ejidatarios de Ocoroni podrían liberar
oficinas
el
día
de
mañana.
Mientras manifestantes
de
Ocoroni,
que
sumaron
siete
días
de
la
toma
de
las
oficinas
de
Sagarpa
y
CNA,
aseguran
que
podrían
desalojarlas
mañana
dependiendo
de
las
negociaciones,
funcionarios
afirmaron
que
la
actividad
oficial
fue
estrangulada.
José María González, uno de los
que
encabeza
la
movilización
de
ejidatarios
que
reclaman
la
concreción
de
apoyos
por
parte
del
gobierno
federal,
dijo
que
para
mañana
se
espera
la
visita
de
funcionarios
de
la
Secretaría
de
Agricultura,
así
como
de
la
Reforma
Agraria
y
de
la
Comisión
Nacional
del
Agua
para
dar
información
sobre
lo
que
pueden
entregar
al
grupo.
Hasta lo que se sabe existe un
ofrecimiento
de
la
SRA
para
pagarles
las
186
hectáreas
que
se
cedieron
para
la
formación
de
la
comunidad
Génaro
Estrada.
También
advirtieron
que
de
no
convencerles
la
respuesta
incrementarán
sus
medidas
radicales
y
el
movimiento
pudiera
trasladarse
a
la
capital
del
estado
para
mayor
ejercer
presión.
El caos. La protesta
de
los
habitantes
de
Sinaloa
ha
provocado
serios
conflictos
en
la
Sagarpa y también ha motivado que se eleven voces de protesta
de
productores
de
maíz,
quienes
no
han
podido
recibir
los
apoyos
a
la
comercialización.
Vicente
Galaz
López,
jefe
del
Distrito
de
Desarrollo
Rural
134,
señaló
que
trabajan
a
medias
en
el
edificio
de
la
Asociación
de
Agricultores
del
Río
Sinaloa
Poniente.
Sin embargo, afirmó, todo el equipo
está
encerrado
en
las
oficinas
federales.
Las
computadoras,
expedientes,
mecánica
operativa
y
algunos
documentos
que
tenían
que
ser
enviados
a
oficinas
centrales
han
pasado
de
las
fechas
fatales.
La
entrega
de
apoyos
a
la
comercialización
se
está
realizando
a
medias,
pues
han
llegado
cheques
de
Aserca y algunas nóminas quedaron encerradas.
El color. A los
que
mantienen
tomadas
las
oficinas
federales
no
les
pesa
el
calor
ni
el
hambre.
Ayer
por
la
mañana
estaban
desayunando
machaca
con
papas;
tienen
una
cocina
improvisada
en
los
patios
que
regularmente
se
utilizan
como
estacionamiento
de
los
carros
de
funcionarios.
Los cabezas del movimiento siempre
han
dicho
que
son
hasta
300
gentes
las
que
se
mantienen
en
la
toma,
pero
la
realidad
es
que
en
los
días
que
ha
durado
la
manifestación
sólo
se
han
visto
entre
30
y
40
ciudadanos.
En
Sagarpa
se
espera
que
para
mañana
entreguen
las
oficinas.
Documentan fraude a chiapanecos indemnizados en
Los
Chimalapas. (La Jornada,
Ángeles
Mariscal,
p.web).
Ex
asesor
del
gobierno
estatal
habría
cobrado
$3
millones
destinados
a
los
ganaderos
Es
caso
juzgado
y
los
terrenos
pertenecen
a
campesinos
de
Oaxaca,
advierte
la
SRA
Tuxtla Gutierrez, Chis., 27 de julio. Al menos una cuarta parte de la indemnización
otorgada
en
1994
a
campesinos
de
Chiapas
que
actualmente
se
encuentran
en
plantón
en
esta
capital,
para
exigir
su
regreso
a
terrenos
en
la
región
de
Los
Chimalapas
-hoy
en
poder
de
comuneros
de
Oaxaca-,
fue
entregada
de
manera
ilegal
a
Saúl
Prado
Guerrero,
entonces
coordinador
agrario
de
la
entidad,
motivo
por
el
cual
se
le
inició
una
investigación
ante
la
ahora
desaparecida
Secretaría
de
la
Contraloría
y
Desarrollo
Administrativo
(Secodam),
de
acuerdo
con
fuentes
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA).
El conflicto y la tensión han crecido durante el último mes
entre
comuneros
de
Oaxaca
y
ganaderos
chiapanecos,
mismos
que
exigen
la
devolución
de
40
mil
945
hectáreas
de
la
zona
de
Los
Chimalapas
llamada
San
Isidro
La
Gringa.
Los
gobiernos
estatal
y
federal
han
señalado
que
este
es
un
asunto
ya
juzgado
y
dirimido
ante
las
autoridades
agrarias,
cuando
se
reconoció
a
los
oaxaqueños
como
los
propietarios
legales.
La disputa por los terrenos empezó en abril de 1987, cuando
el
gobierno
federal
declaró
propiedad
nacional
el
predio
San
Isidro
La
Gringa,
y
con
ello
permitió
la
entrada
de
ganaderos
provenientes
de
Veracruz,
Guerrero
y
Chiapas.
Sin
embargo,
comuneros
de
Oaxaca
interpusieron
una
controversia,
debido
a
que
el
paraje
pertenecía
a
un
área
de
manejo
y
conservación
comunal.
El 18 de marzo de 1994, la SRA revocó la declaratoria de propiedad
nacional
y
reconoció
la
legal
pertenencia
de
la
zona
en
favor
del
pueblo
Santa
María
Chimalapa,
Oaxaca.
En virtud de este acuerdo, la Federación, por conducto del
gobierno
de
Chiapas
-entonces
a
cargo
del
gobernador
Javier
López
Moreno-,
liberó
más
de
14
millones
de
pesos
para
indemnizar
a
147
ocupantes
de
la
zona.
Copias de los cheques consultadas por la corresponsalía de
La
Jornada
en
Tuxtla
Gutiérrez
indican
que
de
los
199
pagos
emitidos
para
el
caso
de
La
Gringa,
los
marcados
con
el
número
017877,
del
6
de
julio
de
1994;
018044,
del
18
de
julio
de
1994,
y
019333,
del
12
de
septiembre
de
1994
-por
un
total
de
3
millones
352
mil
pesos-,
fueron
emitidos
a
nombre
de
Saúl
Prado
Guerrero,
entonces
coordinador
agrario
de
Chiapas.
Fuentes de la SRA que solicitaron el anonimato confirmaron
que
la
Secodam
empezó
una
averiguación
administrativa
contra
Prado
Guerrero
por
esta
situación
irregular,
proceso
del
cual
no
se
conoció
una
resolución
al
ser
sustituida
la
dependencia
por
la
Secretaría
de
la
Función
Pública,
en
2003.
Para las autoridades agrarias estatales y federales, con la
indemnización
otorgada
a
los
ganaderos
se
finiquitó
la
disputa
por
el
territorio
de
La
Gringa.
No
obstante,
en
noviembre
de
1994
un
grupo
de
los
indemnizados
reinvadió
el
lugar,
por
lo
que
se
empezó
una
demanda
penal
en
su
contra,
por
los
delitos
de
despojo
y
los
que
resulten.
Los
invasores
fueron
desalojados
días
después.
El conflicto se revivió los días 18 y 19 de enero de este año,
cuando
ganaderos
regresaron
al
lugar,
encabezados
por
Elías
Vázquez
Robles
-indemnizado
con
400
mil
pesos,
según
el
cheque
015405-
y
Alvaro
Vázquez
Coronel.
Los ganaderos fueron desalojados nuevamente en abril anterior,
esta
vez
por
policías
de
Oaxaca,
y
a
principios
de
julio
se
instalaron
en
plantón
en
la
plaza
principal
de
esta
capital,
donde
permanecen.
En
las
últimas
semanas
han
sido
recibidos
por
funcionarios
de
la
SRA,
de
la
Secretaría
de
Gobernación
y
del
gobierno
estatal,
ante
quienes
plantearon
una
nueva
indemnización,
con
el
argumento
de
que
los
recursos
que
se
les
otorgaron
en
1994
no
llegaron
a
su
destino,
o
fueron
"cantidades
mínimas".
En documentos oficiales que se hicieron llegar a los ganaderos,
y
consultados
por
la
La
Jornada,
se
les
señaló
que
legalmente
no
existe
conflicto
alguno
por
la
posesión
de
las
40
mil
945
hectáreas,
ya
que
el
asunto
fue
debidamente
juzgado
por
las
autoridades.
En
el
oficio
VII-107-"B"
142315
se
les
extendieron
copias
de
sus
expedientes
y
los
montos
que
recibieron
por
las
tierras
en
disputa.
Ante la persistencia de los ganaderos en regresar a la zona,
habitantes
de
la
comunidad
oaxaqueña
Santa
María
Chimalapa
manifestaron
en
una
carta
que
el
verdadero
motivo
de
la
insistencia
de
los
campesinos
en
regresar
"es,
además
del
saqueo
y
la
destrucción
de
selva,
el
cultivo
de
enervantes".
Aseguraron
que
en
mayo
de
1994,
Manuel
Ovilla
Fernández,
entonces
asesor
del
gobierno
de
Chiapas,
constató
que
en
terrenos
de
La
Gringa
existía
una
pista
aérea
clandestina,
a
cuyo
alrededor
había
sembradíos
de
amapola.
Los comuneros oaxaqueños advirtieron que "las reiteradas
acciones
delictivas
e
intentos
de
despojo
de
territorio
comunal
llevados
a
cabo
por
los
ganaderos
podrían
desembocar
en
un
enfrentamiento
armado".
Por ello solicitaron nuevamente la intervención del gobierno
federal
y
la
activación
de
las
órdenes
de
aprehensión
que
pesan
contra
estas
personas,
acusadas
de
los
delitos
de
portación
de
arma
de
fuego
de
uso
exclusivo
del
Ejército
y
contra
el
ambiente,
en
los
que
habrían
incurrido
durante
el
tiempo
que
habitaron
irregularmente
San
Isidro
La
Gringa.
Un año más de lucha. (Ecos de la Costa, Héctor Enciso, p.web)
En 2005, el Movimiento Antorchista
de
Colima
está
cumpliendo
16
años
de
existir
en
Colima.
En
1989
apareció
nuestra
agrupación
en
el
municipio
de
Manzanillo,
en
la
comunidad
de
Canoas.
Ahí
los
campesinos
intentaban
impedir
que
un
extranjero
se
quedara
con
cientos
de
hectáreas
que
por
derecho
les
correspondían
como
dotación
por
parte
de
las
autoridades
agrarias.
Gracias al tesón, a la lucha incansable y genuina de los dirigentes
pioneros
del
antorchismo
en
Colima,
los
campesinos
salieron
adelante
y
lograron
el
pleno
reconocimiento
legal
sobre
sus
tierras.
A partir de ese momento otras comunidades rurales y colonias
de
las
zonas
urbanas
de
los
distintos
municipios
del
estado,
al
constatar
la
limpieza,
la
honradez,
la
decisión
auténtica
de
defender
a
los
campesinos
y,
en
general,
a
las
capas
trabajadoras
del
campo
y
la
ciudad,
decidieron
agruparse
en
torno
a
esta
organización.
Desde entonces a la fecha cientos de demandas solucionadas
y
acciones
de
gobierno
para
atacar
las
necesidades
de
miles
de
familias
colimenses,
de
las
más
empobrecidas
y
necesitadas
han
demostrado
que
la
agrupación
ha
sabido
defender,
con
las
armas
de
la
legalidad
y
la
justicia
social,
a
sus
agremiados.
Sería largo enumerar, amigo lector, la lista de asuntos solucionados
en
los
16
años
mediante
la
gestión,
las
movilizaciones
y
los
plantones
que
el
Movimiento
Antorchista
de
Colima
ha
impulsado,
para
ser
atendidas
por
distintos
gobiernos,
lo
que
palpablemente
ha
servido
para
elevar
los
niveles
de
vida
de
miles
de
familias.
Pero,
a
titulo
sólo
de
ejemplo,
quiero
señalar
lo
que
en
el
último
año
–lo
más
importante-
se
obtuvo
mediante
un
trabajo
bien
coordinado,
siempre
orientado
para
avanzar
en
el
primordial
objetivo
de
una
verdadera
democracia:
un
mejor
reparto
de
la
riqueza
social.
De
julio
de
2004
a
junio
de
2005
Antorcha
tuvo
como
principales
logros
para
miles
de
ciudadanos
de
bajos
ingresos
la
dotación
de
945
hectáreas
de
tierra
de
cultivo
por
parte
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(de
las
cuales,
208
del
ejido
Nuevo
Quesería
fueron
despojadas
por
un
grupo
de
invasores
que
todavía
no
han
sido
sometidos
por
la
justicia
del
Estado,
el
asunto
está
aún
pendiente
ante
las
autoridades),
que
benefició
a
tres
importantes
grupos
de
ejidatarios
de
los
municipios
de
Minatitlán
(La
Loma),
y
Coquimatlán
(Nuevo
Quesería
y
Picachos-
Antorcha-Jayamita);
los
empedrados
de
más
de
20
calles
de
las
colonias
de
la
zona
oriente
de
la
ciudad
de
Colima,
dentro
de
las
que
destaca
una
de
las
principales
avenidas,
la
Leonardo
Bravo;
la
organización
concretó
el
sueño
de
más
de
560
familias
de
tener
un
lote
donde
construir
su
casa
propia,
entrega
de
esos
lotes
se
efectuó
en
las
colonias:
Unidad
Antorchista, 3ª Sección en Colima, Jardines del Llano en Coquimatlán y Tlacaelel en Minatitlan y, esto, lo más importante sobre todo, lo lograron
a
muy
bajo
costo,
pues
esas
familias
son
de
bajos
ingresos
económicos;
la
construcción
de
una
caseta
de
policía
en
una
zona
donde
se
ha
dado
un
aumento
en
la
incidencia
delictiva
de
la
zona
oriente
de
la
capital
del
estado;
el
descuento
en
el
costo
de
la
introducción
del
drenaje
en
las
colonias
Jardines
del
Llano
y
Luis
Donaldo
Colosio
de
Coquimatlán
a
cientos
de
familias
que
iban
a
erogar
un
gasto
de
más
de
750
pesos
por
casa,
pero,
gracias
a
una
oportuna
gestión
y
una
lucha
decidida,
se
redujo
el
monto
a
una
tercera
parte
de
lo
pretendido
originalmente
por
el
presidente
municipal;
la
aplicación
del
programa
de
mejoramiento
a
la
vivienda
para
cientos
de
familias
en
distintos
municipios.
No sigo exponiendo otros importantes logros por razones de
espacio.
Es
justo
reconocer
que
estos
logros
en
Colima
hubiesen
sido
imposibles
de
concretarse
si
no
hubiese
existido
la
disposición
de
los
distintos
gobiernos
involucrados
en
esta
problemática,
aunque
también
es
necesario
mencionar
que
en
variadas
ocasiones
la
organización
tuvo
que
recurrir
al
derecho
de
manifestación
para
lograr
ser
atendidas
sus
peticiones.
La realidad de millones de mexicanos que viven en la miseria,
sin
empleo,
sin
suficiente
comida,
sin
educación
adecuada,
sin
esmerada
atención
médica,
sin
que
puedan
vivir,
en
una
palabra:
como
verdaderos
seres
humanos,
es
lo
que
inspira
al
Movimiento
Antorchista
Nacional
-y
por
supuesto
al
de
Colima-,
a
encabezar
a
cientos
de
miles
de
descamisados
en
su
lucha
por
un
mejor
reparto
de
la
riqueza
social.
Y la democracia auténtica debe respetar el derecho de los pobres
del
país
a
tener
sus
propias
formas
de
organización
y
defensa
de
sus
propios
intereses
de
clase.
Esto
a
pesar
de
que
la
derecha
cavernaria
del
país
quiere
aplastar
el
derecho
de
organización
de
los
marginados.
Financiará la SRA unos 120 proyectos productivos
con
25
millones
de
pesos,
informan. (El Sur (Guerrero), Ezequiel
Flores,
p.web).
Chilpancingo
Al término
del
plazo
para
que
productores
del
estado
presentaran
sus
propuestas
de
proyectos
productivos,
el
representante
en
el
estado
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA),
Everardo
Vázquez
Ruiz,
informó
ayer
que
esperan
ejercer
más
de
25
millones
de
pesos
del
Fondo
de
Apoyo
a
Proyectos
Productivos
(FAPPA)
y
del
Programa
de
la
Mujer
en
el
Sector
Agrario
(Promusag).
Informó que
se
recibieron
un
promedio
de
200
solicitudes
de
las
cuales
esperan
aceptar
125
proyectos
productivos,
beneficiando
a
unas
mil
500
personas
con
recursos
que
van
desde
500
mil
pesos
hasta
los
180
mil
pesos.
Consultado
en
su
oficina,
el
funcionario
federal
señaló
que
en
algunos
casos
se
tuvo
que
rechazar
los
expedientes
que
entregaron
los
representantes
de
los
grupos
de
campesinos,
debido
a
que
no
cumplieron
con
los
criterios
para
el
financiamiento
de
los
proyectos.
De acuerdo
con
la
normatividad
del
FAPPA
y
Promusag
los
proyectos
deben
estar
relacionados
con
la
innovación
productiva
o
tecnológica;
integrados
a
la
cadena
productiva
local,
regional,
nacional
o
de
exportación;
que
coadyuve
a
la
solución
de
conflictos
agrarios
existentes;
demostrar
su
viabilidad
técnica
y
financiera,
así
como
presentar
un
estudio
de
impacto
ambiental.
Al respecto,
Vázquez
Ruiz
explicó
que
el
resultado
de
los
proyectos
aceptados
y
los
rechazados
se
dará
a
conocer
en
un
término
de
15
días.
Este miércoles,
la
sede
de
la
SRA
en
esta
capital,
estuvo
repleta
de
campesinos
procedentes
de
las
diferentes
regiones
del
estado,
debido
a
que
fue
el
último
día
para
aspirar
a
obtener
el
financiamiento
para
proyectos
productivos.
En su mayoría,
los
productores
buscan
apoyo
para
mejorar
su
ganado,
establecer
criaderos
de
carpa
y
viveros.
A dos años de su lucha, opositores a La Parota
confían
en
sacar
a
la
CFE
de
sus
tierras. (El Sur (Guerrero),
Karina
Contreras,
p.web).
Desencuentros,
detención
de
funcionarios
por
parte
de
los
opositores
y
denuncias
penales
de
la
paraestatal
cerraron
el
diálogo
entre
las
partes.
Organizaciones
nacionales
e
internacionales,
y
el
Centro
de
Derechos
Humanos
de
La
Montaña
Tlachinollan estarán en el Encuentro Nacional Contra la Presa,
el
31
de
julio
A dos años
que
comenzó
la
lucha
contra
la
posible
construcción
de
la
presa
La
Parota
en
los
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec,
los
comuneros
que
se
oponen
ven
un
panorama
positivo
para
“sacar
a
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE)
de
sus
tierras”,
aun
cuando
la
paraestatal
cuenta
con
el
apoyo
de
varios
sectores
y
del
gobernador
Zeferino
Torreblanca
Galindo.
El 28 de
julio
de
2003,
cientos
de
comuneros
se
instalaron
en
plantón
en
el
punto
conocido
como
El
Fraile
para
detener
a
las
camionetas
de
la
CFE
e
impedir
los
estudios
preliminares
del
proyecto
que
llevaba
a
cabo
la
paraestatal
desde
meses
antes
en
la
zona.
El argumento
principal
de
los
comuneros
a
la
resistencia
fue
que
“la
CFE
jamás
pidió
permiso
para
entrar
allí”.
En los dos
años
que
lleva
el
conflicto
hubo
muchos
desencuentros,
detención
de
funcionarios
por
parte
de
los
opositores
y
denuncias
penales
de
la
paraestatal,
los
que
cerraron
cualquier
posibilidad
de
diálogo.
Durante el
conflicto
varias
voces
se
han
pronunciado
a
favor
y
contra
el
proyecto,
por
ejemplo
la
CFE
ha
recibido
el
apoyo
de
cámaras
empresariales,
grupos
de
profesionistas,
funcionarios
federales,
principalmente
del
secretario
de
la
Reforma
Agraria,
Florencio
Salazar
Adame,
un
activo
promotor
del
proyecto.
Además en
las
últimas
semanas
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
y
el
alcalde
Alberto
López
Rosas
anunciaron
su
apoyo
al
proyecto,
siempre
y
cuando
–dicen–
“no
se
avasalle
a
los
campesinos”.
El
primero
se
ofreció
a
ser
garante
de
que
la
paraestatal
ahora
sí
indemnice
a
los
afectados.
Mientras
que
los
opositores
han
recibido
el
apoyo
de
organizaciones
ambientalistas
a
nivel
nacional
e
internacional,
y
el
Centro
de
Derechos
Humanos
de
La
Montaña
Tlachinollan, las cuales estarán en el Encuentro Nacional
Contra
la
Presa
La
Parota
para
refrendar
su
solidaridad.
Dentro del
balance
de
esta
lucha
contra
la
CFE,
El
Sur
platicó
con
José
Venus
Hernández
–hijo
de
Francisco
Hernández,
quien
fue
demandado
por
la
paraestatal
por
privación
ilegal
de
la
libertad
y
encarcelado
por
10
días
en
el
penal–,
quien
dijo
que
hay
mucha
confianza
en
que
se
logre
el
objetivo
de
sacar
a
la
CFE
de
sus
tierras.
Manifestó
que
en
estos
dos
años
tuvieron
que
resistir
diferentes
embates,
pero
aún
así
avanzaron
y
cuentan
con
el
respaldo
de
30
pueblos,
donde
sus
hombres
y
mujeres
están
dispuestos
a
todo.
“En
vez
de
que
se
debilite
(el
movimiento)
avanza.
Vamos
a
seguir
resistiendo
hasta
que
el
cuerpo
aguante”.
Venus Hernández
reconoció
que
hubo
“traiciones”
al
movimiento
pero
eso
no
los
ha
doblegado.
Sobre
el
conflicto
con
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca,
indicó:
“Nosotros
decidimos
dar
el
voto
al
PRD
y
a
Zeferino porque pensamos que era un partido de lucha. Ahora
(Zeferino)
quiere
avasallar
a
sus
paisanos
que
depositaron
el
voto
de
confianza”.
Sobre el
encuentro
del
próximo
31
de
julio,
dijo
que
se
espera
la
presencia
de
70
organizaciones
nacionales
e
internacionales
y
tratarán
diferentes
temas,
pero
sobre
todo
reafirmarán
el
rechazo
a
la
presa.
Venus Hernández
expresó
que
el
movimiento
ha
sido
satisfactorio
pues
desde
“el
principio
obligamos
a
la
CFE
a
sacar
su
maquinaria
de
nuestros
caminos
y
parcelas
que
pretendía
despojarnos”.
Guerrero sólo será mejor con una nueva sociedad
rural.
(El Sur (Guerrero) Arturo Martínez Nateras,
p.web).
(Tercera
parte)
4) Discutamos
sin
temores
ni
prejuicios,
con
absoluta
claridad
el
tema
de
las
contribuciones
solidarias
al
desarrollo
por
parte
de
los
ciudadanos.
No
hay
impuesto
más
cabrón
que
la
pobreza.
Un
gobierno
con
ingresos
suficientes
es
un
gobierno
de
izquierdas
y
para
ello
debe
ser
transparente,
religiosamente
eficiente
y
honesto.
No
veo
en
ninguna
de
las
mesas
ni
en
ninguna
de
las
áreas
del
método
propuesto
para
formular
el
Plan
el
tema
de
los
recursos
para
el
desarrollo.
Los
ciudadanos
no
quieren
pagar
impuestos
por
la
corrupción
y
la
desconfíanza pero si nos convocan con destino definido de
los
recursos
sabremos
responder.
Presupuestar
no
es
una
cuestión
técnica:
es
la
más
política
de
las
políticas
públicas.
El
que
paga
manda.
Es urgente
de
toda
necesidad
constituir
un
fondo
para
el
desarrollo
rural,
destinar
200
millones
para
que
el
gobierno
federal
aporte
2
mil
y
disponga
el
estado
de
recursos
para
capital
de
riesgo
y
garantías
líquidas;
que
los
productores
aportemos
entre
todos
por
lo
menos
20
millones.
Propongo
rescatar
a
las
organizaciones
y
a
los
productores
del
Buró
de
Crédito
y
pactar
un
programa
de
liquidación
de
la
cartera
vencida
para
recuperar
la
condición
rural
de
sujetos
de
crédito,
que
se
negocie
con
los
bancos
su
participación
en
el
campo.
Que
busque
a
las
agencias
internacionales.
Propongo
idear
un
esquema
de
crédito
y
de
inversión
adecuado
a
la
propiedad
social
predominante.
El
Procede
no
ha
procedido
y
por
ejemplo
en
nuestro
caso
específico
de
La
Pintada
tenemos
un
patrimonio
social
cercano
a
los
300
millones
de
pesos,
pero
no
podemos
con
ello
garantizar
los
30
que
necesitamos
para
financiar
nuestra
revolución
productiva.
Tenemos
facturas
por
casi
40
millones,
2
mil
500
metros
cuadrados
del
Complejo
Agroindustrail
Cafetero,
150
viviendas,
mil
200
hectáreas,
1.5
millones
de
cafetos,
500
mil
árboles
de
nuestra
flora
preciosa
y
monumental,
y
millones
de
variedades
endémicas
que
no
sirven
para
nada
ante
la
Financiera
Rural,
la
banca
comercial
y
etcéteras.
5) La sociedad
rural
no
se
puede
seguir
gobernando
como
hasta
ahora.
Dentro
de
los
cambios
se
debe
modificar
la
administración
y
las
dependencias.
El
gobernador
debe
reclamar
la
desaparición
de
las
delegaciones
federales
–de
todas–
y
la
transferencia
de
sus
recursos
y
funciones.
Ya
se
ensaya
algo
similar
en
Michoacán,
Jalisco
y
Coahuila
mediante
convenios
signados.
Para
nosotros,
podemos
convenir
un
trato
diferenciado
a
partir
de
que
el
gobierno
no
tiene
ni
para
caerse
muerto.
Háganlo
ahora
antes
de
que
se
pase
definitivamente
el
factor
de
la
novedad,
no
envejezcan
antes
de
tiempo.
Guerrero
fue
precursor
de
una
tesis
y
una
práctica
que
se
quedó
en
la
encarnación
en
una
persona
de
delegado
y
secretario.
Sobran
entidades
y
faltan
programas
sustantivos.
¿Para qué carajos queremos sendas
secretarías
de
desarrollo
rural,
medio
ambiente,
subses
de
asuntos
agrarios,
reforma
agraria,
procuradurías
de
la
lluvia
ácida,
y
mil
etcéteras.
Bastaría
con
una
sola
con
recursos
y
programas
suficientes
y
bien
orientados.
6) La elaboración
del
PED,
su
aplicación
y
puesta
en
ejecución
coincide
con
el
debate
nacional
sobre
el
proyecto
de
nación
que
viviremos
durante
los
próximos
meses
de
cara
al
2006.
Esta
coyuntura
la
debemos
aprovechar
para
que
los
aspirantes
se
comprometan
con
un
capítulo
especial
para
el
desarrollo
del
sur
de
México.
La
misma
circunstancia
de
las
próximas
elecciones
locales
debe
servir
de
marco
para
propiciar
la
formulación
de
los
planes
municipales,
regionales
y
locales
de
desarrollo.
Sin
un
adecuado
concepto
de
la
localidad
como
célula
de
la
vida
económica,
sin
una
red
de
empresas
familiares
y
sociales;
sin
un
liderazgo
productivo
con
el
gobernador
a
la
cabeza
nada
cambiará.
7) Propongo
la
realización
de
congresos
por
producto
estratégico
anuales,
como
órgano
de
gobierno
supremo,
la
reforma
de
los
consejos
ya
existentes
los
cuales
hoy
son
pequeñas
dependencias
menospreciadas
y
verticales
del
gobierno
del
estado,
pudiendo
ser
motores,
rectores
e
interlocutores
profesionales
al
servicio
de
los
productores
y
bajo
su
mando
directo.
Nosotros
disponemos
de
un
Plan
Estatal
de
Desarrollo
del
café
de
Guerrero,
sabemos
qué
hacer
para
salir
de
la
crisis
y
cuánto
es
necesario
invertir
en
seis
años,
para
pasar
de
los
50
mil
quintales
que
recolectamos
en
cerca
de
cincuenta
mil
hectáreas,
es
decir
uno
por
hectárea,
para
llegar
a
15
bajo
sombra,
con
calidad
y
contenido
orgánico.
Todo es cuestión
de
dejar
de
tirar
cerca
de
5
millones
de
dólares
anuales
para
nada;
invirtiendo
un
poco
más
de
2
mil
anuales
por
hectárea
y
un
capital
semilla
para
transformar
y
comercializar
nuestro
producto
que
es
de
la
mejor
calidad
mundial.
Y
lo
mismo
podemos
hacer
con
el
coco
(es
una
pinche
vergüenza
que
en
los
destinos
turísticos
consuman
helado
de
coco
importado
de
las
Islas
Canarias,
que
nosotros
no
tengamos
ninguna
planta
integral
para
producir
hasta
carbón
activado…¿y
el
mango,
y
la
jamaica,
el
tamarindo
y
el
limón...?
Así no podemos
ni
debemos
seguir;
por
eso
postulamos
la
proclama
a
la
revolución
productiva
8) Insisto
en
el
reclamo
de
una
evaluación
de
fondo
del
programa
fertilizante.
La
SDR
no
deja
de
ser
la
secretaría
del
subsidio
a
Rubén
Figueroa,
a
sus
empresas
y
de
contaminación,
de
ensalitramiento
del
campo
guerrerense
y
este
año
lo
hicieron
hasta
sin
licitación.
Una
compra
de
más
de
200
millones
asignada,
y
asignada
a
quien
se
la
asignaron
es
inadmisible,
no
hay
excusa
que
valga.
Los
resultados
reales
del
Programa
Fertilizante
están
a
la
vista.
En
diez
años
se
ha
multiplicado
el
gasto
y
la
superficie,
para
no
decir
el
desperdicio
y
la
depredación
en
un
300
por
ciento
y
la
producción
no
sube
ni
un
kilogramo.
Nos
mantenemos
oscilando
alrededor
del
millón
de
toneladas
de
producción
de
maíz.
No
existe
rendimiento
productivo
y
sí
daño
ambiental.
¿Se trata
de
un
subsidio
similar
al
Procampo?
Pues
transparéntenlo,
mejor
entreguénselo
directamente
a
los
campesinos
mediante
una
tarjeta
de
débito.
Separen
la
partidocracia
de
la
producción.
Todo
mundo
conoce
los
malos
manejos,
la
corrupción,
el
tráfico
con
el
fertilizante
y
ahora
hasta
los
ediles
se
benefician
con
el
15
por
ciento
de
comisiones.
Todos
le
tienen
miedo
a
la
gente
pero
los
campesinos
sobre
todas
las
cosas
necesitan
del
insumo
dinero
para
producir
bien.
En
todo
caso
hagamos
una
evaluación
y
un
diálogo
sobre
los
recursos
para
el
desarrollo
del
campo
de
cara
a
la
sociedad.
Es
urgente
una
auditoría
técnica,
operativa
y
social,
una
evaluación
por
objetivos
y
sustantiva.
Ordena el IFAI dar información sobre López y parientes
de
Marta. (La Crónica de Hoy, Notimex, p.web).
El Instituto Federal
de
Acceso
a
la
Información
(IFAI)
resolvió
recursos
diversos
de
ciudadanos,
los
cuales
se
vinculan
con
un
hermano
de
Marta
Sahagún,
con
Andrés
Manuel
López
Obrador
y
con
ex
funcionarios
del
gobierno
federal.
El instituto determinó
que
la
Secretaría
de
la
Función
Pública
(SFP)
debe
dar
información
completa
de
una
investigación
relacionada
con
el
DIF,
y
que
se
vincula
con
un
hermano
de
Marta
Sahagún.
En sesión pública,
el
IFAI
decidió
lo
anterior
luego
de
que
un
ciudadano
presentó
un
recurso
de
revisión
de
una
solicitud
para
conocer
cuántos
casos
de
queja
se
tenían
registrados
que
se
vincularan
con
Marta
Sahagún.
También sobre
Alberto
Sahagún
de
la
Parra,
Alberto
Sahagún Jiménez, Beatriz Sahagún
Jiménez,
Manuel
Bribiesca
Sahagún,
Jorge
Bribiesca
Sahagún,
Fernando
Bribiesca
Sahagún
y
Rosa
María
Alcázar.
El pleno del IFAI
consideró
que
la
SFP
informó
sólo
que
hubo
una
investigación
sobre
un
hermano
de
Marta
Sahagún,
relacionada
con
el
Sistema
Nacional
para
el
Desarrollo
Integral
de
la
Familia
(DIF),
pero
no
se
aclaró
de
quién
se
trata
ni
los
datos
completos
de
la
indagación
concluida.
Además el IFAI
analizó
un
recurso
presentado
en
relación
con
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR),
en
el
que
se
solicitaron
nombres
de
denunciantes,
indiciados,
motivo
de
cancelación
de
órdenes
de
aprehensión,
nombres
de
testigos
en
indagatorias
y
nombre
del
servidor
público
que
autorizó
la
cancelación
de
órdenes
de
aprehensión.
Lo anterior vinculado
con
el
caso
de
una
toma
de
los
pozos
petroleros
que
Andrés
Manuel
López
Obrador
encabezó
en
Tabasco.
El IFAI decidió
modificar
la
respuesta
dada
al
ciudadano
que
presentó
el
recurso
para
que
se
conozca
el
nombre
del
funcionario
que
autorizó
la
cancelación
de
las
órdenes
de
aprehensión
y
la
situación
de
todas
y
cada
una
de
las
averiguaciones
previas,
pero
confirmó
la
confidencialidad
de
los
nombres
de
los
indiciados
y
testigos.
Entre otros recursos
que
el
IFAI
resolvió
destaca
uno
presentado
en
relación
con
la
Presidencia
de
la
República,
luego
de
que
se
pidieron
copias
simples
de
las
renuncias
presentadas
al
gobierno
federal
por
nueve
ex
funcionarios.
La Presidencia
de
la
República
dio
a
conocer
las
de
Leticia
Navarro
a
la
Secretaría
de
Turismo;
Raúl
Muñoz
Leos
a
Petroleos
Mexicanos
y
Víctor
Lichtinger
a
la
Secretaría
de
Medio
Ambiente,
argumentando
que
el
resto
podrían
estar
en
la
Consejería
Jurídica
o
bien
en
Gobernación.
El IFAI resolvió
modificar
la
respuesta
para
que
la
Presidencia
de
la
República
acompañe
información
sobre
la
remisión
de
dichas
renuncias
a
otras
instancias
de
gobierno,
y
se
informe
al
solicitante
sobre
esas
bajas
documentales.
Las copias de
renuncias
que
se
solicitan
son
de
José
Sarukán
como
comisionado
para
el
Desarrollo
Social;
Adolfo
Aguilar
como
consejero
de
Seguridad
Nacional;
Jorge
G.
Castañeda
como
secretario
de
Relaciones
Exteriores;
Ernesto
Martens
como
secretario
de
Energía;
Alejandro
Gertz
como
secretario
de
Seguridad
Pública;
y
María
Teresa
HerreraTello
como
secretaria
de
la
Reforma
Agraria.
Sector agropecuario
“Estamos en pie de guerra”, advierten productores
de
caña
al
gobierno
federal. (La Jornada,
Matilde
Pérez,
p.web)
En
caso
de
que
no
se
promulgue
la
ley
del
sector,
radicalizarán
sus
movilizaciones
"¡Estamos en pie de guerra en defensa del patrimonio de
los
cañeros!",
advirtieron
los
cerca
de
50
mil
agricultores
de
la
gramínea
ante
las
oficinas
del
titular
de
la
Secretaría
de
Agricultura,
Ganadería,
Desarrollo
Rural,
Pesca
y
Alimentación
(Sagarpa),
Javier
Usabiaga
Arroyo.
Hombres y mujeres de las uniones de productores de caña de
azúcar
de
las
confederaciones
nacionales
Campesina
(CNC)
y
de
Propietarios
Rurales
(CNPR),
encabezados
por
sus
respectivos
dirigentes
nacionales
y
estatales,
refrendaron
su
postura:
"queremos
que
se
publique
la
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
de
la
Caña
de
Azúcar;
sin
ese
instrumento
jurídico
estamos
desprotegidos".
Tras exigir la destitución del titular de Sagarpa y del director del Fondo de Empresas Expropiadas del
Sector
Azucarero
(FEESA),
José
Manuel
Tapia
Gutiérrez,
porque
ignoran
los
esfuerzos
que
realizamos
los
cañeros,
advirtieron
que
si
antes
del
15
de
agosto
no
se
publica
la
ley
cañera,
regresarán
a
la
ciudad
de
México
para
iniciar
un
plantón
indefinido
frente
a
las
instalaciones
de
Sagarpa.
"Estamos
dispuestos
a
llegar
hasta
las
últimas
consecuencias."
Poco después de las 8 de la mañana, los cientos de cañeros
de
la
CNC
-identificados
por
una
gorra
roja
con
las
siglas
de
esa
organización-
y
de
la
CNPR
-con
una
gorra
blanca
con
el
lema
"ley
cañera
sí"-,
procedentes
de
15
estados,
comenzaron
una
caminata
desde
el
Monumento
a
la
Revolución
hasta
la
Sagarpa,
ubicada
en
el
cruce
de
las
avenidas
Municipio
Libre
y
Cuauhtémoc.
Durante
el
trayecto,
sacaron
sus
machetes
nuevos,
que
fueron
golpeando
contra
el
asfalto,
y
pidieron
disculpas
a
los
citadinos
por
alterar
la
vialidad,
pero
también
les
solicitaron
que
entiendan
la
lucha
que
han
emprendido
para
salvaguardar
su
sobrevivencia
y
en
contra
de
la
entrega
del
mercado
nacional
del
azúcar
a
las
empresas
trasnacionales.
Al llegar hasta la Sagarpa -que se
encontraba
prácticamente
vacía,
pues
al
personal
se
le
informó
que
no
se
presentara
a
laborar-
descargaron
dos
camiones
llenos
de
bagazo
de
caña
y
desplegaron
las
múltiples
mantas
de
diferentes
regiones
cañeras
en
las
que
hacían
un
llamado
al
presidente
Vicente
Fox
para
que
evite
un
caos
en
el
campo.
A la demanda de que se publique la ley se unieron senadores
y
diputados
del
PRI,
incluso
el
dirigente
nacional
de
ese
partido,
Roberto
Madrazo
Pintado,
envió
un
mensaje
de
respaldo
a
los
productores.
"Tienen
el
apoyo
de
la
directiva
nacional
y
de
la
fuerza
parlamentaria
del
tricolor;
no
habrá
un
paso
atrás
en
la
postura
asumida
frente
al
presidente
Fox y el secretario Usabiaga",
asentó
en
su
mensaje.
Carlos Blackaller Ayala, dirigente
de
la
Unión
Nacional
de
Productores
de
Caña
(UNPC-CNPR),
y
Daniel
Pérez
Valdés,
líder
de
la
Unión
Nacional
de
Productores
de
Caña
de
Azúcar
(UNPCA-CNC),
mencionaron
que
la
presencia
"de
una
mínima
parte
de
la
familia
cañera"
en
las
calles
de
la
capital
demuestra
que
no
podrán
desmantelar
sus
respectivas
organizaciones,
como
es
la
intención
de
las
autoridades
agropecuarias.
Incluso,
asentaron,
trataron
de
quebrantar
la
movilización
al
impedir
la
entrada
a
medio
centenar
de
camiones.
Agregaron que las reuniones que sostuvieron con Sagarpa fueron "monólogos; la autoridad sigue culpando
a
los
productores
de
la
improductividad
y
atraso
de
la
industria
cañera,
pero
no
dice
que
al
no
publicar
la
ley
respectiva
no
habrá
normas
para
regir
la
relación
comercial
entre
productores
e
industriales,
y
que
eso
repercutirá
negativamente
en
los
ingresos
de
los
cañeros,
y
que
de
los
157
mil
productores,
90
mil
poseen
menos
de
tres
hectáreas.
"Quien tiene intereses poco claros es Usabiaga, pues al malinformar al
presidente
Fox
lo
que
provocó
fue
su
declaración
de
veto
a
la
ley
cañera.
No
le
dijo
que
afectaría
los
intereses
de
2.5
millones
de
productores
que
abastecen
de
caña
de
azúcar
a
58
ingenios
ubicados
en
227
municipios
del
país
y
que
son
motor
del
desarrollo
rural
regional",
aseveró
Pérez
Valdés.
Marco Antonio Torres, presidente de la comisión especial de
la
caña
de
azúcar
de
la
Cámara
de
Diputados;
Lázaro
Arias,
secretario
de
dicha
comisión;
Hilaria
Domínguez
Arvizu,
de
la
Comisión
de
Agricultura,
y
los
senadores
José
Bonilla
Robles
y
Noemí
Zoila
Guzmán
Lagunas
acompañaron
en
la
marcha
a
los
cañeros.
Antes de retirarse de Sagarpa, los
cañeros
aclararon
que
no
responden
a
caprichos
de
sus
dirigentes,
sino
que
actúan
para
defender
el
precio
de
la
gramínea,
el
cual
pretende
reducir
la
autoridad
para
favorecer
a
industriales
y
trasnacionales.
Apuntaron:
"los
respetaremos
si
ustedes
(las
autoridades)
lo
hacen,
pero
si
nos
agreden les responderemos". También hicieron un llamado
a
los
habitantes
de
los
227
municipios
cañeros
a
no
otorgar
ningún
voto
al
PAN
en
el
proceso
político
electoral
de
2006,
porque
"han
traicionado
al
pueblo,
a
los
campesinos".
Los dirigentes cañeros habían convocado a los productores a
continuar
su
protesta
ante
la
Secretaría
de
Gobernación;
sin
embargo,
decidieron
suspender
dicha
movilización
y
determinaron
que
los
productores
regresaran
a
sus
lugares
de
origen.
Daniel Pérez Valdés puntualizó que si no se publica la ley
cañera,
el
2
de
agosto
se
tomarán
las
delegaciones
de
Sagarpa en los 15 estados en donde se produce caña de azúcar;
el
día
15
de
dicho
mes
instalarán
un
plantón
permanente
en
las
oficinas
de
Sagarpa
en
el
Distrito
Federal
y
en
los
23
ingenios
que
administra
Feesa,
y
el
día
29
se
bloquearán
todas
las
carreteras
de
las
58
zonas
productoras
localizadas
en
227
municipios.
Usabiaga insiste en que habrá modificaciones
a
la
legislación. (La Jornada, Rosa Elvira
Vargas,
p.web).
Llama
a
no
resolver
las
diferencias
en
las
calles
Desde Los Pinos, el gobierno federal aseguró ayer que "no
tomará
ninguna
decisión
en
contra
de
los
intereses
de
los
productores
de
caña'',
pero
al
mismo
tiempo
porfió
en
su
intención
de
hacer
observaciones
a
la
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
de
la
Caña
de
Azúcar.
El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga,
trató
de
restar
argumentos
a
la
multitudinaria
manifestación
realizada
por
los
productores
del
dulce
en
esta
capital.
Así,
y
contra
lo
anunciado
hace
unos
días
por
el
presidente
Vicente
Fox
de
que
vetará
la
llamada
ley
cañera,
el
funcionario
manifestó:
"La
palabra
veto
no
está
considerada
en
nuestra
Constitución'',
la
cual
dice
-explicó-
que
el
Ejecutivo
podrá
y
deberá
hacer
observaciones
parciales
o
totales.
"Ese
es
el
documento
que
está
elaborando
el
Ejecutivo
federal
y
que
será
presentado
a
la
instancia
correspondiente,
el
Poder
Legislativo."
Antes de responder a preguntas, Usabiaga
Arroyo
admitió
que
hay
"incertidumbre"
entre
los
miles
de
campesinos
movilizados
desde
diversas
partes
del
país.
Se
trata
de
una
reacción,
dijo,
originada
"ante
cualquier
cambio
en
los
procesos
de
las
relaciones
entre
agentes
económicos
de
una
cadena
productiva".
Calificó las expresiones de algunos líderes de los manifestantes
de
"eminentemente"
políticas,
y
les
pidió
anteponer
el
interés
nacional
a
cualquier
otro.
"El Ejecutivo cumple su obligación de promulgar las leyes
-insistió
enseguida-,
siempre
y
cuando
éstas
satisfagan
el
interés
nacional
y
cumplan
en
todos
sus
puntos
con
las
leyes
fundamentales
y
secundarias
de
nuestro
marco
jurídico.”
A partir de 2001 -antes del cual las manifestaciones de cañeros
eran
frecuentes,
dijo
Usabiaga-
la
política
del
gobierno
federal
ha
sido
otorgar
certidumbre
a
los
productores
y
procesadores
del
endulzante,
con
el
propósito
"de
que
no
se
siga
haciendo
la
cultura
de
la
presión,
una
cultura
para
resolver
los
problemas
que
deben
estar
resueltos
en
un
marco
de
relaciones
económicas
entre
pares".
Llamó entonces a los productores a dirimir cualquier diferencia
en
la
mesa
de
negociaciones
"y
no
en
la
calle,
afectando
a
la
ciudadanía".
No se trata de enfrentar fuerzas, indicó el funcionario, sino
de
conjuntar
esfuerzos.
La
próxima
zafra,
aseguró,
se
realizará
en
tiempo
y
forma.
El funcionario rechazó las acusaciones de desatención a la
marcha
de
cañeros
y
dijo
incluso
que
los
líderes
respondieron
a
la
oferta
de
audiencia
diciendo
"que
preferían
buscar
un
espacio
con
mayor
tranquilidad
para
que
nos
sentásemos
a
dialogar",
y
ya
se
trabaja
en
ello.
Sin
embargo,
más
adelante
admitió
incomunicación
e
intentos
infructuosos
por
llegar
a
acuerdos.
Marcha contra el veto a la ley cañera. (El Universal, Alejandro Baltazar,
p.web).
Marchan contra el veto a la ley cañera
Censura Usabiaga presión; llama
a
la
negociación.
Provocan
caos
vial
en
el
DF
Cerca de 25 mil integrantes de
la
industria
cañera
provenientes
de
15
estados
de
la
República
marcharon
ayer
por
la
mañana
en
el
Distrito
Federal
en
demanda
de
que
el
gobierno
federal
no
vete
la
ley
cañera,
lo
que
afectó
las
principales
arterias
de
la
ciudad.
A las 8:40 horas del miércoles,
la
Secretaría
de
Seguridad
Pública
del
Distrito
Federal
contabilizó
alrededor
de
10
mil
cañeros.
Conforme la manifestación transcurría,
los
participantes
aumentaron
a
25
mil,
según
los
últimos
reportes
de
las
autoridades.
Debido a que el contingente avanzaba
a
paso
lento
y
alcanzó
una
longitud
de
un
kilómetro
y
medio
aproximadamente,
miles
de
ciudadanos
se
vieron
afectados.
La movilización fue en protesta
porque
el
gobierno
Federal
decidió
vetar
el
decreto
cañero
que,
según
los
dirigentes
cañeros,
consiste
en
garantizar
un
buen
precio
a
los
productores
de
caña
y
tener
un
contrato
de
compra-venta,
para
no
quedar
directamente
en
manos
de
los
industriales.
La Ley de Desarrollo Sustentable
de
la
Caña
de
Azúcar
fue
aprobada
el
pasado
17
de
marzo
del
presente
por
la
Cámara
de
Diputados,
aunque
el
jefe
del
Ejecutivo
anunció
que
la
vetaría.
Organizaciones de cañeros han acusado
al
primer
mandatario
de
pretender
con
la
no
publicación
de
la
ley
"darle
entrada
a
organismos
extranjeros
para
introducir
alta
fructuosa
para
dañar
a
la
industria
azucarera
nacional".
Por su parte, el secretario de
Agricultura,
Javier
Usabiaga,
llamó
a
los
cañeros
que
se
manifestaron
frente
a
la
dependencia
federal
y
a
sus
dirigentes,
privilegiar
el
diálogo
y
la
negociación,
y
abandonar
la
"cultura
de
la
presión"
como
mecanismo
para
resolver
los
problemas.
Dijo que el gobierno federal estará
"siempre"
para
escuchar
sus
planteamientos
y
construir
con
ellos,
aseveró,
un
instrumento
de
certidumbre,
que
dé
seguridad
al
sector
cañero.
Dijo que expresiones hechas por
algunos
de
los
oradores
en
la
manifestación
del
miércoles
fueron
de
carácter
"eminentemente
políticos",
y
por
ello
demandó
anteponer
el
interés
nacional
al
de
cualquier
otro
tipo.
"Sobre
todo,
tratándose
de
un
sector
tan
sensitivo
en
la
estructura
social
y
tan
amenazado
por
la
apertura
comercial
y
por
la
competencia
de
sustitutos
del
azúcar",
aceptó
Usabiaga,
en
conferencia
de
prensa,
en
Los
Pinos.
"Al Poder Legislativo le corresponde
la
elaboración
de
leyes,
sin
embargo,
la
responsabilidad
del
Ejecutivo
es
su
promulgación,
siempre
y
cuando
éstas
satisfagan
el
interés
nacional
y
cumplan
en
todos
sus
puntos
con
las
leyes
fundamentales
y
secundarias
de
nuestro
marco
jurídico",
explicó.
Dijo que las marchas y manifestaciones
son
formas
de
expresión
que
han
sido
comunes
en
el
sector
cañero
nacional,
pero
conminó
a
abandonar
la
"cultura
de
la
presión".
ARGUMENTOS
El Presidente de la República ha
señalado
inconsistencias
de
la
ley
cañera.
En diversas reuniones ha quedado
de
manifiesto
el
grave
riesgo
que
para
la
viabilidad
y
supervivencia
de
la
agroindustria
del
azúcar
tiene
el
proyecto
de
Ley
de
Desarrollo
Sustentable
de
la
Caña
de
Azúcar.
La ley provocó que 10 de los 11
inversionistas
que
adquirieron
las
bases
de
la
licitación
de
los
primeros
cuatro
ingenios
puestos
a
la
venta
por
el
gobierno
decidieran
no
presentar
ofertas
por
la
desconfianza
que
les
generó
la
posible
aplicación
de
Ley
cañera.
La ley reinstala las "aberraciones
legales",
económicas
y
sociales
que
contenía
el
derogado
Decreto
Cañero,
que
en
las
últimas
tres
décadas
llevaron
a
la
quiebra
en
dos
ocasiones
a
los
ingenios
privados.
La ley aparenta proteger a los
productores
a
través
de
esquemas
paternalistas
del
pasado,
sin
considerar
productividad
y
eficiencia.
FUENTE: Centro
de
Documentación
de
EL
UNIVERSAL.
(Con información
del
CEDOC)
Prensa Estatal
ESTADO DE MÉXICO
50 mil mexiquenses viven afectos de líos territoriales. (La Jornada, Javier Salinas, p.web).
Ecatepec, Mex., 27
de
julio.
El
conflicto
de
límites
territoriales
entre
los
municipios
de
Ecatepec, Acolman y Tecámac mantiene en la indefinición a cerca de 50 mil habitantes
de
unas
10
comunidades,
quienes
ante
la
problemática
carecen
de
los
servicios
públicos
básicos
por
la
desatención
de
los
gobiernos,
además
de
que
sostienen
frecuentes
enfrentamientos
entre
grupos
de
colonos
por
preferir
a
determinado
ayuntamiento.
Representantes vecinales exigieron al Congreso local emitir
una
resolución
definitiva
sobre
la
posesión
de
más
de
2
mil
hectáreas
que
actualmente
se
encuentran
en
litigio,
pues
desde
hace
más
de
dos
años
el
asunto
permanece
estancado
en
la
Legislatura.
Ecatepec y Acolman
se
disputan
864
hectáreas
del
ejido
de
Chiconautla,
que
involucran
a
las
comunidades
de
Prados
San
Juan,
Termoeléctrica,
Chiconautla, La Laguna y Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, el 12 de julio de 2002 la Comisión de Límites
Territoriales
del
gobierno
del
estado
de
México
determinó
como
posesión
de
Acolman las 864 hectáreas tras confrontar las pruebas aportadas
por
ambos,
pero
la
decisión
no
fue
acatada
por
el
entonces
alcalde
panista ecatepequense, Agustín Hernández
Pastrana.
El asunto fue turnado al Congreso mexiquense -que tiene la
última
palabra-,
pero
hasta
la
fecha
los
diputados
no
han
dictaminado
formalmente
a
quién
pertenece
dicho
territorio.
Mientras,
los
habitantes
carecen
de
servicios
públicos
básicos,
ya
que
ninguna
autoridad
de
los
ayuntamientos
se
ocupa
del
asunto,
además
de
que
se
han
originado
problemas
entre
grupos
de
vecinos.
En el conflicto de Ecatepec con Tecámac, que se disputan mil 231 hectáreas del ejido Santo
Tomás
Chiconautla,
la
situación
es
similar.
La
Comisión
de
Límites
Territoriales
del
gobierno
mexiquense
determinó
que
la
jurisdicción
pertenece
a
Tecámac,
pero
tampoco
en
este
caso
hay
una
resolución
final
de
la
diputación
local.
GUERRERO
Asombra la presencia de presuntos gringos en El
Rincón
de
Las
Parotas,
Atoyac. (El Sur, Francisco Magaña, p.web).
Entre vecinos
de
la
población
de
El
Rincón
de
Las
Parotas
causó
asombro
la
inspección
del
área
de
personas
ajenas
al
municipio,
que
llegaron
en
una
camioneta
gris.
El Rincón
de
Las
Parotas
es
una
comunidad
ubicada
a
10
kilómetros
de
Atoyac,
sobre
la
carretera
al
Paraíso.
Allí en la
guerra
sucia,
el
pueblo
fui
sitiado
por
militares,
donde
participó
Arturo
Acosta
Chaparro
y
se
reportaron
11
personas
desaparecidas.
El lunes
y
martes,
relataron
pobladores,
llegaron
cuatro
personas
entre
ellos
una
mujer,
quienes
preguntaron
por
el
comisario
del
lugar,
Crispín
Barrientos
Izquierdo,
quien
tiene
desaparecido
a
su
padre.
Estas personas
–agregaron–
la
mayoría
era
de
aspecto
gringo,
tomaron
durante
dos
días
fotos
y
videos
de
una
parte
del
poblado
y
al
parecer
tenían
un
aparato
que
media
la
profundidad
del
terreno.
Detallaron
que
portaban
ropa
de
civil
sin
ningún
logotipo
en
la
ropa
ni
la
unidad
que
llevaron,
pero
que
se
parece
mucho
a
la
que
cargan
la
Fiscalía
Especial
de
Movimientos
Sociales
y
Políticos
del
Pasado.
Cartones
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