CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
25 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Pierde Colima a Gobernador
Muere Gustavo Vázquez
Montes al estrellarse en Michoacán el avión
en que viajaba
Exige Fox a AMLO plegarse a vía legal
Rechaza Creel inestabilidad por aplicación de la ley
Competitividad, clave para la globalización
Urge un pacto nacional
para no espantar a las grandes empresas
Hay más desempleo del que se creía
Alcanza 4.4% de la PEA
al cambiar la metodología del INEGI
López Obrador reta a Fox a un debate; la respuesta
es no
Presidencia: con batallas
mediáticas no se ganan los juicios
Se mató el gobernador de Colima en un avionazo
Iban con él sus secretarios
de Finanzas y Turismo
El jet del gobernador se incendió y estrelló
Confirman la muerte del
mandatario de Colima, Gustavo Vázquez Montes,
y otros cinco pasajeros, incluidos los secretarios
de Turismo, Desarrollo y Finanzas del estado
Muere Gobernador de Colima al estrellarse su avión
Iban también 4 funcionarios
del Gobierno
Da espaldarazo el sindicato del IMSS a López Obrador; rechaza desafuero
Vega Galina se compromete a votar contra la destitución
Muere gobernador de Colima
Se desplomó la avioneta
"Comander"
del mandatario Gustavo Vázquez, en Tzitzio,
en la sierra michoacana
Sector agrario
Esquela. (La Jornada, p. 11).
El
personal de la Procuraduría Agraria lamenta
profundamente la irreparable pérdida del C.
Gobernador Constitucional del estado de Colima
Lic. Gustavo A. Vázquez Montes.
Acaecido
el día 24 de febrero de 2005 en el municipio
de Tzitzio, Michoacán.
Focos
Rojos
Asesinan en Durango a cinco trabajadores. (El Diario, p.web).
DURANGO–– Una gavilla asesinó de
manera sorpresiva a seis trabajadores que realizaban
labores de corte de madera y dejó heridos a
siete más, en el paraje conocido como Pinaloza,
ubicado en el municipio Tamazula,
en la zona limítrofe con Sinaloa.
De acuerdo con la versión del presidente
municipal de Tamazula,
Jaime Rivas Loaiza, los ahora occisos se desempeñaban como ``troceros´´ y ``cableros´´, de Carmelo
Astorga, quien es el propietario de una empresa
que trabaja para Forestal Halcón, y fueron sorprendidos
por una gavilla que disparó en contra de ellos.
Los hechos ocurrieron el pasado
martes poco antes de oscurecer, cuando los trabajadores
realizaban el corte de árboles en Pinaloza
comunidad enclavada en la zona limítrofe entre
Tamazula, Durango
y San Ignacio, Sinaloa , sin embargo por lo alejado de la comunidad enclavada
en una zona de difícil acceso de la región de
Las Quebradas, los hechos se dieron a conocer
hasta hoy.
Entrevistado vía telefónica, el alcalde de Tamazula explicó que seis trabajadores resultaron acribillados
por los integrantes de la citada gavilla ``que
llegó de fuera´´, además de que otros siete heridos fueron trasladados
en avioneta a Cosala,
Sinaloa.
Rivas Loaiza
apuntó que hasta ahora la información que tienen
es muy escueta, de ahí que al igual que la Procuraduría
de Justicia estatal dijo desconocer de qué calibre
fueron las armas empleadas para asesinar a los
empleados forestales.
Precisó además que quienes fueron
sorprendidos por la gavilla no son originarios
de Tamazula.
Los trabajadores que fueron acribillados
son: Eleuterio Astorga Díaz, Ramón Donato Sánchez,
Arturo Sánchez Santoyo, Alberto Graciano, José Luis Romero y Adrián Lara
Pereda.
De acuerdo con la versión del procurador
de Justicia, José Luis Carrillo, quien insistió
en manejar la versión de que los hechos se registraron
a consecuencia de una disputa agraria por predios
boscosos, los seis cuerpos en mención fueron
encontrados en el referido paraje y a unos metros
de ellos se halló una camioneta de color blanco,
de la cual no aportó mayores datos.
La Procuraduría estatal dio a conocer
también que los trabajos de la Policía Ministerial
para investigar los hechos ocurridos el pasado
martes se han dificultado, porque apenas hoy
al mediodía pudo aterrizar la avioneta en la
cual viajaba el director de la Policía Ministerial,
Pedro Chávez Cibrián,
quien encabeza a los elementos de seguridad
que realizan los trabajos de investigación.
Por su parte, entrevistado con
relación al presunto conflicto agrario que de
acuerdo con la Procuraduría de Justicia habría
sido el móvil, el representante estatal de la
Secretaría de la Reforma Agraria, Noel
Pérez Salais, rechazó
que en la zona exista un conflicto agrario,
ya que en la comunidad San José de Viborillas,
a la cual pertenece Pinaloza,
el problema agrario que había ya se resolvió
por parte del Tribunal Unitario Agrario del
séptimo circuito.
En tanto, el comandante de la décima Zona Militar,
Sergio Magaña Mier,
aseveró que el asunto no era de su competencia,
sino de la novena Zona Militar con sede en Culiacán,
Sinaloa.
Acusan a la Procuraduría Agraria de dividir a comuneros
de Tamalacatzingo. (El Sur (Guerrero) Jesús Rodríguez, p. web)
El comisariado Juan Villa explica que a las autoridades comunales
no las reconocen como una forma de presionarlos
para que se integren al Procede
Las autoridades comunales de Temalacatzingo, municipio de Olinalá,
acusaron a las autoridades de la Procuraduría
Agraria de estar “dividiendo” a los comuneros
de la localidad, porque no quiere reconocerlos,
debido a que se resisten a integrarse en el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales
(Procede).
Solicitaron también al residente
de la Procuraduría Agraria en la Región de La
Montaña, Miguel Ángel Bello Rivera, que los
reconozca como la autoridad comunal, porque
fueron elegidos durante una asamblea celebrada
en diciembre de 2004.
El comisariado
Juan Villa Hernández explicó que el hecho de
no reconocerlos como la autoridad agraria de
Temalacatzingo, es
para presionar a los casi 2 mil 500 comuneros
de la localidad, para que se registren en el
Procede, lo que fue “rechazado en varias ocasiones”
por el alto costo que representa hacer los “trámites
agrarios”, que se presenten una vez inscritos
en el programa.
Precisó: “La Procuraduría (Agraria)
nos ha dicho que no somos representantes legales,
porque no somos comuneros que simplemente somos
posesionarios por
no estar regularizados en el Procede. Sin embargo,
la comunidad en varias ocasiones ha estado rechazando
el programa”, lo cual, sostuvo, consta en varios
documentos.
El rechazo, según Villa Hernández,
es porque si están inscritos en el Procede,
“cualquier trámite tiene que hacerse ante un
notario público”, lo que representa un gasto
para el comunero, a diferencia de la forma en
que lo hacen actualmente, acudiendo simplemente
ante las autoridades comunales de Temalacatzingo.
Aseveró que cuenta con el respaldo
de la mayoría de los comuneros de la localidad,
que los reconocen como autoridades comunales,
por eso reiteró: “Nosotros somos los representantes
legales de nuestros comuneros y vamos a seguir
siéndolo”.
Reconoció que hay un sector “que
es minoría”, que hacen los trámites para integrarse
en el Procede, con el cual trabaja el procurador
agrario de La Montaña, Bello Rivera, lo que,
dijo Villa Hernández, es una actitud “irresponsable”
del funcionario, porque con ello incrementa
la división de los comuneros de Temalacatzingo.
Expuso que buscarán la intervención
de otras instancias para “evitar problemas posteriores”,
e insistió en que “es la Procuraduría quien
está dividiendo a nuestra comunidad”.
Temen enfrentamientos por conflicto de tierras
en Guerrero. (La Jornada, Jesús Saavedra,
p. web)
Chilpancingo, Gro., 24 de febrero.
Autoridades de los tres niveles de gobierno
están en alerta, al no descartarse que habitantes
de Malinaltepec linchen
a 11 campesinos de Tlacoapa,
a quienes retienen desde el martes pasado, luego
de capturarlos en unas parcelas que ambos municipios
de la Montaña de Guerrero se disputan desde
1963.
El comisario de bienes comunales de Moyotepec
-comunidad de Malinaltepec-,
Natalio Solano González,
informó que los 11 labriegos fueron arrestados
la mañana del martes, cuando una comisión de
vecinos acudió a resguardar unos predios que
pelean con pobladores de El Capulín y La Sabana,
municipio de Tlacoapa. En ese lugar se detuvo a nueve habitantes del primer
poblado citado y a dos de La Sabana.
Solano González recordó que unos 100 terrenos de cultivo se
mantienen en disputa desde 1963, y se llegó
a un acuerdo para que no fueran utilizados hasta
que las autoridades no resolvieran el litigio,
"pero no entendieron los campesinos de
Tlacoapa, y por eso
los detuvimos".
Por su parte, el comisario de bienes comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto, sostuvo que varias comunidades
actualmente organizan grupos para ir a rescatar
a sus compañeros retenidos en Moyotepec.
"Si no los liberan este viernes, iremos
por ellos y que salga lo que tenga que salir",
anunció.
Por la tensa situación, un comité integrado por el representante
de la Secretaría de la Reforma Agraria, Juan
Gatica; el delegado del gobierno federal en La Montaña, Jorge
Rodríguez Ponce, y un elemento de la Fiscalía
de Asuntos Indígenas de la Procuraduría de Justicia
estatal, se trasladó a Malinaltepec.
Este jueves los representantes gubernamentales se reunieron
con el alcalde perredista
de Malinaltepec, Apolonio
Cruz Rosas, y el edil priísta de Tlacoapa, Jesús Navarro Sierra, para tratar de dialogar con
los habitantes de Moyotepec,
llegar a un acuerdo sobre los agricultores retenidos
y establecer una mesa de trabajo para solucionar
el conflicto agrario.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calificó el ambiente en Malinaltepec
de "delicado, y que merece la atención
inmediata de los tres niveles de gobierno, para
evitar hechos lamentables en esa zona indígena".
Arrestan vecinos de Copanatoyac
a comuneros de Tlacoapa
por disputa de tierras. (El Sur (Guerrero, Jesús Rodríguez, p. web)
El martes, 12
campesinos de La Sabana y El Capulín fueron
detenidos en Ocuapa,
y ayer en la noche fueron entregados al MP,
acusados de delitos ambientales y robo, informa
Tlachinollan. También
retuvieron a funcionarios de la SRA, de la PGJE
y de Gobernación estatal que fueron a interceder
Surge un posible enfrentamiento
entre dos comunidades del municipio de Tlacoapa
y una de Copanatoyac,
debido a la disputa de tierras, luego de que
comuneros de La Sabana y El Capulín (localidades
de Tlacoapa) fueron
aprehendidos por sus vecinos de Ocuapa
(perteneciente a Copanatoyac),
para acusarlos ante las autoridades de delitos
ambientales y robo.
El conflicto se agudizó luego de
que el martes –de acuerdo con información proporcionada
por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan–, comuneros
de las localidades de El Capulín y La Sabana
(de Tlacoapa) trabajaban
en las tierras que dicen que les pertenecen,
cuando al filo del mediodía 12 de ellos fueron
aprehendidos por sus vecinos de Ocuapa,
que reclaman la posesión de los predios.
A fin de solucionar el conflicto,
una comisión de autoridades estatales y federales,
conformada por representantes de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), de Gobernación
del estado y de la Procuraduría General de Justicia
del Estado se trasladaron a Ocuapa para negociar la liberación de los comuneros de La
Sabana y el Capulín; sin embargo, éstos fueron
retenidos en el lugar.
En el lío agrario entre los tres
pueblos tuvo que ver la demarcación de tierras
hecha por la SRA, la cual “acotó” los terrenos
que presuntamente pertenecían a Ocuapa,
y cedió algunos espacios más a El Capulín y
La Sabana.
Los de Ocuapa,
explicó la fuente, aprehendieron a los 12 comuneros
de las dos localidades desde el martes, y fue
hasta ayer por la noche, reveló Tlachinollan,
que tomaron la decisión de ponerlos a disposición
del Ministerio Público acusándolos de “delitos
ambientales, en su modalidad de tala de árboles,
y de robo”.
Mientras que a los funcionarios
que acudieron a dialogar, los liberaron ayer
en la noche.
Grupos campesinos rompen diálogo con Gobernación. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)
Las siete organizaciones campesinas que participaron en la
jornada nacional por la justicia, la soberanía
y el rescate del campo suspendieron el diálogo
con la Secretaría de Gobernación y el gabinete
agropecuario. Informaron que lo reanudarán hasta
que el secretario de Gobernación, Santiago Creel,
firme conjuntamente un marco de referencia general
para reimpulsar el Acuerdo Nacional para el
Campo (ANC).
Antes de salir a Zacatecas para tratar de exponer la situación
del campo ante la Conferencia Nacional de Gobernadores,
los dirigentes de las organizaciones apuntaron
que en las dos reuniones que sostuvieron, en
las secretarías de Economía y de Agricultura,
no tuvieron resultados ni avances concretos.
Y el encuentro previsto con Gobernación se suspendió
ante la negativa de su titular de firmar el
acuerdo conjunto.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina
Cardenista, dijo que Sagarpa
reiteró que no tiene presupuesto ni un acuerdo
nacional con las organizaciones. "No hay
voluntad política ni un verdadero compromiso
para responder la exigencia de que se atienda
lo sustancial del ANC".
Durante esas reuniones, los dirigentes de las organizaciones,
abundó Correa, "hemos solicitado que durante
los próximos dos años el tema del campo no sea
relegado por las escaramuzas político-electorales,
hacerlo implicaría agudizar los conflictos sociales".
Por ello también la intención de sostener un
encuentro con los gobernadores para que aquellos
que no firmaron el ANC lo reconozcan.
"Todo está parado porque el gobierno mantiene una actitud
negligente ante la petición de tejer compromisos
y relanzar el ANC", agregó Alvaro
López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas. "Las autoridades, con el montaje
de escenarios, como lo hizo Sagarpa
en sus instalaciones de Coyoacán,
pretenden hacer creer a la opinión pública que
atienden las demandas y propuestas campesinas;
pero no hay discusión ni acuerdos".
Ante esta desatención, la UNTA solicitó a sus agremiados que
acudan a las giras que realicen el presidente
Vicente Fox y los
secretarios del gabinete agropecuario por los
estados y municipios para reclamar por el incumplimiento
del ANC.
Mientras no haya un acuerdo con el titular de la Segob "no acudiremos a más reuniones que sólo nos distraen
y desgastan porque no se toman decisiones. La
demanda es muy clara; emitamos un comunicado
conjunto para relanzar el ANC", comentó
Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.
Miguel Luna, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas, asentó que hay un "receso"
en el diálogo con los secretarios de Gobernación
y del gabinete agropecuario.
Los dirigentes advirtieron que tampoco aceptarán más reuniones
en la Secretaría de Economía si no se comprende
que uno de los problemas torales que deben atenderse
es el de las carteras vencidas en Fonaes y que ello no se resuelve con demandas legales ni con
cartas emitidas por la Secretaría de Hacienda
para exigir el pago.
Respecto de las reformas al marco legal agrario, los dirigentes
expusieron que no hay consenso, como lo afirmó
la Secretaría de la Reforma Agraria,
ya que el gobierno rechazó que en el ANC quedara
plasmado su compromiso de revisar el artículo
27 constitucional, la ley agraria y el marco
jurídico secundario. Esa exigencia no ha sido
desechada por varias organizaciones e incluso
se puso sobre la mesa de la revisión del marco
jurídico.
"El reclamo de las organizaciones es justo y razonable
porque demandan revisión de las sociedades mercantiles,
de los derechos ejidales y comunales; el uso
de las tierras y la aplicación de los programas,
entre otros aspectos que no están en la normatividad
agraria", apuntó Federico Ovalle.
Ampliarán la colaboración técnica México y Guatemala
en materia agraria. (El Sol de Zacatecas, Patricia
Torres, p. web. /Información también publicada
en el Occidental, p.web)
México.- México y Guatemala ampliarán la colaboración técnica y de asesoría en
materia agraria, a fin de lograr un ordenamiento
rural que permita el desarrollo de las dos naciones.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la reunión del secretario
de la Reforma Agraria (SRA), Florencio
Salazar, y el ministro de Agricultura de Guatemala,
Alvaro Aguilar Prado,
en la que se abordó la problemática del sector
agrario en ambos países.
La propuesta de ampliar la colaboración entre los dos países
fue bien recibida por el representante guatemalteco,
quien a su vez hizo una invitación formal al
titular de la SRA para realizar una visita oficial
a su país a fin de que explique a fondo la que
llamó "ruta de éxito de la reforma agraria
mexicana".
Salazar Adame presentó al ministro
de Agricultura del vecino país un panorama amplio
de lo hecho en México en materia agraria, en
especial en lo referente al proceso de reforma
en territorio nacional desde 1810 hasta nuestros
días, el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y
el Catastro Rural Mexicano.
El ministro guatemalteco hizo comentarios sobre las estrategias
empleadas en México, dijo tener conocimiento
que van muy adelantadas gracias a las acciones
consensadas con todos
los sectores campesinos, productivos, sociales
y públicos del país.
Por su parte, Florencio
Salazar puntualizó que el acuerdo de colaboración
que se propone entre México y Guatemala pretende
poner al servicio de la nación vecina la experiencia
mexicana, pues a ocho décadas de reforma agraria
se han tenido aciertos que han contribuido al
desarrollo rural.
Recordó que en la medida en que se resuelvan los problemas,
se ordene la propiedad y se brinde seguridad
jurídica en la tenencia de la tierra, los programas
institucionales como Procampo,
Alianza y Oportunidades concurren con mayor
eficacia y hacen que las familias campesinas
puedan tener mayor oportunidad.
La presentación de los temas: El Proceso de Reforma Agraria
en México, el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares, así como el
Catastro Rural Mexicano, estuvieron a cargo
de Gilberto Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural; Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario,
y Abelardo Escobar Prieto, director en Jefe
del Registro Agrario Nacional, respectivamente.
El Ministro de Agricultura de Guatemala estuvo acompañado por
su jefa de asesores, Patricia Monge.
También asistieron a la reunión bilateral de trabajo el subsecretario
de Política Sectorial de la SRA, Armando Ríos
Piter, y el director
general de Asuntos Jurídicos de la dependencia,
Alberto Pérez Gasca.
¿Y los defensores de la bioseguridad?. (La Jornada, Víctor M.
Toledo, p. web)
Dedicado a comprender en profundidad el sentido de la vida,
su origen y evolución, el biólogo termina adoptando
cierta ética que lo convierte, casi en automático,
en un defensor consecuente del fenómeno vital,
en un luchador por la naturaleza. Como diría
Erich Fromm, se ama porque se conoce y lo que se ama se defiende.
La defensa de la diversidad de la vida se ha
erigido en las décadas recientes en otra forma
de lucha, ética, social y política, la cual
se suma a las batallas por la justicia social,
los derechos humanos y la democracia.
Lo anterior procede en relación con lo ocurrido el pasado 10
de febrero en la Cámara de Senadores, donde
se dio la última opor-tunidad para modificar la Ley
de Bioseguridad, hoy
aprobada por un Senado incapaz de percibir la
trascendencia de sus decisiones. En esa fecha
acudieron a ofrecer sus opiniones reconocidos
académicos y los responsables de las tres principales
entidades encargadas de salvaguardar la biodiversidad
de México: la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y el Instituto
Nacional de Ecología (INE).
El hecho destaca no tanto por su significado institucional,
que lo tiene, sino porque, más allá de las investiduras,
quienes acudieron a normar el voto de los senadores
respecto a la controvertida ley no fueron tres
simples funcionarios, sino tres destacados biólogos.
Conocedores profundos del tema y con una conocida
trayectoria académica en el estudio del patrimonio
natural del país y del mundo, resultaron extrañas
sus actitudes titubeantes, su ambigüedad y cierta
torpeza intelectual en el momento, por demás
decisivo, de externar sus opiniones frente a
los senadores. Con ello coronaron una notable
ausencia de sus instituciones a lo largo de
la intensa, y muchas veces acalorada, discusión
sobre la citada ley.
¿Cómo entender esa incongruencia entre el pensar y el hacer?
¿Qué mecanismos profundos llevaron a los responsables
de salvaguardar la biodiversidad del país a
ignorar el alud de evidencias acerca del peligroso
rol de los cultivos transgénicos
como contaminantes genéticos del patrimonio
natural? ¿Nadie les habrá hecho llegar los resultados
del informe preparado durante un año por 23
científicos de Canadá, EU y México, el cual
recomienda de manera tajante mantener la moratoria
a los transgénicos y bloquear o controlar de inmediato todo el maíz
importado de EU? ¿Cómo lograron olvidar la discusión
sobre la ley que reunió en El Colegio de México
a más de 50 reconocidos investigadores? ¿Y la
literatura científica? ¿Y la extraña censura
y el boicot hacia las investigaciones de Ignacio
Chapela (Universidad
de California)? ¿Y el carácter perverso de la
tecnología, engendro de las corporaciones?
El fenómeno hace recordar acciones vergonzosas del pasado,
cuando destacados intelectuales abandonaron
sus propias tesis y principios al quedar investidos
de funcionarios (ahí siguen en la memoria los
casos de Arturo Warman
y Gustavo Gordillo durante la discusión de la
Ley Agraria de 1992). Y es que una cosa
es disentir o polemizar como intelectuales y
otra negar de cuajo, mediante un acto que acaso
toca la demencia, toda una historia personal
de conocimientos y estudios. No hay, para el
pensamiento lógico, manera de explicar la existencia
de dos formas contradictorias de pensar alojadas
en una misma mente.
No creo que éste sea el caso. Más me inclino a pensar en una
confusión generada por la vorágine de una "guerra
informativa" que tuvo más de mercadotecnia
que de política, alimentada por las corporaciones
y sus académicos. Lo que más preocupa es la
manera en que el impulso profundo por la vida,
la biofilia adquirida
durante años de estudio, la conciencia de que
el ser humano no puede jugar a modificar procesos
vitales sin arriesgar su propia existencia,
quedaron fácilmente sepultados por los argumentos
falsos y la propaganda, o terminaron olvidados
en los detalles técnicos o jurídicos.
Plaza Pública. (El Siglo
de Torreón, Miguel Ángel Granados Chapa, p.
web)
Hidalgo, como
siempre.
Como en los viejos tiempos, como
siempre, el PRI practicó en Hidalgo la política
de carro completo. Obtuvo los 19 cargos en disputa
en la elección del domingo pasado. Miguel Ángel
Osorio Chong recibe hoy la constancia de mayoría que, salvo impugnaciones
judiciales ya anunciadas le permitirá tomar
posesión de la gubernatura el primero de abril próximo. Por su parte, los
18 candidatos de ese partido (dos a solas y
16 en alianza con el PVEM) recibieron anteayer
semejante constancia de mayoría.
La oposición entrará en la legislatura
local, como de costumbre, sólo por la vía de
la representación proporcional. Será una presencia
exigua, poco eficaz y manejable y aun adquirible
desde el Ejecutivo, tal como ha ocurrido hasta
ahora.
Puede saberse desde ahora que encabezará
la mayoría priista
y por lo tanto controlará el Congreso local
un miembro de la tercera generación de la familia
Rojo. José Antonio Rojo García de Alba es hijo
de Jorge Rojo Lugo y nieto de Javier Rojo Gómez.
Gobernadores ambos, ninguno ejerció completo
su periodo: don Javier porque meses antes de
concluir su cuatrienio iniciado en 1937 fue
designado jefe del Departamento del Distrito
Federal por el presidente Ávila Camacho. Y Rojo
Lugo porque durante año y medio, a la mitad
de su sexenio, fue secretario de la Reforma
Agraria bajo López Portillo.
Como parte del grupo que ha dominado
la política hidalguense durante casi setenta
años, Rojo García de Alba figuró como precandidato
a la gubernatura.
Pero joven aún se permitió esperar y con su
familia, dejó que el gobernador Manuel Ángel
Núñez sacara avante a su favorito, Osorio Chong.
Salió de su cargo en el gabinete local, donde
era secretario de desarrollo social y asumió
la presidencia estatal del PRI, que ahora ocupa
Gerardo Sosa, un ya curtido aspirante a la gubernatura
que a la cabeza de su grupo, denominado Sosa
Nostra, ha alcanzado
jugosos premios de consolación.
Rojo García de Alba se presentó
como candidato a diputado en el décimo distrito,
una comarca serrana con cabecera en Tenango
de Doria, donde se asientan algunas de las comunidades
más pobres del Estado y del país.
Sector agropecuario
Peligra el sector cañero por las políticas agrarias
oficiales de productores. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p. web).
Los productores de caña de azúcar requieren de una ley y cambios
en el decreto que abroga uno anterior mediante
el cual se establecían los mecanismos para fijar
los precios del producto, pero en ambas figuras
debe conservarse el esquema de distribución
del valor agregado entre los productores, de
lo contrario se destruirá la industria, se perderían
las más de 700 mil hectáreas cultivadas anualmente
en 15 estados y los 450 mil empleos directos
que genera ese cultivo, advirtió el presidente
de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales, Carlos Blackaller Ayala.
"Pareciera que el gobierno quisiera volver a la época
de las haciendas con la abrogación del decreto
cañero, destruir la organización campesina y
todos los avances logrados por los productores",
agregó.
Por ello, la UNC-CNPR interpuso un amparo contra el decreto
abrogatorio en el juzgado 10 de distrito y obtuvo
la suspensión provisional; lo mismo hizo la
unión de cañeros de la Confederación Nacional
Campesina, en el juzgado cuarto, el cual también
dictaminó en favor de los productores. "El
otorgamiento de la suspensión provisional es
un reconocimiento del juez al daño que provocó
el gobierno al sector cañero. Tenemos confianza
en que se otorgue la suspensión definitiva ya
que los argumentos expuestos en la demanda tienen
fundamento legal y social", abundó Blackaller.
Con esa resolución "se vuelve a equilibrar la mesa con
las autoridades. Estamos dispuestos a lograr
un buen entendimiento con ellas", asentó.
En un comunicado, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación asentó
que aportará todos los elementos a su cargo
para acreditar la legalidad del decreto del
14 de enero y con el cual se abrogó el del 31
de mayo de 1991 y del 27 de julio de 1993. Agregó
que la suspensión provisional concedida a los
cañeros agrupados en la CNPR y la CNC "actúa
sobre los efectos del decreto abrogatorio y
no sobre el acto de abrogación en sí mismo,
hecho que fue consumado para el quejoso.
"Dada la importancia de impulsar al sector azucarero hacia
niveles de competitividad que garanticen su
viabilidad en el futuro, la dependencia aportará
todos los elementos a su cargo para acreditar
el reciente decreto y que tiene como fundamento
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su
reglamento", abundó Sagarpa.
La dependencia afirmó que permanecerá atenta a la resolución
definitiva del juez para continuar con la integración
del comité nacional del Sistema-Producto Caña
de Azúcar y que sean "los propios agricultores
cañeros e industriales quienes determinen las
políticas, reglas, lineamientos y acciones necesarias
para llevar esa actividad a la modernización
y competitividad".
Los productores "sabemos que debe haber un cambio y por
eso desde el año 2000 lo impulsamos, pero el
gobierno ha sido incapaz de atender las propuestas
de los cañeros. Sus respuestas son como una
receta de cocina: haga esto, mezcle aquello
y obtendrá este producto, y así no funciona
el campo", dijo Blackaller
Ayala.
Sagarpa argumenta que pretende elevar la productividad
y que el sector sea más competitivo; hace referencia
a la conformación de un sistema-producto y más
que llevar a los agentes a la toma de decisiones,
lo que hace es "continuar en su mundo feliz,
cuando la realidad es diferente", abundó
el dirigente de la UNC-CNPR.
Los cañeros, insistió, han demostrado el esfuerzo que han hecho
para elevar la productividad; incluso en lo
que va de esta zafra se han molido 308 mil toneladas
de caña más que en el ciclo anterior y la producción
de azúcar se elevó 20 por ciento, al obtenerse
41 mil toneladas más, y todo ello porque también
hay un mayor rendimiento en fábrica. La estimación
de producción de azúcar para este año se calcula
en 5 millones 214 mil toneladas, de las cuales
ya se tiene un avance de 50 por ciento.
En la zafra del ciclo 2004-2005 trabajan 56 de los 58 ingenios;
49 de las industrias han producido más azúcar
en comparación con el periodo anterior y 45
ingenios tienen un mejor rendimiento en fábrica.
Esos avances y toda la industria, insistió,
están en riesgo por el nuevo decreto porque
pauperiza a los productores y acrecienta los márgenes de intermediación.
"Son políticas de escritorio basadas en
un mercado que se quiere entregar a empresas
extranjeras, pues es evidente que el consumo
de azúcar de la población ha tenido un aumento
a partir del año 2000, actualmente es de 4.8
millones de toneladas", aseguró Blackaller
Ayala.
Déficit comercial del grupo pese a exportaciones
récord: CNA. (La Jornada, Cristóbal García, p. web)
Hermosillo, Son.- México sigue presentado un déficit en la
balanza comercial agroalimentaria a pesar de
que las exportaciones han llegado a niveles
récord en los últimos años, sostuvo el presidente
del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jaime
Yesaki Cavazos. Durante su intervención en el foro Oportunidades
y retos para México en el entorno internacional,
manifestó que en el sector agropecuario mexicano
existen claroscuros que reflejan una serie de
desajustes estructurales que han obstaculizado
su verdadero desarrollo. No obstante las dificultades
que subsisten en el ámbito rural, la participación
del producto interno bruto (PIB) del sector
primario respecto del total es de aproximadamente
5 por ciento y ocupa al 22 por ciento de la
población económicamente activa, lo que refleja
desajustes estructurales. Indicó que el PIB
agroalimentario ha aumentado de manera sostenida
después de la crisis económica de mediados de
los años 90, sin embargo, existen muchas áreas
de oportunidad que ofrece el mercado doméstico,
las cuales se deben aprovechar para que ese
crecimiento sea realmente sostenido.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Policías resguardan el noroeste de Cintalapa . (Cuarto Poder, Roberto del Solar, p. web)
Un grupo de 20 policías estatales
y otros nueve elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM) de Cintalapa
se mantienen en la comunidad rural "Rodulfo
Figueroa" a la expectativa de la irrupción
oaxaqueña.
Desde anoche se mantiene la vigilancia
permanente en ese punto del municipio de Cintalapa
que colinda con el estado de Oaxaca, debido
a la presencia de campesinos de ese estado que
se han replegado en las últimas horas a su territorio
pero que se encuentran en la zona limítrofe.
Isidro Clemente Zárate, presidente
del comisariado ejidal
de "Rodulfo Figueroa", dijo que su ejido tiene un permiso
de aprovechamiento forestal de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pero los campesinos oaxaqueños se oponen a que
los chiapanecos aterricen ese proyecto, y por
ello llegaron hasta esta comunidad para despojarlos
de todos los equipos que tienen para el aprovechamiento
del "oro verde".
Ante ello, solicitaron la intervención
policiaca de Chiapas,
a fin de garantizar la seguridad en las actividades
forestales en esa comunidad, pues temen un enfrentamiento,
cuando los oaxaqueños a pesar de que se replegaron
se encuentran en la franja fronteriza con este
ejido. Anoche, en las oficinas del delegado
de Gobierno, Osiel
Nucamendi, se reunieron
el subsecretario de Operación Regional, Martín
Ramos Castellanos, el comisariado
ejidal de "Rodulfo
Figueroa", y el presidente de la Asociación
de Silvicultores del Estado de Chiapas, Ariel
Gómez Jiménez, para destrabar esta situación.
Al finalizar la reunión ninguno de los funcionarios, incluyendo el subsecretario de
Operación Regional, quiso informar a la opinión
pública sobre el estado que guarda la zona noroeste
por la intromisión de campesinos oaxaqueños,
sólo el comisariado ejidal, quien señaló que ya habían recibido el
apoyo de las policías chiapanecas, aunque del
lado de Oaxaca también se estaba patrullando
Comandos policíacos de Oaxaca y Chiapas patrullan
“Chimalapas”. (El Orbe, Roberto del Solar,
p. web)
Cintalapa, Chis.,
24 de Febrero.- Un grupo de 20 policías estatales
y otros nueve elementos de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal (DSPM) de ésta ciudad, se
mantienen en la comunidad rural "Rodulfo
Figueroa" a la expectativa de la irrupción
Oaxaqueña.
Desde anoche se mantiene la vigilancia permanente en ese punto
del municipio de Cintalapa
que colinda con el estado de Oaxaca, debido
a la presencia de campesinos de ese estado,
que se han replegado en las últimas horas a
su territorio pero que se encuentran en la zona
limítrofe, conocida como "Los Chimalapas".
Isidro Clemente Zarate, presidente del Comisariado
ejidal de "Rodulfo
Figueroa", dijo que su ejido tiene un permiso
de aprovechamiento forestal de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Pero los campesinos Oaxaqueños se oponen a que los chiapanecos
aterricen ese proyecto, y por ello llegaron
hasta esta comunidad para despojarlos de todos
los equipos que tienen para el aprovechamiento
del Oro Verde.
Ante ello, solicitaron la intervención policíaca del estado
de Chiapas, a fin de garantizar la seguridad
en las actividades forestales en esa comunidad,
pues temen un enfrentamiento, cuando los oaxaqueños
a pesar de que se replegaron se encuentran en
la franja fronteriza con este ejido.
Anoche, en las oficinas del delegado de Gobierno Osiel Nucamendi, se reunieron el
subsecretario de Operación Regional, Martín
Ramos Castellanos, el comisariado ejidal de "Rodulfo
Figueroa", y el presidente de la Asociación
de Silvicultores del Estado de Chiapas, Ariel
Gómez Jiménez para destrabar esta situación.
DURANGO
Riña a balazos por predio deja seis muertos. (El Sol de México, Gabriel Ontiveros,
p. web)
DURANGO, Dgo. (OEM).- Por la disputa
de unos terrenos boscosos en el municipio de
Tamazula, Durango,
se registró una matanza a balazos en el lugar
conocido como "Piñaloza", perteneciente a San José de Viborillas, con
saldo de seis muertos, todos ellos empleados
de la empresa Productora de Tipley, S.A., quienes se dedicaban a la extracción de madera.
Quienes fueron víctimas de la agresión de un grupo de comuneros
de esa región respondían a los nombres de Eleuterio
Astorga Díaz, de 53 años de edad, vecino de
San Miguel de Cruces; Ramón Donato Sánchez,
de 52 años, y Arturo Sánchez Santoyo,
de 21, tío y sobrino.
También murieron Adrián Lara Pereda, de 43 años, de San Miguel
de Cruces; Alberto Graciano Gurrola,
de San Dimas, y Jorge Luis Romero, de 22, con
domicilio en San Dimas, Durango.
El Gobierno estatal, a través de comunicación social, dijo
que este hecho sangriento tuvo lugar la mañana
del miércoles y fue hasta 24 horas después cuando
se dio aviso a la Policía Ministerial, y hacia
el lugar se trasladó el titular de la Policía
Ministerial, Pedro Chávez Cibrián,
al frente de un fuerte contingente de elementos
para iniciar las investigaciones y capturar
a los responsables.
El grupo de agentes ministeriales se formó con elementos de
los sectores de Pueblo Nuevo, Huachimetas,
Los Naranjos, La Ciudad, Santiago Papasquiaro,
Ciénega de Nuestra Señora, Tayoltita, San Miguel de Cruces y la Unidad Contra el Crimen
Organizado.
Debido a lo alejado del lugar y lo sumamente accidentado del
terreno, hasta anoche aún llegaban los elementos,
por lo que se desconoce hasta el momento la
forma detallada cómo ocurrieron los hechos.
Por ahora sólo se tiene establecido que los ahora occisos sólo
cumplían con su trabajo, situación que no entendieron
los comuneros y simplemente los masacraron a
balazos y enseguida huyeron.
Quienes dieron el aviso de lo sucedido fueron siete trabajadores
más, compañeros de los ahora occisos, quienes
lograron escapar de los agresores y pidieron
auxilio para poder salir de la región ante las
amenazas de muerte que recibieron.
Tuvieron que caminar varios kilómetros entre cerros y cañadas,
hasta donde pudieron lograr comunicación con
alguna autoridad y de ahí se trasladaron a Cosalá,
Sinaloa, ya que los hechos se registraron cerca
de los límites entre ambas entidades.
Poco antes del amanecer de ayer lograron llegar a Cósala con
los cadáveres de los trabajadores sacrificados
y sólo se dijo que fueron asesinados de varios
balazos.
Se espera tener hoy más información, una vez que el titular
de la Ministerial establezca comunicación con
la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Se agregó que en su momento se dará a conocer la identidad
de los criminales, como también el móvil por
el cual se caldearon los ánimos que dieron lugar
a la masacre.
Por lo que respecta a los trabajadores que lograron salvarse,
señalaron, ninguno de ellos portaba arma alguna,
como ninguna de las víctimas, que fueron atacados
a mansalva, pues ni siquiera sabían
si había problemas con los comuneros.
A las 19:00 horas de ayer, los seis cuerpos llegaron al anfiteatro
de la comunidad de El Sabino.
GUERRERO
Ante el TUA, comienzan ejidatarios y Tres Vidas
los trámites para la venta del predio. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Ejidatarios de Plan de los Amates,
los representantes legales de la empresa Tres
Vidas, el procurador Jesús Ramírez Guerrero
y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, acudieron al Tribunal Unitario Agrario
(TUA) número 41 para comenzar los trámites sobre
la venta de 49 hectáreas en la zona Diamante.
La visita al TUA se da cinco días
después de que los ejidatarios a favor de la
venta de los predios por 80 millones de pesos,
y por los que mantuvieron un litigio de casi
12 años, firmaran un convenio de compra-venta
en Casa Guerrero, donde estuvo como testigo
el secretario general del Ayuntamiento, Francisco
Larequi Radilla.
El comisariado
ejidal de Plan de los Amates, Martín Campos
Aparicio, de forma grosera y cortante respondió
a esta reportera cuando le preguntó sobre su
presencia en el TUA: “yo no sé nada, eso lo
sabe el secretario. Yo estoy borracho”.
Todos ellos sostuvieron una reunión
privada a las 4 de la tarde con el magistrado
del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, de la cual
no se supo exactamente de qué se trató.
De acuerdo con especialistas en
esta materia, los ejidatarios y los empresarios
pudieron acudir al TUA a legalizar el convenio
que firmaron con anterioridad, tomando en cuenta
que en la asamblea del 10 de febrero se acordó
por mayoría –59 de 113 ejidatarios– con la empresa
que esta entregaría los 80 millones de pesos
y a cambio los ejidatarios retirarían la demanda
por restitución de 49 hectáreas, que está bajo
el expediente número 243.
El predio se encuentra en la Zona
Diamante, por la carretera a Barra Vieja, y
a finales de 2003 fue tomado por los ejidatarios
luego de que la Suprema Corte de la Justicia
(SCJ) les restituyó 35 hectáreas de las 49 que
disputan con la empresa regiomontana Tres Vidas
y con Playa Encantada.
En 2004 empezaron los desencuentros
entre algunos ejidatarios contra el entonces
comisariado ejidal,
Gabriel Colón, por la pretensión de vender las
tierras a los empresarios y que finalmente concluyó
Martín Campos Aparicio.
Los que se oponen a la venta comenzaron
desde hace varios meses con negocios y restaurantes
y han dicho que no se oponen a la venta siempre
y cuando se les respete su parte proporcional,
pues los 500 mil pesos que les ofrecen por cada
uno no les alcanzarían para nada.
Hoy, la audiencia para anular la asamblea que aprobó
los estudios de CFE en La Parota. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Para hoy está programada la audiencia
de anulación de acta de asamblea del 25 de abril
que solicitaron los opositores a la hidroeléctrica
La Parota al Tribunal Unitario Agrario (TUA)
número 41, la cual se ha diferido en tres ocasiones
por diferentes motivos.
Debido a que en las últimas audiencias
se ha visto agredido verbalmente el magistrado
del Tribunal, Juan Rodolfo Lara Orozco, por
algunos opositores, se supo que el TUA solicitó
el apoyo de la Policía Preventiva.
Sobre ello, el director de la Preventiva,
Roberto Abizaid Gracian,
dijo que hasta ese momento desconocía que se
haya solicitado el apoyo a esa dependencia.
La audiencia está programada para
las 10:30 de la mañana en el TUA, ubicado en
el Zócalo. Se espera que las partes involucradas
lleguen a las 10 de la mañana.
De acuerdo con datos recabados,
a la audiencia acudirán los opositores encabezados
por Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores; mientras que la otra parte irá
representada por el comisariado
ejidal de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
Crecencio Jerónimo
Aparicio.
Este será la cuarta vez que se
intente desahogar la audiencia de solicitud
para que se anule la asamblea en la que se dio
permiso a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para continuar con los estudios preliminares
del proyecto de La Parota, la cual fue impugnada
por los inconformes y quedó bajo el expediente
número 315/04.
Los argumentos de los campesinos
para haber solicitado la anulación es que la
asamblea no se basó en la Ley Agraria y hubo
irregularidades, entre ellas la de no verificar
mediante pase de lista la asistencia del 50
por ciento más uno de los comuneros para legalizarla.
Debido a la violencia que se ha
generado en la zona de los Bienes Comunales,
el 19 de enero el magistrado Lara Orozco decretó
una medida cautelar para que la CFE no entrara
a la zona mientras se lleva el proceso de anulación.
Esta medida fue impugnada por el
comisariado Crecencio
Jerónimo Aparicio, quien logró que el juez tercero
de distrito concediera un amparo provisional.
El domingo, comuneros que apoyan
el proyecto y los que se oponen se enfrentaron
en la zona del conflicto.
OAXACA
Admite Profepa que fue
muy grave la desforestación
en los Chimalapas. (Noticias de Oaxaca, Martha
Izquierdo, p. web).
El delegado estatal de la PROFEPA, Francisco Reyes Cervantes,
admitió que la deforestación hecha en el paraje
“La Carraca” perteneciente a San Miguel Chimalapa
fue muy grave, pues los talamontes
devastaron más de 10 hectáreas de madera tropical
y pino.
En entrevista, informó que este miércoles acudió a la zona
en donde hicieron un recorrido para geoposesionar
y saber los linderos del estado de Oaxaca, que
es el argumento de los comuneros zoques de San
Miguel Chimalapa.
Dijo que al hacer la contabilización de los árboles derrumbados
contaron 183 árboles maduros y se levantó el
acta de inspección que respondió a una denuncia
hecha por el Comisariado
de Bienes Comunales, Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez,
y el presidente municipal Raúl Sánchez Domínguez,
la mañana de este miércoles.
Mencionó que el acta de
inspección está en espera de un documento llamado
Plano Definitivo, que conste como prueba para
validar que es un predio oaxaqueño y
entonces prosiga el procedimiento jurídico.
El delegado mencionó que se aseguró la madera por recomendación
de las oficinas centrales de la Dirección General
Forestal de la PROFEPA
y se aseguró a nombre del presidente
de Bienes Comunales, con la solicitud exprofesa
a los delegados de Chimalapas,
Germán Peralta y de Ciudad Ixtepec,
Carlos Gómez Orozco, que se mantenga en resguardo
con seguridad pública en la zona para que no
sea transportada ni transformada por la gente
que la taló.
Informó que luego de hacer la inspección se detectaron más
de 10 hectáreas devastadas,
y destacó que tienen conocimiento por
oídas y no por verificación, que hay permisos por parte de SEMARNAT para el aprovechamiento forestal en esa zona
por gente de Chiapas.
Coincidió con el delegado de la SEMARNAT en Oaxaca que es urgente
subir una mesa
de trabajo y de diálogo con SEMARNAT y PROFEPA
Chiapas, la cual ya está concertada desde hace
un par de meses y este hecho da motivo para
acelerarla.
Respecto a la tala de las diez hectáreas, reconoció que es
un daño muy grave; aunque no han recibido una
denuncia oficial, se percibe que este tipo de
hechos se han dado en varios puntos y la PROFEPA
sólo obedece a las quejas y denuncias hechas
por cualquier persona en el estado de Oaxaca.
Cartones
Mejor que prozac · Helguera
Tepocatilandia · Rocha
Platillo del día · Ahumada
La puntilla · El Fisgón
Declaración imprudente · Magú
Hasta
en la sopa Carreño
Popularidad a la baja Helioflores
La
conciencia tranquila Omar
