CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
19 DE DICIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Saquean líderes a Convergencia
Desvían 20 millones de pesos. Revelan
documentos doble contabilidad para triangular recursos
públicos.
Partidos gastan en radio y tv 8 mil mdp
El monto
incluye últimas 4 elecciones más la de 2006. Prevén
erogar más de $3 mil 500 millones en esos medios el
próximo año.
México, el más afectado por los subsidios
Si fracasa
la OMC, el país tendrá que apoyar más a los agricultores:
Mayorga
Áreas de opacidad en rendición de cuentas
Apertura
del secreto bancario, gran avance para la fiscalización
Evo Morales, el virtual presidente de Bolivia
Acepta
Tuto Quiroga la derrota. Tiene 51% de votos,
según sondeos; sería el primer mandatario indígena
de esa nación.
EU tolera la xenofobia: Fox
Antidemócrata, la política contra migrantes dice.
Alerta Iglesia contra la izquierda violenta
Rivera
Carrera afirma que México ya no quiere el camino de
la fuerza. Se pronuncia contra políticos que buscan
el triunfo a toda costa.
Promueve TLC migración
a EU
Condena de la CNC a la incriminación
“xenofóbica”. Rebasarán
los 20 mil mdd remesas de migratorios: Fox.
Vergüenza para EU
levantar muros: Fox
En la celebración del Día del Migrante, recrimina a Bush intolerancia
y xenofobia contra ilegales. Esta decisión no habla
bien de una nación que se precia de ser demócrata,
critica.
2005, el más violento: van 1,500 narcoejecuciones
Hasta principios
de diciembre se reportan mil 420 muertes vinculadas
con el narcotráfico. Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán
encabezan la lista de entidades con mayor violencia.
Sector agrario
Un paisaje en la guerra neoliberal. (La Jornada, Suplemento Hojarasca, Carlos González, p.web).
Comunidades nahuas del occidente mexicano
En los últimos años el Estado mexicano ha desatado una feroz
ofensiva en contra de las comunidades indígenas y
campesinas del país. Se trata de una guerra no declarada
que tiene como fin garantizar que la mano de obra
y los territorios de las comunidades campesinas puedan
ser apropiados y expoliados por los grandes consorcios
transnacionales en la nueva fase, llamada neoliberal,
de acumulación "originaria" de capital y
de consolidación global del capitalismo.
Para lograr lo anterior el Estado se ha valido de múltiples
leyes y políticas que centralmente tienden a separar
a los campesinos de la tierra a través del despoblamiento
forzado de las zonas rurales; la erosión de los maíces
nativos; la desamortización de la propiedad social
agraria, así como la separación y privatización de
los elementos que juntos integran los territorios
de los pueblos campesinos: la tierra, el agua, los
minerales, los bosques, el aire, la biodiversidad
y, por supuesto, los saberes
tradicionales vinculados a dichos elementos.
A lo largo de muchos siglos en el sur occidente mesoamericano
han florecido importantes culturas indígenas, todas
ellas adscritas después de las guerras de conquista
al horizonte lingüístico náhuatl. Habiendo sido particularmente
implacable el exterminio de los pueblos indígenas
de la región, resulta sorprendente que todavía hoy
en día sobrevivan comunidades nahuas en el municipio
de Aquila, Michoacán, en
los municipios de Comala
e Ixtlahuacán, Colima, y en diversas regiones rurales del sur
de Jalisco, siendo significativas las localizadas
en la Sierra de Manantlán, el municipio de Tuxpan, el Llano, la Sierra de
Tapalpa, Cocula, Villa Purificación
y las inmediaciones del Lago de Chapala.
Las comunidades citadas no son ajenas a la actual guerra neoliberal
y su diezmado tejido social todavía resiente las políticas
liberales desplegadas por los sucesivos gobiernos
federales y locales a lo largo de los dos últimos
siglos.
Junto a la voluntad destructiva y rapaz de quienes tienen poder
económico y político, la resistencia de las comunidades
indígenas existe y crece en todo el territorio del
antiguo mictlampa,
aun en medio de colosales murallas.
De este modo la comunidad indígena de Cuzalapa,
enclavada en la Sierra de Manantlán,
Jalisco, ha desatado, a partir de abril de este año,
un importante proceso de lucha en contra de la imposición
del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom), que implicó el parcelamiento
forzoso de más de siete mil hectáreas de su propiedad
comunal a principios del año que corre. En contra
de dicha acción, concertada entre funcionarios de
la Procuraduría Agraria y el comisariado
de bienes comunales, los comuneros han realizado asambleas
y actualmente tienen en trámite dos juicios con la
finalidad de que se anule una fantasmagórica asamblea
organizada por la Procuraduría Agraria el 15
de enero del 2005 con la participación de tan solo
78 comuneros de un total de 244, pues en dicha asamblea
se acordó el citado parcelamiento
de las tierras de la comunidad.
El ejido de San Isidro, en la región de El Llano, Jalisco,
rechazó contundentemente la imposición del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)
en abril, insistiendo en recuperar las tierras que
originalmente le fueron dotadas y que hoy están en
poder de la transnacional Nutrilite
con la complacencia del gobierno federal.
Poco antes, a principios de año, la comunidad de Aquila, en la costa michoacana, impidió por cerca de un mes
el tránsito de los camiones que conducen el hierro
extraído de los montes de la comunidad por la empresa
minera Las Encinas SA de CV, filial del grupo Hylsamex.
Finalmente los comuneros organizados lograron la destitución
de su anterior comisariado,
coludido con la minera,
e iniciaron un complejo proceso de negociación que
aunque limitado, pues únicamente contempla aspectos
económicos, abre la posibilidad de que la comunidad
de Aquila se sacuda del
yugo y la destrucción ambiental que ha producido la
empresa minera.
Las comunidades de Ostula, en la
costa de Michoacán, y Zacualpan,
en Colima, también se han mostrado renuentes a aceptar
la aplicación del Procecom
en sus tierras a pesar de la enorme presión que ejerce
la Procuraduría Agraria sobre todas las comunidades
del país para que certifiquen sus tierras. La primera
de estas comunidades no sólo ha rechazado el Procecom,
sino que además ha dado una larga batalla por la restitución
de cerca de mil hectáreas que le fueron invadidas
por ricos ganaderos de la región.
Aun las comunidades del municipio de Tuxpan, Jalisco, donde
desde hace años medra un oscuro cacicazgo, han iniciado
un lento proceso de organización tendiente a la reconstitución
política y cultural de la antigua "comunidad
indígena", hoy casi despedazada por las políticas
agrarias y educativas de los gobiernos postrevolucionarios.
Por lo menos esa es la pretensión de un grupo de familias
indígenas aglutinadas en la Organización de Comunidades
Indígenas y Campesinas de Tuxpan frente a los controles
corporativos que impone la oficialista Unión de Comunidades
Indígenas Nahuas de Tuxpan a través de un manejo poco
claro y con tintes electorales de los recursos y los
programas públicos.
En los últimos días los ejidatarios de Ayotitlán,
en la Sierra de Manantlán,
Jalisco, la más grande comunidad nahua de la entidad,
han iniciado una difícil lucha en contra del Consorcio
Minero Peña Colorada, perteneciente, al igual que
Las Encinas, a la transnacional Hylsamex.
Peña Colorada, enclavada dentro de los terrenos ejidales de
Ayotitlán, extrae cerca del 40 por ciento de todo el hierro
que se beneficia en nuestro país, y durante años ha
destruido impunemente las tierras, aguas y montes
de la región, enriqueciendo a unos cuantos empresarios
a cambio de otorgar migajas al ejido afectado. Hace
unas semanas la empresa impuso, con el apoyo de la
Confederación Nacional Campesina (cnc), un comisariado del ejido de
Ayotitlán que es empleado
suyo. La furia de los campesinos llegó a su límite
y, además de que pararon las obras de ampliación de
la mina, han iniciado diversos recursos legales tendientes
a la anulación de las concesiones y los permisos que
el gobierno ha otorgado a Peña Colorada en violación
del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo.
Así las comunidades nahuas del occidente resisten la embestida
neoliberal y se juntan a través del Congreso Nacional
Indígena para intentar su reconstitución como pueblo
nahua y unir sus voces con las de sus hermanos wixáritari
para oponerse a programas y leyes tan nocivas como
la iniciativa de "ley indígena" del estado
de Jalisco que pretende aprobar el Congreso Legislativo
local con el fin de restringir los derechos y, sobre
todo, la autonomía de los pueblos originarios de la
entidad.
En fin, los pueblos más antiguos de estas tierras siguen resistiendo
la modernidad capitalista aunque su resistencia represente,
citando a Sábato, apenas
una vela de esta noche en que vivimos.
La Procuraduría Agraria incumple un acuerdo, dicen
ejidatarios de Ajuchitlán. (El Sur (Guerrero), Gregorio Urieta,
p.web)
Se comprometió en agosto
de 2004 a liberar recursos a la comunidad de Anonitas
para solucionar a un conflicto con Villa Nicolás Bravo.
Noventa y seis ejidatarios de la
población de Anonitas, perteneciente al municipio
de Ajuchitlán, manifestaron
su inconformidad por el incumplimiento de los acuerdos
con las autoridades de la Procuraduría Agraria
(PA) desde agosto del año pasado.
Los acuerdos indicaban que el Grupo
de Trabajo para la Atención de Conflictos en el Área
Rural de la PA, entregarían el equivalente a 680 mil
pesos mediante el financiamiento de dos proyectos
productivos.
Los inconformes declararon que
hasta la fecha no se ha entregado nada a los verdaderos
ejidatarios de Anonitas; acusaron que los recursos
ya se entregaron a ejidatarios que no son de la misma
comunidad o bien que son de filiación perredista.
De la situación anterior los ejidatarios
responsabilizaron al funcionario de la Procuraduría
Agraria, José Sosa, pues a más de un año del trato
no les ha informado nada al respecto.
Juan Flores Pablo, Regino Limones Aguilar y Darío Colima Catalán, entre otros,
en un documento firmado en agosto del 2004 y dirigido
al entonces gobernador René Juárez Cisneros manifiestan
que en esa fecha se llevó a cabo la firma de los acuerdos
orientados a solucionar el conflicto generado entre
los ejidos de Villa Nicolás Bravo y el de Anonitas,
debido a que el primero tenía en posesión 36 hectáreas
de terreno cuyos derechohabientes son los ejidatarios
de Anonitas.
En aquella fecha –16 de agosto
de 2004–, la Procuraduría Agraria se comprometió a
entregar dos proyectos productivos, uno con un costo
de 500 mil pesos y otro equivalente a 180 mil.
Quienes firmaron el acuerdo fueron
el presidente del Comisariado
Ejidal de Villa Nicolás Bravo, Romualdo
Mendoza Cayo y de parte de la Procuraduría los representantes
del Grupo de Trabajo para la Atención de Conflictos
en el área Rural Víctor Manuel Zapata Morgado
y Jesús Sosa Nava, responsable
de atender el área en conflicto.
En la minuta firmada se establece
el acuerdo de que en otra ocasión se proporcionaría
los nombres de los ejidatarios que formarían parte
de los proyectos productivos y se oficializaría la
firma de los compromisos.
No obstante, después de medio año
no se les dio información del proceso de indemnización
ni de quienes forman parte de los proyectos productivos.
Ante esto los ejidatarios le pidieron
al presidente del Comisariado
Ejidal de Villa Nicolás Romualdo
Mendoza Cayo quien –según afirman– se las negó.
Entonces acudieron a la delegación
de la Procuraduría Agraria con sede en Ciudad Altamirano
y nunca pudieron localizar al funcionario encargado
del conflicto José Sosa Nava.
Posteriormente intentaron, sin
conseguirlo, localizar al Coordinador estatal del
Grupo de Trabajo para la Atención de Conflictos en
el Área Rural, Juan Gatica
González.
Los ejidatarios comentaron que
a partir de entonces ha transcurrido un año sin que
se les informe del proceso y consideran que ya se
les excluyó porque son de filiación priísta.
Finalmente los inconformes solicitan
la intervención de las autoridades federales y del
gobierno del estado para que se solucione el problema.
De otra manera, dijeron, están dispuestos a llegar
“hasta las últimas consecuencias”.
Se entrampa conflicto de los comuneros de Benavides. (Milenio Diario, Ricardo
Alanís, p.web).
Lucio López, representante legal de los productores rurales
afectados, expresó que el ex alcalde de Cerralvo,
Santos Martínez, presume tener el respaldo de Luis
González Parás.
Lucio López se baja de su camioneta con los logotipos
de la Central Campesina Cardenista, la CCC; viene
de reunirse con Max Correa, el líder nacional de dicha organización de productores
rurales.
Es obligada la pregunta para el abogado de la Comunidad
Agraria de Benavides Grande y Benavides Olivares:¿Cuál
es el problema en esa comunidad?, y responde: “Es
un asunto viejo de un grupo de campesinos que por
décadas ha sido despojado de sus tierras y amenazado
de forma permanente por un puñado de particulares”.
Asegura que el conflicto ha llegado tan lejos por culpa
de Santos Martínez, un empresario cuya fortuna es
de origen dudoso, quien de pronto ha decidido monopolizar
la explotación de materiales triturados en la región
mediante el despojo y la amenaza a los comuneros.
“Hace como un año, una nueva empresa minera pidió permiso
a la comunidad para explotar una veta de materiales
rocosos a cambio del pago de una renta por 30 años
y la garantía de 100 empleos para los comuneros.
“Tan pronto como se enteró de la propuesta se acercó
a la comunidad ofreciendo dinero, a cambio de que
se rechazara la petición de la nueva empresa y se
firmara un acuerdo para que nadie nuevo pudiera instalarse
o aprovechar los recursos de la comunidad en el futuro”,
dice.
Lucio López señala que existen documentos donde se muestra
la oferta oscura de Santos Martínez y su empresa Matrimar,
para fortalecer su monopolio y que implicaba no crear
el empleo que tanto le hace falta a la región.
“Obviamente fue rechazada en una asamblea de pleno valor
legal, porque era absurda y en detrimento de los comuneros”,
sigue Lucio, “la nueva empresa, MINCER, se instaló,
pagó a la comunidad y empezó a crear empleo… Y ahí
empezaron las intimidaciones más graves”.
El abogado de los comuneros denuncia que a raíz de esa
negativa por parte de los ejidatarios, éstos han sido
amenazados y agredidos por empleados del ex alcalde
priista.
“Hubo secuestros, amenazas físicas y agresión general
sobre los comuneros… Cuando la comunidad no cedió,
vinieron los abogados, específicamente el despacho
de Luis González Parás”
agrega Lucio López.
Santos Martínez es un ex alcalde priista
de Cerralvo que en la elección
pasada desertó al PAN y trabajó en contra de Natividad
González Parás. Ahora Santos
presume de tener el respaldo del hermano del gobernador
para apropiarse de tierras comunales.
Presume además su relación cercana con Arturo de la Garza
y con Manuel García Cirilo,
titular de Fortalecimiento Municipal del gobierno
del estado.
El representante legal de las familias afectadas señala
que el gobierno estatal deberá respetar el diagnóstico
de la Procuraduría Agraria, instancia federal que ya decidió
que lo correcto es indemnizar.
“Sólo hace falta que el gobierno estatal se decida a
defender a una comunidad de unos cuantos particulares
a los que no les importa quitarle el empleo y el patrimonio
a decenas de familias”, agrega.
¿Y qué soluciones les han ofrecido en Nuevo León?
“Mire”, dice Lucio con tono serio, “el secretario de
Gobierno, Rogelio Cerda, nos ha dado su palabra de
que la comunidad no será despojada y yo creo en su
palabra.
“Es más, el licenciado Cerda ha dicho que éste no es
un problema jurídico sino uno social, y yo en lo personal
confío en su buena voluntad”.
Y, ¿hasta cuándo pueden esperar respuestas?
“Yo no quiero que haya problemas, pero la gente está
inquieta y molesta y también preocupada por lo que
Santos y un grupo de delincuentes que tiene a su servicio
puedan hacer.
“Espero que la solución llegue pronto para que no haya
más problemas”, concluye Lucio. El representante legal
de la comunidad se retira diciéndonos que él confía
en que se haga justicia; “yo creo en las instituciones
de gobierno y su sensibilidad social, pero la gente
no es tonta y no se va a dejar” dice al retirarse
de la mesa.
Barrio no va al Senado. (La Crónica de Hoy, Adolfo Sánchez, p.web).
Francisco Barrio Terrazas decidió
no participar en el proceso de elección de candidato
al Senado de la república por el estado de Chihuahua
y en el caso de Santiago Creel Miranda será decisión del Comité Directivo Regional
si lo inscribe en la lista de candidatos a la Cámara
de Senadores por la vía plurinominal y esto también podría ocurrir con Josefina Vázquez
Mota y María Elena Álvarez de Vicencio,
señaló Said Mendoza secretario de Fortalecimiento
Interno del CEN del PAN.
También, mencionó que el Comité
Ejecutivo Nacional buscará arropar en su trinchera
a aquellos liderazgos importantes para apuntalar la
campaña de Felipe Calderón Hinojosa.
Afirmó que su partido habrá designado
hasta ayer a 181 candidatos a puestos de elección
popular.
En entrevista hizo notar que en
los estados de Guerrero, Colima, Tabasco, Baja California
Sur, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas
y Oaxaca, la dirigencia nacional será la encargada
de elegir a los aspirantes a puestos de elección popular
por cuestiones internas o en su caso se busca a líderes
sociales que tengan una enorme presencia entre la
población. “Lo que se busca con esta estrategia es
rentabilidad electoral”, agregó.
Para la integración de la lista
de los aspirantes a estos cargos de elección popular,
aseveró, se ha tomado en cuenta el 95 por ciento de
las propuestas de las dirigencias estatales.
Adelantó que hasta ayer el PAN
ya tenía designados a 67 candidatos a diputados de
representación proporcional y a 76 de mayoría relativa
así como a 34 aspirantes al Senado de 15 entidades
federativas.
Se estima, indicó, que para finales
de febrero del 2006 el partido ya tendrá todo su listado
de candidatos al Congreso de la Unión.
En el caso de Baja California ya
se eligió a Alejandro González Alcocer y Jaime Díaz
Ochoa. En Baja California fueron electos Luis Coppola
y Rigoberto Romero Aceves.
También ya fueron nombrados en
Campeche Sebastián Calderón Centeno, Yolanda Guadalupe
Valladares Valles y Juan Carlos del Río (plurinominal).
Asimismo, el domingo pasado fueron
elegidos Francisco Antonio Rojas Toledo y José Augusto
Orantes Ruiz. En el caso de la elección de los candidatos
a diputados la dirigencia nacional optó por postular
a representantes de la sociedad civil.
En el caso de Chihuahua se han
inscrito para luchar por la candidatura al Senado
de la República Ramón Galindo y Gustavo Madero.
El 11 de diciembre fueron electos
en Coahuila Guillermo Anaya Llamas y Ernesto Saro
Boarman como candidatos
a la Cámara de Senadores.
La elección de los candidatos del
PAN a la vieja casona de Xicontencatl
se llevará a cabo el 29 de enero y entre los precandidatos
se encuentran Federico Doring y Gonzalo Altamirano Dimas. Se espera que a mediados
de febrero se realice la elección de los 30 candidatos
a diputados federales, sin embargo, la dirigencia
nacional designará a 12 aspirantes a un curul en San
Lázaro.
En Guanajuato ya fueron electos
Humberto Andrade Quesada y Luis Alberto Villarreal
García. Lo mismo ocurrió en Jalisco y del proceso
interno salieron ganadores Alberto Cárdenas Jiménez
y Héctor Pérez.
En el caso de Guerrero el CEN lleva
a cabo entrevistas con los posibles aspirantes y la
mayoría de ellos son de la sociedad civil. Se habla
de que Florencio Salazar Adame
será candidato al Senado de la República por la vía
plurinominal.
La elección de los aspirantes a
la Cámara de Senadores por el Estado de México se
llevará a cabo el primero de febrero y en Morelos
la designación de los candidatos panistas
a ocupar un escaño en la Vieja Casona de Xicotencalt
se realizará a finales de febrero.
Humberto Aguilar Coronado y Juan
Alonso Díaz se inscribieron para representar al estado
de Puebla en el Senado de la República. En San Luis
Potosí ya fueron designados Alejandro Zapata Perogordo y Eugenio Govea Arcos.
Ratifica gobernador de Guerrero que mayorías apoyan
plan La Parota. (La Crónica de Hoy, Notimex en Chilpancingo, p.web)
Tras ratificar que la mayoría de comuneros apoyo el proyecto
hidroeléctrico La Parota, el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo reiteró que está a favor de todo
proyecto que garantice el desarrollo del estado.
Lo anterior tras el nuevo enfrentamiento en la comunidad de
Dos Arroyos, municipio de Acapulco, donde la mañana
de hoy se registró un enfrentamiento de policías y
campesinos opositores a la obra.
Informó que de manera extraoficial conoce que al menos cuatro
agentes policiacos resultaron
heridos, y cuatro personas más fueron detenidas durante
el enfrentamiento de policías contra opositores.
En conferencia de prensa, indicó que no se convertirá en el
promotor del proyecto, porque dijo "yo no soy
el gerente de la Comisión Federal de Electricidad",
pero sí apoyará todo lo que signifique desarrollo
para Guerrero, agregó.
"Seguiré todo lo que signifique desarrollo para Guerrero,
mi gobierno lo va a respaldar, y quien desee manifestarse
que lo haga de manera libre, sin coacción, ni presión,
sin ninguna otra línea que no sea la de la legalidad",
comentó.
Señaló que a la reunión desarrollada en la ciudad de Tierra
Colorada a la que asistieron 342 ejidatarios de la
comunidad de Dos Arroyos, llegó a feliz término, porque
la mayoría votó a favor de la construcción del proyecto
hidroeléctrico.
Precisó del total de los más de 500 comuneros de Dos Arroyos,
más de la mitad asistió a la reunión convocada a Tierra
Colorada por autoridades de la Procuraduría Agraria,
lo que significa que la mayoría está a favor del proyecto.
Invalidan una asamblea del ejido de La Palma que
iba a votar contra La Parota. (El Sur (Guerrero), Cristina
Sierra, p.web)
Después de que se había declarado
el quórum legal, y de seis horas de discusiones, con
la intervención de la CFE y de la Procuraduría
Agraria se resolvió que no había el número de
ejidatarios requerido. Citan en segunda convocatoria
para el 27.
En una asamblea sin policías y
con la presencia de funcionarios de la CFE, ejidatarios
de La Palma estuvieron a punto de votar en contra
de la anuencia para la expropiación de sus tierras
para construir la presa La Parota.
Ayer, en la comunidad de La Palma,
municipio de Juan R. Escudero, ejidatarios y no ejidatarios
se enfrascaron en una larga discusión para que estos
últimos pudieran ser tomados en cuenta en la votación
final, pero lo único que se logró es que también se
valoraron sus argumentos en una asamblea donde según
la ley agraria sólo debieron estar ejidatarios reconocidos.
Uno de los acuerdos que lograron
los ejidatarios de La Palma fue el de respetarse en
el desarrollo de la asamblea. Asimismo, fue evidente
el rechazo a la presa, pues cuando se dieron argumentos
en contra de ella, la mayoría de los asistentes vitorearon
la opinión y la manifestación de no permitir la venta
de sus tierras.
El segundo acuerdo fue que se retiraran
los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), mientras se llegaba a un acuerdo entre los
ejidatarios en la asamblea, por lo que se retiraron
momentáneamente el residente de Asuntos Sociales del
proyecto de La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez,
y el jefe del Área de Gestión Social de la CFE, José
Luis Ortega, y dos funcionarios que los acompañaban.
El rechazo al proyecto no se concretó,
pues los ejidatarios no lograron acordar la votación
en ese momento y hubo muchos argumentos encontrados
para hacer de una vez la votación o en una segunda
asamblea.
Al final, sin llegar a un acuerdo
se decidió posponer la votación para el próximo 27
de diciembre a las 10 de la mañana.
Previo a la asamblea uno de los
funcionarios de la CFE tuvo una evidente coordinación
con el representante de la Procuraduría Agraria,
José Rafael Pastrana Campos, y con algunos miembros
del comité de vigilancia del ejido, quienes fueron
los convocantes para la
asamblea.
Durante seis horas, los ejidatarios
discutieron con los no ejidatarios, es decir, comuneros
y ciudadanos en general, quienes querían ser partícipes
en la votación, pues dijeron en diferentes ocasiones
que todos serían afectados con la decisión que se
tomaría en ese momento.
Ampliación del
voto a los no ejidatarios,
Un primer desencuentro verbal entre
los presentes se dio al principio de la asamblea,
pues los ejidatarios de las comunidades de Las Piñas
y Tlalchocohuite se apostaron
en el segundo nivel de la comisaría ejidal, en un
espacio de 20 por 6 metros, en donde los ejidatarios argumentaban
“aquí cabemos bien”.
Ante gritos de protestas de comuneros
y ciudadanos que estaban en la parte baja de la comisaría,
unos 40 ejidatarios permanecían indiferentes ante
las peticiones de que todo el pueblo fuera tomado
en cuenta en la asamblea, pues consideraron que tenían
derecho a ser escuchados y votar por ser también afectados
por la construcción de la presa.
Por un largo rato, el presidente
del comisariado ejidal,
José Díaz Arcos, junto con integrantes del comité
de vigilancia intentaron apaciguar los ánimos entre
los ejidatarios que se oponían para que la asamblea
ampliara su forma de operación.
Con intervenciones de algunos ejidatarios,
como Adelaida Álvarez, José Guadalupe Vélez y Raúl
Vélez Nava, pidieron que la asamblea se llevara a cabo en la parte
baja de la comisaría y argumentaron que todos los
ciudadanos tenían derecho a decidir y así garantizaron
que ante la ampliación en la asistencia se lograría
un respeto absoluto.
Al fin, los ejidatarios renuentes
aceptaron la petición y bajaron a un corredor más
amplio en donde se observó la presencia de unas 250
personas entre ejidatarios, comuneros y ciudadanos
de La Palma y pueblos circunvecinos.
En contra de La Parota, 400 pobladores
En uno de los puntos de la asamblea,
Nahim Arizmendi
informó que una reunión el pasado 13 de diciembre
en Chilpancingo de ejidatarios de La Palma con el
gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo le mostraron 400
firmas de pobladores en contra del proyecto.
En dicha reunión se le pidió al
gobernador que en la asamblea que se realizaría en
La Palma se comprometiera a no enviar policías, petición
que fue aceptada por el gobernador, explicó.
También se leyó el informe de un
encuentro con el residente de Asuntos Sociales, Víctor
Hugo Chávez, en el que él informó de la construcción
de casas con todos los servicios en la comunidad de
Agua de Perro, un centro acuífero y viveros para la
pesca. Y también de la promesa que se pagará todas
las tierras en efectivo o se realizaría una reubicación, pues consideraron que tan sólo
en La Palma serán inundadas 50 casas.
En la lectura del informe también
se dijo que Víctor Hugo Chávez manifestó que la gente
que está en los plantones no son ejidatarios, y “quieren
agarrar dinero” en parcelas solitarias y por ello
pidió la anuencia para poder realizar los estudios
de las parcelas en su ejido.
Sin oferta de precios, no hay anuencia
Otra discusión entre los ejidatarios
fue la exigencia de que la CFE dijera en ese momento
cuánto ofertaba por metro cuadrado “porque nada más
quieren sacar la anuencia, y después aunque nos pague
una miseria y nos revolquemos no vamos a poder hacer
nada”.
Ante múltiples peticiones como
la anterior, los ejidatarios tampoco lograron un acuerdo
para permitir que los funcionarios de la CFE ahí presentes
explicaran sus propuestas.
Aunque la ex candidata priísta,
Nuvia Deloya defendió los acuerdos
que algunos ejidatarios han tenido con la CFE, donde
se logró concretar un plan integral de desarrollo
para la región y por ello insistentemente pedía que
los funcionarios de la CFE explicaran el proyecto
o de lo contrario se cancelara la asamblea.
Otros ejidatarios argumentaron
que la votación para dar la anuencia de la expropiación
en ese momento era apresurada y que mejor se pusiera
a consideración la oferta de la CFE, pero tal argumento
fue abucheado por varias personas.
“El proyecto es un paliativo, nos
tratan de lavar el cerebro, ya lo hemos escuchado
cientos de veces y es un compromiso barato, no se
puede decidir algo tan importante sólo con el voto
de los ejidatarios”, insistió Arcadio Chora.
“Va a ser una desgracia para nuestros
hijos y nietos, no les vamos a dejar nada. No vamos
a ser dueños del agua, yo le pregunté una vez a (Víctor
Hugo) Chávez que si llego a utilizar el agua para
dar de beber a mi ganado y él me dijo que tendré que
pagar. Ni agarrar el agua vamos a poder.”, dijo un
ejidatario de edad avanzada.
Evitar a toda costa una segunda
asamblea
Antes de la asamblea y durante
el enredo para llevarla a cabo, el jefe del Área de
Gestión Social de la CFE, José Luis Ortega, le aconsejó
sigilosamente al presidente del comisariado, José Díaz Arcos, que por no haber las condiciones
adecuadas se convocara a una nueva asamblea.
Uno de los argumentos para evitar
una segunda asamblea fue el de Arcadio Chora
Álvarez, quien dijo que una segunda asamblea se intentará
realizar con la presencia de policía y fuera del núcleo
agrario, como ha ocurrido en otros ejidos.
Ante ello, ejidatarios dijeron
que no lo permitirían y por eso llamaron a la calma
a los quejosos que pedían en gritos encontrados que
se les tomara en cuenta.
Incluso en el recinto amplio en
la parte baja de la comisaría, ejidatarios opositores
pusieron una manta que rezaba No a la Parota, pero
al final de cuentas fue quitada para evitar mayores
discrepancias “sin publicidad ni a favor ni en contra,
como si fueran votaciones electorales”.
Ante la petición de la ampliación
del censo de los ejidatarios, el representante de
la Procuraduría Agraria, Rafael Pastrana Campos explicó
que se tendría que realizar una asamblea en un tiempo
no mayor de 15 días y no menor de 8 días.
Pero el argumento, fue desechado
por uno de los ejidatarios quien dijo que mejor se
votara en ese momento porque “la Procuraduría (agraria)
siempre va con la CFE y se van a preparar como en
los otros ejidos”.
Asimismo, ante las constantes presiones
de que se votara en ese momento, el representante
de la Procuraduría Agraria acotó que los que no tuvieran
autoridad ejidataria no tendrían derecho a votar,
y de nuevo hubo gritos de inconformidad, a lo que
el moderador de la asamblea, Alberto Arcos propuso
posponerla por falta de acuerdos.
Al inicio de la asamblea se fijó
quórum legal, pues de 276 ejidatarios de los que consta
el ejido se contó la asistencia de 166. Pero al final
en un escrutinio de firmas se contó sólo a 124 ejidatarios,
por lo que Rafael Pastrana explicó que dicha asamblea
no fue legal pues no se logró el 50 por ciento más
uno y tuvieron que ser 139 ejidatarias y para ello
faltaron 15.
El campo debe ser digno: Sagarpa. (El Occidental, p.web)
No lastimero de la sociedad.
OEM.- El campo mexicano no puede ser el lugar lastimero de
nuestra sociedad, por el contrario es viable, digno
y tiene posibilidades, por lo que hay que ayudarlo
a evidenciarlo y con ello se dará un aporte al desarrollo
del país, así lo considera Antonio Ruiz, subsecretario
de Desarrollo Rural de la Sagarpa.
Durante la entrega de recursos para proyectos productivos del
Programa Joven Emprendedor, recordó que hace dos años
durante el Acuerdo Nacional para el Campo se empezó
a hablar de que en el campo mexicano se tenía que
buscar sangre nueva, de darle una inyección que renovará
la producción primaria y buscar cómo los jóvenes se
podían incorporar a este esfuerzo.
Luego de señalar que la condición agraria mexicana tiene una
historia muy particular, así como una gran cantidad
de sistemas rígidos para incorporar a los jóvenes,
resaltó la creatividad que se ha impuesto en el Programa
de Joven Emprendedor y dijo, que esta es una primera
ventana para darle cauce a toda esta energía que significa
la juventud en el campo.
"Los jóvenes son los que realmente nos pueden sacar adelante
en el campo de manera consistente y permanente",
dijo Antonio Ruiz.
Ante ello, dijo que la Secretaría de Agricultura se suma a
el esfuerzo de la Secretaría
de la Reforma Agraria, y aseguró que la Sagarpa
seguirá apoyando a estos jóvenes emprendedores, porque,
aseveró, "esto no lo puede parar nadie, ni las
instituciones, ni ustedes (jóvenes)".
Pulso Político. (El Universal, Francisco Cárdenas, p.web).
Otros que se asegura que ya tienen listas sus renuncias son Rodolfo Elizondo, Pedro Cerisola y Florencio Salazar Adame, secretarios de Turismo, Comunicaciones y Transportes, y de la Reforma Agraria, respectivamente...
Pretenden mayor presupuesto para la delegación
de la Reforma Agraria. (Ecos de la Costa, Edgar
H. Badillo, p.web)
Colima.- Luego de asegurar que
será un cierre de año tranquilo, el delegado de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Ramón
del Toro Velasco, informó que estará haciendo las
gestiones correspondientes con el objetivo de incrementar
la partida presupuestal de la dependencia para el
próximo año, buscando, ante todo, ubicar a Colima
entre las prioridades del último año de la administración
de Vicente Fox.
En entrevista con Ecos de la Costa,
el funcionario federal dijo que dentro del presupuesto
del próximo año se contemplan incrementos dentro de
programas como Fapa y Promusag.
“El Promusag viene fortalecido,
ya que se le han asignado más recursos porque es una
prioridad para el gobierno federal el apoyo a las
mujeres campesinas”.
Y es que, según datos oficiales,
esas mujeres presentan un crecimiento proporcional,
dado que los hombres de la zona rural se han estado
yendo a los Estados Unidos, “por lo que ha crecido
el número de mujeres que quedan en el sector agrario”.
Asimismo, comentó que el próximo
año llegará a Colima un nuevo programa denominado
Joven Emprendedor, mediante el cual se pretende renovar
a los dueños de las tenencias de la tierra, buscando
con ello mejorar la productividad en el campo.
En ese tenor, indicó que ya se
está buscando una coordinación con otras delegaciones
más, como Sagarpa, Economía y Sedesol “para
alinear los recursos y que la ejecución del mismo
sea más eficiente y eficaz, pero para eso también
vamos a acercarnos a las organizaciones campesinas,
gobierno del Estado y ayuntamientos, para alinear
todos los programas con el Plan Estatal de Desarrollo”.
Agregó que el principal objetivo
de esta determinación es que la gente del campo obtenga
los mayores beneficios posibles, toda vez que ha trabajado
la tierra durante toda su vida y es necesario que
se le haga justicia social.
En materia presupuestal, Del Toro
Velasco dijo que ya se está trabajando para hacer
las definiciones necesarias, puesto que como funcionario
federal tiene un interés muy particular en incrementar
la partida que le tocó al Estado durante este 2005
que está por terminar.
“Esto lo podemos hacer siempre
y cuando tengamos una buena coordinación con las demás
delegaciones, así como con el sector campesino y representantes
de organizaciones, pues estamos buscando incrementarlo
considerablemente para ver si podemos superar los
10 millones de pesos”, apuntó.
Sin embargo, reconoció que será
necesario hacer las gestiones correspondientes a nivel
central, toda vez que, como viene la recta final de
la administración federal, se estarán marcando prioridades
y será ahí donde se tendrán que tomar decisiones al
respecto “en cuanto a lo que el presidente se haya
comprometido a lograr en cada entidad”.
El titular de la SRA dijo que este
año lo concluirá de manera tranquila en el Estado
“porque se van a entregar los recursos de los proyectos
productivos este mismo año; tenemos resuelto el conflicto
entre los colindantes del ejido Miguel de la Madrid,
también se entregará un recurso en Las Guásimas, donde
había un problema añejo, y también hemos avanzado
en el Procede”.
Finalmente, apuntó que posiblemente
esta semana esté en Colima el titular de la SRA,
Florencio Salazar Adame,
quien participará en la entrega de recursos y algunos
aspectos más.
Acusan a magistrado de parcial en Zihuatanejo. (Novedades, David Obscuras, p.web).
El coordinador de
la UCD dijo que el caso de la posesión de tierras
en Playa Larga no se ha manejado.
Zihuatanejo, Gro., 16 de diciembre.
El coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática
(UCD) José Durán Vera, dio a conocer en conferencia
de prensa que su organización va a interponer una
queja en contra del magistrado titular del Tribunal
Unitario Agrario número 41, Rodolfo Lara Orozco
por considerar que se ha manejado de manera parcial
en el caso de la controversia por la posesión de tierras
en Playa Larga, ejido de Agua de Correa.
El dirigente dijo que tiene más de un año que se firmó un convenio
entre el Ejido de El Zarco y la colonia Vista Hermosa
que mantenían un conflicto pero fue solucionado al
realizar el pago de 10 millones por las 246 hectáreas
de ese lugar, sin embargo el magistrado tiene un año
con el expediente y no ha homologado el convenio a
categoría de sentencia.
Dijo que en contraparte en el conflicto en playa larga el magistrado
si se está apegando al estricto cumplimiento de la
sentencia; "cuando es a favor de los pobres a
los magistrados no les importa pero si es a favor
de los ricos, mueven cielo mar y tierra" y agregó
que el resultado de la negligencia del magistrado
es que no se tienen la carpeta básica del ejido en
Vista Hermosa.
De igual forma mencionó que el conflicto del ejido de Agua
de Correa por un predio en Playa Larga se elevó a
la categoría de focos amarillos y a pesar de la tregua
aún no se firma el convenio con Alejo Maldonado Cuevas,
quien ganó el juicio, ya que sus demandas son excesivas
como 15 millones de pesos y 12 hectáreas que comprende
la parcela en conflicto y 12 lotes en la playa.
En otro orden de ideas, el coordinador nacional de la UCD,
José Durán Vera, anunció nuevas movilizaciones de
sus agremiados en diversos puntos del país para protestar
porque consideran que el gobierno federal está incumpliendo
con los programas para el campo con el objetivo de
apoyar a la organización panista
"Unimos" que tiene fines electoreros.
Detalló que en los diferentes estados de la República van a
tomar las oficinas de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Sedesol, Semarnat, entre otras,
ya que se están incumpliendo los programas del Acuerdo
Nacional para el Campo, pues el gobierno pretende
apoyar a la mencionada organización panista.
Recibieron ejidatarios certificados parcelarios. (La Unión de Morelos, Marcela E. Toledo, p.web)
Coatlán del Río.-
Ejidatarios de Cocoyotla,
en este municipio, se beneficiaron con la entrega
de sus certificados parcelarios en días pasados, lo
cual les permitirá recibir mayores apoyos de parte
del gobierno.
El no contar con los certificados
parcelarios, ocasiona a los dueños de las tierras
problemas como la repartición de las mismas, la delimitación
y el no poder recibir los apoyos de Procampo,
ya que tienen como requisito presentar una copia del
certificado para que les paguen una cantidad de dinero
anual por hectárea que posean.
El presidente del comisariado ejidal de Cocoyotla,
Oscar Rogel Vargas, quien
representa a 830 ejidatarios que siembran un total
de 800 hectáreas de riego y temporal, señaló que no
todos se encuentran en la misma situación pues algunos
recibieron sus certificados hace más de 12 años.
Por tal motivo solicitaron al Registro
Agrario Nacional (RAN) que fueran entregados y
posteriormente se enviaron los documentos necesarios
de las personas que hacen falta, además de que pidieron
los certificados nuevos.
Por su parte el síndico procurador,
Gaspar Jaime Brito explicó que fueron aproximadamente
100 los ejidatarios que recibieron sus documentos
no sólo en el ejido de Cocoyotla
sino también en el de Coatlán
del Río y Cavaría, mismos que fueron solicitados por
parte del ayuntamiento al RAN con la finalidad de
ofrecer seguridad a los ejidatarios.
Indicó que las entregas se llevaron
a cabo en cada ejido con la presencia de sus líderes
y se les proporcionó también asesoría de forma gratuita
Chocan campesinos y policías por La Parota. (Novedades de Acapulco, Claudio Vargas, p.web)
Hay seis heridos;
transladan la asambleas
de Dos Arroyos a Tierra Colorada.
Elementos de la policía del Estado, se enfrentaron a golpes
en tres ocasiones contra campesinos opositores a la
presa La Parota, en la comunidad de Dos Arroyos, ayer
en la madrugada, dejando un saldo de cuatro heridos
y cinco detenidos, cuando cuerpos de seguridad intentaron
entrar al pueblo donde se llavaría
acabo una asamblea de anuenci
La convocatoria emitida por la Procuraduría Agraria,
firmada por Alejandro Bello Gómez, decía que en el
poblado de Dos Arroyos, el 16 de diciembre, a las
diez de la mañana en la comisaría ejidal se llevaría
acabo la asamblea general para abordar varios temas,
entre ellos el caso de la aprovación del proyecto la Parota, pero fue solo eso una convocatoria
pues nunca se llevó acabo tal evento
Felipe Flores Hernández, vocero de campesinos opositores al
proyecto la parota, manifestó que durante los enfrentamientos,
el ejidatario de la comunidad de Campanario, Gorgonio
Vázquez Cruz de 73 años de edad, recibió una pedrada
en la ceja que por poco le saca el ojo. El líder de
los opositores Marco Antonio Suástegui
salió herido de un pie, mientras que Sabino Marcial
Cruz de la comunidad de Agua Caliente, recibió una
pedrada en la cabeza provocándole una herida, de tres
centímetros que fue atendido po
los mismo pobladore
Sin embargo pese al enfrentamiento de policías y opositores,
la asamblea nunca se llevó acabo, pues dijeron campesinos
de la zona, que fue solamente una estrategia del gobierno
del estado y de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para distraer la atención de habitantes de ese
poblado, para que sin aviso alguno, celebraron la
asamblea no solamente fuera del nucleo agrario si no también del propio municipio
Cabe señalar que antes que se dieran los hechos, el líder de
los opositores Marcon Antonio
Suáztegui, venía compañado
con otros campesino en un auto compacto y se dirigían
de la comunidad de Sabanillas a Dos Arrollos,
cuando intentaron emboscarlos personas fuertemente
armadas. Antonio Suáztegui, afirmó que en las inmediaciones de Dos Arroyos,
en una vereda sobre un camino de terracería,
observaron a una decena de hombres vestidos de negros,
con el rostro cubierto con pasamontañas y armados
con rifles automáticos AK-47 -conocidos como cuernos
de chivo- que intentaron cerrarles el paso para emboscarlos,
pero alcanzaron a pasar y llegaron hasta el retén
donde se pusieron a salv
Los comuneros luego de que se dieron cuenta que la asamblea
no se efectuaría en ese lugar, decidieron retirarse
del panteón y el entronque de la autopista, donde
aún permanecían los antimotines, en un acto que fue
calificado como una represión directa al campesino.
Campesinos de la comunidad de Dos Arroyos, fueron llevados
en autobuses Estrella de Oro, por autopista, para
que emitieran su voto en favor del proyecto Hidroeléctrico
La Parota en un gimnasio localizado en Tierra Colorada,
municipio de Juan R. Escudero
Ante la ausencia del Comisario municipal de de Dos Arroyos,
Juan Zapata Jiménez -que algunos dijeron que si asistió
pero que físicamente nadie lo vio- se llevó acabo
la asamblea duró muy poco
En medio del temor y el miedo, veinte ejidatarios reales y
360 que portaban una carta poder, emitieron en mayor“a
su voto para aprobar el proyecto hidroeléctrico La
Parota, en una zona citada por policías antimotines
que impidieron el paso a representantes de la Comisión
de los Derechos Humanos
Evencio Romero Sotelo
dirigente de la CNC en la entidad, fue el que se encargó
de realizar los trabajos para que se efectuara dicha
asamblea, acompañado del notario público, Hugo Pérez
Gatica y del jefe de residencia
de la Procuraduría Agraria en Chilpancingo, Alejandro
Bello Gutiérrez así como representantes de la Comisión
Federal de Electricidad
Luego de haber terminado su objetivo, campesinos acarreados,
se acercaron a unas camionetas para llevarse algunos
botes de agua y refrescos, que les llevaron a la asamblea.
Ejidatarios opositores a la Presa, no pudieron asistir a esa
asamblea, toda vez que se quedaron con la impresión
que el evento se llevaría acabo en el poblado de Dos
Arroyos, tal como lo había marcado la convocatoria
emitida por la Procuraduría Agraria del Estado.
Sin embargo enviaron más tarde una comisión para que verificaran
en que condciones se realizaba
la asamblea donde no pudieron estar presentes, porque
n o les cambiaron del lugar.
Ante esa situación, abogados de los opositores ya preparan
un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario
Agrario para echar abajo esa asamblea, done aseguran
nunca estubieron los verdaderos
ejidatarios, pues quienes asistieron a esa asamblea,
no eran del poblado de Dos Arroyos y fueron pagadas
por la CFE para que votaran en favor de la Presa
Los opositores argumentaban, que los campesinos que acudieron
al evento, era representantes de l os ejidatarios,
que mediante una carta poder emitieron su voto para
aprobar el proyecto.
Luego al verse impotentes para detener esa asamblea, los campesinos
que se encontraban en los retenes, intentaron buscar
al comisario municipal de Dos Arroyos, para que explicara
del porqué -si no se iba a realizar la samblea,
enviaron a policía antimotines para reprimir a los
campesinos- pero nunca lo pudieron localizar Y ahora
está pendiente las asambleas en los poblados de los
Huajes y La Palma, que serán
afectados por esa Presa.
Por: Marcos Lorenzo
Cuatro campesinos de la comunidad de Dos Arroyos, opositores
a La Parota fueron detenidos por elementos de la Policía
del Estado tras tener un enfrentamiento resultando
ambos bandos con lesionados. Fueron trasladados a
este puerto y posteriormente puestos a disposición
del Ministerio Público de la Zapata.
Los hechos, según los detenidos, ocurrieron a las 08:00 horas
cuando en un retén instalado en la entrada de Dos
Arroyos se registró el enfrentamiento resultando lesionados
el anciano Fidel Castañón
Salgado, sus hijos Francisco y Lucio Castañón
Esteban, así como Francisco Dorantes
Esteban, quienes luego de varios minutos fueron sometidos
por la superioridad numérica de los uniformados, quienes
también se quejaron de ser lesionados.
Los detenidos fueron llevados a las instalaciones de la Secretaría
de Protección y Vialidad de este puerto, pero los
mandos se mantuvieron herméticos argumentando que
harían un boletín horas más tarde y sólo decían que
los campesinos se habían enfrentado entre ellos, pero
minutos después aceptaron que fue con varios de sus
compañeros -sin dar nombres- quienes también resultaron
con lesiones.
En el lugar también se encontraban dos uniformados de nombre
José Luis Barrios y Francisco Rodríguez Martínez,
ambos con algunas cortadas en las manos, y aseguraron
que se las provocaron los campesinos durante el enfrentamiento
y que había más compañeros suyos heridos, uno de ellos
con peligro de perder la vista, pero no revelaron
nombres.
Los detenidos fueron puestos a disposición del MP, donde el
titular Carlos Castillo Ocampo inició la averiguación
previa TAB/ZAP/616/05 por los delitos de daños, lesiones,
sedición, asociación delictuosa, desobediencia y resistencia
de particulares en agravio de los policías Alejandro
Nava Torres, José Luis Barrios Granados, Francisco Rodríguez
Martínez, Abel Mora Salvador y Genaro Ramírez Perdomo.
Fin a un añejo conflicto de tierras con ejido Bacalar, Quintana Roo. (Criterios,
p.web)
Domingo 18 de Diciembre,05
Bacalar, Othón P. Blanco, 18 Diciembre.- El gobernador
del Estado, Félix González Canto, entregó hoy el primer
pago de dos millones 475 mil pesos a los ejidatarios
de Bacalar, como parte de
la solución definitiva al añejo conflicto por las
tierras entre este Ejido y el Gobierno del Estado.
Asimismo, otorgó el título de propiedad del balneario
de esta localidad al presidente del Comisariado
Edijal, Víctor Koyoc
Cimá.
González Canto dijo
con la voluntad de los ejidatarios bacalaereños,
se da fin a un conflicto, después de 33 años en disputa,
que tuvo su origen en el fundo legal del asentamiento
de la comunidad.
Ante cientos de ejidatarios
reunidos en la Casa Ejidal y ante la presencia del
secretario de Gobierno, Eduardo Espinosa Abuxapqui,
el Gobernador reconoció la disposición al diálogo
por parte de los ejidatarios para llegar a un acuerdo,
que incluyó también la entrega de seis juegos de placas
de taxi a nombre del Ejido.
Con esto, González
Canto cumple una más de sus promesas de campaña con
la comunidad de Bacalar, por lo cual los ejidatarios agradecieron la buena
voluntad del gobierno estatal y la sensibilidad política
con la que se trató el tema.
Asimismo, reunidos
en la Casa Ejidal de Bacalar,
el Gobernador reiteró este día su voluntad de mejorar
la imagen de este lugar, mediante la introducción
de los servicios de drenaje sanitario, pavimentación
de calle y reforzar el alumbrado público, entre otros,
“que permitirán mejorar la calidad de vida de los
habitantes”.
Enfatizó que con
la modernización de la carretera federal, podrá llegar
un mayor número de turistas por esta vía de comunicación,
lo que permitirá continuar detonando los atractivos
naturales de la zona sur de Quintana Roo y con ello
mejorar la economía de los habitantes.
“Reitero mi compromiso
de continuar desarrollando proyectos que permitan
mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses,
como es el caso del reencarpetamiento
del tramo carretero Reforma-Altos de Sevilla, en donde
se está arrojando material pétreo de alta durabilidad
de hasta cinco centímetros de espesor”, expresó.
Durante su intervención,
el secretario de Gobierno, Eduardo Espinosa Abuxapqui,
dijo que con este importante acuerdo, “Bacalar
se sumó a la lista de ejidos cuya problemática ha
sido solucionada en los primeros ocho meses de la
administración del Gobernador Félix González Canto,
luego de más de 20 años de conflicto”.
Al respecto, mencionó
que en este tiempo también se han hecho importantes
acuerdos con el Ejido Kilómetro 50, el de Subteniente
López y el Ejido Holbox,
mientras están en pláticas con otros cuatro grupos
de ejidatarios para poder llegar a una solución pacífica
y de buena voluntad.
El funcionario agradeció
el diálogo y la conciliación por parte de los ejidatarios
bacalareños con el Gobierno del Estado.
Por su parte, el
presidente del Comisiario
Ejidal de Bacalar, Víctor Koyoc Cimá, señaló que “con la gran voluntad del gobernador, Félix
González y trabajo digno que vienen realizado en beneficio
de los quintanarroense se ha logrado dar solución
a un viejo conflicto por las disputa de las tierras
y en las que se benefician 168 ejidatarios con el
pago oportuno de los recursos acordados”.
Dijo que el Ejido
Bacalar “se siente complacido con el fin de esta añeja disputa,
pero sobre todo por la voluntad política del Gobernador”.
Acto seguido, como
parte de la asamblea extraordinaria, el Gobernador
del Estado y el secretario estatal de Hacienda, Fredy
Marrufo Martín, junto con
el presidente del Comisiariado
Ejidal de Bacalar, Víctor
Koyoc, y personalidades
del Registro Agrario Nacional, firmaron el
convenio de otorgamiento de las 56 hectáreas al gobierno
estatal por parte del Ejido. Hecho certificado por
el Notario Público, Salvador Terrazas Cervera.
González Canto hizo
también entrega del primer pago por 2 millones 475
mil pesos, como parte del acuerdo que en total sumará
4 millones125 mil pesos. La segunda aportación, por
un millón 650 mil de pesos, se realizará el 14 de
febrero próximo.
Conviene señalar
que a este evento asistió también la presidenta municipal
de Othón P. Blanco, Cora Amalia Castilla
Madrid; el subsecretario de Asuntos Políticos, Ricardo
Pech Gómez, así como otras autoridades estatales y federales.
Opositores al proyecto chocan con policías. (Milenio Diario, p.web)
Sábado 17 de Diciembre-05
Los hechos se registraron la mañana
de ayer en las cercanías de la localidad de Dos Arroyos
Horas antes de que se realizara
la asamblea, donde se aprobó la construcción de la
hidroeléctrica La Parota, campesinos opositores al
proyecto y policías estatales tuvieron un nuevo enfrentamiento
con saldo de una decena de lesionados, cuatro de ellos
policías, así como cuatro detenidos.
Los hechos se registraron la mañana
de ayer en las cercanías de la localidad de Dos Arroyos
en donde se realizó una asamblea convocada por la
Procuraduría Agraria y en la que los comuneros
de ese núcleo agrario votaron por el sí.
Los campesinos opositores al proyecto
trataron de impedir que los comuneros que están a
favor de la construcción de la presa, se trasladaran
a Tierra Colorada donde la Procuraduría Agraria convocó
de último momento para la realización de la asamblea.
Sin embargo policías estatales
desde la tarde del jueves sitiaron la comunidad de
Dos Arroyos y ayer abrieron valla a los campesinos
para franquearles la salida del pueblo, lo que originó
el enfrentamiento con los opositores. El gobernador,
Zeferino Torreblanca Galindo,
en una conferencia de prensa ofrecida el medio día
de ayer informó que el saldo de este enfrentamiento
es de cuatro policías heridos y cuatro comuneros detenidos.
“Mi gobierno seguirá apoyando todo
aquello que para Guerrero represente desarrollo”,
dijo el gobernador en referencia a que continuará
apoyando el proyecto hidroeléctrico de La Parota.
Por su parte el asesor jurídico
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachonollan,
quien asumió la defensa legal de los opositores al
proyecto, denunció que fueron los policías los que
agredieron a los comuneros, indicó que cuando menos
seis de ellos resultaron lesionados por los policías
y que cuatro de ellos fueron detenidos.
Los campesinos detenidos luego
del zafarrancho, son Francisco Dorantes,
Fidel Castañòn Esteva y los hermanos Arturo y Lucio Castañón.
Aprueban ejidatarios la construcción de La Parota.
(El Universal, Laura Reyes, p.web).
Sábado 17 de Diciembre,05
Los labriegos
aceptan la expropiación de sus tierras para la presa
hidroeléctrica proyectada por la CFE.
Acapulco, Gro.-
Luego de dos enfrentamientos con la fuerza pública,
con resultados de 15 heridos -cinco de ellos policías-
y cuatro detenidos, los ejidatarios de Dos Arroyos,
municipio de Acapulco, acordaron por mayoría en una
asamblea la expropiación de sus tierras para la construcción
de la presa hidroeléctrica de La Parota.
En medio de un ambiente de tensión,
los ejidatarios efectuaron su asamblea ayer viernes
en una sede alterna en el vecino municipio de Tierra
Colorada, luego de que integrantes de grupos opositores,
armados con palos y machetes, impidieron que se realizara
en Dos Arroyos, informó el subdelegado jurídico
de la delegación de la Procuraduría Agraria, Raymundo
López López.
"El cambio de última hora
de la sede de la asamblea ejidal se dio por la falta
de garantías de seguridad", con la asistencia
de 332 -todos votaron a favor del proyecto- de los
572 registrados en el padrón de Dos Arroyos, lo que
representa 72% de los ejidatarios, aseguró López.
Con la aprobación de los ejidatarios
de Dos Arroyos son ya 17 -de un total de 19- los ejidos
de la zona que ya aceptaron la construcción de la
hidroeléctrica La Parota proyectada por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), y sólo falta la decisión
de las asambleas ejidales de Los Guajes y La Palma
para iniciar el proceso de licitación de la obra.
Encapuchados armados
El dirigente de los ejidatarios
que se oponen a la construcción de La Parota, Marco
Antonio Suástegui Muñoz,
dijo que el primer enfrentamiento se registró a la
una de la madrugada de este viernes, cuando un grupo
de hombres armados vestidos de negro, capuchas y armas
de grueso calibre, intentó emboscar a los campesinos
a la entrada del ejido Dos Arroyos.
El segundo enfrentamiento fue a
las 6:10 de la mañana de ayer, cuando antimotines
de la Policía Preventiva estatal utilizaron gas lacrimógeno
para intentar ingresar a Dos Arroyos y fueron recibidos
con una lluvia de piedras, con resultado de 10 campesinos
y cinco policías heridos.
Además, fueron detenidos los campesinos
Francisco Dorantes, de la
comunidad de Los Guajes; Fidel Castañón
Salgado, Arturo Castañón Esteban y Lucio Castañón
Esteban, acusados de actos vandálicos.
Mario Patrón, abogado del Centro
de Derechos Humanos de la región de La Montaña Tlachinolla,
calificó de "ilegal" la asamblea efectuada
en Tierra Colorada, a 40 kilómetros de Dos Arroyos,
y acusó al Tribunal Agrario, a la CFE y al gobierno
estatal, de utilizar la misma estrategia del agosto
pasado en San Marcos, en la que una minoría de ejidatarios
de Cacahuatepec aprobó el
proyecto con la presencia de la fuerza pública.
El abogado dijo que la lista de
asistencia de los ejidatarios fue amañada, de ellos
se identificó con credencial de elector y había 100
cartas poder que no fueron leídas. "Estamos seguros
de que no hubo un quórum legal. Estamos convencidos
de que es evidente que el gobierno mete la mano para
que se apruebe La Parota, hay gente acarreada y de
otros poblados que no son de Dos Arroyos", añadió.
Padrón Sánchez adelantó que los
ejidatarios impugnarán la asamblea de Tierra Colorada
ante el Tribunal Unitario Agrario(TUA),
para que sean anulada.
Avalan ejidatarios la construcción de hidroeléctrica
La Parota, en Guerrero. (Agencias en Guerrero /
La Crónica de Hoy / Terra
/ TV Azteca / Noticieros Televisa, p.web).
Sábado 17 de Diciembre,05
Con 332 votos de 500 fue aprobada la construcción de la hidroeléctrica
La Parota, por parte de comuneros de Dos Arroyos.
Por falta de garantías de seguridad, los comuneros fueros trasladados
al municipio de Tierra Colorada para la asamblea,
pues en Dos Arroyos los ejidatarios agredieron a policías
estatales, resultando heridos tres uniformados y ocho
campesinos.
La Procuraduría Agraria
convocó a la asamblea y, de acuerdo a artículo 25
de la Ley Agraria, cuando no hay condiciones por provocación
violenta, se puede cambiar la sede de la reunión.
Fue así como en Tierra Colorada, a una hora de Dos Arroyos,
se tomó la decisión de construir La Parota, siendo
esta la asamblea número 17 y faltando dos más en las
comunidades de Los Guajes y Las Palmas.
Eduardo Murueta Urrutia, procurador
General de Justicia estatal, informó que uno de los
policías heridos tuvo que ser operado de un ojo en
un hospital local. Por los hechos la dependencia integrará
una averiguación previa contra los agresores.
Evencio Romero, dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) confirmó que quienes generaron
la violencia es gente ajena a la comunidad de Dos
Arroyos, por ello los ejidatarios fueron cambiados
de lugar para evitar enfrentamientos con chantajistas
y seudolíderes, como Marco
Antonio Suástegui.
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, la asamblea
se llevó a cabo de manera pacífica y ordenada en Tierra
Colorada, lugar al que acudió el 60 por ciento de
572 ejidatarios inscritos en el padrón de la comunidad,
quienes expresaron su apoyo unánime al proyecto.
La dependencia señaló que los ejidatarios aprobaron el desarrollo
de la central hidroeléctrica que se ubicará en la
afluente del río Papagayo.
La asamblea fue presidida por el subdelegado Jurídico de ese
organismo, Raymundo López López,
y la legalidad fue avalada por el notario público
Número Tres de Chilpancingo, Hugo Pérez Bautista.
Con esa asamblea ya suman 17 las comunidades de la región que
han dado su apoyo, entre las que destacan La Parota,
Tepehuaje, Michapa,
El Zapote, Tierra Colorada,
Omitlán, Solapa, Agua Zarca
de la Peña, El Camarón, Agua de Perro, Chautipa,
Sabanillas, Dos Caminos, El Reparo, Chacalapa,
Las Mesas y Cacahuatepec.
El proyecto representará una inversión de unos 800 millones
de dólares y en su construcción se generarán 10 mil
empleos que beneficiarán de manera directa a los habitantes
de la región, así como el desarrollo de clínicas de
salud, escuelas, nuevas carreteras y puentes.
La Parota garantizará la disponibilidad de agua potable para
Acapulco en los próximos 50 años, además de que el
embalse de la presa propiciará proyectos productivos
y de beneficio social para las comunidades, permitiéndoles
mejorar su calidad de vida, añade el texto de la paraestatal.
Tras ratificar que la mayoría de comuneros apoyo el proyecto,
el gobernador Zeferino Torreblanca
reiteró que está a favor de todo proyecto que garantice
el desarrollo del estado.
Informó que de manera extraoficial conoce que al menos cuatro
agentes policiacos resultaron
heridos en el enfrentamiento, y cuatro personas más
fueron detenidas.
En conferencia de prensa, indicó que no se convertirá en el
promotor del proyecto, porque dijo "yo no soy
el gerente de la Comisión Federal de Electricidad",
pero sí apoyará todo lo que signifique desarrollo
para Guerrero, agregó.
"Seguiré todo lo que signifique desarrollo para Guerrero,
mi gobierno lo va a respaldar, y quien desee manifestarse
que lo haga de manera libre, sin coacción, ni presión,
sin ninguna otra línea que no sea la de la legalidad",
comentó.
Aprueban polémico proyecto. (Diario de Yucatán, p.web).
Sábado 17 de Diciembre,05
La construcción
de la presa “La Parota” genera violencia.
Acapulco, Guerrero.- Con 332 votos
de 500 comuneros de Dos Arroyos fue aprobada la construcción
de la hidroeléctrica “La Parota”, informó Evencio
Romero Sotelo, secretario general de la CNC.
Por falta de garantías de seguridad,
los comuneros fueron trasladados a Tierra Colorada
para la asamblea, pues en Dos Arroyos los ejidatarios
agredieron a policías estatales, de los que tres resultaron
heridos, igual que ocho campesinos.
Romero Sotelo
informó que la Procuraduría Agraria convocó
a la asamblea y, de acuerdo con el artículo 25 de
la Ley Agraria, cuando no hay condiciones por
provocación violenta, se puede cambiar la sede de
la reunión.
Fue así como en Tierra Colorada,
a una hora de Dos Arroyos, se tomó la decisión de
construir la presa hidroeléctrica “La Parota”, obra
que ha originado polémica por la denuncia de algunos
campesinos de que causará la inundación de algunos
terrenos.
Se enfrentan policías y labriegos opositores a
La Parota; 8 heridos. (La Jornada, M. Habana,
p.web)
Sábado 17 de Diciembre,05
Los agentes les impidieron acudir a la asamblea donde
se aprobó la construcción de la presa.
Reunión ilegal; fue cambiada la sede y sólo participaron
simpatizantes del proyecto: CECOP.
Unos 300 policías estatales se enfrentaron ayer en tres ocasiones
con ejidatarios de la comunidad Dos Arroyos que se
oponen a la expropiación de sus tierras para que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) construya la
hidroeléctrica La Parota. La trifulca dejó ocho comuneros
lesionados y cuatro detenidos.
El zafarrancho se originó porque los agentes sitiaron durante
más de ocho horas el poblado de Dos Arroyos, municipio
de Acapulco, para evitar que los pobladores contrarios
a la obra acudieran a una asamblea que inesperadamente
fue cambiada a Tierra Colorada, municipio de Juan
R. Escudero, donde 342 ejidatarios aprobaron vender
sus tierras en una junta que apenas duró 15 minutos.
Los opositores analizan interponer un juicio de nulidad
agrario.
En la ciudad de México, la CFE emitió un comunicado mediante
el cual informó que la asamblea de Dos Arroyos aprobó
el proyecto hidroeléctrico con 341 votos a favor,
cero en contra y cero abstenciones.
Dijo que la asamblea se efectuó por convocatoria de la Procuraduría
Agraria del estado; fue presidida por Raymundo
López López, subdelegado
jurídico de esa institución y avalada por el notario
público número 3 de Chilpancingo, Hugo Pérez Bautista.
Según la CFE, la reunión se llevó a cabo en forma pacífica
y ordenada en Tierra Colorada, adonde acudió 60 por
ciento de los 572 ejidatarios inscritos en el padrón
de la comunidad, quienes expresaron su apoyo unánime
al proyecto.
La paraestatal precisó que con esta asamblea suman ya 17 comunidades
de la región que han dado apoyo a La Parota, que representará
una inversión de unos 800 millones de dólares y promoverá
la generación de 10 mil empleos durante su construcción,
que beneficiará a los habitantes de la zona.
En Chilpancingo, el gobernador perredista
Zeferino Torreblanca Galindo
justificó la presencia policiaca: "Aunque no soy promotor de La Parota, seguiremos
apoyando lo que implique el desarrollo del estado".
Desde las 5:30 de la madrugada la policía estatal cerró las
tres entradas al poblado de Dos Arroyos; en autobuses
de la línea Estrella Blanca, presuntamente contratados
por el gobierno, que esperaban en la autopista de
El Sol, los ejidatarios que apoyan la hidroeléctrica
fueron trasladados a Tierra Colorada.
Parapetados en el panteón de la comunidad de Dos Arroyos, los
policías fueron repelidos por miembros del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP).
Los antimotines se lanzaron contra hombres, mujeres
y niños; no les importó utilizar gases lacrimógenos
y piedras que hirieron a ocho opositores y destruyeron
techos de tejas y láminas de asbesto de las casas.
Los enfrentamientos concluyeron con la detención de Francisco
Dorantes, Fidel Castañón
Salgado y Arturo y Lucio Castañon
Esteva, quienes después de ser golpeados (uno de ellos
sufrió conmoción) fueron subidos a camionetas de la
Policía estatal.
En Tierra Colorada, cerca de 11 de la mañana, el subprocurador agrario Raymundo López propuso iniciar la asamblea
y pidió a los comuneros propuestas para integrar la
mesa. Evencio Romero Sotelo, dirigente
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pasó
entonces una hoja con los nombres del presidente,
Alfredo Quiñónez Abarca; el secretario, Manuel Zapata,
y los escrutadores Juan Alemán y Ramiro Zapata.
Como pudo, y asesorado por Romero Sotelo,
Quiñónez Abarca leyó los cinco puntos del orden del
día, que incluía la solicitud de la CFE para pedir
a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación
de los terrenos y su embalse y someter a discusión
la solicitud de la CFE para que realice la solicitud
del cambio del uso del suelo de terrenos forestales
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En menos de 15 minutos, uno a uno de los puntos fueron aprobados, aunque fue evidente que Evencio Romero incitaba a los comuneros a levantar la mano
cada vez que se votaba.
Al final, Raymundo López afirmó que las dos asambleas que faltan,
de un total de 19, "serán este sábado a las 10
de la mañana, en La Palma y en Los Huajes;
ésta no la convocamos nosotros, fueron los ejidatarios".
En cambio, Mario Patrón, abogado de la CECOP, explicó que la
asamblea fue organizada no por los comuneros de Dos
Arroyos, sino por la Procuraduría Agraria y el dirigente
de la CNC, Evencio Romero
Sotelo.
Integrante también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, el asesor
dijo que Romero Sotelo, quien "tiene evidente interés en la construcción
de la hidroeléctrica", lo sacó a empujones de
la asamblea que se efectuaba en la Unidad Deportiva
Las Pintas.
La asamblea es ilegal, destacó; "deben asistir las tres
cuartas partes de los ejidatarios y no la mitad más
uno, como sucede en esta ocasión, por lo que se debe
convocar a una segunda; aquí no vino el comisariado de bienes comunales de Dos Arroyos, Juan Zapata".
Advirtió que tendrán que fundamentar que realmente hubo una
causa de fuerza mayor para cambiar la asamblea a otro
sitio; "la ley dice que debe fijarse un lugar
y no cambiarse, por eso se va a analizar si se interpone
el juicio de nulidad agrario."
La cultura del grano. (Ecos de la Costa, Odilisa Gutiérrez,
p.web).
Sábado 17 de Diciembre,05
En nuestro país se desarrolló una
cultura sustentada en el grano: trigo, maíz y frijol.
Por su parte, el gobierno llego a verlo como un factor
fundamental de la soberanía el mantener la autosuficiencia
de estos productos.
Desde el siglo XIX, el consumo
de la dieta del mexicano seguía sustentándose en estos
productos y las posturas gubernamentales seguían manejando
la noción de la fortaleza nacional en los granos ya
mencionados, pero nuestro país los estaba importando
al grado de que a finales del siglo XX es uno de los
importadores más grandes del mundo.
La política alimenticia, que incluye
la producción de granos, debe dejar de concentrarse
en estos para abarcar otros productores que faciliten
explotar nuestras ventajas geográficas.
Debido a la acelerada migración
del campo a la ciudad, así como al extranjero, en
especial a nuestro país del norte, muchas regiones
del país se vieron casi abandonadas, generándose pueblos
sin hombres y la labor del campo se vio descuidada.
En esos pueblos, la gente no se
preocupó por la producción, pues las remesas de dinero
compensaban de más y lo que recibían era superior
a lo que se le podía sacar a la tierra.
Se creó un círculo vicioso: la
gente se fue porque la tierra no producía y no producían
por lo que le sacaban al exterior. La gente que se
quedó en el país seguía demandando el grano que ya
no se producía y esta necesidad propició que se importara
grano que carecía de calidad. Lo que en otos países
son granos forrajeros en México se destinaron al consumo
humano.
Paralelamente con la protección
del gobierno, se creó un monopolio procesador de harina.
El imperio de Maseca implicó, el debilitamiento y la desaparición de los
molinos de nixtamal y la expansión de la tortilla
hacia EEUU siguiendo al gran flujo de mexicanos.
Hoy, la Secretaría de la Reforma
Agraria está provocando que a través del programa
Joven Emprendedor se busque la producción de los insumos
necesarios para el país y así estar en posibilidades
de que el campo produzca, de manera eficiente, las
necesidades alimenticias de los mexicanos y además
se esté en condiciones de exportar
“Ya se cumplió con la ley agraria”. (Diario de Yucatán, p.web).
Salazar Adame: Es lamentable que la hayan aplazado.
El secretario de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame,
lamentó la decisión de la Cámara de Diputados de posponer
para el próximo periodo de sesiones la discusión de
la Ley de la Reforma Agraria.
El funcionario indicó que la propuesta
que hicieron sobre la ley, y que se encuentra en la
comisión de la Reforma Agraria de ese órgano legislativo,
surgió del consenso de organismos sociales, funcionarios
y políticos.
Según dijo, llevó dos años elaborarla
entre la Secretaría de la Reforma Agraria y otros
seis meses en la comisión, y recordó que es uno de
los mandatos que se tenían dentro del Acuerdo Nacional
para el Campo.
Salazar Adame
indicó que el gobierno federal al presentar esta propuesta
de ley “ya cumplió” y no está en sus manos aprobarla.
Sin embargo, confió en que los diputados asuman una
decisión responsable y tomen en cuenta que es producto
de un trabajo conjunto, es decir, que esta iniciativa
“no es hija de nadie”.
El funcionario consideró que de
desecharse esta iniciativa de ley se estaría dejando
de lado la oportunidad de modernizar la estructura
jurídica del campo, así como la protección de los
derechos de la producción social.
Además, señaló, plantea agilizar
las disposiciones de carácter normativo y no hay argumentos
para decir que la Ley no es procedente.
También recordó que el pasado martes
se aprobó en lo general la iniciativa, pero se reservaron
cinco artículos (del 38 al 41) debido a que algunos
diputados manifestaron que había riesgo de la venta
de ejidos.
Organizaciones campesinas
Advierten de la reactivación de grupos paramilitares
en Hidalgo y Veracruz. (La Jornada, Rosa Rojas, p.web)
Montan campaña de desprestigio contra el FDOMEZ, aseguran
integrantes del frente
Integrantes del Frente Democrático Oriental de México Emiliano
Zapata (FDOMEZ) advirtieron que en las Huastecas
hidalguense y veracruzana -en el contexto del proyecto
petrolero Paleocanal y la coyuntura electoral- se están reactivando
grupos paramilitares, "con un ropaje de supuesto
grupo armado para la defensa y la justicia de las
comunidades", y han montado una campaña de desprestigio
y difamación contra la organización campesina.
"Es un asunto delicado porque tratan de confundir al pueblo
y preparar el asesinato de nuestros dirigentes",
como ocurrió con Miguel Angel
Mesino, de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur en Guerrero, plantearon
Ramiro Díaz Baltazar y Pedro
Hernández Flores, presidente del Comité de Derechos
Humanos de las Huastecas
y Sierra Oriental.
Los dirigentes aseveraron que en esa región "los únicos
armados son los militares, la policía y el supuesto
Comando Popular Clandestino (CPC), dirigido por el
Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) y financiado y entrenado por el Ejército mexicano y
el gobierno federal".
Mencionaron que esta situación se da en el contexto de la coyuntura
electoral de 2006 y de la explotación del petróleo
en el proyecto Paleocanal, pues hay descontento entre los indígenas campesinos
afectados. "Quieren aterrarlos para que no digan
nada, para que no protesten; además les prometieron
que los iban a indemnizar, los hicieron firmar papeles,
entraron las maquinarias, tumbaron sus árboles de
naranja y no les están dando nada".
Agregaron: "Ya se hizo la carretera de Alamo (Veracruz) a Tamazunchale, San Luis Potosí, y ahora
la están ampliando entre Chicontepec
y Platón Sánchez, para unirse con la carretera que
viene de Tampico, para la explotación del petróleo
del Paleocanal".
Díaz Baltazar indicó que el 4 de
diciembre pasado, en el municipio de Huautla
y en el crucero a Xochiatipan,
Hidalgo, encontraron tirados volantes del supuesto
CPC, en los que, afirmó, otra vez hacen falsas acusaciones
a los dirigentes del FDOMEZ. Ese grupo se hacía llamar
en 1987-89 Frente Armado de Ajusticiamiento para la
Liberación Campesina y operaba en la zona de Yahualica
y Tianguistengo, Hidalgo,
y en Ilamatlán, Veracruz;
después, en 2001 y 2001, se llamó Frente Indígena
Reivindicador Zapatista (FIRZ), y se presentaba en la zona de Huejutla,
Hidalgo, "y ahora es la CPC, pero son los mismos
delincuentes, resentidos y claudicantes, que los tenemos
bien identificados", dijo.
Respecto de quiénes podrían ser estas personas, comentó: "Se
sospecha de algunas personas que fueron expulsadas
de las comunidades donde tiene presencia el FDOMEZ
por malos comportamientos y malversación de fondos".
CNC: ante el desempleo, nada detendrá a mexicanos. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)
Exige mayor energía a Fox
en defensa de connacionales
Ni la Border Patrol
ni "20 cortinas de hierro" podrán frenar
a 15 millones de habitantes de las zonas rurales de
México que emigran a Estados Unidos ante la falta
de empleo y oportunidades en el país, advirtió el
presidente de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), Heladio Ramírez López,
quien exigió al presidente Vicente Fox
que defienda con energía a los connacionales,
ya que de prosperar la iniciativa de ley HR4437, aprobada
por la Cámara de Representantes, se convertirán en
"criminales".
Demandó al gobierno federal que presente una enérgica protesta
ante organismos internacionales por la pretensión
de criminalizar a 11 millones de indocumentados que
viven en territorio estadunidense
y por la construcción de bardas en más de mil kilómetros
fronterizos.
Ante el fracaso de lograr un acuerdo migratorio con Estados
Unidos, Ramírez López propuso la creación de una procuraduría
de defensa del migrante y que se fortalezca el Instituto de los Mexicanos
en el Extranjero.
Datos oficiales revelan que en este sexenio más de 2 mil mexicanos
hanmuerto en su intento
por llegar a Estados Unidos cruzando el desierto de
Arizona y el río Bravo. A esos riesgos se suman los
de los cazamigrantes y ahora
la propues-ta de ley de la Cámara de Representantes.
"Es claro que el gobierno federal ha fracasado en la concertación
de una reforma migratoria adecuada entre México y
Estados Unidos, y que se han recrudecido las relaciones
bilaterales con iniciativas como la del presidente
del Comité Judicial de la Cámara de Representantes,
James Sensenbrenner, de querer despojar de la ciudadanía a los hijos
de extranjeros indocumentados nacidos en ese país,
así como endurecer las medidas contra quienes contraten
y defiendan a los trabajadores indocumentados",
agregó.
La dirigencia de la CNC asentó que mientras no se revise el
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, que ha causado efectos negativos
en el agro mexicano, miles de campesinos seguirán
migrando.
Estimó que por la desigualdad y los daños provocados por el
tratado comercial, en pocos años dejarán de cultivarse
10 millones de hectáreas y 5 millones de campesinos
sin tierra buscarán ingresar a Estados Unidos el próximo
año, además de la caída en 47 por ciento del empleo
rural y que apenas 35 por ciento de las familias campesinas
pueden acceder a una canasta mínima de alimentación.
Los cenecistas aseguraron que trabajarán
con los legisladores para que el próximo año pugnen
en la Cámara de Diputados por el fortalecimiento del
marco jurídico e institucional de apoyo a los migrantes,
que incluya la creación de un fideicomiso para que
atienda sus necesidades más urgentes, como contratación,
traslado, retorno, protección de sus derechos humanos
y apoyo a familiares de quienes mueran en Estados
Unidos.
Prensa Estatal
GUERRERO
Liberan a 4 opositores de La Parota detenidos el
viernes en Guerrero. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web).
CFE: 17 de 19 comunidades aprobaron el proyecto.
Los cuatro opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota
que fueron detenidos el viernes pasado, luego de enfrentarse
con policías que resguardaban la realización de la
asamblea del poblado de Dos Arroyos, fueron liberados
este domingo, informó el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo.
En tanto, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, líder de quienes se oponen a dejar sus tierras
para que se construya ahí la presa hidroeléctrica,
informó que Francisco Dorantes,
Fidel Castañón Salgado,
Arturo y Lucio Castañón Esteva pagaron, cada uno, una fianza de 25 mil pesos.
"Es algo inconcebible; además de que la policía va y se
mete a nuestros pueblos, encarcela a nuestros compañeros
y ahora nos hacen pagar una fianza de un dinero que
no tenemos, pero que hemos conseguido para liberar
a nuestros compañeros", indicó Suástegui
Muñoz.
El agente del Ministerio Público del fuero común, Carlos Castillo,
fijó la fianza de 100 mil pesos a los cuatro opositores,
acusándolos de delitos menores, como lesiones, daños
y resistencia a la autoridad, explicó el líder de
los manifestantes.
El pasado viernes unos 300 policías estatales se enfrentaron
en tres ocasiones con ejidatarios de la comunidad
Dos Arroyos, quienes se oponen a la expropiación de
sus tierras para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) construya la hidroeléctrica La Parota.
La zacapela dejó ocho campesinos lesionados y los cuatro detenidos
ya mencionados.
Suspenden asamblea ejidal por falta de quórum
La asamblea de ejidatarios de La Palma, municipio de Acapulco,
programada para este domingo, fue suspendida debido
a que no tuvo el quórum requerido para llegar a acuerdos
en cuanto a la construcción de la hidroeléctrica La
Parota.
La siguiente asamblea fue convocada para el próximo 27 de diciembre.
Los acuerdos que se logren serán obligatorios para todos los
ejidatarios, a pesar de que no se logre juntar la
mitad de los empadronados.
Mientras, a la asamblea en Los Guajes -otra de las comunidades
que no se han pronunciado con respecto al proyecto
de la hidroeléctrica- sólo se presentaron diez de
los 140 ejidatarios.
En un comunicado emitido en la capital del país, la CFE señaló
que después de la aprobación de la comunidad Dos Arroyos,
el pasado viernes, suman ya 17 de un total de 19 comunidades
las que se han manifestado en favor del proyecto.
No acuden Xóchitl Gálvez
ni Félix al diálogo con los opositores a La Parota. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
La intervención de Zeferino Torreblanca y los detenidos en Dos Arroyos causaron
que la convocatoria no tuviera éxito. Llama Suástegui
a la unidad de los pueblos y a la paz.
La detención de cuatro ejidatarios
en Dos Arroyos y el enfrentamiento con policías del
estado en esa comunidad el pasado viernes, y la probable
intervención del gobernador Zeferino Torreblanca, fueron determinantes para que no tuviera
éxito la convocatoria al diálogo que hicieron los
opositores a la presa La Parota al presidente municipal
de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y a la titular
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez.
La invitación al diálogo para este
domingoa ambos funcionarios
fue hecha por el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (Cecop) con el fin de exponer las razones de su rechazo al
proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Cerca de mil comuneros y ejidatarios
se reunieron en Agua Caliente, dentro del territorio
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
y en lugar del diálogo programado recibieron con júbilo
a los cuatro detenidos en Dos Arroyos, liberados momentos
antes, y que de los separos
de la policía donde estuvieron más de dos días encerrados
se trasladaron directo a esta comunidad.
Aquí, ante opositores de todas
las localidades afectadas por el proyecto La Parota,
Suástegui llamó a la unidad
de los pueblos, a la tranquilidad y a la paz, y a
las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, y a estudiantes, maestros, sindicatos
y organizaciones sociales les pidió que se sumen a
esta causa.
Por qué no salió el diálogo
En el caso del alcalde de Acapulco,
que había confirmado su asistencia, el problema de
los detenidos causó desorganización y confusión, y
a la hora en que habían sido
liberados, él tenía programadas otras actividades.
Además, aunque el viernes dio una señal que el movimiento
opositor consideró favorable, pues no envió poicías
estatales a Dos Arroyos, donde los opositores fueron
agredidos por policías del estado, no había la certeza
de que todos los opositores hubieran percibido esa
señal, y no quería correr el riesgo de algún desencuentro,
según los voceros del movimiento, Marco Antonio Suástegui y Felipe Flores Hernández.
En su discurso, Suástegui dijo que el diálogo programado para este domingo
se canceló. Que Félix Salgado “no pudo o no quiso
venir”, pero informó que él intervino para la atención
a los detenidos.
Felipe Flores manifestó que gracias
a la intervención de Félix Salgado los detenidos de
Dos Arroyos están libres. Precisó que el alcalde no
quiso venir a dialogar porque había confusión entre
los opositores, porque probablemente algunos pensaban
que envió policías municipales a Dos Arroyos, y que
“no quería caer en una provocación”. Propuso fijar
una nueva fecha para invitar al alcalde de Acapulco.
En el caso de Xóchitlt Gálvez, había aceptado dialogar, en respuestra a un llamado público que le hizo Suástegui, y sólo faltaba ultimar detalles. Sin embargo, el
vocero informó que la semana anterior a la fecha fijada
la funcionaria del gobierno de Fox
no confirmó su asistencia, y dio a entender que no
había contado con la anuencia del gobernador Zeferino Torreblanca.
En su discurso de ayer, Suástegui dijo que con la inansistencia
de Xóchitl Gálvez “se denuestra
que al gobierno federal no le interesa el diálogo”.
Fui detenido y golpeado por defender
la tierra
En el patio de la escuela primaria,
y con resguardo de la Policía Comunuitaria
local, los opositores esperaron cerca de tres horas
la liberación de Fidel Castañón Salgado, de sus hijos Lucio y Arturo, y de Francisco
Dorantes Hernández. Cuando
llegaron se subieron a una mesa al frente del auditorio,
en la que los campesinos pusieron muestras de sus
productos: maíces, calabazas, maracuyás,
cocos, jamaica, plátanos, papayas, limones, tomates
y otras frutas y verduras que siembran en las tierras
que serían afectadas por La Parota.
Desde ese lugar, el recién liberado
Fidel Castañón, contó: “Fui
detenido, golpeado, ¿por qué? ¿defender
la tierra es delito?, y agregó que “con sangre vamos
a defender la tierra”.
Lucio Castañón
dijo: “Sabemos que nosotros pagamos los platos rotos
de los antimotines, pero tenemos que aguantar todo
por defender las tierras de todas las familias. Con
esto, en lugar de agarrar miedo, con más razón vamos
a apoyar el movimiento de no a La Parota”.
Norma Castañón
agradeció en nombre de su familia la participación
de los voceros del Cecop para la libertad de su papá y sus hermanos, y relató
que funcionarios en el lugar en que los tuvieron arrestados
adviertieron a los familiares
que si querían que los liberaran se tenían que retirar
del movimiento contra La Parota, pero, afirmó: “no
nos vamos a retirar, esto nos da más fuerza para luchar
por nuestras tierras”.
Marco Antonio Suástegui informó del ataque contra ejidatarios opositores
que hicieron policías del estado el viernes en Dos
Arroyos, cuando simularon que iban a proteger una
asamblea. Ddijo que aún
hay muchos niños intoxicados por los gases lacrimógenos,
y mencionó a varios de los lesionados que estaban
ahí presentes, y a un ejidatario de Campanario herido
en un ojo.
Acerca de la asamblea de Dos Arroyos,
que se hizo fuera del territorio ejidal, en la cabecera
municipal de Tierra Colorada, el director del Centro
de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que lleva la defensa del Cecop,
informó que los abogados de esta organización están
analizando las inconsistencias de la asamblea que
aprobó que la CFE tramite la expropiación de las tierras,
y que van a presentar la demanda de nulidad en los
tribunales.
La reunión comenzó con intervenciones
de mujeres adultas y jóvenes y hombres que tomaban
el micrófono para expresar las razones de su rechazo
a la presa. Después, habitantes de Agua Caliente cantaron
un nuevo corrido que habla de su lucha, y en el estribillo
dice: “Compañero campesino, no se deje convencer,
las tierras no están en venta, las vamos a defender,
dicen que somos ignorantes, eso lo vamos a ver”.
Provocación, enviar policías a Dos Arroyos, dice
Derechos Humanos del PRD. (El Sur, p.web).
La secretaria de Derechos Humanos
del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Aurora
Muñoz Martínez señaló que el gobierno del estado no
ha tenido la sensibilidad para enfrentar el tema del
proyecto de la presa La Parota, y consideró que fue
una “provocación” que haya enviado policías a Dos
Arroyos.
Adelantó que mañana cuando sesione
el Comité Ejecutivo Estatal del PRD propondrá que
se analice la situación del conflicto para tener una
postura unificada al respecto, lo que no existe hasta
ahora.
Indicó que algunos perredistas están a favor de que se construya la presa y otros
como ella que aseguran que
no se debe hace por la situación de violencia que
se ha generado.
La perredista
dijo que en lo personal considera que no se ha tenido
la sensibilidad para tratar el conflicto y criticó
que el gobierno del estado, “en su afán de llevar
el proyecto” ha utilizado la fuerza para la represión,
práctica que los perredistas siempe han cuestionado.
“Entre más se estire la liga el
problema será mayor”, advirtió Muñoz en referencia
a la política que ha seguido hasta ahora el gobierno
de Zeferino Torreblanca.
Muñoz Martínez afirmó que debe
existir una “negociación clara de acuerdo a la ley”
con los comuneros
Seguirá enviando policías a las asambleas para
aprobar La Parota, dice Zeferino. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
La operación policiaca en Dos Arroyos, para proteger a los ejidatarios
que iban a votar a favor de la expropiación, informa
el gobernador.
Chilpancingo
La operación policíaca de Dos Arroyos,
aún cuando no se desarrollaría ahí la asamblea ejidal
–como había sido convocada– para aprobar la expropiación
de ese ejido que se destinaría a la construcción de
la presa La Parota, la instrumentó el gobierno del
estado, para que los comuneros simpatizantes del proyecto,
pudieran salir de esa comunidad hacia la reunión de
Tierra Colorada a dar su anuencia a la hidroeléctrica,
justificó ayer el gobernador, Zeferino
Torreblanca Galindo.
Por separado, el secretario General
de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, reforzó que dicho despliegue de policías
estatales, se aplicó con el fin de “salvaguarda la
integridad física” de los campesinos que asistirían
a la asamblea ejidal.
Negó que el despliegue policiaco haya sido para reprimirlos como aseguraron los comuneros
opositores, expresó que respeta mucho esa opinión
e insistió en que “la obligación nuestra es resguardar
la integridad física” de quienes se trasladaron a
la reunión de Tierra Colorada.
El pasado viernes unos 400 policías
del estado cercaron la localidad de Dos Arroyos, en
donde se llevaría a cabo la reunión para que los comuneros
aprobaran que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) tramite la expropiación de sus tierras y se
construya así la presa.
Sin embargo dicho acto no se llevó
a cabo en donde había sido convocada, y en cambio
los policías estatales atacaron con piedras a los
comuneros opositores al proyecto que se encontraban
ahí para impedir ese acto. El saldo fueron una veintena
de campesinos lesionados y cuatro de ellos fueron
detenidos. Ante esa actitud, la postura generalizada
de éstos últimos, fue que la policía motorizada, únicamente
fue enviada a ese lugar para reprimirlos.
Abordado al término del Paseo del
Pendón que marca el comienzo de la feria de Navidad
y Año Nuevo, a pregunta expresa sobre cuál había sido
el propósito del gobierno del estado para enviar policías
a un lugar en donde no se iba a desarrollar la asamblea
ejidal de Dos Arroyos, Torreblanca Galindo respondió
que su gobierno armó esa estrategia “a solicitud de
la población, para que pudieran salir” a la reunión
que se llevó a cabo en Tierra Colorada.
Respecto a que fue necesario un
despliegue con unos 400 policías y las actitudes que
éstos asumieron en contra de los opositores, el gobernador
respondió, en la breve entrevista que concedió a reporteros,
que “lo que fue necesario era garantizar la seguridad
(de los comuneros simpatizantes del proyecto) simplemente”.
Y sobre el número de efectivos
aseguró que eso “obviamente” lo determina el secretario
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Juan
Heriberto Salinas Altés,
aunque resaltó que “no se trató de garantizar muchos
policías, sino garantizar la tranquilidad y el desarrollo
de ese evento”.
Abundó más tarde que va a seguir
enviando policías a las asambleas que falten, si es
que así se lo requieren los comuneros y puso como
ejemplo que casos como el ejido de La Palma, “me pidieron
(campesinos) de ambas partes que no querían (policías),
porque entre ellos mismos ha habido un clima de armonía
y de respeto y de que gane, el que tenga la mayoría”.
Mencionó que “no hay ninguna necesidad
que nosotros tengamos que forzar”, aunque dijo que
en el caso de Dos Arroyos, “hubo actitudes de rispidez
de una de las partes (los opositores), que lo han
generado siempre y la propia población lo han tenido,
de ahí que también demanda que no haya enfrentamientos”.
En otro momento, sostuvo que su
gobierno va a seguir apoyando La Parota “yo espero
que la población decida, creo que la gran mayoría
ha decidido pero creo que el deseo de la Comisión
Federal de Electricidad es que se celebren todas las
asambleas hay que esperar la de Los Huajes
y la de La Palma”.
Al preguntarle sobre qué va a hacer
en relación a que por un lado existe un boletín de
la CFE en donde asegura que todo está listo para construir
el proyecto y por el otro sigue el movimiento opositor,
dijo: “quiero señalar como ya lo he dicho antes, que
la expropiación de La Parota se puede decidir de manera
unilateral”.
Sin embargo aseguro que “ha sido
deseo de la CFE consultar a todos los poblados que
están involucrados, si se tratara de mayoría, ya hay
mayoría con los de Cacahuatepec
y Dos Arroyos, pero es voluntad (de la Comisión) conocer
los otros dos puntos de vista”.
Los cuatro opositores detenidos
pagan 25 mil pesos de fianza cada uno: PGJE
Respecto a la situación jurídica
de los cuatro comuneros opositores detenidos en Dos
Arroyos, luego de ser atacados por los policías motorizados,
Torreblanca informó que éstos salieron libres la mañana
de este domingo y resaltó que también estaba siendo
trasladado a la ciudad de México “uno de los policías
golpeados, posiblemente no pierda el ojo, ya que aunque
está en condiciones graves, está estable”.
Entrevistado por separado, también
al término del Paseo del Pendón, el procurador General
de Justicia del Estado, Eduardo Murueta
Urrutia, confirmó dicha información, aunque señaló
que los cuatro detenidos obtuvieron su “libertad provisional”
y pagaron además una fianza de 25 mil pesos cada uno.
Contó que los opositores estaban
acusados por el delito de lesiones en contra de los
policías y de igual modo resaltó que uno de los policías
agredidos “estaba un poco delicado de su ojo, mientras
que los demás presentan lesiones en las manos, brazos,
pero no mayor cosa”, aunque dijo que no recordaba
cuántos eran los que se encontraban en esa situación.
Mantenerse en medio sin decirse mediador, la postura
de Félix hacia La Parota. (El Sur, Citlal Giles, p.web).
No estoy de acuerdo en un
proyecto que traiga grandes beneficios pero sin la
gente, sin acuerdo, con violencia y con sangre, expone
el alcalde de Acapulco. Dice que estuvo atento a los
derechos de los opositores detenidos en Dos Arroyos.
El alcalde de Acapulco, Félix Salgado
Macedonio, aseguró que su postura ante el proyecto
hidroeléctrico La Parota, es mantenerse en medio,
“sin decirme mediador”, y resaltó que ningún proyecto
–por muchos beneficios que traiga– puede ser a costa
de la vida de las personas.
Responsabilizó a la federación
de los enfrentamientos que se han generado por el
proyecto para construir la hidroeléctrica, pues consideró
que debe haber diálogo entre opositores y gobierno.
La mañana de ayer los opositores
a La Parota habían convocado una reunión con Salgado
Macedonio para conocer la postura en torno al proyecto
de la Comisión Federal de Electricidad, cita a la
que el alcalde no llegó, pues argumentó que los ejidatarios
estaban ocupados buscando la libertad de los detenidos
del viernes por el enfrentamiento contra policías
del estado: “No, no acudí porque los dirigentes están
buscando la liberación de sus presos y la cita estaba
a las 11 de la mañana en Agua Caliente con ellos,
pero están buscando la libertad de sus cuatro detenidos
y (tuve) que seguir mi agenda y ya va a ser la una
y estoy a la espera del primer charter que viene de
Denver”, dijo el alcalde.
Salgado Macedonio anunció que estará
“atento y vigilante” de que los cuatro detenidos por
el enfrentamiento del viernes en la comunidad de Dos
Arroyos –donde se llevaría a cabo la 17 asamblea de
un total de 19 y que finalmente se trasladó a Tierra
Colorada– obtengan su libertad de acuerdo a la ley
y que se respeten sus derechos humanos.
“No puedo meterme ni puedo intervenir,
yo solamente pido que se vigile, he instruido al secretario
general, Daniel Ríos, para que cuide y vigile. Que
la gente sienta la confianza de que se les apoyará
y se les respaldará para que se respeten sus derechos
humanos y que obtengan su libertad de acuerdo a la
ley, que no sean maltratados” indicó.
Hay mucha confrontación y debe
tratarse con mucha delicadeza
Entrevistado minutos antes de la
llegada a Acapulco del primer charter procedente de
Denver, Salgado Macedonio
comentó que la reunión que iba a tener con los opositores
a La Parota sería para darles a conocer su postura
con relación al proyecto.
El edil aseguró que su postura
es muy clara pues “es un asunto un tanto manoseado,
hay mucha confrontación, hay mucha división, muchos
problemas y ese asunto tiene que tratarse con mucha
delicadeza y con mucho cuidado. Esta es una decisión
presidencial, de la federación, es un proyecto federal
y son ellos los que deciden”.
Dijo que como presidente municipal
su postura es estar en medio “sin decirme mediador,
porque no me necesita nadie como mediador, pero sí
como una persona que busca la unidad de su pueblo
(…) yo no voy
a colgarme de una u otra parte, yo vengo a buscar
unidad y un proyecto que traiga grandes beneficios,
que lleve desarrollos pero con la gente no sin la
gente, con entendimiento, con acuerdo, no con violencia
ni con sangre, ahí ya no estoy de acuerdo”.
–Y desde en medio, como usted dice,
¿cómo ve esta situación?
–Como veo las cosas digo que la
situación no debe trascender más, no puede haber fuego
y sangre por un proyecto que, por muchos beneficios
que traiga, no puede ser a costa de la vida de los
demás.
Al preguntarle si el proyecto de
La Parota se les está saliendo de las manos a la federación,
Salgado Macedonio comentó que la federación es la
responsable directa en todo esto, por ello conminó
tanto a los opositores como al gobierno a mantener
el diálogo y no la violencia.
Yo no quiero que haya violencia
El alcalde consideró que la gente
y el gobierno deben dialogar “tanto el dirigente de
los opositores como el gobierno tienen que acercarse
a un diálogo, tiene que dialogar, Marco (Antonio Suástegui)
puede asistir y platicar con el presidente de la República
y darle su posición de que La Parota no es viable,
o platicar con el gobernador y convencerlo quizá,
de que la propuesta no es la correcta. Debe haber
diálogo de las dos partes, no cerrarse ni una ni la
otra parte”.
Sobre las declaraciones del secretario
general de la Sección 2 del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana, Mario Ramírez
Manzanares, de que en marzo o abril del próximo año
comenzarían las obras para construir la presa La Parota,
Salgado Macedonio dijo que no puede adivinar qué cosa
viene o qué sigue, sin embargo remarcó que la violencia
genera violencia “y yo no quiero que haya violencia”.
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