CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
5 DE DICIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Critican gasto de
campañas
Lo consideran insultante y absurdo. Reprueban
ciudadanos que recursos públicos se gasten en spots
de TV, donde no hay propuestas.
Ebrard candidato del PRD
en el DF
Ortega acepta resultado
“Sonríe” la fortuna
a la economía mexicana
Cinco factores “ayudan”
a los políticos a evitar las reformas de fondo
EU, factor de riesgo
mayor que los comicios
La disciplina fiscal
y monetaria reduce las presiones electorales. Merril
Lynch considera que sólo
habrá efectos transitorios. Advierte la AmCham
sobre la volatilidad del mercado petrolero.
Marcelo Ebrard, candidato del PRD al GDF
Dos conteos rápidos
le dan ventada de 20 puntos. Priva la civilidad en
el proceso; hubo gran participación ciudadana: Cota.
Tiene la PGR al jede
de los afis ejecutores de
zetas
Está hospitalizado
en Monterrey por un atentado
En elecciones desairadas
ganan Ebrard y… Chávez
En el DF el 53%
de boletas del PRD no se usó; en Venezuela, abstención
de 75%
Arremete Calderón
contra “mercenarios”
Plantea alianza con la sociedad en defensa de
la familia y de sus valores. El PRI no regresará a
Los Pinos, afirma; le reprocha corrupción y populismo.
La Presidencia recibe
un anónimo del narcotráfico
Recibió en 2004
una carta que preveía la guerra por Nuevo Laredo.
Un escolta de los jefes del cártel de Sinaloa relata
en el anónimo el plan para eliminar a Rodolfo Carrillo
e implicar a zetas.
Sector agrario
Certeza Jurídica en el Campo. (Diario Monitor, p.16A).
Presenta Procuraduría Agraria nuevas obras editoriales. (Milenio Diario, Pie de
Foto, p. 18).
La Procuraduría Agraria presentó en el Palacio de Minería
la obra “Cinco Siglos de Legislación Agraria en México”
del maestro, investigador y servidor agrario Don Manuel
Fabila. En la gráfica, el
Oficial Mayor de la SRA, Javier Dueñas García, representante
del titular del Ramo, Florencio Salazar Adame,
el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez,
la bióloga Betty Fabila
Herrerías, y el Subprocurador General Rogelio Parra
Silva.
Presenta Procuraduría Agraria Nuevas Obras Editoriales. (Diario Monitor, p. 5A).
La Procuraduría
Agraria presentó la obra intitulada “Cinco Siglos
de Legislación Agraria en México (1493-1940) del Maestro
Manuel Fabila Montes de
Oca, así como la nueva edición del “Glosario de Términos
Jurídico-Agrarios 2005”.
En la ceremonia,
el Procurador Isaías Rivera Rodríguez estuvo
acompañado por el Oficial Mayor de la Secretaría de
la Reforma Agraria, Javier Dueñas García, representante
personal del titular de la SRA, Florencio Salazar
Adame, la bióloga Betty Fabila Herrerías viuda de Zanolli,
y mandos directivos de ese organismo.
Ante un nutrido
público que se dio cita en el Palacio de Minería,
el funcionario federal destacó que la obra de Don
Manuel Fabila constituye
un invaluable apoyo para todos los interesados en
el tema del campo mexicano. “Su consulta, aseguró,
es obligada no sólo para el análisis estrictamente
jurídico, sino que lo es también para cualquier tema
vinculado con la evolución del entorno social rural”.
A su vez,
la hija del investigador y servidor agrario, Betty
Fabila, rememoró con profunda emoción pasajes familiares inolvidables
de su padre “que fue un hombre que amó a México, a
la causa agraria, a sus ejidatarios y que sigue viviendo
entre nosotros gracias a esta obra que publica hoy
la Procuraduría Agraria”.
En el marco
de esta ceremonia, la Directora General de Estudios
y Publicaciones, Alejandra de Maria Campos Orrico,
presentó la tercera edición del título “Glosario de
Términos Jurídico-Agrarios 2005”, el cual ofrece interesantes
aportaciones de personas e instituciones para una
mejor comprensión de la materia.
En el acto,
que contó con la distinguida participación al piano
de Luisa Betty, nieta de extinto servidor agrario autor de los “Cinco
Siglos de Legislación Agraria en México”, también
estuvieron presentes el Subprocurador General, Rogelio
Parra Silva, los coordinadores general de Programas
Interinstitucionales, Erick R. Peón Ruiz, y de Delegaciones,
Carlos Nuño Robles, así como Delegados estatales y
servidores públicos de la Procuraduría Agraria.
Supera Procuraduría Agraria meta de Precierres
del Procede en el 2005. (La Jornada de Michoacán,
Cambio de Michoacán,, El
Sol de Morelia, La Voz de Michoacán).
Sábado 3 de Diciembre,05
Michoacán, la vigésima novena entidad declarada con precierre
en la presente Administración.
Más del 87 por ciento de ejidos y comunidades del estado, regularizados.
El Procurador
Agrario del país, Isaías Rivera Rodríguez, notificó
y signó el acuerdo mediante el cual declaró formalmente
el precierre del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en
Michoacán, con lo que el Sector Agrario cumple y supera
la meta programada de 16 estados que culminaron esta
etapa operativa en el presente año.
Lo anterior
quedó de manifiesto durante la ceremonia respectiva
que encabezó el funcionario federal junto con el Secretario
General de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, en
representación del Gobernador del estado, Lázaro Cárdenas
Batel, la cual tuvo lugar en Casa de Gobierno, con
la presencia de comisariados ejidales, alcaldes, campesinos de diversas regiones
de la geografía michoacana, y funcionarios de las
instituciones agrarias.
En su mensaje,
el Procurador Agrario subrayó que con este importante
acto “se cumple uno más de los compromisos del Presidente
Vicente Fox en política
agraria para reimpulsar, hasta lograr su conclusión
definitiva en 2006, las tareas de ordenamiento y regularización
del Procede en los casi 30 mil ejidos y comunidades
del país”.
Anunció que
hasta la fecha, 29 gobiernos estatales han suscrito
y formalizado con el sector Agrario, a través de la
Procuraduría Agraria, los acuerdos respectivos de
precierre operativo del Procede, y de éstas, precisó,
19 entidades federativas han concluido en definitiva
este programa en la presente administración.
Rivera Rodríguez
destacó la estrecha coordinación y conjunción de esfuerzos
de los tres niveles de gobierno, así como de los sujetos
agrarios, que han permitido avanzar de manera significativa,
por arriba del 87 por ciento, en la certificación
de derechos de propiedad de los ejidos y comunidades
del estado de Michoacán.
Así, indicó
el funcionario federal “podemos señalar que tanto
el Presidente Vicenbte Fox, el Secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar y el Gobernador
Cárdenas Batel, tendrán la certeza de anunciar al
pueblo de Michoacán que a la conclusión del Procede,
en 2006, el 100 por ciento de los núcleos agrarios
habrán sido atendidos e invitados para beneficiarse
de los alcances de este programa”.
A su vez,
el Delegado de la Procuraduría Agraria, y representante
del Comité Operativo Estatal, Francisco Alonso Espinosa
Medina, informó que en poco más de 12 años de operación
en Michoacán, el Procede ha certificado 1,596 ejidos
y comunidades, en beneficio de 178 mil 412 familias
campesinas, a quienes se les han entregado 402 mil
440 documentos agrarios, que acreditan la legítima
posesión de sus tierras en una superficie de 2 millones
212 mil 277 hectáreas regularizadas de propiedad social.
Por su parte,
el Secretario General de Gobierno y representante
del mandatario estatal, Enrique Bautista Villegas,
expresó su profundo agradecimiento a las instituciones
del Sector Agrario, por el esfuerzo, apoyo y dedicación
que a través del Procede han venido otorgando a los
campesinos michoacanos.
“Éste es
un instrumento noble y muy importante porque ha demostrado
que contribuye a dar seguridad y certidumbre jurídica
sobre la tenencia de la tierra, así como a resolver
de manera eficiente muchos de los problemas que existen
en nuestras comunidades indígenas”, concluyó.
Demanda la CNC reforma profunda en el campo. (La Jornada, p.web. /Información
también publicada en La Prensa, p. 27 y Ovaciones,
p.5).
El campo necesita una reforma profunda y un cambio de orientación
histórico, pues sus 30 millones de habitantes quieren
un debate abierto sobre su futuro, dijo el presidente
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio
Ramírez López, y propuso que la Secretaría de la
Reforma Agraria sea sustituida por la Secretaría
de Desarrollo Rural. También planteó dar rango de
secretaría de Estado a la Comisión Nacional del Agua
y crear la Procuraduría del Migrante,
con el objetio de proteger
los derechos humanos y laborales de quienes abandonan
el país en busca de un mejor futuro. La dirigencia
cenecista entregó al candidato
presidencial priísta, Roberto Madrazo, una radiografía
del agro, donde resalta que las familias rurales en
pobreza tienen un ingreso de apenas 6 mil 648 pesos
al año y su futuro es incierto.
Busca la CNC cambiar a la SRA. (Milenio Diario, Notimex, p. web).
La Confederación
Nacional Campesina propuso sustituir a la Secretaría
de la Reforma Agraria por una de Desarrollo Rural.
La Confederación Nacional Campesina
propuso sustituir a la Secretaría de la Reforma
Agraria por una de Desarrollo Rural, crear la
Procuraduría del Migrante
y elevar a secretaría de Estado a la Comisión Nacional
del Agua.
El dirigente nacional de la CNC,
Heladio Ramírez López, denunció
que el ingreso de las familias rurales es de seis
mil 648 pesos anuales, por lo que no pueden cubrir
sus necesidades.
“Tenemos detenido el aliento ante
la avalancha que se avecina” cuando en 2006 se abran
totalmente las fronteras a la entrada de maíz, frijol,
leche y azúcar del extranjero, en perjuicio de 3.5
millones de campesinos, destacó.
La dirigencia cenecista sostuvo un encuentro con el candidato del PRI a
la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado,
a quien entregó dos documentos referentes a la problemática
que vive el agro nacional, así como una propuesta
para “rescatar de la pobreza” a más de 30 millones
de productores rurales.
De acuerdo con el comunicado, los
cenecistas aseguraron que
en julio de 2006 reafirmaron su voto de confianza
al PRI, pero “pedimos a cambio una decisión política,
un compromiso concreto de nuestro candidato(...)
para construir la nueva ruralidad”.
Heladio pide que la CNA sea Secretaría!. (Notiver,
p. web).
* Y que convierta la SRA en la
de Desarrollo Rural.
* También que creen la Procuraduría
del Migrante.
MEXICO, D.F.-
La Confederación Nacional Campesina (CNC) propuso
sustituir a la Secretaría de la Reforma Agraria
por una de Desarrollo Rural, crear la Procuraduría
del Migrante y elevar a
secretaría de Estado a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua).
El dirigente nacional de la CNC,
Heladio Ramírez López, denunció
mediante un comunicado que el ingreso de las familias
rurales es de seis mil 648 pesos anuales, por lo que
no pueden cubrir sus necesidades.
Destacó que “tenemos detenido el
aliento ante la avalancha que se avecina” cuando en
2006 se abran totalmente las fronteras a la entrada
de maíz, frijol, leche y
azúcar del extranjero, en perjuicio de 3.5 millones
de campesinos.
La dirigencia cenecista sostuvo un encuentro con el candidato del PRI a
la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado,
a quien entregó dos documentos referentes a la problemática
que vive el agro nacional.
Asimismo, una propuesta para “rescatar
de la pobreza” a más de 30 millones de productores
rurales.
Según el comunicado, los cenecistas aseguraron que en julio de 2006 reafirmaron su
voto de confianza al PRI pero “pedimos a cambio una
decisión política, un compromiso concreto de nuestro
candidato a la Presidencia de la República para construir
la nueva ruralidad”.
Ramírez López aseveró que de acuerdo
con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) el ingreso de la familia rural
es de aproximadamente seis mil 648 pesos al año.
Dichos recursos, explicó, provienen,
según cifras oficiales, 34 por ciento de las actividades
agrícolas; 49 por ciento de las no agrícolas; 13 por
ciento de las remesas y solamente cuatro por ciento
de subsidios.
Propone la CNC sustituir a la SRA por una de desarrollo
rural. (Notimex,
p.web).
Domingo 4 de diciembre, 05:59 PM
México, 4 Dic (Notimex).- La Confederación Nacional Campesina (CNC) propuso
sustituir a la Secretaría
de la Reforma Agraria por una de Desarrollo Rural,
crear la Procuraduría del Migrante y elevar a secretaría de Estado a la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
El dirigente nacional de la CNC, Heladio
Ramírez López, denunció mediante un comunicado que
el ingreso de las familias rurales es de seis mil
648 pesos anuales, por lo que no pueden cubrir sus
necesidades.
Destacó que "tenemos detenido el aliento ante la avalancha
que se avecina" cuando en 2006 se abran totalmente
las fronteras a la entrada de maíz, frijol,
leche y azúcar del extranjero, en perjuicio de 3.5
millones de campesinos.
La dirigencia cenecista sostuvo un
encuentro con el candidato del PRI a la Presidencia
de la República, Roberto Madrazo Pintado, a quien
entregó dos documentos referentes a la problemática
que vive el agro nacional.
Asimismo, una propuesta para "rescatar de la pobreza"
a más de 30 millones de productores rurales.
Según el comunicado, los cenecistas
aseguraron que en julio de 2006 reafirmaron su voto
de confianza al PRI pero "pedimos a cambio una
decisión política, un compromiso concreto de nuestro
candidato a la Presidencia de la República para construir
la nueva ruralidad".
Ramírez López aseveró que de acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
el ingreso de la familia rural es de aproximadamente
seis mil 648 pesos al año.
Dichos recursos, explicó, provienen, según cifras oficiales,
34 por ciento de las actividades agrícolas; 49 por
ciento de las no agrícolas; 13 por ciento de las remesas
y solamente cuatro por ciento de subsidios.
Clase Política. (La Jornada, Miguel Ángel Rivera, p.web.).
La cosecha
"NO QUEREMOS UN proceso de alianza electorera, sólo por
cargos y por prerrogativas; lo que queremos es una
propuesta seria en torno de un proyecto de gobierno",
dijo el tabasqueño luego de un encuentro con el sector
obrero del país... En otro encuentro con el aspirante
priísta, la dirigencia de la CNC, encabezada por Heladio
Ramírez, denunció que el ingreso de las familias rurales
pobres es, en promedio, de apenas 6 mil 648 pesos
al año. Para mejorar la situación del agro, la CNC
propuso sustituir la Secretaría de la Reforma Agraria
por la de desarrollo rural, dar rango también
de secretaría de Estado a la Comisión Nacional del
Agua y crear la procuraduría del migrante...Mañana
martes, con el patrocinio del Tribunal Superior
Agrario, el ayuntamiento de Tijuana y la Universidad
Autónoma de Baja California, empezará el Foro Internacional
el Migrante, Tijuana 2005,
en el que se analizarán los problemas de los mexicanos
que laboran en Estados Unidos. Participarán el gobernador
del Banco de México, Guillermo Ortiz; el presidente
del Pontificio Consejo del Vaticano para la Pastoral
de los Migrantes e Itinerantes,
cardenal Stephen Fumio
Hamao, y el presidente
del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos...
Mide la SRA terrenos de yaquis
para solucionar conflicto agrario. (La Jornada, Cristóbal García,
p.web).
Los indígenas confían en recuperar 40 mil hectáreas.
Hermosillo, Son., 4 de diciembre. Personal de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) comenzó este fin de
semana -con la presencia de observadores del Consejo
Internacional de Tratados Indios de la Organización
de las Naciones Unidas--, la medición de los linderos
de los terrenos de la etnia yaqui, en disputa desde
1997 como resultado de un decreto expropiatorio.
El predio en conflicto, conocido como La Cuchilla, ha sido
el centro de atención de un añejo problema que ha
costado la vida a yaquis en su lucha por recuperar las más de 40 mil hectáreas
que perdieron luego de un decreto emitido por el ex
presidente Ernesto Zedillo
Ponce de León.
Entre los particulares beneficiados por el decreto zedillista destaca el ex gobernador de Sonora y actual diputado
federal Manlio Fabio Beltrones,
quien "ha impedido a los agricultores privados
desarrollar proyectos productivos", según indicó
el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame (La Jornada, 14/05/05).
El gobernador tradicional del pueblo de Tórim
(uno de los ocho pueblos yaquis),
Octaviano Jécari Espinosa, explicó en entrevista que la medición consiste
en comparar el decreto resolutivo del presidente Lázaro
Cárdenas del Río -quien cedió los terrenos a la etnia
en 1940- con el emitido por Zedillo Ponce de León, y compararlos frente a los límites
naturales del territorio indígena.
La brigada de expertos de la SRA, apoyadas por personal del
Registro Agrario Nacional y del Instituto Nacional
de Estadística Geografía e Informática (INEGI), realizan
los trabajos, auxiliados con equipo satelital de alta
tecnología denominado GPS, que marca las coordenadas
geográficas.
Jécari Espinosa indicó que el conflicto de
los linderos de la etnia yaqui es un asunto estrictamente
"político", por lo que el estudio determinará
de una vez por todas quién es el propietario legítimo
del predio en disputa.
Una vez que concluya el trabajo de medición -lo que podría
ocurrir en los próximos tres días-, las autoridades
de los tres niveles de gobierno tendrán en claro qué
superficie le corresponde a cada quién.
Los yaquis esperan que tras el estudio
les regresarán las poco más de 40 mil hectáreas que
les fueron arrebatadas, y no las 2 mil 880 que las
autoridades dicen que les corresponde, indicó Jécari Espinosa.
El gobernador tradicional de Tórim
comentó que ese trabajo "será clave" para
encontrar una solución definitiva al conflicto por
la tenencia de esas tierras.
En el recorrido estuvieron presentes también los gobernadores
tradicionales de las comunidadesde
Lomas de Bácum, Lomas de
Guamúchil, Pótam, Nahum,
Huirivis y Vícam.
Los únicos ausentes a ese acto fueron las autoridades de Belem.
Descartan tráfico de tierras. (El Siglo de Durango, Brenda M. García p.web)
En la entidad se han registrado
la mayoría de los ejidos y comunidades; sólo queda
pendiente el 2.1 por ciento del territorio.
Son ocho los focos amarillos que
hay en la entidad por problemas agrarios, según lo
reflejan las autoridades de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA); sin embargo, señalan que
no existe duplicidad de tierras.
Guillermo Alvarado González, delegado
estatal del Registro Agrario Nacional (RAN),
apuntó que los tribunales agrarios no tienen trabajo,
ya que los conflictos se han solucionado gradualmente
desde 1992.
Precisó que hace algunos años si
se presentaba la duplicidad de las tierras; sin embargo,
se han llegado a solucionar debido a los acuerdos
que se han alcanzado con las partes involucradas.
De los mil 103 ejidos y comunidades
registrados, se han empadronado mil 80, y están por
regularizarse ocho en este mes, y con esto darán por
terminado en el estado el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales (Procede).
“El objetivo del Procede es ubicar
perfectamente cada uno de los ejidos para que ya no
tengan problemas de sobreposiciones de cuánta superficie tienen”, apuntó el Delegado
estatal.
Además, dijo que la dependencia
entrega la documentación, para que cada ejidatario
sepa cuántas hectáreas son y la delimitación de parcelas,
lo cual sirve como amparo y escrituras.
El Delegado de esta dependencia
destacó que en 13 años en el estado se tiene el 97.9
por ciento de los ejidos y comunidades ya certificados,
por lo que es mínimo el porcentaje que falta por regularizarse.
“Esa certificación le da certeza
jurídica al ejidatario, para que tenga la seguridad
de su propiedad, a fin de que pueda acceder a los
programas de Gobierno”, sostuvo.
Anteriormente el sistema ejidal
tenía a los dueños como poseedores de la tierra, pero
ahora con las reformas que se realizaron a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los hace
propietarios, subrayó.
Por ello, apuntó que el tráfico
de tierras no se da como tal, sino que se realiza
el traspaso de la propiedad a terceros, ya que el
ejidatario puede vender sus derechos como dueño de
un terreno dentro del ejido o comunidad.
“Cualquier gente puede decir ‘me
voy a ir del ejido o de la comunidad; ¿qué hago? Le
vendo a mi compadre mi derecho’ ”, ejemplificó.
El Delegado aclaró que anteriormente
entre los mismos ejidatarios había conflictos, pues
en las asambleas internas algunos grupos se desconocían
como propietarios de las tierras.
Pero a raíz de que se instaló el
Procede, precisó el funcionario federal, se tuvieron
asambleas con las autoridades para registrar a cada
uno de los propietarios de las tierras.
SITUACION ACTUAL
Comentan que algunos ejidos están
a punto de desaparecer por la urbanización y por la
construcción de carreteras. Este problema se presenta
principalmente en la Comarca Lagunera y en la capital
del estado.
Para el mismo Delegado del Registro
Agrario Nacional, no se pueden registrar todos los
ejidos porque algunos propietarios no quieren estar
bajo el sistema.
“Hay gente que influye porque no
le ven las ventajas, sabemos que en el campo hay gente
negativa que trata de utilizar la tierra para sus
usos personales, o simplemente porque está usufructuando
más de lo que le corresponde”, opinó irónicamente.
Hay tierras que tampoco se pueden
certificar porque están bajo juicio, ya que la dependencia
no puede dar certidumbre legal por encontrarse bajo
juicio.
Otros propietarios condicionan
la certificación a cambio de más tierras, tal como
sucedió en el problema que se tuvo en la comunidad
de Bernalejo, en donde los
indígenas del lugar peleaban más de la propiedad que
les correspondía.
Aclaró que el Procede no da ni
quita tierras; es por eso que no se puede obligar
a los ejidatarios a que se regularicen.
Enfatizó que el programa está a
punto de terminar en el estado, cuyo cierre se espera
con la llegada de autoridades federales.
Finalmente, dijo que a nivel nacional
este programa está por desaparecer, teniendo como
puntos conflictivos los estados del sur, en donde
campesinos se han matado por la posesión de tierras.
Por primera vez se logró un Presupuesto con perspectiva
de género. (Criterios, p.web)
México 4 Diciembre.- Diputadas del PRI, PAN, PRD y PVEM coincidieron
en que por primera vez en la historia se logró para
el 2006 un Presupuesto de Egresos de la Federación
con perspectivas de género en todas las áreas, pero
señalaron que es el inició de acciones que deben profundizarse
por la compleja situación que enfrenta la mujer.
Se establecieron 29 programas relacionados con la mujer en
áreas como la salud, seguridad pública, el campo y
la educación, entre otras, los cuales fueron impulsados
desde la Comisión de Equidad y Género y apoyados por
legisladoras de todos los partidos políticos.
“Por primera vez en la historia tenemos un presupuesto con
verdadera transversalidad”,
indicó Diva Hadamira Gastélum (PRI), presidenta
de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de
Diputados durante el debate que se difunde en el programa
semanal de televisión “Frente a las Cámaras”.
Dijo que es urgente que los recursos de este país se dirijan
a resolver las inequidades, la desigualdad y la discriminación
“que tanto ofende a las mujeres y a la sociedad en
general”.
Es un Presupuesto Transversal porque “pudimos hacer y reflejar
en todas las áreas recursos específicos para las mujeres”,
aseguró, por su parte, Blanca Judith Díaz Delgado
(PAN), integrante de varias comisiones, entre ellas
la de Feminicídios en la
República Mexicana.
Afirmó que en la elaboración del Presupuesto con perspectiva
de género participaron todas las legisladoras en sus
diferentes comisiones, con la ayuda y visión de las
integrantes de la Comisión de Equidad y Género y recordó
que sus propuestas fueron avaladas por los diputados.
“Todas participaron dejando a un lado la politización del tema
(…) aún y cuando en un momento dado cada quien tenía
que buscar el dinero para los asuntos que se atienden
en su comisión”, agregó.
María Marcela Lagarde y de los Ríos
(PRD), integrante de la Comisión de Equidad y Género
y presidenta de la de Feminicidios
en la República Mexicana, indicó que las diputadas
de todos los partidos han logrado mejorar el Presupuesto
2006 y construir una agenda legislativa para las mujeres.
Aseguró que gran parte de los rubros del Presupuesto tienen
que ver con la atención de programas específicos para
quienes están en situación de marginación, exclusión
o pobreza, porque la mayor parte de las mujeres en
México se encuentran en esa situación.
Sin embargo, aclaró que no se quiere dar la idea de que ya
se resolvió esa problemática y dijo que es el inicio
de la construcción de un Presupuesto con perspectiva
de Género, porque “la situación cotidiana de las mujeres
en México es muy compleja y complicada”.
María Ávila Serna (PVEM), integrante de comisiones como Equidad
y Género, Feminicidios y
Atención a Grupos Vulnerables, dijo que las mujeres
han jugado un papel muy importante en lo económico,
político y social y para lograr esos avances se ha
tenido que modificar de manera gradual el diseño de
políticas públicas.
“Hemos logrado un Presupuesto de Egresos con perspectiva de
género en el que se reflejan las prioridades económicas
y sociales”, agregó.
Las diputadas mencionaron algunos de los programas impulsados,
entre ellos se incluyeron 80 millones de pesos para
que el INEGI realice un diagnóstico nacional sobre
la situación de violencia de todo tipo que enfrenta
la mujer, en lo familiar, patrimonial, económico,
laboral y sexual, entre otras.
En el área de salud se destinaron recursos para aspectos específicos
como la salud sexual y reproductiva, muerte materno-infantil,
cáncer y el sida.
Unos 150 millones de pesos se asignaron para que el próximo
año inicie funciones la Fiscalía Especial para Enfrentar
Delitos Violentos contra las Mujeres en todo el País,
además de los recursos para que continúe la Comisión
Especial encargada de prevenir la violencia en Ciudad
Juárez.
También se destinaron recursos para un programa de capacitación
del magisterio, con el propósito de que los niños
y niñas tengan una educación basada en la perspectiva
de género y contra la violencia.
Para Promusag, un programa
que depende de la Secretaría de la Reforma Agraria,
se destinaron 500 millones de pesos a fin de apoyar
a las mujeres que viven en pequeñas comunidades y
no tienen lo necesario para poner una tienda o atender
algunos animales.
Al Fondo de Microfinanciamiento para
Mujeres Rurales se destinaron 123 millones y entre
las partidas asignadas a los estados hay importantes
cantidades para atender el asunto de la mujer, entre
otros recursos para programas específicos, indicaron
las legisladoras.
La Meseta, foco rojo agrario con 58 conflictos
locales. (Cambio de Michoacán, Angelina
Redondo, p.web)
Registra Michoacán
avances en la regularización de la tenencia de la
tierra, sostiene Isaías Rivera Rodríguez.
Sábado 3 de Diciembre
de 2005
De los catorce focos rojos
en conflictos agrarios que se identificaron en el
país al inicio de esta administración, se han resuelto
diez, y la meta es solucionar los cuatro restantes
antes de concluir el 2006, informó Isaías Rivera Rodríguez,
procurador agrario.
Aseveró que en Michoacán se han
registrado avances importantes en la regularización
de la tenencia de la tierra, ya que de dos millones
700 mil hectáreas de propiedad social, solamente cinco
por ciento, que significan 135 mil hectáreas, podrían
quedar sin regularizar, sin acceder al Procede.
Durante la firma del Acuerdo para
el Precierre del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares (Procede), Rivera
Rodríguez refirió que al inicio de la administración
se identificaron catorce focos rojos en conflictos
agrarios y 460 focos amarillos.
De los rojos, aquellos que
tenían una historia de más de 30 años de conflicto
e incluso había enfrentamientos, se han resuelto diez;
para los cuatro restantes existe el compromiso de
que se concluyan dos en este año y dos en el 2006.
El funcionario federal explicó
que de esos focos rojos, uno se ubica en Michoacán,
que corresponde a la Meseta Purépecha.
«A su vez, en este foco rojo hay un conjunto
de 58 conflictos que se están atendiendo en forma
particular por un grupo especializado de la Secretaría
de la Reforma Agraria que se ha enviado al estado
y se ha venido trabajando en estos núcleos agrarios,
el problema principal es el de linderos».
Destacó que existe el compromiso
del gobierno federal para concluir todos los focos
rojos, entre ellos está el caso de la Meseta Purépecha
de Michoacán, «la idea es terminar con esto a la par
de la administración del presidente Vicente Fox, es decir, el año que entra».
A través del Acuerdo para el Precierre
del Programa de Certificación de Derechos Ejidales
y Titulación de Solares (Procede), se establecen las
bases para el proceso de cierre operativo del Procede,
esto significa que en fechas próximas se dará la conclusión
definitiva del programa.
«Lo que hacemos ahora es la última
llamada, informarles a todos los núcleos agrarios
que están pendientes de incorporarse al programa que
ya viene el cierre, pero que aún están a tiempo para
que ellos se incorporen y se acojan a los beneficios
del Procede», expuso Isaías Rivera.
Indicó que en Michoacán podrían
quedar fuera del Procede cinco por ciento de los núcleos
agrarios que corresponden a 135 mil hectáreas de un
total de dos millones 700 mil hectáreas que posee
el estado de propiedad social.
El Procede es un instrumento que
el gobierno federal pone a disposición de los núcleos
agrarios para regularizar la propiedad social.
Prioritaria la Meseta para la Procuraduría Agraria:
Isaías Rivera. (Mi Morelia. com, América Juárez, p.web)
Morelia, Mich., 2 de diciembre del
2005.- El procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez
indicó que en el país continúan encendidos 14 focos
rojos y 470 focos amarillos por conflictos agrarios,
entre esta lista negra aseguró se encuentra considerada
la zona de la Meseta en Michoacán en donde aún continúan
las pugnas y enfrentamientos por la posesión de la
tierra.
En entrevista, dijo que la lucha por la tierra es un factor
preocupante, debido a que por estos conflictos, ya
se han generado enfrentamientos violentos y muertes.
Expresó que el conflicto agrario que se vive en la Meseta,
esta siendo atendido por un grupo especializado, que
le ha dado atención a otros 58 conflictos que se viven
en la entidad y que faltan por resolverse.
Sin precisar el saldo rojo que hasta la fecha ha arrojado la
lucha por la tierra, expresó que el mismo trabajo
se hace en otros puntos del país, en donde la tenencia
de la tierra continúa arrojando conflictos entre los
pobladores que pugnan por su posesión.
Refirió que los conflictos agrarios, en su mayoría han sido
generados por el desacuerdo que existe en cuestión
de linderos de la tierra, que además ha sido los más
difíciles de solucionar.
El funcionario federal señaló que lamentablemente ha faltado
voluntad y trabajo para formular acuerdos entre las
partes involucradas y resolver los conflictos.
Comentó que mientras no se den estos elementos, los gobiernos
estatal y federal no pueden hacer nada, ya que su
labor se limita a la conciliación, su participación
es sólo de concertar los acuerdos.
Pese a esta condición informó que ya se tienen resultados,
ya que en esta administración federal se han logrado
resolver 10 conflictos, y para este año se espera
sean decididos dos más y en el 2006 igual número.
Cabe destacar que de acuerdo con la Secretaría de la Reforma
Agraria, en la Meseta Purépecha,
se han registrado al menos 300 muertes y mil lesionados,
en 122 enfrentamientos por la posesión de la tierra.
En este sentido Michoacán es considerado a nivel nacional como
el estado con más alto índice de violencia en este
rubro, por la disputa de aproximadamente dos mil 500
hectáreas. El conflicto en está región de Michoacán,
tiene por lo menos 60 años de antigüedad e involucra
a más de 25 mil personas de 17 municipios.
La lucha contra la presa El Cajón, aun "a
costa de mi vida", advierte ejidatario. (La Jornada,
Matilde Pérez U., p.web)
Líder campesino denuncia amenazas de personal de la
CFE y de agentes policiacos.
"No me importan las amenazas del personal de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y sus enviados, ni los
de las policías federal y estatal; defenderé hasta
las últimas consecuencias la tierra del ejido",
advirtió el presidente del comisariado
ejidal de Cantiles, José Villa Montes, que se opone
-al igual que pobladores de los Ciruelos, La Raya,
Conacaxtle, San Juan, la
comunidad indígena San Jerónimo y Paso de la Yesca-
a la construcción de la hidroeléctrica El Cajón, en
Nayarit.
De paso por la ciudad de México, acompañado por el tesorero
del ejido, Aurelio Carrillo Ramírez, y otros pobladores
de la región, Villa Montes narró que el pasado 28
de noviembre llegaron hasta su domicilio Antonio Dehesa,
de la CFE; dos hombres que afirmaron ser notarios
públicos, y Moisés Bonton, de la constructora Secsa,
contratada por la comisión, y cuatro personas más
que permanecieron a bordo de una suburban
blanca. "Me dijeron que tenía cinco días de plazo
para responder si se aceptaba o rechazaba la petición
de la instalación de un basurero en el ejido. 'Si
la respuesta es afirmativa, mejor; de lo contrario,
asume las consecuencias'.
"Volvieron a decirme que ya habían pagado por el terreno,
que si no había recogido el dinero no era su problema,
y que si debían algo pagarían hasta el último centavo.
Pero eso es falso; no tengo conocimiento de ningún
pago de indemnización para el ejido. Quizá la CFE
hizo un depósito en el Fifonafe (Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal), pero eso fue sin
la autorización de los ejidatarios y además ignoramos
la cantidad, porque ya habíamos rechazado la oferta
que nos hicieron."
De 43 años, padre de cinco hijos -el más pequeño de 10-, Villa
Montes comenta que también en abril pasado lo visitaron
empleados de la CFE acompañados por policías judiciales
del estado, para "ofrecerme 3 millones de pesos.
Rechacé el dinero y les dije que no queremos un basurero
en las tierras. Por las detonaciones que hicieron,
perdimos el agua de los pozos y nadie se hace cargo
de esa situación ni de la salud de las familias. Afrontaré
las amenazas, incluso a costa de mi vida, pero lo
que importa es que el gobierno federal nos escuche".
Familias de la zona interpusieron cuatro amparos contra la
construcción de
la hidroeléctrica. De cada uno lograron
la suspensión de plano; sin embargo, la CFE los ha
violado sistemáticamente, informó el abogado Pedro
León Corrales, integrante del Instituto de Derecho
Ambiental.
La paraestatal, abundó, sigue erigiendo las torres de electricidad,
extrae piedra del banco de material, presiona a ejidatarios
y pequeños propietarios para que abandonen sus tierras
e inclusive puso un retén en el camino al ejido Cantiles,
lo que ha alterado la vida de las familias. Ante ello,
los afectados interpondrán una denuncia, agregó.
Evangelina Peña narró el drama de las 30 familias
del ejido Los Ciruelos, donde hay nueve variedades
de ese fruto que no se cultivan en otros sitios. "Desaparecerán
mil 500 hectáreas de frutales, la zona urbana y una
pequeña parte prehispánica. Cerca de 10 mil árboles
de ciruelo quedarían bajo el agua del río Santiago".
Las comunidades indígenas han perdido hasta tres
cuartas partes de sus territorios. (La Jornada,
Blanche Petrich,
p.web)
Sábado 3 diciembre
2005
Buscan destrabar los conflictos
por la tenencia de la tierra en la Tarahumara
Chihuahua, Chih.,
30 de diciembre. En un esfuerzo por desbloquear viejos
y nuevos conflictos de tenencia de la tierra de pueblos
rarámuri y ódame en la sierra Tarahumara, representantes
indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG)
y autoridades firmaron aquí un compromiso para incluir
estas querellas agrarias que llevan décadas -algunas
hasta 70 años- atoradas en los tribunales en la agenda
del Acuerdo Nacional para el Campo.
Como resultado del foro Problemas
agrarios en territorios indígenas, que concluyó hoy,
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural
y la Procuraduría Agraria estatal acordaron
que el gobernador José Reyes Baeza gestione directamente
con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame, la atención y solución de los cinco casos de afectación
de territorios indígenas más urgentes: Pino Gordo,
Wawatzérare, Bakeachi, Huicórachi y Mala Noche. En cada uno de estos expedientes,
las comunidades indias han perdido hasta tres cuartas
partes de sus respectivos territorios por historias
de despojo de caciques mestizos, con frecuencia ligados
a la narcosiembra y favorecidos
por los tribunales agrarios y las acciones de autoridades.
Otra veintena de casos también serán objeto de seguimiento
prioritario.
En los resolutivos firmados por
todas las partes, la Secretaría de Desarrollo Social
estatal y la SRA figuran como "garantes"
para asegurar que todas las instancias involucradas
en los conflictos cumplan los fallos legales que otorguen
a los pueblos de la sierra derechos sobre sus territorios.
Bordando sobre asuntos muy críticos
de pugnas por las tierras que en el pasado cobraron
cuotas de sangre y que amenazan constantemente con
desbordar los cauces legales, el foro pretendió, precisamente,
"evitar que estos conflictos lleguen a encender
focos rojos" en el estado, señaló en la clausura
la abogada Estela Mondragón, veterana defensora de
asuntos agrarios, de la organización Bowerasa, que significa en rarámuri
"haciendo camino". Lo que no queremos, dijo,
"es que tenga que correr sangre ódame
o rarámuri para que finalmente
impere el derecho en esas tierras".
"No vamos a poner los muertos"
La frase de la abogada sobre los
focos rojos vino a colación por la respuesta que hace
no mucho les dio un funcionario de la SRA cuando,
después de interminables trámites que tomaron años,
devolvió el expediente a los indígenas de Wawatzérare,
que reclaman el reconocimiento de su propiedad sobre
una dotación original de 42 mil hectáreas, de las
cuales sólo les reconocen una cuarta parte, ya que
el resto ha sido invadido, talado y escriturado por
inmigrantes mestizos; chabochis, como les llaman en la sierra.
"¡Uy!
- dijo el funcionario de la ventanilla de la SRA cuando
Patrocinio, gobernador de la comunidad, reclamó porque
la devolución del expediente hacía retroceder el proceso
a su punto de partida-, este caso no tiene para cuándo.
Ni siquiera está en focos amarillos. Y aquí sólo atendemos
cuando hay focos rojos".
"¿Focos rojos? ¿Cuáles?",
preguntó el indio. "Muertos, al menos un muerto
para encender los focos rojos".
Indignado, Patrocinio, que llegó
a dominar el castellano gracias a sus lides
con leyes y autoridades, le contestó: "Pues si
quieren un muerto, pónganlo ustedes".
Wawatzérare es un
caso emblemático de la arbitrariedad. Data de 1955,
cuando por resolución presidencial se dotó de 42 mil
hectáreas a los pobladores originarios, que son nómadas.
En verano siembran y cosechan en lo alto de las barrancas
y en los crudos inviernos se refugian en las partes
bajas.
La resolución no se ejecutó hasta
1972, pero cuando los pobladores recibieron sus actas
de propiedad contenían escrituras por 22 mil hectáreas,
apenas la mitad, porque ganaderos invasores habían
escriturado a sus espaldas los predios restantes.
Treinta años de trámites infructuosos culminaron con
una demanda del pueblo contra la SRA en 2004. Entre
tanto, esta misma comunidad perdió otra mitad de su
territorio fragmentado cuando otro tribunal concedió
a un ejido vecino, Pahuichique, otras 10 mil hectáreas en una "sobreposición de acciones agrarias".
En enero de este año el Tribunal
Unitario Agrario falló en favor de los indígenas;
la SRA impugnó y seis meses después la sentencia fue
revocada por un tribunal superior. De modo que las
resoluciones que "beneficiaron" a los indios
terminaron por despojarlos de tres cuartas partes
de su territorio. La situación se ha agravado con
las amenazas del visitador de la Procuraduría Agraria
con sede en Cuauhtémoc, quien les advirtió que si
no desocupan las tierras que han habitado desde tiempos
inmemoriales serán desalojados por el Ejército.
Cuando se habla de violencia en
los pueblos tarahumaras,
la gente se lo toma en serio, aunque en Reforma Agraria
y en el gobierno estatal no tengan encendidos los
focos rojos. Ahí está el caso reciente de la gente
de Bakeachi. Los ganaderos
que pretenden quedarse con sus tierras por la vía
de fallos agrarios sesgados envenenaron en marzo los
pastizales. Pudo ser una catástrofe, ya que un día
de fiesta la comunidad mató una vaca. Algunos perros
se adelantaron al banquete y devoraron las vísceras.
Seis canes murieron en el acto.
También está entre los participantes
Isidoro Valdenegro, de Coloradas
de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. El padre
de Isidoro, Julio Valdenegro, organizó una de las primeras huelgas contra la
tala ilegal de su ejido. Fue asesinado en 1986. El
hijo siguió sus pasos. En marzo de 2003 fue víctima
de un cuatro de la judicial estatal, que le sembró
droga y armas. Pasó casi un año en la cárcel. La familia
del cacique local, Artemio Fontes,
conocido narcotraficante de la región, lo tiene amenazado
de muerte. Valdenegro recibió
este año el premio Goldman
por su defensa de los bosques; el mismo que años antes
fue entregado a Teodoro Cabrera, Rodolfo Montiel y Felipe Arriaga, campesinos
ecologistas de Petatlán,
Guerrero.
Fontes también
hace otro tipo de amenazas. Es Adelina, una mujer
de la comunidad que participó en el foro, la que explica:
"Don Artemio, el señor cacique, nos dijo: no
vayan a Chihuahua, no se muevan. De todos modos no
va a servir de nada. Y si van los van a encerrar,
les van a quitar sus credenciales".
De todos modos vinieron 150 representantes
de más de 20 pueblos con graves problemas de tierras.
Expusieron sus casos en el palacio de gobierno, asombrados
de ser los murales que en ese recinto ilustran la
cruenta colonización del tarahumara
en manos de los españoles. Y negociaron en corto,
caso por caso y con las ONG como testigos y asesores,
el curso de sus querellas legales. Al final lograron
que el gobierno estatal les ofrezca ser "garante"
de que la ley se va a cumplir. "Aunque lo malo
-comenta el gobernador de Bakeáchic,
Patricio Chávez- es que es ley chabochi.
Mejor sería si fuera nuestra ley."
El foro fue organizado por activistas
de derechos indígenas, Consultoría Técnica Comunitaria,
el grupo de defensa legal Bowerasa,
ANIPA y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos (Cosyddhac),
con la asistencia de la Coordinadora Estatal de la
Tarahumara, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos y la diócesis de la región.
Exhortan a propietarios de tierras a incorporarse
al Procede. (Mi Morelia.com, América
Juárez, p.web).
Morelia, Mich.,
2 de diciembre del 2005.- Cerca de 625 mil hectáreas
de superficie social en Michoacán continúan sin ser
reguladas, sin embargo hasta la fecha ya se logró
avalar la propiedad de dos millones 341 mil hectáreas,
mismas que corresponden al 87 por ciento de tierras
que son usadas por ejidos, parcelas o comunidades
en la entidad.
Por tal motivo, la Procuraduría
Agrario lanzo un ultimátum a los dueños de tierras
para que se incorporen al Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede)
en Michoacán, ya que de no hacerlo no gozarán de los
beneficios que se otorgan a través de este programa.
En este sentido, Alonso Medina
delegado de esta instancia federal en Michoacán, comentó
que con este instrumento los campesinos pueden tener
todos sus documentos en regla con los trámites gratuitos,
pero de no acogerse a este beneficio, las gestiones
posteriores tendrán un costo.
Indicó que hasta la fecha en Michoacán,
se tienen regularizadas de los dos millones 786 mil
hectáreas considerada superficie social, un 87 por
ciento, cantidad que corresponde, a un total de mil
833 núcleos agrarios.
Sin embargo, actualmente existe
una negativa por parte de 86 núcleos ejidales para
su incorporación, esto significa que al menos 132
mil hectáreas quedarían sin certificados que garanticen
su propiedad, lo cual originaria incertidumbre jurídica.
A su vez, de las 622 mil hectáreas
que faltan por regularizar un 59 por ciento de estas
se encuentra en proceso de adquisición de títulos
que avalen a las personas como legítimos dueños de
estas propiedades, mientras que 11 núcleos ejidales
se ven impedidos para lograr integrarse a este programa
por razones legales.
Por esto, se esta dando el último
aviso para concluir este programa, a través del cual
se han entregado 402 mil 440 documentos agrarios,
entre certificados parcelarios, de uso común, y títulos
solares que amparan la legitima propiedad de las tierras.
Cabe mencionar que con el precierre de este programa Michoacán se convierte en la vigésima novena entidad que cumple con en esta etapa del cierre de operación del Procede, desde su puesta en marcha en el año de 1992.
SRA avanza en resolución de conflictos agrarios. (El Economista, Notimex, p.web).
Viernes 2 de Diciembre,05
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha resuelto
en lo que va de la actual administración federal 10
de los 14 principales conflictos rurales mediante
un programa para la atención de “focos rojos”, además
de crear estrategias para arraigar a jóvenes al campo
y proveer a adultos mayores de un fondo de retiro.
En junio de 2003, la Presidencia de la República instruyó al
titular de la SRA, Florencio Salazar Adame,
a que identificara los principales conflictos agrarios
del país, localizándose 14, por los que a lo largo
de la historia se registraron 228 enfrentamientos
que dejaron 786 muertos y mil 349 heridos.
Los 10 conflicto que se han resuelto mediante canales institucionales
que proveyó el gobierno federal se ubican en Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Durango,
Zacatecas, Jalisco y Nayarit, cuyos problemas tienen
un promedio de existencia de más de 50 años.
Los focos rojos a los que se les está dando atención y que
se espera concluyan en 2006 se encuentran en Sonora,
con la tribu yaqui; en Oaxaca, en una zona con cinco
conflictos; en Michoacán, en la meseta purépecha, y en Chiapas, en la selva Lacandona.
La dependencia espera resolver este año los dos primeros y
los otros dos quedarán para su solución hasta 2006,
antes de que termine esta administración.
Es importante resolver esos conflictos porque su existencia
provoca agresiones al ambiente, lastima el desarrollo
social e inhibe el desarrollo económico, además de
afectar la gobernabilidad, porque los grupos involucrados
toman la justicia en sus manos ignorando los mecanismos
institucionales.
Por otra parte, el titular de la dependencia puso en marcha
este año en Guerrero los programas complementarios
“Joven Emprendedor”, cuyo objetivo es radicarlos en
el sector rural para evitar su migración a Estados
Unidos, y “Fondo de Tierras”, para proveer a los campesinos
adultos mayores de un fondo de retiro.
Asimismo, el 10 de junio pasado Salazar Adame
informó en Michoacán que debido a los resultados favorables
que tuvieron ambos programas en los 10 estados donde
se establecieron, se pusieron en operación en todas
las entidades federativas.
En febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó que la SRA debería pagar como
indemnización a los dueños del paraje conocido como
Santa Ursula Coapa la cantidad
de 199 millones de pesos en vez del monto fijado en
primera instancia de mil 214 millones, cantidad que
se deberá pagar hasta 2009.
En tanto, la Procuraduría Agraria, a cargo de Isaías
Rivera Rodríguez, pretende cumplir con el compromiso
de terminar con el Programa de Certificación de
Ejidos y Solares Urbanos (Procede) para 2006,
cuando se tendrá ordenada la mayor parte del territorio
nacional.
A lo largo de la existencia de este programa, que se inició
en 1993, se han certificado 88 por ciento de los núcleos
agrarios y 81 por ciento de la superficie de la propiedad
social.
Esto corresponde a 87 millones de hectáreas, lo que redunda
en beneficio de cuatro millones de campesinos beneficiados
por el programa, al tener la seguridad de la tenencia
de la tierra.
Al finalizar este programa el próximo año, 100 por ciento de
los núcleos agrarios del territorio nacional habrán
tenido la posibilidad de incorporarse.
Sin embargo, quedará un porcentaje reducido que no se adhiera
a este programa, en especial en los estados de Michoacán,
Chiapas, Oaxaca y parte de Veracruz, que tienen mayor
presencia indígena, así como problemas históricos
por la tierra.
En el Procede se han invertido más de 10,500 millones de pesos desde su inicio, y quedará instaurado un programa de ventanilla para que todo aquel núcleo o sujeto agrario que quiera certificar su tierra pueda hacerlo.
Nuevos embates a la tierra: El caso Tetela. (La Jornada de Morelos,
Alejandro Cruz, p.web).
Sábado 3 de Diciembre, 05
El problema de la tierra no es nuevo, data de hace muchos años.
En Tetela del Monte, igual
que pasó en Tejalpa como en Ahuatepec y otras
partes del Estado, no es más que reflejo de los grupos
caciquiles, algunos integrados
a ciertos partidos políticos, como el caso de Leoba Morales y compañía, otros como empresarios como Julio
Mitre y finalmente a ellos, grupos minoritarios de
ejidatarios que buscan lucrar con lo que queda de
la tierra. El ejido de Tetela
del Monte cuenta con una superficie de 700 hectáreas.
A raíz de la aplicación del Procede en 1996
se destina el 1.47 de las tierras de uso común entre
los ejidatarios dividendo la superficie en 211 hectáreas
de tierras para uso común para cada uno. Hace tiempo
escribía en este mismo diario en un articulo titulado
Los mitos del desarrollo, que los grupos caciquiles
siempre han promovido la idea de un desarrollo con
poca visión en el corto, mediano y largo plazo, lo
cual refleja los intereses personales de algunos y
las consecuencias desastrosas para muchos. Por ejemplo,
en Tejalpa el despojo de
tierras nos ha llevado al deterioro ambiental hasta
el grado de que en el ejido ya no puede producirse
nada por los desechos tóxicos de las empresas, resultado,
vender la tierra. Lo lamentable es que, en Tetela del Monte, el poder caciquil ha encontrado la forma
de hacer su negocio inmobiliario como una forma de
vida apoyado por intereses
políticos y empresariales a costa de lo que sea. Los
gobiernos municipales y estatales siempre han metido
las manos en los conflictos agrarios, igual que la
misma Procuraduría
Agraria, y en este caso, en Tetela
pasó lo mismo. Esto tiene una lógica por demás ambiciosa
dado que parte de esa zona se tienen planes de un
libramiento. Actualmente el padrón de ejidatarios
de Tetela es de 134 de cuales sólo 64 tienen derechos reconocidos
y vigentes según el reglamento interno del ejido.
La demencia voraz de los liderazgos nunca ha tomado
ni le interesa los impactos que esto puede provocar,
dado que sus motivos son estrictamente económicos.
Lo que aquí se requiere es un amplio respaldo de todos
los ejidos del estado que han vivido la trágica experiencia
y desastre que han traído los intereses de esos seudo
líderes. Un amplio movimiento social de ejidatarios
en apoyo a los ejidatarios de Tetela
no tiene otro objetivo más que proteger los pocos
recursos que quedan para las nuevas generaciones.
Por experiencia durante muchos años hemos sido testigos
del impacto que tiene el crecimiento de la mancha
urbana, sobre todo en la zona conurbada
a la ciudad de Cuernavaca. Una de las contradicciones
es que la Semarnat ha clasificado
las tierras ejidales de Tetela
como bosque de clima templado-frío lo cual impide
que éste pueda ser fraccionado, parcelado o vendido.
Contradicción cuando algunos grupos han intentado
realizar el aparcelamiento
y al no conseguirlo por esta vía lo tiene que hacer
generando conflictos sociales en la comunidad. No
podemos seguir en una cultura que ha formado actitudes
en los campesinos como actores despojados, Morelos
cuna de una revolución agraria, no enseñó que el despojo
no es un problema de los campesinos sino de empresarios
voraces y ahora seudolíderes respaldados por partidos políticos, hay proyectos
alternativos a los fraccionamientos, hay experiencias
exitosas de proyectos sociales hechas en tierras comunales
y ejidales por grupos de campesinos, esas experiencias
tienen que recuperarse por responden a intereses colectivos
y no privados, tenemos las experiencias de los ejidatarios
de Jiutepec con su balneario Las Fuentes, los de Tejalpa con su reserva ecológica El Texcal, otros con sus
jardines etnobotanicos;
proyectos que reproducen el papel social y cultural
de los núcleos agrarios con propósitos colectivos.
Por tanto, no hay ni existe ninguna razón para promover
servicios inmobiliarios y destruir los recursos. Una
alternativa social tiene más impacto que una privada,
dado que los intereses públicos son más fuertes que
los privados, por tanto busquemos, en un conflicto
social promovido por los intereses de algunos, una
solución social, la de la movilización de los ejidos
del Estado.
Termina en fiesta protesta de Calderón. (La Jornada, La Crónica de Hoy, Diario de México, p.web).
Asisten unos 18 mil simpatizantes.
Cobijado con el apoyo de unos 18 mil simpatizantes y 79 personalidades
y dirigentes del PAN, terminó la ceremonia de toma
de protesta de Felipe Calderón.
Domingo 4 de Diciembre,
05
Cobijado con el apoyo de unos 18 mil simpatizantes y por el
presídium de 79 personalidades y dirigentes del PAN, 11 de
ellos integrantes del gabinete presidencial, terminó
la ceremonia de toma de protesta de su abanderado
Felipe Calderón.
De acuerdo a lo previsto, el acto duró 75 minutos en los que
el apoyo ciudadano y político del Partido Acción Nacional
(PAN) fue otorgado a Calderón Hinojosa, así como el
voto de confianza para que contienda en los comicios
federales de 2006 y refrende la Presidencia de la
República.
En tanto, en la explanada principal del Palacio de los Deportes
Felipe Calderón dirigió un mensaje los militantes
que no pudieron entrar por falta de cupo, y dijo:
"vamos a ganar las elecciones de 2006 y quiero
darles las gracias por el apoyo recibido".
En medio de una nube de confeti, el panista
se comprometió a trabajar por el bien de las futuras
generaciones y enfatizó: "vamos a levantar una
ola azul para ahogar la marea roja y amarilla que
agobian al país".
Por otra parte, dio a conocer que en las últimas semanas ha
alcanzado e incluso rebasado a sus adversarios políticos,
de ahí la confianza de que alcanzará la meta de ganar
en la urnas el próximo año.
Cientos de globos color azul, blanco y naranja, así como una
gran lluvia de papirotecnía
cubrió a los asistentes al
Palacio de los Deportes, al término del acto que ubica
a Felipe Calderón como el hombre que representará
al partido en el poder.
Los invitados de honor, todos ellos colocados a manera de media
luna como parte del escenario central, son los secretarios
de estado: Josefina Vázquez Mota, Eduardo Sojo,
Pedro Cerisola, Luis Ernesto Derbez, Florencio Salazar, Rodolfo Elizondo.
Asimismo, Fernando Canales, Eduardo Romero Ramos, Francisco
Xavier Salazar, Ana Teresa Aranda y Ramón Muñoz Gutiérrez.
Persisten focos rojos en el agro, acepta Isaías
Rivera.
(El Sol de México, Bertha
Becerra, p.web).
En materia agraria, en el país hay 14 focos rojos y 442 amarillos;
de los primeros, sólo en la Meseta Purépecha,
en Michoacán, hay 58 conflictos. A la fecha, ya de
estos focos rojos se han resuelto 10; el compromiso
en este 2005 fue de resolver dos más y el año que
entra, el resto. En el caso de los amarillos identificados
ya se resolvieron 243, reconoció el procurador
agrario, Isaías Rivera Rodríguez.
En comparecencia en el Senado de la República, refirió que
en el caso de los damnificados por el huracán "Stan"
en Chiapas, se tienen compromisos presidenciales para
financiar 140 proyectos productivos con una erogación
de 31.3 millones de pesos para tratar de compensar
a quienes resultaron afectados por el meteoro. Informó
que también tiene conocimiento que del Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal se entregaron
recursos de retiro de fondos comunes a los núcleos
agrarios afectadospor un monto de 1.5 millones de pesos, para beneficio
de mil 510 sujetos agrarios.
Adicional a estas acciones está el compromiso de localizar
predios factibles de adquisición para la reubicación
de asentamientos humanos de las zonas afectadas. Estas
acciones que realiza el sector agrario cuentan con
el apoyo jurídico y la realización de todos los trabajos
técnicos y topográficos que resulten necesarios.
Y otro compromiso es la expedición de los documentos agrarios,
los títulos o certificados parcelarios por el cual
se libera de pago los derechos que implica recibir
la reposición de estos documentos, para entregar a
todos y cada uno de los afectados sus documentos agrarios
sin ningún costo.
Al referirse a la problemática del sector, dijo que el Registro
Agrario Nacional tiene que consolidarse y fortalecer
su actuación y, sobre todo, en proyección a los grandes
asuntos como el Catastro Rural de la Tierra en el
país; esto es, que se empate la información de la
propiedad social a la que corresponde el 52 por ciento
del territorio nacional con la correspondiente a la
propiedad privada, para contar con información homogénea
y se puedan diseñar políticas públicas de desarrollo
en el campo.
En materia del Procede, dijo que hay avances importantes. A
la fecha se cuenta con el 89 por ciento de los núcleos
agrarios del país ya debidamente regularizados.
Recordó que son 30 mil los núcleos agrarios en todo el territorio
nacional y de éstos, el 89 por ciento ya están regularizados.
La superficie que involucra esto es alrededor del
82 por ciento del territorio nacional. "Sólo
este año la meta fue llegar a regularizar ocho millones
de hectáreas y el próximo podrían ser 3.5 millones
de hectáreas.
"Es indispensable que se fortalezca la justicia agraria,
toda su estructura, el aparato que se creó para esos
efectos", recalcó el doctor Rivera Rodríguez.
De este modo, el procurador agrario admitió: "Hoy por
hoy debemos reconocer que en algunos aspectos la Procuraduría
Agraria no cumple con la totalidad de sus atribuciones
o lo ha hecho de manera limitada, porque tiene otras
responsabilidades que se le han asignado, como es
el caso del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede)".
Asimismo, destacó que la Procuraduría Agraria tiene limitaciones
para asesorar o representar a los sujetos agrarios
en temas vinculados con la Ley Agraria y sus disposiciones.
Al efecto, resaltó que se requieren reformas al marco legal
para que la dependencia a su cargo pueda ampliar sus
facultades para poder actuar, poder asesorar o representar
a los sujetos agrarios en cualquier materia que se
vincule con asuntos que afecten sus derechos agrarios.
"Esto le permitirá a la Procuraduría Agraria
una amplitud de visión, darle nueva proyección y connotación,
sobre todo a partir de la terminación del Procede".
La presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, la senadora
priísta Arely Madrid Tovilla,
se refirió al poderío de ciertas "manos extrañas"
en el campo; "concretamente en la zona de Baja
California, en donde cada día se vuelve más pulverizada
y (está) en
manos extrañas la tierra, y en donde no hay una defensa
real para los campesinos en cuanto que les compran
sus tierras y entran terceros, porque pagan en dólares".
Prensa Estatal
CHIAPAS
En Chiapas, 366 hectáreas para asentamientos humanos:
Sedeso. (La Jornada, Alma Muñoz, p.web).
$15 mil millones para reubicar a afectados por Stan.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
determinó que en Tapachula existen 366 hectáreas que
son aptas para asentamientos humanos, una vez que
el Instituto de la Vivienda de Chiapas, en ese municipio,
sólo tenía como reserva territorial tres.
En un análisis más a detalle sobre los daños provocados por
el ciclón Stan en
esa comunidad, la dependencia estableció que reubicar
tan sólo a más de 3 mil 700 familias -que antes del
paso del meteoro vivían en zonas de alto riesgo- significará
una inversión de 38.8 millones de pesos.
De acuerdo con el recuento oficial, más de 50 mil viviendas
resultaron afectadas, de las cuales 21 mil quedaron
derruidas, y se estima que el gasto total ascenderá
a más de 15 mil millones de pesos. La Sedeso estableció que de esas casas, requieren ser reubicadas
mil 939 en la zona rural y 6 mil 227 en la urbana,
aunque entre las dos suman 18 mil 282 las que, según
su estudio, tuvieron daño total, siendo las más afectadas
las del área rural.
A partir de ello establece que, en su mayoría, aquellos que
perdieron sus casas o requieren asentarse en otro
sitio perciben menos de 2 mil pesos mensuales como
ingreso, y que en promedio 40 por ciento es beneficiario
de programas sociales.
El estudio también contiene una evaluación, según cada jefe
de familia. Resalta que de entre los que padecieron
pérdida total, al menos mil 352 son discapacitados
(y los más afectados son del área rural, porque representan
44.35 por ciento del total de hogares así clasificados,
mil 869); 2 mil 545 adultos mayores; 12 mil 93 hombres,
y 6 mil 184 mujeres.
Señala que en Tapachula de Córdoba, de 10 mil 890 viviendas,
3 mil 910 sufrieron daños totales y 3 mil 793 requieren
ser reubicadas; en Huixtla, de 3 mil 709, 996 están en pérdida total y 2 mil
21 serán relocalizadas;
en Motozintla, de 2 mil
443, mil 174 se dañaron por completo y mil 413 se
reubicarán; en Arriaga y Tonalá, de 119 y 152 contabilizadas, respectivamente,
41 y 89 se perdieron, en ese orden, mientras 46 y
27, respectivamente, se trasladarán a otro lugar.
La Sedeso menciona a San
Antonio, Los Palacios y San Roque como los sitios
donde se reubicarían a 3 mil 796 familias, y el costo
por hectárea es de 535 mil pesos.
DISTRITO FEDERAL
La UAM se desiste; busca predio para nueva unidad. (La Jornada, Laura Poy, p.web)
Conservará el terreno impugnado en Cuajimalpa.
A más de un año de que comenzó el proyecto para construir la
unidad Cuajimalpa de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y ante la
oposición de un sector ''acaudalado'' de vecinos de
la zona de Contadero, autoridades de esa institución
reconocieron que no será posible concretar el nuevo
plantel, a pesar de la inversión de 187 millones de
pesos para adquirir el predio de 12.5 hectáreas conocido
como El Encinal.
Magdalena Fresán Orozco, rectora
de la UAM-Cuajimalpa, aseguró
que pese a los "tropiezos y obstáculos"
que enfrentó la edificación de la cuarta unidad, "podemos
afirmar que es una realidad que permitirá consolidar
no sólo el crecimiento de la matrícula universitaria,
sino ofrecer una educación superior de calidad con
centros de investigación de excelencia".
Concebido como uno de los proyectos académicos más ambiciosos
de la institución, con el que busca incrementar su
cobertura educativa en 25 por ciento, la construcción
de la UAM-Cuajimalpa se
proyectó en un primer momento en un terreno donado
por el Gobierno del Distrito Federal en las inmediaciones
del centro comercial de Santa Fe, conocido como El
Escorpión, cuya propiedad entró en litigio luego de
que un particular, Mayolo
Soto Segura, interpuso un juicio para reclamar derechos
de propiedad.
Tras localizar un nuevo terreno, en junio de este año, la universidad
concluyó el proceso de compra-venta del predio donde
se ubicaba la empresa envasadora de champiñones Monte
Blanco, localizada en una zona privilegiada del poniente
de la ciudad y rodeada de exclusivos fraccionamientos,
casas de descanso y un club hípico.
A mediados de ese mismo mes, vecinos de la zona de Contadero
organizaron una campaña mediática contra el proyecto,
al asegurar que el terreno se ubicaba en una reserva
ecológica y que la construcción de la unidad Cuajimalpa afectaría el área boscosa, pese a que en la zona
se han construido diversas residencias.
También aseguraron que la presencia de "miles de estudiantes"
generaría problemas de tránsito vehicular al carecer
de suficientes vialidades.
Si bien autoridades de la UAM iniciaron acciones para impulsar
un acuerdo con el grupo de vecinos inconformes, a
quienes se presentó el proyecto académico y cultural
de la unidad Cuajimalpa,
y de que el entonces rector general de la UAM Luis
Mier y Teherán insistió
en que la reserva ecológica donde se ubica El Encinal
no sería dañada por las obras de construcción ni por
las actividades académicas que ahí se realizarían,
los obstáculos para obtener la autorización del cambio
oficial en el uso de suelo impidió que comenzara la
edificación de la cuarta unidad.
Con el compromiso de arrancar labores académicas en el nuevo
plantel en septiembre de 2005, autoridades de la UAM
suscribieron un convenio "solidario" con
la Universidad Iberoamericana (Uia),
la que albergó en sus instalaciones de Santa Fe una
sede alterna para los 200 alumnos y más de 40 profesores
de cinco licenciaturas: ingeniería en computación,
matemáticas aplicadas, diseño, derecho y administración.
A pesar de que el convenio permitirá que los estudiantes continúen
con su formación académica en las instalaciones de
la Uia hasta abril de 2006, José Lema Labadie,
nuevo rector general de la UAM, afirmó que ya se tienen
localizados varios terrenos en el poniente del Distrito
Federal y el estado de México, a fin de que, a más
tardar en febrero próximo, se concrete la adquisición
de un nuevo predio donde las labores de construcción
"iniciarán de inmediato".
Por su parte, Fresán Orozco aseguró
que el proceso de selección e ingreso de la segunda
generación se realizará de acuerdo con lo estipulado
por la normatividad interna, por lo que calcula que
la matrícula estudiantil se incrementará hasta en
600 alumnos.
En cuanto al posible uso académico que tendrá el predio conocido
como El Encinal, Lema Labadie
insistió en que la UAM "no vende ni regala sus
terrenos, pues seguramente encontraremos en un futuro
cercano un uso adecuado para impulsar el desarrollo
de la institución", por lo que no descartó la
construcción de un centro de investigaciones ambientales,
además de otras propuestas culturales y deportivas.
Al respecto, Fresán Orozco rechazó
que exista un despilfarro de recursos, y aseguró que
la unidad Cuajimalpa seguirá buscando los proyectos académicos que mejor
se adapten a las condiciones de uso y aprovechamiento
de la zona, "sin afectar el medio ambiente, pero
sin perder el derecho otorgado sobre el predio, porque
la UAM es uno de los mejores vecinos que se pueda
tener".
ESTADO DE MÉXICO
Estrategia gubernamental divide lucha de mazahuas en el Edomex. (La Jornada, Israel Dávila, p.web).
El gobierno federal ha incumplido compromisos firmados
en 2004
La Conagua sólo introdujo
redes de agua potable en seis comunidades y dejó fuera
a cinco
La comunidad mazahua de San Idelfonso, estado de México, protesta por las afectaciones
que sufrió al secarse el manantial que los abastecía
de agua, y que atribuyen a la tala indiscriminada
autorizada por la Semarnat
FOTOS Agencia MVT/Mario Vázquez de la Torre
Villa de Allende, Mex., 4 de diciembre.
La unidad con la que el Frente para la Defensa de
los Derechos Humanos y Recursos Naturales del Pueblo
Mazahua (FDDHRNPM) luchó
durante año y medio, para conseguir que las autoridades
federales indemnizaran por daños causados a cultivos
y por dignificar la vida en comunidades indígenas,
quedó atrás.
El FDDHRNPM, originario de esta localidad, hoy está dividido
no sólo por cuestiones de dinero, sino por una estrategia
gubernamental que ha ahondado las diferencias al privilegiar
a unos sobre otros.
Los más de 500 campesinos que se manifestaron ante la planta
potabilizadora de Berros, perteneciente al Sistema
Cutzamala, con la amenaza
de cerrar las válvulas que suministran agua a más
de 20 millones de habitantes en el centro del país,
ahora están enfrentados.
El gobierno federal ha capitalizado la situación para no cumplir
con los compromisos firmados para dotar de infraestructura
a las comunidades de la microcuenca
conformada en Villa de Allende, Villa Victoria y Donato
Guerra.
De aquella organización unida que arrebató a la Secretaría
de Gobernación un acuerdo para dignificar la vida
en más de una docena de poblados de esos tres municipios,
ahora existen dos fracciones.
Por un lado está el Frente Mazahua,
integrado por 10 de las 11 comandantas que
el 15 de septiembre del 2004 formaron el Ejército
de Mujeres Mazahuas Zapatistas, y por otro, el Movimiento Mazahua,
dirigido por Santiago Pérez Alvarado, quien fue representante
legal del frente, y por Victoria Martínez Arriaga,
la principal comandanta del ejército indígena.
El inicio de la lucha
En septiembre de 2003, más de 300 hectáreas cultivadas en diversas
comunidades de Villa de Allende quedaron inundadas
por el mal manejo de la presa de Villa Victoria, parte
del Sistema Cutzamala. Los
labriegos exigieron a la autoridad durante meses indemnización
por los daños en sus siembras, reclamos que no tuvieron
eco.Luego de un año sin
respuesta, las mujeres mazahuas
de Villa de Allende decidieron asumir el control de
la lucha y formaron el Ejército de Mujeres Mazahuas
Zapatistas.
Con apoyo de los poblados Donato Guerra y Villa Victoria, hicieron
diversas movilizaciones en la ciudad de México, hasta
que la Secretaría de Gobernación aceptó dar entrada
a sus reclamos.
Así, en octubre de 2004, la autoridad federal se comprometió
a pagar a los mazahuas por
sus hectáreas dañadas en los ciclos 2003 y 2004, año
este último en que no pudieron sembrar por falta de
recursos.
Además, la dependencia ofreció dotar de infraestructura a esas
comunidades e impulsar su desarrollo, al introducir
sistemas de agua potable en caseríos de Villa de Allende,
que carecieron del servicio durante 20 años, a pesar
de que de esa región se extrae la mitad del agua que
se destina al centro del país. Se les apoyaría también,
según se dijo, con insumos agrícolas para mejorar
la producción de maíz, avena y cebada, y se impulsarían
proyectos productivos, como invernaderos, con el propósito
de desarrollar cultivos alternativos rentables, como
el de hortalizas.
La división
Pasaron dos meses luego de la firma del acuerdo sin que Gobernación
cumpliera lo pactado. La paciencia de los campesinos
se agotó. El desgaste era evidente tras un año de
lucha. El gobierno federal entregó, en diciembre de
2004, 111 cheques para cubrir la afectación de cultivos,
pero los documentos no tenían fondos.
Los afectados pudieron cobrar la indemnización dos meses más
tarde, a razón de 5 mil 700 pesos por hectárea para
el ciclo 2003, y 2 mil 700 para el ciclo 2004. Uno
de los acuerdos internos en la organización era que
los ejidatarios sólo recibirían el pago correspondiente
a 2003, y que el beneficio de 2004 se destinaría a
sostener el movimiento, así como a proyectos productivos.
Y con esto se dio el primer diferendo, porque muchos ejidatarios,
ya con dinero en mano, no aceptaron cumplir el trato
exigido por su representante legal, Santiago Pérez
Alvarado, quien, dicen algunos, también pretendía
quedarse con 20 por ciento del monto de las indemnizaciones
que obtuvieron, como pago por sus servicios legales.
Campesinos de San Isidro, Berros, El Jacal, Salitre del Cerro
y Mesas de San Martín, se negaron a pagar.Pero
la división se concretó cuando la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) empezó la introducción de redes de agua potable para
las comunidades de San Isidro, San Cayetano, Soledad
del Salitre, El Jacal, Salitre del Cerro y Los Berros,
todas ellas bajo el control del Ejército de Mujeres
Mazahuas Zapatistas.
Dejó fuera a Loma de Juárez, El Aventurero, San Felipe
Santiago, San Jerónimo y Tres Puentes, última comunidad
en integrarse a la lucha, y bajo la tutela del asesor
Santiago Pérez Alvarado.
Las comunidades beneficiadas no sólo obtuvieron agua potable
e invernaderos, sino algunas, como San Isidro, lograron
la pavimentación de varias calles, lo cual no estaba
pactado en el convenio de octubre de 2004.
Todo ello causó más encono en la organización. Y se sumaron
nuevos diferendos por el manejo de la maquinaria agrícola
que les entregó el gobierno, y por sus rendimientos,
entre otros, hasta que se escindieron y cada fracción
consiguió un asesor. Entró
entonces en escena Manuel Araujo, de San Isidro, quien
es ahora el asesor del Frente Mazahua.
El gobierno federal sólo cumplió sus compromisos con una parte
de la organización, y marginó a la otra. Sigue pendiente
la introducción de agua potable para más de 15 mil
personas, de San Jerónimo, San Felipe Santiago, Loma
de Juárez, San Miguel Xontepec
y el Aventurero, de Villa de Allende, y Tres Puentes,
de Donato Guerra. Manuel Araujo, ahora contrario a
Pérez Alvarado, reconoce que el gobierno federal "hizo
lo suyo" para ahondar las diferencias.
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