CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MARTES 23 DE AGOSTO DE 2005

OCHO COLUMNAS

 

 

Enchueca Gobierno promesa

Promete Fox en marzo no legalizar los autos “chocolate”, ayer cambió su postura

 

 

Refuerza combate contra delincuencia

Los 3 niveles de gobierno realizarán acciones coordinadas

 

El tipo de cambio, en zona de volatilidad

Las cotizaciones por debajo de 10.60 quedaron atrás: analistas. Incertidumbre por crisis en Brasil y decisiones monetarias de Banxico.

 

Informal, más de la mitad del comercio

Se tiene una enorme fuga de impuestos: Merril Lynch

 

México, en el triángulo de pobreza extrema en AL

Concentra junto con Brasil y Colombia la mitad de los 96 millones de marginados

 

Pagarán a delatores para atrapar capos

Incrementarán 20% el presupuesto en seguridad pública

 

Sí hay mataviejitas y lo buscan como robacasas

Entregan a policías de la PGJDF y SSP local carteles con el relato hablado del delincuente

 

En marcha, Acuerdo Nacional de Seguridad

Plan de 10 puntos contra delincuencia organizada

 

 

Regularizan autos “chocolate”

Beneficia a dueños de los vehículos modelo 1990-1995 y se autoriza importación de unidades con 10 años de uso

 

Preparan en secreto a cascos azules mexicanos

En Argentina y Canadá adiestran a posibles integrantes de misiones de la ONU

 

Sector agrario

 

Denuncian a ex titular de comisariado de Zacatepec por usurpar funciones. (La Jornada, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. Mario Torres Taboada, presidente del Comisariado Ejidal de Zacatepec, deslindó a su ejido de haber atrasado los trámites de los núcleos agrarios en la toma de las instalaciones de la Procuraduría Agraria en días pasados y acusó a Gabriel Salazar, anterior presidente del comisariado, por haber usurpado funciones, razón por la cual presentó una denuncia en su contra.

En rueda de prensa, el comisario ejidal aseguró que una vez que Gabriel Salazar tomó las instalaciones de la dependencia federal a nombre del ejido de Zacatepec, “sin ser presidente”, en busca de satisfacer sus mismos intereses, “nos deslindamos de la toma; y será denunciado por usurpación de funciones y fraude en contra de los ejidatarios”.

Dijo que el único facultado para autorizar acciones o trámites dentro del ejido es la asamblea, “y este señor hizo el movimiento de la toma de la dependencia a nombre del ejido sin ninguna autorización de éste”.

Evidenció que detrás del movimiento de ejidatarios –que por varios días bloquearon los excesos de la Procuraduría Agraria– en busca de que su ex delegado Arturo Nicolás dejara el cargo, “existía un interés personal en cada ejido”.

En el caso de Gabriel Salazar fue que el anterior delegado evitó que se le pagara un recurso que no era de él sino del ejido, “al ejido de Zacatepec le deben pagos de indemnizaciones de terrenos expropiados, en donde existe un recurso de 440 mil pesos depositado en el Fondo Revolvente de Pago de Indemnizaciones manejado por el gobierno del estado por los terrenos en donde está asentado el Tecnológico de Zacatepec, pero al haber conflictos internos en los ejidos, el entonces procurador agrario Arturo Nicolás mediante un oficio pidió que se retuviera el recurso en tanto no se solucionen los conflictos”.

Otra de las anomalías de Gabriel Salazar –explicó su sucesor– fue que cobraba la renta de las propiedades del ejido, en donde realizaban fiestas sin que hubiera reportado el recurso al ejido.

Lamentó que con la toma “interesada” de las oficinas de la Procuraduría Agraria, se lastimaron y atrasaron los trámites de los ejidatarios que reciben asesoramiento de sus tierras, concluyó.

 

El IFE debe ajustar el presupuesto autorizado para elecciones: PRI. (El Golfo Info, Rodolfo Ortíz, p.web)

Veracruz

El dirigente del PRI en la entidad, Edel Álvarez Peña, mencionó que el presupuesto autorizado por el IFE para aplicarlos en el proceso electoral del 2006 debe ser reconsiderado, ya que casi 5 mil pesos de los 13 mil que habrán de ejercerse, son para los 8 partidos políticos, mientras que los otros 8 mil serán para sueldos de los burócratas de dicho órgano electoral.

Manifestó que estos recursos deben ajustarse de forma seria, ya que son excesivos y habiendo tanta pobreza en el país es algo ofensivo para todos los mexicanos.

El líder tricolor, Edel Álvarez Peña, en otros asuntos reprobó las acciones que están tomando los antorchistas en la reserva territorial al disputarse el control de la telesecundaria, por lo que los invitó a la mesura y a la serenidad ya que en estos asuntos se pone de por medio a muchos niños, además de que la política es una cosa y la actividad social otra.

El priista declaró que su partido propone convertir el AGROCENTRO en oficinas para todas aquellas dependencias relacionadas con el agro veracruzano, como la SEDARPA, SAGARPA, Procuraduría Agraria, etcétera; donde se permita a los hombres del campo resolver sus problemas de manera prioritaria sin dar tantas vueltas.

 

Irregularidades, abuso de poder y complicidades en compra-venta del Tamarindillo: Ana Guillén. (Mi Morelia. com, p.web).

*Este martes comparecerá Florencio Adame, titular de la SRA, por este caso.

*Con la comparecencia culmina la investigación del Tamarindillo. 

Morelia, Mich., 22 de agosto.- La diputada Federal del PRD, Ana Lilia Guillén Quiroz afirmó que las irregularidades, abuso de poder y complicidad de instancias federales, son los elementos que rodean a la compra-venta del Tamarindillo, a la vez aseguró que luego de una investigación acuciosa del caso, en fecha próxima se darán a conocer las conclusiones de la subcomisión conformada en la Cámara de Diputados.

Y es que cabe recordar que se encuentran bajo investigación la compra-venta de 265 hectáreas de playa, ubicados en la comunidad del Ticuiz en el municipio de Coahuayana; asimismo, se investiga al comprador de la extensión ejidal, Cosme Mares Hernández, originario del estado de Guanajuato.

Al respecto, la legisladora por el Distrito Norte de Morelia, apuntó que este martes comparecerá ante la subcomisión que investiga el caso del Tamarindillo, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, de ella, agregó, se desprenderán las conclusiones finales de dichas indagatorias.

La diputada del Sol Azteca explicó que existen nuevos elementos que apuntan a una compra-venta irregular, con clara injerencia de la Presidencia de la República y complicidades de las algunas instancias tanto en el ámbito federal y estatal.

Sin explicitar las nuevas evidencias que arrojó dicha investigación, Guillén Quiroz dijo que al interior de la Cámara de Diputados se impulsarán las medidas necesarias para que el caso del Tamarindillo no quede impune y que todo se realice cobijado por la legalidad y transparencia.

Ana Lilia Guillen aseguró que a pesar de las oposiciones abiertas de la diputada de AN que integra dicha subcomisión, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, dicha investigación llegará a su término.

Sin dar más detalles, la diputada del PRD adelantó que en los próximos días se darán a conocer las conclusiones finales, integradas a un informe el cual se entregará a las seis fracciones políticas representadas en el Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.

De la comparecencia de Florencio Salazar Adame, a efectuarse este martes a las once horas en la Cámara de Diputados, la también ex diputada local expresó que será para complementar el informe y espera que la actitud del funcionario federal sea razonada e inteligente para resolver un asunto al cual ubicó como un acto más de corrupción de la actual administración federal.

Cabe precisar que al momento existe una demanda en el Tribunal Unitario Agrario con Distrito 38 en la ciudad de Colima, interpuesta por seis ejidatarios del Ticuiz, zona donde se ubica la extensión denominada Tamarindilo por la compra-venta irregular.

 

Nueva Directiva en el “Islita”. (Tribuna de San Luis, José Patiño, p.web).

El día 21 de este mes ante la asistencia de 50 ejidatarios, se llevó a cabo la asamblea en donde los integrantes del Comisariado del Ejido Islita, cumplieron con los puntos de la convocatoria, y rindieron los informes del Presidente del Comisariado que estuvo a cargo del Ing. Armando González como de la tesorera quien también rindió buenas cuentas.

En su informe el Ing. González destacó la construcción de cabales pavimentados que se realizaron durante su administración en terrenos del ejido Islita, al coordinar las acciones de manera conjunta con los dirigentes del módulo No. 3, como también se gestionó la indemnización de las hectáreas que ocupa el canal Wellton, y que está aprobado la cantidad que se le entregará al ejido, en beneficio de sus integrantes, gracias a la coordinación existente con el dirigente de la CNC, quien apoyó esas gestiones, Ing. Antonio Reyes Cota.

Después de los informes y su aprobación se realizó la elección del nuevo Comisariado Ejidal, en donde se registró solamente la planilla integrada por el Profr. Francisco Corona Araujo como Presidente, el Dr. Juan Casillas como Secretario y como Tesorera la Sra. Ma. Luis López. en el Consejo de Vigilancia se nombró a Jesús Sedano R.

En representación de la Procuraduría Agraria estuvo el Ing. Francisco Sánchez Corral, quien dio fe del desarrollo y legalidad de la asamblea.

Varios asistentes manifestaron su satisfacción por el trabajo realizado por los dirigentes salientes, ya que cumplieron con el programa de trabajo que se trazaron y por lo cual los felicitaron siendo la directiva, además del Ing. Armando González, estuvo integrada por Alberto Alfonso por la Sra. Manuel Venegas Rodríguez y por Ernesto Caballero Alegría. También se pidió a los nuevos dirigentes, trabajar con el mismo entusiasmo, en defensa de los intereses de los ejidatarios ya que si ellos no lo cuidaban, no habría quien lo hiciera.

Al terminar se ofreció un convivio a los asistentes, quienes disfrutaron de rico platillo en un ambiente de camaradería.

 

Hoy se reunirán secretario de la Reforma Agraria y Diputados Federales, sobre El Tamarindillo. (El Sol de Zacatecas, Gabriel Xantomila, p.web)

México.- Este martes el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, se reúne con la comisión de diputados que investiga todo lo relacionado al predio El Tamarindillo, por la supuesta compra de terrenos ejidales por Cosme Mares, de quien se dice es prestanombre del presidente Vicente Fox.

La Comisión de la Reforma Agraria, en reunión plenaria, acordó solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y de Isaías Rivera Rodríguez, titular de la Procuraduría Agraria, con el fin de analizar y con ello dar por terminado el informe sobre la compra-venta de la bahía conocida como El Tamarindillo, supuestamente realizada por prestanombres de la familia Fox.

"Sostendremos este encuentro para aclarar los desacuerdos y finiquitar la compra-venta de esos terrenos ejidales, pues los legisladores no permitiremos que se cometan injusticias con despojo de tierras’’, aseguró Manuel García Corpus.

El propósito de la reunión de este martes, es comprobar con documentación legal, la compra-venta de esas tierras y que la comisión plural para el caso, formada por los diputados Margarita Chávez (PAN), Ana Lilia Guillén (PRD) y Elpidio Concha (PRI), entregue su informe final de la investigación.

Los legisladores acudieron al Tamarindillo el 25 y 26 de febrero del presente año, para reunirse con ejidatarios involucrados.

García Corpus comentó que El Tamarindillo es un asunto que ocasionó diferendos entre los integrantes de la comisión de legisladores, pero de confirmarse los prestanombres sería muy grave, además de proseguir con el seguimiento de las investigaciones, dijo.

 

Dolida la SRA porque defiendo a colimenses: Michel. (Ecos de la Costa, Arturo Aguilar, p.web).

El senador priísta Héctor Michel Camarena precisó al director de Ecos de la Costa, René González Chávez, que aunque el subsecretario de la Reforma Agraria, Gilberto José Hershberger, no quiera admitirlo, los conflictos agrarios que existen en Colima son problemas sociales.

En Colima hay cuatro asuntos agrarios que por las dimensiones de la afectación a los pequeños propietarios y la aplicación de los criterios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se han convertido en problemas de dimensión social por las repercusiones que conllevan, asentó el senador Héctor Michel Camarena.

Opinó que a sus detractores en la dependencia federal les duele que sea un legislador del PRI el que se les enfrente abiertamente para resolver los problemas que afectan a los colimenses.

El senador ejerció su derecho de réplica tras las declaraciones del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la SRA, Gilberto José Hershberger Reyes, en el sentido de que un senador (Héctor Michel) no debería involucrarse en la resolución de conflictos entre particulares que litiga un abogado particular (Francisco Solórzano) ni afirmar que existen conflictos agrarios en Colima, donde ya se izo la bandera blanca en este sentido.

En este contexto, el legislador precisó al director de Ecos de la Costa, René González Chávez, que aunque el funcionario federal no lo quiera admitir, los conflictos referidos son problemas sociales y, lo que resulta más cuestionable, litigios que derivan de acciones ejercidas por la propia dependencia que hace 30 años otorgó documentación oficial para garantizar jurídicamente la posesión de los terrenos que ahora pretende quitarles una resolución emitida por el Tribunal Superior Agrario.

“Es falso todo lo que dice este señor: la invitación al abogado Francisco Solórzano a las reuniones con las autoridades corresponde a un derecho de sus representados que, en este caso, son los propios afectados en Canoas, colonia del Pacífico y los ejidatarios de Cerro de Ortega”, puntualizó.

“Lo que quieren es verme igual que ellos, en una parálisis absoluta, con una falta de intervención y de participación hacia los problemas del Estado, eso es lo que quieren, pero no lo voy a hacer porque esto es parte de la responsabilidad que tengo de hacer llegar los temas de Colima a sus soluciones con las autoridades de este país, además de que esto no lo hice a escondidas, sino en conjunto con el gobernador”, ponderó.

Agregó que las declaraciones del funcionario federal sólo pueden interpretarse como un ardid para tratar de esconder la incapacidad de la SRA y los malos resultados que han tenido para resolver lo que se ha convertido en un grave problema social, cuando podrían solucionar las cosas si estuvieran dispuestos a pagarle las tierras a los propietarios que afectaron.

Tras recordar que en Colima están pendientes de resolver conflictos agrarios en Canoas y la colonia Pacífico, municipio de Manzanillo, y dos más de pequeños propietarios en Cerro de Ortega, Tecomán, Michel Camarena precisó que ninguna autoridad, ni siquiera la SRA, le puede impedir que legalmente se dedique a defender ante la autoridad federal los derechos legítimos de los colimenses.

El senador ofreció documentación donde se respalda que su actuación en este caso, como en algunos más, se deriva de la petición expresa de grupos sociales, y bajo ninguna circunstancia lo hace a solicitud de algún particular, ya que eso sería indigno de su investidura y ajeno a sus principios.

Reseñó que, en combinación con el ex gobernador Fernando Moreno Peña, atendió la solicitud de un grupo de líderes de pequeños propietarios para resolver su problemática directamente con las autoridades federales de la SRA para que, una vez que estuvieran prácticamente solucionados, se estableciera una fecha con el mandatario estatal para que el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, acudiera a Colima para izar la bandera blanca en ese sentido.

Precisó que en esa reunión quien tuvo cierta disposición para resolver los problemas fue Florencio Salazar Adame, no Gilberto José Hershberger Reyes, quien trató de esconder su incapacidad para resolver las cosas en aras de que el tiempo transcurra y termine su gestión diciendo que en Colima no hay problemas agrarios.

Reseñó que los asuntos referidos se consensaron y resolvieron con las autoridades del departamento jurídico de la SRA, lo que requirió la participación de las autoridades ejidales, en los casos de Manzanillo, y de los pequeños propietarios, en los casos de Tecomán.

“Una vez desahogado este proceso, se consensó la reunión de Colima y se suponía que la gente de la Reforma Agraria traería soluciones a los cuatro problemas, cosa que no sucedió y nos causó tal extrañeza que provocó que ante la presencia de los líderes y los pequeños propietarios se generara una enorme molestia contra el titular de la SRA, especialmente con Gilberto José Hershberger”, apuntó.

Una vez establecidos los hechos, Michel Camarena señaló que las declaraciones del funcionario federal responden a la política que ejercen los funcionarios de la SRA: “no querer darle solución a nada, querer hacer oídos sordos a todo y descalificar sin ninguna razón ni medio de convicción un trabajo que me corresponde y nos corresponde a todos los legisladores, gestionar para los ciudadanos ante las dependencias del gobierno federal”, subrayó.

Añadió que en el caso particular del ejido Canoas, los pequeños propietarios se opusieron a la ejecución de una resolución del Tribunal Superior Agrario en virtud de que ellos detentan certificados de derechos agrarios emitidos por las autoridades de la SRA que los acreditan como dueños de esas 140 hectáreas con todos los derechos sobre ellas, papeles que datan de 30 años atrás, además de que les cedió la posesión real y material de las tierras, de ahí el riesgo de un estallido social porque ellos tienen títulos y ahora una autoridad jurisdiccional ordenó que los desalojarán.

Mencionó que con estos antecedentes resulta lógico que los pequeños propietarios y ejidatarios acudieran con el gobernador y con los legisladores que quisieran apoyarlos ante las instancias de la SRA para hacerles reconocer que el error había partido de esa misma autoridad y, por ende, tenían el compromiso moral y jurídico de resolver su situación.

“La ley es clara: si el error lo cometió la SRA, a ella le corresponde resolverlo, y eso no es andar litigando ni buscar apoyar a un abogado en lo particular, sino atender una problemática social existente”, subrayó.

Explicó que en el caso del ejido ubicado en la colonia del Pacífico, la demanda de los afectados comprende solicitar a las autoridades de la SRA que les definan de manera clara dónde están los límites de la zona urbana del ejido y la tierra que fue objeto de expropiación para que la gente dentro de ese lugar tenga verdadera seguridad jurídica de su patrimonio, situación que de manera sistemática se les ha negado.

 

Costa Maya, pantalla de la gran estafa. ( Por Esto!, José Hugo Trejo, p.web)

*Con la cesión y trámites de 50 mil hectáreas a favor del gobierno estatal, encubrieron la titulación irregular de 20 mil hectáreas a José Antonio y Roberto Chapur Zahoul, mediante terceras personas.

Chetumal.- La maquinación de la gran estafa a posesionarios de terrenos nacionales en la zona costera de la Riviera Maya y de la parte continental de Isla Mujeres, se fraguó en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de la que era titular Víctor Cervera Pacheco, enmascarándola con la cesión que hizo esta dependencia de más de 50 mil hectáreas de la Costa Maya a favor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en los últimos meses de 1994.

El entonces secretario de la Reforma Agraria, Cervera Pacheco, aprovechó todos los trámites agrarios que se realizaron entre octubre y noviembre de 1994, como parte de la entrega de las tierras donadas al Gobierno del Estado de Quintana Roo, con las que se enriqueció el patrimonio del Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe y se sentaron las bases para el desarrollo turístico de la Costa Maya, para encubrir la operación de gabinete mediante la que tituló de forma irregular terrenos por casi 20 mil hectáreas para favorecer a los hermanos José Antonio y Roberto Chapur Zahoul, mediante terceras personas.

Los involucrados en esta magna operación de tráfico de influencias, falsificación de firmas y documentos oficiales, despojo y abuso de autoridad, fueron, además del fallecido político yucateco y sus prestanombres los hermanos Chapur Zahoul, quienes no aparecen hasta seis años más tarde cuando "compran" los terrenos titulados irregularmente, el entonces director de Colonias y Terrenos Nacionales de la SRA, Luis Ayala García, el empleado comisionado para la integración de los expedientes, Armando Sánchez López, los presuntos posesionarios a cuyos nombres se emitieron los títulos de propiedad: Julián J. Chan Martínez, Servando de Jesús Poot Carrillo, Enrique E. Robles Blanco, Deysi del Socorro Uicab Chalé, Flor Ileana López Puga, Benigno Billavez Ramírez, Luz Ma. Mares González, Guillermo Silva Martínez, Raúl Moguel Erosa, Emilio Pat Cab, Cinthia Gaber Fernández Montiel, Roger Efraín Rodríguez Acevedo y Patricia Salazar Domínguez.

En este inmenso fraude con tierras nacionales de alto valor turístico, desde los más altos representantes de la SRA hasta los presuntos posesionarios a los que se les adjudicaron los títulos de propiedad de manera ilegal e irregular, así como los miembros de las sociedades inmobiliarias que integraron los hermanos Chapur Zahoul, incurrieron en diversos delitos por los que podrían ser procesados a penas y se desahoguen las demandas que pesan en su contra.

Quienes más involucrados están son los funcionarios de la SRA, desde el fallecido ex gobernador de Yucatán, Cervera Pacheco, hasta el director de Colonias y Terrenos Nacionales, Ayala García y el comisionado para la integración de los expedientes de titulación de la dependencia, Sánchez López, así como los integrantes de las sociedades inmobiliarias "Inmobiliaria Puerto Bonito, SA de CV" y "Ciudad Riviera, SA de CV", los hermanos Chapur Zahoul junto con Raúl Gilberto Bobadilla Rosado y Javier Reyes Carrillo, por actuar como prestanombres del ex secretario de la Reforma Agraria.

Los funcionarios de la SRA y los empresarios turísticos fueron los que fraguaron la operación de principio a fin, mientras que los que se prestaron como posesionarios para reclamar la titulación, sólo se prestaron a la maniobra actuando como falsos posesionarios y como colindantes uno del otro para la firma y el aval de las actas de verificación de límites de los predios sobre titulados por los empleados agrarios.

La maniobra para la ilegal adjudicación de los predios turísticos que han servido para el posicionamiento de los hermanos Chapur Zahoul como grandes empresarios hoteleros de la Riviera Maya, quedó evidenciada no sólo por la celeridad con que se realizó la titulación de todos los predios, pues en menos de dos meses quedó concluido todo el proceso, sino también por la coincidencia de todos los presuntos beneficiados con los títulos en registrarlos ante el Registro Público de la Propiedad de Cancún, hasta después de que transcurrieron dos años de que fueron emitidos. Es decir que los títulos aludidos se expidieron por la SRA entre octubre y noviembre de 1994 y fueron registrados todos a un tiempo hasta noviembre de 1996.

El objetivo del registro tardío de los títulos emitidos irregularmente por la SRA fue el de tratar de evitar que se conocieran y se impugnaran inmediatamente por los legítimos propietarios y posesionarios de los predios afectados.

Otra coincidencia que desenmascaró el fraude del ex secretario de la Reforma Agraria y de sus prestanombres los hermanos Chapur Zahoul, es el hecho de que todos los favorecidos con los títulos sobrepuestos terminaron vendiéndole los terrenos a las empresas conformadas por los accionistas de los hoteles Palace, "Inmobiliaria Puerto Bonito, SA de CV" y "Ciudad Riviera, SA de CV" en marzo de 1999, con lo que pretendían cerrar la magna operación de despojo en contra de los posesionarios y propietarios legítimos de los valiosos predios turísticos.

Por esa razón es que todos los involucrados están emplazados en sendos juicios agrarios y penales de carácter federal por falsificación de documentos y firmas en algunos casos y abuso de autoridad para los funcionarios de la SRA que participaron en el mayúsculo despojo.

 

Sector agropecuario

 

Beneplácito de cañeros. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web)

Se publica ley del ramo

Los cañeros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales se congratularon por la publicación de la Ley para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, ya que "no hay disposición que contravenga lo establecido en la Constitución, y además se destaca que la producción del ramo es de interés público y de orden social".

Lázaro Arias Martínez, integrante de la dirigencia de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, comentó que la ley cañera tiene como propósito normar las actividades asociadas a la agricultura por contrato y la integración de todo el proceso de producción, desde la siembra hasta la comercialización.

Recordó que las últimas reuniones con el Ejecutivo, representado por el titular de la Secretaría de Agricultura, y con el Legislativo, realizadas del 10 al 12 de agosto, se analizó de manera puntual cada una de las observaciones presentadas por la dependencia y la insistencia de ésta en que se incluyera el llamado "sistema-producto" como el mecanismo más idóneo para regular las relaciones entre cañeros e industriales.

Ello, abundó Arias Martínez, traería como consecuencia el involucramiento de otros agentes de la cadena productiva de la caña de azúcar sin consultar a los productores, lo cual sería incorrecto. Ahora, añadió, la ley del ramo regula las relaciones entre los agentes directamente involucrados. Agregó que los legisladores acordaron realizar modificaciones en lo referente a la creación del comité de desarrollo sustentable de la caña de azúcar con carácter de organismo público descentralizado.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Ganaderos acusan a los zapatistas de mantener ociosas tierras recuperadas. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web).

Se reagrupan los pequeños propietarios de Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo

Escuelas, clínicas y oficinas indígenas cobran vida en los otrora cascos de las haciendas

Decenas de nuevos poblados han surgido en los terrenos que ocupaban "parvifundistas"

Dolores Hidalgo, Chis. 22 de agosto. A pesar de lo específico de las convocatorias del EZLN para las reuniones preparatorias de la otra campaña, lo que ha pasado los tres últimos fines de semana en la región de las cañadas de Ocosingo resulta más complejo y diverso de lo que pareciera. Llegan grupos e individuos con una década ya de relación con el movimiento zapatista, y también nuevos interlocutores, nuevos escuchas que no tan incidentalmente han venido a encontrarse con un zapatismo interior, para muchos todavía desconocido.

Esta comunidad tzeltal representa una experiencia concreta del zapatismo en la selva Lacandona. Es uno más entre las decenas de "nuevos poblados" que surgieron hace diez u 11 años en los otrora ranchos ganaderos de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, y ahora son columna vertebral de algunos municipios autónomos como Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa, 17 de Noviembre, Primero de Enero, Vicente Guerrero y Ernesto Che Guevara. Unos pertenecen al caracol de La Garrucha, otros al de Morelia. Unos cuántos más corresponden al caracol de La Realidad.

Quizá no sea casualidad que este fin de semana se hayan reunido y reactivado (declarativamente al menos) los ganaderos o "pequeños propietarios" de Ocosingo, en su puja sin fin con el gobierno por las tierras de sus ex fincas ("invadidas", dicen ellos; "recuperadas", según los zapatistas).

Su lenguaje lo dice todo: el representante de los "propietarios invadidos", Jorge Pimienta Calvo, declaró este sábado que los zapatistas mantienen "ociosas" las tierras (se habla de 17 mil hectáreas y 253 fincas) y los ranchos "están completamente abandonados".

Como no se emplean para criar ganado extensivamente, no "sirven". Los poblados, las milpas, los centenares o miles de familias indígenas que viven allí, con sus pueblos y milpas, su experiencia y resistencia, no valen lo que las 12 mil vacas anuales de antaño.

Los cascos "destruidos" de las fincas hoy son clínicas, escuelas, oficinas, bodegas y otras horrorosísimas señales de vida indígena. Incluso nada, pues algunos pueblos decidieron que no necesitan las casas del antiguo patrón. Como sea, el gobierno federal espera resolver el descontento de los ex ganaderos, quienes fueron desde 1994 los primeros derrotados por la rebelión indígena.

 

DISTRITO FEDERAL

 

Demandan a autoridades de UAM y SEP por compra de predio en Cuajimalpa. (La Jornada, Susana González, p.web).

El precio pagado fue exorbitante; podría haber corrupción, aseguran colonos

El rector de la universidad, Luis Mier y Terán, uno de los principales acusados

A las acciones civiles y legales de organizaciones vecinales y ambientales de la delegación Cuajimalpa contra la construcción de un cuarto plantel de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el bosque de El Encinal, ahora se suma una denuncia que interpusieron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra funcionarios de la institución y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por haber comprado un terreno dentro de zona de reserva ecológica y que, por lo tanto, no puede ser utilizado como escuela.

En concreto acusan al rector de la UAM, Luis Mier y Terán, y al secretario de la institución, Ricardo Solís, pero también a funcionarios de la SEP "por el uso y manejo irregular de recursos del erario por más de 187 millones de pesos", precio "exorbitante" que pagaron por el predio donde se ubicaba una antigua fábrica de hongos en el bosque de El Encinal.

La denuncia fue presentada la semana pasada ante la ASF por la asociación civil Pro Contadero, pero con el apoyo de más de 50 organizaciones y asociaciones vecinales y ambientales, como parte de las medidas legales para exigir a las autoridades federales y locales la cancelación del que consideran un "absurdo proyecto que pone en riesgo la viabilidad ecológica y de suministro de agua de toda la ciudad de México".

Los vecinos aseguran que la ASF está obligada a investigar, pues sostienen que el proyecto de la UAM-Cuajimalpa puede ser un caso de corrupción, toda vez que se realizó "la sospechosa e ilegal adquisición de un predio en un terreno de preservación ecológica donde la legislación federal y local prohíbe el desarrollo de un proyecto de esa naturaleza, situación que era del total conocimiento de dichos funcionarios, quienes pese a ello pagaron el exorbitante precio por un predio legalmente no sujeto de ser utilizado".

Los vecinos han insistido en que la UAM debe abandonar el proyecto pues el terreno de 12 hectáreas que compró carece de vialidades de acceso y el uso de suelo permitido no es para equipamiento urbano. Los colonos han llevado varias acciones para evitar la construcción del plantel, como la denuncia interpuesta ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y un punto de acuerdo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió de manera unánime el pasado 30 de junio para que el Gobierno del Distrito Federal y la delegación Cuajimalpa expliquen por qué se pretende construir la escuela en zona de preservación ecológica donde, aseguran, el cambio de uso de suelo es imposible.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo, aseguró a principios de mes que en esa dependencia no se ha analizado el cambio de uso de suelo que actualmente es de equipamiento urbano y de preservación ecológica, mientras el subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, Miguel Angel Cancino Aguilar, aseguró que las autoridades de la UAM saben que no pueden construir en el predio de la antigua fábrica de hongos su cuarto campus universitario hasta que tengan el uso de suelo que se lo permita.

La UAM requiere el uso de suelo de conservación cambie a uso de suelo urbano, dijo Cancino Aguilar, porque el reto que tiene la institución es demostrar que no se van a alterar las condiciones naturales de la zona y "estaríamos hablando de un campus suigéneris para el manejo del agua y residuos, el uso de automóviles, etcétera", además de que dicho requisito debe solicitarse ante la Asamblea Legislativa debe contar con el aval de la Seduvi y de la delegación Cuajimalpa, previa consulta con los vecinos.

 

GUERRERO

 

LA PAROTA

 

Se definirá hoy si se aprueba la construcción de la presa La Parota. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web).

Autoridades de Guerrero y CFE se reunirán con ejidatarios

Autoridades de Guerrero y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se reunirán este martes con ejidatarios de Cacahuatepec en la cabecera municipal de San Marcos para discutir si se aprueba la construcción de la hidroeléctrica La Parota, informó el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría. Mientras, el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular consideró que la junta será ilegal, por realizarse fuera del municipio de Acapulco -al que pertenece Cacahuatepec-, y no según los usos y costumbres de la comunidad.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, Chavarría justificó que policías del estado y de Acapulco sean enviados a resguardar el encuentro en San Marcos, con el argumento de que la administración que encabeza el gobernador Zeferino Torreblanca "quiere hacer su esfuerzo para que la asamblea se lleve a cabo de manera pacífica, y no puede permitir que se violen los derechos de nadie en la asamblea".

El funcionario sostuvo que intentó convencer a los opositores a la hidroeléctrica a que acepten la planta en su comunidad; inclusive "el viernes pasado convoqué a las partes a una reunión, pero sólo fueron los comuneros de Cacahuatepec que apoyan el proyecto". Añadió que Torreblanca considera que si la mayoría de los comuneros rechaza la hidroeléctrica en la asamblea, "ya no le moverá".

Mientras, en Acapulco, organizaciones adheridas al Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular, que apoyan a opositores a La Parota, pidieron a Torreblanca que se retome el proceso de negociación entre las partes involucradas en el conflicto generado por la presa, cambiar de negociadores y así "evitar un baño de sangre" en Cacahuatepec.

Rosa Elena Zamacona, una dirigente del frente, consideró que la asamblea del martes "será ilegal, porque debe realizarse según los usos y costumbres, y darse garantías para que no se presione el voto, además de evitar que haya autoridades del gobierno en la asamblea"

 

Con policías, garantiza el gobierno la asamblea sobre La Parota: Chavarría. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).

 No podemos permitir que un grupo violente los derechos de terceros, impidiendo o boicoteando la reunión, dice el secretario general de Gobierno. Los uniformados no llevarán armas, promete. Informa que el domingo, los opositores rechazaron una oferta del gobierno que permitiría pactar la asamblea de comuneros de Cacahuatepec

Debido a que los comuneros opositores al proyecto La Parota rechazaron la oferta que permitiría arribar a una “salida pactada” para realizar sin conflictos la segunda asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Acapulco “brindarán todas las facilidades” a la mesa directiva de ese núcleo agrario para que dicha reunión se lleve a cabo como estaba planeada.

Lo anterior fue informado por el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, en conferencia de prensa que ofreció a la una de la tarde de este lunes, acompañado del secretario general del Ayuntamiento porteño, Francisco Javier Larequi Radilla, quien permaneció callado.

Precisó que el apoyo de ambos gobiernos será designar nuevamente a policías estatales y policías preventivos municipales, “para garantizar la seguridad de la gente”, “porque bajo ninguna circunstancia podemos permitir que un grupo de personas sea del número que sea, violente los derechos constitucionales de terceros, impidiendo o boicoteando la (segunda) asamblea” en donde los comuneros podrían otorgar la anuencia para la expropiación de sus tierras.

Dijo que no sabía cuántos policías participarían y aunque resaltó que “hay una decisión muy precisa para que no lleven armas”, dijo que “igual” que en la fallida asamblea de El Campanario, éstos actuarán “con mucha responsabilidad, mesura y mucha prudencia”.

En el salón Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno, tras explicar que la conferencia era para fijar su postura sobre la segunda asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Chavarría recordó que por medio de un escrito oficial, el viernes pasado, llamó a los opositores y a la mesa directiva de ese núcleo agrario, para “dialogar” y buscar acuerdos, respecto a ese tema, aquí en Chilpancingo.

Incluso dijo que este domingo tuvo contacto telefónico con el vocero de los campesinos inconformes, Marco Antonio Suástegui Muñoz, así como con el regidor perredista de Acapulco, José Luis Morales Torres, a quienes insistió en la reunión y “a quienes ofrecí garantías ante la suposición de que pudiera tratarse de una celada”.

Chavarría aseguró que con Larequi Radilla, este lunes estuvieron en espera de la respuesta de los campesinos opositores, “estábamos en la mejor disposición de ir a lugar que ellos indicaran, si tenía que ser en (el plantón de) Parotillas o en Agua Caliente” pero, enfatizó que “lamentablemente” no hubo una contestación “positiva” y dijo que por los medios de comunicación se enteró que el acuerdo de su asamblea interna, fue que “no asistirían a la reunión”.

Resaltó que a pesar de que el gobierno del estado “no sólo ha manifestado su simpatía, sino su interés y apoyo para que el proyecto se pueda concretar en Guerrero”, “si la mayoría dice no al proyecto el gobierno (estatal) ya no le moverá, pero sí queremos conocer la decisión de la gente”.

La oferta a los opositores

En lo que calificó como “una prueba fehaciente de que el gobierno estatal y municipal (de Acapulco) está interesado en establecer un diálogo…para que la asamblea se desarrolle en un clima de tranquilidad y de manera pacífica”, dijo que a través de la comunicación telefónica que estableció el domingo con el vocero de los comuneros inconformes, le propuso “ponderar una salida”, ante la proximidad de la reunión de campesinos, pero esto sólo en caso de que aceptara acudir a su convocatoria para este lunes.

Precisó que la oferta del gobierno del estado, consistía en que éste “interpondría sus buenos oficios” para solicitar al presidente del comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crescencio Jerónimo, la modificación de la fecha de la segunda asamblea, “pero siempre y cuando pactáramos una fecha entre las autoridades comunales y los inconformes”, que se daría a conocer en una conferencia de prensa.

Otra de las propuestas que expuso a Marco Antonio Suástegui, según el secretario general de Gobierno, fue “revisar y depurar” en conjunto el padrón de los comuneros de Cacahuatepec.

De igual modo dijo que ofreció equidad en el traslado de los comuneros que decidieran asistir a la asamblea y propuso que la reunión fuera “estrictamente de comuneros, sin la presencia de personas ajenas o extrañas a la comunidad”.

Aseguró que también planteó que durante la asamblea, tres comuneros hablaran a favor del proyecto y otros tres en contra, “y después en una votación democrática la gente decidiera”.

El funcionario estatal consideró que dicha propuesta “equitativa, justa y razonable”, que también comentó a la mesa directiva de los Bienes Comunales de Cacahutapec en la reunión que sostuvo con ellos por la mañana, “pudo haber sido la salida” al conflicto, “pero nos encontramos ante una actitud de falta de diálogo, yo no quiero hacer mayores calificativos, pero cuando menos la falta de diálogo canceló la posibilidad de una salida pactada para la realización de la asamblea”.

Por esa postura, Chavarría dijo que el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Acapulco “reiteramos que brindaremos todas las facilidades para que ésta (segunda) asamblea se lleve a cabo el día de mañana, como lo acordaron las autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec” y precisó que será a las 12 del  día en el salón Karla Rebeca ubicado en las orillas de la cabecera municipal de San Marcos.

Y advirtió que para aquella “presunción de que están participando personas que no son de nuestro país, el gobierno del estado recurrió al Instituto Nacional de Migración (INM) para que se pueda hacer la investigación y podamos tener la información correspondiente”.

Destacó que según la Ley Agraria “la asamblea de este martes, tiene validez con los comuneros que asistan”, pero resaltó que la anuencia de esta asamblea “no significa que el proyecto ya está aprobado”, auque señaló que si es favorable la votación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzaría con la primera etapa de trabajos y de continuar los conflictos en esta fase, aseguró que será hasta ese momento en que decidirán cómo actúa el gobierno del estado con los opositores.

Dijo que la asamblea de Cacahuatepec es importante debido a que “es el principal núcleo agrario en la toma de decisiones” y precisó que de un total de 13 mil comuneros distribuidos en los 19 núcleos agrarios, 7 mil 280 se ubican en ese lugar “por eso toda esta polémica, todo este problema y toda esta confrontación”.

Luego informó que tiene entendido que con la aprobación unánime de la asamblea del ejido de Las Mesas del municipio de San Marcos que se llevó a cabo este domingo, son 15 ya los núcleos agrarios que han aprobado el proyecto.

Acerca de los 12 millones que recibieron los dirigentes disidentes de la CNC, Evencio Romero Sotelo y Nabor Ojeda, de la CFE, según denunció el dirigente oficial Moisés Carbajal Millán, Chavarría mencionó que “no tenemos evidencias y elementos para validar una afirmación como esa, ni tampoco elementos jurídicos para abrir una investigación, ha habido simples comentarios, pero nada comprobado jurídicamente”.

Por el camino de la ley las órdenes de aprehensión

Respecto a la cancelación de las órdenes de aprehensión que proponen los comuneros para poder reunirse personalmente con el gobernador Zeferino Torreblanca, Chavarría, además de señalar que no conoce cuántas órdenes existen porque la Procuraduría de Justicia del Estado, aún continúa el proceso de integración de las averiguaciones previas, dijo que no se van a suspender, sino que “vamos a mantenernos en el camino de la ley”.

Indicó que “el gobernador siempre ha estado abierto al diálogo, incluso hubo un fecha en donde se les dio a conocer la audiencia a los inconformes, pero lamentablemente no se presentaron”.

Se le preguntó si la Secretaría General de Gobierno va a mantener como parte de su comisión negociadora al subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca; al director estatal de Gobernación, Rey Hilario Serrano y su asesor jurídico César Flores Maldonado, y Chavarría insistió en que las “negociaciones y las decisiones políticas sobre este tema las tomo yo y nadie más, en calidad de secretario General”.

En otros temas a pregunta expresa negó que los dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) que estuvieron en la asamblea del domingo de los comuneros opositores hayan manifestado su rechazo al proyecto, “yo entiendo que asistieron a la asamblea a escuchar sus puntos de vista y conocer sus posiciones, de manera pública no he leído ni he escuchado una posición oficial”.

Y aunque se le recordó que los líderes de la Canaco en Acapulco dijeron que no estaban de acuerdo con el proyecto porque está generando violencia y ellos no quieren otro Aguas Blancas, Chavarría contestó: “Yo tampoco lo quiero, no lo queremos, digo nadie los queremos”.

 

Piden seis organizaciones indígenas respeto al derecho de los pueblos. (El Sur, p.web).

 Con la firma del subcomandante Marcos, repudian 126 grupos que se reunieron con el EZLN la represión a los opositores a La Parota y culpan al gobierno de Zeferino Torreblanca

 En un encuentro con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), unas 126 organizaciones sociales de izquierda responsabilizaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de lo que pueda pasar si ordena a la fuerza pública arremeter contra los campesinos opositores a la presa La Parota en la asamblea de hoy de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

El manifiesto lo firma el subcomandante Marcos y las 126 organizaciones, que se reunieron en la Selva Lacandona el sábado.

En tanto que organizaciones indígenas y de derechos humanos manifestaron su apoyo a los comuneros opositores al proyecto La Parota y exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que respete el derecho de los pueblos al territorio, a la tierra, a la consulta y a un entorno sano, antes que cualquier otro interés económico o político.

En el documento que firmó el subcomandante Marcos y las organizaciones repudiaron la agresión que sufrieron los opositores el pasado 14 de agosto por policías y calificaron como prepotente y autoritario al gobierno de Torreblanca Galindo.

En el encuentro cada una de las 126 delegaciones de 20 estados del país expuso su problemática.

Algunas de las organizaciones que firman el documento son: la Asamblea Nacional de Braceros de México, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, el Frente Nacional de Trabajadores del IMSS, la Revista Rebeldía, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la UPRES.

El delegado de la Asamblea Nacional de Braceros de México, donde están 13 estados, José Heladio Delgado Espinoza, quien estuvo presente en el encuentro, en una visita a la redacción de El Sur la noche de ayer, dijo que asistirán como observadores a la asamblea de comuneros acordada para hoy, como estuvieron en la anterior que no se llevó a cabo.

Agregó que no es correcto que se haga la asamblea en otro municipio que no se Acapulco y que el mismo gobierno estatal quiera acreditar a comuneros que nunca nacieron en estas comunidades, pues la certificación agraria nunca se ha dado.

Por otra parte, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, la Organización de Pueblos Indígenas Mepha´a, autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Cuitlapa, en una carta  al director, manifestaron a los opositores a La Parota que no están solos.

“Con ustedes estamos las organizaciones indígenas y sociales de la Costa Montaña que luchamos por los derechos humanos, el derecho de los pueblos indígenas y por un cambio profundo que le asegure una vida digna a todos y todas”, recalcaron.

Denunciaron que el proceso que han implementado las autoridades estatales, comunales y la Comisión Federal de Electricidad para imponer a toda costa una asamblea que dé la anuencia para la expropiación de las tierras, ha violado a todas luces la Constitución, la Ley Agraria, el derecho de los pueblos al territorio, las tierras y la consulta, que están dentro del Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés.

Invitaron a los estudiantes, profesionistas, campesinos, a los medios de comunicación, a todo el pueblo, a apoyar a quienes se oponen  a la construcción de la presa La Parota; a rechazar el “desastre ambiental” que va a provocar y la violación sistemática a los derechos humanos de los pueblos opositores.

 

Marchan sólo 300 en apoyo a La Parota. (El Sur, Roxana Ibarra, p.web).

Un día antes de celebrarse la asamblea de comuneros de Cacahuatepec, donde se dará anuencia al proyecto La Parota, unas 300 personas entre empresarios, miembros de colegios de profesionistas y organizaciones del área turística, marcharon ayer por la tarde a favor del proyecto.

Entre los que marcharon se vio al ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el panista Alejandro Martínez Sidney; la regidora perredista, presidenta del Movimiento Ciudadano de Acapulco (MCA), Juana Esteban Arroyo, y Jorge Zamora, conductor del noticiario de MVS, quien estuvo convocando a la marcha en esa estación de radio.

Consultados Martínez Sidney y Esteban Arroyo, sobre su participación en la marcha, dijeron que La Parota debe llevarse a cabo, siempre y cuando se les cumpla a los comuneros.

Martínez Sidney estuvo el domingo con un grupo de empresarios de la Canaco, con los comuneros opositores a La Parota quienes lo criticaron por estar a favor del proyecto. Al respecto dijo que su intención no fue de ganárselos, ni convencerlos, sólo quería conocer su sentir y conocer las tierras. “Le dije a Marco Antonio Suástegui que estaba a favor del proyecto”. Agregó que con la marcha no están pidiendo que se les pisotee, “a fuerza ni los zapatos entran”.

Negó que la Canaco esté divida porque Gustavo Téliz, directivo de la Canaco, haya ofrecido su apoyo con camiones a los comuneros y haya manifestado que no estaba de acuerdo con la presa bajo los términos que se está dando.

Martínez Sidney llamó a los campesinos a ser concientes de los beneficios del proyecto.

Por su parte, Juana Esteban dijo que estaba ahí porque ciudadanos que forman parte del MCA se lo pidieron. Comentó que los comuneros tienen derecho a que se les pague lo justo y a tener desconfianza a la CFE porque han incumplido con el pago de tierras en otros estados.

Los participantes que salieron del Centro Internacional Acapulco al Zócalo, ocupando la mitad de un carril, coincidieron en señalar que estaban ahí como ciudadanos y que habían escuchado la invitación por radio.

El regidor Guido Rentería y Alejandro Martínez estuvieron repartiendo cartulinas amarillas con la leyenda de “Sí a La Parota”.

Asistieron a la marcha los empresarios Roberto Castillo Díaz de León, dueño de la discoteca N´Joy; Antonio Calzada, de bienes raíces; los hermanos, Javier, Alejandro y Andrés Morlet, empresario de la construcción; y Conchita Morlet, esposa del ex presidente municipal de Acapulco, Ricardo Morlet; Pedro Álvarez Suter, empresario inmobiliario y la presidenta de comerciantes de la Costera, Laura Caballero.

Consultados durante la marcha coincidieron en que el proyecto La Parota es importante para Guerrero, que traerá empleos y que los comuneros deben ser escuchados, no líderes que busquen intereses particulares.

Dijeron que participaron por iniciativa propia a invitación que escucharon por MVS radio.

Marchó también el papá del secretario de Finanzas, Fernando Aragón, del mismo nombre, colonos de Costa Azul que comentaron que los invitaron de las oficinas de la CFE que están en la colonia y un trabajador de la CFE, Victoriano Uvaldo.

El corredor de Bienes Raíces Romualdo Gutiérrez, encabezó la marcha, arriba de una camioneta de sonido, desde donde pidió a la ciudadanía que se unieran al proyecto La Parota que traerá beneficios para la sociedad de Guerrero y expresó que los comuneros tienen que recibir el pago de sus tierras como corresponde.

Minutos antes de salir del Centro de Convenciones, Romualdo Gutiérrez tomó el micrófono, que le intentaron quitar, pero no pudieron y ya no lo soltó hasta el Zócalo. Durante el camino tocaron el Himno Nacional.

Estuvieron también el presidente del Colegio de Abogados de Guerrero; el priísta Julio César Hernández Serna; la presidenta del Colegio de Licenciados en Turismo, Artemisa Alarcón. Asistió también el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, Joel Rosas Castillo.

El Colegio de Ingenieros firmó hace unos días un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para hacer algunos trabajos en el área de construcción de la presa.

El presidente de la Coalición de Informadores Turísticos de Acapulco, Misael Torres Valdovinos, encabezó a un unos 30 integrantes. La Coalición llevaba dos mantas con la leyenda de apoyo a La Parota.

Al consultar a Misael Torres sobre el proyecto dijo que no lo conocía bien, pero que sabe que traerá “muchos beneficios”. Y agregó que los comuneros opositores deberían ser sensibilizados porque tal vez les falte información.

 

Coordinan funcionarios de la CFE el traslado de comuneros a la asamblea. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 En San Isidro Gallinero los citaron abajo de un árbol que está en el puente, donde pasarán a recogerlos en camiones, dice un vecino

Ayer, a la una de la tarde, vecinos de San Isidro Gallinero, que pertenece a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, no tenían aún la convocatoria a la asamblea que se realizaría este martes para aprobar que se expropien las tierras para la presa La Parota, y ni siquiera sabían dónde se llevaría a cabo.

Ante la tensión generada por la expectativa de la asamblea, ayer corrió el rumor de que vecinos de San Isidro Gallinero habían quemado una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que movilizó a reporteros, agentes de Gobernación y al helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no fue cierto.

En el patio de su casa, el vecino Abel Torres informó que el traslado de los campesinos lo está coordinando el ingeniero de la CFE José Luis Ortega, quien ya les comunicó que se tienen que reunir debajo del árbol que está en el puente, para que allí los recojan los camiones.

A pregunta expresa de si ya sabían dónde sería la reunión, el anciano respondió: “No, todavía no pegan la convocatoria y cuando le preguntamos al ingeniero nos dijo que eso lo sabríamos cuando estuviéramos en el camión que nos va trasladar a la asamblea. Imagínese que tal si nos quieren matar y así quién sabe si la gente quiera ir”.

El comisario municipal, Ángel Hernández Quiñónez confirmó que no habían sido colocadas las convocatorias, y que hasta el momento no sabían dónde se iba efectuar la asamblea y dijo que si no los invitaban no iban a ir.

En San Isidro Gallinero –ubicada a más de hora y media de Acapulco– hubo mucha movilización debido a rumores que se dieron. Uno de ellos fue que desde las 7 de la mañana había una protesta de habitantes, los cuales estaban deteniendo las camionetas de la CFE.

La supuesta protesta era porque los vecinos estaban inconformes porque el servicio de agua potable que dio la CFE a cambio de que los habitantes retiraran el plantón no funciona.

Sobre ello, el comisario Hernández Quiñónez dijo que era mentira la protesta, aunque reconoció que hay inconformidad porque nada más tienen una hora el agua cada tercer día.

 

Demandan organizaciones sociales que se suspenda la asamblea de hoy. (El Sur, Mónica Martínez, p.web).

 Piden a Zeferino Torreblanca que deje a los campesinos decidir libremente sin presiones

Integrantes del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular consideraron que no hay garantías para que hoy se efectúe la asamblea para definir la expropiación de tierras para la construcción de la hidroeléctrica La Parota y por ello en conferencia conjunta solicitaron al gobierno del estado la suspenda hasta que los ánimos se tranquilicen y con nuevos negociadores.

En la conferencia de prensa en el edificio del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM),  la presidenta colegiada de esta organización, Rosa Elena Zamacona Pérez, dijo que están preocupados por el ambiente que se ha generado en torno a este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Estamos preocupados por los acontecimientos de cómo se está manejando lo del proyecto La Parota, de inicio pensamos que existe ilegalidad en como se estan llevando las asambleas de los ejidatarios”.

Solicitó al gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, que “cambie su actitud” para con los comuneros y deje a los campesinos decidir libremente sin presiones.

“Que los deje manifestarse como marca la ley y que se respete su derecho a elegir que es lo que estamos solicitando”, apuntó.

Igualmente consideró, al igual que los otros asistentes a la conferencia, que la asamblea programada para hoy en San Marcos debe suspenderse hasta que “la cosa se enfríe”  y haya garantías para los comuneros. Además de que solicitaron la salida de negociadores “que han entorpecido” la relación y que han sido los causantes de que se haya llegado a la violencia como la del domingo 14 de agosto en donde opositores se enfrentaron con policías.

“Le pedimos al gobernador que deje de hostigar a los campesinos y respete la legalidad y la equidad, porque es la única forma de que haya paz social, que ya cambie la estrategia porque él lleva a los campesinos a la violencia”, añadió.

En la conferencia estuvieron presentes el ex comisariado ejidal del Cayaco, Gilberto Ávila González; el secretario de organización y propaganda del Frente Sindical Campesino, Indígena y Popular; el representante de los ejidatarios de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín y el integrante del STRM, Salvador Mundo.

 

Echaremos abajo la asamblea por ilegal, dicen opositores a La Parota. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Marco Antonio Suástegui afirma que los inconformes van en paz a la reunión de San Marcos

 A pocas horas que se lleve a cabo la asamblea de comuneros para definir si se da la anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicie los trámites para la expropiación de las tierras donde se pretende construir la presa La Parota, muchos de los comuneros dijeron que no sabían todavía dónde se iba llevar a cabo la reunión, pues las convocatorias no fueron colocadas en las comunidades como lo marca la Ley Agraria.

En entrevista por teléfono, uno de los portavoces de los comuneros opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, señaló que la asamblea de San Marcos está fuera de toda legalidad.

Denunció que este domingo el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, invitó lo opositores a tener una “reunión en privado, en lo oscurito”, que no aceptaron.

Suástegui reiteró que los opositores están abiertos al diálogo, pero bajo las condiciones ya planteadas, es decir en Parotillas y con el gobernador Zeferino Torreblanca. Dijo que todavía no ha sido colocada en los pueblos la convocatoria para la asamblea y consideró que es una estrategia para confundir, pero advirtió que estarán donde ésta se lleve a cabo.

Insistió que la asamblea de San Marcos está “fuera de toda legalidad” y denunció que está el escenario dispuesto nuevamente para una reunión amañada, pero dijo que esa situación sería una victoria para los comuneros porque demostrarían “cómo se las gasta la CFE”, pues ni siquiera fueron colocadas las convocatorias en las comisarías de los 47 anexos.

Informó que sigue el hostigamiento contra los opositores, como el retén que se instaló el domingo en la vereda de Amatillo, al que consideran una amenaza para detenerlos y encarcelarlos.

Señaló que todavía no les han confirmado que haya denuncias en el Ministerio Público, pero “el gobierno sabe fabricarlas de un día para otro”.

De acuerdo con Suástegui Muñoz, el secretario de Gobierno, Armando Chavarría, pretendía que se reunieran “a escondidas”, lo cual no aceptaron pues, dijo, “los líderes que tuvieron la oportunidad de venderse, ya lo hicieron. Ahora son las comunidades las que deciden” y dijo que los 15 comisarios municipales que están contra el proyecto “irán al frente en la lucha”.

Adelantó que los opositores van en paz a la asamblea y que están abiertos al diálogo con el gobierno, pero no fuera de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, sino en Parotillas, donde –dijo– hemos confirmado que “somos gente civilizada y no agresiva, como lo demostramos con los empresarios de la Canaco” y recordó en este contexto “los videos editados que presentó (el gobernador)” para decir que las imágenes que allí aparecen son solamennte las de la respuesta de los comuneros “a las agresiones que nos hicieron” los policías estatales y municipales, las cuales fueron suprimidas del material que se difundió en noticieros televisivos.

Señaló que “muchas veces” buscaron al gobernador Torreblanca Galindo, a quien querían informarle cómo la CFE entró a sus tierras con muchas anomalías y tirando sus cercas, pero él prefirió dialogar “supuestamente con la mayoría”, con los “mercenarios de la política” y con el funcionario de la CFE, Víctor Hugo Chávez.

Suástegui precisó que aceptarían una reunión con el gobierno para “dialogar y no negociar”, pues ya está más que dicho que la tierra no está en venta. “Está más que clara la posición de los comuneros y es ni un paso atrás, no queremos el proyecto. Las agresiones de las que seamos objeto mañana (hoy) será responsabilidad de Zeferino Torreblanca y si hay muertos veremos caer con tristeza su gobierno, aunque también responsable será el alcalde Alberto López Rosas”.

A pregunta de que si podría esperarse violencia como la del domingo 14, respondió: “Depende de las condiciones de la asamblea de San Marcos, sobre todo por la presencia policiaca, porque ésta no se puede salir de los Bienes Comunales. Echaremos abajo esa asamblea por ilegal. Vamos con todo y a dar el asalto final caiga quien caiga, porque vamos por la victoria, el triunfo, la justicia y por nuestras tierras”.

 

Esperamos una asamblea rápida, dice el asesor de los comuneros que apoyan la presa. (El Sur, Karina Tejada, p.web).

 La expropiación de tierras podrá aprobarse con 100 o 50, advierte Evencio Romero

 El dirigente de la organización priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) disidente, y asesor del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Evencio Romero Sotelo, confirmó la presencia de la policía para vigilar la asamblea de hoy, y dijo que esperan una reunión “rápida” y defendió la legalidad de ésta.

En declaraciones telefónicas, el priísta Romero Sotelo confirmó que la asamblea se desarrollará en San Marcos, en el Centro Social Rebeca –la renta costó 3 mil pesos– a las 10 de la mañana, y que se espera que lleguen unos 4 mil comuneros.

A pegunta expresa de qué se puede esperar de la reunión de hoy, respondió: “Estará bien. Creo que todo mundo tiene derecho a expresar su opinión dentro de los cauces legales y los comuneros tendrán que participar, pero los que no aunque quieran”.

Señaló que los que apoyan la expropiación de las tierras de los campesinos no apuestan al enfrentamiento, pero los opositores “tienen que entender” que tienen que debatir, y si no se convence a los comuneros del proyecto, pues todos tendremos que sujetarnos a la decisión que se dé.

Defendió la legalidad de la asamblea, pues dijo que de los 47 anexos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec “el 70 por ciento es del municipio de Acapulco y el 30 de San Marcos”, y que además el artículo 25 de la Ley Agraria establece que si hay una causa justificada la asamblea se puede sacar de los bienes conmunales, sin que sea causa de nulidad.

Romero Sotelo dijo: “Estamos aguardando la presencia de 4 mil comuneros, pero como es segunda convocatoria puede aprobarse el proyecto con 100 o 50 comuneros”. Justificó la presencia policiaca señalando que se necesita resguardo para no poner en peligro a los comuneros para que se dé la expresión libre y finalizó diciendo que esperan una asamblea rápida.

 

Despliegue de policías de todas las corporaciones en San Marcos. (El Sur. Karenine Trigo, p.web).

 Se ubican en el puente del río Papagayo y en la entrada a La Estancia

 Policías de diferentes corporaciones resguardan desde el medio día ayer el área alrededor del salón donde se realizará la asamblea, de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la que se pretende dar la anuencia para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicie los trámites de expropiación de las tierras para construir la hidroeléctrica La Parota.

La asamblea se llevará a cabo hoy en el salón de fiestas Rebeca, que se encuentra sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, a un costado del panteón municipal.

Ahí más de 50 policías cercaban el área aledaña al salón, con vallas metálicas, cerrando la circulación de la calle del panteón.

Ahí estaban efectivos de la policía preventiva y de tránsito del estado, que se quejaban de estar bajo la lluvia.

Agentes policiacos se quejaron de que fueron concentrados en la ciudad de Chilpancingo desde semanas antes por el caso de La Parota, incluso señalaron que fueron llevados a El Campanario y de ahí los concentraron nuevamente en la capital y llegaron a esta ciudad alrededor de las 2 de la tarde.

En un recorrido por los alrededores de la cabecera municipal, se observó que en el puente del Río Papagayo, se encontraban alrededor de cien policías de diferentes corporaciones, Policía Ecológica y Preventiva Municipal de Acapulco, y Policía Investigadora Ministerial.

Al preguntar a policías ecológicos sobre su presencia en la zona, hubo contradicción pues algunos dijeron que se encontraban ahí por la asamblea que se realizará sobre La Parota y otros dijeron que estaban en “un operativo” del cual no quisieron dar detalles.

Sobre el mismo puente se encontraban policías ministeriales, todos con uniforme.

En la comunidad de Las Estancia, en una brecha se encontraba una patrulla de la Policía Preventiva del Estado.

A la entrada de la cabecera municipal, se encontraban alrededor de 10 camionetas, dos de ellas del municipio de Juan R. Escudero, de Protección Civil de Acapulco, así como camiones de renta de la empresa Castro Tours de Chilpancingo, afuera de los hoteles y restaurantes que se encuentran sobre la carretera federal hay decenas de policías de las corporaciones ya mencionadas.

 

Ratifica la Canaco su apoyo a la presa; Téliz y Martínez Sidney actuaron a título personal. (El Sur, Mónica Martínez, p.web).

El presidente de la Canaco Acapulco, Abelardo Luna David, aclaró que la posición de la mayoría de los integrantes de este organismo es seguir apoyando la construcción de la hidroeléctrica La Parota y dijo que la postura en contra de ese proyecto de dos de sus miembros es a título personal.

Consultado sobre la visita que este domingo hicieron Gustavo Téliz Hernández y Alejandro Martínez Sidney a la comunidad de Parotilla para reunirse con los comuneros opositores a la hidroeléctrica en donde ambos manifestaron su apoyo a estos comuneros, Luna David fijó la postura de la Cámara que él representa: “La postura oficial de la cámara es apoyar ese proyecto y aceptarlo, es por eso que vamos a invitar a la sociedad en general a que se sume y apoye para que no se lo lleven del estado porque vamos a tener grandes beneficios”.

Destacó que el proyecto generaría 10 mil empleos y traería una nueva oferta turística, “además de que vendría a resolver los problemas de abasto de agua en Acapulco, lo que todos conocemos y hemos vivido en carne propia”.

Luna David reconoció que esa cámara empresarial está integrada “por comerciantes y empresarios que tienen opiniones personales”, pero aseguró que la mayoría de sus integrantes decidieron apoyar la realización de este proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo que los integrantes de la Canaco Acapulco podrían participar como vigilantes de que la CFE pague lo justo a los campesinos y comuneros por sus tierras y por eso insistió en que el sector empresarial da su apoyo a este proyecto porque “dará beneficios a los acapulqueños y a los comuneros”.

“Esos beneficios son para todos, para los comuneros y los campesinos se van abrir nuevas vías de comunicación, escuelas y hospitales, hay gente que no lo entiende así pero ese proyecto no puede y no debe quedar frenado”.

Manifestó su preocupación porque ya exista una petición del gobierno de Nayarit para llevarse La Parota. “Eso sí sería desastroso para los acapulqueños, porque después de la referencia de resistencia de La Parota, quiénes se atreverían a venir a invertir”.

Dijo que aún no ha tenido comunicación con Téliz Hernández ni Martínez Sidney pero “estamos de acuerdo en que no se puede supeditar un beneficio general por intereses particulares”.

 

No hay condiciones para la asamblea sobre La Parota, reconoce López Rosas (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

 Conciliar con los inconformes para que se lleve a cabo una reunión civilizada donde se respete a la  mayoría, propone el alcalde de Acapulco

El alcalde Alberto López Rosas consideró que “no hay condiciones” para que se lleve a cabo la reunión para conseguir que los comuneros den anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de sus tierras.

López Rosas dijo que “el progreso” no debe ser una razón para confrontar a los comuneros y que éste se puede “alcanzar” sin que haya “víctimas” que lamentar. “El progreso tiene que unirnos no tiene que confrontarnos”, manifestó.

En declaraciones a reporteros, López Rosas dijo que primero se debe conciliar con los inconformes para que se lleve a cabo una reunión “civilizada” donde se respeten las “mayorías” sean a favor o en contra de la presa hidroeléctrica La Parota.

 “Yo en lo personal considero que no hay condiciones suficientes para la celebración de esta asamblea”. Reiteró que él ve “con simpatía” el desarrollo de La Parota pero insistió en que se tiene que hacer un esfuerzo para “lograr un consenso social”, comentó el alcalde a reporteros al término de la ceremonia por el Día del Bombero.

El alcalde dijo que la autoridad no puede recibir  “ultimatums o desafíos” sino que se debe agotar el diálogo para crear consensos que permitan conocer el sentir de las mayorías.

El alcalde informó que sí solicitaron la participación de la Policía Preventiva en la reunión de hoy que será en una localidad de San Marcos pero que aún no definía si acudirían los preventivos y aclaró que en caso de hacerlo la Policía Municipal estará “atenta” pero en los límites del municipio.

El alcalde propuso a los comuneros inconformes “vigilar y organizar conjuntamente” una asamblea en la que se permita conocer la voluntad de la mayoría y “respetarla”.

“Si la voluntad mayoritaria es no, yo como presidente municipal me sumaré al no, pero si es sí habremos de respetar a la mayoría”, reiteró el alcalde.

Insistió en que debe ser una asamblea cuidada por ambas partes en la que ambos grupos queden “satisfechos” con los resultados.

 

Indígenas de La Montaña piden al gobierno que voltee hacia las fuentes alternas de energía. (El Sur, Cartas, p.web),

Señor director:

Solicitamos la publicación de la siguiente carta del Frente Pacífico de La Montaña, Ede Kájuaa Tsuddu Júba, frente amplio de maestros bilingües y campesinos indígenas asentados en la vertiente Pacífico de La Montaña. Consideramos que el caso de La Parota es un asunto de vital importancia para el rescate de la cosmovisión indiana de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

Quienes nos sentimos privilegiados por vivir en nuestros propios pueblos y tener nuestras propias tierras en nuestros propios territorios. Quienes aún consideramos que venimos de nuestra madre tierra y que estamos atados de manera consciente y amorosa con ella. Quienes aún nos comunicamos cotidianamente con ella y la trabajamos fervorosamente, respetando sus tiempos y condiciones. Quienes nos sentimos orgullosos de nuestra identidad indiana, de nuestros antepasados, de nuestras culturas y de nuestras lenguas vivas.

Deseamos decirle a aquellos que nos ven desde afuera y que tienen una cosmovisión diferente a la que tenemos nosotros de nosotros, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de nuestros usos cotidianos: Que nos solidarizamos con los pueblos de nuestros hermanos de La Parota y de nuestros pueblos hermanos asentados en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, por ser ellos con nosotros, hermanos que provenimos de los pueblos originarios de nuestro querido estado de Guerrero.

Les decimos a través de nuestra voz escrita a aquellos que pretenden tapar con agua a nuestros vestigios indianos, testigos mudos y cobijados en las entrañas de nuestra madre tierra: Que allí en esos territorios de nuestros hermanos y nuestros, subyace una historia no escrita, rica, hermosa y trascendental de nuestro pasado indígena, de nuestros ancestros pertenecientes a la república de indios de Cacahuatepec; reconocida al igual que las repúblicas de indios de San Juan Tecoanapa, Texcatepec, San Miguel Coyuca y Tixtlancingo, por los gobiernos de la Colonia en 1533, año en que fue establecida la Alcaldía Mayor de Acapulco.

Les decimos con la voz en alto: Que los asentamientos de Cacahauatepec fueron contemporáneos al señorío de Yopiltizingo, y que antes mucho antes; convivían con los pueblos originarios hablantes de las lenguas texcateca, camoteca, tisteca, coyutumateca, tlatzihuizteca y tuzteca. Lenguas –todas ellas– vivas al momento del contacto con los peninsulares invasores.

Les decimos a ellos y aquellos que están empecinados en cambiar nuestra ancestral y rica identidad indiana; por unos cuantos miles de pesos, por casas de interés social y por potenciales empleos atados a un patrón insaciable: Que  nuestros pueblos ya han despertado y que si antes cambiamos nuestra riqueza cultural –reflejada en artesanías y ornamentos de oro–, por cuentas de vidrio y espejitos que reflejaban su imagen y las luces del día y de la noche, ya no lo podrán hacer.

Les decimos a todos nuestros hermanos y a nuestros pueblos hermanos: Que ya este gobierno federal ha mutilado virtualmente nuestro escudo nacional, y a cambio nos ha querido imponer por todos los medios de la mercadotecnia al águila mocha; a la que se ha quitado el nopal, la tierra y las aguas, base de sustento de nuestros pueblos.

A ese gobierno y sus gobiernos aliados les decimos: Que ya paren la campaña de hostigamiento para con nuestros hermanos de La Parota y para con nuestros pueblos hermanos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Les decimos a ellos, a quienes ya han atentado en contra del tejido social de nuestros hermanos de La Parota y de nuestros pueblos hermanos asentados en los Bienes Comunales de  Cacahuatepec: Que no continúen provocando y generando a través de la radio y la televisión pagada, el enfrentamiento entre nuestros hermanos de otros pueblos hermanos del municipio de Acapulco.

Por último les decimos a ellos, a los que están obsesionados por un modelo de crecimiento derrochador de los recursos naturales –y que pretenden avasallar a quienes menos tienen–: Que despierten de su sueño “modernizador” a ultranza, y que volteen sus ojos y sus voluntades hacia la utilización de las vías alternas de transformación, almacenamiento y conducción de la energía.

Les decimos a todos ellos: Que volteen sus ojos, su comprensión y voluntades hacia el respeto y autodeterminación de todos nuestros pueblos originarios, en nuestro bienamado estado de Guerrero.

Siempre un Guerrero y una Montaña con nosotros,

Frente Pacífico de La Montaña

Ede Kájuaa Tsuddu Júba

Por mandato de la Coordinación Colectiva

Xabo na’ne ñajun xuajen: Abraham Molina Muñoz

 

La Parota, el desastre ecológico. (El Sur, Opinión,, p.web).

Rodolfo Chávez Galindo

En un momento de gran tensión, por la urgencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de concretar el negocio a como dé lugar, hay que señalar que en las presentaciones que hace de su proyecto en venta no dice nada de los datos y los llamados de alerta sobre lo que sería la mayor devastación del medio ambiente en el estado. El desastre al medio ambiente que produciría la presa La Parota, al arrasar 17 mil 300 hectáreas, dejando bajo las aguas a miles de animales vivos y millones de árboles y plantas de todo tipo, significaría una devastación mayor a cualquier tala de árboles por inmoderada que sea o a un incendio forestal.

La CFE entregó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 5 de julio de 2004, un fajo de mil 536 páginas con gráficas y mapas. Esta misma, está impugnada por un Recurso de Revisión interpuesto por ejidatarios y comuneros

Se exigió a la Semarnat dar a conocer públicamente la MIA. Se le exigió que realizara una consulta pública. Esa institución federal se vio obligada a convocar a una consulta pública, que se realizó el 24 de agosto de 2004 en el Centro de Convenciones de Acapulco. Se invitó a los asesores de los campesinos, que son expertos en ecología y derecho ambiental para responder a los datos imprecisos, falsos y mal intencionados en la MIA.

Las objeciones y rechazo total a la MIA fueron contundentes. La Unión de Grupos Ambientalistas de México (UGAM-IAP)  y la Red de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) exigieron que la MIA  presentada por la CFE no sea autorizada por carecer de información indispensable y contener “información falsa”. Señalaron que no se habla en la MIA de las especies de flora y fauna con status de protección; no se habla de la reubicación de los pobladores.  Señalan que la misma CFE reconoce en el Capítulo 6, apartado B, que no presentó la planeación de la ejecución de la obra hidrológica e hidroeléctrica. Preguntaron entonces: ¿Por qué la Semarnat acepta una MIA incompleta y la somete a consulta?

Señalaron en esa ocasión, que en el Capítulo 7 se reconoce que apenas durante 2004 y 2005 se estudiará la instrumentación y la estabilización de sitios sujetos a erosión por la presa; de evaluación de tierras, y la elaboración del proyecto de reforestación, y en 2005, el estudio de ordenamiento ecológico del embalse. Todo esto después de la presentación de la MIA.  Estos datos los da la CFE, considerando que hubieran podido entrar a la zona con su maquinaria y comenzar los trabajos en 2004.

Los asesores de los ejidatarios y comuneros preguntaron ¿cómo se pueden evaluar y autorizar medidas de prevención y mitigación, si aún no se presentan los proyectos de las obras? ¿Porqué se acepta la construcción de la presa, si esa posibilidad y factibilidad debería ser resultado del estudio de ordenamiento ecológico, y éste aún no se realiza sino hasta 2005, cuando ya estén las obras?

El referido apartado B del Capítulo 6 habla de nuevas presas de mitigación río abajo, pero la CFE reconoce que aún no se elabora el proyecto de esas presas, ni el lugar de su ubicación, pero la primera presa ocupará otras 193 hectáreas, y estas presas de Mitigación no están consideradas en la MIA. Aquí existe omisión y falsedad de datos.

Lo que los comuneros tienen claro es que la CFE no dio esos datos para no alertar a los habitantes de cuando menos otras siete comunidades, y evitar que entraran al movimiento opositor. Se equivocaron. Esas comunidades que serían inundadas por las presas de mitigación, ya se incorporaron al movimiento del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP).

La MIA dice que como medidas para la fauna “normal” como la víbora de cascabel o el venado cola blanca lo único que queda por hacer es que esos animales escapen del lugar del embalse, ya que económicamente no es posible tomar otras medidas. Destacan que en la MIA no se informa de la superficie de suelo que se removerá, no se menciona el número de árboles y plantas que van a ser talados y destruidos, no dicen cómo específicamente protegerán las especies que van a ser destruidas. La CFE admite que la zona arqueológica de Pochotlaxco y otras más serán destruidas y sepultadas por las aguas, y piensan que con llevar algunas piezas arqueológicas es suficiente. La CFE no tuvo cara para responder a esta pregunta: ¿Dónde están las piezas arqueológicas que extrajeron del lugar en 2003?

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea), con sede en Guadalajara, Jalisco, cuestiona que sólo se generará el 20 por ciento de la energía que establece el proyecto, trabajando solamente cuatro horas diarias en las horas pico, mientras que el efecto social y ambiental será enorme. La destrucción de cientos de especies, algunas endémicas o bajo protección legal, implicaría la pérdida de biodiversidad y germoplasma.  Destacan que el proyecto La Parota viola la Ley General del Equilibrio Ecológico, viola la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre e incumple con la Convención de Diversidad Biológica, la Convención para la protección de fauna, flora y de las bellezas escénicas naturales en los países de América, además de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies en Peligro de Extinción.

El proyecto no es jurídicamente viable pues el área donde construirían La Parota está ubicada en la región hidrológica prioritaria 29 y en la región prioritaria marina 32 establecidas por la Comisión Nacional de Biodiversidad y la obra es incompatible con esas áreas consideradas prioritarias para el conocimiento de la biodiversidad. Es un proyecto inviable ya que no prevé dotar de agua para la conservación ambiental ni para la vida, aguas abajo, donde viven más de 50 mil campesinos, ya que durante 20 horas al día no habrá cauce y cuando se abran las turbinas, el desfogue provocará alteraciones que no fueron calculadas en la MIA. No hay además un estudio amplio sobre Sismicidad.

El estudio de Idea asienta que las selvas tropicales de La Parota poseen una proporción importante de especies endémicas y exclusivos de este bioma. Se localizaron 19 especies de mamíferos, 43 de aves, 24 de reptiles y nueve especies de anfibios endémicos, seis de los cuales están bajo protección legal por su estatus de riesgo, y 4 que son presumiblemente nuevas para la ciencia y de gran importancia por ser consideradas endémicas de Guerrero. Entre éstas se encuentra el oso hormiguero, el zorrillo pigmeo, y tres especies micro endémicas: anolis taylori, anolis dunni, y rana sp, esta última, especie nueva con registros escasos y exclusiva del río Papagayo.

El Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota es rechazado porque incumple las disposiciones jurídicas alusivas a la protección de la biodiversidad de la flora y fauna terrestre y acuática y la relativa al funcionamiento de los ecosistemas hidrológicos en el país.

El 7 de Septiembre de 2004, la Semarnat solicita por única vez a la CFE información faltante a la MIA:   a) identificar, caracterizar y evaluar los efectos ambientales provocados por la presa reguladora para mitigar el deterioro. b) Vinculación del proyecto con diferentes instrumentos normativos, leyes y reglamentos. c) Insuficiencia sobre la superficie muestreada sobre las afectaciones a la vegetación.

El 14 de noviembre entregó la CFE sus respuestas al requerimiento. El 13 de diciembre de 2004, la Semarnat aprueba la MIA, sin dar a conocer la respuesta a la información adicional de la CFE.

El 16 de marzo de 2005, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la comunera Margarita Mendoza Solís y dos ejidatarios de Dos Arroyos, presentaron ante la Semarnat un Recurso de Revisión en contra de la Autorización de Impacto Ambiental que emitiera esa dependencia a favor de la CFE. Este recurso fue aceptado por la Semarnat el 29 de marzo de 2005, y está fundamentado en la falta de apego a las leyes ambientales y se señalan los graves e irreversibles impactos ambientales que se producirían con la construcción de la presa.

Estos impactos son: a)  Afectación a la salud de los habitantes de las comunidades colindantes. b) Desastres sísmicos de dimensiones graves. La Semarnat se declaró sin conocimientos en la materia y no impuso ninguna medida para monitorear el riesgo y mucho menos un plan de contingencia ante tal eventualidad. c) Destrucción irreversible del hábitat de especies en flora y fauna amenazados y en peligro de extinción. d) Cambio en el flujo hidrológico del Río Papagayo.  La CFE no presentó estudios isotópicos para que la Semarnat evaluara con verdadero conocimiento las interacciones del agua y las rocas. No dio información necesaria para evitar desastres ocasionados por la infiltración del agua de mar en los acuíferos.

Se pide que la Semarnat revise la legalidad y la veracidad sobre el inminente impacto negativo al ambiente que produciría la obra y revoque la autorización emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de dicha Secretaría.

La construcción de la presa La Parota afectaría partes de selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, en la que se encuentran encinos, iguana verde, boa constrictor imperator, garrobo, águila pescadora, escorpión y cojilote.

Habría desplazamiento de fauna silvestre a consecuencia del embalse, algunas de ellas endémicas y con alto riesgo de extinción, como la rana papagayo.

Habría especies de flora amenazadas como la astronium graveolens jacq, spondias mombin, bursera arborea, peltogyne mexicana m., licania arborea, zamia loddigesii miq.

Afectaría áreas naturales protegidas muy cercanas a la zona del proyectado embalse. Concretamente el parque nacional El Veladero, ubicado en la Provincia Fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, área que abarca 3 mil 159 hectáreas, que proporciona medidas de regulación y control para evitar la degradación o alteración del ecosistema en toda la zona de Acapulco. La construcción de La Parota, destruiría el ecosistema entero, que comprende el parque El Veladero y la laguna de Tres Palos.

Aceptar a ciegas un proyecto de esta magnitud es una irresponsabilidad de la CFE. Esta irresponsabilidad se extiende a los gobiernos estatal y local. Y mayor es su culpa si aprueban un proyecto solamente por una miope visión monetarista que les pinta de colores un proyecto nocivo, solamente porque forma parte del esquema privatizador, encabezado por los empresarios de las trasnacionales de la energía, dispuestos a llevarse de nuestro país nuestras mayores riquezas, en este caso, la energía eléctrica.

 

MORELOS

 

Ardides de empresarios para afectar a Tepoztlán. (La Jornada, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. A 10 años del rechazo al proyecto de la construcción del club de golf en el municipio de Tepoztlán, activistas sociales, ejidatarios y pobladores de ese municipio denunciaron que existe presión y hostigamiento en contra de los magistrados del Tribunal Unitario Agrario (TUA) por parte de los representantes legales de la familia Salinas de Gortari, dueños de las empresas que realizarían el proyecto, para que sean favorecidos en el juicio que se sigue para demostrar la propiedad de los predios donde se construiría el campo de golf.

María de los Angeles Arcos García, abogada del movimiento, denunció que existen presiones hacia los magistrados del TUA para que se inclinen a favor de la empresa Pidamire y Convento, sin embargo señaló que el pueblo de Tepoztlán «está atento a que se cumpla la ley y que los derechos de la Resolución Presidencial de 1929, sean respetados plenamente».

Recordó que la comunidad de Tepoztlán demandó en 1990 la restitución de 280 hectáreas a los empresarios que pretendían construir el club de golf. Así, en 2001, el Tribunal Agrario número 18 resolvió el juicio a favor de la comunidad, ya que los empresarios no probaron la propiedad legítima de las tierras y en cambio quedó demostrado que la superficie en conflicto es comunal. Ante ello, la empresa se inconformó ante la resolución del Tribunal Agrario 18 y el juicio se trasladó al Tribunal Superior Agrario, el cual confirmó la primera sentencia y aunque aún no ha concluido el proceso legal en forma definitiva, difícilmente los empresarios podrán demostrar que la superficie en litigio sea propiedad privada, por ello sus presiones.

Cabe mencionar que la construcción de un proyecto residencial y un club de golf que el ex gobernador Jorge Carrillo Olea y la empresa KS pretendían construir en bosques del Parque Nacional El Tepozteco y en tierras agrícolas comunales, fue minado mediante movilizaciones por parte de los pobladores de Tepoztlán.

Los activista dijeron que la lucha fue difícil, ya que «no olvidamos la emboscada que el gobierno de Carrillo Olea tendió al pueblo tepozteco el 10 de abril de 1996 en el municipio de Tlaltizapán, en la que cientos de niños, mujeres, hombres y ancianos fueron salvajemente golpeados, y donde el campesino Marcos Olmedo Gutiérrez, fue asesinado por la policía del estado».

Ante ello, Salvador Guzmán, integrante del movimiento, informó que llevarán a cabo de mañana miércoles 24 al 28 de agosto la conmemoración del movimiento No al club de golf.

 

OAXACA

 

Premiarán a jóvenes indígenas. (El Universal, Liliana Alcántara, p.web)

A sus 23 años, Beatriz Hernández Bautista es la primera mujer indígena de su comunidad que se gradúa como abogada.

Lo hizo porque en su tierra las disputas agrarias entre comunidades son el pan de cada día.

Es defensora de los derechos humanos en la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en Putla, Oaxaca, y por el hecho de ser diferente y haber roto los esquemas, las propias mujeres de su comunidad la han insultado.

"No están de acuerdo en que yo como mujer sea profesionista y activista. Ellas desean que, como las demás, dedique mi vida a la crianza de los hijos y atender a mi marido, pero yo no pienso casarme, al menos por ahora", comentó Beatriz, quien hoy recibirá el Premio Nacional de la Juventud Indígena 2005.

Dice que su familia la apoya y trata de convencerla que deje de inmiscuirse en conflictos agrarios, porque saben que algunos de sus colegas han sido asesinados o amenazados de muerte. "Hasta la fecha no he sentido que exponga mi vida, si llegara a pasarme algo, que yo espero que no, lo pensaría".

Osvaldo Martínez Flores, de 27 años, también recibirá el Premio Nacional de la Juventud Indígena por su labor en favor del desarrollo comunitario de la región zapoteca.

Como gestor ha resuelto la instalación de una escuela telesecundaria, la legalización de la tenencia de la tierra, el desarrollo de un estatuto comunitario y la creación de una radio comunitaria.

También enseñó a mujeres indígenas a capacitarse en labores productivas como la siembra de setas y el telar de cintura. Es agrónomo de profesión y no percibe ningún salario como gestor.

"Es muy triste saber que quienes dicen que están para servir a los demás a la mera hora evadan su responsabilidad", dijo.

Sergio Fernando Juárez López, de 21 años, es otro de los premiados. No es indígena de nacimiento pero su sangre es mixteca; sus abuelos han preservado el cultivo de grana cochinilla. Él siente la obligación de seguir con esa labor y tiene planes de ampliar la producción y comercialización. Es ingeniero industrial. "Me siento afortunado, pero como país debemos evitar que haya oportunidades sólo para algunos".

 

Cartones

 

 

Negociaciones · Magú

 

Tradición de sacrificios · El Fisgón

 

Ganancia de pejescadores · Rocha

 

 

 Todo es posible Naranjo

 

 

 La unión hace la farsa Helioflores