CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
18 DE AGOSTO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Descalifica SER actitud de Garza
Señala Cancillería que sus críticas no corresponden a
un Embajador
Activan México y
EU operativos en la frontera
Realizará un grupo binacional labores de inteligencia
Drástica caída en
la producción: Sojo
La Presidencia admite una fuerte desaceleración de la
economía
Menos burocracia,
pero más gasto
Piden legisladores a Gil Díaz explique qué hizo con los
excedentes
Apoya Washington
advertencias de Garza a México
Departamento de Estado: sí se puede minar la relación
por la violencia fronteriza
Sobornos por 52
mil mdp a legisladores y funcionarios
Gasto anual de la IP en corrupción, revela el CEESP
En Los Dinamos secuestran
y matan a empresario español
A Camilo Guerra, llegado de Galicia en 1950, lo plagiaron
hace 42 días, cuando pescaba en ese parque, recibió 3 balazos.
Conde la Permanente presiones de EU
Castigo injusto: Fernández de Cevallos
El mejor blindaje es la confianza: Gil Díaz
Pagamos muchas deudas anteriores refinanciándolas más
baratas y a plazos más largos, señala el secretario.
¿Quién castiga a
EU por ser el consumidor mundial de drogas?: Diego F. de Cevallos
Sector agrario
Más de 7 mil hectáreas
se incorporarán al PROCEDE. (El Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. Continuando
con los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares Urbanos (Procede), se incorporará más de 7 mil
hectáreas a dicho programa, según lo informó el residente de la Procuraduría
Agraria (PA), Jesús González García.
Las poblaciones que se incorporaron al mismo son Santa Bárbara,
del municipio de Pungarabato, quien tiene mil
44 hectáreas; El Cacahuananche, del municipio
de Ajuchitlán del Progreso, con un total de 2 mil 700 hectáreas.
De igual manera se encuentran los poblados de Monte Grande,
con mil 304 hectáreas y Puerto del Oro con 2 mil 500 hectáreas, ambos del
municipio de Coyuca de Catalán, y para lo cual
el día de hoy jueves iniciará el recorrido perimetral el personal de la
PA y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El funcionario señaló que en el caso de Santa Bárbara y Puerto
del Oro eran de los ejidos considerados como focos amarillos
y una vez que se termine con el recorrido perimetral, se estará en condiciones
de incorporar estos ejidos al Procede.
Yunes Landa negó buscar la dirigencia
estatal del PRI. (El Golfo Info, Leticia Rosado, p.web)
El subsecretario de gobierno, Héctor Yunes
Landa, afirmó que no sabe absolutamente nada sobre su posible cambio a la
dirigencia estatal del PRI, que lo que él sabe ha sido por lo que ha salido
en los diferentes medios de comunicación.
Yunes Landa, declaró que en este momento
no hay motivos para cambiar la dirigencia del PRI y que Edel
Álvarez ha hecho un trabajo muy profesional, “ha recuperado casi todos los
comités y ha realizado un trabajo serio, discreto y profesional”.
Explicó que tiene tareas en la subsecretaría, no sólo las del
día a día sino que constantemente realiza programas que lo mantienen ocupado
durante varios meses.
Aseguró que se mantendrá en esta posición más tiempo, aunque
esa decisión la toma el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán.
En otro tema indicó que no hay conflictos mayores en el estado,
que hay entre 17 y 19 focos amarillos, los cuales con el convenio de colaboración
que van a firmar entre la Procuraduría de la Reforma Agraria y el
gobierno estatal se abatirán en su totalidad.
Logra Tamaulipas primer lugar en metas. (En Línea Directa (Tamaulipas), Jesús Hernández, p.web).
Ciudad Victoria, Tam.- Destaca Coordinador
de Delegaciones de Procuraduría Agraria la Delegación Estatal de la Procuraduría
Agraria obtuvo en el según do trimestre del año el primer lugar nacional
en la consecución de las metas y los programas que la propia institución
aplica, reveló aquí el Coordinador Federal de Delegaciones, Carlos Nuño
Robles.
Por ello, en representación del Procurador Agrario en México,
Isaías Rivera Rodríguez, hizo entrega de reconocimientos, diplomas y
estímulos en efectivo al personal de la delegación estatal, este último
consistente en 100 mil pesos que, según dijo, serán utilizados para aplicarlos
en actividades de esa misma institución.
La evaluación hecha por instancias nacionales se basa en 27
indicadores relacionados con los compromisos que tiene la propia institución
con el Gobierno Federal y que además forman parte del plan sexenal del titular
del ejecutivo.
En esa evaluación entran programas como el PROCEDE,
las listas de sucesores, lo del programa, EMPRENDE, para fomentar
empresas productivas en el sector rural, la defensa jurídica de los sujetos
agrarios y 27 indicadores más.
Junto con la Delegación recibieron reconocimiento los residentes
de Victoria, Río Bravo, Mante, que alcanzaron el primer lugar del mes, “todo
esto son reconocimientos al trabajo” les expresó el funcionario.
En su mensaje de agradecimiento el Delegado, Sergio Teodoro
Meza López, dijo que en Tamaulipas se está trabajando para contar con un
campo ordenado y que al mismo tiempo que este sea generoso y productivo.
No satisface a CNC trabajo de Procuraduría Agraria. (En Línea Directa, Jesús
Hernández, p.web)
*Es muy light su tarea dice su dirigente.
Ciudad Victoria, Tam.- La Presidenta
de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas,
Guadalupe Flores Valdez, calificó como muy “lihte”
el trabajo que lleva a cabo la Procuraduría
Agraria.
Y ante las tareas menores que muchas veces se desconocen dijo
que ya existe una propuesta al seno del Congreso de la Unión para que se
le de un cambio de función, que esté al tanto de los cambios y que ayude
a la organización del los ejidos.
En Tamaulipas existen ejidos que tienen más de 20 años y no
se han cambiado a las autoridades, esa debería ser su función y no como
lo establecen los usos y costumbres, muchas veces señalando que es el propio
ejido el que tiene que acudir a las oficinas de la Procuraduría, cuando
antes era la institución la que contaba con un padrón y enviaban la convocatoria.
“Yo no dudo que tengan
en mil por ciento de avance, lamentablemente desconocemos sus funciones”.
Cito por ejemplo el caso del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales, ahí la Procuraduría Agraria logró entrar a los ejidos, luego de
comprobar que no había conflictos, pero donde hay problemas de linderos
y situaciones legales la situación se mantiene sin cambio.
Flores Valdez, dijo que durante el gobierno de, Vicente Fox Quesada, se presumen logros, pero en los hechos el campo
se encuentra abandonado y en el peor momento de su historia, “es urgente
un proyecto de nación con rumbo y destino” subrayó.
Un panista, comisario
ejidal en Chankom. (El Diario
de Yucatán, p.web).
Surgen quejas porque “se pretendió comprar los votos”
Chankom.- El panista Fernando
Cimé Tamayo fue electo comisario ejidal, en una asamblea realizada
el domingo en el Palacio Municipal y en la que sólo participaron 58 de los
109 ejidatarios del padrón.
Silverio Martín Escalante, visitador de la Procuraduría Agraria, presenció la asamblea, que se realizó bajo la
vigilancia de agentes de la SPV.
Se esperaba que también participara
Roberto Perera, cuya candidatura impulsó el alcalde
Roger Cimé Mis, pero
de última hora no se presentó al parecer al considerar perdida la elección.
El nuevo comisario dijo que el
alcalde y el ex comisario Mario Cimé Ek pretendieron comprar a la gente con despensas y dinero,
pero ni así lograron reunir los votos que necesitaban.
El triunfo del panista fue celebrado con voladores y aplausos.
Cimé Tamayo
destacó que ya empieza el derrumbe de la familia Cimé
Ek, quien durante más de 20 años ha gobernado
el municipio, en presencia del alcalde que se mostraba disgustado.
El nuevo comisario exigió al Ayuntamiento
la devolución del local ejidal, ahora convertido en biblioteca pública.
El caso de Atenco. (Diario de Yucatán, Víctor Fernández, p.web).
Mérida, Yucatán.- En México, cuando
se pensó en el de Atenco, frustrado por los machetes,
no se habló de eliminar el actual. Ahora se desarrollará un cinturón de
aeropuertos situados en Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Puebla, y el del
Distrito Federal está en plena ampliación y remodelación.
Es posible que el ejemplo de Atenco haya sido tomado en cuenta para mantener en secreto
el proyecto de Hunucmá, aunque no se justifica.
Parece ser que el descontento y
malestar no está sólo en el fin, que no pocos cuestionan alegando que hay
otras prioridades, sino también, y de manera enfática, en los medios: la
sigilosa y no muy clara adquisición de los terrenos, pagados a precios bajos
a los ejidatarios y vendidos a un precio mayor al gobierno.
Se habla de ganancias de 22 a 34
millones de pesos para el ubicuo Antonino Almazán —en tiempos priístas delegado
del Registro Agrario Nacional,
de donde salió por malos manejos— y sus socios, los verdaderos, no los también
ubicuos (viven en Hunucmá y Chablekal
dedicados a actividades agropecuarias, pero nadie los conoce) oaxaqueños,
campechanos y veracruzanos prestanombres. ¿Quiénes son los verdaderos socios
ganones? Vecinos de San Antonio Chel
afirman que han ido a comprar el casco de la hacienda para transformarlo
en hotel, pues quedaría enfrente del aeropuerto.
Los del PRI, encabezados por Carlos
Sobrino Sierra, hablan de violación a la Ley por usar dinero aprobado y
destinado a otros asuntos en pago a Antonino.
Nos imaginamos la reacción y declaraciones
de muchos panistas, hoy en funciones de gobierno,
si un gobierno priísta fuera el autor del proyecto en cuestión: el tráfico
de influencias y el uso ilegal de información privilegiada era una de las
formas más usuales del enriquecimiento ilegítimo en los tiempos priístas
y los panistas fueron los más críticos denunciadores
de semejantes actitudes.
Los ciudadanos de Yucatán esperan
una transparente, explícita e inobjetable explicación del gobierno. Éste
tiene ante sí una magnífica oportunidad para transparentar ante los ciudadanos,
quienes los eligieron y quienes votaron en su contra hace cuatro años, todo
el proceso de planeación del proyecto aeroportuario y de desarrollo urbanístico,
así como la adquisición de los terrenos correspondientes.
Confiamos en que el gobierno panista, encabezado por Patricio Patrón Laviada,
tiene y nos dará la explicación puntual que merecemos.
No hay que hacer cosas buenas que
parezcan malas.
Está lista la nueva Ley Federal Agraria. (Diario de México, p.web)
El presidente de la Comisión
de Reforma Agraria. Manuel García Corpus, anunció que está listo y aprobado
el dictamen de la nueva Ley Federal Agraria y podría presentarse
para su discusión y aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados en
la segunda quincena de septiembre.
Explicó el legislador que con las
modificaciones se da prioridad a los intereses de los campesinos, ejidatarios,
comuneros e indígenas, para mantener y proteger las tierras en los ejidos
y comunidades.
En la reunión de trabajos técnicos
para el análisis de las iniciativas del marco jurídico agrario, entre el
Consejo Nacional Consultivo Agropecuario (Conacosa)
y la Comisión, García Corpus dio a conocer los principales convenios.
“En principio se trata de una ley
con espíritu social, priorizando la seguridad jurídica en la tenencia de
la tierra y la obligatoriedad del Ejecutivo sobre el presupuesto para los
programas rurales”, apuntó.
Igualmente se contempla la creación
de una sección nueva dedicada a la protección de las tierras indígenas;
fortalecimiento de la vida orgánica de los núcleos agrarios; ampliación
de las facultades de la asamblea ejidal y comunal, así como la protección
y ampliación de los derechos de las mujeres agrarias y la protección de
la familia campesina.
De acuerdo con García Corpus, se
realizó un “excelente trabajo de equipo” entre el Ejecutivo, los tribunales
agrarios, los representantes campesinos y la Comisión, con la finalidad
de conjuntar la propuesta de iniciativas de ley para actualizar
el marco jurídico en la materia.
El diputado priísta indicó que
los últimos detalles para que se presente el documento dentro de los tiempos
legislativos en el próximo periodo ordinario de sesiones serán: presentar
el documento ante la Mesa Directiva de la Comisión, a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, a las coordinaciones por estado y a la Comisión
de Reforma Agraria del Senado.
¿Falta otro Zapata?. (Cambio de Michoacán, Marx Aguirre,
p.web).
OPINIÓN
En días pasados, fue celebrado
en Morelia, el II Coloquio Internacional: «Zapata y la Legislación Agraria»,
auspiciado por la Fundación de Estudios e Investigación que lleva su nombre y el gobierno de Michoacán.
En este evento, distintos estudiosos presentaron consideraciones importantes
sobre la vida y la obra del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.
Llama la atención que casi a una
centuria de la Revolución de 1910, la figura de uno de sus protagonistas
populares fundamentales siga siendo objeto de análisis y de enseñanzas.
Habría que preguntarse en las circunstancias de hoy: ¿qué es lo que enseña
Emiliano Zapata a los campesinos y en general a los pobres del campo?
La preocupación principal del Plan
de Ayala, que fue el plan zapatista, consistía
en la devolución de las tierras a los pueblos que las habían perdido mediante
el despojo y la dotación de ejidos a quienes no pudiesen demostrar su restitución.
En aquel plan se establecía que los pueblos o ciudadanos entrarían en posesión
inmediata de los «terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados,
científicos o caciques a la sombra de la justicia venal». También, disponía
la dotación de ejidos, establecimiento de colonias, fundos legales y campos de sembradura, mediante la expropiación
de sus «poderosos propietarios», para alcanzar la «prosperidad» y bienestar
de todos los mexicanos».
Sin Zapata, en su lucha y en su
tragedia, la liquidación del latifundio y la gran hacienda, los ejidos y
las comunidades agrarias, reconocidas por la vía de su titulación y restitución
de tierras, no hubieran podido consumarse. En cada ejido y en cada comunidad
de origen indígena rigurosamente habría que encontrar la obra de Emiliano
Zapata.
Desde que asesinaron a Zapata el
10 de abril de 1919, muchas situaciones han cambiado, el campo mexicano
de los latifundios y los peones acasillados ha
desaparecido. Junto con la tierra los campesinos recibieron apoyos para
su organización, créditos, asistencia técnica y garantías de comercialización.
No obstante, el objetivo de la «prosperidad y bienestar de todos los mexicanos»
todavía está muy lejos de alcanzarse. La Revolución y la reforma agraria se hicieron para eso y, sin embargo, a pesar del millón
de muertos, pareciera que su fracaso es incuestionable.
Todavía está pendiente el análisis
crítico de la Revolución Mexicana y la reforma agraria, que permita descubrir
las desviaciones, errores y traiciones de magnitud histórica. Por ello,
la revisión del movimiento de Zapata es una mirada al pasado para comprender
mejor el presente y diseñar aquello que se tiene que construir para el mañana
que es el futuro.
¿Qué es lo que en estos tiempos,
los de ahora, podría decirnos Emiliano Zapata? En primer lugar la responsabilidad
de los campesinos mismos para luchar y hacer por sí mismos lo que en justicia
les corresponde. El Plan de Ayala estipulaba que los pueblos entrarían en
posesión inmediata de las tierras que les hubiesen arrebatado, sin esperar
las «revisiones» que los poderosos estaban interesados en promover.
En Morelos, los 53 latifundios
y haciendas fueron entregados a los campesinos y, junto con la tierra, se
inició un programa de crédito, organizando en cada comunidad asociaciones
de crédito, agrupadas regionalmente, dirigidas por la Caja Rural de Préstamos
del Estado de Morelos, que también administraba los ingenios azucareros
y algunas de las haciendas expropiadas para el financiamiento del Ejército
del Sur.
Otra fue la organización y la disciplina
para mantener y elevar la producción en condiciones de guerra, con el apoyo
de los estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo
y otros centros educativos. La voluntad que deriva de la convicción nunca
faltó en las filas zapatistas, a pesar de la devastación
de pueblos y cultivos realizada por las fuerzas enemigas. En aquella lucha
se sabía claramente lo que se buscaba y con ese ánimo había disposición
para entregar la vida.
Finalmente, entre otras muchas,
habría que destacar en Zapata su cualidad de «saber juzgar muy bien a los
hombres» y su honestidad. Rehusó cuantos intentos se hicieron por sobornarlo
y las oportunidades para hacerse nuevo rico, a la usanza de otros «revolucionarios».
Vivió y murió pobre y sus hijos sobrevivieron de pequeñas pensiones y becas
otorgadas por el gobierno. Zapata fue el dirigente más grande y limpio de
la Revolución Mexicana. Tan grande como los problemas e injusticias que
se propuso resolver. ¿Hoy hace falta otro Zapata?
Asamblea ejidal con “anomalías”. (Diario de Yucatán, José W. Cob p.web).
17 de Agosto 2005
Llega al Congreso
la polémica por tierras para el aeropuerto
El proceso de la compra de tierras
ejidales de Hunucmá se hizo mediante una red de
“líderes” y hasta “vividores” de los ejidos, que recibieron $15,000 de gratificación,
y con un padrón presuntamente alterado ilegalmente.
La polémica por ese proceso llegó
ayer al Congreso en la voz de Daniel Bass Canché,
quien se dice uno de los 200 parcelarios perjudicados de Texán Palomeque.
El quejoso pidió ayuda a los diputados
priístas para defender su terreno, que —dijo— ni sabía que había sido vendido
y anunció que este viernes la mayoría de esos campesinos ofrecerá en esta
capital una rueda de prensa para plantear sus inconformidades.
En Hunucmá,
ejidatarios informan que el ex delegado del RAN Antonino Almazán
Arteaga recurrió a 30 ó 40 “líderes” para concretar la compra de tierras,
entre ellos el ex comisario municipal José Fausto Canul
Canul, el ex secretario ejidal Ramón Peña Yamá, el ex titular del Consejo de Vigilancia Manuel May Cuxim, el secretario de la comisaría ejidal, Francisco Mex Canul; el presidente del Consejo
de Vigilancia, Nicolás Pech Pérez; el tesorero
ejidal, Rogelino Peña Yamá;
Modesto Canul Canul
y Carlos Chuc Ek, conocidos
como “vividores de la comisaría ejidal”, porque sacan provecho de su cercanía
con las autoridades, y Juan May Chay.
Cada uno recibió $15,000 porque
“convencieron” a los ejidatarios.
Otras anomalías que supuestamente
se cometieron en la asamblea en la que unos 300 ejidatarios aprobaron la
venta de 1,526 hectáreas —“ahora el gobierno maneja 1,978”— para el aeropuerto
son: 1) Como quienes vendieron sus tierras no llegaban ni a 250 y
para legalizar la venta se requería del voto de la mayoría, se pagó $150
a cada ejidatario que fue a la asamblea del 27 de febrero pasado.
2) Con el
aval de la Comisaría Ejidal y la Procuraduría Agraria, se usó un
padrón de sólo 600 ejidatarios “porque se dio de baja a los fallecidos y
desajenados de sus tierras en los últimos dos años”.
Los ejidatarios que denuncian esta
irregularidad dicen que no hubo asamblea alguna para depurar el padrón y
en la Procuraduría Agraria aún se maneja el padrón de poco más de 1,500
integrantes.
3) Nunca
se presentó un avalúo ni un plano de las tierras.
4) Para
atraer a más ejidatarios, al final de la asamblea hubo tortas de cochinita,
refrescos y jugos.
Los 134 ejidatarios del grupo 3
recibieron $49,000; los 47 del grupo 7, $39,000, y los 45 del grupo 11,
una cifra similar, en tres pagos, y cada “líder” tres pagos de $5,000.
Ahora están comprando tierras del
grupo 5.
Descarta Patrón consulta sobre el megaproyecto. (La Jornada, Luis A. Bonfil, p.web).
17 de Agosto 2005
El mandatario de Yucatán presenta el llamado Metropolisur
a sectores influyentes
Incluye terminal aérea, zoológico, museo, centros comerciales y 7 mil casas
para pobres
Mérida, Yuc., 16 de agosto. El megaproyecto
del gobernador panista Patricio Patrón Laviada ya tiene nombre: se llamará Metropolisur;
incluirá una terminal aérea en el municipio de Hunucmá,
un parque zoológico, un museo temático sobre la cultura maya, amplias carreteras
y complejos comerciales, así como 7 mil viviendas para ciudadanos de escasos
recursos.
El "niño consentido" de Patrón Laviada,
como llaman al Metropolisur los detractores del
mandatario, costará alrededor de mil 450 millones de pesos que, según el
gobernante y sus asesores, se obtendrán con la venta de los terrenos donde
actualmente se asienta el aeropuerto Manuel Crescencio
Rejón, lo que lo convertiría en una empresa "autofinanciable",
aunque no acaba de convencer a diversos sectores influyentes de la sociedad
yucateca, a los que el plan se ha presentado con inusitada rapidez.
Sin embargo, el titular del Ejecutivo yucateco anunció que
no habrá consulta popular para discutir el Metropolisur.
Patrón Laviada ha comenzado una carrera contra
el tiempo, y en las últimas 48 horas llevó con "bombos y platillos"
la explicación del proyecto ante socios de las cámaras de Comercio y de
la Construcción, y al Colegio de Arquitectos. Empresarios y directivos de
los dos últimos organismos recibieron con escepticismo al mandatario, mientras
los constructores mostraron gran entusiasmo.
En la Cámara de la Industria de la Construcción, a cargo de
Carlos Méndez Vega, el Metropolisur recibió apoyo
incondicional. Ninguno de los socios cuestionó al gobernante sobre la especulación
de tierras, que permitió comprar 3 mil hectáreas a ejidatarios de Hunucmá a precios irrisorios: 72 centavos el metro cuadrado,
mientras que el corredor de bienes raíces Antonino Almazán Arteaga revendió
los terrenos al gobierno local en 1.40 pesos el metro.
Como se ha informado, Almazán Arteaga, ex delegado del Registro
Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, es conocido especulador de tierras ejidales
y fue contratado por instrucciones de Patrón Laviada
-como él mismo reconoció- con el argumento paradójico de que, precisamente,
así se evitaría la especulación o el fraude.
La mayoría de los socios de la Cámara de Comercio y del Colegio
de Arquitectos cuestionó a Patrón Laviada por
la premura del proyecto y consideró que los siguientes dos años serán insuficientes
para construirlo. "No hay que apresurar los planes, no se trata de
un proyecto sexenal", comentó un afiliado al Colegio de Arquitectos.
Con los comerciantes se tocó más el tema de la especulación
de tierras y la participación del "corredor inmobiliario" Antonino
Almazán Arteaga en la adquisición de terrenos a bajo precio.
El Metropolisur se presentará a los
sectores sociales influyentes en busca de que lo aprueben, aunque falta
que el Congreso estatal de 25 diputados y una fracción panista
de 12 logre convencer a sus homólogos del PRI (10), PRD (2) y al independiente
Antonio Hadad Manssur de aprobar el empréstito por mil 450 millones de pesos.
Declaración en defensa de la economía indígena. (CMI Chiapas, p.web).
17 de Agosto 2005
Considerando que actualmente las economías propias de los pueblos
indígenas y campesinos de nuestro país han sufrido cercos y barreras puestas
por el mal gobierno para obligar, someter y aceptar la economía del capital
neoliberal.
Recordando que a partir de 1992 con las reformas al Articulo
27 Constitucional, el gobierno salinista comenzó
con el marco jurídico que ha permitido la privatización de tierras a favor
de caciques y transnacionales; que actualmente han creado y reformado leyes
y programas con el objetivo de hacer mecanismos legales de privatización
de nuestras aguas, tierra, bosques, medicina y conocimiento tradicional.
Observando que actualmente las grandes transnacionales han
crecido y se han fusionado, logrando concentrar en ellas el capital mundial,
obteniendo de esta manera poder sobre los países y desgarrando las economías
locales indígenas y campesinas.
Señalando que las empresas, en coordinación con los gobiernos,
han estado haciendo un ataque directo al cultivo tradicional del maíz que
es sagrado y base fundamental de la alimentación, cultura y economía de
las comunidades indígenas y campesinas del pueblo México.
Confirmando que nuestros pueblos y comunidades tienen antiguas
formas de ejercer una economía propia desde los trabajos colectivos como
son: la faena, tequio, guetza, mano vuelta, fajina
y otras formas que hacen fuerte a nuestros pueblos.
Caminando la reflexión legada por todos nuestros ancestros,
abuelos y abuelas que han dirigido los pueblos desde una cosmovisión propia
y que han transmitido su palabra, como el compañero wixaritari,
don Pedro de Haro Sánchez, hermano mayor de la lucha indígena nacional quien
nos mostró que la economía debe regresar a las manos colectivas de las comunidades.
Hacemos el siguiente
pronunciamiento
1. La economía indígena nace de la tierra, no del dinero y
forma parte de la vida misma y es un elemento fundamental para la protección
de nuestros territorios ejerciendo la autonomía y libre determinación de
los pueblos.
2. La tierra es nuestra madre, de ella vivimos y la defenderemos
por todas las vías nacidas de la autonomía, y no permitiremos que nadie
privatice nuestros territorios; entendido éstos como los ríos, manantiales,
mares, maíz, tierra, conocimientos y medicina tradicional, lugares sagrados
y centros ceremoniales.
3. Exigimos al gobierno federal el cese inmediato de la imposición
ilegítima del programa para la certificación de derechos ejidales (Procede)
y comunales (Procecom); la constitución de Reservas
Ecológicas, Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales y todo aquel intento
de cambiar la relación ecológica y profunda de nuestros pueblos con la tierra
para favorecer la privatización.
4. Señalamos que la migración es consecuencia de la aplicación
de todos los programas gubernamentales que en nuestras comunidades han desquebrajado
los tejidos familiares y comunitarios, llevando a una pérdida cultural y
concentración de todas las responsabilidades y trabajos dentro de la comunidad
a las mujeres, causando un grave impacto en nuestras economías locales.
5. Aclaramos que nunca aceptaremos dentro de nuestros sistemas
económicos el supuesto reconocimiento económico o pago que la Comisión Nacional
Forestal (Conafor) pretende imponer con recursos
del Banco Mundial a través del Pago por Servicios Ambientales, pues sabemos
que lo que pretenden es despojar del control territorial a los pueblos para
favorecer la privatización del agua, que es sagrada, el bosque, y todo lo
que hay en él, y aclaramos que lo que costó sangre no se vende por dinero.
6. Rechazamos profundamente la ley Monsanto,
también conocida como Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados, pues la madre del maíz no se puede contaminar
ni vender, sino honrar desde una economía que nace de ella misma desde tiempos
ancestrales.
7. Repudiamos la Ley General de Acceso a Recursos Genéticos
y Biológicos y la Ley de Propiedad Industrial, pues los conocimientos y
medicina ancestral de nuestros pueblos no son una mercancía.
8. Condenamos la Ley de Aguas Nacionales y toda la política
privatizadora que la acompaña, porque el agua es la vida y todos tenemos
derecho a ella. Por lo tanto, las empresas transnacionales o los caciques
no pueden administrar, cobrar o restringir su uso.
9. Desconocemos totalmente la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades
Indígenas, pues el camino de nuestros pueblos se decide en consenso de asamblea
y no por individuos al azar, como lo plantea el mal gobierno.
10. Alzamos nuestra voz para exigir a la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), a la Comisión Nacional de
los Pueblos Indios (Conadepi), a la Procuraduría Agraria, gobiernos federal, estatales, municipales y
al Congreso de la Unión que de inmediato detengan y deroguen los programas
y leyes que denunciamos en los puntos anteriores, y nos sumamos al acuerdo
tomado por los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas reunidos
los días 18 y 19 de junio en el Caracol "Erupción de Rebeldía, en el
Lago Azul de Zirahuén", en Michoacán, sobre considerar letra muerta
en nuestras comunidades estos programas, leyes y ordenamientos ilegítimos.
11. Advertimos al gobierno federal que de no respetar esta
voz emitida por nuestros pueblos y de seguir los hostigamientos a nuestra
economía, cultura y territorio, incrementaremos la resistencia civil desde
nuestras comunidades y organizaciones.
12. Ratificamos como Ley suprema de los pueblos y comunidades
indígenas a los Acuerdos de San Andrés, para llevar a cabo todos nuestros
procesos económicos desde la libre determinación.
13. Desde nosotros los pueblos y comunidades, seguiremos fortaleciendo
y protegiendo nuestro propio sistema económico desde las formas más antiguas
que nos han enseñado los viejos.
14. Continuará el intercambio de experiencias entre comunidades,
pueblos y organizaciones para fortalecer todos y cada uno de nuestros procesos
y así de esta manera, fortalecer la economía indígena dentro del territorio
nacional.
¡Por la reivindicación integral de nuestros pueblos!
Emitimos este documento, las comunidades, pueblos y organizaciones
abajo firmantes:
Integrantes de los pueblos indígenas: mixe,
mixteco, chinanteco
de San Juan Lalana, zapoteco
de la Costa, chontales e ikoots de Oaxaca; rarámuris de Chihuahua; mame, tzotzil,
tojolabal y tzeltal
de Chiapas; náhuatl y popoluca de Veracruz; p'urhépecha de Tzintzuntzan, Michoacán;
tlapaneco de Guerrero; xiiuy
de Tamazopo, San Luis Potosí; Consejo Indígena
Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón; Comité
General de Economía de la Comunidad Autónoma Wixárika
de Bancos de San Hipólito, Durango. Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos
Indígenas; Misión de José Marqués de Comillas, Chiapas; Laicos Misioneros
Combonianos; Misioneras Guadalupanas
del Espíritu Santo; Representantes Indígenas de Escuelas del Ministerio
de Ocosingo, Chiapas. El pueblo Lenca de la República del Salvador
Pugnas por tenencia de la tierra en Charo. (Cambio de Michoacán, Sergio
Bravo, p.web).
17 de Agosto 2005
En disputa, un polígono de 5.5 hectáreas
Integrantes de la comunidad indígena y la agraria de este municipio
se encuentran en pugna por problemas de tenencia de la tierra, lo cual ha
motivado ya algunos roces y fricciones, ante lo cual la autoridad municipal
a través de la sindicatura, y a petición de las propias partes en conflicto,
se ha visto precisada a intervenir como mediador a fin de que las cosas
no pasen a mayores, según dio a conocer el secretario de Gobierno municipal,
Guillermo Ramírez Salguero.
El funcionario señaló que la tierra en disputa es un polígono
de 5.5 hectáreas que se encuentra en la cabecera municipal en el ejido Villa
Charo, el cual se ha convertido en la manzana
de la discordia entre ambos grupos sociales que ya han tenido algunos roces,
por lo que a fin de evitar un conflicto social más serio y a petición de
las propias partes en conflicto, las autoridades municipales han venido
fungiendo como mediadores a partir del 16 de febrero del año en curso en
que se tuvo la primera reunión con ellos.
Fue así como la sindicatura tomó el asunto en sus manos recurriendo
para ello a todas las instancias gubernamentales relacionadas como lo es
la Procuraduría Agraria, entre otros, realizándose la investigación
exhaustiva de la situación, además de recorridos físicos por el terreno
en disputa.
Ayer martes se presentó ya el resultado técnico, para lo cual
se convocó a los representantes de ambas comunidades a los que se les hizo
saber que 2.5 hectáreas pertenecen al ejido de Villa Charo
y el resto aún no se determina debido a que la comunidad indígena sólo tiene
carta de posesión y esas tres hectáreas actualmente están en litigio con
otra comunidad, llevándose el caso en el Tribunal Agrario 36.
El secretario municipal señaló que el próximo 22 de agosto
se tendrá otra reunión con las partes involucradas, las cuales llevarán
a sus asesores legales, además de que estarán presentes ingenieros de la
Procuraduría Agraria y de la Reforma Agraria, para tratar de llegar a un
acuerdo definitivo.
La obra de Víctor Cervera. (Diario de Yucatán, Félix Rubio, p.web).
17 de Agosto 2005
Mérida, Yucatán.
Aniversario luctuoso
Tal vez deberíamos dejar descansar en paz a Víctor Cervera
Pacheco, de cuya muerte se cumple mañana el primer año, pero los cerveristas más que los familiares se empeñan en recordarlo
y le hacen honores por todas las cosas que hizo y que los beneficiaron,
incluyendo las docenas de prestanombres que no devolvieron “las cosas” que
les endosó el extinto.
Muchos yucatecos que fuimos ofendidos y engañados y sufrimos
abuso recordamos su polémica actuación desde el poder en el Ejecutivo, como
gobernador interino, substituto o provisional, violando la Constitución
del Estado de Yucatán.
El 14 de agosto de 1984, en el Congreso del Estado, se dio
lectura a un escrito de extensión de licencia o renuncia que nunca firmó
el general Graciliano Alpuche
Pinzón, entonces gobernador constitucional del Estado, quien sufrió los
embates desestabilizadores del ex líder cenecista
hasta conseguir destituirlo.
Recordemos el asesinato de Chemax
cometido por un policía y que se le endilgó a un conocido panista
del lugar, quien estuvo encarcelado varios años por órdenes de Cervera Pacheco.
La violación a la Carta Magna local, para cambiar la Constitución
estatal y reelegirse, hoy genera un riesgo, ya que el mandato del señor
Cervera durante el interinato fue ilegal, pudiendo el Congreso del Estado
revertir hoy las leyes y decretos que aquél firmó. ¿Tendrán los diputados
los tamaños y la integridad para hacerlo? En la Secretaría de la Reforma Agraria, el extinto firmó traspasos de grandes
extensiones de terreno a favor de políticos, amigo(a)s
y prestanombres, que le hicieron adquirir el título de “latifundista”.
Al principio de su mandato constitucional surgió el grave problema
que ha dividido a la sociedad yucateca, al cambiar la Procuraduría de Justicia
del Estado, de manera arbitraria y anticonstitucional, todas las averiguaciones
previas que el Ministerio Público hizo sobre el caso del suicidio de Flora
Ileana Abraham Mafud
(ver Diario de Yucatán del 13 de agosto, el artículo de Max
Gastón, en la editorial local), dando pie a la injusta encarcelación de
Armando Medina Millet, quien lleva casi 10 años
de prisión por las irregularidades cometidas por la Procuraduría del gobernador
cuya imagen hoy tratan de lavar y en cuya memoria se celebrarán decenas
de misas.
El dolor de una madre que ha clamado justicia y no fue escuchada
por Víctor Cervera ni por Vicente Fox, Marta Sahagún,
el ex procurador federal Macedo de la Concha y otros debe ser recordado en este primer
aniversario del fallecimiento del ex gobernador que mandó a la cárcel a
su hijo.
Defenderán su tierra contra oportunistas. (El Siglo de Torreón, p.web).
17 de Agosto 2005
Rector de la Universidad de Chapingo
promete dar algo mejor a los campesinos para que despejen el terreno.
Coneto de Comonfort, Dgo.-
Los campesinos no pueden ser invasores de su propia tierra; por el contrario,
la Universidad de Chapingo debe buscar otras alternativas
para sus intereses, pues aquí no cumplieron con sus promesas y el convenio
de donación de dos mil 025 hectáreas se disolvio,
afirmó Manuel Ángel Morales Medina, ex comisariado
ejidal y secretario del Ayuntamiento.
Comentó que recientemente celebraron una reunión con directivos
de Chapingo, con el propósito de llegar a un acuerdo
para suspenda la supuesta invasión propiciada por los ganaderos.
Al respecto precisó Morales Medina que los invasores y oportunistas
son parte de la Universidad de Chapingo, pues
en 1975 el Gobierno Federal compró ese terreno a Braulio Meraz para satisfacer las necesidades de tierra de los campesinos
de Coneto de Comonfort, pues la que tenían resultaba
insuficiente. Fue cuando los universitarios los convencieron de que les
cedieran en comodato las dos mil 025 hectáreas.
A cambio se comprometieron a instalar un Centro de Investigación
y una institución donde los hijos de los campesinos podrían realizar sus
anhelos de lograr una profesión.
Todo eso lo vieron con buenos ojos los campesinos y decidieron
acceder a la propuesta de la Universidad Autónoma de Chapingo.
Cabe señalar que una de las cláusulas señala que si se da un
uso diferente al ya mencionado se devolvería la tierra a los campesinos,
lo cual ocurrió en 1983.
No obstante, en la reunión más reciente José Sergio Barrales
Domínguez, rector de la Universidad de Chapingo,
les dijo que tenía un ofrecimiento atractivo para los campesinos de Coneto de Comonfort; no les dijo de qué se trataba, solamente
les comentó: “es algo mejor a las dos mil 025 hectáreas”.
Morales Medina señala que los campesinos no están dispuestos
a ceder el terreno ubicado en San José de Basoco, anexo al ejido Coneto de Comonfort.
Actualmente el terreno está desalojado del ganado propiedad
de la Universidad de Chapingo, ya que se declaró
en cuarentena este sitio, debido a la presencia de animales con tuberculosis,
así que solamente hay campesinos que custodian su tierra y algunos vigilantes
de la institución educativa.
Respalda la CNC a campesinos
Los campesinos de Coneto de Comonfort
solicitaron el apoyo de Heladio Ramírez López,
presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), para defender la
tierra que el Gobierno Federal les concedió hace 30 años.
-Los campesinos denunciaron en su momento varias irregularidades
de gente de la Universidad de Chapingo, para lo
cual se hizo una visita por parte de la Procuraduría General de Justicia
y de la Procuraduría Agraria.
-Detectaron la tala del bosque, donde la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente levantó un acta, pero no pudo impedir el derribo
de árboles, hasta que los campesinos evitaron la salida de esa madera, pues
a todas luces estaban incurriendo en actos de pillaje.
-Lamentablemente, todo quedó en actas; no se procedió contra
los responsables, como tampoco se hizo nada por el cultivo de marihuana,
cuyo sembradío fue destruido por el Ejército.
-Morales Medina dijo que existen pruebas de la tala y de la
destrucción de la marihuana; lamentablemente, de esto último no se tiene
prueba de los responsables.
-Desde 1989 los campesinos decidieron recuperar su terreno,
para lo cual solicitaron el apoyo del extinto José Manuel Díaz Medina, entonces
dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias, CNC. De inmediato
se hicieron algunas gestiones en la Ciudad de México; de hecho, el caso
se ventila en el Patrimonio de Mobiliario Federal.
Ultimátun a aguacateros
para abandonar tierras purépechas. (Cambio de Michoacán, Claudia Salazar, p.web).
17 de Agosto 2005
LOS REYES
Pamatácuaro
«Se van porque se van»,
sostiene el representante de Bienes Comunales de Pamatácuaro,
Jaime Alonso Domínguez
Con la firme intención de recuperar al menos tres mil de las
ocho mil hectáreas que han perdido de la extensión original de la comunidad
indígena, autoridades comunales y civiles de Pamatácuaro
y sus trece anexos lanzaron una advertencia a los huerteros
foráneos para que se retiren voluntariamente, pues las áreas que desde hace
décadas han venido «comprando» sin aval de la asamblea son intransferibles
aun cuando cuenten con escrituras.
Asimismo, se iniciará una serie de negociaciones con las comunidades
indígenas vecinas de Sicuicho (municipio de los
Reyes), Tarecuato (Santiago Tangamandapio) y Patamban (Tangancícuaro), con las que existen añejos conflictos por
la posesión de áreas limítrofes, los cuales se generaron por la ineficiencia
de la Reforma Agraria al delimitar las mismas invadiendo la comunidad
de Pamatacuaro.
Lo anterior fue dado a conocer por el representante de Bienes
Comunales de Pamatacuaro, Jaime Alonso Domínguez,
quien de entrada dijo: «Queremos avisar a las personas que tienen huertas
de aguacate dentro del núcleo comunal, que deben cosechar todo el producto
que puedan y se vayan retirando, y a los que aspiran a comprar algún predio,
los invitamos a que se abstengan de hacerlo, pues los bienes de Pamatacuaro son única y exclusivamente para los habitantes
de la comunidad y por lo tanto no pueden ser vendidos».
Mostró a los representantes los antiquísimos documentos, el
título virreinal y el plano original con que se creó la comunidad indígena.
En tal documento se establecen el extensión de la jurisdicción comunal es
de alrededor de 23 mil hectáreas, de las cuales actualmente poco más de
catorce mil se encuentran a disposición de la comunidad y fuera de conflicto,
de ahí que se determinará iniciar con una intensa limpia en la comunidad.
«Si Zapata viviera, estaría con nosotros», señalo Reyes, quien
indicó que hay huerteros que, aprovechándose de
la necesidad y en ocasiones de la ignorancia de la misma gente, compraban
predios de dos y hasta más de 40 hectáreas a precios verdaderamente muy
bajos sin acercarse siquiera aún octavo de fracción del costo de éstas,
lo cual es considerado una vil burla y luego todavía emplean a los dueños
originales para que mantengan las huertas, lo cual es prácticamente una
regresión a la esclavitud y debe ser erradicado.
Señaló que aquellos que cuenten con escrituras, «no importa,
ya no tienen validez; además, no pueden argumentar pérdidas económicas,
puesto que lo que hayan invertido lo ha multiplicado con creces en años
de explotar la tierra que corresponde a la gente de Pamatacuaro,
quien en adelante se hará cargo de las huertas, pues aunque no sean propietarios,
como tales podrán explotarlas como usufructuarios, como ocurre con muchas
huertas ya establecidas.
«En caso de negarse –subrayó- se someterá a la asamblea y se
pueden tomar medidas más drásticas como el derribo de cercas y árboles,
pues se van porque se van», expresó sin miramientos.
Anuncian manifestación en contra del gobierno federal.
(Milenio Tamaulipas, Víctor Hugo Torres, p.web).
17 de Agosto 2005
Y las manifestaciones y plantones regresan a Altamira, ahora
por la regidora panista Silvia Cacho Tamez
Y las manifestaciones y plantones regresan a Altamira, ahora
por la regidora panista Silvia Cacho Tamez, en contra del gobierno federal por la negativa de la
Secretaría de la Función Pública en resolver los actos de corrupción emprendidos
por ciertos funcionarios del gobierno estatal.
Entrevistada antes de la entrega de obras del alcalde Juvenal
Hernández, la también dirigente del blanquiazul altamirense,
sostuvo que hace un año, 28 de julio del 2004 el Congreso de la Unión hizo
un exhorto a dicha Secretaría para investigar las irregularidades de funcionarios
de la pasada administración estatal cometidos en contra de campesinos.
Esto, después de las tierras fueran expropiadas para fines
de utilidad pública, al decir de las autoridades, particularmente la construcción
del Puerto Industrial de Altamira.
Sin embargo, hasta el momento no ha tenido respuesta de la
dependencia sobre el resultado de dicha investigación, ni del pago del veinte
por ciento a los ejidatarios afectados con la disposición.
Ni las anomalías e incongruencias que existen en la Secretaría
de la Reforma Agraria para la titulación de tierras, caso específico
de la parcela industrial.
La edil, argumentó que sin duda las dificultades le corresponde
a la dependencia resolver, pero la postura obliga a emprender acciones drásticas
al no tener respuesta y buscando una solución a las demandas.
Ante la negativa de las autoridades federales ha sostenido
pláticas con las legisladoras Margarita Zavala Gómez y Blanca Díaz Hernández,
con la finalidad de aplicar un extrañamiento a dicha secretaría para conocer
por qué no ha procedido.
Y en forma simultánea realizará una serie de manifestaciones
pacíficas entre la Avenida de la Industria y libramiento Poniente a la altura
del “Barquito” el jueves 18 de agosto, al filo de las 10 de la mañana, pero
respetando los derechos a terceros, sin bloquear carreteras.
“Yo iniciaré sola, pues
yo fui la que presenté la denuncia”, dijo, al tiempo que hacía un llamado
a las personas afectadas con la expropiación de sus tierras y pago de su
indemnización, al igual que las mujeres de la parcela industrial.
Cacho Tamez, subrayó que cada uno
de los grupos que acudan el próximo jueves a manifestarse públicamente peleará
por su objetivo, siempre y cuando la acción no afecte a terceras personas.
“Lo que queremos es
ganarnos la simpatía de la ciudadanía, con la intención de que exista una
respuesta inmediata y favorable por parte de los organismos que han caído
en omisión”, finalizó.
Hay libertad en Altamira: Juvenal
Ante el plantón y manifestación anunciado por la integrante
de su cabildo, Silvia Cacho Tamez, el alcalde
Juvenal Hernández Llanos, dejó en claro que existe la libertad en Altamira
para protestar, pero no afecta a su gobierno.
Y es que todos pueden expresarse de la manera que así lo deseen,
-expresó- “si es la forma de solucionar un problema, ella (Silvia) sabe
si la acción lo podrá resolver”.
La primera autoridad, estableció que en los ocho meses de administración
ha tratado de respetar y agotar todas las instancias legales para solucionar
un problema o demandar un apoyo.
“No empaña a mi administración”,
dijo y precisó que la decisión que tomará la regidora panista al realizar el plantón es cuestión personal, por consiguiente,
lo único que le desea es que tenga suerte.
Hernández Llanos, refirió que la acción que podría emprender
la integrante de su cabildo, está muy lejos de lo que podría inquietar a
los inversionistas y empresarios, la confianza se encuentra depositada en
Altamira.
“Difícilmente se podrá
revertir lo que se ha logrado en los primeros meses, ya que los empresarios
tienen conocimiento que la persona que gobierna tiene otra actitud y busca
que prevalezca”.
Amenazan campesinos con realizar manifestaciones (Milenio Tamaulipas, p.web).
17 de Agosto 2005
Los miembros de la Central Campesina Cardenista en Tamaulipas van a continuar
movilizándose.
Los miembros de la Central Campesina
Cardenista en Tamaulipas van a continuar movilizándose, luego de que no
hay otra manera de que el gobierno voltee los ojos y resuelva sus demandas,
sólo con marchas y plantones.
En este caso esperan que el gobierno
estatal ponga lo que le corresponde para ayudar a los campesinos que resultaron
afectados en sus viviendas y por otra parte que la Secretaría de la Reforma
Agraria resuelva los conflictos que tienen.
Entrevistado en el Aeropuerto Internacional
de Tampico, “General Francisco Javier Mina”, Mario Reyes Cantú, dirigente
de la Central Campesina Cardenista, dijo que antier
como lo había anunciado la Central Campesina Cardenista movilizó a más de
15 mil campesinos a la capital del estado, en este caso Ciudad Victoria,
alrededor de lo que es gobierno del estado Itavu.
“Para buscar que el gobierno del estado ponga
parte de lo que corresponde en cuanto al programa de vivienda y tratar de
ayudar a las familias afectadas por el huracán”, dijo.
Indicó que consiguieron que el
día de ayer hubiera una reunión con el titular de Itavu,
Garza Tamez, con el propósito de manifestar lo
que la Central ha conseguido en oficinas centrales, es decir, con el gobierno
federal y ver que el gobierno estatal ponga su 50 por ciento que le corresponde.
“Yo siento que vamos a tener buena respuesta
y que el gobierno del estado va a ser sensible frente a las familias campesinas
que fueron afectadas y que se llegue a un acuerdo”, precisó.
Refirió que en esa reunión participaría su secretario general de Bienestar
Social, para encabezarla.
“Nosotros vamos a la Ciudad de
México a una reunión con la Secretaría de la Reforma Agraria porque tenemos
tiempo de que ésta no ha cumplido o no ha resuelto varios conflictos agrarios
que hay todavía en Tamaulipas”, expresó.
“Lamentablemente el gobierno no voltea los ojos
si no nos manifestamos, no encontramos otra forma y no hemos podido encontrar
otro método y la gente está bien, en la Central Campesina Cardenista nos
vamos a seguir movilizando, además, es un derecho constitucional que tenemos
de manifestarnos”, aseveró.
Explicó que en el caso de la Secretaría
de la Reforma Agraria se tiene una agenda de conflictos agrarios de Tamaulipas,
por lo que ellos han venido planteando hace varios meses, hace varios años
y no les han dado respuesta. “Ellos traen un programa del famoso foco rojo
y amarillo y nosotros decimos que en Tamaulipas hay conflictos y que hay
necesidad de arreglarlos de lo contrario también se puede agravar y haber
hechos lamentables en el campo porque hay resoluciones presidenciales empalmadas
entre un ejido y otro.
“No hay nada irregular”. (Diario de Yucatán, Félix Ucan, p.web).
17 de Agosto 2005
MÉRIDA
La Cousey
revela qué “parcelarios” vendieron sus tierras
Tras la polémica que desató la compra de tierras para el nuevo
aeropuerto cerca de Hunucmá, con la participación
de un intermediario, el director de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo
del Estado de Yucatán, José Carlos Guzmán Alcocer, afirma que todo el proceso
se apega a la ley y no hay nada irregular en la compra de las 2,751 hectáreas
que se utilizarán en el proyecto.
Confirma que por medio del corredor Antonino Almazán Arteaga,
ex delegado del Registro Agrario
Nacional, y la participación de varios particulares, obtuvieron las
tierras ejidales, por las que el Ejecutivo pagó $41.832,476.
Las 2,751 hectáreas son para el aeropuerto, la planta potabilizadora
Mérida IV de la Japay y la supercarretera Mérida-Hunucmá.
Sumando los tres polígonos, el precio promedio fue de $80,721 por hectárea
($8 el m2).
En el caso del terreno para el aeropuerto, figuran en la lista
de dueños de las parcelas de Hunucmá, a quienes
el gobierno les compró, el propio Almazán Arteaga, Mayra
del Carmen Nieva Domínguez, María Yesenia Méndez
Rebollo, Blanca Azalia Huesca Damián, Javier Francisco
Hernández Cruz y Santa Bartolo Acuña (sic).
En las parcelas de Dzelchac aparecen
otra vez Hernández Cruz, Blanca Huesca y Mayra
Nieva, a los que se suman Héctor Apolinar y Juan
Martínez Huesca Damián, Jorge Luis Méndez Rebollo y Miguel Velázquez
Nieva.
En el ejido de Huncanab (Hunucmá), los vendedores fueron Ruth del Carmen Sánchez Ocampo,
Hidalio Martínez Gutiérrez, Benito Luna Gómez
y repiten Santa Bartolo, Velázquez
Nieva y Mayra Nieva. Entre todos aportaron 2,141
hectáreas, por las que el gobierno les pagó $31.638,383.
El precio promedio de las tierras fue de $14,771 la hectárea
($1.47 el metro cuadrado).
Para la Japay El Ejecutivo adquirió
586.97 hectáreas más para la Japay, en $9.032,180.
Por esas tierras pagó $15,387 por hectárea ($1.53 el m2).
Los vendedores de esas tierras, del ejido de Oxcum, son Velázquez Nieva, Héctor
y Juan Martín Huesca, Luna Gómez, Ruth Sánchez, Méndez Rebollo y Juan Pastor
y María de los Ángeles Almazán Arteaga.
El entrevistado agrega que compraron una tercera superficie
para la supercarretera Mérida-Hunucmá, correspondiente
a los ejidos Chalmuch y Dzelchac. Para ese proyecto compraron 22.98 hectáreas a Hidalio Martínez y Santa Bartolo,
“parcelarios” repetidores vinculados con el corredor.
En ese sector, el gobierno compró a $50,561 la hectárea ($50.5
el metro cuadrado) y en total pagó por el derecho de vía $1.161,913.
Falta comprar 115 ha Guzmán Alcocer admite que no se ha finiquitado
la compra de tierras y aún les falta 115 hectáreas para completar los polígonos
para el aeropuerto y la “carretera a Tetiz (Mérida-Hunucmá)”.
“A raíz de que se dio
a conocer el asunto de la compra de tierras y los precios, empezaron los
líos con los ejidatarios, pero ni modo, es el riesgo que corremos y hubiera
sido peor si no lo manejábamos con sigilo desde el principio”.
Asegura que la compra de las tierras se apega a la fracción
XI del artículo 2o. del Decreto 334, que creó a la Cousey,
que cita expresamente que puede “comprar, financiar, vender, permutar, acondicionar,
conservar, mejorar y operar terrenos por cuenta propia o de terceros”.—
Se liberan instalaciones de Procuraduría Agraria (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
17 de Agosto 2005
Cuernavaca, Mor.
De manera pacifica y con la presencia de 60 elementos de Seguridad Pública
fueron recuperadas las instalaciones de la Procuraduría Agraria que
en días pasados fueron tomadas por ejidatarios.
Los trabajadores vieron suspendidas
sus labores el 10 de agosto una vez que los ejidatarios y comuneros de por
lo menos 10 núcleos agrarios sitiaron el acceso a la dependencia y bloquearon
la calle Leyva exigiendo la salida del procurador
agrario, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez.
En la calle Leyva,
el numeroso grupo de ejidatarios vieron llegar a las fuerzas del orden tanto
municipales como estatales, con toletes, macanas y gas lacrimógeno, listos
para usarse, cosa que no ocurrió una vez que los quejosos despejaron el
área, dando paso para que la notaria, Marínela Gándara Vázquez, el Ministerio
Público y los empleados de la dependencia federal ingresaran de manera pacífica,
seguidos por los visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Los elementos de la SSP acudieron
para vigilar el ingreso de los trabajadores a la institución después de
seis días que estuvo bloqueada, y se suspendió la atención de diversos asuntos
por los términos jurídicos.
En la entrada, Pedro Tavera González, subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria,
-nervioso- dijo que al exigir la salida del funcionario sin ninguna causa
justificada o planteamiento agrario, “no quedó más remedio que venir con
el uso de la fuerza pública para recuperar las instalaciones, además con
la fe de MP y el notario para que verifiquen que sólo reingresamos a las
instalaciones”.
De la misma manera, confirmó que
hay denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del estado en
contra de los manifestantes, “porque se configuraron algunos delitos”, como
la retención de personal por más de 13 horas el día de la toma.
“Hay campesinos que requieren el
servicio público federal que prestamos, tenemos muchos asuntos por atender
de término y no nos podemos detener ante la manifestación de estas personas,
nosotros trabajaremos normalmente”.
Sobre la presencia de la fuerza
pública, Tavera González, advirtió que en caso
de que los quejosos impidan la labor de los trabajadores, “se solicitará
nuevamente la intervención de la fuerza pública”.
Ahí también, la comisariada ejidal de Tetela del
Monte, Carmen González García, señaló que continuarán con el plantón afuera
de la dependencia para denunciar la corrupción que aún prevalece en esa
institución, “seguiremos luchando para que cambien al delegado, aunque las
autoridades nos sigan tomando el pelo y nos den puras largas al sólo firmar
acuerdos sin que estos se cumplan”.
Rechazó que hayan impedido el ingreso
de los trabajadores y funcionarios, el paso se les permitió, y el acceso
no se cerró por los ejidatarios sino por ellos mismos, versión contraria
a lo que aseguran las autoridades.
Señaló que la Procuraduría Agraria
en la Ciudad de México ha hecho oídos sordos a las demandas de los ejidatarios
que piden la salida del funcionario en Morelos. Apuntó que se ha enviado
un oficio a la Secretaría de la Función Pública para que inicie una investigación
al interior de esta dependencia.
Por su parte, Rodríguez Gutiérrez,
dijo no tener nada contra los ejidatarios, incluso los exhortó a sentarse
a una mesa de diálogo, -aunque adelantó que no acudirán porque no hay descontento
en los ejidos, “que señalen casos concretos de corrupción o de un mal servicio,
de comprobarlo yo mismo presento mi renuncia y me entrego a las autoridades”.
Cabe destacar que al cierre de
esta edición las puertas de la dependencia continuaban abiertas y los manifestantes
continuaban con su plantón pacifico, bloqueando la calle Leyva.
Sector agropecuario
Denuncian ofensiva de la OMC contra azucareros
mexicanos. (La Jornada, Andrés Morales,
p.web)
Imparable, la entrada del endulzante extranjero,
dicen
Veracruz, Ver. 17 de agosto. Si bien la amenaza presidencial
de vetar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue "superada",
para la Confederación Nacional de Productores Rurales la agroindustria azucarera
está amenazada por la orden de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
para invalidar el impuesto especial al uso de endulzantes no derivados de la gramínea y las cuotas a la
importación de dulce.
El presidente de la asociación de cañeros de dicha central,
Carlos Blackaller Ayala, acusó a la Secretaría
de Economía de permitir el ingreso de azúcar extranjero en perjuicio de
los productores nacionales. Estimó que en 2004, el fisco mexicano dejó de
percibir más de 270 millones de pesos por la introducción de dulce por medio
de amparos judiciales y el contrabando en la frontera sur.
Blackaller Ayala tipificó como un triunfo campesino
la decisión de la Presidencia de la República para publicar en el Diario
Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña
de Azúcar, tras varios días de movilización de miles de agricultores en
el Distrito Federal y 15 estados más.
Recordó que el compromiso del gobierno federal es emitir dicha
publicación a más tardar el 22 de agosto y ello exorcizará parte de la incertidumbre
en la agroindustria azucarera.
No obstante, señaló que quedan dos puntos de preocupación para
los productores azucareros y de la gramínea en México: la primera es la
posible eliminación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (ISPS)
que se aplica a la utilización de edulcorantes no derivados de la caña de
azúcar para las bebidas y alimentos. La segunda, añadió, es la importación
de dulce extranjero y el contrabando técnico del mismo.
En el primer caso, expuso que el gobierno federal deberá impugnar
el fallo emitido por la OMC para eliminar el gravamen especial que tiende
a proteger a la industria azucarera nacional; mientras que en el segundo
se deberá combatir con más dureza los ilícitos.
Campesinos toman caseta en Sinaloa; presionan a
Sagarpa. (La Jornada, Javier Valdez,
p.web).
Culiacán, Sin., 17 de agosto. Productores agrícolas del norte
de Sinaloa tomaron la caseta de peaje ubicada en San Miguel Zapotitlán, sobre la carretera México 15, en el municipio
de Ahome, en demanda del pago de las cosechas
correspondientes a este ciclo. Los aproximadamente 100 inconformes señalaron
que la cosecha y comercialización de maíz y trigo se encuentran muy avanzadas
en la entidad, no así el pago, por lo que demandaron a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación cumpla con los plazos que ella
misma definió para la entrega de recursos. Según los productores, apenas
se les ha pagado 15 por ciento de la cosecha entregada, a pesar de que la
comercialización de maíz y trigo se encuentra en su fase final.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Incendian vivienda por una disputa agraria. (Cuarto Poder, Gonzalo Pérez, p.web).
BELLA VISTA
Amenazan volar almacenamiento de agua.
Ejidatarios del poblado Bella Vista quemaron la casa
de Celia López Vázquez, ante la disputa de más de mil 800 hectáreas de tierras
entre ejidatarios de Bella Vista e Independencia, controversia agraria que
ha perdurado por más de 55 años ya que ambas partes cuentan con resolución
presidencial, denunció Jacobo González López, agente municipal. Así también
arremetió contra el delegado de Gobierno, José Luis Rodríguez Carrillo,
quien hace caso omiso de la tensa situación y en consecuencia, amenazaron
con destruir el tanque de almacenamiento de agua del poblado Bella Vista.
Jacobo González López, agente municipal de Independencia,
denunció que campesinos de Bella Vista quemaron la casa de Celia López Vázquez,
situación originada por el descontento de dichos ejidatarios, toda vez que
temen no ser los propietarios de las tierras del casco de Bella Vista, pues
aunque ambos ejidos tienen las resoluciones presidenciales, los de Independencia
cuentan con la razón por tener más tiempo dicha donación.
El representante de Independencia acudió a la Delegación
de Gobierno para pedir la intervención de José Luis Carrillo Rodríguez;
después de plantearle la situación, el encargado de dicha área dijo que
no estaba dispuesto a intervenir.
En consecuencia, determinaron los ejidatarios de Independencia
tomar represalias y para los siguientes días -dijo- destruirán el tanque
de almacenamiento de agua de Bella Vista, por la quema de la casa de su
compañera y responsabilizan a este servidor público de las consecuencias.
GUERRERO
LA
PAROTA
La policía vigilará la asamblea sobre el destino
de La Parota: Torreblanca. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web).
"Algunos no quieren que se realice de manera libre", advierte
el gobernador
"No venderemos ni un centímetro de la tierra", afirma vocero de
opositores al proyecto
Chilpancingo, Gro., 17 de agosto.
El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca
Galindo, informó que durante la asamblea del próximo 23 de agosto, en la
que se discutirá si se aprueba o no la construcción de la hidroeléctrica
La Parota, "habrá vigilancia policiaca, pero
de ninguna manera estará presente el Ejército Mexicano, porque no es de
su competencia".
Entrevistado luego de inaugurar obras en la comunidad de Zumpango, municipio de Eduardo Neri,
el mandatario dijo que es partidario de la construcción de esa presa porque
"el proyecto va a generar mejores condiciones de vida para los comuneros
y la población, y por lo tanto voy a hacer lo posible que se quede en el
estado de Guerrero, y no se lo lleven a otro lado; hay gente que no quiere,
pero es la minoría, pero si la mayoría no quiere el proyecto, yo voy a respetar
ese acuerdo".
En ese sentido rechazó las afirmaciones del secretario general
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio
Romero Sotelo, de que había solicitado que la
asamblea se efectuara en el puerto de Acapulco; "no lo hice porque
no es mi competencia, y ni siquiera hice esa sugerencia; estamos preparándonos
simplemente para brindar condiciones de seguridad; la sede de la asamblea
la deben decidir los comuneros, no el gobernador".
Torreblanca Galindo insistió en que si la mayoría de los comuneros
no aprueba que se construya la presa "lo vamos a respetar, pero me
da la impresión de que algunos no quieren que se realice la asamblea de
manera libre, y hemos encontrado insultos y amenazas, por eso no se ha tenido
un diálogo; ojalá no hubiera la necesidad de recurrir a los cuerpos de seguridad,
pero los habrá".
Y aclaró "yo no estaría de acuerdo con que el Ejército
Mexicano estuviera ahí, porque es una tarea que le compete a las policías
municipal, estatal y a la preventiva; ahí no hay discusión".
El gobernador manifestó que no hay línea hacia los comuneros
para que acepten la construcción de la presa, "yo sería un mentiroso,
y no lo soy porque estoy en favor del proyecto, pero eso no implica que
no tenga que garantizar el derecho a los que no están de acuerdo; no soy
promotor del mismo, sino que estoy convencido que va a generar un desarrollo
equilibrado para la población, pero queremos ver las casas que les van a
construir a los comuneros y que no pase como en el pasado, cuando la Comisión
Federal de Electricidad no indemnizó debidamente, y que hizo lo que le pegó
la gana; eso no lo voy a permitir ni a avasallar los derechos de los comuneros".
Mientras, el vocero del grupo Comuneros Opositores al Proyecto
Hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui,
advirtió que irán a cualquier lugar donde se realice la asamblea ejidal,
convocada para aprobar la construcción de la presa que promueve la Comisión
Federal de Electricidad.
En conferencia de prensa en el sindicato de los telefonistas,
condenó que el presidente de los bienes comunales de Cacahautepec, Crescenciano Jerónimo,
haya anunciado que el Ejército vigilará la asamblea, que al parecer se realizará
en Acapulco, y dijo que con esto se violarían los derechos de los campesinos,
pues los soldados no están para resguardar una asamblea, sino para cuidar
la soberanía nacional.
Responsabilizó al gobernador Zeferino
Torreblanca de lo que pueda ocurrir en la próxima asamblea. Dijo que pese
a que se liberen órdenes de aprehensión en su contra no venderán "ni
un centímetro de tierra". Los presentes, dirigentes de organizaciones
sociales, pidieron a gritos la destitución del gobernador perredista.
La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para
Todos, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro
de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresaron su
preocupación "por las acciones de fuerza y la postura de mano dura
que ha mostrado el gobierno estatal" en los hechos del domingo pasado
en El Campanario, cuando la asamblea comunal fue suspendida en medio de
golpes.
Las organizaciones sociales aseguran que no existe transparencia
en la información sobre los daños ambientales, afectación y desplazamiento
de la población por la construcción de La Parota, "los grandes negocios
ocultos y las consecuencias a largo plazo".
Demandan comuneros opositores la destitución de
Zeferino Torreblanca; lo califican de represor. (El Sur, Mónica Martínez, p.web).
El gobernador
los convocó a una reunión privada “a escondidas, con la intención de que
vendamos a nuestro pueblo”, dice el portavoz Marco Antonio Suástegui. Le tiene miedo al narcotráfico y se desquita con
los más pobres, afirma. Respaldan la petición nueve organizaciones sociales
En una conferencia conjunta con
sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con los colonos desalojados
de Granjas del Marqués y con los ejidatarios de Llano Largo, los comuneros
opositores a la hidroeléctrica La Parota demandaron la destitución del gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo y denunciaron que
la asamblea del 23 de agosto la quieren hacer a escondidas de “los verdaderos
comuneros”.
El portavoz del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, dijo que el gobernador “se rinde y dobla
las manos ante el narcotráfico y por otro lado se envalentona y va con todo
y arremete contra los que menos tienen, contra los más pobres”.
Precisó que en este caso “le tiene
miedo al narcotráfico pero se envalentona y se desquita con los comuneros
opositores a La Parota”.
Señaló que es una “incongruencia”
del gobernante que diga que el problema del narcotráfico no es de su competencia
sino del gobierno federal, “pero se contradice ya que La Parota es de orden
federal”.
“No es posible lo incongruente
de la declaración del ahora gobernador, que por un lado dice que el narcotráfico
no le compete, y si esto es así tampoco le compete La Parota, pero está
metido hasta adentro. No es posible que tome esta actitud con los que menos
tienen, por eso los comuneros pedimos la destitución del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”, dijo.
En declaraciones posteriores, Suástegui precisó que la petición es compartida con todas
las organizaciones que ahí se encontraban, como el Sindicato de Telefonistas
de la República Mexicana, CECOP, Coordinadora Estatal de Trabajadores de
la Educación de Guerrero (CETEG), trabajadores del IMSS, Partido del Trabajo
(PT), Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), colonos
desalojados de Granjas del Marqués, Asociación Pro Defensa de la Isla Montosa,
Frente Sindical Campesino Social, Indígena y Popular y la UNT.
“Esta es una propuesta conjunta
con las organizaciones, se decidió en reuniones previas pedir definitivamente
la destitución del ahora gobernador, ya que no obedece a los intereses de
los pobres, de los que menos tienen, sino de los ricos”.
En su discurso en el auditorio
de las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana,
Suástegui Muñoz denunció que el gobernador por medio del síndico
del Ayuntamiento de Acapulco, Fernando Donoso Pérez, convocó a los dirigentes
de los opositores a una reunión privada “a escondidas, con la intención
de que vendamos a nuestro pueblo”.
Insistió en acusar a Torreblanca
de represor y dijo que “al decirnos que somos vándalos” les ha declarado
la guerra.
Ante la próxima asamblea el 23
de agosto, Suástegui Muñoz aseguró que los opositores
serán mayoría y acusó al comisariado de Bienes
Comunales de Cacahuatepec, Crescencio
Jerónimo Aparicio, de estar violando la ley al pedir la intervención del
Ejército en dicha asamblea
Igualmente le pidió al comisariado que diga la fecha, lugar y hora exacta de la asamblea
porque “ya tenemos información de que la van a llevar a cabo a escondidas
de los comuneros y posiblemente fuera de Cacahuatepec
y que la van a resolver en menos de 5 minutos y que se va a llevar a cabo
con 10 o con 20 o con los que asistan”.
Sin embargo, advirtió que ahí estarán
“ya que no nos importa que nos metan a la cárcel o que nos desaparezcan
porque esa es la intención del gobierno del estado”.
Por eso responsabilizó al gobierno
estatal de cualquier desaparición, represión, encarcelamiento o lesión contra
los comuneros.
Pidió a Torreblanca que cambie
su actitud porque dijo que lo observan en las entrevistas en los medios
de comunicación electrónicos con “una mirada llena de odio hacia los comuneros”.
“Cuando andábamos en la campaña
me decía amigo Suástegui, acompáñame, voten por
mí, apóyenme, hoy me dice vándalo, rijoso, azuzado, no se vale esta actitud
y le pedimos que la cambie porque no queremos otro Charco, otro Aguas Blancas
porque ya lo hemos dicho: las tierras de Cacahuatepec
las vamos a defender en sangre si es necesario”, añadió.
Después de él, Elizabeth Rogel Alquiciras, una de las desalojadas
de Granjas del Marqués y el ejidatario de Llano Largo Jesús Chopín, pasaron a exponer cada uno sus casos y manifestaron
su total apoyo a los opositores de La Parota.
Ahí mismo, en declaraciones posteriores,
el presidente del Club Ecológico y Desarrollo
Social, Donaciano Albarrán,
pidió la presencia de observadores internacionales en la próxima asamblea
anunciada para el 23 de agosto con el objetivo de que el resultado sea imparcial
y con transparencia, y se respete la decisión de la mayoría.
Dijo que después de lo que sucedió
el domingo 14 de agosto, donde los opositores se enfrentaron con policías
para impedir la asamblea, es necesario la presencia de observadores de la
Organización de las Naciones Unidas.
Hará todo lo posible porque no se vaya la presa,
advierte Zeferino. (El Sur,
Teresa de la Cruz, p.web).
Se busca que la
asamblea se haga en otro lugar, confirma. Descarta que el Ejército intervenga,
y no reconoce como parte de sus negociadores a César Flores Maldonado.
Chilpancingo
El gobernador Zeferino Torreblanca informó ayer que va a “hacer todo lo
posible” para que el proyecto de La Parota se “quede en Guerrero”, porque
va a generar mejores condiciones para los comuneros de las localidades en
donde se planea construir la presa.
Descartó que para la próxima asamblea
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec participe
el Ejército, pues las tareas de seguridad pública competen a la policía
estatal y municipal.
El lunes, en el aniversario de
la Comisión Federal de Electricidad en Nayarit, el presidente Vicente Fox, de gira por aquel lugar, aceptó la posibilidad de que
el proyecto de La Parota pudiera llevarse a aquella entidad, debido a la
oposición en Guerrero.
Luego de inaugurar un sistema de
agua potable en Zumpango, Torreblanca insistió
en que hará lo posible para que el proyecto se quede en Guerrero, “se estarán
respetando los derechos de los que no están de acuerdo en ello”.
Respecto a la versión del dirigente
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio
Romero Sotelo, de que la propuesta del gobernador
es que la segunda asamblea de comuneros de Cacahuatepec
se realice en Acapulco, Torreblanca negó esa versión, y dijo que “no es
mi competencia, ni siquiera de hacer una sugerencia”.
Sin embargo señaló que tiene conocimiento
de que “se está buscando que la asamblea se haga en otro lugar (ajeno a
Cacahuatepec) donde genere menos conflictos, donde
dé más participación”.
Dijo que está dispuesto “a respaldar
la decisión mayoritaria de la población” y que “a un gobernador no le es
grato integrar averiguaciones previas”, pero indicó que no va a cancelar
las demandas que integró la Procuraduría de Justicia, pero espera que se
queden ahí, “porque no pasó a mayores”.
Resaltó que “a pesar de que se
siga diciendo que hubo policías que sí cortaron cartucho o no cortaron cartucho,
creo que deben de saber que la policía se aguantó y no se provocó ningún
asunto que hoy pudiéramos estar lamentando”.
Señaló que si en “un ejercicio
democrático, la mayoría de la población no quiere (La Parota) pues vamos
a respetarla, pero me parece que da la impresión de que algunos no quieren
que se celebre está asamblea”.
Propuso a los comuneros opositores
dar una “garantía”, “de que en un marco de libertad absoluta se exprese
por qué queremos La Parota y por qué no la queremos, pero que no sean los
jaloneos, y ojalá que no hubiera la necesidad de llevar cuerpos de seguridad”.
Confirmó que para la próxima asamblea,
el gobierno del estado va a aplicar una serie de medidas de seguridad, aunque
resaltó que “bajo ninguna circunstancia” permitiría que el Ejército vigile
esta segunda reunión, como pidió el comisariado
de Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque, dijo,
“el Ejército tiene otras tareas”.
Señaló que precisamente durante
la reunión que sostuvieron los funcionarios estatales con Romero Sotelo y el comisariado de Bienes
Comunales de Cacahuatepec, Crescencio
Jerónimo Aparicio, en esta capital, se prepararon otra vez las medidas de
seguridad para la segunda reunión. “Estamos organizando, ayudando…apoyando
corrijo, para que ellos puedan celebrar con la mejor organización esta asamblea….sin
dar línea, aunque yo estoy a favor de La Parota, respeto los derechos de
los que no lo están”.
Respecto al por qué funcionarios
estatales, como el subsecretario para Asuntos Agrarios, Esaú
Tapia Abarca; el director estatal de Gobernación, Rey Hilario Serrano y
el asesor de la Secretaría General de Gobierno, César Flores Maldonado participan
en la planeación de una asamblea de comuneros cuando se supone que su decisión
es autónoma, Torreblanca primero aclaró que Flores Maldonado “no es funcionario
de mi administración”, y explicó que los otros dos intervienen en las reuniones
por “invitación” de las autoridades comunales.
Al recordarle que Flores Maldonado
se ostenta como asesor del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría, Torreblanca insistió en que “él no trabaja en mi
gobierno, estará ayudándole externamente, lo aclaro, los funcionarios son
Esaú Tapia y el director de Gobernación”.
Al preguntarle si no es aún más
grave que haya una persona externa interviniendo en esas reuniones, Torreblanca
dijo que el responsable en la materia política del gobierno estatal es el
secretario general de Gobierno.
Se le preguntó si el pasado priísta
de los dos funcionarios que reconoce dan una mala
imagen en ese conflicto, y Torreblanca contestó que en su gobierno hay casi
el 80 por ciento de funcionarios de la administración pasada, “yo creo que
hay buenos elementos y malos elementos como los hay de este lado”.
Descartó que la cancelación de
la primera reunión haya sido por una fallida operación política, y dijo:
“mi gobierno nunca ha cancelado la posibilidad del diálogo, pero es muy
fácil que los que están afuera digan, cuando no resultan las cosas, que
no hubo operación política”.
Torreblanca dijo que si no hubiera
habido operación política del gobierno del estado “no hubiera tanta gente
que estuviera a favor del proyecto, lo que pasa es que hay gente que no
quiere…hay decisiones tristes en las que no todos estamos de acuerdo, y
la minoría si es el caso tiene que sujetarse a lo que diga la mayoría y
si la mayoría no quiere que se haga La Parota, es lo que yo voy a respetar”.
Señaló que al tratar de establecer
el diálogo, “lo que hemos encontrado de un grupo reducido son insultos,
amenazas, y lo mismo, pero da la impresión de que es el todo y nada, y el
que siempre va por el todo y nada se queda con el nada”.
No acudirá a la gira de López Obrador
En otros temas, el gobernador,
aseguró que no acudirá al próximo acto de campaña del precandidato del PRD
a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y explicó
que no “confundo mis preferencias partidarias con el ejercicio de la función
pública”.
Buscar que se quede La Parota pero sin recurrir
a la fuerza, propone Astudillo. (El Sur, Zacarías Cervantes,
p.web).
El gobierno de
Torreblanca está llevando al riesgo de una crisis, dice. Hay depresión económica,
no hay obra pública, los comerciantes se quejan de que no hay ventas, expone
el dirigente del PRI.
Chilpancingo
El delegado especial con funciones
de presidente estatal del PRI, Héctor Astudillo Flores, dijo ayer que el
gobierno estatal debe de buscar la forma de que el proyecto La Parota se
quede sin recurrir a la fuerza pública ni por medio de la violencia, sino
mediante el diálogo.
Entrevistado la mañana de ayer
al término de una reunión con los candidatos a presidentes municipales en
el restaurante Los Cedros, el senador con licencia dijo que evidentemente
el gobierno del estado, que encabeza Zeferino
Torreblanca Galindo, “no está haciendo bien las cosas”.
En primer término, y a pregunta
del reportero, habló del caso de La Parota, y señaló que “es importante
dialogar a fondo con los inconformes, y hay que hacer todo lo que sea necesario
para que ese proyecto se quede en Guerrero, pero también hay que tener cuidado
para que no se produzca una gran convulsión”.
Luego dijo: “Me llama la atención
que vayan a otra asamblea y que responsabilicen a gente que en el pasado
estuvo involucrada con el PRI como los principales responsables de lo que
va a pasar allí”, indicó en referencia al subsecretario de Asuntos Agrarios
Esaú Tapia Abarca, el director de Gobernación,
Rey Hilario Serrano y el asesor del secretario general de Gobierno, Armando
Chavarría, César Flores Maldonado.
Añadió que este es un problema
“al que hay que ponerle mucho cuidado porque si no se cuida va a complicarse
más. Es urgente que exista una gran organización que pueda dialogar con
los inconformes para encontrar una salida negociada a este asunto. La gente
está planteando su inconformidad porque seguramente sus expectativas económicas
no están siendo satisfechas”, indicó Astudillo Flores.
Recordó que en Guerrero “somos
tan pobres que a veces un árbol o un pedacito de tierra es todo lo que tenemos
en la vida, y el que no lo entienda así, no va a entender porqué está luchando
la gente en La Parota”.
Después, el senador señaló que
en general, el gobierno de Torreblanca no está cumpliendo con las expectativas
de los ciudadanos y “no es lo que se estaba esperando”.
Astudillo dijo que “la sociedad
no votó por el cambio para estar solamente viendo en los periódicos a ver
a quién van a acusar de que se llevó algo. La sociedad votó por el cambio
para que se hicieran las cosas de manera diferente y en eso va también el
tema de la honestidad, pero no solamente eso”.
Dijo que el gobierno de Torreblanca
“está llevando a colocarnos en el riesgo de una situación de crisis”, pues
“hay una depresión económica que es muy visible, no sólo en Chilpancingo,
sino en otros lugares; no hay el inicio de ninguna obra pública, los comerciantes
se quejan de que no hay ventas, los medios de comunicación se encuentran
en una situación notablemente arreglada con el gobierno en algunos casos,
y en otros notablemente de alejamiento”.
El dirigente priísta añadió que
ya la gente quiere ver a sus funcionarios metidos en la elaboración de programas
y proyectos de interés y para beneficio de los guerrerenses y no solamente
realizando señalamientos y quejándose de lo que no se hizo o se hizo mal
en el pasado.
Asimismo, a una semana de que el
gobernador señaló que no puede solo en contra del narcotráfico, Astudillo
calificó de “desafortunada” esa declaración “en relación a que no quiere,
no puede y no debe combatir al narcotráfico, (pues) causa un efecto terrible
en los guerrerenses conocer que su gobernante declara su abierta incapacidad
ante la delincuencia organizada. Lo peor que debe hacer un gobernante es
colocarse en esa situación”.
Para Astudillo Flores es urgente
la reconstrucción de la figura del gobernador de los guerrerenses ante el
deterioro que ha tenido en los últimos días. “Más allá de eso se trata de
fortalecer las instituciones y una de ellas es la impartición
de justicia. No podemos con declaraciones como esa dar la impresión de que
no hay nadie que nos atienda en Guerrero”, insistió.
Apoya la CNC oficial a opositores y su decisión
de impedir la asamblea: Carbajal. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
Revela que los
cenecistas disidentes, Nabor Ojeda
y Evencio Romero, recibieron de la CFE 12 millones
de pesos para convencer a comuneros de que acepten la presa.
El dirigente estatal de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) oficial, Moisés Carbajal Millán, dijo que esta organización afiliada
al PRI se solidariza con los comuneros opositores a La Parota, y adelantó
que sostendrán reuniones en los próximos días para organizarse y evitar
que se lleve a cabo la asamblea del 23 de agosto.
Agregó: “Nosotros estamos totalmente
en contra de que obliguen a los campesinos a que acepten una obra que en
nada los va beneficiar, absolutamente en nada, por eso nosotros vamos a
estar donde ellos (el gobierno) quieran llevar a cabo la asamblea para impedirla”.
Carbajal Millán
insistió en que no permitirán que se haga la presa y tampoco van aceptar
ningún acuerdo que se dé fuera del territorio donde se están tratando los
asuntos, es decir no vamos a aceptar una asamblea en el Centro de Convenciones
cuando no están metidos ellos, sino de los Bienes Comunales y de los ejidos
de Acapulco, Juan R. Escudero y San Marcos.
En una llamada a la redacción de
El Sur, Carbajal Milán dijo que no está de acuerdo
con la versión del gobierno estatal de que había gente extranjera inmiscuida
en el enfrentamiento del domingo. “No estoy de acuerdo con eso de que haya
habido centroamericanos, guerrilleros, de Atenco,
sino simplemente son las gentes que están defendiendo sus tierras. Es falso
que haya habido gente que no sea de Guerrero. Son guerrerenses, son acapulqueños,
son comuneros y ejidatarios, son gente que usufructúa las tierras”.
Dijo el dirigente que está en contra
de que se lleve a cabo el proyecto en Guerrero así como que se integren
averiguaciones previas contra los campesinos.
Manifestó que los gobiernos nunca
se han preocupado por los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que viven peor que la gente de Metlatónoc, pero ahora sí están preocupados pero para sacarlos
de sus tierras porque son humildes, porque son gente pobre, porque son gente
sencilla y eso –dijo– no lo vamos a permitir”.
Sobre la petición del dirigente
de la CNC disidente, Evencio Romero Sotelo, de que encarcelen a los comuneros opositores, respondió:
“Definitivamente este señor está enfermo, está mal, porque además de que
no representa a campesinos, pero si así se dice, pues es una incongruencia
que un dirigente campesino, que no lo es, esté solicitando la acción penal
en contra de los ejidatarios y comuneros de Acapulco”.
Carbajal Millán
demandó a la CFE que le exija a Evencio Romero
Sotelo y a Nabor Ojeda que le devuelvan
“los 12 millones de pesos que pidieron para ayudarle a convencer a los campesinos.
Nosotros exigimos que la CFE pida que se lo regresen porque la presa, definitivamente, en estas condiciones
no se va hacer. Nosotros no lo vamos a permitir”.
El dirigente cenecista
advirtió que si hay muertos por la presa en la próxima reunión, obviamente,
“veremos caer la cabeza de Zeferino Torreblanca”
y agregó que el gobernador no está cumpliendo con lo que prometió, pues
“los opositores votaron por él y ahora los está amenazado”.
Manifestó: “Yo quiero decirle que
donde quiera que meten su cuchara Esaú Tapia,
su secretario de Asuntos Agrarios, Evencio Romero,
Nabor Ojeda Delgado, siempre resulta que se agravan los conflictos.
Mire el problema de Zapotitlán Tablas, ya hubo
muertos, los conflictos que hay entre Olinalá
y Ahuacuotzingo, donde ya hubo muertos, en el ejido El Tambor, donde por culpa de Nabor Ojeda y Evencio Romero ya
hubo muertos, entonces nosotros estamos en contra de que se llegue a una
próxima reunión y también haya muertos”.
Sobre la actitud del gobernador
ante el proyecto dijo que es “una burla, es un abuso, no le hace caso ni
a organizaciones no gubernamentales ni a las instancias de gobierno que
han dicho que el impacto ambiental fue negativo para la obra y que no es
posible que ellos insistan en construirla. Nosotros nunca hemos estado de
acuerdo con el proyecto, porque no es la solución para Guerrero, un ejemplo
es en La Unión con la termoeléctrica
Petacalco, donde no les han pagado”.
Se le preguntó su opinión de que
el gobernador Zeferino Torreblanca se reúna con
los dirigentes de la CNC disidente y no con la oficial a lo que respondió:
“Bueno, Zeferino Torreblanca se ha estado reuniendo con quien no debe
reunirse, por eso su gobierno no tiene ni pies ni cabeza y se debe a que
no está trabajando con los actores políticos del estado”.
A la CNC la represento yo, gané
una elección de consulta a las bases en todo el estado y quiero decirle
que nosotros no estamos haciendo ningún enjuague, no nos hemos reunido ni
en privado ni en público, ni lo aceptaríamos con la CFE ni el gobierno del
estado para acordar en ningún momento los términos de la próxima reunión,
porque nosotros estamos en contra de la próxima reunión para obligar a los
comuneros y a los ejidatarios a que acepten por la fuerza el proyecto de
La Parota.
Finalmente dijo que si hay un muerto
la responsabilidad será del residente de asuntos sociales de la CFE, Víctor
Hugo Chávez, así como de Evencio Romero, Nabor Ojeda y el gobernador Zeferino
Torreblanca.
Debe el gobierno cambiar a sus negociadores en
La Parota, opinan Monreal y De la Rosa. (El Sur,
Zacarías Cervantes, p.web).
Chilpancingo
El consejero nacional del PRD y
ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal y el presidente estatal de ese
partido, Sebastián de la Rosa Peláez, se manifestaron en desacuerdo con
el uso de la fuerza pública y del Ejército por parte del gobierno del estado
en el caso de La Parota.
Asimismo, propusieron que los negociadores
del gobierno del estado para el caso La Parota: el director de Gobernación,
Rey Hilario Serrrano; el subsecretario de Asuntos
Agrarios, Esaú Tapia, y el asesor del secretario
de Gobierno, Armando Chavarría, César Flores Maldonado,
(los tres heredados del régimen priísta anterior) sean cambiados, “porque
al parecer es la negociación lo que ha fallado”, dijo de la Rosa Peláez.
Consultado sobre el tema en una
conferencia de prensa en la que anunciaron la visita del ex jefe de Gobierno
del Distrito Federal y precandidato a la Presidencia de la República, Andrés
Manuel López Obrador, el consejero nacional perredista
dijo que en el caso de La Parota, “siempre será bueno el diálogo, no hay
problema en el mundo que no se pueda resolver con diálogo”.
Agregó que debe haber “conciliación”
entre los intereses de la comunidad y el desarrollo del estado. Explicó
que desde su punto de vista es legítima la actitud de quienes defienden
su propiedad, como también es legítimo que el estado quiera tener infraestructura
para el futuro y para que beneficie a la región.
“A mí me parece que lo que ha fallado
ahí es el diálogo, yo no sabía que fueran priístas los que están al frente
de la negociación, pero si no están funcionando hay que renovarlos por alguien
que le ayude al gobernador, pero es una decisión que debe tomar el gobernador,
no quiero darle recomendaciones, ni quiero meterme a facultades que son
del gobernador, simplemente creo que cuando un funcionario menor falla,
hay que sustituirlo”, dijo.
–Es necesaria la presencia del
Ejército, como se está planteando para que se encargue de la vigilancia
en la próxima reunión? –se le preguntó.
–Yo de manera personal siempre
opto por el diálogo, fui gobernador seis años y sé lo que es eso. Yo creo
que hay que agotar el diálogo y la conciliación hasta el final.
Lo que está fallando es la negociación:
De la Rosa
Entrevistado al término de la conferencia
de prensa, el presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez lamentó
que el gobernador esté utilizando para la negociación en el caso de la presa
hidroeléctrica de La Parota a funcionarios priístas.
“Yo creo que es importante que
el gobernador y el secretario de Gobierno, que es finalmente el operador
político, busquen otros canales, porque yo creo que lo que ha fallado exactamente
es la negociación”.
Señaló que tampoco está de acuerdo
que en se utilice al Ejército mexicano para que se encargue de la vigilancia
durante la próxima asamblea de los comuneros: “No estoy de acuerdo, las
reuniones de la sociedad en su conjunto deben ser pacíficas, no bajo la
presión ni la vigilancia militar, los militares tienen otra función, no
la de andar vigilando reuniones, su función es otra”.
Por ello dijo que el gobernador
Zeferino Torreblanca y el secretario de Gobierno Armando Chavarría “deben tener cuidado para no cometer errores, no
provocar a la sociedad porque un pueblo por la defensa de sus tierras es
capaz de dar la vida, por tanto este partido se pronuncia por la búsqueda
del diálogo y no a la provocación a la ciudadanía”.
“El proyecto de la presa de La
Parota representa un extraordinario proyecto para el desarrollo para el
estado, que debe de quedarse en Guerrero, pero eso no justifica el uso de
la fuerza pública para imponer esta posibilidad en contra de la voluntad
de los campesinos. A ellos hay que convencerlos y para convencerlos tiene
que dárseles las garantías de que sus tierras van a ser indemnizadas conforme
a derecho y sin regateos”, indicó.
Dijo que también el PRD se manifiesta
para que ese proyecto traiga beneficios directos a los campesinos que serán
afectados en sus tierras, como empleos, desarrollo económico y la garantía
de que serán indemnizados debidamente por sus tierras.
Líder de organización de consumidores pide a Zeferino tolerancia y prudencia. (El Sur, Karina Contreras, p.web).
Si hay oposición
al proyecto, que se lo lleven a donde sí lo quieran, dice Luján Ramírez.
El presidente de la Organización
de Consumidores por la Defensa de la Economía Familiar, Valentín Luján Ramírez,
dijo que en nada ayuda el despliegue policiaco
para querer imponer un proyecto como el de la presa La Parota, por lo que
llamó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo
a la “tolerancia, a la prudencia y si se oponen los compañeros La Parota,
pues que la lleven a cabo en otro estado, que se la lleven a otro lado,
donde sí la quieran”.
Luján Ramírez dio su opinión sobre
el conflicto por la presa y el enfrentamiento del domingo entre policías
y opositores, durante la protesta que llevaron a cabo en las oficinas de
la CFE en protesta por los altos cobros del servicio, lucha que mantiene
su organización desde hace tiempo.
Manifestó que el cerco policiaco contra los opositores que se dirigían a la asamblea
en la comunidad de El Campanario, fue una “actitud irresponsable de los
tres ámbitos de gobierno, el querer avasallar a los comuneros que de manera
justa están oponiéndose a abandonar sus tierras y a vender. No se vale que
estén tratando de imponer un proyecto por encima, inclusive de las vidas,
porque es latente la violencia que está sembrando el proyecto La Parota”.
Luján Ramírez consideró que la
violencia del domingo debe ser un llamado de atención para Torreblanca Galindo,
para el alcalde Alberto López Rosas y el presidente Vicente Fox
Quesada, porque a nadie le conviene la violencia, y menos en las condiciones
actuales de criminalidad en que se encuentra la entidad.
Insistió que poco ayuda ese despliegue
de las fuerzas policiacas por el gobierno que
encabeza Zeferino Torreblanca, por lo que lo llamó
a la tolerancia y la prudencia. Agregó que si hay un rotundo no a la presa,
pues que se la lleven a otro lado, donde sí la quieran, porque “los comuneros
opositores tienen derecho a permanecer en sus tierras y a que no se les
imponga nada por la fuerza”.
Sobre las órdenes de aprehensión
que anunció el Ejecutivo contra los opositores por los disturbios del domingo,
señaló que “es un acto de total autoritarismo, es un acto de intimidación,
por lo que reprobamos esas políticas de persecución que está llevando a
cabo el gobierno estatal. Estamos totalmente en contra, no se vale que porque
yo defiendo mi patrimonio, porque defienda mis ideas, el gobierno me quiera
encarcelar o me quiera sancionar teniendo consagrado en la Constitución
el derecho a defender mi patrimonio”.
A la pregunta de si se puede confiar
en la CFE de que vaya a pagar a los comuneros sus tierras si se acepta la
presa, Luján Ramírez respondió: “Yo digo que la CFE no ha dado muestras
de absoluta seriedad en sus promesas y ofrecimientos de resarcir los daños
o de pagar las expropiaciones”.
Agrega: “Tenemos conocimiento de
hechos como en Petacalco, donde los habitantes
se quejan de una total depredación del medio ambiente y un empobrecimiento
de los mismos, pues la CFE no cumplió las promesas, por lo que dudamos de
los ofrecimientos de la CFE a través de sus diferentes voceros que traerá
La Parota”. Llamó a unirse para que no vaya a cometerse una injusticia con
los opositores.
Llaman en un noticiero de radio a marchar en apoyo
a la presa. (El Sur, Mónica Martínez,
p.web).
Sin que esté claro
quién es el convocante, en un noticiero de radio
se difundió ayer un llamado a participar en una “marcha del silencio” a
favor del proyecto de la hidroeléctrica La Parota.
Colaboradores del noticiario de
MVS que conduce Jorge Zamora Téllez llamaron al programa para dar a conocer
que asistirán a una marcha el próximo lunes al Zócalo de Acapulco.
Consultado al respecto, Zamora
Téllez dijo que la convocatoria fue resultado de “una plática de café” el
martes por la noche. A pregunta expresa de qué organización convocó en principio
a la plática, dijo que “quedamos en que no iba a haber ninguna cabeza visible
de ninguna organización” pues aseguró que se trata de una marcha ciudadana
en la que incluso asistirán políticos “pero irán en su calidad de ciudadanos”.
No obstante añadió que su participación
aún no está confirmada porque primero MVS le tiene que autorizar su salida.
Sin embargo hay quienes sí fueron
convocados mediante una llamada telefónica como el integrante de la Alianza
de Camioneros y Campesinos del Sur y primer subsecretario del transporte
de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero, Adrián Rivera,
quien aseguró que le llamó Mario Zamora Hernández, que es secretario de
un sindicato de transporte de agua, pero que dijo que al parecer el convocante había sido el Colegio de Arquitectos.
Adrián Rivera dijo que esperan
“una asistencia de 10 mil personas”. No obstante de que la convocatoria
a la marcha no se hará en conferencia de prensa sino que los dirigentes
que asistieron a la reunión convocarán a sus representados y a su vez a
otros líderes.
Entre los asistentes a la plática
en el café Zamora mencionó al presidente del Colegio de Arquitectos, Enrique
Garibo; de la Barra de Abogados, Isidoro Rosas;
de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera, Laura Caballero
Rodríguez; el representante de El Barzón, Javier Taja; los panistas Francisco Rodríguez Otero y Alejandro Martínez Sidney, este último ex precandidato por la alcaldía por el
PAN.
Consultada al respecto, Caballero
Rodríguez dijo que se pretende que en la marcha no vaya nadie al frente
y que incluso llevarán cartulinas y folletos cuyos costos serán cubiertos
por los que estuvieron en la “improvisada” reunión. La empresaria se negó
a hablar más del asunto y dijo que a ella le llamó para invitarla Martínez
Sidney.
Taja Mestre
insistió en que el acuerdo de la convocatoria fue “entre amigos en el café”,
quienes “estamos por impulsar el proyecto pero que más que nada estamos
convocando a la unidad a todos los guerrerenses en un proyecto que puede
ser beneficioso para todo el estado”.
Aunque ninguno de los consultados
quiso atribuirse la organización de esta marcha una fuente que también estuvo
en la reunión del martes, aseguró que quienes llevaban la batuta en la reunión
son Alejandro Martínez Sidney y Jorge Zamora Téllez.
El proyecto es un mal necesario, dice la ambientalista
Robin Sidney. (El Sur, Citlal Giles, p.web).
La presidenta de la Asociación
Ecológica y Pro Defensa de la isla La Roqueta, Robin
Sidney lamentó los hechos ocurridos el domingo pasado en el
poblado de El Campanario pues dijo que fue provocado por un grupo de agitadores
que no quieren la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, y
opinó que es un “mal necesario” que debe hacerse en el puerto.
En entrevista con la ambientalista
Robin Sidney, mencionó
que el proyecto de La Parota sí se debe llevar a cabo, y dijo que es necesario
para el desarrollo del estado porque “garantiza agua para muchos años y
la electrificación” aunque sí se va a afectar gran parte de la selva baja
caducifolia que hay en ese lugar.
“Es un mal necesario pero es en
beneficio de miles de personas aunque ecológicamente sí se van a hacer daños
ambientales pero tendrán que hacer las mitigaciones necesarias, por ejemplo
si hay flora y fauna endémica del lugar, retirarla y reproducirla a un lado
de la presa, crear reservas, reforestar o plantar árboles en otra área,
es decir, se necesitará buscar la manera de no dañar tanto al medio ambiente,
mitigar lo que se pueda”.
“Hay mucha gente que en su colonia
nunca hay agua y eso es porque el agua no alcanza para todo Acapulco, por
eso es necesario este proyecto”.
En relación con el conflicto que
se suscitó el domingo pasado, donde los opositores al proyecto impidieron
que se llevara a cabo la asamblea para decidir si se aceptaba o no el proyecto,
Robin Sidney manifestó que ese grupo
opositor “no quiere escuchar, no se presta la diálogo. Ahí hay unos agitadores
que en lugar de hacer bien, alientan a los campesinos a tomar acciones violentas
que nada más aumentan la tensión y la anarquía”, opinó.
Por último agregó que cada año
que pasa, el problema por la escasez del agua va a ser “peor” debido a la
deforestación, las sequías, las cuencas cada vez están más secas, “entonces
sí es necesario este proyecto”.
La violencia vino de los opositores, dice Juan
Alarcón. (El Sur, Ezequiel Flores, p.web).
No volverá a enviar
visitadores si no se garantiza que los asistentes se expresen libremente,
advierte el ombudsman.
Chilpancingo
El presidente de la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan
Alarcón Hernández, justificó ayer el uso de policías armados para resguardar
la asamblea que preparan el comisariado de Bienes
Comunales de Cacahuatepec, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), el gobierno estatal y la Confederación Nacional Campesina
para el próximo 23 de agosto donde posiblemente se defina la construcción
de la presa La Parota.
“Es un riesgo, pero qué hacer frente
a una situación donde se rompe el equilibrio social”, expresó el ombudsman guerrerense, quien consideró que el número de policías
estatales y municipales que estuvieron el domingo en la comunidad de El
Campanario, “fue insuficiente” para controlar la violencia que se generó.
Consultado vía telefónica, Alarcón
Hernández señaló que estuvo en riesgo la integridad física de los observadores
de la Codehum que asistieron a la asamblea de
comuneros que fue frustrada por los opositores a la presa. Por eso no volverá
a enviar a personal a su cargo a otra reunión de este tipo en tanto no se
garantice la seguridad para que los asistentes se expresen libremente, anunció.
Por la mañana, durante una entrevista
en el noticiario radiofónico de la XELI, el presidente de la Codehum dijo que “los comuneros que supuestamente se oponen
a La Parota solicitaron la presencia de organismos defensores de los derechos
humanos nacionales y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos,
por lo que acudimos para vigilar que no se cometiera un acto de violación
a los derechos humanos de las autoridades en contra de los comuneros. Pero
aquí lo lamentable fue que no se dio una agresión por parte de la autoridad,
sino que fue una agresión de un grupo numeroso de comuneros y supuestos
comuneros, tal vez, que agredieron a la asamblea que se iba a desarrollar”.
Buscar diálogo, pide el arzobispo al gobierno estatal. (El sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
Llama Aguirre
Franco a los opositores a pensar bien su rechazo. Se reúnen obispos de la
región con Zeferino Torreblanca.
Chilpancingo
El arzobispo de Acapulco, Felipe
Aguirre Franco, consideró que el desarrollo de Guerrero se vería afectado
si el gobierno federal decide llevarse el proyecto de La Parota a otra entidad,
pero dijo que tampoco está de acuerdo en que construya esa presa sin que
los comuneros hayan aprobado la expropiación de sus tierras.
Asimismo sugirió a los campesinos
opositores “pensar bien” su decisión y de igual modo, propuso al gobierno
del estado concretar esa hidroeléctrica “por la vía del diálogo”.
En entrevista antes de reunirse
en privado con otros obispos con el gobernador Zeferino
Torreblanca, y de exponer ahí “temas pastorales”, a preguntas insistentes
para conocer su opinión sobre el enfrentamiento entre comuneros opositores
y policías estatales y municipales el domingo, Aguirre Franco expresó que
“es una lástima que ese conflicto no se pueda definir por la vía del diálogo”.
Dijo también que es “lamentable
que no se haya podido decidir algo tan importante para el pueblo guerrerense,
para los mismos campesinos y para el pueblo de México... pero esperemos
que se respeten y salvaguarden todas las situaciones de campesinos y que
no se realice nada que venga a violar la seguridad, tierras y patriomonio”.
Acompañado de los obispos de Tlapa,
Lázaro Cárdenas y Acapulco, a la pregunta de otro reportero sobre el incumplimiento
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el pago de tierras y que
forma parte de la desconfianza de los comuneros opositores, Aguirre Franco
señaló que “lógicamente, si hay incertidumbre, cómo va a ser viable un proyecto
donde quedarán marginados los campesinos”.
Sin embargo señaló que tampoco
se atreve a juzgar “con la misma medida” a la CFE respeto a sus actuaciones
en el pasado, ya que le tocó ver, durante su estancia en Chiapas, que ese
organismo indemnizó a los campesinos afectados con la construcción de presas
como La Angostura, Las Peñitas, Mal Paso y Chicoasén
“yo sé que han indemnizado convenientemente a los campesinos y creo que
ahora están mejor”.
Descartó que a raíz del conflicto
se proponga como mediador entre los comuneros opositores y el gobierno del
estado, “porque con toda claridad un mediador se utiliza cuando se quiere
restablecer una relación trunca”, entre dos partes.
Opinó que la cancelación del proyecto
hidroeléctrico en Guerrero “como toda cosa afectaría”, sobre todo en el
aspecto de la generación de empleos y otros beneficios, además de que consideró
que sería un “detonante” del desarrollo de la entidad, pero insistió en
que “eso siempre y cuando se haga por la vía del diálogo”.
No están solos, le dicen pintores de la entidad
a los comuneros opositores a La Parota. (Cartas,
El Sur, p.web).
Señor director:
El lunes nos levantamos con la
noticia de que por fin, y luego de varios meses de una tensa calma, el grito
y la desesperación de los campesinos opositores al mega proyecto neoliberal
de la presa La Parota se hicieron presentes en un acto que, aun cuando el
gobierno trató de minimizar, fue el resultado de una serie de humillaciones,
amenazas, vejaciones y burlas de los gobiernos y de los grandes capitales.
Triste fue ver la actuación del
gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y del
alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, quienes hicieron un despliegue
de seguridad contra quienes los llevaron en su momento al poder.
Por esa razón, los creadores conscientes
no podemos quedarnos callados y tenemos que decir a nuestros compañeros
comuneros opositores que no están solos y que desde nuestras trincheras
apoyamos su lucha, sentimos su dolor, su coraje y la vergüenza de este gobierno
entreguista que pretende ceder ante los grandes
capitales lo único que no es vendible: el amor y el orgullo hacia su tierra.
Sabemos que este es el comienzo
y que tras de ello seguirán acciones desesperadas por desarticular el movimiento
opositor, pero consideramos que ni estas acciones lograrán arrebatar a los
comuneros la tierra que les pertenece y por la que incluso darían su vida
por defenderla.
Al gobernador le decimos que aun
cuando haya firmado compromisos en torno a La Parota, la decisión final
la tienen los comuneros afectados con este megaproyecto y el domingo dieron
su respuesta rechazándolo.
Exigimos además el desistimiento
de cualquier acción penal contra los comuneros opositores, porque su único
delito es defender sus tierras de la política de control de las riquezas
y de los recursos naturales que los capitales extranjeros pretende realizar
a través de Plan Puebla Panamá.
Y al pueblo guerrerense le decimos
que por el futuro de nuestros hijos que merecen esta lección de dignidad
alcemos la voz para llegar a las conciencias dormidas y así evitar la entrega
de nuestra patria a las voraces ambiciones del gran capital.
Atentamente
Los pintores integrantes del taller
de grabado con sede en Tixtla: Gabriel Trinidad,
Víctor Juárez, Pedro Flores, Javier Lara, Julián Ángel, Tonantzin Beltrán, Rosa Robles y el pintor nahua Nicolás de Jesús.
Rechaza el FZLN políticas represivas y fraudulentas
en La Parota. (Cartas, El Sur, p.web).
Querido Juan:
Agradezco de antemano el espacio
que El Sur brinda a quienes como yo, expresamos un profundo rechazo
a las políticas represivas y fraudulentas que el actual gobierno está ejerciendo
contra los ejidatarios y campesinos opositores a la presa La Parota.
CP Zeferino
Torreblanca: me dirijo a ti, porque
tú eres la cabeza del gobierno de nuestro estado y a unos meses de tu ascenso
al poder, no has mostrado otra cosa que una actitud impositiva y prepotente.
Desde luego que como amiga que fui de ti, no me corresponde calificar tus
acciones pero como ciudadana sí.
Soy testigo de la razón que asiste
a los campesinos y ejidatarios, que junto con sus familias, han resistido
ya por más de dos año la imposición de un proyecto que significa para ellos,
además de una irremediable afectación de su ambiente, la destrucción de
su patrimonio, de su arraigo a la tierra y del amor a su hogar.
¿Puedes imaginar siquiera lo que
para ellos va a ser el ver cómo la CFE destruye sus casas? ¿Cómo se profanan
los lugares en donde reposan sus seres queridos y la destrucción de sus
iglesias? ¿Con qué tristeza, los niños y los jóvenes verán destruir su escuela?
Y los viejos de esos pueblos... ¿te has preguntado cómo se sentirán al ser
expulsados de sus pueblos que “costaron sangre”, como me dijo Doña Mago,
una anciana que ha permanecido en plantón y que asegura que de su casa solamente
saldrá muerta y a quien yo he abrazado y confortado asegurándole que eso
no va a pasar?
En el primer párrafo de esta carta
mencioné la palabra fraudulentas con toda la intención porque fraudulentas
han sido las prácticas de la CFE, misma que solamente obedece las disposiciones
de quienes son gobierno. Sí, lo reitero, fraude es corromper autoridades,
fraude es atemorizar a pobladores, fraude es simular asambleas diciendo
que son legítimas y fraude es el golpear, amenazar, encarcelar y señalar
como infractores de la ley a quienes solamente defienden su techo y su tierra
y fraude es decir que se actúa en nombre de la ley cuando lo que se está
haciendo es un atropello total a los derechos de las personas.
Zeferino, tu prometiste,
en tu campaña, escuchar las razones de los opositores y nunca lo hiciste,
en cambio, acordaste con Fox el llevar adelante
ese proyecto que nunca va a compensar, en dólares, el esfuerzo y sufrimiento
de esta gente a quienes no debe llamárseles forajidos sino víctimas de un
sistema arbitrario y represor.
En el Frente Zapatista
de Liberación Nacional apoyamos a los integrantes del Consejo de Ejidatarios
y Comuneros Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y yo, Mirios
Ramos, doy fe de la razón e integridad de la lucha y resistencia férrea
que mantienen los habitantes de los pueblos y comunidades afectados.
“La tierra mantiene el equilibrio
de la vida, por lo tanto nosotros no la vendemos”.
Mirios Ramos.
Por el FZLN, Guerrero
Repudia las actitudes represivas contra los opositores
a La Parota. (Cartas, El Sur, p.web).
Señor director:
Le solicito la publicación de la
presente carta en su prestigiado diario, para manifestar nuestra indignación
y nuestro rechazo total a las actitudes represivas del CP Zeferino
Torreblanca, por los hechos represivos del pasado domingo en El Campanario,
lugar donde por enésima ocasión tanto él como todos los involucrados a ultranza
pretenden construir la presa La Parota.
Son del dominio público todas las
maniobras que han venido realizando tanto el gobierno del estado, el del
municipio, la CFE y últimamente lo más retardatario de uno de los sectores
del PRI como es la CNC de Nabor Ojeda y consecuentemente
los caciques que la representan y que hoy se suman a este proyecto que tiene
en contra a cientos de campesinos como lo demostró la movilización del pasado
domingo.
Todas las mentiras expresadas por
Zeferino, por Salinas Altés,
negando lo que todos vimos de que los policías no estaban armados pone de
manifiesto la falta de respeto al pueblo de Guerrero y México y al pretender
tratarnos como retrasados, demuestran el desprecio hacia todos los guerrerenses;
peor aún es la terquedad de Zeferino, apoyado
en el espurio Crecencio Jerónimo, dizque comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
quien ha tenido la desfachatez de solicitar la presencia del Ejército para
que sea éste el que resguarde la próxima asamblea que pretenden llevar a
cabo el próximo 23 de agosto.
Por lo anterior deseamos manifestar
nuestro apoyo total a los opositores a la construcción de la presa La Parota
y al compañero Felipe Flores Hernández; asimismo le decimos al gobernador
que aún está a tiempo de rectificar y de no subordinarse a Carlos Slim y demás transnacionales que pretenden apoderarse de todos
nuestros recursos naturales. De no hacerlo así, él sería el responsable
de lo que pudiera suceder en nuestro estado de Guerrero. Nuestra organización,
Movimiento Social de Izquierda, por mi conducto agradece de antemano la
publicación de la presente carta.
Atentamente
C. Ranferi Hernández Acevedo
La Parota, embrollada. (El Sur, Héctor Manuel Popota Boone,
p.web).
La generación de energía eléctrica
es un asunto estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, en
el presente y en el futuro. En principio, las obras correspondientes para
su producción son pertinentes y convenientes. Pero no a cualquier costo.
La Comisión Federal de Electricidad
(CFE) ya agotó, de tiempo atrás, los márgenes de reserva en la generación
de electricidad que tenía para afrontar la demanda efectiva creciente; provocada
por el crecimiento demográfico del país y de los sectores productivos.
A la CFE le es imperioso construir
nuevas plantas generadoras de electricidad. Por eso dentro de sus prioridades
en el estado de Guerrero, se encuentra la ampliación de la carboeléctrica de Petacalco y la
construcción de la hidroeléctrica de La Parota. Una pequeña se está construyendo,
con inversión privada, a partir de la presa hidroagrícola
de El Gallo, en la región de Tierra Caliente.
Por problemas sociales con los
pueblos indígenas del Alto Balsas y la falta de tacto para atenderlos, la
CFE no pudo construir la presa de San Juan Tetelcingo,
en la región norte del estado. Estaba destinada además de generar electricidad,
a evitar el rápido azolvamiento que está sufriendo
la hidroeléctrica El Caracol, aguas abajo.
Los antecedentes de la CFE con
los pueblos en donde realiza sus obras no han sido buenos en el pasado.
Con el pretexto de que sus plantas eléctricas son estratégicas para el país,
siempre los ha avasallado. Los agravios sociales y contaminación que han
sufrido los pueblos y los productores de la región de Petacalco
en la región de Costa Grande, por la operación de la carboeléctrica,
tienen más de una década, por ejemplo.
Sin ir más lejos, después de 40
años empezaron a pagarles sus tierras a los afectados por la presa de La
Venta en el municipio de Acapulco. Y eso porque tenían en la mira el inicio
de la magna obra de La Parota.
Es falso que se lleven las inversiones
a otro estado. No son recursos económicos escasos y competidos. Existe suficiente
financiamiento externo privado a la CFE, avalado por el gobierno federal,
bajo la modalidad de proyectos de infraestructura productiva –de largo plazo–
de impacto diferido en el programa de gasto (los llamados Pidiregas), como para invertir en todos los lugares del territorio
nacional en donde se pueda generar electricidad. No es correcto chantajear
al pueblo o generarle complejo de culpa, si las inversiones las realizan
en otros lares. En todos los lugares posibles,
lo van hacer.
Los primeros beneficiarios económicos
de la presa serán los bancos que la financiarán, ¿Slim-Inbursa? y las compañías y
empresas que intervengan en su construcción. ¿Slim-Carso?
Razonablemente tendrán una utilidad de alrededor de 300 millones de dólares,
libres de polvo y paja. Los intereses y las ganancias económicas que se
mueven en torno a esta obra son, por tanto, enormes y codiciables.
Junto con la proliferación de todo
tipo de líderes histórico-dinosáuricos que por
avidez económica pululan alrededor del proyecto y adicionalmente a la falta
de tacto social, de oficio y sensibilidad sociológica para con los pobladores;
a la fecha no se han fundamentado y determinado, bien a bien, a) los posibles
efectos y cambios ambientales, b) hidrológicos y de abatimiento de mantos
freáticos costeros, c) los riesgos por ser zona sísmica y de falla tectónica
y d) los cambios de vida y destino de los cientos o miles de pobladores
de las zonas a inundar con la monumental obra. ¿Cuál es la prisa por iniciarla?
¿El otorgamiento de mega-contratos, súper millonarios de dólares por financiamiento
y obra, a fines de una administración gubernamental federal?
¿Por qué no pensar, como dicen
algunos especialistas, en presas hidroeléctricas de menor magnitud, escalonadas,
que eviten grandes alteraciones al medio ambiente circundante; y a la par
reduzcan los índices altos de rápido azolvamiento,
como padece en la actualidad la gran presa El Caracol y que acorta su vida
útil? ¿Cuál es el costo-beneficio integral de estas alternativas comparadas
con el gran negocio de la faraónica obra?
En fin, a partir del uso de la
fuerza pública y del cochupo para imponerla, mucho
me temo que ya chupó faros la obra de La Parota, por el momento. El nivel
alcanzado de crispación es grande. Con el uso de la represión y la corrupción
no se llega a nada, aún cuando fuera bondadoso el proyecto. Teñirlo de sangre
o con pérdida de vidas, tampoco reditúa algo en el mediano plazo para la
convivencia pacífica y la reconciliación social perseguida por los guerrerenses.
El domingo pasado, el sobrevuelo del helicóptero gubernamental en el lugar
de la confrontación, me recordó con escalofríos, Aguas Blancas.
PD. A los acapulqueños les sugiero
tener presentes los siguientes dichos populares en las próximas elecciones
municipales: Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Genio y figura,
hasta la sepultura. El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere
volver. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
hpopoca@prodigy.net.mx
Noriega Cantú se dice a favor de La Parota. (El Pueblo, Guadalupe Ahumada, p.web).
El legislador
lamentó que haya una oposición a ultranza contra este proyecto y que la
administración actual excluya al poder Legislativo para participar en las
asambleas
Luego de pronunciarse a favor de
que construya La Parota, el diputado representante del Partido de la Revolución
del Sur, Jesús Heriberto Noriega Cantú, lamentó, primero que haya una oposición
a ultranza de este proyecto y en segundo que la administración actual excluya
al poder Legislativo para participar en las asambleas.
El legislador recordó que precisamente
con el fin de coadyuvar en las negociaciones, la Cámara de Diputados conformó
una Comisión Especial del Proyecto la Parota, la cual realizó una serie
de reuniones con comuneros y directivos de la Comisión Federal de Electricidad,
con el fin de conocer de manera objetiva y veraz en qué consiste el proyecto,
pero además para servir de interlocutor, en su momento.
“Me manifiesto con un sí al proyecto
de la hidroeléctrica La Parota; lamentamos que en esta administración se
esté excluyendo al poder Legislativo en razón de como lo señalas, que existe
una Comisión Especial designada para ir observando paso a paso el desarrollo
de este proceso”.
Consideró que en lo referente a
los acuerdos “debe ser en asamblea en donde los directamente involucrados
que son los comuneros, en forma pacífica, deben decidir si dan paso o rechazan
este proyecto”.
Sin embargo, señaló que existe
constancia a través de “la manifestación de amplios sectores de guerrerenses,
en una entidad como la nuestra carente de la inversión pública y privada,
muy limitada generadora de empleos (que este proyecto abre) la posibilidad
de ser detonante del desarrollo”.
Y dijo que esto lo obliga a manifestarse
“abiertamente porque se sigan sentando a la mesa del diálogo, la mesa del
diálogo permanentemente, sin cerrazón ni intolerancia de ninguna de las
partes para que se logre también con hechos tangibles los compromisos a
que llega la Comisión Federal de Electricidad y se pueda concretar el proyecto
La Parota”.
Se pronunció porque los guerrerenses
“no permitamos que emigre a otra entidad de la República (este proyecto)
porque vamos a seguir postrados y lamentando el que estemos al margen del
desarrollo”, dijo Noriega Cantú.
¿Su opinión sobre la intromisión
de extranjeros en este asunto y que han azuzado a los comuneros?
Si se confirma esto, el pronunciamiento
es que tiene que intervenir la secretaría de Gobernación a efecto que se
les aplique lo establecido en nuestra Carta Magna y se proceda, de tener
intromisión, trátese de quien se trate, si es extranjero, en los asuntos
internos de nuestro país y en este caso de los guerrerenses: su expulsión
inmediata.
Y luego señaló que el exhorto es
a que “con los guerrerenses que sean comuneros dialogar permanentemente
hasta lograr que decidan, como debe ser, la democracia, la mayoría de los
comuneros si se queda o no se queda este proyecto”.
En cuanto al trabajo que le corresponde
hacer al Congreso, Noriega Cantú comentó: “bueno se entiende que a través
de la Comisión Especial debemos ser nosotros vigilantes que no se afecten
los intereses de los comuneros, no podemos tomar una determinación abiertamente
como Comisión, de pronunciarnos por una de las partes sino de mantenernos
como garantes de que se cumplan los compromisos por parte de la CFE”.
Opositores a La Parota piden salida de ZTG. (Novedades de Acapulco, p.web).
Entre quienes se sumaron a la lucha de los opositores está
la representante de los desalojados colonos de Granjas del Marqués, Elizabeth
Rogel Alquisiras, también Rosa Elena
Zamacona Pérez, presidenta del Frente Sindical
Campesino Indígena Social y Popular, el regidor perredista,
José Luis Morales Torres, el presidente del Club
Ecológico de Desarrollo Social de Coyuca, Donaciano Albarrán
Benítez y el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación, Juan Meynardo López Pachuca.
Durante el acto realizado en las instalaciones del sindicato
de telefonistas, el dirigente opositor Marco Antonio Suastegui
Muñoz, dijo que esas organizaciones llegaron a la propuesta conjunta de
pedir definitivamente la destitución del ahora gobernador Zeferino
Torreblanca, ya que no obedece a los intereses de los pobres, de los que
menos tienen, sino de los ricos.
Recalcó que si no es su competencia el narcotráfico, tampoco
La Parota es de su competencia, es un proyecto de orden federal, por lo
tanto que no meta las manos.
Mientras el gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo considera que los opositores a la presa hidroeléctrica La Parota
son minoría, dijo que lo importante es que se pueda llevar a cabo la asamblea
de comuneros para que sea la mayoría la que determine si se hace o no; Òen
una democracia manda la mayor’a y los opositores no deben tener temor ya
que tienen a un gobernador que respetar‡ lo que diga la mayor’a dijo.
En tanto, el superintendente de la región centro de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) Gabriel Pérez y Pérez, insistió en una reunión
en Chilpacingo con la Secretar’a de Desarrollo
Social, Gloria Sierra López, que La Parota sigue siendo un proyecto viable
para Guerrero.
La Parota, un proyecto viable: CFE
El proyecto de La Parota, sigue considerándose un proyecto
viable para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Guerrero, y que
ser‡ construida siempre y cuando se alcancen los consensos necesario para
ello, aseguró también José Antonio Lizárraga Arce,
gerente general de la División Sur de ese organismo.
Refirió el funcionario que la asamblea cancelada el pasado
domingo, debe volver a celebrarse, con la garantía de que se respete la
ley y los opositores permitan a los demás beneficiarios del proyecto que
voten y se expresen.
En ese sentido dijo es necesario el esfuerzo conjunto entre
los tres niveles de gobierno y reiteró que la obra será benéfica para la
entidad y para el país.
Lo anterior luego de la Sesión del Consejo Consultivo de la
CFE, organismo donde participan agrupaciones y ciudadanos, cuya finalidad
es constituirse en un medio de comunicación permanente entre la ciudadanía
y la Comisión, que permita la mejora de obras y servicios, as’ como la continuidad
del suministro eléctrico.
YUCATÁN
Nuevo aeropuerto será un "elefante blanco":
Ammje. (Tribuna
de Campeche, p.web).
Es innecesaria para Yucatán la
construcción de una nueva terminal aérea ya que se convertirá en un nuevo
"elefante blanco", como el Aeropuerto Internacional de Kaua, declaró la presidenta del Capítulo Yucatán de la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje),
Tommy Alicia Vargas González.
Entrevistada en sus oficinas, la
empresaria manifestó que el proyecto del Gobierno del Estado no es malo,
ya que una nueva terminal más moderna permitirá un mayor tráfico aéreo y
de carga.
Sin embargo, consideró que en estos
momentos no es adecuado impulsar el proyecto, que tendría un costo de mil
400 millones de pesos, los cuales pagarían los yucatecos durante dos o tres
sexenios, además de que es una obra que nunca ha demandado la comunidad.
Vargas González opinó que el Aeropuerto
Internacional de Mérida es rentable por muchos años más, pero al mismo tiempo
es una infraestructura mal utilizada, porque son pocos los vuelos que arriban
por falta de promoción turística.
Incluso, el aeropuerto meridano
es mucho más grande que el de Cancún, Quintana Roo, que se satura a diario
por la enorme cantidad de vuelos que recibe, por lo que tiene que ayudarse
con la infraestructura aeroportuaria de Kaua,
recalcó.
Importante, más
innecesario
El plan el Gobierno del Estado
es importante, pero innecesario, por lo menos para la actual administración
a la que sólo le restan dos años de trabajo y posiblemente sólo inicie la
obra y otro Gobierno sea el que la termine, añadió.
"Las empresarias queremos
también conocer más a detalle todo el proyecto y la inversión, pero de antemano
estamos en desacuerdo con la especulación de tierras ejidales compradas
a bajos precios a los ejidatarios del Municipio de Hunucmá",
recalcó.
Las tierras ejidales no se venden
sino se ceden mediante procedimientos legales, aclaró, pero tal parece que
hubo anomalías en la adquisición de los terrenos donde estaría ubicado ese
magno proyecto estatal, ya que los especuladores aprovechan la pobreza de
los campesinos para despojarlos de sus terrenos.
Cartones
Prometedor de soluciones · Magú
La frontera huele a sangre · El Fisgón
Vocerilandia · Helguera
Mr. Independent · Rocha
Afuera Naranjo
El regreso Helioflores
