CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

Enfurece a AMLO ‘ayuda’ de panistas

Pagana diputados fianza del perredista y evitan que vaya a la cárcel

Frenan PGR y PAN el arresto de AMLO

Diputados panistas pagan fianza “para evitar que se asuma mártir”

A prueba, el sistema de alertas tempranas

El bajo índice de capitalización de ING obligó a imponer correctivos

Libra AMLO la cárcel gracias al PAN

Pagan asambleístas albiazules la fianza; pide la PGR orden de comparecencia

Intenta Los Pinos maniatar a AMLO

Consigna la PGR el expediente y pide acción penal contra el titular del GDF

Consigna la PGR a AMLO y el PAN paga la fianza

Solicita comparecencia, no aprehensión

PGR consigna a López; panistas le pagan fianza

El MPF solicitó orden de comparecencia, no de captura, para que el tabasqueño enfrente el proceso en libertad.

Libertad condicional a López Obrador

Solicita PGR orden de presentación del acusado

Panistas le pagan fianza a AMLO

López Obrador, libre bajo caución, sin su consentimiento

Pagó el PAN fianza de AMLO

Se le cayó la farsa, declara Espino; ya no podrá ostentarse como mártir encarcelado

Día sangriento

Ejecuciones y balaceras cobraron 11 vidas

Sector agrario

Focos Rojos

Responsabilizan a Regidor de situación en Ejido Sombrerete. (El Sol de Zacatecas, p. web).

Sombrerete, Zac.- Directivos del Ejido Sombrerete acusan a Manuel Martínez Ex - Comisariado ejidal y actual Regidor del Ayuntamiento de ser uno de los principales responsables de que a la fecha no se hayan recuperado recursos económicos por terrenos donados por el ejido.

En reunión con ciudadanos representantes de distintos sectores de la sociedad, la dirigencia del citado ejido en voz de su presidente Isidro Hidalgo, dieron a conocer que Manuel Martínez siempre se opuso a que el Ayuntamiento 2004 - 2007 encabezado por Manuel Esparza Pérez entregara al ejido un millón de pesos en pago por el terreno que el ejido entrego al Ayuntamiento para que ahí se asentara el Tecnológico Local.

Hidalgo Dijo que la administración pasada siempre estuvo en la mayor disposición de entregar ese dinero al Ejido, siempre y cuando se presentara un acta de cabildo del ayuntamiento que presidio Ismael Murillo Murillo que comprobara que la entrega de ese dinero había sido aprobada por el cabildo.

“Manuel Martínez siempre se opuso a que se llevara a cabo este pago, y no sabemos por qué” dijo, e incluso señaló que Martínez manipuló en su momento a la asamblea para que no avalaran que este pago se hiciera efectivo.

Citó que en una reunión entre ejidatarios y representantes de la Administración 2001 - 2004 encabezaba por Manuel Esparza en donde se ventilaría el pago del citado terreno, parte de los ejidatarios motivados pro el en ese entonces Comisariado Ejidal Manuel Martínez incluso corrieron de manera literal a los funcionarios presentes en la reunión.

Dijo que la actitud que ha asumido Manuel Martínez ha provocado que a la fecha no se haya hecho efectivo el pago por el terreno citado con lo que mencionó, como consecuencia este dinero no ha ingresado a las arcas del Ejido. Señalo que con similares actitudes, Martínez ha evitado que se ingresen más recursos a esta agrupación de ejidatarios.

TRABAS PARA REALIZACION DE PADRON

Isidro Hidalgo Comisariado Ejidal del citado ejido dijo que los manejos poco apropiados de el pasado comisariado ejidal han sido continuos, tan así que detallo que parte de los ejidatarios evitaron de manera tajante que las autoridades de la Procuraduría Agraria llevaran a cabo una auditoria a la entonces directiva encabezada por Manuel Martínez.

Dijeron que Martínez desde siempre ha manipulado de manera abierta a parte de los integrantes del ejido para que se llevan a cabo solamente acciones que le beneficiaran a él de manera personal.

DOS COMISARIADOS EJIDALES

Los Conflictos en este que es el ejido más importante en el Municipio, son cada vez más crudos y han llegado al grado de que aun y que el Comisariado Ejidal encabezado por Isidro Hidalgo tomo posesión de manera legal el 30 de abril de 2003 ante Autoridades de la Procuraduría Agraria, meses después y gracias a un movimiento encabezado por Manuel Martínez se dio a conocer que el grueso de los ejidatarios habían acordado nombrar a un nueva directiva.

En reunión celebrada en esos días con la presencia de la mayoría de los ejidatarios del ejido, se llevó a cabo una nueva elección en donde resultó electo Pedro Rivera, al cual supuestamente autoridades de la Procuraduría Agraria que avalaron la elección le dieron posesión como nuevo comisariado ejidal

Así se daba el caso de que el ejido contaba con dos directivas a la vez, las cuales por su lado operaban como tal y lo peor, otorgaban permisos a quienes los solicitaban, la situación comenzó a crear un caos al interior del ejido.

Para Isidro Hidalgo la elección en donde se nombró a la nueva directiva fue totalmente manipulada por Manuel Martínez el cual dijo, incluso falsifico firmas para presentarlas en la elección en donde los ejidatarios firmante estaban de acuerdo en que se nombrara a Rivera como nuevo Comisariado Ejidal.

Detalló que la reunión en donde se llevo a cabo la elección, fue totalmente manipulada por Manuel Martínez con lo que dijo, dicha elección debió de haber sido anulada. Aseguro que la Procuraduría Agraria ha ratificado que la directiva que preside esta reconocida ante esa instancia como la oficial para avalar lo anterior mostró documentación del orden oficial.

Ante el divisionismo en la directiva del ejido, se han truncado de manera considerable las gestiones para que se donen o permuten terrenos a la Presidencia Municipal para que esta lleve a cabo obras como la reubicación tanto del rastro y basurero municipales.

Por eso, es urgente que cuanto antes se defina la situación al respecto y que la directiva manifieste interés por donar o bien intercambiar los terrenos necesarios para que cuanto antes se llevan acabo las reubicaciones citadas para bien de la colectividad.

Pie de Foto. (ElDiarioDF, Pie de Foto, p.5D).

Durante la sesión extraordinaria e la Comisión de Ordenamiento de la propiedad Rural del Consejo Mexicano para el desarrollo Rural Sustentable 2005, presidida por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, el dirigente de la Unión Campesina Democrática, José Durán Vera, aseguró que los cuatro ejes centrales del Acuerdo Nacional para el Campo en materia agraria como son el marco jurídico, la solución de conflictos agrarios, el ordenamiento y regularización de la tierra, así como el desarrollo agrario, están dando resultados evidentes que permitirán dar buenas cuentas a los campesinos de México, Lo compaña a la derecha el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez.

Analizan avances del Acuerdo Nacional para el Campo. (La Jornada, Pie de Foto, p.16)

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame presidió la sesión extraordinaria de la Comisión de Ordenamiento de la Propiedad Rural del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 2005, donde se revisaron los avances de los numerales del Acuerdo Nacional para el Campo, ante la presencia de autoridades del sector agrario y líderes de organizaciones campesinas,. Ahí mismo, José Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática, reconoció que ha habido logros importantes que han beneficiado a miles de familias campesinas.

Aumentarán los conflictos agrarios: UNTA. (El DiarioDF, p. web).

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos, advirtió que la tensión en el campo aumenta al no darse una solución real al problema de linderos y tierras, lo que puede agravar los conflictos sociales.

Pese a que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha señalado en diversas que se han atendido los focos rojos, el líder campesino aseguró que no ha podido atender ni desactivar los conflictos sociales, que tienen entre 30 y 40 años, en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, jalisco y Durango.

Aseguró que a la SRA le falta contar con un diagnóstico completo de los conflictos de linderos y de tierras, además de una aplicación más pronta y expedita de la ley en materia agraria, de lo contrario, los problemas tenderán a complicarse cada vez más; en este sentido, señaló que es partidario de la desaparición de la SRA “por inservible”, ya que “mantener una secretaría para resolver 14 focos rojos y 31 amarillos no tiene sentido”.

Álvaro López recordó que al inicio de este sexenio hizo una propuesta al Gobierno Federal para resolver el conflicto agrario con una asignación gradual de 18 mil millones de pesos, para que al término del gobierno en turno se garantizara la seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra, sin hacer necesaria la presencia de la SRA, donde sólo se genera burocracia y gastos innecesarios.

Se está incrementando la tensión en el campo. (El Sol de Zacatecas, p.5)

La tensión en el campo se está incrementando al no darse una solución real al problema de linderos y tierras, lo que puede generar que se agraven los conflictos sociales, advirtió el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Álvaro López Ríos.

Pese a que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), ha señalado en diversas ocasiones que se han atendido los Focos Rojos, el líder campesino aseguró que no ha podido atender ni desactivar los conflictos sociales que tienen entre 30 y 40 años de origen en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco y Durango.

Reconoció que ha sido un tránsito difícil, en eliminar los 14 focos rojos y los 34 amarillos, el Gobierno se ha dedicado exclusivamente a atender sólo esto, olvidado otros problemas agrarios de carácter social que han causado muertes como en el estado de Hidalgo y Oaxaca.

Consideró que la SRA debería contar con un diagnostico completo de toda la comunidad agraria; además de que la aplicación de la ley en materia agraria, deberá ser pronta y expedita para evitar un largo recorrido a los conflictos vinculados a dotaciones, ampliaciones, a nuevos centros de población.

De esta manera dijo López Ríos, se evita un largo recorrido a los conflictos, ya que cuando se interpone un amparo la vía es larguísima y sin garantías. Si estas acciones no se conjugan, los problemas tienen a complicarse cada vez más.

Luego se pronunció porque se dé la liquidación de la Secretaría de la Reforma Agraria, una vez que cumpla su cometido de concluir y resolver los conflictos agrarios. Advirtió que mantener una Secretaría sólo para resolver 14 focos rojos y 31 amarillos, para estas acciones "no hay mucho sentido".

Alarma en Durango muerte de taladores. (El Universal, Mónica Perla Hernández, p. web).

Durango, Dgo. El asesinato de 16 empleados de una empresa forestal, en lo que va del año, llevó a funcionarios del municipio de Tamazula y a familiares de las víctimas a sospechar que bandas de narcotraficantes están operando en el cultivo de mariguana y amapola en la región boscosa del estado, limítrofe con Sinaloa.

Sólo en el último mes fueron asesinados ocho trabajadores dos de ellos el 12 de abril de la empresa Productora de Triplay, filial del Grupo Forestal Halcón, en la comunidad de San José de Viborillas, municipio de Tamazula, un agreste paraje serrano adonde se llega luego de 11 horas de transitar en vehículo por un camino de terracería y tres horas de marcha a pie.

Fuentes de la policía local que aseguran conocer las operaciones que se realizan en la región de Las Quebradas consideraron que los trabajadores fueron asesinados por integrantes de una gavilla que tiene nexos con Ramón Gallardo Campista, presunto narcotraficante independiente que opera en la zona y quien, a través de sus lugartenientes, amenazó a los empleados de la empresa forestal para que dejaran de talar y de abrir brechas en ese lugar.

Las mismas fuentes indicaron que Gallardo Campista, quien controla parte del municipio de Tamazula, tiene entre sus antecedentes el haber ordenado una matanza en la comunidad de La Joya, Sinaloa, en la que murieron también niños y mujeres.

Así, autoridades y familiares de las víctimas de San José de Viborillas relacionan los asesinatos con el hecho de que las actividades del narcotráfico se han incrementado, principalmente en la zona montañosa de Las Quebradas, que comprende los municipios de Topia, Canelas y Tamazula, así como en la región de La Laguna, colindante con Coahuila, además del norteño municipio de El Oro, limítrofe con Chihuahua.

Recibieron amenazas

"Habían sido amenazados de muerte si se atrevían a abrir brechas, porque en esa zona hay muchos plantíos de mariguana", señalaron algunos deudos de las víctimas que trabajaban como troceros y cableros para la empresa forestal que explota 12 mil 87 hectáreas boscosas, 9 mil 500 de ellas ejidales y el resto de aprovechamiento forestal.

La advertencia de que no se abrieran brechas se debe a que, al desaparecer los árboles que cubren una zona serrana agreste, fácilmente se pueden detectar desde el aire los plantíos de droga y las pistas aéreas clandestinas que los narcotraficantes utilizan para movilizar la producción, añadieron los deudos.

A pesar de ello, el directivo de la empresa forestal, Carmelo Astorga, ordenó a los trabajadores que continuaran realizando la tala de árboles en el llamado paraje Pinaloza, donde el pasado 12 de abril fueron asesinados dos empleados. Sin embargo, la Policía Ministerial y la Procuraduría de Justicia del estado, que mantienen un estrecho hermetismo sobre este hecho, atribuyeron éste a un conflicto agrario por el aprovechamiento de la zona boscosa.

Una actitud similar asumieron funcionarios de ambas dependencias cuando fueron acribillados a balazos, el 22 de febrero pasado, los trabajadores Eleuterio Astorga Díaz, Ramón Donato Sánchez, Arturo Sánchez Santoyo, Alberto Graciano, José Luis Romero y Adrián Lara Pereda, en la zona forestal de Tamazula este año.

Sin embargo, el presunto móvil de que se trata de un conflicto agrario fue rechazado por los delegados de Reforma Agraria, Noel Pérez Salaís, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Paulino Córdova.

La secretaria de organización de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que agrupa a empleados de las empresas que explotan la riqueza forestal en esa región, advirtió que se podría ordenar a las empresas que no envíen a sus trabajadores a esa zona porque ponen en riesgo sus vidas.

Campesinos a la expectativa. (Yucatán, com, p.5)

Nosotros permaneceremos tranquilos y esperaremos hasta el 23 de mayo para la reunión donde se evaluarán los avances de los acuerdos tomados. Sin embargo, también demandamos que las autoridades policíacas mantengan el orden por parejo y no intervengan, pues el conflicto podría resurgir y recrudecerse, señala José Antonio Che Ku, dirigente del Frente Campesino Independiente ”Emiliano Zapata”. Anteayer más de 50 campesinos se reunieron con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria. Se acordó solicitar al Ayuntamiento de Candelaria que intervenga jurídicamente en la resolución de la expropiación de la ampliación forestal de Pomuch, que se realizó en 1983.

Desalojó la policía de Oaxaca a 200 chiapanecos de predio en Chimalapa. (La Jornada, Víctor Ruiz, p. web. /Información también publicada en Milenio Diario, p.20, Excélsior, p.17).

Oaxaca, Oax., 20 de abril. La Policía Preventiva de Oaxaca recuperó hoy el predio de San Isidro La Gringa, en Santa María Chimalapa, en la región del istmo de Tehuantepec, que estaba en manos de personas originarias de Chiapas, Veracruz e Hidalgo. En la acción, los efectivos detuvieron a seis personas que fungían como guardias armados de los invasores.

Aunque la información oficial indica que fueron desalojadas 40 personas, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), representante de los habitantes de San Isidro La Gringa, reportó que se desalojó a aproximadamente 200 personas, y que además de los cinco detenidos, 40 pobladores "se encuentran desaparecidos".

Ignacio Irys Salomón, dirigente nacional de la CODUC, calificó de abusiva e ilegal la detención de los cinco campesinos por haberse realizado en territorio de Chiapas, y responsabilizó a los gobiernos federal y de Chiapas y Oaxaca de la integridad física, así como la seguridad en los bienes de sus afiliados en aquella comunidad.

Explicó que hace varios años los indígenas de Chiapas decidieron llevar a cabo su proceso de regulación de tierras por la vía de terrenos nacionales, pero las autoridades agrarias los montaron indebidamente en la ejecución de Los Chimalapas, donde se escogió una vía diferente, la de confirmación y titulación de bienes comunales, camino que ha generado un conflicto territorial.

La CODUC señala que con esta actitud del gobierno de Oaxaca se atenta contra el diálogo que el organismo sostiene, en representación de los habitantes de San Isidro La Gringa, con autoridades del gobierno de Chiapas y de la Secretaría de la Reforma Agraria, entre ellos el subsecretario estatal de Gobierno, Martín Ramos, y el subsecretario de la dependencia federal, José Hershberger.

El gobierno de la entidad emitió un boletín de prensa en el que se indica que el director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, invitó a los ocupantes a retirarse de la zona, y que lo hicieron "pacíficamente". Se les explicó que el objetivo era evitar algún acto violento que pusiera en peligro la vida de los ocupantes o de los oaxaqueños que habitan en ese paraje.

Según el texto, en la acción participaron aproximadamente 250 policías, quienes estuvieron acompañados por un agente de Ministerio Público del fuero común.

Inician mediación de la Comunidad Lacandona. (El DiarioDF, p. 2D)

San Fernando.- Con la intención de dar a conocer el número de hectáreas que les fue dotada e iniciar un proceso de negociación el cual termine con los problemas agrarios, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), inició trabajos de medición de la Comunidad Lacandona.

El titular de la dependencia, Florencio Salazar Adame, indicó que se ha intensificado el proceso de diálogo con los ocupantes de la zona, tanto los núcleos agrarios invasores como con los lacandones, y aquellos quienes les fueron dotados una superficie de manera legal.

Consideró que el acuerdo para la medición del polígono de La Lacandona es un paso importante “porque se les reconoce 501 mil hectáreas y ellos alegan que son 614 mil, y luego podremos iniciar expropiaciones concertadas para regularizar a quienes tienen ahí más de 20 años instalados”.

Dijo que se trata de dar un tratamiento caso por caso, pues es parte de una negociación con todos los actores y en tres meses se esperan ver los primeros resultados del acuerdo signado con el grupo étnico lacandón.

El funcionario calificó como de gran prioridad la atención a la Comunidad Lacandona y reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, y llamó a los actores al entendimiento, al diálogo y la disponibilidad para poner fin a muchos años de conflicto.

Asimismo, firmó un acuerdo con la co0munidad de El Jardín, municipio de Ocosingo, conformada por 120 familias, para que no invadan una superficie de mil 349 hectáreas de la Comunidad Lacandona, a cambio de que la SRA les comprara un predio en otro lugar.

En este municipio ubicado a unos 45 minutos de la capital del estado, Salazar Adame entregó dos mil 686 documentos agrarios expedidos por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Títulos de Solares, en beneficio de ocho poblados.

Hay riesgo por focos rojos. (Cuarto Poder, Cinthya Vasconcelos, p. web)

Los conflictos agrarios se han convertido en focos rojos para la entidad y en un riesgo de ingobernabilidad, toda vez que hemos enfrentado la intromisión de la fuerza pública de otro estado, opinó el secretario de la Comisión de la Reforma Agraria, Fernel Gálvez Rodríguez, quien además urgió la intervención del Gobierno Estatal y SRA, al considerar que son los principales responsables de que se recrudezca dicha problemática.

Debido a las recientes confrontaciones entre grupos y a los conatos de desalojos de invasiones mediante el uso de la fuerza pública en varios municipios chiapanecos, entre éstos, Venustiano Carranza, Suchiate, Ixtapangajoya, Trinitaria, el diputado local del PRD consideró como urgente que intervengan las autoridades estatales y federales, antes de que se lamente otra pérdida humana o hechos violentos.

A lo anterior se suma el hecho de que la Secretaría de la Reforma Agraria reconozca que en Chiapas hay al menos tres focos rojos por disputas agrarias, lo cual requirió la presencia del titular; además de las constantes denuncias de miembros de organizaciones campesinas que temen desalojos violentos por la complicación de sus disputas.

Ante esto, Gálvez Rodríguez subrayó que el Gobierno del Estado debe de poner, al igual que la Delegación de la Reforma Agraria, "el dedo en la llaga"; "sobre todo la SRA que ha sido responsable de hacer peritajes a favor de un grupo y en respuesta a intereses de ciertos grupos, según denuncias que pronto daremos a conocer", mencionó.

"Hago un llamado enérgico para que la Secretaría de la Reforma Agraria se ponga a trabajar, pues en el Congreso local estamos en la dinámica de poder contribuir, así mismo, solicitamos a la delegada Martha Cecilia Díaz Gordillo que nos dé pormenores de la situación en el estado", asentó.

Resaltó que el Gobierno Estatal y la SRA deben atender los asuntos agrarios porque Chiapas "se está poniendo en alerta roja", aseveración que queda demostrada al ver que otro estado tiene injerencia en nuestra problemática, e incluso, utiliza sus corporaciones de seguridad para desalojar campesinos, subrayó.

Intransigencia

El también presidente del Consejo Político Estatal del PRD lamentó que el Gobierno Federal, lejos de solucionar los problemas sociales, agrarios, económicos de la entidad y todo el país, "se dedican a hacer atropellos políticos".

Así mismo, tras asegurar que en breve darán a conocer algunas irregularidades en las que ha incurrido el gobierno pablista en materia agraria, ejemplificó que hay más de cinco mil hectáreas que ocupa el Ejército Mexicano y que podrían servir para satisfacer parte de la demanda de tierras.

"Estamos a tiempo de resolver las cosas, no vaya a ser demasiado tarde y vayamos a lamentar que exista ingobernabilidad en Chiapas, pues que intervenga otro estado es preocupante", enfatizó el entrevistado.

Frentes Políticos. (Excélsior, Irma Pilar Ortíz, p. web).

Reconciliación

Urge que en Oaxaca, haya una autoridad que detenga las agresiones. Y es que mientras el pueblo de Santo Domingo Teojomulco, Sola de Vega, sigue haciendo guardias armadas, tras el asesinato de tres de sus habitantes por parte de San Lorenzo Texmelucan, vecinos de esta comunidad manifestaron su voluntad de firmar una reconciliación.

De acuerdo al presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Manuel Zamora Domínguez. Con esto “se enciende una luz que puede conducir a esos pueblos a la reconciliación”, ya que según él, desde hace 15 días los e Teojomulco no tenían problemas para sumarse al diálogo, que estaban prestos para ello, pero primero iban a esperar la respuesta de Texmelucan.

Sector agropecuario

Diputados exigen cuentas a la Sagarpa. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) alteró el presupuesto que los diputados asignaron para el campo al incrementar a 243.5 millones de pesos los gastos de operación para la institución y reducir el monto destinado para los programas de Alianza para el Campo, a los cuales dejaron únicamente 100.5 millones de pesos, sostuvo el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, Miguel Luna Hernández.

Si el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, no ejerce el presupuesto aprobado por los legisladores, o lo sigue alterando, incurrirá en desacato, agregó Luna Hernández.

El oficial mayor de Sagarpa, Xavier Ponce -abundó el presidente de dicha comisión-, se comprometió a que un equipo de la institución trabajará conjuntamente con los diputados en la revisión de los montos aprobados por los legisladores y lo que la dependencia destina a cada programa.

Luna Hernández comentó que en la reunión que sostuvieron las comisiones unidas del sector rural con funcionarios de Sagarpa y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los legisladores demandaron que se les explicara por qué la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable redujo en 5 mil 516 millones de pesos el presupuesto destinado al programa especial concurrente para este año, al cual se le asignaron 145 mil 939 millones de pesos.

Durante la reunión, apuntó, los legisladores exigieron que se les explicaran los criterios que aplicaron los responsables de SHCP y Sagarpa para realizar las modificaciones a los presupuestos de los programas para el agro. Otro de los presupuestos alterados es el del Programa Nacional para Pesca y Acuacultura, al que se le restaron 279 millones de pesos, y al Censo Nacional Agropecuario, 2.3 millones de pesos.

Otros rubros que tienen reducciones en los montos aprobados por la Cámara de Diputados son los de las universidades Autónoma de Chapingo y Antonio Narro, a las cuales se les restó 40.2 y 26 millones de pesos, respectivamente; lo mismo ocurrió con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, al que le quitaron 45.2 millones de pesos.

También fueron afectados los presupuestos para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al que se le habían asignado 4 mil 213 millones de pesos y se le dejó 4 mil 117 millones; al Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad se le quitaron 11.8 millones.

Esas son sólo algunas de las modificaciones que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable ha realizado al presupuesto aprobado en San Lázaro, mencionó Luna Hernández. "Los integrantes de las comisiones unidas del sector rural coincidimos en que para rescatar al campo de la profunda crisis en la que se encuentra no basta con sólo incrementar los recursos, también es necesario clarificar las reglas de operación de los programas productivos y ejercer el presupuesto para el campo de manera oportuna", señaló.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Desinterés en la Patria Nueva. (Cuarto Poder, Hermes Chávez, p. web)

A 26 años de su constitución, la Colonia Patria Nueva aún enfrenta serios problemas debido a la falta de interés de los gobiernos Estatal y Municipal por solucionar las demandas de su gente, la que tuvo que hacer grandes esfuerzos por contar con un lugar para vivir, señaló don Amilcar Flores Gómez, colono fundador.

El anciano, de 72 años de edad, recordó los momentos en que un grupo de 500 personas, simpatizantes del Partido Socialista del Trabajo (PST), invadieron 100 hectáreas al norte oriente de esta ciudad, las cuales actualmente conforman la afamada Colonia Patria Nueva.

En la madrugada del 23 de noviembre de hace 26 años fue cuando, por instrucciones de sus líderes, un grupo de medio millar de invasores tomaron esas tierras, apropiándose de ellas y dividiéndolas para que cada quien tuviera el espacio que requerían para edificar sus viviendas.

Aunque aseguró que los primeros meses todo se mantuvo con relativa calma, "el PRI vino a comprar a algunos compañeros" para apropiarse de la lucha que el desaparecido PST había iniciado, con ofrecimientos a quienes dirigían a la organización de "paracaidistas".

"Era Tito Rubín el que llegaba a mover ahí para que se pasaran al Partido Revolucionario Institucional", mas afirmó que fue el ex senador Graco Ramírez Garrido, haciendo uso de la fuerza pública "sacó las banderas del PRI", quedando comisionados para la legalización de los predios una comisión del PST.

Refirió que la lucha se inició en la administración de Salomón González Blanco, pasando por el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, pero fue hasta que Absalón Castellanos les brindó su apoyo que pudieron entonces terminar las gestiones para que los antes invasores pasaran a ser colonos de Patria Nueva.

"Pero la Patria era tranquila, nada más que hubo gobiernos que empezaron a alcahuetear a los delincuentes, por eso agarraron fuerza. Yo creo que a ellos (criminales) habría que aplicarles la ley fuga", sentenció.

Actualmente, una de las prioridades de ese asentamiento es la corrección del alcantarillado, ya que continuamente se tapa, además de corregir la instalación del servicio de agua potable para poder proceder a la pavimentación de las calles, concluyó don Amilcar.

DISTRITO FEDERAL

Consigna PGR expedientes de El Encino al juzgado 12. (La Jornada, Gustavo Castillo, p. web)

La Procuraduría General de la República (PGR) consignó ayer ante el juzgado 12 de distrito el expediente por el caso del predio El Encino, y solicitó que se le inicie proceso penal a Andrés Manuel López Obrador como probable responsable del delito de abuso de autoridad, por haber violado una suspensión de amparo.

Sin embargo, en lugar de orden de aprehensión, la dependencia pidió una de comparecencia, y manejó en secreto que por la mañana dos militantes panistas pagaron 2 mil pesos de caución que el Ministerio Público Federal autorizó para que el jefe de Gobierno del Distrito Federal no pudiera ser encarcelado.

En absoluto hermetismo, la PGR manejó la existencia del acuerdo ministerial acerca de la caución y el pago de los 2 mil pesos que al filo de las 11 de la mañana realizaron los asambleístas del PAN Jorge Lara y Gabriela Cuevas.

En la PGR, la Dirección de Comunicación Social no atinaba a confirmar o desmentir si la averiguación previa relacionada con El Encino ya había sido consignada. Incluso difundieron versiones de que estaban consultando al subprocurador jurídico para que les indicara qué se había enviado a los juzgados. Las especies fueron tachadas de falsas, pues un día antes el subprocurador Alejandro Ramos había declarado que él no era responsable del caso.

Después de que los reporteros que estaban en el reclusorio habían confirmado que sí era el caso López Obrador, y ya cerca de las cuatro de la tarde, la PGR invitó a ''una lectura de comunicado'', en la que Carlos Javier Vega Memije daría a conocer la postura oficial de la dependencia. El subprocurador cumplió su palabra de que entre el 19 y el 20 de abril consignaría la averiguación previa.

Vega Memije hizo un recuento del caso y cómo fue que Promotora Internacional Santa Fe, SA de CV, en su carácter de particular, promovió un amparo en contra de lo que calificó de ''la ilegal expropiación'' del predio El Encino, y de la manera en que esa compañía ''solicitó la suspensión definitiva, la cual le fue concedida para los efectos de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal paralizara los trabajos de apertura de vialidades en las partes expropiadas y se abstuviera de bloquear o cancelar los accesos al predio''.

GUERRERO

Exhumarán ejidatarios al primer cadáver del panteón de Plan de Los Amates. (El Sur, Luluani Vega, p. web).

Temen los campesinos un posible desalojo por parte de la empresa Tres Vidas, con la que disputa los terrenos.

Ayer fueron exhumados los restos de la señora Juana González Armenta, sepultada en el panteón ubicado en los terrenos de Plan de los Amates y que están en disputa con el consorcio Tres Vidas, debido al temor de los ejidatarios de un desalojo.

El 9 de abril de 2005, en una visita al lugar el director de Panteones y Velatorios, José Trinidad Carbajal Núñez, indicó que el cementerio no lo tenían registrado y las ultimas inhumaciones fueron hace 40 años. Ahí los ejidatarios le solicitaron la exhumación de sus difuntos.

Debido a que el panteón fue abandonado hace 40 años, sólo se pueden observar unas seis cruces, tres de madera, y restos de concreto.

Ante unos 15 ejidatarios, empleados de Panteones y Velatorios cavaron en la tierra para sacar los restos de González Armeta, pariente de Dagoberto Delgado Campos, de 52 años.

Durante una hora, dos personas excavaron y entre la arena fueron encontrados cuatro piezas molares y un hueso probablemente del fémur, los cuales fueron entregados a Delgado Campos.

El ejidatario aseguró que las autoridades y la empresa Tres Vidas pregonan que los terrenos no son de ellos, “pero sí nos pertenecen y la prueba es el cementerio, que tiene allí 80 años, por lo que pedimos respeto”.

Dijo que esperan volver a sepultar los restos exhumados con el apoyo del Ayuntamiento.

Luego de que concluyeran los trabajos, Carbajal Núñez indicó que en el momento en se expidió el permiso de exhumación, se da como requisito volver a sepultar los restos áridos “en un lugar donde el pariente indique”.

Señaló que hasta el momento no han recibido otra solicitud para hacer más exhumaciones de parte de los ejidatarios de Plan de los Amates.

Para los trabajos, Carbajal Núñez expresó que la Jurisdicción Sanitaria 07 solicitó documentos en los que se indicará la causa de la muerte, el año, certificado médico, “pero algunos familiares no cuentan con esos documentos”.

Denuncia presidencia de vecinos de Las Playas la invasión de unos terrenos. (El Sur, Citlal Giles, p.web)

No están considerados dentro de un decreto de expropiación firmado durante el gobierno de René Juárez, dice Patricia Aburto

La presidenta de la Asociación de Colonos de la Península de las Playas, Patricia Aburto Valdés, denunció públicamente la invasión de unos predios de la zona residencial de Caleta, los cuales no están considerados dentro de un decreto de expropiación que se firmó durante el gobierno de René Juárez Cisneros.

Aburto Valdés informó en entrevista que el 17 de diciembre de 2004, el ex gobernador Juárez Cisneros firmó un decreto en donde se autorizaba la expropiación de 60 predios en las zonas de San Martín y Rancho Grande, “que ya estaban invadidas, y el decreto fue para hacer una regularización de la zona”.

Según Aburto Valdés, hace 15 días llegaron unas personas a invadir los lotes 12, 13, 14 y 15 de la zona conocida como Cerro de los Cañones —pertenecientes al fraccionamiento las Playas por la avenida Gran Vía Tropical en Caleta— con el argumento de que el delegado del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), Alejandro López Salgado, les había vendido los terrenos en 2 mil pesos.

Sin embargo aclaró Aburto Valdés que los predios del Cerro de los Cañones “tienen dueños, y ellos tienen sus documentos en orden, el predial pagado, y no es posible que lleguen a invadir cuando tienen toda su documentación en orden”.

La propietaria de uno de los predios comentó que la gente llegó muy agresiva a limpiar los terrenos, “rompieron cercas y candados y se metieron y bueno están muy agresivos, como buscando cualquier situación para irse a golpes”.

Por su parte el asesor de la asociación Península de las Playas, el regidor Guido Rentería, dijo que pudiera haber existido una confusión por parte de Invisur, pues en el polígono de San Martín y Rancho Grande se repite la numeración de los predios 12, 13,14 y 15, “ puede que haya una lamentable confusión, pues tienen la misma numeración o hay una situación muy rara con Invisur; pareciera que Invisur tuviera un interés muy particular”.

Comentó que muchas veces la gente que hace este tipo de invasiones no tienen interés de hacerse de los predios, “sino que atrás de ellos hay gente que tiene interés de comercializar con los predios, que mediante la gente de escasos recursos adquieren los predios a 2 mil o 3 mil pesos y luego ellos los venden en miles de dólares”, por lo cual, aseguró que investigarán sobre la situación que guardan dichos predios para poder llegar “al fondo del conflicto”.

Firme el proyecto hidroeléctrico La Parota, Guerrero. (El Sol de Acapulco, Jaime Tetzpa, p. B5).

El proyecto hidroeléctrico La Parota continúa firme en el estado de Guerrero, ya que la Comisión Federal e Electricidad ha mantenido el diálogo con los comuneros y ha demostrado su disponibilidad de firmar los acuerdos a que se llegue con los 19 núcleos agrarios para la liquidación de sus tierras, informó Víctor Hugo Chávez, responsable del proyecto.

En el marco de una reunión con el alcalde Alberto López Rosas y algunos integrantes de la Coalición de Líderes Comuneros de Cacahuatepec, encabezados por José Leonor Palma Nava, éste indicó que la postura del grupo va enfocada a la viabilidad del proyecto hidroeléctrico, siempre y cuando haya compromisos sólidos y candados que garanticen los acuerdos a los que se llegue con la CFE.

MICHOACÁN

Pobreza de campesinos los obliga a incursionar en el narcotráfico. (Cambio de Michoacán, Alfredo Martínez, p. web).

Ante la imposibilidad de subsistir con sus propias cosechas, los campesinos tienen que mirar hacia el empleo en cultivos de drogas, sobre todo en la zona de Tierra Caliente, sostuvo el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Zoe Infante Jiménez, quien lamentó la utilización de menores de edad en dichas actividades.

En entrevista con este medio, indicó que por referencias de personal destacamentado en la Tierra Caliente michoacana en la lucha antinarco, el año pasado les pagaban 100 pesos la hora a los guardianes de las siembras de enervantes, suma muy por encima de la percepción de los jornaleros del sector frutícola, entre 25 y 60 pesos por día.

Y abundó: "El narcotráfico ha venido encontrando en la fuerza laboral, que no tiene fuentes de empleo y que es una base bastante grande. En el Ejército Mexicano se han instrumentado campañas para combatir el narcotráfico, y dentro de esas campañas se sabe que las cuotas a quienes cuidan cultivos, precisamente los hacen subsistir, obteniendo ingresos que no perciben en el sector agrícola, donde otros se dedican a actividades como la albañilería, carpintería y en construcción de carreteras; pero los ingresos por cuidar cultivos del narcotráfico, unos 800 pesos por persona, calculando ocho horas diarias, implica mayores atractivos económicos para gente que ve agotado su ingreso por la agricultura".

Éste es un fenómeno que se da en nuestra entidad, de acuerdo al también docente del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee), a raíz de la crisis económica de 1982, aunque con mayor fuerza en los años 90.

Respecto al empleo de menores de edad en los cultivos de drogas, Zoe Infante puntualizó que ellos también buscan percibir un aporte económico para sus familias, y además tienen mayores peligros. "Esto hace que los niños se expongan, les toque estar armados e incluso corren riesgos, a los que ellos mismos no saben a lo que se están enfrentando; como quiera, un adulto tiene más idea de lo que incluso es ser asesinado, pero un niño no tiene idea a qué se expone, menos con un arma de alto poder".

Como probable alternativa, el investigador del Ininee planteó que la producción agrícola se diversifique a otros agricultores y no se concentre en pocas manos, al igual que darle un valor adicional a los frutos, a través de la industrialización, a fin de desarrollar las diferentes regiones y mantener a la población en sus lugares de origen, sin emigrar a Estados Unidos ni dedicarse a actividades ilícitas como la vigilancia de cosechas de drogas

OAXACA

Desalojan a invasores del predio “La Gringa”. (El Imparcial, Humberto Torres, p. web).

La Policía Preventiva del Estado desalojó este miércoles de manera pacífica a cerca de 40 personas que se habían apoderado del predio “La Gringa”, en la región de Santa María Chimalapa y detuvo a seis individuos que portaban armas de fuego, en su mayoría originarios de Veracruz, Chiapas e Hidalgo, quienes fungían como guardias armados, informó el director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas.

Ante el riesgo de que los ocupantes fueran agredidos por oaxaqueños inconformes por esa ocupación, se decidió solicitar su retiro, a lo cual accedieron sin mayores incidentes, “pues están conscientes del riesgo que representa para su integridad física el seguir en ese lugar”.

El operativo se realizó con aproximadamente 250 elementos de la Policía Preventiva, acompañados por un agente de Ministerio Público del fuero común, para conminar a abandonar el sitio a 30 hombres, 10 mujeres y tres niños, a quienes se les pidió evitar posesionarse nuevamente del predio, ante el riesgo de generar un ambiente de inquietud y confrontación.

Como parte de la estrategia de pacificación, la Policía Preventiva se quedará resguardando la zona para evitar mayores conflictos.

Durante el operativo, se detuvo a Pablo Gutiérrez Peña, de el poblado El Porvenir, a quien se le decomisó una escopeta calibre 20; Isaías García Salazar, del estado de Veracruz; Uriel Antonio García Rodríguez, también de esa entidad, quien portaba una pistola calibre 380.

También fueron consignados a las autoridades respectivas, Alvaro Velásquez Coronado, de Chiapas, con una pistola 38 especial; Máximo Cerón Ortiz, de Hidalgo, con arma larga calibre 380, y Juan Juárez Pérez, de Veracruz, con una pistola calibre 22.

Cartones