|
Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “VIDA
NACIONAL”...
“CLASE
POLÍTICA”...
“QRR”...
SECTOR
AGRARIO EJIDATARIOS DE
OCOYOACAC, EN RIESGO DE PERDER TIERRAS...
DENUNCIA EL PRI
RECORTES A LA SAGARPA...
PLANTEA EJECUTIVO BAJAR
GASTO RURAL...
EL COMERCIO DE TIERRAS
GENERA ATRASO DEL CAMPO...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS ASEGURA CENTRAL
CAMPESINA QUE SE PRIVILEGIE A MILITANTES PANISTAS EN ENTREGA DE
RECURSOS...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO EJÉRCITO
MAZAHUA SOLICITA AUDIENCIA A VEGA GARCÍA...
OAXACA AMENAZAS, PERSECUCIÓN
Y ÉXODO EN LOS LOXICHAS...
“VIDA
NACIONAL” Delegados
del RAN, SRA y Procuraduría Agraria instalaron una mesa de atención a
los “focos amarillos” prendidos en Trancoso, Ojitos y Jalpa, Juan
Aldama, Tlacotes y Santa Teresa, Ojo Caliente, Ermita de los Corres y
Los Haro, entre otros, en Zacatecas que enfrentan problemas de límites
con los tepehuanes de Durango... “CLASE
POLÍTICA” La
CNC demandó que, por ley, la décima parte de los ingresos petroleros
se destine al campo, donde, con un gobierno foxista que con frecuencia
“desemboca en callejones sin salida”, crecen “las semillas de la
inconformidad social”. Al participar en un foro organizado por la
Universidad Autónoma de Chapingo, el presidente de la CNC, Heladio
Ramírez López, , propuso la creación de un fondo para el fomento del empleo rural... “QRR” Famosos
“ejidatarios”.
Juan Alberto Vázquez. Zihuatanejo,
Gro. Ahora que está de moda eso de la onda predial, ai
les va otro ejemplito: más de 40 ejidatarios, exigen se les devuelvan
sus predios, se amparan con una resolución que emitió el pasado 29
de junio la ex Magistrada del Tribunal Unitario Agrario 41, Luz
Mercedes del Carmen López Díaz, quien dio la razón a los quejosos.
Sin embargo hasta el momento no les han resuelto nada. Lo curioso del
caso es que los afectados- que aseguran que sólo muertos dejaran sus
tierras- ya hicieron un reclamo público a los nuevos dizque “dueños”,
entre los que destacan la priista Beatriz Paredes Range; la pareja de
cantantes Lucero y Mijares; la conductora de tv, Lili Téllez y el
pintor José Luis Cuevas, entre otros. Obvia decir que este bonito catálogo
de personajes que insisten en la justicia revolucionaria, se hicieron
como que la Guadalupana les habló frente a los reclamos. Se comprobó
también que el comisariado ejidal de Pantla, Ranferi Campos López,
hizo pasar a todas estas personalidades como ejidatarios (cuando en su
vida han agarrado una pala), falsificando documentos como actas de
asambleas ejidales que nunca se realizaron. EJIDATARIOS DE
OCOYOACAC, EN RIESGO DE PERDER TIERRAS Al
menos mil 500 familias de San Pedro Cholula, municipio mexiquense de
Ocoyoacac, perderán sus casas, terrenos de cultivo y toda forma de
sustento si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) ejecutar la entrega de mil 936 hectáreas
a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, por lo que las autoridades
de bienes comunales presentaron una demanda de inejecución de
sentencia ante dicha instancia del Poder Judicial. "Estamos
dispuestos a defender nuestras 431.27 hectáreas; no es posible que el
gobierno federal genere tensión social y enfrentamientos porque en
este caso no fuimos escuchados como terceros afectados",
asentaron Carlos Villaseñor Cedeño, Martín León del Campo y
Bonifacio Aguilar, presidente, secretario y tesorero de bienes
comunales de San Pedro Cholula. La
entrega de las mil 936 hectáreas a los ejidatarios de San Pedro
Tultepec implicaría que San Pedro Cholula perdiera 205.93 hectáreas,
que incluyen 250 casas habitación, avenidas importantes de comunicación
con otros municipios, parte del llamado Llano del Compromiso,
incluyendo el río Chichipicas y los derechos que desde tiempo
inmemorial tienen sobre el segundo vaso de la laguna de Lerma,
explicaron las autoridades agrarias y el asesor legal de la comunidad,
Guadalupe González Peña. "Nos
quedaríamos sólo con el casco de San Pedro Cholula, pequeños
terrenitos y nos obstruirían toda forma de comunicación con otros
municipios. Es evidente que las autoridades prefieren provocar
tensiones sociales y hasta enfrentamientos porque a ellos se les hace
más fácil dialogar con un solo grupo y no con todos los que estamos
involucrados en ese caso", abundaron. Disgustados
porque los ejidatarios de San Pedro Tultepec los han señalado como
"invasores", los campesinos de San Pedro Cholula presentaron
documentos que datan de 1521, que los acreditan como legítimos
propietarios de las tierras que poseen y en los cuales también se
narran las disputas que desde entonces surgieron con los nahuas y
tarascos que poblaron San Pedro Tultepec, así como la pérdida de
parte de su territorio por una decisión judicial en 1879. "Ahora
también, de un plumazo y sin ser escuchados como terceros en disputa,
nos pretenden quitar prácticamente toda nuestra tierra, borrar
nuestra historia como indígenas otomíes." La historia del
desacato
El
pasado 7 de septiembre se conoció públicamente la resolución del décimo
tribunal colegiado en materia administrativa, que acusó de desacato
al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, por no
cumplir las diversas notificaciones que se le enviaron para entregar
mil 936 hectáreas a San Pedro Tultepec, luego que el ejido ganó el
juicio de amparo 768-2001. En su explicación del caso, el titular de
la SRA nunca mencionó a los comuneros de San Pedro Cholula ni explicó
que del asunto tenía pleno conocimiento el área jurídica de la
institución. El
16 de octubre de 2000, Gilberto Hershberger Reyes, entonces director
general de Asuntos Jurídicos de la SRA y actualmente subsecretario de
Ordenamiento Territorial, apuntó que el caso de San Pedro Tultepec no
correspondía a los tribunales agrarios sino a la SRA, ya que la
ejecución de resoluciones y decretos presidenciales, entre otras
actividades del ramo, antes de 1992 -cambio del artículo 27
constitucional- competían a esa secretaría de Estado. Además,
no se publicó en el Diario
Oficial el decreto por el cual el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari ordenaba la desincorporación, como bienes de la
nación, de los terrenos ganados por desecación natural a las lagunas
del río Lerma, los cuales trasladó la entonces Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología. Los terrenos ganados a la laguna de Lerma siguen
siendo propiedad de la nación, según las autoridades comunales de
San Pedro Cholula. Durante
la plática, las autoridades comunales presentaron copias fotostáticas
de diversos documentos con los que han insistido ante las autoridades
judiciales que deben ser escuchados como "terceros
perjudicados"; incluso mostraron el documento en el que en julio
de 2001 los ejidatarios de San Pedro Tultepec se desistieron del
juicio de amparo 72-97. Insistieron
en que el conflicto jurídico de San Pedro Tultepec se ha
"conducido de manera negligente" tanto por parte de la SRA
como de los magistrados del décimo tribunal en materia
administrativa, ya que toda la documentación está en el Archivo del
Registro Agrario Nacional. Recordaron que el 6 de septiembre de 2003
promovieron un amparo indirecto en contra de los citados magistrados,
al cual se le asignó el expediente 1657/2003, del cual nada saben. DENUNCIA
EL PRI RECORTES A LA SAGARPA El
PRI en la Cámara de Diputados denunció que los recursos para el
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
(PEC) fueron “recortados” en áreas clave de la Secretaría de
Agricultura, además de que disminuyó la participación de 13 a 11
secretarías de Estado e incluyó en el presupuesto a los tribunales
agrarios. En
un documento de análisis del PEC, que en su programa integra las
intenciones gubernamentales con una orientación estratégica y con
una visión compartida del desarrollo rural, y de la forma como el
Estado promoverá su materialización, se establece que el incremento
en el presupuesto para el próximo año es apenas 0.04% en términos
reales. La
Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) también tiene una caída de mil 375 millones al
pasar de 4 mil 235 en 2004 a 2 mil 859 en 2005. PLANTEA
EJECUTIVO BAJAR GASTO RURAL La
propuesta del Presupuesto de Egresos para el 2005 enviada por el
Ejecutivo a la Cámara de Diputados contempla un incremento real de sólo
el 0.04 por ciento en el Programa Especial Concurrente para el
Desarrollo Rural (PEC). Así
lo revela un análisis de la Cámara, en el que señala que el
Gobierno federal propone además de reducir de 13 a 11 el número de
las Secretarías de Estado que integran este programa. De
ese total de dependencias, ocho presentan caídas en su gasto,
mientras que para las tres restantes se contempla un crecimiento del
50 por ciento, dirigido casi en su totalidad al programa
Oportunidades. En
el caso de la Reforma Agraria, el proyecto contempla eliminar ocho programas del
Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos, Conciliación Agraria y
Digitalización del Archivo General Agrario. EL
COMERCIO DE TIERRAS GENERA ATRASO DEL CAMPO La
reforma del artículo 27 constitucional (1991), que plantea el
abandono del concepto de terreno ejidal, concluye la repartición de
tierras en México y legitima su venta y renta, ocasiona un nuevo
acaparamiento de tierras, indicaron investigadores del Departamento de
Desarrollo Rural Sustentable del Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias (CUCBA). El
especialista en legislación agraria, José Sánchez González, dijo
que si existe un proceso de un neolatifundismo (acumulación de
tierras). “Hay interés por los grandes consorcios internacionales y
por desintegrar las propiedades que tienen carácter social y
privatizar. De seguir esta venta de parcelas aumentará el retroceso
agrario, pues México ya vivió un acaparamiento de esta
naturaleza”. ASEGURA CENTRAL CAMPESINA QUE SE PRIVILEGIE A MILITANTES PANISTAS EN ENTREGA DE RECURSOS Matilde Pérez U., La Jornada, página 13./Información También publicada en Milenio Diario, página 11. La
Central Campesina Independiente (CCI) acordó demandar que el
presupuesto para el campo se incremente en más de 25 mil millones de
pesos y para ello propuso que se graven con dos por ciento las
operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, fue la Secretaría de
Economía cobre los aranceles de granos que no ha realizado y se
sancione, incluso penalmente, a los funcionarios públicos que no
entreguen la totalidad de los recursos. En
el 41 pleno nacional agrario, Rafael Galindo Jaime, dirigente de la
organización, denunció que además del bajo financiamiento al campo
y las restricciones al crédito, varios delegados estatales de la
Secretaría de Desarrollo Social entregan los recursos de los
programas Oportunidades, Vivienda Rural, Adultos Mayores, entre otros,
sólo a los simpatizantes del PAN y "usan la estrategia de la
descalificación pública" en contra de los representantes
estatales de la CCI. "Los
pocos recursos federales que están fluyendo tardíamente para el
campo se aplican con criterios políticos; se privilegia a los
simpatizantes del PAN e incluso los diputados locales de ese partido
están actuando como interlocutores para que el dinero llegue a
personas identificadas con Acción Nacional", dijo el también
presidente de la Comisión Especial para el Campo de la Cámara de
Diputados. En
Tamaulipas, asentó, la delegada estatal de Sedeso acusó a Rosario López
Medina, dirigente local de la CCI, de malversación de recursos, pero
no dijo que la institución no ha entregado el dinero destinado a
diversos programas para el agro. "El jurídico de la organización
ya prepara la demanda penal en contra de esa delegada", afirmó. Agregó
que en Sonora, la Secretaría de Economía entregó recursos de Fonaes
para nueve proyectos que presentó un diputado local del PAN, en
cambio siguen sin atender la petición que desde el año pasado
presentó la CCI para el apoyo a 26 programas; "es evidente el
esquema de privilegios, pues hay situaciones similares en Tabasco,
Quintana Roo, Morelos e Hidalgo", agregó. Durante
la reunión que inició ayer con la participación de delegados y
algunos campesinos del país, se abordaron los temas de crédito y
producción; desarrollo social y combate a la pobreza; reforma
agraria y conflictos sociales, y análisis del cumplimiento de los
282 apartados del Acuerdo Nacional para el Campo. ESTADO
DE MÉXICO EJÉRCITO
MAZAHUA SOLICITA AUDIENCIA A VEGA GARCÍA Mazahuas
integrantes del Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua
solicitaron audiencia al titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, para informarle sobre
los motivos que dieron origen a su organización, de tipo militar. Durante
un recorrido por los cinco ejidos de este municipio, afectados por un
derrame de la presa de Villa Victoria en septiembre de 2003 -que dañó
cultivos en 300 hectáreas-, las mazahuas además exigieron una nueva
política hidráulica en México, que inserte a las comunidades indígenas
en el desarrollo. En
una carta que entregaron al jefe de los militares que resguardan la
planta de Berros del sistema Cutzamala, donde integrantes del Frente
Mazahua y del Ejército de Mujeres Zapatistas mantienen un plantón
desde hace 11 días, las indígenas califican de "injusta"
la política hidráulica. Los
mazahuas mostraron los terrenos que dañó la inundación del año
pasado. Advirtieron que su lucha "no es por unos cuantos
centavos", pues exigen una indemnización de 2 millones de pesos
y que les regresen 34 hectáreas del ejido de San Isidro, expropiadas
hace 25 años a favor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las
cuales no han sido aprovechadas por la dependencia. También demandan
introducción de redes de agua potable en sus comunidades y apoyo para
proyectos agropecuarios y ecoturísticos en la zona. Plantearon
poner en la mesa de negociación que les entreguen más de 20 millones
de árboles para reforestar la región y se retroalimenten los mantos
acuíferos. "La Conagua sabía de esta pretensión, y sólo nos
entregó 50 mil", afirmó. Las
indígenas esperan que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales dé respuesta este lunes para retornar a la mesa de diálogo,
y advirtieron que no admitirán otro interlocutor más que al titular
de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez. AMENAZAS, PERSECUCIÓN
Y ÉXODO EN LOS LOXICHAS En
un rincón de la cocina toman café, silenciosos, los padres de
Celerino Jiménez, asesinado en abril de 1997. Ninguna autoridad pide
su opinión, pero cuando jueces y funcionarios de la procuraduría
estatal de justicia se han marchado de la ranchería Los Limares,
Taurino Jiménez saca del bolsillo de su vieja chamarra un papel
manuscrito que dice: "Licenciado
juez, lo que le va a informarle es un acta. Si algo le llega a suceder
a mi nuera Estela Ramírez García el responsable es el ex presidente
municipal Lucio Vázquez. Si no lo manda hacer él mismo, lo manda
hacer con otro". Firma él y su esposa Adela Almaraz, que
suscribe con una cruz. Ocho
años después del asesinato denunciado, la temeridad de Estela sigue
causando asombro entre la gente de su comunidad. Desde el mismo
momento en que se atrevió a levantar un acta por el homicidio de su
esposo -en los días siguientes al entierro- las amenazas son su pan
cotidiano. En
la época en que ella, Donaciana Antonio Almaraz, y otras mujeres,
formaron la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización
de la Región Loxicha, sufrió un intento de secuestro y varios
ataques en la ciudad de Oaxaca y hasta en el Distrito Federal. En 2000
le ofrecen una beca para Dinamarca. La lucha por
organizarse
Celerino
nació en la comunidad de Tobalá Copalita, municipio de San Agustín
Loxicha. Tenía 26 años al morir. Era consejero municipal y fungía
como coordinador de los proyectos productivos. Cuando en 1996 caen
presos todos los integrantes de la alcaldía, incluyendo a Agustín
Luna Valencia, el presidente municipal, Celerino queda como máxima
autoridad. "Ese año, día tras día se hablaba de allanamientos,
de muertos. Estaba tan preocupado que en octubre organizó un foro de
derechos humanos en San Agustín, que terminó a balazos porque fue
agredido por los pistoleros de Lucio. De ese suceso nació la red de
la sociedad civil con los Loxicha", relata Estela. Lucio
Esteban Vázquez Ramírez fue comandante de la Policía Judicial
Federal en este municipio en 1996 y 1998, al tiempo que presidente
municipal durante el periodo de los operativos más cruentos en los Loxicha. A las denuncias de represión
en la zona, de las que tomaron nota organismos internacionales, el
cacique, como autoridad, respondía: "No hay ninguna represión,
o al menos yo hasta ahorita no la veo. La gente anda muy a gusto,
trafica, camina". Su
familia forma parte del pequeño grupo de mestizos que en los años
treinta llegaron a la región Loxicha, despojaron a los indígenas y
se hicieron de grandes propiedades. Nieto e hijo de caciques, fue
conocido pistolero. Se hizo de la presidencia municipal por la vía de
elección de partidos, como priísta, contra la tradición política
de asamblea comunitaria. Para
contrarrestar la creciente alarma a nivel nacional e internacional por
la violación de derechos humanos en Loxicha durante su gestión,
Lucio Vázquez organizó a un grupo antagónico a la Unión de Pueblos
Zapotecos. Conocido como el grupo de "las viudas", este
conjunto reclamaba la comisión de 201 asesinatos desde 1985 a 1998, a
manos de la Organización Popular Indígena Zapoteca (OPIZ) y del
presunto núcleo del EPR en Oaxaca. Sin embargo, las familias nunca
presentaron denuncias ni el presidente municipal siguió proceso legal
alguno. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
|
