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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “PULSO
POLÍTICO”...
SECTOR
AGRARIO REUBICACIONES DE LA SRA
PROPICIAN CONFRONTACIONES EN LA SELVA LACANDONA...
INSISTEN EN LLEVAR A
JUICIO POLÍTICO A FUNCIONARIOS FEDERALES...
SOLICITÓ PRI JUICIO
POLÍTICO VS SALAZAR, VÁZQUEZ Y PAZOS...
PRESENTAN EN SAN LÁZARO
DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO CONTRA FUNCIONARIOS FEDERALES...
PODRÍA PASAR A UN JUEZ
FEDERAL EL CASO ARCIPRESTE...
PIDE
ABOGADA DE EJIDATARIOS MISMO TRATO QUE AMLO PARA FLORENCIO SALAZAR...
ESTADOS AGUASCALIENTES ENCIENDEN EN CALVILLITO
OTRO FOCO ROJO AGRARIO...
DURANGO EJIDATARIOS DE DURANGO
BLOQUEAN DE NUEVO CONSTRUCCIÓN...
GUERRERO PRETENDEN DESPOJAR DE
SUS TIERRAS A 180 FAMILIAS...
OAXACA DETENIDOS, 14 MIEMBROS
DEL CIPO TRAS DESALOJO EN OAXACA...
“PULSO
POLÍTICO” Otro
hecho que, a querer o no, puede frustrar o demorar que se cumpla el
llamado a la "unidad nacional" que hiciera el presidente Fox
es la solicitud de juicio político presentada ayer en la Secretaría
General de la Cámara de Diputados por los integrantes de los grupos
parlamentarios del PRI en Veracruz, del PVEM y del PT, en contra de
los secretarios de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota y de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, así como del director general
de Banobras, Luis Pazos de la Torre, por su pública intromisión en
las recientes elecciones de gobernador, diputados locales y
presidentes municipales en esa entidad, para favorecer a los
candidatos del PAN con el uso de recursos públicos de esas
dependencias, la instrumentación de acciones emergentes de impacto
social y económico y las visitas frecuentes que los tres funcionarios
hicieron a las regiones veracruzanas más pobres para una virtual
compra de votos. “PLAZA
PÚBLICA” Cajón
de Sastre Los
cantores del Estado de derecho harán bien en averiguar si es cierto,
como lo expresa en denuncia pública la empresa Parques
Conmemorativos, que el presidente Fox ha incurrido en desacato a una
sentencia de amparo: "en proveídos de fecha 2 y 9 de agosto del
año en curso, se ordenó requerir al Presidente de la República a
cumplir con la sentencia protectora, y con proveídos de fecha 17 del
mismo mes y año, ante su contumacia, se ordenó iniciar incidente de
inejecución de sentencia". Y aunque ahora la Secretaría
de la Reforma Agraria tiene el asunto en sus manos, según Parques
Conmemorativos, en este caso "se evidencian las omisiones del
Ejecutivo federal impidiendo, retardando y entorpeciendo
maliciosamente o por negligencia, la administración de
justicia". REUBICACIONES DE LA SRA
PROPICIAN CONFRONTACIONES EN LA SELVA LACANDONA La
política de "reubicaciones" inducidas con gran vigor por la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en el sur de Montes Azules
está sembrando verdaderas bombas de tiempo en las comunidades y
ejidos de la franja fronteriza de la selva Lacandona. Poblaciones indígenas
en los municipios oficiales de Marqués de Comillas, Ocosingo y
Maravillas Tenejapa van camino a la confrontación, gracias a las
peculiares "soluciones agrarias" implantadas por el gobierno
federal. La
creación de Santa Martha, para sacar de la reserva a los pobladores
de San Francisco, celebrada y difundida hasta el delirio por el
gobierno el 7 de julio pasado, dejó una estela de problemas reales
que ya nadie mira entre los ejidos San José, Río Salinas, Tierra y
Libertad y Absalón Castellanos. Estos o bien "cedieron"
tierras al gobierno o trabajaron de albañiles, o se ven afectados por
la artificial aldea "modelo" de Santa Martha, la cual, para
colmo, se ubica en tierras de las que hace dos años fueron
violentamente expulsadas varias familias indígenas. La SRA se
"arregló" con los expulsores (y asesinos de dos personas),
pues son quienes permanecen en Río Salinas. Previsiblemente
ocurrirán más conflictos cuando otra aldea "modelo", ya
bautizada antes de existir como "Nuevo Magdalena", se
inaugure el próximo 30 de octubre, para instalar allí a los no
zapatistas de Nuevo San Isidro, a los humillados peregrinos que fueron
sacados de Arroyo San Pablo, y se espera que a los pobladores de Sol
Paraíso. Mediante
arreglo con la SRA, los ejidatarios de Arroyo Delicias entregaron
tierras del anexo Loma Linda (y para fines prácticos despojaron a los
pobladores de Loma Linda) para la edificación, actualmente en curso,
de "Nuevo Magdalena", a cambio de que las autoridades les
regularicen sus tierras, pendientes desde hace dos décadas.
Enfrentados Arroyo Delicias y Loma Linda, ¿qué sucederá cuando se
instalen, con gran pompa, los "reubicados" en "Nuevo
Magdalena"? El dispositivo de tres grupos enfrentados hace
previsibles choques futuros entre indígenas. Y
ya los pobladores de Nueva Unión se han resistido a entregar a la SRA
unas 900 hectáreas de reserva boscosa para que el gobierno federal
lleve adelante su novedosa repoblación de nuestra última frontera. La
imperiosa determinación gubernamental de "vaciar" Montes
Azules deja un terreno minado para las poblaciones circundantes, e
incluso para el propio gobierno, pues la prisa hace que la SRA y otras
dependencias incurran en prácticas contrainsurgentes, algunas con
implicaciones penales. Es el caso de Santa Martha. Veamos. El
que podría llamarse "casco urbano" de este pueblo,
literalmente prefabricado, se asienta sobre las tierras de Mateo Méndez
Sánchez, desplazado desde 2001 por la violencia de Mocri-Cnpa en Río
Salinas. Actualmente refugiado en la lejana localidad de Pujiltic,
Mateo es además hermano de los dos indígenas, bases de apoyo del
EZLN, asesinados entonces, allí mismo, cuyas muertes siguen impunes. No
sólo eso. La hiperactiva delegada
especial de SRA y promotora de estos "reacomodos",
Martha Cecilia Díaz Gordillo, logró acuerdos para construir su aldea
modelo con el grupo de Mocri-Cnpa, que asesinó a los hermanos Méndez
Sánchez e hirió gravemente de siete machetazos al niño Josué,
sobreviviente y testigo de aquel ataque que lo dejó huérfano de
madre; los agresores lo dieron por muerto. La
población original de Río Salinas había llegado ahí en 1987, en
pleno salinismo y antes de las reformas al artículo 27
constitucional. El ejido estuvo pendiente de una prometida
regularización hasta 1999, cuando el gobierno federal propuso a los
ejidatarios "comprar" las tierras que habitaban desde hacía
12 años. Los indígenas no aceptaron. Unos eran bases de apoyo del
EZLN, otros independientes, y un grupo más de Mocri-Cnpa. En
2001, en los albores del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, este
último grupo, siendo minoritario, atacó a los demás, con el saldo
mencionado y el resultado neto de expulsar a todas las familias del
ejido. Sólo quedaron las ocho pertenecientes al grupo agresor. Entonces
se inició un exilio que no ha terminado. Los expulsados de Río
Salinas salieron en tres direcciones. Un primer grupo de tzotziles se
fue a Socoltenango y ahora se encuentra en Pujiltic (municipio
Venustiano Carranza). Otro más fundaría eventualmente Arroyo San
Pablo (o Lucio Cabañas) y sería desubicado por el gobierno, con
promesas de reubicación que siguen incumplidas. El tercer grupo de
desplazados, bases de apoyo del EZLN, fundó Doce de Diciembre, donde
antes estuvo Arroyo Cristalina, dentro de Montes Azules. Allí están
ahora. Mientras, la SRA formaliza el despojo de las tierras que tenían.
Los
expulsores de Mocri-Cnpa "repoblaron" Río Salinas con gente
de su organización, la cual resultó la 'ganona' del acuerdo con la
SRA, pues les regularizarán las tierras que usurpan a cambio del
espacio para la aldea "modelo" de Santa Martha. Tierras que
además participan aún en un proceso penal no resuelto. El
operador directo de estas acciones, junto con la delegada de la
Reforma Agraria, ha sido Gabriel Montoya Oceguera, delegado de la
Secretaría de Gobierno del estado en la región. Las coincidencias
pueden ser crueles: originario de Altamirano, el funcionario, quien ha
negociado con el grupo que agredió a los zapatistas, es hermano de
Benjamín Montoya Oceguera, actualmente prófugo, acusado de asesinar
a un indígena zapatista en la comunidad Seis de Agosto (municipio autónomo
17 de Noviembre) hace un par de años. Como
se ve, las costosas reubicaciones que emprende el gobierno están
fundadas en un rosario de irregularidades y graciosas licencias
legales. Va otra: la familia tzotzil de San Francisco El Caracol que
aceptó tardíamente la reubicación en Santa Martha y ya no alcanzó
lugar, fue enviada por la delegada Díaz Gordillo a Nuevo San Isidro
(otra comunidad considerada ilegal). O sea, la SRA los vuelve
pobladores de Montes Azules, casualmente en una comunidad que se
define mayoritariamente como zapatista. Contrainsurgencia embozada,
ilegalidades, impunidades, despojo. La parte del proceso de
regularización que la propaganda oficial no muestra. INSISTEN
EN LLEVAR A JUICIO POLÍTICO A FUNCIONARIOS FEDERALES Diputados
del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México
ratificaron la solicitud de juicio político contra la secretaria de
Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; el titular de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar, y el director general de Banobras,
Luis Pazos de la Torre, por su probable participación en delitos
electorales al destinar recursos públicos y programas sociales a la
campaña del candidato panista en Veracruz, Gerardo Buganza. Dieciocho
legisladores de ambos partidos entregaron el acta de ratificación de
juicio político contra los funcionarios federales, junto a un legajo
de pruebas que recibió la secretaria general de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, Florencio
Salazar presidió distintas reuniones donde se encontraba el candidato
Gerardo Buganza. Y el señalamiento contra Luis Pazos obedece a que en
la víspera de los comicios permitió inversiones federales por 4 mil
millones de pesos para obras y servicios. La
presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia,
Concepción Flores, indicó que el Código Electoral estatal no prevé
la inequidad como una de las causales de nulidad de elección de
gobernador. SOLICITÓ
PRI JUICIO POLÍTICO VS SALAZAR, VÁZQUEZ Y PAZOS Diputados
federales del PRI y PVEM interpusieron una demanda de juicio político
contra los secretarios de Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame; Desarrollo Social, Josefina Vázquez
Mota, así como del director de Banobras, Luis Pazos, acusándolos de
violar la ley electoral al intervenir directamente en Veracruz a favor
del candidato del PAN a la gubernatura, Gerardo Buganza. Así lo
anunciaron en conferencia de prensa los diputados priísta Jorge
Uscanga y el vicecoordinador de la bancada ecologista Manuel Velasco
Coello, quienes afirmaron que dichos funcionarios "tuvieron una
intervención directa en el proceso electoral de Veracruz, no sólo
con actitudes, sino con el manejo de programas gubernamentales a favor
del candidato del PAN, Gerardo Buganza". Cabe recordar que el
pasado 5 de septiembre en el estado de Veracruz se verificaron los
comicios con una reñida votación para elegir presidentes
municipales, Congreso local y gobernador estatal, la cual ha derivado
en una batalla entre el PAN y el PRI. En este contexto, los
legisladores del PRI y PVEM presentaron ante la Secretaría General de
la Cámara de Diputados la demanda de juicio político contra Vázquez
Mota, Salazar Adame y Luis Pazos. En entrevista, Uscanga Escobar
refirió que "el 25 de agosto la Permanente emitió un exhorto al
presidente de la República, Vicente Fox, para que pidiera a los
secretarios de Estado que no se inmiscuyeran en el proceso electoral
de Veracruz; pese a ello esto no se evitó". El legislador acotó
que estos actos constituyen una violación a la Ley Electoral y que el
primero en encabezarlos fue el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar, quien presidió varias reuniones junto con Gerardo
Buganza, en su calidad de candidato. PRESENTAN
EN SAN LÁZARO DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO CONTRA FUNCIONARIOS
FEDERALES La
diputación federal priísta por Veracruz presentó una denuncia de
juicio político en contra de los secretarios de Desarrollo Social y
de la Reforma Agraria,
Josefina Vázquez Mota y Florencio
Salazar Adame, respectivamente, así como Luis Pazos de la Torre,
director general de Banobras, por haber incurrido en conductas
constitutivas de delitos electorales. De
acuerdo con la solicitud presentada y ratificada en un solo acto ante
la Secretaría General de la Cámara de Diputados por los 18 diputados
veracruzanos, así como por ocho del PVEM y tres del PT, dichos
funcionarios federales hicieron uso de recursos públicos para apoyar
a los candidatos del PAN a la gubernatura, alcaldías y diputaciones
locales de aquel estado, cuya elección constitucional se realizó el
pasado cinco de septiembre. Jorge
Uscanga, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara
baja y coordinador de la diputación federal priísta por Veracruz,
afirmó que no obstante que su correligionario Fidel Herrera Beltrán
ya resultó electo gobernador de Veracruz, las conductas de los
citados funcionarios no deben quedar impunes y de ahí la demanda de
juicio político en su contra. Según
el texto de la denuncia, Salazar Adame viajó a Veracruz, en su
calidad de funcionario federal, 15 días antes de los comicios, para
apoyar a Gerardo Buganza Salmerón, candidato del PAN a la
gubernatura, e instrumentar con los panistas una estrategia que les
permitiera penetrar a los ejidos y comunidades agrarias a fin de
operar a favor de Acción Nacional. PODRÍA
PASAR A UN JUEZ FEDERAL EL CASO ARCIPRESTE Aun
cuando el caso del Paraje San Juan fuera atraído por los tribunales
federales, luego de que la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) determinó -a finales de mayo- que el
predio es propiedad de la nación, el fiscal de Procesos Penales de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en el
Reclusorio Norte, Roberto Ibinarriaga Rivapalacio, descartó que el
proceso contra Enrique Arcipreste del Abrego, quien se ostentó como
dueño del terreno, quede inconcluso. Desde
julio pasado, la defensa de Arcipreste del Abrego -quien reclamó al
gobierno capitalino mil 810 millones de pesos de indemnización por
las 306 hectáreas del paraje expropiadas- presentó "un
incidente no especificado, estableciendo conceptos de
incompetencia", explicó el fiscal. Aclaró que técnicamente y
de acuerdo con los tiempos establecidos en el proceso penal, que se
sigue en el juzgado 36 del fuero común, "no es procedente ni
admisible la presentación del recurso". Refirió
que los abogados del procesado también presentaron ante las
autoridades federales el mismo incidente, con el argumento de que
"no es competencia del fuero local conocer del proceso, toda vez
que la SRA estableció que el predio es de la nación y, por ende,
estiman que no se causa ningún agravio al Gobierno del Distrito
Federal por el delito de fraude procesal del que se acusa a Arcipreste
del Abrego". Cabe recordar que éste permanece desde el 4 de mayo
en el Reclusorio Norte, luego de haber sido deportado de Cuba. Ibinarriaga
admitió que "si estiman los tribunales federales que corresponde
a un juez federal conocer el caso, tendrá que ser así" y el
juzgado penal "tendrá que declinar la competencia". Por el
momento, mencionó que el proceso penal contra Arcipreste del Abrego
por el delito de fraude procesal ha continuado con el desahogo de
pruebas de ambas partes, y no se ha resuelto el amparo que
interpusieron los abogados del acusado contra el auto de formal prisión.
También
falta, puntualizó, que sea "ejecutoriada" la resolución de
la SRA sobre el Paraje San Juan, donde actualmente están asentadas 10
colonias de la delegación Iztapalapa. PIDE
ABOGADA DE EJIDATARIOS MISMO TRATO QUE AMLO PARA FLORENCIO SALAZAR La
abogada de los ejidatarios de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma,
Estado de México, Bárbara Zamora solicitó a los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mismo trato al
secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, que están dando al jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, es
decir, la aplicación estricta de la ley. Ello,
porque ambos incurrieron en el delito de desacato a un ordenamiento
judicial, aunque para la litigante los ministros lo “están
observando de otra manera”. Reprochó
la aplicación de las leyes de forma discrecional, pues “nunca se
aplican con el mismo criterio en situaciones iguales porque
intervienen criterios políticos y no jurídicos”. AGUASCALIENTES ENCIENDEN EN CALVILLITO
OTRO FOCO ROJO AGRARIO Vecinos
de la comunidad El Trigo, en Calvillito, abrieron por la fuerza el
camino rural que los mantiene comunicados con el resto del Estado,
mismo que fue cerrado por parte del propietario de las tierras en
donde se encuentra, sin tomar en cuenta la necesidad de esta población.
Una mala medición por parte del PROCEDE
permitió que se vendieran las tierras con todo y el camino rural en
ellas, ya que no tomaron en cuenta esta extensión y por tal, el
propietario ha cerrado el camino en reiteradas ocasiones, por lo que
los vecinos han acudido a la fuerza para poder abrirlo de nueva
cuenta. Algunos de los 50 habitantes de este poblado indicaron que el
conflicto viene desde hace mucho tiempo, ya que desde hace tres años
tienen un juicio agrario que no se ha resuelto. Incluso mencionaron
que el problema se está haciendo más fuerte y podría agravarse de
manera considerable, cosa que quieren evitar, ya que a nadie le
beneficiaría un conflicto que pasara a lo físico. Y es que
aseguraron que ya han tenido varios conflictos verbales con el
propietario del lugar, un constructor de nombre Rodolfo Flores de
Luna, quien, en todo su derecho, indica que el camino está sobre su
terreno y por tanto tiene la facultad de cerrarlo y taparlo con
piedras y tierra. En este sentido, los habitantes afectados indicaron
que no piden la cancelación de las actividades en este terreno, que
es la extracción de tepetate principalmente, sino solamente que les
devuelvan el camino rural, ya que de lo contario quedan prácticamente
incomunicados. Explicaron que este camino une a las comunidades de
Norias de Paso Hondo con Calvillito, y al cerrarlo provoca que las
personas tengan que caminar alrededor de tres kilómetros por el cerro
para poder ir de un lugar a otro, rodeando mucho del camino original.
Por su parte, quienes tiene vehículos tienen que dar un rodeo mayor,
por un camino casi intransitable, por lo que ya están hartos de esta
situación y debido a ello decidieron abrir por la fuerza el
mencionado camino. Los representantes de las 50 personas que quedan
aisladas indicaron que el constructor había cerrado ya el camino en
una ocasión anterior, hace aproximadamente un año, pero ellos lo
abrieron a los pocos días y desde entonces siguieron utilizándolo.
Sin embargo, el fin de semana pasado volvió a cerrarlo y a poner
piedras para evitar el paso, por lo que ayer por la mañana los
vecinos de la zona llevaron maquinaria pesada para abrir de nueva
cuenta el camino. EJIDATARIOS DE DURANGO
BLOQUEAN DE NUEVO CONSTRUCCIÓN A
unas horas de que concluya la presente administración estatal,
ejidatarios del poblado El Pino bloquearon nuevamente los trabajos de
construcción de la autopista Durango-Mazatlán. Aseguran que a las
autoridades actuales ya no les interesa ningún arreglo porque ya se
van. "No cumplieron lo prometido", dijeron los manifestantes
y amenazaron con no renovar el convenio de ocupación si no se les
pagan sus tierras. Desde
las 6 horas de este martes, un día antes del cambio de estafeta en el
gobierno estatal, los ejidatarios de la comunidad El Pino decidieron
ya no esperar a la próxima administración para que les paguen sus
tierras. "El
plazo del convenio de ocupación que se firmó y en el que nosotros
otorgamos el permiso para que construyeran la autopista en 42 hectáreas
ejidales, ya concluyó el pasado 12 de septiembre; fueron 18 meses,
tiempo suficiente para que nos pagaran, pero al no haber respuesta el
contrato está en veremos", expresó Martín Aldava Robles, uno
de los ejidatarios afectados. Dijo
que en una asamblea ejidal se acordó ya no permitir los trabajos de
construcción de la autopista porque las autoridades del gobierno del
estado no habían cumplido con lo prometido. "No
es sólo el pago por las tierras que están utilizando; ellos se
comprometieron a arreglar las calles del poblado, a construirnos un
puente y nada de eso han cumplido", expresó otro ejidatario. Pasado
el mediodía, ninguna autoridad estatal había acudido al lugar donde
los ejidatarios mantenían su bloqueo. "No importa si no vienen,
a ver a quién le interesa más, nosotros tenemos mucha fuerza para
quedarnos aquí, si es necesario varias semanas o meses, ya nos
cansamos de que nos vean como a la liebre: chiquitos y orejones",
expresó Aldava Robles. Agregó
que tampoco aceptarán el pago de 2 mil 800 pesos por hectárea como
se ha estado manejando en un "supuesto" avalúo de Cabin:
"en todo caso que nos den una rayada de madre, le sacaremos más
provecho que a ese dinero", dijo. Los
campesinos demandan 50 mil pesos por cada hectárea, siendo 45 en
total. Aseguran que ése fue el convenio firmado con funcionarios
estatales hace 18 meses, el cual no han cumplido. PRETENDEN DESPOJAR DE
SUS TIERRAS A 180 FAMILIAS Un
nuevo foco rojo en el sector agrario representa la pretensión del
despojo de 180 familias de ejidatarios por parte de un particular
apoyado por el Tribunal Unitario Agrario XII con sede en Chilpancingo,
Guerrero. A la redacción de unomásuno acudieron representantes del
ejido Agua de Correa del municipio de José Azueta, en el estado de
Guerrero, para denunciar que de acuerdo a la autoridad agraria serán
despojados de más de 60 mil metros cuadrados por parte del señor
Alejo Maldonado Cuevas, a quien favoreció una resolución. Maldonado
Cuevas, en contubernio con las autoridades, pretende ejecutar dicha
resolución el 21 de septiembre del presente año, sin tener
conocimiento del marco jurídico respecto al área de tierra del cual
no es posesionario, ni avecindado. "Ya son doce años que
nosotros como ejido hemos padecido el problema iniciado por este señor
que ni siquiera es ejidatario, por lo que es inconcebible que reclame
una propiedad de seis hectáreas de tierra ejidal, sin poseer titulo
alguno", afirmó el denunciante. Por lo anterior, habitantes de
Agua de Correa piden la intervención a efecto de dar revocada solución
legal, a la sentencia registrada en el expediente 35/97 TUA 41, para
lo que se intenta prevenir actos de provocación que cause hechos
atroces. Los representantes agregaron que llegaran hasta las últimas
consecuencias para impedir el despojo arbitrario y que se deje si
trabajo a otros cuantos, ya que "es un derecho social",
basado en el del Art. 27 de la Constitución federal. Aún cuando
reconocen que "sí existe la disposición por parte de las
autoridades en las cuales se manifiesta independencia una de la otra,
y la buena voluntad de algunas para cumplir con su trabajo, aunque ya
son pocas las autoridades comprometidas, todavía persistes las
excepciones". DETENIDOS, 14 MIEMBROS
DEL CIPO TRAS DESALOJO EN OAXACA Policías
estatales desalojaron a unos 100 indígenas de diversas comunidades de
la entidad, seguidores del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (Cipo)
Ricardo Flores Magón, que desde el 20 de abril pasado mantenían
plantones frente al palacio de gobierno y en el atrio del templo de
Santo Domingo de Guzmán, en la zona turística de esta ciudad, en
demanda de solución a sus problemas agrarios, políticos y sociales. La
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que
detuvo a 14 personas por los cargos de lesiones, daños y resistencia
de particulares, luego de que éstas "agredieron" al grupo
de uniformados que acompañaba al agente del Ministerio Público de la
Federación Rubén Casanova Medellín, quien realizaba una inspección
ocular ante la denuncia que presentó el Instituto Nacional de
Antropología e Historia por los delitos de violación a la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, Artísticas e Históricas.
Esa
diligencia, en la que también estuvo presente el visitador de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Cuauhtémoc Cortés Ramírez, se
llevó a cabo luego de más de cuatro meses de que los integrantes del
Cipo han ocupado las áreas de los inmuebles antes mencionados,
declarados patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Al
asegurar que en el desalojo hubo "decenas de heridos", la
dirigencia del Cipo precisó, a su vez, que 15 de sus compañeros
fueron detenidos y se encuentran "incomunicados" en los
separos de la PGJE, donde se impidió el acceso a médicos que iban a
revisar su salud. En
el comunicado, la PGJE informó que los integrantes del Cipo Habacuc
Cruz Cruz y Margarita García García "de manera violenta se
opusieron a la autoridad e incitaron a su grupo para que arremetieran
contra los representantes de la ley, pese a que los efectivos
policiacos conminaron a los integrantes del Cipo a mantener la calma y
desalojar el inmueble de manera pacífica, éstos se fueron contra los
uniformados, armados con palos, dejando como resultado al menos 10
agentes lesionados. Además dañaron varias patrullas, por lo que
fueron detenidas 14 personas y puestas a disposición del agente del
MP del fuero común", precisó la dependencia. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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