|
Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “ASTILLERO”...
“PULSO
POLÍTICO”...
“PLAZA PÚBLICA”...
“JUEGO DE PALABRAS”...
“VANGUARDIA POLÍTICA”...
“VIDA NACIONAL”...
“UFFF LA POLÍTICA”...
“SE HARÁ JUSTICIA”...
“JUAN PUEBLO OPINA”...
“CARTELERA POLÍTICA”...
“EPIGRAMA”...
“QRR”...
“DESAFUERO, FILIAS Y
FOBIAS”...
SECTOR
AGRARIO MIENTE LA SRA:
EJIDATARIOS DE TULTEPEC...
EXIGEN EJIDATARIOS
TIERRAS, NO DINERO...
EJIDATARIOS RECHAZARÁN
QUE SRA LOS INDEMNICE...
DESMIENTEN A LA SRA:
LAS TIERRAS NO ESTÁN OCUPADAS...
DETERMINARÁ LA SCJN SI
PROCEDE O NO SANCIÓN ALGUNA CONTRA SALAZAR ADAME...
NADIE POR ENCIMA DE LA
LEY, ADVIERTE LA SCJN...
USARÁ SALAZAR TESIS DE
GÓNGORA “EN SU DEFENSA”...
DENUNCIA LÓPEZ OBRADOR
“GOLPE DE ESTADO TÉCNICO”...
EVADE LÓPEZ OBRADOR
RESPONDER A LAS CRÍTICAS DE LA COPARMEX...
ACUMULA FLORENCIO TRES
DESACATOS MÁS...
RESOLUCIÓN DE LA CORTE
PODRÍA LLEVAR A LA INGOBERNABILIDAD...
CASO CERRADO QUERELLA
CON PARQUES CONMEMORATIVOS, ASEGURA LA SRA...
CRITICAN PERREDISTAS
ACTITUD DE CÁRDENAS...
USAN DIFERENTES VARAS
PARA MEDIR LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA: PRD...
CREEL NO TIENE POR QUÉ
RENUNCIAR: BRAVO MENA...
LÓPEZ OBRADOR DEBE
ACATAR RESOLUCIÓN, EXCLAMA JORGE CASTAÑEDA GUTMAN...
PERSISTEN LOS PROBLEMAS
ENTRE CAMPESINOS POR LA TIERRA: CNC...
DIEGO SE TOMÓ UN
RECESO COMO LITIGANTE...
GIL DÍAZ RECONOCE QUE
NO SE LE HA CUMPLIDO AL CAMPO, DICEN LÍDERES...
RECORTAN GASTO EN 11
SECRETARÍAS...
“ASTILLERO” ASTILLAS:
Es
chicle y a ver si pega: reelección consecutiva de presidentes
municipales, propone el Presidente de la República que igual desea
seguir dirigiendo personalmente los destinos de Foxilandia un sexenio
más, ya que no le fue permitido hacerlo mediante conyugal
intermediación... Y, mientras Florencio Salazar sigue dando El
grito... “PULSO
POLÍTICO” Al
jefe del Gobierno del Distrito Federal, los fallos de la Suprema Corte
de Justicia le dan risa o, al menos, les resta importancia y luego de
enterarse de que se desechó definitivamente la controversia
constitucional que la Asamblea Legislativa capitalina interpuso ante
ella para tratar de evitar su desafuero, aseguró que se trata de un
asunto político, no jurídico, "que no tiene que ver con el
estado de derecho, sino con el estado de chueco y que por eso no le
doy mucha relevancia", convencido como está de que "hay una
confabulación, una conspiración desde lo alto del poder". El
político tabasqueño que está bajo amenaza de ser despojado de su
inmunidad por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados,
eludió referirse al caso del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, al que el Tribunal Unitario en
Materia Administrativa solicitó destituir e iniciar proceso penal en
su contra por desacato a un mandato judicial, el mismo delito que se
le imputa a él, porque dijo no tener ninguna información sobre el
caso ni quería meterse en eso. En
la habitual conferencia de prensa ante la pregunta de que si
consideraba que lo de Salazar Adame era un mensaje judicial para él,
rumbo a su desafuero, como algunos lo interpretaron, se negó a
calificarlo, pero aprovechó para subrayar que nunca dio una orden
para desobedecer al juez, ni firmó ningún documento, y que se le está
acusando porque como jefe del GDF es el superior jerárquico, pero que
el suyo es un proceso plagado de irregularidades. Y
mientras López Obrador no deja pasar una mañana para defenderse de
esa acción cameral que lo amenaza, en la Suprema Corte de Justicia se
estudia la petición del Tribunal Unitario en Materia Administrativa,
para que el secretario de la Reforma Agraria sea destituido y
enjuiciado, lo que si ocurriera, ubicaría al titular del gobierno
capitalino en la antesala de su derrumbe gubernamental, personal, político
y electoral. La intención parece clara: si un miembro del gabinete es
relevado del cargo y enjuiciado por haber incurrido en desacato a un
mandato judicial, cualquier otro funcionario público que estuviera en
una situación similar, quedaría en riesgo de correr la misma suerte
y esa es la situación en la que se halla el perredista tabasqueño
que se da "por muerto" para el 2006, pero que hoy por hoy
está más vivo que nunca, ante lo que puede enfrentar y que no es
precisamente alcanzar la candidatura presidencial del PRD y lanzarse a
una campaña electoral, como él y sus seguidores y simpatizantes
esperan y desean. ¿En
qué condiciones quedaría el jefe del GDF ante la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados si la Suprema Corte de Justicia
resuelve que es procedente que el titular de la SRA sea no sólo
privado de ese cargo, sino sometido a un proceso penal por el mismo
delito del que se le acusa a aquél, y quien insiste en que su caso no
es jurídico, sino político? ¿O acaso lo de Salazar Adame es
solamente otra "genialidad" de algún estratega, nacional o
extranjero cercano a Los Pinos, para ver las reacciones de opinión pública
ante lo que llegaría a suceder si se diera el desafuero de López
Obrador? Seguramente que no transcurrirá mucho tiempo para que ambas
interrogantes tengan respuesta. De
esto y de aquello... Salazar
Adame, secretario de la Reforma Agraria, cuya destitución y
consignación penal solicitó el Tribunal Unitario en Materia
Administrativa por desacato a un mandato judicial, corre la misma
suerte que otros ex priístas que se refugiaron bajo el manto foxista
y el panismo... En las filas del tricolor se le tilda de traidor, en
Acción Nacional se le considera priísta y ahora está en riesgo de
ser relevado de su actual cargo... La cabeza del político guerrerense
bien podría ser una "justificación" del gobierno federal
por si también llegara a caer la de Andrés Manuel López Obrador,
con su desafuero, para que no se diga que en la justicia sexenal hay
dos pesas y dos medidas... “PLAZA
PÚBLICA” Es
remoto que el secretario de la Reforma Agraria sea destituido, pues
parece firmar su alegato sobre la imposibilidad de ejecutar una
sentencia de amparo. Quedan sin embargo indefensos, sujetos a las
posibilidades del erario, los ejidatarios que fueron víctimas de engaños
de la burocracia agraria. Lejos de resultarle inconveniente, el
secretario de la Reforma
Agraria Florencio Salazar Adame obtendrá ventajas de que su
desacato a una sentencia de amparo llegue a la Suprema Corte de
Justicia, pues conseguirá la autorización para el cumplimiento
sustituto, mediante una compensación a los quejosos No
es inminente la destitución del secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame. El incumplimiento de una sentencia de amparo,
incluido el incidente de inejecución, lo pone efectivamente en manos
de la Suprema Corte de Justicia, pero no en estado de indefensión
sino al contrario. De ese tribunal obtendrá la autorización para
ofrecer el cumplimiento sustituto a los ejidatarios de San Pedro
Tultepec. Ellos son, en cambio, los que tienen un grave problema. No
recuperarán las tierras que se les negaron desde hace más de 70 años,
y recibirán en cambio una oferta de pago compensatorio que
seguramente está por debajo de sus expectativas. El
martes corrió la especie de que un tribunal colegiado había ordenado
la destitución del secretario Salazar Adame y su consignación a un
juez. Nada era verdad: ni ese tribunal tiene capacidad para tales
decisiones, ni acababa de tomar las que sí le competen. En realidad,
desde el 25 de agosto anterior remitió el caso a la Suprema Corte,
que ahora aplicará la fracción XVI del artículo 107 constitucional. El
alto tribunal debe determinar, inicialmente, si la Secretaría de la
Reforma Agraria ha tratado de eludir la sentencia hasta ahora
inejecutada. A continuación, estimará si la conducta de la autoridad
responsable es excusable o inexcusable. Si determinara lo segundo,
ordenará que dicha autoridad sea "inmediatamente separada de su
cargo y consignada al juez de distrito que corresponda". Pero la
Reforma Agraria estará en situación de probar que enfrenta una
imposibilidad legal y material de cumplir la sentencia, y su voluntad
de ofrecer el cumplimiento sustituto previsto en el propio artículo
107. Tal pago, que debe ser dispuesto de oficio por la Corte, opera
cuando la ejecución de una sentencia "afecte gravemente a la
sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos
que pudiera obtener el quejoso". Ofrecido
que sea el pago compensatorio, el secretario de la Reforma Agraria
habría eludido el riesgo de su destitución y consignación a un
juez, en la aplicación de esta norma en que excepcionalmente se
faculta a la Corte para actuar como ministerio público. Podría
ocurrir, sin embargo, que los ejidatarios de Tultepec se inconformen
con la suma ofrecida o con otros términos de la ejecución. Habría
que determinar con precisión los títulos de los ejidos asentados en
la superficie originalmente dotada a San Pedro, y también si la
totalidad de la tierra no entregada corresponde a esos núcleos
ejidales, como afirma la autoridad mientras que la representación de
Tultepec lo niega. Una
resolución presidencial de 1929 dotó al ejido quejoso, situado en el
municipio mexiquense de Lerma, de casi 2 mil hectáreas (mil 936
exactamente). Pero del dicho al hecho hay mucho trecho: sólo se
concedió a los 450 integrantes del ejido la posesión material de una
cuarta parte, 510 hectáreas. Es de suponerse que desde entonces hayan
realizado trámites para llevar a la realidad la disposición jurídica.
Pero no lo consiguieron y, en cambio, se dotó con diversas porciones
de la superficie no entregada a los ejidos de Capulhuac, San Pedro
Tlaltizapan, San Miguel Chapultepec, San Sebastián y San Lucas, y San
Mateo Atenco. En
2001, el ejido de San Pedro demandó amparo para que como autoridad
responsable la Reforma Agraria entregara las mil 400 hectáreas
denegadas desde 72 años atrás. La proba jueza séptima de distrito
en materia administrativa, Luz María Díaz Barriga, concedió a los
ejidatarios la protección de la justicia federal, y su sentencia fue
confirmada en enero del año pasado por el décimo tribunal colegiado.
Ante la inejecución, ese órgano judicial remitió en agosto el
expediente a la Corte. Aparte
las secuelas jurídicas de este caso, cabe reparar en las
circunstancias generales en que se suscitó el conflicto de intereses
entre los diversos ejidos. No sabemos si los cinco núcleos que
recibieron la dotación negada a Tultepec se apersonaron en el juicio
de amparo como terceros perjudicados. Pero lo serían en los hechos si
se tratara de privarlos de sus tierras para cumplir la resolución
presidencial de 1929. Sería una tarea jurídicamente ardua porque es
de suponerse que su posesión deriva de sendas resoluciones semejantes
a la inicial. Al mismo tiempo hay que considerar la transformación
del entorno de los seis ejidos, puestos en conflicto por decisiones
burocráticas mal aplicadas. La expansión urbana de Toluca, que se
confunde ya con Lerma y otros municipios, ha conferido valor comercial
a las superficies originalmente destinadas a usos agropecuarios. De
tal modo que no sería imposible que las dotaciones realizadas a
expensas de San Pedro Tultepec hubieran sido diseñadas para obtener
un lucro indebido. Otro
ángulo de esta cuestión es el que corresponde a la compensación
posible para los ejidatarios de Tultepec. Si finalmente la Corte
determinara el cumplimiento sustituto, la SRA pedirá a la comisión
de avalúos de bienes nacionales realizar el que corresponde a la zona
(como lo hizo para tasar los predios cercanos a Texcoco donde se
erigiría el aeropuerto capitalino). Luego habrá que ver si el fondo
de que dispone la SRA para esos efectos basta para las erogaciones
necesarias o hay que esperar una asignación suplementaria. “JUEGO
DE PALABRAS” Un
Congreso con certificado de calidad. La
política, que era el arte de lo posible, en México se ha vuelto el
arte de lo imposible. Se ha inservibilizado a sí misma, a punta de
mil usos y mal usos. Y como el Estado, como la naturaleza, odia el vacío,
la política está siendo sustituida paulatinamente por la
jurisprudencia. (Ejemplos
abundan más que aspirantes a la presidencia, que ya es abundar). Los
telúricos titulares de ayer, con ser eminentemente políticos, se
dieron en la arena togada. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la demanda de
controversia constitucional de la ALDF para frenar el juicio de
procedencia por desacato que se sigue en la Cámara de Diputados
contra el jefe de Gobierno. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa solicitó ante la misma SCJN la destitución sumaria
del secretario de la Reforma
Agraria, y su consignación ante un juez penal federal, también,
como en el caso de AMLO, por desacato a un ordenamiento judicial. El
caso de Salazar es tan oportuno, que si uno fuera suspicaz diría que
lo han hecho a la medida de la circunstancia del presidente. Las
bolas están así: una bola es el ofrecimiento de tregua y diálogo,
otra es el desafuero de Andrés López, otra es la destitución de
Salazar Adame. Florencio
es una flor, es ni canta ni come fruta -si se me permite mezclar mis
metáforas- en el jardín presidencial, y nada más fácil para el
licenciado Fox que darle una patada en donde la espalda pierde su
casto nombre, y si te he visto no me acuerdo. Entonces,
cuando se produzca el diálogo con el PRD, y éste plantee, como
seguramente planteará, que si se la parten a su rayo de esperanza, a
más de cuatro los va a partir un rayo, el presidente podrá contestar
con toda propiedad que esas cosas de desafueros y destituciones son
provincia de la ley, y que en su gobierno se hace lo que los
organismos juzgadores fallan. Un
tribunal pidió la destitución del secretario de la Reforma Agraria,
e inmediatamente se procedió a tal. Si la Cámara le quita el fuero a
Andrés López, a modo que pueda ser juzgado como cualquier ciudadano,
fiat iustitia, ruat caelum, "hágase justicia, y húndase el
cielo". (También podría utilizar la versión menos tremendista
de Hegel: fiat iustitia ne pereat mundus. "Hágase justicia para
que el mundo no perezca"). “VANGUARDIA
POLÍTICA” *
Salazar: confía en que SCJN fallará a su favor; presentará recurso
de revisión Sin
duda el caso del probable desacato en el que presuntamente incurrió
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, está politizado. Por lo
pronto, la ministra Olga Sánchez Cordero -que recientemente resolvió
a favor de Juan Ignacio García Zalvidea en el caso de la alcaldía de
Benito Juárez-, es quien tiene prácticamente en sus manos la suerte
del funcionario federal. No
obstante, y porque ha aportado pruebas suficientes en tiempo y forma,
el secretario de la Reforma Agraria confía en que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación resolverá a su favor en un asunto que data de
1929 y en el que 71 años después -el 31 de agosto del 2001-, el
ejido de San Pedro Tultepec promovió el juicio de amparo número
768/2001 ante el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa del DF, señalando
como acto reclamado la omisión de ejecutar en su totalidad la
mencionada resolución presidencial. Respecto
a los detalles del ejido de San Pedro Tultepec, del municipio de
Lerma, en el Estado de México, Salazar Adame argumenta que en este
caso es excusable el incumplimiento, dado que existe imposibilidad jurídica
y material para ejecutar en su totalidad la resolución presidencial
de hacer entrega de las mil 936 hectáreas que demandan los
ejidatarios. Explica
el funcionario que con antelación a 1929, fecha en la que por
resolución presidencial se dotó a ese ejido de la superficie citada,
el mismo ya había sido ocupado, en parte, por otros cinco ejidos
-Capulhuac, San Pedro Tlatizapán, San Miguel Chapultepec, San Sebastián
y San Lucas y San Mateo Atenco-, lo que imposibilita a la Secretaría
de la Reforma Agraria para cumplir con el mandato judicial de hacer
entrega de la totalidad de las mil 936 hectáreas a los demandantes. Hacerlo,
ocasionaría un daño social mayor en perjuicio de esos cinco ejidos,
que los beneficios que pudieran obtener el de San Pedro Tultepec. Por
esta razón Salazar Adame propone que se instaure el incidente de pago
sustituto con la finalidad de pagarle al ejido las tierras que no es
posible entregarles. Sin
embargo, y pese a que el titular de la SRA ha planteado una solución
viable, los 287 ejidatarios se cierran a cualquier posibilidad de diálogo
y, al contrario, están dispuestos a ejercer la mayor presión
posible, por lo que ya anunciaron que no aceptarán el pago
compensatorio. Es
en estos momentos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
deberá asumir su papel como garante del derecho; en el caso que nos
ocupa, habría que recordar que desde que fue nombrado secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar, ha resuelto 199 asuntos
semejantes al que hoy, ejidatarios de Río Lerma piden su destitución. En
su defensa, el titular de la SRA presentará mañana a la Suprema
Corte un recurso de revisión sobre su caso. Como
se observa, la tónica que priva en el escenario nacional es que no se
ha podido o no se ha querido establecer la línea que evita que la
justicia de politice y la política se judicialice. “VIDA
NACIONAL” Ni
destitución ni consignación de Florencio
Salazar como secretario de la Reforma Agraria, es inexacta la
versión difundida en ese sentido, aclaró la magistrada Olga Sánchez
Cordero al precisar que el Poder Judicial todavía no dice
nada...Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, puso en marcha
ayer el programa Reforma Agraria Productiva que buscará conformar
empresas sociales para que los campesinos puedan enfrentar coyotes e
intermediarios que acaparan sus cosechas. “UFFF
LA POLÍTICA” Ahora
aparece en escena el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, el guerrerense se encuentra en
el banquillo de los acusados, en espera de la resolución de la SCJN,
por la solicitud de su destitución inmediata y su consignación ante
un juez penal formulada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa, por su presunta responsabilidad en los delitos de
abuso de autoridad y desacato a un fallo judicial relacionado con la
inejecución de una sentencia. Resulta que los magistrados ordenaron a
la SRA devolver mil 936 hectáreas de la tierra a los ejidatarios de
San pedro Tultepec, Municipio de Lerma. A
esa bronca Salazar Adame enfrenta otros tres casos similares, en los
predios de La Victoria, en Guadalupe Nuevo León, el predio San Diego
Suchitepec, del Municipio Villa Victoria, Estado de México y, el
tercero se encuentra en Santa Fe, municipio de Tempoal, estado de
Veracruz; de manera que Florencio está en la cuerda floja, en donde
no sólo perdería la chamba, no, además iría a dar al reclusorio y
con ello se vendría abajo su proyecto político de querer ser
gobernador de Guerrero y adiós sueños. “SE
HARÁ JUSTICIA” Vemos
con gusto que se ha turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
el fallo emitido por el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia Administrativa del Distrito Federal en el que se ordena la
destitución del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, por no acatar la sentencia
dictada por la juez séptimo de distrito en Materia Administrativa en
el Distrito Federal, en la cual se ordenó desde hace casi dos años
que se dotara de tierras al ejido de San Pedro Tultepec. La
Corte en este caso tiene poco que estudiar, pues simplemente debe
determinar si el incumplimiento del secretario de la Reforma Agraria
fue grave o no, y si jurídicamente estaba en posibilidades de acatar
el mismo, lo que en este caso es bastante claro. No valen las excusas
que ahora pretende dar Florencio Salazar Adame, respecto del
incumplimiento de dicha sentencia, aduciendo que ya se repartieron las
tierras con que se tenía que dotar al ejido de San Pedro Tultepec a
otros cinco ejidos, pues para ello la Ley de Amparo prevé el
cumplimiento sustituto, para cuando materialmente es imposible
ejecutar una resolución de amparo, o bien como en este caso, cuando
se causarían graves problemas o daños a terceros de ejecutarse la
resolución. Así,
el señor Salazar Adame desde el año de 2003 pudo negociar con el
ejido afectado el que se le dotara de tierras en otra ubicación, o
bien mandar hacer un avalúo de las tierras que se les tenían que
otorgar y pagarles el precio correspondiente, lo que obvia el contumaz
desacato del secretario de la Reforma Agraria. En
efecto, las resoluciones de los jueces se dictan para cumplirse, y
quien no lo hace debe ser sancionado. Cuando se trata de particulares,
es decir, de cualquier ciudadano, se ejecutan de manera forzosa y los
gastos y costas de dicha ejecución se le deben cobrar a quien
incumple con las sentencias o no las acata de forma voluntaria, pero
en caso de que quien incumpla las mismas sea un funcionario público,
la sanción debe ser y es la destitución del cargo que ocupe y su
consignación a las autoridades penales para que se determine si también
incurrió en responsabilidad de esta índole para que se le sancione
de conformidad con las leyes penales. Así
pues, vemos con buenos ojos que se esté procediendo de esta forma en
contra de los funcionarios incumplidos, pues si bien anteriormente no
se aplicaba en rigor la ley, parece que ahora sí existe un ánimo de
hacerla valer y cumplir, lo que nos pone en la senda del Estado de
Derecho que tanto ansiamos alcanzar todos los mexicanos. En
este caso, por tratarse de un funcionario público que no ejerce un
cargo de elección popular no es necesario su desafuero antes de
proceder en su contra y destituirlo, a diferencia de lo que acontece
con el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien sí ocupa un cargo
de elección popular y por lo mismo goza de fuero. El
hecho de que por fin se haga valer la ley en sus términos y
condiciones, nos deja ver que ahora sí, existe la posibilidad de que
la misma se haga valer en el caso de Andrés Manuel López Obrador y
se sigan los caminos legales en vez de optar por soluciones políticas
al respecto. Es muy importante que todos cumplamos con las leyes, pues
es la única forma de que subsista la sociedad, pues de lo contrario
se estaría en el caos absoluto y viviríamos todos con la
incertidumbre de ser mancillados en nuestros derechos por cualquiera
con poder. Así,
la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado se emitió en enero del
2003, lo que nos deja muy claro que durante ese año y lo que va del
actual el secretario de la Reforma Agraria no se ocupó de buscar una
solución para cumplir la sentencia de los tribunales de amparo, con
lo cual desacató rotundamente las sentencias dictadas en el
expediente. Tampoco
es excusa que se tenga que solicitar una partida presupuestaria
especial para dar el cumplimiento sustituto de la resolución, pues
tuvo tiempo de sobra para ello, y si cuando menos hubiera mandado
sacar los avalúos correspondientes y solicitado tal partida, los
tribunales habrían conocido con ello las soluciones buscadas por el
funcionario público para acatar la resolución y, simplemente con eso
se le habría tenido por cumplido, otorgándole un plazo razonable
para que el erario público dotara a la dependencia a su cargo de los
recursos necesarios para ejecutar el fallo. En
conclusión, se debe destituir de su cargo y consignar ante las
autoridades penales al señor Florencio Salazar Adame, dado su
desacato, con lo que quedará demostrado a la sociedad que ahora sí
se tiene la voluntad de aplicar, respetar y hacer cumplir nuestras
leyes, ordenando nuestro más alto tribunal al presidente de la República
ejecutar de inmediato su resolución. Abogado interpuesto por la ALDF
y con el que se intentaba frenar el juicio de desafuero contra el jefe
de Gobierno a petición de la PGR, luego de que López Obrador
supuestamente no acató un mandamiento judicial relacionado con el
predio El Encino. “JUAN
PUEBLO OPINA” Clarísimas
las señales de la Suprema Corte envío a López Obrador. Por un lado
rechaza, por “notoriamente improcedente”, la controversia
constitucional interpuesta por la Asamblea Legislativa, sin pararse a
considerar si el caso presenta fallas legales. Y por otro, revive un
litigo de ¡1929!. Para dizque enjuiciar al Secretario de la Reforma Agraria por el mismo delito de que se acusa
al jefe de gobierno, para que las cosas parezcan parejas. “CARTELERA
POLÍTICA” Grilloteka ***Quien
está en la cuerda floja con todo y recursos que presente, es el
titular de la Reforma Agraria, pues podría ser el ratón de laboratorio para
desaforar a AMLO. “EPIGRAMA” El
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa planteó la
posibilidad de destituir y consignar por desacato al secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame. ¡Golpe
maestro! Ya ves cómo es la grilla de lista: si se truena a un foxista
¡ya chupó faros Andrés!. “QRR” Grandes
usos para el álbum blanco del gabinetazo. Los
dos tomos puestos apilados podrían funcionar como banquitos en las
oficinas de Hacienda o en otras donde las largas filas imperen, o
donde se acostumbra realizar mítines y plantones, como la Segob, SSA,
SRA y Los Pinos. “DESAFUERO,
FILIAS Y FOBIAS” La
democracia es el régimen político en que el pueblo ejerce la soberanía,
por ello, con independencia de filias o fobias, me parece que intentar
inhabilitar a un contendiente político por la vía legal significa, a
todas luces, una gran incapacidad de competir mediante elecciones
libres, abiertas y democráticas. Hablar de ilegalidad puede ser una
utopía en nuestro país, así que intentar acabar con un contendiente
como Andrés Manuel López Obrador, mediante artificios legales o
legaloides, significa quitarle a la gente la capacidad de decidir qué
clase de gobierno puede o debe tener y con ello enrarecer el clima político
nacional. De
la misma manera, intentan inhabilitar a Santiago Creel Mirnada por
rebasar los topes de su campaña a la jefatura del DF, o destituir a Florencio
Salazar Adame por desacato, entre otros, me parecen respuestas rápidas
que muestran la posibilidad de desatar una guerra política, que en
nada beneficia a la democracia mexicana. MIENTE LA SRA:
EJIDATARIOS DE TULTEPEC Los
ejidatarios de San Pedro Tultepec exigieron que se cumpla con la
sentencia que obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a entregar mil 426 hectáreas
producto de la resolución presidencial de 1929 para la constitución
de un ejido. "No aceptaremos ningún pago sustituto, lo que
queremos son las tierras", especificaron mediante su abogada Bárbara
Zamora. Las
autoridades de bienes comunales, Remigio Gutiérrez Morales, Raúl
Osorio y Miguel Vázquez, negaron que la superficie que reclaman esté
ocupada por los ejidos Capulhuac, San Pedro Tlaltizapán, San Miguel
Chapultepec, San Sebastián, San Lucas y San Mateo Atenco. "De
ser eso cierto, ¿por qué el titular de la SRA no presentó las
pruebas durante los tres años que se llevó el proceso jurídico, o
durante el último año y medio en el que tres ocasiones la autoridad
jurídica le pidió que las entregara?" De
ser cierto que esa superficie está ocupada, la autoridad hubiera
entregado al juzgado séptimo de distrito esas pruebas y no hubiera
procedido a la argucia de diciembre de 2002, de declarar área natural
protegida la ciénega de la cuenca del Lerma, contra lo que los
ejidatarios interpusieron el amparo 854-2003, dictaminado en favor de
los campesinos. Los
agricultores se dijeron dispuestos a "defender con la vida"
la tierra que les pertenece, y anunciaron que emprenderán diversas
movilizaciones con apoyo de otras organizaciones sociales para exigir
el cumplimiento al decreto presidencial del 26 de diciembre de 1929. Invasiones y
argucias legales
Reconoció
que hasta hace unos meses, Margarito Salazar Arzaluz, representante de
los precaristas de San Mateo Atenco, pretendió adjudicarse 356 hectáreas,
pero nunca pudo acreditar ante la autoridad la propiedad de las
mismas. "A pesar de que buscó ampararse, la Suprema Corte falló
en nuestro favor", recordó. Bárbara
Zamora también observó que el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, erró en sus argumentos ante la opinión pública,
al manifestar que en el oficio 14581 del 27 de abril de 2004 solicitó
al décimo tribunal colegiado en materia administrativa que declarara
improcedente el incidente de inejecución de la sentencia, "en
virtud de que las autoridades no han sido contumaces al cumplimiento
dado que han llevado a cabo los actos necesarios para ejecutar
debidamente la resolución presidencial". "¿Cómo
es posible que el titular de la SRA en abril ya sepa la conclusión
que en julio emitió el tribunal colegiado respecto a la contumacia en
el asunto de San Pedro Tultepec?", dijo Bárbara Zamora. "Es
evidente que hay falsedad y hasta cinismo en las afirmaciones del
secretario." EXIGEN
EJIDATARIOS TIERRAS, NO DINERO El
presidente ejidal de San Pedro Tultepec, Remigio Gutiérrez Morales
afirmó que no aceptarán que la Secretaría
de la Reforma Agraria les entregue una compensación económica a
cambio de las mil 426 hectáreas que aún faltan por entregar desde
1930. Recordó
que por un decreto presidencial les concedieron mil 936 hectáreas en
las Ciénegas del Lerma. "Hasta
la fecha nos han entregado 510 hectáreas y no nos han dado respuesta
en 70 años. En 2001 iniciamos un amparo que ganamos en contra de la
Secretaría de la Reforma Agraria y aún así no las han entregado. "No
aceptaríamos dinero porque el decreto es muy claro, nos dieron
tierras y no cooperaciones. Lo que queremos es la entrega de tierras y
nada más", dijo el líder ejidal. Gutiérrez
Morales negó que exista conflicto alguno en las tierras que la
Secretaria de la Reforma Agraria debe entregarles, tal y como lo señaló
el martes su titular, Florencio Salazar. Minimizan
posible destitución La
abogada de los ejidatarios de San Pedro Tultepec, Bárbara Zamora, mas
que esperar la destitución del Secretario Florencio Salazar, quiere
que les sean entregadas las tierras. "Ya
el Tribunal Colegiado aceptó que procede la destitución del
Secretario y su consignación penal por negarse a cumplir la
ejecutoria del amparo. El 24 de agosto fue entregada a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación donde la están analizando. "Si
lo quitan o no eso para nosotros es irrelevante, lo que si quiero
aclarar es que su dicho de que hay cinco ejidos colindantes en las
hectáreas es falso y sólo es una respuesta para los medios",
dijo Zamora. La
abogada comentó que Salazar nunca mencionó ese dato en el Tribunal
Colegiado donde tuvo año y medio para exponer los motivos del
incumplimiento de la sentencia. Durante
un recorrido por el lugar se observó que los terrenos que colindan
con la cabecera de San Pedro Tultepec se encuentran deshabitados. EJIDATARIOS
RECHAZARÁN QUE SRA LOS INDEMNICE La
apoderada legal de los ejidatarios de San Pedro Tultepec, Bárbara
Zamora, dijo que sus representados "no aceptarán la indemnización
económica que propone el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar", a cambio
de las mil 426 hectáreas que no han sido entregadas a los campesinos
beneficiados con una resolución presidencial de 1929. Aseguró
que es falso que en la superficie reclamada mil 426 hectáreas estén
asentados cinco ejidos. También
acusó a Florencio Salazar Adame de "mentir", con su
argumento de que en abril notificó al Décimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito de Amparo que declarara
improcedente el incidente de inejecución de la sentencia, porque las
autoridades no han desacatado la orden judicial para entregar las
tierras a campesinos. "La
resolución del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa
del Primer Circuito de Amparo fue dada a conocer hasta julio, cómo
pudo adivinar el secretario de la Reforma Agraria lo que determinaría
el Tribunal", alegó Bárbara Zamora. A
juicio de la apoderada legal de los ejidatarios de San Pedro Tultepec,
es sólo una maniobra del funcionario para justificar el
incumplimiento del mandato judicial. Por
ello, anunció que acudirán los ejidatarios a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación para exigir a este máximo tribunal del país
se aplique la Constitución a Florencio Salazar Adame y sea destituido
como secretario de la Reforma Agraria y consignado ante un juez para
enfrentar el cargo de desacato. Por
su parte, el subsecretario de Ordenamiento de la propiedad Rural,
Gilberto Hersberguer, informó que ya se prepara la documentación
respectiva para que este viernes a más tardar el secretario de la
Reforma Agraria presente ante la Suprema Corte de Justicia el recurso
de revisión de la sentencia emitida por el Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito de Amparo. DESMIENTEN
A LA SRA: LAS TIERRAS NO ESTÁN OCUPADAS Ejidatarios
de San Pedro Tultepec rechazaron los argumentos de la Secretaría
de la Reforma Agraria referentes a que es imposible entregarles
las mil 426 hectáreas que el gobierno federal debió dotarles en
1930.Remigio Gutiérrez, comisariado ejidal, aseguró que el titular
de la Secretaría, Florencio Salazar, miente al asegurar que esos
terrenos ya están ocupados, “las hectáreas están ahí y ninguna
de los cinco ejidos que se mencionan ocupan el terreno que nos
corresponde, somos colindantes, pero no están dentro de nuestra
dotación. Queremos que se cumpla la resolución de amparo tal como lo
aprobó el Poder Judicial”. En
entrevista, declaró que no conoce las intensiones del funcionario.
Especificó que los ejidos de Cupulhuac, San Pedro Tlatizapan, San
Miguel Chapultepec, San Sebastián- San Lucas y San Mateo Atenco, únicamente
son vecinos.“El mismo juez comprobó, y nos dio la razón, de que no
están ocupados, tan sólo el ejido de San Mateo Atenco tiene sus
terrenos de lado del aeropuerto de Toluca, ni siquiera está cerca de
aquí. Con
San Miguel Chapultepec y San Pedro Tlatizapan, también somos vecinos,
pero no ocupan nuestra dotación”, explicó el ejidatario. Pidieron
que se entreguen documentos, planos, que las autoridades de la Reforma
Agraria avalen lo dicho. Además, no conciben que
de resultar ciertas las afirmaciones del reparto a esos ejidos,
se hayan entregado terrenos que les pertenecían a San Pedro Tultepec.
“Nosotros por 70 años hemos peleado que se nos den los terrenos”.
Sobre el intento de la Reforma Agraria de entregar hectáreas, dijo
que en mayo de este año se pretendió dotarlos de sólo 232 hectáreas,
y ahora aseguran que son 420, pero el decreto presidencial es claro,
son mil 426 hectáreas que por ley les corresponden y no les han
entregado. Consideraron
que no es por la vía de la indemnización como se conformarán, “el
juez nos está dando la razón, no somos limosneros, no queremos
migajas ni pretendemos obtener lo que nos quieran dar, exigimos lo
nuestro, lo que nos corresponde por derecho”, manifestó.
Los 287 ejidatarios que viven en la zona se dedican al cultivo
de maíz y al aprovechamiento de la laguna Lerma, obtienen tule y
cazan patos. Son 18 mil los pobladores que luchan porque sus terrenos
sean repartidos de una vez. La
parte que nos corresponde se ubica en parte del segundo vaso de las
lagunas del Lerma, “estamos seguros de que las mil 426 hectáreas no
están ocupadas, por eso consideramos que lo dicho por Florencio
Salazar es una mentira”. DETERMINARÁ
LA SCJN SI PROCEDE O NO SANCIÓN ALGUNA CONTRA SALAZAR ADAME La
Suprema Corte de Justicia de la Nación será la que determine, en
forma definitiva, si procede o no alguna sanción contra el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, por negarse a
acatar una sentencia federal, expusieron los magistrados de Décimo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y afirmaron que no hay
alguna petición de destitución del funcionario y su consignación
ante un juez federal. “En
conclusión, resulta inexacta una versión difundida, de que este
tribunal ha ordenado la destitución del secretario de la Reforma
Agraria”, puntualizaron los administradores de la justicia federal. Los
magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo, Homero Fernando Reed Ornelas y
Rosa Elena Rivara Barbosa, integrantes del Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del primer Círculo Judicial, explicaron la
situación que priva en torno al incidente de inejecución de la
sentencia IIS 20/2004, que surgió del juicio de amparo indirecto
presentado por el Ejido San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, Estado
de México, dijeron que si a pesar de los requerimientos el
responsable no cumple con la sentencia, el juez de distrito remite ya
el expediente ya como incidente de inejecución de sentencia, al
Tribunal Colegiado que corresponda, para que éste dictamine si existe
o no contumacia por parte de la autoridad responsable. NADIE
POR ENCIMA DE LA LEY, ADVIERTE LA SCJN El
Estado de derecho tiene su base y fundamento en las normas que rigen
la relación de una sociedad determinada y la justicia aplicable, por
lo cual "estamos convencidos de que no se puede ni se debe
permitir el capricho de un gobierno o de algunos gobernantes que
quieren estar por encima de la ley", aseguró el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón. En
un acto académico internacional, convocado por el Colegio Nacional de
Notarios, el ministro sostuvo que una de las funciones primordiales
que le asigna la Constitución al Poder Judicial de la federación es
hacer valer y respetar, sobre cualquier circunstancia, el Estado de
derecho, "y eso es precisamente lo que estamos haciendo". Indicó
que en una sociedad como la mexicana, tan desigual en lo social y tan
plural en lo político, "siempre es y será fundamental la
aplicación del derecho", y al reiterar que nadie debe estar por
encima de la ley se pronunció en favor de castigar a los gobernantes
que se resisten a respetarla y acatarla en perjuicio de los demás. Propuestas
de Florencio Por
su parte, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, afirmó
que no está incurriendo en contumacia -rebeldía procesal- e insistió
en que la dependencia a su cargo está imposibilitada, por razones jurídicas
y sociales, a cumplir a cabalidad la resolución del Décimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa. La
dependencia -sostuvo su titular- está planteando una opción de
solución, como es el pago por las casi mil 400 hectáreas que no se
les pueden entregar a los ejidatarios de San Pedro Tultepec. Si
los ejidatarios no aceptan "el pago sustituto" de tierras,
"se buscaría en dónde hay tierras que repartir y se las
entregaríamos". Sin
embargo, Florencio Salazar admitió que la última determinación la
tendrán los ministros de la Suprema Corte. Por
separado, Bárbara Zamora, abogada de los ejidatarios de San Pedro
Tultepec, dijo que sus defendidos no quieren dinero sino la restitución
de las tierras. Agregó
que la juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa determinó
que la autoridad responsable -la Secretaría de la Reforma Agraria-
debe hacer lo que le corresponde para entregar las hectáreas
reclamadas. En
respuesta a las declaraciones de Salazar Adame, de que entregar esas
tierras provocaría un conflicto social porque están ocupadas por
otros cinco grupos de ejidatarios, la abogada señaló que "eso
es totalmente falso". Durante
el juicio de amparo, apuntó, la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) informó a la juez que no podía entregar esas hectáreas porque
el área estaba declarada como zona protegida. Explicó
que el decreto mediante el cual fue declarada zona protegida, fue
revocado a consecuencia de otro amparo que ganaron de manera
definitiva los ejidatarios de San Pedro Tultepec, por lo que Salazar
Adame ya no tiene pretexto para no entregar la tierra. "La
Secretaría de la Reforma Agraria en ningún momento, en el juicio de
amparo que promovimos para la restitución de la tierra, hizo valer el
hecho de que las mil 400 hectáreas que reclamamos estaban en poder de
otros ejidos, por lo que sí está incurriendo en contumacia",
sostuvo Zamora. USARÁ
SALAZAR TESIS DE GÓNGORA “EN SU DEFENSA” La
Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) solicitó a la ministra Olga Sánchez Cordero, quien
analiza la procedencia de la destitución y consignación de Florencio
Salazar Adame, remitirse a la tesis de 1999 del ministro Genaro David
Góngora Pimentel, para que persista el Estado de Derecho. El
departamento jurídico de la SRA entregará una copia de la
contradicción de tesis elaborada por Góngora Pimentel, donde
establece que cuando no se puede cumplir una sentencia porque no
existen recursos para cumplirla "no se tiene que separar del
cargo" al funcionario o superior involucrado. La
ministra Sánchez Cordero, quien analiza la inejecución de sentencia
I.I.S-20/204 emitida por los magistrados del X Tribunal Colegiado del
Primer Circuito, tendrá que ingresarla para su análisis. Así
la Ministra comparará los argumentos del amparo 768/2001, otorgado al
ejido San Pedro Tultepec, Estado de México, y el incidente de
inejecución de sentencia 137/2004, más la contradicción de tesis
del ministro Góngora Pimentel, formulada cuando era presidente de la
Suprema Corte. Con
esos elementos, la Ministra responsable de elaborar el proyecto de
sentencia presentará el resultado al pleno del máximo tribunal de
justicia del país, quienes en conjunto decidirán si en el caso
concreto procede o no aplicar a la autoridad responsable la sanción
requerida por el Tribunal Colegiado. La
Secretaría, cuyo titular es Salazar Adame, recurrió a este argumento
de acuerdo a lo que establece el Artículo 107, fracción XVI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho
Artículo atribuye esa facultad de resolución a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que consiste en determinar si procede o no la
destitución inmediata de la autoridad responsable y su consignación
ante un juez penal federal. Sin
embargo, la contradicción de tesis del ministro Góngora Pimentel
establece que cuando no se puede cumplir un fallo, por no existir
recursos producto del litigio, entonces, no se puede castigar al
funcionario en ciernes, caso en el que supuestamente se encuentra
Florencio Salazar Adame. Esto
debido a que el caso del ejido de San Pedro Tultepec, que se remite a
1929, se ordenaba dotar de 1,936 hectáreas, de las cuales sólo se
pueden ofrecer 250, porque "ya no hay tierras para repartir"
según la SRA. DENUNCIA
LÓPEZ OBRADOR “GOLPE DE ESTADO TÉCNICO” Como
un "golpe de Estado técnico" consideró el jefe del
Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, el
proceso por el presunto desacato a un amparo en el predio El Encino. "Es
una confabulación, una conspiración desde el poder; no violé
ninguna ley, no cometí ningún delito y, sin embargo, me quieren
destituir, me quieren inhabilitar para que vaya a la cárcel",
apuntó. Es
evidente que se está torciendo la ley, agregó, y por ello no le dio
mucha importancia a la decisión de la Suprema Corte de desechar, por
improcedente, el recurso de reclamación que interpuso la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal contra el juicio de desafuero. Nada sobre Salazar
Adame Tampoco
quiso especular sobre la decisión de un tribunal colegiado en materia
administrativa que acusó de desacato al secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, y turnó el expediente a la
Suprema Corte para que determine si es procedente la destitución y
consignación penal del funcionario. Dijo desconocer el caso y no
quiso aventurar hipótesis. López
Obrador se remitió a un artículo del abogado Javier Quijano Baz,
publicado como inserción pagada en un diario, en el que sugiere
"llamar las cosas por su nombre", y en lugar de aplicar el término
desafuero al proceso para despojar al mandatario capitalino de la
inmunidad procesal penal que le confiere su cargo, plantea denominarlo
como "golpe de Estado". EVADE
LÓPEZ OBRADOR RESPONDER A LAS CRÍTICAS DE LA COPARMEX Andrés
Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, evitó
hablar sobre la crítica que lanzó ayer la Coparmex ciudad de México
sobre su política "populista". Por
otra parte, el Jefe de Gobierno capitalino aseguró que la decisión
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dejar en manos
de los diputados su desafuero "ni está bien, ni está mal".
López
Obrador sentenció que "se está torciendo la ley" e insistió
en que su retiro de fuero es un "asunto político y no jurídico,
por lo que no tiene que ver con el Estado de Derecho". El
Mandatario local aclaró que el objetivo es lograr su inhabilitación
porque "lo que está en juego es el 2006". El
Jefe de Gobierno capitalino se negó a comparar su caso con el de Florencio
Salazar, secretario de la Reforma Agraria, que de acuerdo con el X
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desacató una orden que
le exigía entregar 1,936 hectáreas a ejidatarios de San Pedro
Tultepec, Estado de México. ACUMULA
FLORENCIO TRES DESACATOS MÁS Florencio Salazar
Adame, secretario de la Reforma Agraria,
no sólo tiene encima la sentencia de desacato de la Suprema Corte de
Justicia por la inejecución de una sentencia correspondiente a la
devolución de mil 936 hectáreas propiedad de ejidatarios de San
Pedro Tultepec, Estado de México. A la lista se suman por los menos
otros tres casos idénticos ocurridos en Veracruz, Nuevo León y el
mismo estado mexiquense. MILENIO
había dado a conocer, en su edición del 31 de mayo de este año, las
sentencias dictadas por diversos tribunales colegiados en contra del
funcionario federal; sin embargo, en dicha ocasión las autoridades
desestimaron los fallos de las autoridades judiciales que habían sido
divulgados y aseguraron que éstos eran apelables. Una
vez que el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa
solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la destitución
inmediata de Salazar Adame, así como su consignación ante un juez
penal por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de
autoridad y desacato, el gobierno federal atraviesa el avance que
tengan en los próximos días y semanas tres expedientes más del
mismo tipo. Fox,
incluido “Debe
concluirse que el secretario de la Reforma Agraria, el director
ejecutivo de Predios e Indemnizaciones, al igual que su superior jerárquico,
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, han incurrido en desacato
a la ejecutoria de amparo”, sentencia ya un fallo acordado por
unanimidad el pasado 16 de febrero de este año por los magistrados
Rosa Elena González Tirado, Pablo Domínguez Peregrina y Carlos
Alfredo Soto Villaseñor, en torno a incumplimiento de una resolución
del Poder Judicial. De
esta forma se advierte en el escrito que el titular de la Reforma
Agraria cometió un desacato de la ejecutoria de un amparo otorgado a
comuneros de San Andrés Tuxtla, Veracruz, según el dictamen
elaborado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. De
Nicolás Bravo a la victoria El
incidente de inejecución del expediente, también hace mención
incluso al Presidente de la República, luego de que de acuerdo con el
acomodo de tierras basado en el Código Agrario y la Ley Federal de la
Reforma Agraria, el grupo de ejidtarios encabezado por Nicolás
Chibamba no ha adquirido ningún derecho “cierto ni real” sobre
las 3 mil 711 hectáreas reclamadas de un predio nombrado “Nicolás
Bravo”. En
consecuencia, se explica en la documentación, el mandatario y el
titular de la Reforma Agraria “no demostraron que hubieran acatado
la resolución de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo,
porque no actuaron en el sentido ordenado en el incidente respectivo,
es decir, no realizaron el pago a que fueron condenadas”, según la
documentación consultada. Asimismo,
aunado a los casos de Tultepec y Nicolás Bravo, se suma uno más
acontecido en el área metropolitana de Monterrey, exactamente en el
predio denominado La Victoria, perteneciente a Guadalupe, Nuevo León. Que
cubran 227 millones y medio En
torno a dicho caso, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del primer circuito requirió sin suerte al Presidente
de la República y a Salazar Adame a que en las 24 horas siguientes al
12 de noviembre de 2003, cubrieran la cantidad de 227 millones 500 mil
pesos a la quejosa Ernestina de los Santos. La inejecución de esta
sentencia queda plasmada en el oficio II-57/2004, emitido por el Poder
Judicial de la Federación. Mientras
tanto, cerca de San Pedro Tultepec –predio que motivó la solicitud
de destitución del secretario–, sobre un terreno ubicado en San
Diego Suchitepec, del municipio Villa Victoria, en el mismo Estado de
México, existe una resolución que obliga al gobierno federal, a través
de la Secretaría de la Reforma Agraria, a pagar 19 millones 734 mil
pesos, por un incidente de daños y perjuicios. RESOLUCIÓN
DE LA CORTE PODRÍA LLEVAR A LA INGOBERNABILIDAD Mientras
dirigentes del PRD y académicos advierten que la resolución de la
Suprema Corte de Justicia contra Andrés Manuel López Obrador podría
ocasionar un estado de ingobernabilidad en el país, los panistas se
congratulan de la determinación que deja en manos de la Cámara de
Diputados el desafuero del jefe de Gobierno. “Aunque
se requiere que prevalezca el diálogo y se consolide el acuerdo
nacional a corto plazo, es lamentable que no sea equitativa la
aplicación de la justicia en el país, ya que mientras el secretario
de la Reforma Agraria tiene todas las canonjías para defenderse
ante la Corte, no sucede lo mismo con Andrés Manuel”, resaltaron. CASO
CERRADO QUERELLA CON PARQUES CONMEMORATIVOS, ASEGURA LA SRA La
Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) sostuvo que el caso que enfrenta con la empresa
"Parques Conmemorativos", ya está cerrado, porque se les
entregó una indemnización de más de 82 millones de pesos, sin
embargo, la parte afectada no se quedó con los brazos cruzados y llevó
de nueva cuenta el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), para que separe del cargo y se finquen responsabilidades no sólo
a Florencio Salazar Adame, sino al presidente de la República,
Vicente Fox Quesada. Ayer,
el abogado Jorge Humberto Pazos Chávez aseguró en entrevista que
pidieron a los magistrados del decimoquinto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa se remitan el expediente a la Corte y se
proceda a la destitución de las autoridades responsables de negarse a
la solicitud de reversión, readquisición y restitución de las 234
hectáreas en litigio en la zona de Tecamachalco. Si
bien aceptaron en principio renunciar a 184 hectáreas y el pago de sólo
50, éstas no se destinaron al fin de utilidad pública que se ordenó
en la resolución de afectación dictada por el presidente Lázaro Cárdenas
del Río, el 9 de septiembre de 1936. De
esta forma, el Presidente de la República, por conducto del titular
de la SRA, enfrenta un nuevo proceso por ser la autoridad requerida y
responsable de violar una resolución judicial. El
pago, según el área jurídica de la dependencia federal, fue por la
expropiación de 50 hectáreas del predio "San Miguel
Tecamachalco", en el Estado de México, con lo cual quedó
concluido el asunto, refrendando de esta forma el irrestricto respecto
a las decisiones del Poder Judicial. En
los corrillos de la SRA se insiste que el caso está cerrado y detalla
que el pasado 5 de diciembre también depositaron un cheque por 679
mil 368 pesos, vinculado con la actualización del monto de
indemnización por la expropiación. Empero,
la parte demandante nunca estuvo satisfecha, ya que en los terrenos se
fincaron las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), entre ellas el Campo Militar número 1 "A", la Fábrica
de Armas, los hospitales militares, la zona habitacional del Ejército
y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; así como
edificios de la Secretaría de Economía, del Instituto Politécnico
Nacional y la colonia residencial Tecamachalco. Pazos
Chávez explicó que el recurso se interpuso en contra de la
Presidencia de la República y la SRA a fin de que se ejecutaran la
reversión e insubsistencia de la resolución de expropiación, porque
los terrenos expropiados no se destinaron a fines ejidales que se había
acordado. En
razón que no obtuvieron respuesta se demandó el amparo y protección
de la justicia federal, lo que fue admitido por el juez Segundo de
Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito
Federal, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Los
magistrados fijaron como fecha para cumplir la sentencia el 7 de
septiembre, pero ni Presidencia, ni la SRA contestaron el
requerimiento que le hiciera el pasado 23 de agosto el Juzgado
decimoquinto. CRITICAN
PERREDISTAS ACTITUD DE CÁRDENAS La
dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la
capital aseguró que no le resta importancia las críticas que hiciera
Cuauhtémoc Cárdenas al proyecto de los 20 puntos presentados por el
jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ya que anda en busca
de ser candidato presidencial con miras al 2006. Por
otro lado, el secretario general de ese instituto político, Isaías
Villa acotó que la actuación del aparato judicial en el caso del
desafuero de López Obrador, la PGR turnó el expediente a la Cámara
de Diputados, mientras que el desacato del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aún lo
analiza la SCJN. USAN
DIFERENTES VARAS PARA MEDIR LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA: PRD El
Partido de la Revolución Democrática lamentó que en la aplicación
de la justicia se utilicen diferentes varas para medir, pues mientras
al secretario de Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, se le brinda la oportunidad de
defensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Andrés
Manuel López Obrador le cierren las puertas en el máximo tribunal
para dirimir el conflicto de su desafuero. Así
lo señaló el secretario general del PRD-DF, Isaías Villa, quien
manifestó su apoyo al titular de la SRA en torno de la acusación de
presunto desacato a una autoridad judicial de terrenos ejidales en San
Pedro Tultepec, Estado de México. Subrayó que el funcionario federal
tiene el derecho de defensa, pero lamentó que el procedimiento no se
aplique de la misma forma cuando se trata de un adversario político
del régimen, como en el caso del jefe del Gobierno del Distrito
Federal. CREEL
NO TIENE POR QUÉ RENUNCIAR: BRAVO MENA El
dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena,
negó que el titular de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, haya incurrido en un desacato a
la autoridad judicial por un conflicto de tierras en Tultepec, Estado
de México, ya que es una resolución técnica y jurídicamente
imposible de cumplir. LÓPEZ
OBRADOR DEBE ACATAR RESOLUCIÓN, EXCLAMA JORGE CASTAÑEDA GUTMAN El
candidato presidencial Independiente, Jorge Castañeda Gutman, advirtió
que la aplicación de la justicia no puede individualizarse ni estar
sujeta a negociaciones o acuerdos políticos; si la SCJN falló en
contra del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, éste
deberá de acatar la resolución. En
referencia también a la presunta responsabilidad en algunas
irregularidades del secretario de Agricultura (sic) Florencio
Salazar Adame y del secretario de Gobernación, Santiago Creel, y
enfatizó: “Debe aplicarse el mismo rasero a los tres. No puede
haber una individualización para cada uno”. -¿Florencio
Salazar podría ser sacrificado políticamente? “Sería
lamentable que así fuera. Lo relevante, agregó, es que se aplique la
ley con el mismo rasero. PERSISTEN
LOS PROBLEMAS ENTRE CAMPESINOS POR LA TIERRA: CNC El
dirigente nacional de la Central Campesina Independiente (CCC), Rafael
Galindo Jaime, sostuvo que por diferencias en la tenencia de la
tierra, siguen imperando los conflictos entre los campesinos, a pesar
de que las autoridades digan que todo está bajo control. Dijo
que “no se debe bajar la guardia” en este renglón porque las
disputas pueden ser un detonante social, sobre todo al sur del país. No
obstante, reconoció que la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) no debe desaparecer y, además se le
debe de dotar de más recursos para que evite que los conflictos de
los hombres del campo tengan un efecto multiplicador negativo. El
también legislador dijo que ya están saliendo a la luz pública
conflictos que no estaban calificados como “rojos” como es el caso
de San Pedro Tultepec, Estado de México, donde hasta se pide la
destitución del titular de la
SRA, Florencio Salazar Adame. DIEGO
SE TOMÓ UN RECESO COMO LITIGANTE El
“deporte nacional” en México es violar la ley, opinó el
presidente del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos,
y afirmó que el país no puede salir adelante si los propios
funcionarios públicos son los primeros que violentan el marco legal,
por eso –dijo- “el grado altísimo de impunidad que existe”. Si
yo como senador puedo pisotear la ley a mi antojo y no pasa, pobre país
pero nadie puede violar el marco legal y seguir tan campante, sea secretario
de la Reforma Agraria, sea senador de la República, sea
presidente de México o jefe de gobierno”, añadió. Referente
a la situación del titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, el
senador albiazul resaltó que “me merece respeto toda resolución
judicial” y si el afectado no está de acuerdo con ella seguramente
habrá de buscar que una autoridad superior le conceda la razón y ahí
todo termina. En
este sentido, descartó que la situación que enfrenta Salazar Adame
en estos momentos tenga algo que ver con el juicio que su despacho de
abogados ganó hace más de 15 años a la Secretaría
de la Reforma Agraria por un predio que la dependencia expropió a
una familia del Distrito Federal. GIL
DÍAZ RECONOCE QUE NO SE LE HA CUMPLIDO AL CAMPO, DICEN LÍDERES El
secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz,
aseguró a los integrantes del Frente Sindical Campesino y Social y
del Congreso Agrario Permanente que ya entregó a las secretarías de
Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Reforma
Agraria y Comunicaciones y Transportes todos los recursos
destinados al campo y aportó la documentación respectiva, afirmaron
algunos de los dirigentes campesinos. Gil
Díaz y los dirigentes campesinos sostuvieron reuniones privadas la
noche del martes y la mañana de ayer. A los integrantes de ambas
agrupaciones el funcionario les indicó que solicitaría autorización
al presidente Vicente Fox para que en la reunión de esta noche
participen los oficiales mayores y subsecretarios de esas
instituciones para que expliquen por qué no han entregado los
recursos. Alvaro
López Ríos, de la Unión de Trabajadores Agrícolas, y Marco Antonio
Ortiz, de la Coalición Democrática de Organizaciones Urbanas y
Campesinas, mencionaron que el titular de Hacienda aceptó que el
gobierno federal no ha cumplido con el Acuerdo Nacional para el Campo
y que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) sólo ha aplicado 18 por ciento de los
41 mil 997.6 millones de pesos aprobados para el ejercicio de este año.
Según
los dirigentes campesinos, Gil Díaz les comentó que la Sagarpa sólo
ha ejercido 18 por ciento del presupuesto aprobado, aunque en el
informe que aparece en su página web establece que ya aplicó 97 por
ciento del mismo. El
titular de Hacienda, según los líderes campesinos, insistió en que
el atraso en la aplicación de los recursos no es responsabilidad de
esa dependencia y que además hay un atraso por la falta de reglas de
operación. RECORTAN
GASTO EN 11 SECRETARÍAS Como
consecuencia de los menores ingresos que registrará el erario en el
2005, el Gobierno federal propuso dentro del Presupuesto de Egresos
reducir los recursos destinados a 11 secretarías de Estado y
dependencias de primer nivel, aunque el pago de deuda se incrementó. De
esta forma, mientras instituciones como las secretarías de Turismo,
Gobernación, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes registraron recortes
en sus presupuestos de hasta 38 por ciento, con relación a los
recursos que se les destinaron en el 2004, el capital canalizado al
costo financiero de la deuda se incrementó en 4.7 por ciento. De
acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio fiscal 2005, el Gobierno federal previó que el gasto
neto total ascenderá a un billón 744.4 mil millones de pesos, cifra
que resultaría menor en 4.5 por ciento a los recursos que estiman se
ejercerán al término de este 2004. Sin
embargo, al hacer la comparación con el presupuesto aprobado por el
Congreso de la Unión para el ejercicio 2004, el gasto neto total para
el 2005 crecería 1.6 por ciento. De
esta forma, para el próximo año el proyecto propone un gasto neto
total equivalente al 22 por ciento del Producto Interno Bruto. El
gasto no programable para 2005 se estima en 506 mil 200 millones de
pesos, monto que representa 0.3 por ciento menos en términos reales
al cierre esperado para 2004. De este monto, 227 mil 600 millones de
pesos corresponden a erogaciones para cubrir el costo financiero de la
deuda, que se incrementa en 4.7 por ciento en términos reales
respecto al cierre estimado para el presente año. La
Secretaría de Turismo sería la más sacrificada, con un recorte de
38 por ciento; seguida por Comunicaciones y Transportes, con una
reducción de 30.6 por ciento; y en tercer lugar por la Secretaría
de la Reforma Agraria, con una diferencia de 26.3 por ciento. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
|
