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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN ASTILLERO...
MÉXICO,
S.A...
SECTOR
AGRARIO ACUSAN
A SALAZAR ADAME DE DESACATO; PODRÍA DEJAR EL CARGO...
ADMITE
LA SUPREMA CORTE LA DEMANDA CONTRA SALAZAR...
EL
CASO DE SRA, PANTALLA PARA OCULTAR ACTOS CONTRA OPOSITORES...
PIDE
UN TRIBUNAL LA DESTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA SRA...
SRA
Y GDF, LA MISMA LEY...
ANALIZA
SCJN CONSIGNAR AL TITULAR DE LA SRA...
SE
DEFIENDE SALAZAR A. DE LA DENUNCIA DE DESACATO...
CORTE
REVISA CASO CONTRA SRA...
SALAZAR:
NO HAY REBELDÍA; SE BUSCARÁ INDEMNIZAR...
LA
CORTE DECIDIRÁ SOBRE DESACATO EN LA SRA...
PIDE
TRIBUNAL DESTITUCIÓN DE TITULAR DE SRA...
SECTOR
AGROPECUARIO CREAN
LEGISLADORES EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL AGRO...
ASTILLERO LOS
MINISTROS DE LA Suprema Corte de Justicia de la Nación también le
dieron un descontón al provisionalmente suavecito Andrés Manuel
(dispuesto a sacrificar todo en aras de un diálogo con el Presidente,
quien pretendía impedir el proceso de desafuero tan largamente
ansiado por Los Pinos. Notoriamente improcedente fue declarada la
intención de la Asamblea Bejaranista, perdón, Legislativa del
Distrito Federal. Todo queda, pues, en el sendero lleno de abrojos de
la resolución legislativa (donde PAN y PRI están hasta hoy
dispuestos a sumar el número suficiente de votos para proceder contra
el tabasqueño) y del posterior proceso judicial. FLORENCIO SALAZAR,
por su parte, fue colocado por otros jurisperitos en una ruta de
redituable sacrificio en favor de Los Pinos. Un tribunal colegiado lo
ha acusado de desacato a una orden judicial, pues no ha entregado hectáreas
ejidales a los beneficiados por una resolución federal. No faltarán
en Los Pinos quienes quieran convencer a los habitantes de la cabañita
del amor de que bien podría ser sacrificado Salazar para dar
plena muestra de respeto a las instrucciones de los jueces (con obvia
dedicatoria para quien todos saben). Nadie guardaría luto en el
primer círculo del foxismo porque fuese echado a los leones un ex priísta
converso de último minuto a las glorias del voto útil, que además
quiso y no pudo encarnar una opción exitosa del foxismo para la
sucesión estatal de Guerrero, y que encabeza una secretaría que
desde un principio el Grupo Guanajuato ha considerado innecesaria y
casi inexistente. (Esta columna, siempre dispuesta a dar consejos que
nadie le pide y, sensatamente, nadie atiende, sugiere a los genios
pinoleros que complementen el paquete Salazar con el convencimiento a
Santiago Creel para que ofrezca una demostración heroica de
sacrificio extremo, dejando también su cargo para así demostrar que
ante el "imperio de la ley" no debe haber sombra alguna de
sospecha de que se usen altos cargos para salvar feas acusaciones de trastupijes
económicos de campañas pasadas y, además, para que Bucareli deje de
seguir siendo usado como plataforma de presuntas campañas
venideras... Como una oferta, como una novedad, dos secretarios por un
jefe de Gobierno; llévelo, llévelo.) MÉXICO,
S.A. EL
PRESIDENTE FOX adelantó ayer algunos elementos de su propuesta económica
para 2005 que hoy entregará de manera formal y de acuerdo con el
nuevo calendario a la Cámara de Diputados. DE
ACUERDO CON lo anunciado por el inquilino de Los Pinos, dicho
presupuesto ascenderá a un billón 550 mil millones de pesos,
recursos que, dijo, se canalizarán a tres "grandes bolsas":
gobierno central (400 mil millones), paraestatales (550 mil millones),
y estados y municipios (600 mil millones). EL
EJECUTIVO FEDERAL proponía que los dineros públicos canalizados a la
educación pública se redujeran 0.8 por ciento en términos reales,
al igual que los asignados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(-8.6), ISSSTE (-8), Luz y Fuerza del Centro (-2.2), apoyos para el
fortalecimiento de las entidades federativas -PAFEF- (-43.5),
aportaciones federales para entidades federativas y municipios (-0.3),
así como a las secretarías de Comunicaciones y Transportes (-33.5),
Gobernación (-4), Relaciones Exteriores (-12.8), Hacienda (-30.4),
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -más
lo que se le agregue esta semana- (-9), Marina (-4.4), Reforma
Agraria
(-11.5), Medio Ambiente y Recursos Naturales (-13.2) y Turismo
(-23.9). ACUSAN
A SALAZAR ADAME DE DESACATO; PODRÍA DEJAR EL CARGO Tras
un largo litigio que se inició en 2000, los ejidatarios de San Pedro
Tultepec, municipio de Lerma, Estado de México, lograron que el décimo
tribunal colegiado en materia administrativa responsabilizara al secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
de asumir una actitud contumaz por no acatar las diversas
notificaciones que se le enviaron el año pasado para entregar mil 936
hectáreas a los campesinos. La
actitud de contumacia del funcionario puede culminar con una resolución
que, en términos de la fracción 16 del artículo 107 constitucional,
ordene separar del cargo a Salazar Adame, y la consignación penal
ante el juez federal, destacó en su resolución para dicho caso el
citado tribunal, presidido por el magistrado Homero Fernando Reed
Ornelas, y cuyo expediente fue turnado ayer a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) para que determine lo que legalmente
proceda. El
secretario interrumpió gira por Oaxaca
La
temprana difusión del resolutivo del tribunal colegiado llevó a
Salazar Adame a interrumpir una gira de trabajo por Oaxaca, y por la
tarde, en conferencia de prensa, negó que haya incurrido en
contumacia e irresponsabilidad. ''La Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) no ha incurrido en tardanza ni contumacia, ni tampoco ha actuado
con dolo; se han hecho los trabajos técnicos requeridos. Esta semana
se acreditará que es excusable el incumplimiento, dado que existe
imposibilidad jurídica y material para ejecutar en su totalidad la
resolución presidencial y ordene se instaure el incidente de pago
sustituto''. Explicó
que la autoridad agraria no puede entregar las mil 936 hectáreas
reclamadas por los ejidatarios, sino sólo 272, porque el resto de la
superficie está ocupada por los ejidos Capulhuac, San Pedro Tlaltizapán,
San Miguel Chapultepec, San Sebastián, San Lucas y San Mateo Atenco,
que en total suman mil 102 hectáreas, y además ''se detectó que
existen grupos campesinos que ocupan irregularmente parte de la
superficie dotada al ejido San Pedro Tultepec'', dijo, aunque no
especificó la superficie invadida. ''Entregar
la superficie reclamada por los ejidatarios de San Pedro Tultepec
implicaría crear un conflicto social, ya que se ocasionaría un mayor
daño en perjuicio de los campesinos de los cinco ejidos",
insistió, y refrendó que en tanto la SCJN no resuelva sobre el
expediente que le turnó el citado tribunal colegiado, no se separará
del cargo porque ''no he violentado ninguna ley''. Ante
la posibilidad de un conflicto social, lo que procede es un pago
sustituto a los ejidatarios de San Pedro Tultepec, aunque el monto de
la indemnización lo tiene que establecer la Comisión de Avalúos y
Bienes Nacionales. Salazar
Adame descartó que sea un asunto político; los magistrados, comentó,
actúan conforme a su mandato y ''a mí me corresponde acatar la ley y
no ofrezco rebeldía''. La
superficie que reclama San Pedro Tultepec le fue otorgada por resolución
presidencial el 26 de diciembre de 1929, y publicada en el Diario
Oficial hasta el 4 de marzo de 1930; fue el 28 de agosto de ese
año que se le dotaron 510 hectáreas de la Ciénega del Río Lerma.
La Comisión Nacional Agraria (autoridad en esos años) inicialmente
había dispuesto que se les entregarían 516 hectáreas, pero adujo
''imposibilidad material''. A
lo largo de 70 años, los ejidatarios reclamaron las tierras no
dotadas, pero hasta el año 2000, con la asesoría del despacho Tierra
y Libertad que encabeza la abogada Bárbara Zamora, dieron continuidad
a la disputa jurídica que los llevó a interponer el amparo 768-2001,
en el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa; durante
ese tiempo también fueron sujetos de presión para aceptar menos de
la superficie dotada, e incluso las autoridades agrarias les giraron
oficios en los que argumentaban que no podían entregarles las
tierras, porque el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el
Trigo tenía 2 mil 14 hectáreas; además había iglesias, escuelas,
hospitales y diversas instalaciones. Lo
cierto es que las tierras que reclaman los ejidatarios son cercanas a
la autopista México-Toluca, están dentro del desarrollo industrial
Lerma y cercanas al reducto turístico de La Marquesa. Tal es la
riqueza, que incluso las autoridades, el 26 de diciembre de 2002,
pretendieron declarar área natural protegida; los ejidatarios se
ampararon en contra de ello y se les otorgó el recurso. El
jurídico de la Reforma Agraria interpuso un recurso de revisión, sin
embargo, el amparo concedido a los ejidatarios fue ratificado el 8 de
enero de 2003, y a partir del día 27 de dicho mes la juez del séptimo
distrito en materia administrativa demandó al titular de la SRA
informara sobre el cumplimiento de la ejecutoria; dichas exigencias se
presentaron el 19 de marzo, el 25 de abril y el 29 de mayo de ese año.
Ante el silencio de la dependencia federal, el 30 de junio la juez
pidió al presidente Vicente Fox, en su carácter de superior jerárquico,
obligara al titular de la secretaría (Salazar Adame) a cumplir con la
entrega de las mil 936 hectáreas. Agotados
todos los procedimientos jurídicos, la juez del citado tribunal
remitió el expediente del juicio de amparo al tribunal colegiado en
materia administrativa, el cual fue admitido el 5 de abril de 2004, y
nuevamente se pidió al presidente Fox y a las autoridades agrarias
que en un término de diez días demostraran al tribunal el
acatamiento de la ejecutoria motivo del amparo. Sin embargo, Salazar
Adame aseguró que en marzo de este año ordenó la ejecución parcial
de la resolución presidencial, es decir, la entrega de 272 hectáreas,
las cuales -abundó- los ejidatarios se negaron a recibir porque
reclamaban la entrega de mil 426 hectáreas. El 27 de abril la SRA,
acotó, giró el oficio 14580 al juzgado informando que la ejecutoria
del amparo estaba en vías de cumplimiento; ese mismo día, en el
oficio 14581, también solicitó al décimo tribunal colegiado en
materia administrativa declarara improcedente el incidente de
inejecución de la sentencia, porque las ''autoridades responsables no
han sido contumaces en el cumplimiento de la resolución
presidencial''. ADMITE
LA SUPREMA CORTE LA DEMANDA CONTRA SALAZAR La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda por
inejecución de sentencia en contra del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, turnada por el décimo tribunal
colegiado en materia administrativa, el cual solicitó al máximo
tribunal que decida si el funcionario actuó con ''contumacia'' para
no cumplir con la resolución presidencial del 26 de octubre de 1999,
que dotó al ejido San Pedro Tultepec con mil 936 hectáreas. El
caso, en manos de la ministra Sánchez Cordero El
asunto fue turnado -con el número 137/2004- a la ministra Olga Sánchez
Cordero, quien analizará este incidente de inejecución de sentencia,
para lo cual solicitará en breve un informe detallado sobre los
hechos al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y otras autoridades involucradas en el asunto. En el caso de que la ministra determine que el funcionario federal ha incurrido en una actitud ''contumaz'', es decir, que a pesar de tener posibilidades reales de cumplir con la ejecutoria presidencial no lo ha hecho, le fijaría un plazo a Salazar Adame para que haga lo conducente. Y
sólo en caso de que el titular de la SRA persista en una eventual
negativa, entonces la ministra elaboraría un proyecto de resolución
en el que ordenaría el cumplimiento inmediato de la sentencia -en
caso de ser necesario, con el auxilio de la fuerza pública-, así
como la destitución y consignación de Salazar Adame directamente
ante un juez de distrito. Pero
este proceso puede durar varios meses, hasta en tanto el máximo
tribunal adopta una decisión definitiva. EL
CASO DE SRA, PANTALLA PARA OCULTAR ACTOS CONTRA OPOSITORES Senadores
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron que en la
petición de destituir al secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame,
se actúe con criterios estrictamente jurídicos y no políticos; además,
con la misma celeridad que en el juicio de desafuero en contra del
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. En
tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática (CEN del PRD) criticó que la Procuraduría General de la
República (PGR) haya intervenido directamente en el caso del
desafuero de López Obrador, y haya olvidado asuntos análogos,
como el desacato en que incurrió el titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame. Priístas
y perredistas coincidieron en asegurar que se trata de utilizar el
caso de la SRA como pantalla para borrar la impresión general de que
el gobierno de Vicente Fox actúa exclusivamente contra los
opositores. Por
su parte, la presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria del
Senado de la República, la priísta chiapaneca Arely Madrid Tovilla,
precisó que pidió a la SRA una copia de la ejecutoria del juez por
la que se demanda la destitución de Salazar Adame, ya que sabe que se
trata de un asunto muy viejo, que data de hace 75 años. Asimismo
consideró que el funcionario federal tiene aún posibilidades de
defensa. ''Yo tengo entendido que el caso pasó la semana pasada a la
Suprema Corte de Justicia, además de que el secretario Salazar Adame
no es autoridad ejecutora, ya que antes está el delegado estatal'',
puntualizó. PIDE
UN TRIBUNAL LA DESTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA SRA El
Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa solicitó a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determine la destitución
inmediata del secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame,
así como su consignación ante un juez penal por su presunta
responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y desacato a un
fallo judicial relacionados con la inejecución de una sentencia. Los
magistrados de dicho tribunal ordenaron a la Secretaría de la Reforma
Agraria devolver mil 936 hectáreas de tierra a los ejidatarios de San
Pedro Tultepec, municipio de Lerma, en el Estado de México; sin
embargo, Salazar Adame asumió una actitud de “renuencia
injustificada al cumplimiento de la resolución judicial”. Por
ello, los magistrados Jorge Arturo Camero Ocampo, Rosa Elena Rivera
Barbosa y Homero Fernando Reed Ornelas consideraron procedente la
sanción prevista y sancionada en el artículo 107 fracción 16 de
Constitución, que establece que el funcionario será inmediatamente
separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda,
si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la
repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la
autoridad federal y la Corte estima que es inexcusable el
incumplimiento. El
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo les concedió el 28
de junio del 2002 la protección y amparo de la justicia federal a los
ejidatarios, sin embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria
interpuso un recurso de revisión que fue turnado al Décimo Tribunal
Colegiado, que a su vez ratificó dicho fallo el pasado 24 de agosto. Exigen castigo La
abogada Bárbara Zamora, representante legal de las ejidatarios de San
Pedro Tultepec, lamentó que el secretario de la Reforma Agraria haya
incurrido en “una actitud contumaz” y, por ello, el Tribunal
Colegiado determinó turnar la sanción a la Suprema Corte de Justicia
desde el pasado 24 de agosto. “Desde
enero del año pasado se le está requiriendo el cumplimiento al
secretario Salazar Adame, pero como no ha cumplido, pues como ya se le
dio suficiente tiempo, por eso el Colegiado determinó aplicarle esta
sanción”, señaló. Otros casos La
Secretaría de la Reforma Agraria enfrenta otros tres casos similares: •
La Coordinación para la Regularización de Predios e Indemnizaciones,
reportó recientemente problemas similares en los predios de La
Victoria, en Guadalupe, Nuevo León, en que el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, requirió al
Presidente de la República y al secretario de la Reforma Agraria para
que en las 24 horas siguientes al 12 de noviembre de 2003, cubrieran
la cantidad de 227 millones 500 mil pesos a la quejosa Ernestina de
los Santos. La
inejecución de la sentencia consta en el oficio II-57/2004, emitido
por el Poder Judicial de la Federación. •
En el predio San Diego Suchitepec, del municipio Villa Victoria,
Estado de México, existe una resolución que obliga al gobierno
federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, a pagar 19
millones 734 mil pesos por un incidente de daños y perjuicios. •
Uno más es el de Santa Fe, municipio de Tempoal, en Veracruz, donde
se adeudan poco más de 490 millones de pesos. El
monto total de las indemnizaciones alcanza los mil 451 millones de
pesos, en una superficie amparada de cuatro mil 649 hectáreas en
casos del Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. La resolución del Colegiado El
Senado pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria información
sobre las razones de la resolución judicial para solicitar la
destitución y consignación de su titular, Florencio Salazar, al
destacar que existen tres mil casos como el de San Pedro Tultepec
rezagados y éste no es un asunto concluido. De
acuerdo a la información remitida al Senado por la SRA, existe
imposibilidad de ejecutar la superficie total, pero se espera que la
Corte determine si se acredita esta imposibilidad para iniciar el
“cumplimento sutituto”. De
acuerdo a la SRA, ya se emitió la orden de ejecución sobre la
superficie que es susceptible de entregar al poblado, de acuerdo a los
trabajos técnicos realizados y en esta misma semana se procederá a
cumplir”. SRA
Y GDF, LA MISMA LEY Si
como se afirma, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame,
desobedeció un mandato judicial, tendrá que ser retirado del cargo y
sujetarse al proceso que la justicia señale. Esto será una verdadera
prueba de fuego en la administración de justicia y la oportunidad
para que el gobierno del presidente Vicente Fox muestre la efectiva
separación de poderes, de que en México se aplica la norma sin
distingos. Lo anterior,
viene a colación por el hecho que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación desechó la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF, de
que sea ese cuerpo colegiado el que determine si procede el desafuero
contra Andrés Manuel López Obrador y no la Cámara de Diputados
federal. Frente a esta determinación, se plantea la denuncia de los
ejidatarios de San Pedro Tultepec, Estado de México, quienes acusan
al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, de no atender
una determinación del Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa. Esta denuncia fue turnada a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, la cual determinará si procede o no, y de ser
así, el funcionario sería destituido y quedaría a disposición de
la autoridad judicial para que responda lo conducente.
Casos similares, sin duda alguna, se resolverán con diferente
procedimiento, y donde sin pensarlo, los perredistas se irán a la
yugular del funcionario, y si acaso fuese exonerado,
entonces enderezarán sus baterías contra la SCJN, y
obviamente, acusarán al gobierno foxista de manipular al máximo
tribunal de justicia. Delicado asunto, pero la vara tendrá que ser la
misma, pues por más justificaciones que se presenten, la ley es una y
obliga a todos. ANALIZA
SCJN CONSIGNAR AL TITULAR DE LA SRA La Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), analiza la posibilidad de solicitar al
Ejecutivo federal el ordenamiento para destituir y consignar al
secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, ante un Juzgado de Distrito
Penal, por haber incurrido en el delito de desacato. En el fallo del X
Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa,
emitido el pasado 24 de agosto, los magistrados solicitaron el cese
del titular de la SRA por no acatar la ejecución de sentencia dictada
por los magistrados: Jorge Arturo Camero Ocampo, Homero Ricks Ornelas
y Rosa Elena Rivera Barbosa. Conforme al amparo 768/2001, presentado
por los miembros del ejido San Pedro Tultepec, en el Estado de México,
las repercusiones jurídicas y legales de que podría ser objeto
Salazar Adame, devienen de no haber cumplido el decreto presidencial
de 1929, con el que se dotaría de mil 936 hectáreas a los comuneros,
de las cuales sólo se les han entregado 510, hasta la fecha. Bárbara
Zamora, abogado de los ejidatarios, explicó que las acusaciones
contra el secretario de la SRA, son por desacato y abuso de autoridad,
además de que ya fue turnada la resolución del tribunal de alzada a
la SCJN, quien tendrá
que resolver en definitiva si solicita o no al Poder Ejecutivo Federal
la destitución y consignación del secretario de Estado ante un juez
Federal. A Salazar Adame,
se le ordenó la entrega de las más de mil 400 hectáreas, luego del
fallo emitido a favor de los ejidatarios que interpusieron_el amparo
en el año 2003. Ante
ello, la SRA se inconformó y solicitó la revisión del fallo del
juzgado federal; sin embargo el referido tribunal colegiado, ratificó
el fallo, por lo que desde el mes de enero Florencio Salazar Adame fue
exhortado para que hiciera entrega de las hectáreas y ante su
negativa, los magistrados
pidieron su destitución y posible consignación. Ahora corresponderá
a la ministro Olga Sánchez Cordero,
desechar o turnar al Ejecutivo federal el ordenamiento para
destituir al aún titular de la SRA. SE
DEFIENDE SALAZAR A. DE LA DENUNCIA DE DESACATO "No
incurrí en ningún delito, por lo que no cometí ningún desacato a
una resolución, declaró Florencio Salazar Adame, secretario
de la Reforma Agraria. Insistente, el funcionario federal reveló que no incurrió en ninguna irresponsabilidad como funcionario, ni violentó el estado de derecho, en una orden judicial de ese tribunal. Salazar Adame convocó a una conferencia de prensa en sus lejanas oficinas, en la zona de Observatorio para dar a conocer, mediante documentación fehaciente, que no cometió ningún desacato y que por lo tanto quedara anulada la resolución de la Sala especial del mencionado tribunal colegiado. Dijo que no ha sido bien aplicada la resolución judicial que ordena la entrega de hectáreas a ejidatarios del Estado de México. El
aún secretario de la Reforma Agraria dijo que no incurrió en ninguna
irresponsabilidad jurídica y material, en el caso de este ejido, pues
los terrenos fueron adjudicados a cinco ejidos de la vecina entidad.
Mencionó que ante esta situación, espera que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, resuelva que la entrega de ejidos en el,
Estado de México, sea de forma monetaria, toda vez que se está
acogiendo a sus propias disposiciones legales para que el Poder
Judicial resuelva hacer el pago sustituto. El funcionario presentó la
documentación, mediante la cual insistió en su inocencia y que jamás
violentó el estado de Derecho y que no favoreció a ningún grupo
ejidal. Mencionó que la
imposibilidad del desacato, radica en el hecho de que si las tierras
son otorgadas a cinco ejidos, provocaría un conflicto social con
resultados impredecibles. CORTE
REVISA CASO CONTRA SRA La
ministra Olga Sánchez Cordero admitió, desde el 24 agosto pasado, la
petición que le hizo un tribunal federal para que revise si alguna
autoridad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
es responsable, y merece ser castigada o no por incumplir una
sentencia de amparo que se le otorgó al ejido de San Pedro Tultepec,
para que se le restituya un terreno que le pertenece por una decisión
presidencial que data de 1929. De
acuerdo con datos de la Suprema Corte (SCJN), este tipo de juicios,
conocidos como incidentes de inejecución de sentencia, son comunes y,
por lo general, terminan cerrándose porque en cuanto llegan a esta
instancia, las autoridades demandadas cumplen las sentencias. Los magistrados del décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en el Distrito Federal, remitieron este caso a la Corte porque en su opinión la SRA, "a pesar de los múltiples requerimientos que le fueron formulados", no cumplió con el amparo que se le otorgó al ejido. El
amparo que se le otorgó al ejido San Pedro Tultepec, ubicado en el
municipio de Lerma, estado de México, se lo otorgó una juez federal
el 28 de junio de 2002, "para el efecto de que la Reforma Agraria
cumpliera cabalmente la resolución presidencial del 26 de octubre de
1929, en la que se determinó dotar al ejido quejoso de una extensión
de mil 936 hectáreas de terrenos de la Ciénega del Río, con todas
sus accesiones". La
sentencia de la juez séptimo de distrito en materia administrativa
fue confirmada el 8 de enero de 2003, por el tribunal colegiado antes
citado, el cual está integrado por los magistrados Jorge Arturo
Camero Ocampo, Homero Fernando Reed Ornelas y Rosa Elena Rivera
Barbosa. Los
magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
desmintieron las versiones difundidas ayer en el sentido de que habían
ordenado la destitución del secretario de la Reforma Agraria. La
confusión sobre este tema se generó luego de que la abogada de los
ejidatarios, Bárbara Zamora, dio una entrevista a varios medios sobre
este caso. La
abogada se congratuló por la decisión de tribunal de turnar el caso
a la Corte, porque "desde enero del año pasado se le ha
requerido al secretario de la Reforma Agraria para que cumpla la
ejecutoria, pero se ha negado". Luego
de que la ministra Sánchez Cordero recibió el caso, procederá a
verificar si la SRA cumplió o no con el amparo. Posteriormente,
si la Corte comprueba que hubo una violación a la sentencia de
amparo, procederá a determinar si el incumplimiento es excusable o
inexcusable. Si el incumplimiento es inexcusable, procederá a
consignar a los responsables ante el juez de distrito que corresponda. SALAZAR:
NO HAY REBELDÍA; SE BUSCARÁ INDEMNIZAR "No actúe en rebeldía, ni hubo desacato contra el Poder Judicial, y no he sido destituido como secretario de la Reforma Agraria", aseguró Florencio Salazar Adame, y anunció que esta semana presentará ante la Suprema Corte de Justicia un alegato en el cual acreditará "la imposibilidad jurídica y material para ejecutar en sus términos la resolución presidencial" en favor del ejido Tultepec, que lo dota de mil 936 hectáreas. El titular de la Reforma Agraria interrumpió una gira de trabajo que llevaba a cabo por Oaxaca donde lo sorprendió la noticia de que un tribunal colegiado había decretado su destitución y consignación penal, por desacato a un mandamiento judicial, para regresar a la capital e iniciar su defensa. Salazar
Adame, en conferencia de prensa, advirtió que la ejecución ocasionaría
un mayor daño social en perjuicio de los otros cinco ejidos asentados
en el predio en disputa, donde habitan alrededor de 7 mil personas,
que los beneficios que pudiera obtener el ejido quejoso. Planteó
que ante la imposibilidad de desalojar a los habitantes de la zona
reclamada, se propondrá a los quejosos una indemnización económica,
la cual se fijaría una vez que la Corte lo decidiera así y que la
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales haga el avalúo de los
terrenos. En
1929, una resolución presidencial dotó con mil 936 hectáreas al
poblado San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, estado de México. En
1930, sólo se le entregaron 510 hectáreas. En
el 2001, es decir, 71 años después, el ejido San Pedro Tultepec,
promovió el amparo 768/2001, para reclamar el resto de los terrenos. Por
oficio número 201126 de mayo de 2003, la Unidad Técnica Operativa
remitió al representante agrario en el estado de México, el
expediente para que procediera, pero sólo podía entregar 272 hectáreas,
ya que el resto la ocupan otros cinco ejidos. Se
ordenó entregar las 272 hectáreas, pero los ejidatarios de Tultepec
no las aceptaron. LA
CORTE DECIDIRÁ SOBRE DESACATO EN LA SRA Será
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si
procede la destitución y consignación penal del actual secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
luego que el X Tribunal Colegiado en Materia Administrativa turnó el
expediente 137/2004, en que bajo su opinión, el funcionario federal sí
cometió el delito de desacato. El
tribunal de segunda instancia dictaminó que hasta el momento no se ha
cumplido con la devolución de mil 936 hectáreas a favor del pueblo
de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, Estado de México, por lo
que turnó el expediente relativo a este caso al máximo tribunal del
país. Fuentes
judiciales destacaron que ningún tribunal tiene facultades para
decretar la destitución y consignación de funcionario alguno del
Ejecutivo federal, porque la única facultada para ello es la SCJN,
por lo que esta ya tiene bajo su égida el expediente referido. Sin
embargo, para emitir una resolución al respecto, la Corte no tiene un
término constitucional para resolver, por lo que su veredicto puede
llevarse varios meses o incluso un año. De
acuerdo con la ejecutoria de amparo 768/01, emitida por el Juzgado VII
de Distrito en Materia Administrativa, ordenó a la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) ejecutar la resolución presidencial de 1929, en
la cual se advierte de la entrega de terreno en la comunidad citada. Sin
embargo, la SRA se inconformó y promovió recursos de revisión que
fueron rechazados por el X Tribunal, con lo que confirmó la sentencia
a favor del poblado mexiquense. De
acuerdo con la abogada de los afectados, Bárbara Zamora, el tribunal
en cuestión debió turnar el caso a la Suprema Corte, luego de “la
actitud contumaz” de Salazar Adame, que se ha negado a acatar la
determinación judicial emitida en agosto de este año, aunque la
sentencia en primera instancia data de enero. Recordó
que de acuerdo con el Artículo 107 Constitucional, toda autoridad que
se niegue a cumplir una ejecutoria de amparo debe ser separada de su
cargo de manera inmediata y ser puesta a disposición de un juez
penal. Refirió
que el expediente de Salazar Adame será estudiado y resuelto por la
ministra Olga Sánchez Cordero, quien elaborará, en su momento, el
proyecto de sentencia. PIDE
TRIBUNAL DESTITUCIÓN DE TITULAR DE SRA Por
una actitud de rebeldía, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) la inmediata destitución del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame,
y su consignación a un juez penal federal por el desacato a una
resolución judicial que ordena la entrega de mil 936 hectáreas a
ejidatarios de San Pedro Tultepec, en el Estado de México. Otro
caso que podría caer en manos de los ministros para que se resuelva
en el mismo sentido, es el que lleva el abogado Jorge Humberto Pazos
Chávez por un predio que reclama la empresa Parques Conmemorativos,
en Tecamachalco, Estado de México, pues esta semana venció el plazo
que fijó un juez para que el presidente de la República, Vicente Fox
Quesada, por conducto de la SRA, conteste el requerimiento que le hizo
el Juzgado Decimoquinto para que acate el amparo que se promovió. Por
el momento, la solicitud de revisión de la sentencia a favor de los
ejidatarios de San Pedro Tultepec la tiene la ministra Olga Sánchez
Cordero, quien deberá determinar si procede o no la sanción prevista
en el artículo 107 fracción 16 de la Constitución contra el titular
de la SRA, que consiste en la destitución del cargo y la consignación
del expediente por haber incurrido en una actitud contumaz, es decir,
de rebeldía. La
abogada Bárbara Zamora confirmó a El Sol de México que la resolución
fue turnada a la SCJN por el desacato y abuso de autoridad en que
incurrió el titular de la SRA, pues ya ganaron los amparos en
tribunales, y ahora procede determinar a los ministros la solicitud de
destitución y la puesta a disposición de Florencio Salazar ante un
juez federal. Explicó
que los ejidatarios se ampararon en 2003 por el decreto expropiatorio,
pero la SRA se inconformó y solicitó la revisión del fallo, aunque
el Décimo Tribunal ratificó el fallo del Juzgado Séptimo. BENEPLACITO DE EJIDATARIOS Con
la esperanza de que después de 70 años de lucha y de acudir a
diversas instancias de gobierno y del poder judicial les devuelvan sus
tierras, 287 ejidatarios de la población de San Pedro Tultepec, del
municipio de Lerma, Estado de México, se congratulan de que un juez
federal haya determinado solicitar la destitución del secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y que se les restituyan
sus tierras. Salazar Adame no dejará el cargo; se pagarán mil 426 hectáreas, dice No
hay separación del cargo y con ello no se violenta ninguna ley,
respondió Florencio Salazar Adame, titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), y anunció que pagará lo correspondiente en
las mil 426 hectáreas en disputa en San Pedro Tultepec, Estado de México.
Ante
la petición del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa
para que sea destituido del cargo por desacato a la orden de entregar
mil 936 hectáreas a ejidatarios de San Pedro Tultepec, Estado de México,
el funcionario explicó que ya se han entregado 510, pero las
restantes están ocupadas por cinco ejidos y habría un conflicto
mayor si fueran desalojados. Subrayó
que no pueden entregar las tierras porque ya no "existe
materia", así que ahora pagará lo correspondiente y echará
mano de una partida destinada a este rubro y, en caso de ser
necesario, solicitarán apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. CREAN
LEGISLADORES EL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL AGRO El
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria, que ayer se instaló en la Cámara de Diputados,
coadyuvará en la planeación multianual de la producción e ingreso
objetivo de los campesinos, dará seguimiento al ejercicio puntual del
presupuesto para el sector y actualizará constantemente la información
sobre los niveles de vida en las zonas rurales y la situación en los
mercados, entre otras actividades. Dicho
comité, que presidirán los legisladores Víctor Suárez Carrera
(PRD), Alfredo Rodríguez Pacheco (PAN) y Fernando Ulises Adame (PRI),
junto con 17 diputados más de las diversas fracciones parlamentarias,
también elaborará propuestas para contribuir en la conformación de
una política de Estado a largo plazo. Una
preocupación de los legisladores es el alto subsidio que los países
desarrollados dan a sus agricultores, contra los cuales los
productores mexicanos no pueden competir. "A pesar de que en los tratados comerciales -México ha firmado 33- se reconoce que los altos subsidios internos y a la exportación no se justifican para efectos del libre comercio, los países desarrollados no los han reducido. El resultado es la distorsión de los mercados mundiales agroalimentarios, lo cual pone a los productos mexicanos ante una situación de competencia injusta, que nulifica los supuestos del libre comercio", puntualizaron los diputados en la exposición de motivos para la creación de dicho centro. Destacaron
que el centro servirá de apoyo a los diputados de las comisiones
relacionadas con el agro. El costo de éste, expresaron, no es
oneroso, ya que equivale a menos de uno por ciento del presupuesto de
la Cámara de Diputados. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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