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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “EL
DESPOJO”...
SECTOR
AGRARIO INVASORES DE EJIDO
TENABO DEBERÁN PAGAR POR TIERRAS...
LA UNAM RECUPERA LAS
TIERRAS DE SU CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MARTÍNEZ DE LA TORRE...
ESTOY MÁS FIRME EN MI
PUESTO “QUE LA QUIJADA DE ARRIBA”, DICE SALAZAR ADAME...
“FOCO AMARILLO”, EN
PINOS, ZACATECAS; INVADIÓ EL PT...
A ECOTURISMO Y TURISMO
RURAL, $136 MILLONES...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS EXIGE LA UNORCA AUMENTO
DE 10% A FONDOS PARA EL CAMPO...
ESTADOS CAMPECHE INVASORES PODRÍAN
ERMINAR EN VIOLENCIA...
SAN
LUIS POTOSÍ FIN A CONFLICTO COMUNAL
EN LA PARADITA, SLP: HUMARA...
SONORA ACUERDA CONGRESO DE EU
RESTITUIR TIERRAS DESPOJADAS A LAS TRIBUS RÍO COLORADO...
“EL
DESPOJO” Todavía
el gobierno federal no acierta a definir una política eficaz para
solucionar los conflictos agrarios que conforme el tiempo pasa van
apareciendo por todo el país, producto de las equivocadas políticas
implementadas por muchos años, y ya aparecen otros. En los últimos
meses las comunidades indígenas afectadas en años pasados por la
construcción de obra pública han comenzado a protestar porque el
despojo que sufrieron de su patrimonio, para construir obras que
debieron beneficiar al país, no les ha sido resarcido conforme a
derecho corresponde. En este rubro sobresale la ocupación de tierras
indígenas para la construcción de presas, para lo cual, en la mayoría
de los casos, los propietarios fueron desplazados con la promesa de
tierras y servicios que nunca llegaron. Existen
muchos ejemplos de estas injusticias. Ahí están los desplazados por
la construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán, en el
estado de Oaxaca, afectados durante los años 70, que todavía andan
exigiendo que les den cuenta de las indemnizaciones por la expropiación,
los proyectos de desarrollo y servicios prometidos. O, más
recientemente, los mayos de Sinaloa afectados por la construcción de
la presa Luis Donaldo Colosio, que igual siguen sin que les paguen las
indemnizaciones que les corresponden. Entre uno y otro caso podemos
encontrar decenas -como las mazahuas dispuestas a defender sus
derechos por cualquier medio- de casos en los que se despojó a los
pueblos indígenas de sus tierras, muchas veces sin siquiera cubrir
los requisitos exigidos por la ley agraria, pero en la mayoría sin
respetar la relación espiritual que dichas comunidades guardaban con
la tierra afectada. Lo
más lamentable es que esa política continúa y se acentúa con el
autodenominado gobierno del cambio. El caso más conocido es el de
construcción de la presa La Parota, en el estado de Guerrero, para la
generación de energía eléctrica. Pero
existen otros no tan visibles, como el de los ejidatarios de Zapotlán
de Juárez y Villa de Tezontepec, en el valle de Tizayuca, Hidalgo,
donde se pretende construir el aeropuerto que no se construyó en San
Salvador Atenco por la protesta de sus habitantes. En el primer caso
los indígenas que saldrían afectados han comenzado a movilizarse con
la intención de evitar el despojo, pero en el segundo, donde la
propaganda oficial informa que cuentan ya con la confirmación de
diversas empresas de que participarán en el proyecto, la división
que los funcionarios han inducido entre los propietarios de las
tierras afectables ha logrado frutos. El
asunto es grave por partida doble. En primer lugar porque de acuerdo
con el derecho nacional cualquier afectación que el estado haga de
los derechos ciudadanos debe ser compensado mediante una indemnización.
Pero tratándose de derechos de los pueblos indígenas, la legislación
internacional, que también forma parte de nuestro orden jurídico por
disposición de la Constitución federal, cualquier afectación de sus
derechos debe ser consultado previamente con ellos y tratándose de
derechos territoriales, en primer lugar no deberían ser desplazados,
pero si no fuera posible evitarlo se les debe compensar con tierras de
igual calidad y cantidad a la afectada, conservando el derecho a
regresar si la causa del desplazamiento desaparece. Algunas
personas afirman que el anterior alegato no tiene ningún sentido en
un país donde las leyes no se respetan, pero no comparto esa opinión.
Una cosa es que los gobernantes desprecien la ley porque así les
conviene para impulsar los proyectos económicos que les impone el
gran capital- al servicio del cual se encuentran; y otra muy diferente
que los afectados renuncien a usar la ley como una herramienta más en
defensa de sus derechos. Por
otro lado, el gobierno debería entender que los pueblos y las
comunidades no están contra el desarrollo del país, sino contra un
modelo que se les impone y les despoja no nada más de sus
propiedades, sino también de su futuro. Por eso ya no están
dispuestos a aceptar pasivamente seguir cargando sobre su espalda este
peso. Y si no se corrige a tiempo este despojo, junto con él se estará
atizando un fuego que puede incendiar el campo. INVASORES DE EJIDO
TENABO DEBERÁN PAGAR POR TIERRAS La
gente que se posesionó de las ampliaciones del ejido Tenabo deben
entrar en negociaciones para aportar el pago de las superficies que
tienen invadido o de lo contrario será necesario que los desalojen
cuanto antes, ya que los ejidatarios se quejan de que no han querido
entrar en razones para cubrir sus respectivos pagos, sentenció el
presidente del Comisariado Ejidal, Edilberto Calán Canul. En
caso de una negativa de parte de los invasores se procederá a
presentar la denuncia ante la Procuraduría Agraria (PA)
para los fines que correspondan, ya que nuestra postura es llegar a un
convenio con cada uno de ellos pero en caso de persistir la negativa
se procederá conforme a la ley, ya no seguiremos tolerando más robos
de nuestras tierras, porque son de los campesinos y forman parte del
patrimonio de sus hijos. "No
permitiremos que siga llegando gente de otros lados que sin preguntar
quienes son los legítimos propietarios de esas superficies se
posesionen como si nada, Luego entonces, lo más recomendable es que
se presten a un acuerdo, resaltó la autoridad. Asimismo,
envió un ultimátum a cada una de las empresas como Telmex y Avantel
para que cumplan con el pago de las debidas indemnizaciones que
adeudan desde hace varios años y que una vez que colocaron su
infraestructura se olvidaron por completo de pagar el costo de los
terrenos que utilizaron. "El
pago de esta indemnización ya no debe retrasarse más, ya basta de
tantos engaños. Si a la brevedad posible no pagan se les invitará a
que retiren toda su infraestructura, o de lo contrario lo haremos los
mismos campesinos, pues ya hemos esperado demasiado". Por
otro lado, el presidente del Comisariado Ejidal dio a conocer que se
ha exhortado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que del
mismo modo proceda al pago del adeudo por concepto de indemnización a
cada uno de los campesinos por haber colocado tres líneas de conducción
del fluido eléctrico, para lo cual colocaron torres en los terrenos
ejidales. Ante
esa advertencia para cada una de las compañías, no es
responsabilidad de los ejidatarios si levantan todas las instalaciones
en caso de que a la brevedad posible no cumplan con pagar. No es
posible que mientras los grandes empresarios obtienen millonarias
cantidades de dinero por sus servicios, los campesinos sigamos
pidiendo limosna aunque seamos dueños de las tierras que utilizan,
concluyó. LA
UNAM RECUPERA LAS TIERRAS DE SU CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MARTÍNEZ
DE LA TORRE El
pasado 2 de octubre, los campesinos del ejido “María Soledad”,
municipio de Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz,
entregaron la posesión material y jurídica de 114,53 hectáreas a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), superficie que los
ejidatarios tenían ocupadas desde hace más de cuatro años, lo que
impedía que la Máxima Casa de Estudios llevara a cabo sus tareas de
investigación A
partir de que el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, solicitó
la intervención del secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, para solucionar el conflicto social
agrario, el titular de la dependencia federal ordenó llevar a cabo
acciones de conciliación con los campesinos a fin de resolver en
definitiva este conflicto por la tenencia de la tierra. El
6 de julio, la SRA conjuntamente con la UNAM, celebraron un convenio
con los ejidatarios en el cual se comprometieron a comparecer ante el
Tribunal Agrario para declarar que se excluyeran de su dotación la
superficie antes citada y se le devolviera al centro académico. En
contraprestación, la Secretaría de la Reforma Agraria les entregaría
una compensación económica de 4 millones 867 mil pesos, además de
apoyos para proyectos productivos. ESTOY
MÁS FIRME EN MI PUESTO “QUE LA QUIJADA DE ARRIBA”, DICE SALAZAR
ADAME El
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Floencio Salazar Adame, insistió
en que no ha incurrido en ningún desacato por no entregar tierras a
la comunidad de San Pedro Tultepec, Estado de México, al tiempo que
aseguró que está más firme en su puesto “que la quijada de
arriba”. Entrevistado
en la Secretaría de Gobernación, Salazar Adame manifestó que ya ha
presentado pruebas de que se actuó en tiempo y forma, además de que
se entregaron pruebas de que no es posible hacer la entrega de esas
tierras que datan de un decreto expropiatorio presidencial de 1,900
hectáreas del año de 1929. Asimismo,
previo a su participación en el Congreso Internacional “El Orden
Jurídico de la Consolidación Democrática”, señaló que mientras
tanto han aportado toda la información que se necesita: trabajos técnico,
fotografías aéreas, mapas, “para demostrar que no es posible
entregar la tierra porque está ocupada por otros asentamientos
humanos y por otros civiles”. “FOCO
AMARILLO”, EN PINOS, ZACATECAS; INVADIÓ EL PT La
Secretaría de la Reforma
Agraria, delegación Zacatecas, ha declarado como “foco
amarillo” el conflicto generado por el diputado federal José Narro
Céspedes, quien encabezó una invasión de cerca de 4,500 hectáreas
en el municipio de Pinos, por lo cual ya se liberó la orden de
presentación en contra del dirigente nacional del Partido del Trabajo
(PT), indicó el funcionario de la SRA encargado de destrabar el
problema, Juan Manuel Villa. Luego
de que un centenar de simpatizantes de la denominada Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA), que preside Narro Céspedes, invadiera
tierra de particulares en el municipio de Pinos, y ante la negativa de
estos de abandonar pacíficamente cerca de 4,500 hectáreas
pertenecientes a varias familias, la SRA ha tenido a bien llamar el
caso como “foco amarillo”. Por
su parte, el también líder nacional del PT, Narro Céspedes, aseguró
tener la razón y dice que “esas tierras ya tenían años de estar
abandonadas, y cuando los que se dicen dueños vieron que son
productivas, nos las quieren quitar a la mala”. Pues
los auténticos dueños reclaman justicia, y con documentos han
acreditado la titularidad de las hectáreas en disputa. Integrantes de
la familia Aranda Contreras, que desde hace 20 años viven en la Unión
Americana, se dicen robados por Narro Céspedes. A
ECOTURISMO Y TURISMO RURAL, $136 MILLONES El
gobierno federal dedicará este año 136 millones de pesos al impulso
del ecoturismo y el turismo rural, por considerar que son dos
segmentos importantes para el desarrollo económico de las comunidades
rurales, indígenas y con riquezas naturales. En
un encuentro convocado por el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo,
con los titulares de las secretarías de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas;
de Desarrollo Social, Josefina Váquez Mota; de Agricultura, Javier
Usabiaga, y la coordinadora de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xochitl Gálvez, firmaron el
Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el
desarrollo del ecoturismo y turismo rural, mediante el cual las
dependencias mencionadas buscarán conjuntar esfuerzos y recursos para
impulsar el ecoturismo y turismo rural en las comunidades con esa
vocación, pero mediante acciones que privilegien la conservación y
aprovechamiento racional de los recursos naturales, el desarrollo de
las comunidades rurales e indígenas y la rentabilidad de las empresas
turísticas. Los
recursos para este nuevo proyectos ascienden a 136 millones 146 mil
pesos, de los cuales 100 millones fueron aportados por Semarnat; 20
millones por la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas;
10.6 millones por la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción
Turística de México y el Fonatur, y 5.4 millones de pesos por el
Fondo Nacional de Empresas Sociales. EXIGE LA UNORCA AUMENTO
DE 10% A FONDOS PARA EL CAMPO Al
comenzar la Caravana Nacional por el Campo, integrantes de la Unión
Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas (Unorca) exigieron
aumento de 10 por ciento al presupuesto para el agro, revisión del
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte y cambio en la política social. "Estos asuntos son muy
profundos y no pueden solucionarse con una cantidad mínima",
manifestó Alfonso Valenzuela, dirigente de la organización
campesina. Campesinos
de Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora y Sinaloa llegaron poco después
de las ocho de la mañana a las instalaciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa); tres horas después se sumó otro contingente del sureste y
del Bajío. Allí pidieron que se les otorguen recursos suficientes
para desarrollar 89 proyectos productivos; que ingresen 13 mil hectáreas
al Procampo alterno y el respaldo para ocho proyectos de agronegocios.
Otro
grupo de campesinos se instaló afuera de la Secretaría de Desarrollo
Social para demandar que no se les margine de los programas de
vivienda rural y adultos mayores, entre otros. "Nos niegan los
recursos porque no firmamos el Acuerdo Nacional para el Campo",
declaró Alberto Gómez Flores, representante de la comisión
ejecutiva de la Unorca. Por
su lado, el coordinador general de Política Sectorial de la Sagarpa,
Felipe de Jesús Zavala Ponce, sostuvo que en esta dependencia no se
les margina de ningún programa. Comentó que la institución tiene
disponibles 4.5 millones de pesos para atender las peticiones de la
organización campesina. Por la tarde, al concluir la reunión, indicó
que se dará seguimiento a 89 proyectos que la Unorca presentó en el
marco de Alianza Contigo. Respecto al Procampo alterno y los
financiamientos para programas productivos, Zavala Ponce especificó
que hoy continuarán las negociaciones con la comisión campesina. Antes
de que la comisión encabezada por Alberto Gómez Flores iniciara las
negociaciones con funcionarios de la Sagarpa, Pedro Lugo Rivera, del
ejido Ocoroni, Sinaloa, señaló que el ofrecimiento de la dependencia
de 4.5 millones de pesos es "incalificable", ya que a los
agricultores de dicho ejido se les ofreció desde hace 26 años
entregarles tierras de riego a cambio de las 5 mil 400 hectáreas que
donaron para la construcción de una presa. "Nos arrebataron la
tierra y nunca nos dieron la tierra de riego para las 350 familias que
perdieron sus parcelas", abundó. Desde
hace cinco años los ejidatarios "pedimos al gobierno federal que
lleve a cabo obras de riego y elabore un proyecto de desarrollo
agropecuario para la zona. Sabemos que para eso se necesitan al menos
cien millones de pesos y en la Sagarpa nos han dicho que nosotros
pongamos 50 millones. ¿De dónde los vamos a sacar?", preguntó.
Por
la noche, los campesinos instalaron su campamento en el Monumento a la
Revolución; hoy se manifestarán frente a la Cámara de Diputados,
para pedir a los legisladores que se eleve 10 por ciento el
presupuesto para el agro y que exijan al presidente Vicente Fox que
establezca las bases mínimas para que la sociedad rural sea más
productiva, participativa y autogestiva. "En
este gobierno se ha provocado una peligrosa dependencia alimentaria
del país, ya que se importan 7 millones de toneladas de maíz, 15 por
ciento del consumo interno de frijol, 75 de arroz y 50 por ciento de
trigo", advirtió Gómez Flores. CAMPECHE INVASORES PODRÍAN
ERMINAR EN VIOLENCIA La
tensión social que se vive en Carmen con motivo de las invasiones de
terrenos que han venido ocurriendo está a punto de reventar en
violencia con la advertencia que lanzan los integrantes de la Asociación
de Propietarios de Predios Rústicos y Urbanos de Carmen, quienes
hacen responsables a las autoridades de los tres niveles de Gobierno
de lo que pueda suscitarse al defender sus propiedades de cualquier
intento de invasión. En
resumen, esto es lo que se desprende de la carta abierta que hoy hacen
publicar en la página 5-A de TRIBUNA del Carmen, Delia María Sosa López,
Constructora Millán, S.A. de C. V., Jorge Albino Obrador Garrido,
Enrique Branson Ferrer y Copropietarios, Gustavo Enrique Ferrer Capdepón
y Parque Industrial y de Bodegas Laguna de Términos, S. A. de C. V. Cabe
mencionar que reporteros de este rotativo, como en otros medios de
comunicación masiva, han tenido informes a nivel de rumores en el
sentido de que se están preparando varias invasiones a diversos
terrenos, sin que se precise, como siempre ocurre en este tipo de ilícitos,
quiénes son los autores intelectuales. Una
de las ex representantes de colonias, Alejandra Cupil, aceptó que,
efectivamente, ella ha sido señalada como la organizadora de una
invasión que se realizará próximamente, pero aseguró que es
totalmente falso y en caso de que así fuera "yo daría la
cara". En
cambio, afirmó que otra ex representante de colonias, Rocío
Betancourt, es la que sí está organizando la entrega de terrenos a
cambio de mil pesos que pide a los interesados y que para hacer estos
arreglos utiliza las instalaciones del Palacio Municipal, "de
donde no sale". Alejandra
Cupil dijo tener la seguridad de lo que está haciendo Rocío
Betancourt y explicó: "Entre toda mi gente reunimos los mil
pesos que piden por un terreno de diez por 20 y enviamos a una persona
a quien le dijeron que le correspondía el lote 112 de la manzana 14,
pero quedó pendiente que le dijeran el lugar. Hasta
ahí las investigaciones que por el momento han realizado los
reporteros de TRIBUNA del Carmen, pero por otra parte todo indica que
los propietarios de terrenos dentro y colindantes de la mancha urbana
de Ciudad del Carmen, que firman la carta abierta, tienen mayor
información al respecto, pues advierten: "Nuestra determinación
por defender con todos los medios a nuestro alcance el patrimonio
familiar y las áreas de reserva ecológica colindantes a éstas, ante
el posible perjuicio y allanamiento por grupos manipulados e inducidos
a provocar la alteración de la paz y convivencia ciudadanas,
alterando el Estado de Derecho que rige nuestra sociedad". Señalan
que saben de la realización de reuniones en las que se prepara la
invasión de los terrenos por gente a la que califican de
"inescrupulosa" y que se ostentan como líderes de colonias
y/o representantes de movimientos y partidos políticos. ¿Tendrán
también la información de quiénes son? Pues agregan y recuerdan
"a los presuntos instigadores de estos actos delictivos que en
una comunidad como la nuestra todos nos conocemos". Algo
muy importante y digno de analizar es el señalamiento de los
propietarios de terrenos: "Por tanto, advertimos que la afectación
y perjuicio de nuestros bienes tendrá una respuesta semejante en sus
respectivas propiedades...". Si
esto quiere decir "ojo por ojo y diente por diente", quizá
quiera justificarse de antemano por la afirmación de que "toda
vez que las autoridades han demostrado, en experiencias similares
anteriores, su indiferencia y absoluta incapacidad para precautelar la
convivencia pacífica y respetuosa de la ciudadanía". FIN A CONFLICTO COMUNAL
EN LA PARADITA, SLP: HUMARA Hoy
se logró la regularización de los predios de la comunidad La
Paradita, mismos que tenían poco más de 40 años de conflicto
comunal, gracias a la intervención del gobernador Marcelo de los
Santos Fraga, anunció el presidente municipal de Armadillo de los
Infantes, Gilberto Humara Gómez. ACUERDA CONGRESO DE EU
RESTITUIR TIERRAS DESPOJADAS A LAS TRIBUS RÍO COLORADO La
Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la restitución de
tierras federales despojadas a las tribus Río Colorado, corrigiendo
lo que el representante Raúl M. Grijalva calificó como "una
gran injusticia". Esta
es la primera propuesta del congresista Grijalva que es aprobada en la
Cámara desde que tomó posesión del cargo en enero de 2003. La
legislación irá ahora al Senado estadounidense. El
Acta de Corrección de la Línea Divisoria para la Reservación Indígena
Río Colorado, HR 2941, devolverá 15 mil 375 acres de tierras a estas
tribus, es decir, poco más de seis mil hectáreas. Estas tierras
fueron despojadas de la Reservación Río Colorado por orden ejecutiva
a petición de intereses mineros, los cuales querían utilizar las
tierras para extracción de minerales. Nunca
se les proporcionó una oportunidad a las tribus de desafiar esta
decisión; además, nunca fueron compensados por la pérdida de estas
tierras. Revisiones
subsecuentes por el Departamento de Interior concluyeron que estas
tierras fueron inadecuadamente extraídas de la reservación y deberían
ser devueltas a las tribus. "Esta
legislación rectificará una injusticia existente desde hace mucho
tiempo", declaró el representante Grijalva. "La gente indígena
de las tribus Río Colorado ha estado esperando con mucha paciencia
durante casi 90 años que estas tierras ancestrales sean recuperadas a
la reservación, y espero que pronto seamos capaces de proporcionárselas",
indicó. Los
exsenadores Barry Goldwater y Dennis DeConcini introdujeron una
legislación similar a H.R. 2941 a principios de los años 1980, pero
ésta se extinguió al final de la sesión. Durante
los años que las tierras han estado bajo jurisdicción de la Oficina
de Administración de Tierras, ciertas actividades han ocurrido. Las
tribus están de acuerdo en respetar la existencia de reclamaciones
mineras, el derecho de paso, pasillos de utilidad, y caza y acceso público. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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