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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “VANGUARDIA
POLÍTICA”...
“LA PARADOJA DE LA
POLÍTICA AGRARIA”...
SECTOR
AGRARIO LOGRAN ACUERDO PARA
EJECUTAR RESOLUCIÓN DEL TSA EN COLIMA...
LIBRES, DOS RARÁMURIS
ENCARCELADOS POR DEFENDER EL BOSQUE DE SU COMUNIDAD...
EXIGEN A LA SRA SALIR
DEL CASO SAN JUAN...
PARAJE SAN JUAN: LA SRA
PRESENTÓ RECURSO COMO TERCERA PERJUDICADA...
GONZÁLEZ PARÁS
DESACATÓ RESOLUCIÓN DE SUSPENDER OBRAS EN UN TERRENO...
PAGA SRA OTRO ABONO A
CLIENTE DEL JEFE DIEGO...
INTEGRAN CONSEJO
CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDIOS...
SECTOR
AGROPECUARIO ANUNCIA GIL DÍAZ NUEVA
ERA DE FINANCIAMIENTO AL CAMPO...
ESTADOS CHIHUAHUA DEMANDAN EJIDATARIOS
PROTECCIÓN...
TRAS UN AÑO DE PRISIÓN,
LIBERAN A TARAHUMARAS...
BUSCARÁN INDEMNIZACIÓN...
“VANGUARDIA
POLÍTICA” ***
Si el santo de los políticos, Tomás Moro, fuera candidato,
seguramente perdería, pues la misa que en su honor se celebró el
pasado martes estuvo más que desangelada. Cuestión que por lo demás,
también debe tener muy preocupados a los panistas, quienes han sido
los que año con año convocan a esa celebración y al haber asistido
únicamente dos secretarios de Estado, el purpúreo Carlos María
Abascal Carranza y Florencio Salazar Adame, de la SRA,
y unos cuantos legisladores albiazules. Ello quiere decir que el poder
de convocatoria de Acción Nacional está yendo irremediablemente a la
baja, porque hasta estaba invitada la pareja presidencial, que por
cierto, nunca ha asistido. Antes,
la misa en honor a Santo Tomás Moro se llevaba a cabo en la Basílica
de Guadalupe; hoy son otros tiempos y esta eucaristía se celebró en
la iglesia de la cual el santo de los políticos es patrono. “LA
PARADOJA DE LA POLÍTICA AGRARIA” El
gobierno federal anunció que, terminados los conflictos agrarios y el
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos (Procede),
durante este sexenio, iniciará consultas con legisladores y líderes
de organizaciones campesinas para cerrar la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) y diseñar la nueva institución que
integre los programas bajo su responsabilidad. La
función y la permanencia de la SRA han estado sujetas a discusión
desde 1992. Con la entrada en vigor de las reformas agrarias que
impulsó el entonces presidente Salinas se buscaba la circulación de
la tierra de propiedad social y la modernización del sector,
minimizando los efectos negativos de fenómenos como la migración y
el envejecimiento de los titulares de derechos y los sin tierra. A
partir de entonces se cuestionaba la funcionalidad futura de esta
dependencia del Ejecutivo. Ahora,
12 años después, parece claro que la SRA ha llegado al término de
su ciclo institucional en sus actuales funciones. Sin embargo y paradójicamente,
también su influencia política entre el campesinado se ha
incrementado en virtud de su contribución a la gobernabilidad en el
campo, a través de la mediación en los conflictos agrarios y a la
interlocución política preferente en la relación
gobierno-campesinado. Adicionalmente,
los compromisos contraídos por el gobierno federal con las
organizaciones campesinas del país, a través del Acuerdo Nacional
para el Campo, plantean retos insoslayables y tareas pendientes de
orden sustantivo en materia agraria. Concluir
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares Urbanos y concretar un mercado social de la tierra mediante su
compactación y circulación, es uno de ellos. Igualmente, se destaca
el compromiso de dar atención prioritaria a los muchos conflictos
agrarios pendientes de solución —alrededor de 400—, como han
reconocido las propias autoridades agrarias. Éstos
y otros asuntos relevantes relacionados con compromisos normativos,
como la modificación del marco jurídico agrario para proteger la
tierra en sus distintos usos y aprovechamientos, o los compromisos
institucionales que implican reformar y modernizar al Registro Agrario
Nacional en su actividad catastral, y actualizar este instrumento para
la propiedad rural como herramienta estratégica de planeación, son
algunos de ellos que reclaman la atención de la SRA. Un
tema neurálgico respecto del desarrollo del país y que compete a la
SRA es la certificación y eficaz instrumentación de la incorporación
de tierras ejidales para el crecimiento urbano, de ello depende el éxito
de uno de los programas más importantes del gobierno, el de la
vivienda. La razón es muy simple: 65 por ciento del suelo libre que
se requiere es propiedad social de origen rural. En
consecuencia, no se antoja fácil el cierre de la SRA ante estos
escenarios de pendientes, de conflictos latentes y de la urgente
necesidad de contar con interlocutores políticos eficaces. Habría
que ponderar para ello el actual entorno político, las tareas
pendientes de la Secretaría, así como las áreas de oportunidad del
quehacer institucional en la materia. LOGRAN ACUERDO PARA
EJECUTAR RESOLUCIÓN DEL TSA EN COLIMA Mediante
un convenio conciliatorio logrado entre campesinos del ejido La Loma
de Minatitlán y del grupo “antorcha Campesina”, avecindados en la
zona, será posible ejecutarla resolución del Tribunal Superior
Agrario, quien autoriza la ampliación en 509 hectáreas al ejido, señaló
el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González. Dio
a conocer que se tuvieron varias reuniones entre ambas partes, parra
llegar a un convenio conciliatorio en donde ceden ambos grupos
campesinos algunos puntos y que se pueda tomar posesión de los
terrenos de la ampliación, lo cual se logra en tranquilidad. Hizo
notar el apoyo de los delegados de Reforma Agraria, de la Procuraduría
Agraria y del Registro Agrario Nacional, así comolo del INEGI, se
realizaron mediciones para que las partes que estaban en posesión de
manera ilegal y que correspondían a la ampliación, mediante varios
acuerdos, fueron presentados a la asamblea del ejido. De
parte de las autoridades agrarias, dieron fe María de la Luz Rodríguez,
delegada de la Procuraduría Agraria; Odilisa Gutiérrez, delegada del Registro
Agrario. LIBRES,
DOS RARÁMURIS ENCARCELADOS POR DEFENDER EL BOSQUE DE SU COMUNIDAD Isidro
Baldenebro y Domingo Hermenegildo Rivas, indígenas rarámuris
ecologistas encarcelados hace un año y cuatro meses mediante pruebas
falsas sobre presuntos delitos de narcotráfico y portación de armas
de uso reservado al Ejército Mexicano, fueron liberados esta tarde,
luego que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó
los trámites para cerrar el expediente y retirarles los cargos. El
abogado de los rarámuris, Fausto Salgado, informó que el juzgado
tercero de distrito dictó auto de libertad inmediata a Baldenebro y
Rivas 10 días después de la fecha prevista para ello, pues se debió
regresar a la sede de la PGR en la ciudad de México la documentación
del caso, que estaba incompleta por no haberla firmado el titular de
la dependencia, Rafael Macedo de la Concha. Esta
tarde, ambos indígenas abandonaron la penitenciaría estatal de San
Guillermo, donde se les recluyó después de haber sido arrestados
durante un operativo ilegal
que aplicaron agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE),
presuntamente pagados por Artemio Fontes Lugo, cacique maderero de la
comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo,
quien de esa forma habría pretendido deshacerse de los dos
ejidatarios, opuestos a que se talaran sus bosques. Agustín
Bravo, asesor de Fuerza Ambiental, dijo que el gobierno de Chihuahua
deberá resarcir "moral y económicamente" el daño causado
a los dos indígenas y a sus familias, pero omitió precisar el monto
de la indemnización que solicitará la ONG. Entrevistado
fuera de la prisión, Isidro Baldenebro aseguró que se mantendrá en
la lucha por la defensa de los recursos forestales y adelantó que el
próximo 30 de junio él y su compañero sostendrán una audiencia
ante la Procuraduría Agraria,
para exigirle que cancele el permiso de aprovechamiento forestal que
permite a Artemio Fontes talar el bosque virgen aledaño a Coloradas
de la Virgen. EXIGEN
A LA SRA SALIR DEL CASO SAN JUAN La
diputada local perredista Aleida Álavez reiteró ayer su llamado para
solicitar a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no intervenir en la resolución
del caso Paraje San Juan, el cual está siendo analizado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En
conferencia de prensa, la diputada del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) dijo que la SRA ha cometido un grave error al
permitir la intervención de la Procuraduría General de la República,
para que a través de ésta la Suprema Corte determine lo que sucederá
con el caso Paraje San Juan. Álavez
señaló que no hay necesidad de que participen las autoridades
judiciales federales, ya que la Corte tiene la última palabra en el
litigio por el que se le está obligando al GDF pagar a un particular
mil 810 millones de pesos por la expropiación del predio. Insistió
en que la Secretaría de la Reforma Agraria no ha podido comprobar que
el Paraje San Juan, ubicado en la Delegación Iztapalapa, es propiedad
de la Nación, como aseguró el titular de la dependencia Florencio
Salazar Adame. La
diputada perredista manifestó que la intervención de la PGR y de la
SRA, podrían provocar que con el paso del tiempo surjan nuevos
"dueños" que reclamen la propiedad del predio, lo que pone
en riesgo a los verdaderos propietarios del lugar, habitantes que
desde 1989 cuentan con escrituras. PARAJE
SAN JUAN: LA SRA PRESENTÓ RECURSO COMO TERCERA PERJUDICADA Por
medio de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) interpuso un recurso ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), como tercera perjudicada en el caso
de Paraje San Juan, ubicado en la delegación Iztapalapa, argumentado
que es propietaria, señaló la diputada perredista Aleida Alavez
Ruiz. Detalló
que el problema es que Florencio Salazar, titular de la SRA, reconoció
que no hay una declaratoria del Paraje San Juan como bien nacional por
parte del gobierno federal. "Eso ayudaría para que intervinieran
como terceros perjudicados, pero no la tienen". Ante esto, agregó,
"lo que estamos pidiendo a la Secretaria de la Reforma Agraria es
que sume al recurso de nulidad del juicio que interpuso la Asamblea
Legislativa (ALDF) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
cual está detenido, en espera de los elementos que le aporta esta
secretaría". La
ex presidenta de la Comisión Especial de Paraje San Juan, que integró
la ALDF con el fin de analizar la situación de este predio, que
concluyó con la presentación del recurso ante la SCJN, Alavez Ruiz,
informó que se acordó con la SRA instalar una mesa de trabajo, la
cual sesionará los martes, hasta llegar a un acuerdo. Con
base en la información que el titular de la SRA le ha dado, la
legisladora del PRD afirmó que existe ambigüedad en los
procedimientos jurídicos que lleva a cabo la citada secretaría.
"En principio la superficie del Paraje San Juan se incorpora como
bien del dominio nacional y al mismo tiempo la expropia en favor del
(entonces) Departamento del Distrito Federal para regularizar la
posesión; en consecuencia, se corrige que esta superficie salió del
dominio de la nación a través del decreto expropiatorio". En
opinión de la diputada perredista la estrategia de la SRA no es la
correcta, porque pone en riesgo la legitimidad de la propiedad de las
más de 12 mil familias que viven en Paraje San Juan. GONZÁLEZ
PARÁS DESACATÓ RESOLUCIÓN DE SUSPENDER OBRAS EN UN TERRENO El
gobernador de Nuevo León, el priísta José Natividad González Parás,
no acató la resolución de un juez de distrito que ordenó suspender
la construcción de un centro comercial en un terreno de 18 hectáreas,
parte de un campo agrícola de 204 hectáreas expropiado el 28 de
marzo de 1990 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a
ejidatarios del municipio Escobedo. Sergio
Garza Elizondo, asesor de los campesinos, informó que por el
incumplimiento de la suspensión hubo necesidad de poner una queja
ante el Tribunal Colegiado del cuarto circuito, y el pasado 23 de
abril se publicó en la lista de acuerdos del juzgado tercero de
distrito: "Désele vista al Ministerio Público Federal, notifíquese
a las partes y anéxese informe justicado a la presidencia", lo
que significa que se sometería al gobernante estatal a un proceso. Está
por verse si la Procuraduría General de la República (PGR) mide con
el mismo rasero a las autoridades estatales como lo hace con el jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador a
quien se le inició proceso de juicio político porque supuestamente
no acató una resolución judicial que ordenaba la suspensión de
obras en el predio El Encino, señaló Garza Galindo. Para
que las autoridades judiciales de Nuevo León llegaran a esta
determinación tuvieron que comprobar que no se respetó la
"causa de utilidad pública" que justificó el acto de
autoridad, como sería la construcción de un gran parque recreativo,
una central de autobuses y un centro hospitalario; además de que la
expropiación se decretó en terrenos del municipio de San Nicolás de
los Garza, pero se ejecutó en el vecino municipio de Escobedo. Según
Garza Elizondo, fue un error de Alvaro González Ardines, delegado de
la Secretaría de la Reforma
Agraria en Nuevo León, el que fueran distintos los terrenos
expropiados a los que se incluyen en el decreto emitido por el ex
presidente Salinas de Gortari. Por
ello, las 49 familias expropiadas iniciaron el 15 de octubre de 2003
el juicio de amparo 1020/2003 ante el juzgado tercero de distrito en
materia administrativa, a cargo del juez Eduardo Ochoa Torres, quien
notificó al gobierno del estado y al municipio de Escobedo que deberían
suspenderse las obras y dejarse las cosas en el estado en que se
encontraban mientras se resolvía el fondo del amparo. No
obstante, el 12 de noviembre de 2003 el gobernador González Parás y
el alcalde de Escobedo, Fernando Margáin Santos, acudieron a
inaugurar el centro comercial Outlet, convalidando el
"despojo" contra los ejidatarios. Dijo
que el próximo 30 de junio se realizará una audiencia constitucional
para resolver el fondo del amparo contra el acto expropiatorio, y
confió en que el juez tercero de distrito, Eduardo Ochoa Torres, dará
la razón a sus representados. Según
Garza Elizondo, el valor de las 18 hectáreas destinadas al proyecto
comercial asciende a 500 millones de pesos, mientras que el de las 204
hectáreas expropiadas -quitando los terrenos que se utilizaron para
otros usos públicos- rebasaría los 5 mil millones de pesos. PAGA
SRA OTRO ABONO A CLIENTE DEL JEFE DIEGO Tres
clientes del senador Diego Fernández de Cevallos cobraron el segundo
abono de 30 millones de pesos que hizo la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) para cumplir con el pago parcial de la
indemnización de mil 214 millones de pesos que le fijó un juez a
consecuencia de la expropiación en 1984 de un terreno ubicado al sur
de la ciudad. Hace
cinco meses la SRA le entregó al Juzgado Décimo de Distrito
"B" en Materia Administrativa, con sede en la ciudad de México,
un cheque de depósito por la cantidad de 30 millones de pesos para
que el juez decidiera cómo repartía el dinero entre los herederos de
los dueños del predio expropiado. INTEGRAN
CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS INDIOS El
próximo 29 de junio quedará constituido el Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con
lo cual el diseño de los programas destinados a este sector será más
certero y permitirá desplegar esquemas orientados a cubrir sus
verdaderas necesidades, además de que influirá en el incremento
paulatino de los recursos para la atención de las comunidades, informó
Xóchitl Gálvez, titular del organismo. Adelantó que para 2006 se
espera destinar al sector por lo menos "25 mil millones de
pesos". En
entrevista, Gálvez detalló que el consejo estará conformado por 123
representantes de las comunidades indígenas, siete de las mesas
directivas de las comisiones de Asuntos Indígenas del Congreso de la
Unión, 32 de gobiernos estatales, seis representantes de
instituciones académicas y 12 de organizaciones sociales, en total,
180 consejeros. El
consejo trabajará en las áreas de desarrollo económico, derechos de
autonomía, migración indígena, infraestructura comunitaria, tierras,
carreteras, radiocomunicación, medio ambiente, medicina tradicional y
equidad de género. Se pretende que con la participación de
representantes de los directamente interesados las estrategias que se
propongan sirvan para crear esquemas que respondan a los "rezagos
históricos" que enfrentan las comunidades. ANUNCIA GIL DÍAZ NUEVA
ERA DE FINANCIAMIENTO AL CAMPO El
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco
Gil Díaz, aseguró a la dirigencia de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) que se inició una nueva era de financiamiento para el
campo, luego de puntualizar que por conducto de Financiera Rural (FR)
y Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura (FIRA) se
han otorgado créditos por 14 mil 600 millones de pesos a poco más de
900 mil productores, y se han aprobado quitas y condonaciones de débitos
vencidos por mil millones de pesos de los 12 mil millones de la
cartera vencida del sector social rural. Durante
el encuentro con los cenecistas, Gil Díaz afirmó que los datos
"acreditan la entrega de un monto importante de créditos, en los
que se ha privilegiado a los pequeños productores en un cuidadoso
proceso". Recordó que el mal manejo de crédito de 1980 a 1994,
periodo en el que se descuidó la entrega y recuperación del dinero,
derivó en una contingencia. Sin
embargo, los cenecistas no compartieron el optimismo de Gil Díaz. El
secretario de organización y presidente de la Comisión de
Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López, puntualizó que
hay un déficit de mil 100 millones de pesos para el Procampo alterno
-en el que se inscribieron productores con menos de cinco hectáreas-,
para fortalecer el sistema de financiamiento rural en materia de
intermediarios financieros y de seguros, y para el programa de estímulo
a la productividad ganadera (Progan). Explicó
que parte de ese déficit es porque el gobierno federal tiene un
adeudo de 750 millones de pesos del Progan de 2003, además de los 4
mil 364.8 millones de pesos negociados para compensar los programas de
los anexos uno y 17 del presupuesto federal destinado al agro. CHIHUAHUA DEMANDAN EJIDATARIOS
PROTECCIÓN Ejidatarios
de Belisario Domínguez, Chihuahua, solicitarán la protección de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), al tener temores
fundados de ser agredidos o asesinados por presuntos narcotraficantes
del lugar, a quienes denunciaron por apropiarse de sus tierras para
traficar mariguana. Incluso
cinco integrantes del ejido, en el municipio de Belisario Domínguez,
fueron arrestados en días pasados, entre ellos el comisariado ejidal,
acusados de robo y daños, luego de que retiraron una cerca de alambre
que los presuntos narcotraficantes pusieron en terrenos del ejido, en
el Mancomún de Guadalupe, para apropiarse de una gran extensión de
tierras. El
comisariado ejidal Francisco Treviño, quien obtuvo su libertad bajo
fianza junto con los otros cuatro detenidos, explicó que desde años
atrás fueron despojados de una gran extensión de terreno por
particulares que cercaron las tierras y que les impiden recuperarlas
con amenazas. Añadió
que ellos se percataron que esas personas, encabezadas por la familia
Zepeda Sáenz, parientes del actual presidente municipal, Enrique
Zepeda Sáenz, descargaron varias toneladas de mariguana en el Mancomún
de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre e inmediatamente la
distribuyeron por toda la región. Entrevistado
al respecto, José Díaz López, uno de los licenciados que atiende
casos agrarios, aclaró que él solamente lleva el litigio en esa
materia y que no le consta ni le concierne las actividades que
desarrollan los habitantes de Belisario Domínguez. Otro
abogado es quien lleva el caso penal, por lo que no tiene nada que ver
con lo señalado por los ejidatarios en torno a las supuestas
actividades de narcotráfico de pobladores de dicho municipio. Mediante
un abogado particular, los ejidatarios interpusieron una denuncia ante
las autoridades agrarias, pero resulta que fueron arrestados por un
delito penal cuando lo único que hacen es pelear por sus tierras que
por ley les corresponden. Esto los obligó a contratar un abogado
penalista, quien lleva el caso sobre las aprehensiones por daños y
robo. Sin
embargo, al denunciar esto públicamente, los ejidatarios comentaron
que tienen temor de ser agredidos por los presuntos narcotraficantes
del lugar, por lo que anunciaron solicitarán protección a las
autoridades de la Procuraduría de Justicia, directamente con el
procurador Jesús Antonio Piñón Jiménez. TRAS
UN AÑO DE PRISIÓN, LIBERAN A TARAHUMARAS A
dos meses que se descubriera que las acusaciones por las que fueron
presos eran falsas, los indígenas ecologistas Isidro Baldenegro López
y Domingo Hermenegildo Rivas Carrillo salieron en libertad de la
Penitenciaría de Chihuahua, para continuar su lucha en defensa de sus
bosques, y con ello, su cultura. El
subdirector del Penal, Manuel Prieto, leyó el dictamen del juez
tercero de distrito, quien ante el desvanecimiento de pruebas, otorgó
la libertad plena a los dos inculpados. Isidro
Baldenegro y Hermenegildo Rivas fueron detenidos en marzo del año
pasado por agentes de la Policía Judicial del estado, quienes
siguiendo órdenes del cacique y presunto narcotraficante Artemio
Fontes Lugo, les fabricaron pruebas para inculparlos de portación de
armas de fuego y posesión de mariguana, para acabar con la lucha que
ambos indígenas encabezaban al defender sus tierras y bosques de la
explotación ilegal y de la siembra de droga. Al
descubrirse los hechos se ejerció acción penal contra los agentes
policiacos, arrestando a uno de ellos, lo que obligó al Ministerio Público
federal a concluir que ambos indígenas eran inocentes de toda
culpabilidad y por lo tanto ayer se dictaminó el no ejercicio penal
en su contra. Los
dos indígenas encabezan desde hace años una intensa lucha para
recuperar las tierras que les fueron arrebatadas por caciques y
narcotraficantes, lo cual les ha costado, además de la libertad que
perdieron por más de un año, el homicidio de otros compañeros,
incluido el padre de Isidro, Julio Baldenegro, quien fue asesinado en
1986. En
una breve conferencia de prensa, Isidro hizo un llamado a las
autoridades estatales para que se castigue a los funcionarios públicos
que los arrestaron. Con
la visible ansiedad de salir libre, Isidro, ayudado por su esposa,
recogió sus pertenencias; Hermenegildo, su guitarra, y los tres
juntos abandonaron la prisión, para pensar y decidir qué sigue en la
lucha por recuperar sus tierras y evitar que su bosque sea diezmado. BUSCARÁN
INDEMNIZACIÓN El
abogado de Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas anunció que buscará
que las autoridades estatales y federales otorguen una indemnización
económica a ambos indígenas, por los perjuicios que sufrieron al
estar más de un año en prisión, bajo cargos que finalmente se
descubrió eran falsos. El
abogado Fausto Salgado añadió que además de esto, solicitará a las
autoridades que se garantice la seguridad no solamente de Isidro y
Hermenegildo como líderes del movimiento indígena que encabezan en
la defensa de sus tierras y su bosque, sino de toda la comunidad de
Coloradas de la Virgen, Chihuahua, ya que los caciques y
narcotraficantes contra los que luchan los han amenazado de tomar
represalias e incluso de asesinarlos. En
esta misma lucha, Agustín Bravo, quien es el representante de la
organización ecologista no gubernamental Fuerza Ambiental, dijo que
buscarán organizar un movimiento internacional para defender a los
indígenas tarahumaras de los narcotraficantes y caciques que buscan
arrebatarles sus tierras y su bosque en un afán meramente
mercantilista. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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