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OCHO COLUMNAS
Sector
agrario Retiene
Xalatlaco a tres funcionarios ...
Se
reúnen autoridades agrarias con campesinos de Santa María sobre el
conflicto de unas minas ...
Conflicto
agrario entre Acatepec y Atlixtac ...
14
conflictos agrarios resueltos en Guerrero ...
Comparecerán ...
Por
un mundo sin hambre: ¡reforma agraria ya! ...
Sector
agropecuario La
legislación sobre transgénicos arremete a campesinos: AMC ...
Prensa
Estatal COAHUILA Firme,
el proyecto para terminar de suburbanos ...
ESTADO
DE MÉXICO Logran
diputados 160 mdp para el campo ...
GUERRERO Denuncian
que la SCT no ha pagado tierras afectadas por la Autopista del Sol ...
SAN
LUIS POTOSÍ Minera
San Xavier ignora un mandato legal en San Luis Potosí ...
Con
dinamita, San Xavier pelea por el oro potosino ...
QUINTANA
ROO Fonatur,
el mayor deudor moroso del municipio: alcalde de Cancún ...
Hendricks
pedirá cuentas ...
Legitimó
Semarnat la destrucción de manglares ...
Pedirá
el Senado la comparecencia de Elizondo y MacCarthy por el caso Cancún ...
Prepara
PRD denuncia contra McCarthy ...
VERACRUZ Prevalecen
conflictos por límites territoriales en Ciudad Mendoza ...
Cartones
Retiene
Xalatlaco a tres funcionarios.
(El
Universal, Ma. Teresa Montaño, p.C6). Toluca,
Méx.- Alrededor de 300 campesinos procedentes del municipio de
Xalatlaco secuestraron por algunas horas a tres funcionarios federales
de la Secretaria de la Reforma Agraria para obligarlos a que emitan la
convocatoria correspondiente para la elección de autoridades de
bienes comunales y con ello puedan tener una representación jurídica
y continuar su lucha por la posesión de mil 509 hectáreas que
conforman los predios denominados La Cantimplora y Agua Grande
ubicados en las inmediaciones del Ajusco y ese municipio. Desde
temprana hora los inconformes encabezados por sus dirigentes Fernando
Mejía Reza y Alfonso Jiménez Quiroz, así como por el alcalde de
Xalatlaco, Ariel Efrén Cervantes,se trasladaron en autobuses a las
oficinas de la delegación en el estado de la Procuraduría Agraria
localizadas en la avenida Marcelino Juárez número 603 de esta
ciudad. Los
campesinos solicitaron al delegado de la dependencia Julio Antonio
Virgen emitir lo más pronto posible la citada convocatoria, sin
embargo, al no tener respuesta favorable, obligaron al funcionario a
acompañarlos a su comunidad, primero, y a la delegación del Registro
Agrario Nacional localizado en el Distrito federal, después. El
delegado de la Procuraduría Agraria Julio Antonio Virgen,
Ignacio Ortuño, subdelegado operativo, y Bernardo Vázquez,
subdelegado jurídico de la misma dependencia, fueron forzados a
abordar uno de los 10 autobuses en que llegaron a Toluca para que los
acompañaran a la ciudad de México, donde tenían prevista una reunión
en la Subsecretaria de la Reforma Agraria para tratar el mismo asunto.
Cabe
destacar que durante su estancia en la delegación del Registro
Agrario Nacional, el abogado de los comuneros inconformes, Rafael
Ruvanova, les informó vía telefónica que perdieron el amparo que
tenían promovido ante el Tribunal Unitario Agrario para evitar que
procediera la sentencia emitida por un juez federal y que adjudica los
terrenos en pugna a los campesinos del Ajusco. Esta
situación enojó aún más a los campesinos de Xalatlaco, quienes
advirtieron que no aceptarán la pérdida de sus tierras y que
continuarán en la lucha por las mil 509 hectáreas de bosque ubicadas
en los límites entre ambas entidades. Se
reúnen autoridades agrarias con campesinos de Santa María sobre el
conflicto de unas minas.
(El Sur, Nota
Informativa, p. web) Acuerdan
que cada una de las partes entregarán los documentos acerca de este
asunto y los enviarán a la Procuraduría Agraria para que
lleven a cabo un análisis Campesinos
del ejido de Santa María, perteneciente al municipio de La Unión, se
reunieron en privado ayer en Zihuatanejo con autoridades agrarias para
dirimir un conflicto que sostienen desde 2001 por el derecho a
explotar las minas de piedra caliza que hay en el ejido. En
ese ejido se integraron dos grupos, luego de que el presunto actual
comisariado ejidal, Benito González Álvarez, dejara fuera del
Registro Agrario Nacional (RAN) a más de 50 campesinos encabezados
por Maximiliano Andrade Álvarez para acreditar como ejidatarios a
personas ajenas del ejido, que viven fuera de La Unión. Por
este conflicto, cuyo objetivo de ambos grupos es tener el poder para
explotar y comercializar la piedra caliza con la empresa Siderúrgica
Lázaro Cardenas las Truchas, SA, (Sicartsa) hubo enfrentamientos, el
más reciente ocurrido el 26 de junio pasado. Ese
día, se esperaba que los ejidatarios aprobaran la reanudación de los
trabajos de extracción de piedra caliza por parte de la empresa
Sicartsa, y que autorizaran que González Álvarez y la mesa directiva
del ejido firmaran un convenio con dicha empresa. Debido
a que los inconformes colocaron dos retenes –armados con piedras y
garrotes, así como garrafas de gasolina– a la entrada del poblado
El Naranjillo, donde le negaron el acceso al actuario del TUA y
rompieron el medallón de la camioneta en la que viajaba el presunto
comisariado ejidal Benito González, la reunión se efectuó en la
cabecera municipal de La Unión. Ayer,
en el salón de usos múltiples del Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo
se reunieron para dar solución a este conflicto, ahí acudieron
Benito González Álvarez y Martín González, en representación de
los ejidatarios que fueron excluidos del padrón original ante el RAN. El
encuentro se efectuó a puerta cerrada por casi tres horas, tras las
cuales convinieron que ambas partes entregará la documentación que
tienen cada cual en su poder “en relación a los actos y
antecedentes de las convocatorias y actas de asambleas, en las cuales
han acordado aceptar y separar a ejidatarios”, así como los
padrones existentes. Los
papeles correspondientes se enviarán a los representantes de oficinas
centrales de la Procuraduría Agraria, “con el propósito de hacer
un análisis respectivo de cada documentación y rendir un informe en
una próxima reunión” convocada para el próximo 7 de enero de 2005
en el mismo lugar. Trascendió
que esta medida permitirá actualizar un padrón, concertado por ambas
partes, que sirva de base para cualquier acto en materia agraria para
el ejido. Entre
los que asistieron al acto están el fiscal regional de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, Jesús Alemán del Carmen; el
subdelegado de Gobierno en la Costa Grande, Simón Silva Cortés; el
representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, Jorge Juárez
Priego y el delegado estatal de la Procuraduría Agraria en el estado,
Fernando Jaimes Ferrel. Conflicto
agrario entre Acatepec y Atlixtac.
(Diario 17, Marcial Campuzano, p. web) CHILPANCINGO,
Gro., diciembre 15.- Heridos leves y golpeados dejó un enfrentamiento
que sostuvieron comuneros y campesinos de las comunidades de Acatepec
y de Atlixtac, pertenecientes a la región de La Montaña de Guerrero,
quienes se disputan la posición de tierras presuntamente dadas en
concesión por la Procuraduría Agraria. José
Luis Trujillo Sotelo informó que los hechos ocurrieron el domingo
pasado en Acatepec al desbordarse los ánimos de los dos grupos en
pugnas cuando celebraban una asamblea para determinar legalmente si
las tierras en disputa fueron concesionadas. El
funcionario explicó que el terreno en disputa pertenece a las tierras
del municipio de Acatepec. Hay un grupo de campesinos de la comunidad
de Tecuitlapan, municipio de Atlixtac, que alega que el terreno fue
concesionado por el presidente municipal y el comisariado de Bienes
Comunales de Acatepec, quienes habrían autorizado a autoridades de la
Procuraduría Agraria la donación previa medición. En
la asamblea se alteraron los ánimos, “hubo empujones, hubo
jaloneos, hubo lesiones menores, no estuvo el presidente municipal, y
al calor de las discusiones los habitantes de Acatepec determinaron
retener a Rodrigo Leobardo Morales, militante del Partido de la
Revolución Democrática, a quien acusaron de haber incitado e
iniciado la violencia en la asamblea. Para
libertarlo exigieron la presencia del presidente municipal de Acatepec
para que aclarar la presunta concesión del terreno a favor de la
comunidad de Tecuitlapan, pero no hubo contacto con el alcalde y fue
hasta el martes cuando una comisión de Acatepec se presentó a la
Secretaría General de Gobierno para solicitar su intervención. En
el encuentro se les informó que todavía no hay una delimitación del
terreno en conflicto, que no existe tal concesión por lo que les
pidieron que entregaron al perredista a las autoridades ministeriales
de Tlapa, lo cual ocurrió hoy a las ocho de la mañana previa
presentación de una denuncia penal porque lo acusan de haber iniciado
la violencia. Informó
que continúan las pláticas pero con la presencia de autoridades
agrarias para evitar un nuevo acto de violencia, con la esperanza de
que haya una solución satisfactoria para las partes. Hasta
hoy en punto de las nueve de la mañana fueron liberados los cuatro
ciudadanos de la cabecera municipal de Acatepec en la Montaña Alta,
los cuales a punto estuvieron de ser linchados y ahorcados por
comuneros de esa localidad indígena así como de los pueblos conexos,
por lo que ayer el presidente municipal Raymundo García Gutiérrez
solicitó el apoyo de las autoridades estatales para que de este modo
no se genere o estalle la violencia en aquel lugar. Fue
en conferencia de prensa que el alcalde y algunos miembros de la
comuna expresaron que en la región de la Montaña Alta en Acatepec se
esta viviendo un momento de tensión, esto derivado por los últimos
acontecimientos, por lo que previéndose exhortó a las autoridades
estatales que le brinden ayuda ya que en cualquier momento se puede
generar encarcelamientos así como un linchamiento. Y
es que a decir del alcalde perredista todos estos acontecimientos
tienen un trasfondo político y que la gota que derramo el vaso, fue
la cuestión agraria que esta prevaleciendo en aquel lugar, toda vez
que hay un grupo de campesinos lidereados por priístas los cuales se
están oponiendo rotundamente a que entre el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Títulos de Solares (PROCEDE), ya
que aseguran que con esta medida el gobierno les quitará sus tierras
y los que tienen más dinero será los que exploten a los campesinos. Agregaron
que el día lunes hubo una reunión con los campesinos y gentes de la
Procuraduría Agraria, pero se calentaron los ánimos y un grupo de
personas que dirigen los priístas aprehendieron a cuatro ciudadanos,
los golpearon, los encerraron durante dos días en la comisaría
municipal y no conforme con ello amenazaban con lincharlos. Asimismo
el alcalde municipal dijo que estas personas que estuvieron retenidas
y que no probaron alimento alguno fueron liberadas hoy en punto de las
nueve horas, mismos que se salvaron de la horca y de ser linchados
brutalmente por la turba de campesinos y entre los que destacan José
Emidio, Elidia, Rodrigo, Leobardo Morales dirigente del PRD municipal,
Edmundo Rafael Frutacio, Miguel Tiburcio Santiago y el secretario
general del Ayuntamiento solamente fue golpeado. Los
principales agitadores de la violencia que se ha desatado en Acatepec
refirió son el ex edil priísta Jerónimo Godoy Avílez, Alit Gonzáles
Aurelio, Alfonso Candia Espinoza y Leopoldo Neri Cruz. Y
constantemente reiteraba “este incidente tiene un trasfondo político
por la cuestión del poder municipal ya que los priístas aún no se
resignan el haber perdido la presidencia municipal”, concluyó el
edil municipal. 14
conflictos agrarios resueltos en Guerrero.
(Diario 17,
Marcial Campuzano, p. web) CHILPANCINGO,
Gro., diciembre 15.- En gira de trabajo por esta capital, el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y el gobernador
René Juárez, evaluarán este jueves el avance que llevan los
trabajos para la solución de 27 conflictos agrarios considerados como
“Focos Amarillos” por representar cierto grado de peligro, de los
cuales 14 están resueltos al cien por ciento con la firma de
convenios, y de los 13 restantes sólo en 4 las partes no quieren la
conciliación y determinaron trasladar los asuntos al Tribunal
Agrario. Lo
anterior fue dado a conocer por Esaú Tapia Bravo, subsecretario de
Gobierno para Asuntos Agrarios, quien agregó que el próximo año
habrá un presupuesto de 12.7 millones de pesos para la solución de
problemas de tierras a través de la conciliación, y que se ejecutan
los últimos detalles para finiquitar al cien por ciento el conflicto
de tierras que enfrentan comuneros de los municipios de Acatepec y de
Zapotitlán Tablas, de la región de La Montaña, que en el pasado
dejaron una estela de muertos y heridos como producto de
enfrentamientos violentos. El
funcionario dependiente de la Secretaría General de Gobierno, informó
que a finales del año pasado el gobierno de Guerrero detectó 27
conflictos agrarios de mediana envergadura en el estado de Guerrero,
cuya solución de acuerdo a la ley compete a la Secretaría de la
Reforma Agraria, a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario
Nacional “pero en particular a los tribunales agrarios”. Expuso
que no obstante eso, el gobierno del estado, “conciente de su
obligación para atender los conflictos sociales que se generan
derivado de los asuntos agrarios, ha celebrado convenios con la
Secretaría de la Reforma Agraria para coadyuvar en la solución de
los problemas de tierras “vía conciliación porque en la vía
contenciosa lo resuelve el Tribunal Agrario”. Informó
que en una primera etapa los gobiernos federal y estatal atendieron
los denominados “Focos Rojos” es decir los problemas más fuertes
como fue el caso del conflicto de Acatepec contra Zapotitlán, ente
otros que ya están resueltos, “pero también analizamos la
necesidad de atender en este año 27 asuntos”. Tapia
Bravo manifestó que de los 27 conflictos agrarios considerados como
“Focos Amarillos”, 14 ya fueron resueltos a través de la firma de
convenios “en donde las partes aceptaron voluntariamente resolver su
controversia a través del diálogo, las instituciones tienen
voluntad, las partes en controversia también tienen voluntad y se
suman a este programa”. Entre
las comunidades en conflictos que determinaron solucionar sus
problemas de tierras mediante la conciliación se encuentran las de
San Martín Obispo-Xitopontla pertenecientes al municipio de
Ahuacuotzingo; en la comunidad de Amatlicha, de Olinalá; en El Indio,
de Cuajinicuilapa; Santa Bárbara y San Cristóbal, de Chilpancingo;
el ejido de Huixiltepec, municipio de Ometepec; Las Anonitas,
municipio de Ajuchitlán; Puerto del Oro y Placeres del Oro de Coyuca
de Catalán; la comunidad de Atliaxa, entre otras. Expuso
que en los 13 conflictos pendientes por resolver, detectaron que
solamente en 4 las partes en controversia determinaron irse al
Tribunal Agrario, “en los otros --9— siguen las mesas de negociación
para su atención. El
subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios dio a conocer que la
reunión que este jueves sostendrá el titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, con el gobernador René Juárez,
será precisamente para conocer los avances que registra la solución
de los 27 conflictos de tierras. El evento se llevará a cabo en la
residencia oficial Casa Guerrero. El
funcionario dijo que hay voluntad del gobierno del estado para que
sean resueltos los conflictos agrarios en Guerrero, “hay un programa
serio para atender los asuntos agrarios, se planeó la atención y
pienso que ya hay resultados”. Expuso
que hay interés al grado que para el próximo año el gobierno del
estado canalizará un presupuesto de 12 millones 7 mil pesos para la
solución de los problemas de tierras, dinero que será entregado en
especie a las partes en conflicto como una manera de coadyuvar en la
solución de los problemas y evitar más derramamiento de sangre. Comparecerán.
(Por Esto¡, María
Luisa Vázquez, p. web) CANCUN,
Quintana Roo, 15 de diciembre.- La escandalosa venta que hizo Fonatur
de los terrenos en la tercera etapa de la zona hotelera llegó hasta
la Cámara de Diputados, donde la mayoría de las fracciones exige una
investigación al respecto. Los
diputados federal del PRI, PRD y PT reaccionaron con irritación, y se
manifestaron porque el presidente Vicente Fox derogue el contrato de
compra-venta de terrenos entre Fonatur y la empresa Golf &
Resorts, porque son propiedad de la nación. Salvador
Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados, anunció que espera la denuncia en torno a la venta de
los terrenos nacionales en Quintana Roo. “Estamos en alerta y de
inmediato aguardaremos a que esté sobre mi escritorio este delicado
tema”, dijo en la sesión del martes pasado. De
acuerdo al diario de La Jornada, que puso al descubierto la ganga en
la que Fonatur remató los predios de la Tercera Etapa de la Zona
Hotelera, Sánchez pidió que la Auditoría Superior de la Federación
abra una línea de investigación al respecto. “Hay
que hacer la investigación necesaria correspondiente, y sumar a la
denuncia pública de medios de comunicación denuncias específicas de
ciudadanos, de representantes populares”. Por
su parte, la vocera de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro,
Marcela Guerra, reprochó a las autoridades federales: “A todas
luces aquí hay corrupción y arreglos inconfesables; hay una empresa
favorita, como Golf & Resorts, que está en el ánimo de este señor
John McCarthy, quien se dedica a dilapidar el patrimonio nacional.
Vamos a solicitar una auditoría que contemple estudios de precios de
bienes raíces reales, porque es ridículo el precio de 70 pesos el
metro cuadrado en una zona tan exclusiva”. Al
referirle que Fonatur justificó tal avalúo, elaborado por Nacional
Financiera, la legisladora del Revolucionario Institucional sonrió y
remató con una advertencia: “Por ningún motivo puede hablarse de
70 pesos; eso no cuesta ni en la sierra Tarahumara, donde no hay
condiciones climatológicas ni para construcción y que no es área
prioritaria como para construir hoteles”. Me
parece grave y delicado, porque no es una transacción transparente ni
equitativa; no se licitó y es completamente ilegal. Vamos a buscar
que se audite esta transacción específicamente y ver la ilegalidad
de la misma, indicó. Por
su parte, Alejandro González Yáñez, coordinador de la bancada del
Partido del Trabajo, refirió que ocurre una privatización de facto e
ilegal de las playas mexicanas, “y el grupo foxista en el poder
muestra sin miramientos que tiene un concepto de que México les
pertenece como botín faccioso de la pandilla que gobierna”. Al
comentar las atribuciones de la Cámara de Diputados, el legislador
dijo que sí es posible fincar responsabilidades a quien resulte
responsable. “Lo que primero tiene que proceder es que se cite a
comparecencia al secretario de Turismo y a las dependencias
involucradas. La Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico
de la Cámara con funciones propias, estará obligada a investigar a
John McCarthy y fincar las responsabilidades que amerite el caso”. A
su vez, el perredista Gilberto Ensástiga se sumó a la postura de los
demás legisladores al pronunciarse por una investigación exhaustiva.
“Si Fonatur promueve de esta forma el turismo, vendiendo nuestro
patrimonio, pues más valdría que cambie la política. El turismo no
puede fomentarse vendiendo nuestras riquezas, poniéndoles en charola
de plata a los capitales extranjeros nuestro territorio; creo que el
fondo está errando el tiro. Habría que investigar al director del
organismo, John McCarthy, para saber qué beneficios en lo personal
está adquiriendo, porque seguramente él se ha de estar beneficiando
en lo individual cuando se pone una zona de manglares para un
desarrollo turístico”. El
abogado zacatecano e integrante de la bancada del sol azteca, Arturo
Nalhe, refirió que gran parte de las costas mexicanas, sobre todo las
del Caribe, fueron terrenos nacionales que, de forma poco
transparente, la Secretaría de la Reforma Agraria fue
enajenando en favor de empresas transnacionales. “Parte de esos
predios fue adjudicado a Fonatur para su desarrollo. El organismo ha
adoptado una nueva modalidad de desarrollar los inmuebles que forman
parte de su patrimonio, y es cediéndolos a particulares para que sean
ellos quienes desarrollen; es parte del proceso privatizador que ha
vivido nuestro país en las últimas décadas y es parte de la política
neoliberal de ésta y otras administraciones”. Creo,
subrayó, que la Secretaría de la Función Pública no está haciendo
su trabajo; estos organismos tienen un comisario designado por el
secretario del ramo, de tal suerte que hay corresponsabilidad si los
comisarios de estos fideicomisos no están vigilando que estas
operaciones se hagan con total y absoluta transparencia. Por
un mundo sin hambre: ¡reforma agraria ya!.
(La Jornada Meter Rosset , p. web) Madrid.
El Foro Mundo para la Reforma Agraria llevado a cabo del 5 al 8 de
diciembre, en Valencia, España, superó las expectativas en términos
de la participación de los movimientos sociales de base y otros
actores, de avances reales en el análisis, y de un sentido renovado
de compromiso para obligar a que el tema de la reforma agraria vuelva
nuevamente al centro del debate político sobre el futuro de las áreas
rurales en el mundo. Se
congregaron más de 500 delegados y delegadas de 68 países de cinco
continentes, incluyendo 13 países europeos, 20 países de Africa, 18
de América latina, 2 de Norteamérica, 16 de Asia, y uno de Oceanía.
Cincuenta y seis por ciento eran hombres y 44 por ciento mujeres, y
bastante más de la mitad provinieron de organizaciones de campesinos,
de pequeños agricultores, de pueblos indígenas, de los sin tierra,
de los habitantes del bosque y de pescadores. Si
se pudiera describir el foro en una sola palabra sería: movilizador.
Los delegados fueron prácticamente unánimes en su convicción de que
la magnitud del problema global de los sin tierra y de la exclusión
del acceso a los recursos naturales es tan grande que solamente con la
"politización" de la problemática, conduciendo a una
movilización social masiva, se tendría la esperanza de encontrar
soluciones. Delegados y delegadas se fueron con el compromiso renovado
de construir esa movilización. La presencia de casi 100 delegados de
Vía Campesina, la alianza global de movimientos rurales, fuerza clave
detrás de la Campaña Global para la Reforma Agraria, contribuyó a
imprimir el sello de la movilización en el foro. El
consenso que emergió de los paneles plenarios -donde la mayoría de
los ponentes provinieron de los movimientos de base- y de los
numerosos talleres es que la crisis global que afecta a las áreas
rurales se puede entender principalmente como choque de modelos de la
agricultura, de los sistemas de alimentación y del desarrollo rural,
y que se debe tratar como tal. La declaración borrador emitida en el
foro -abierta a quienes la quieran suscribir (disponible en el sitio
web del foro)- dice en parte: Se
comparte la convicción de que la expansión incontrolada del modelo
dominante, impulsada por las políticas agrarias del Banco Mundial
(BM), las políticas de libre comercio de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), así como por los acuerdos comerciales regionales y
bilaterales, está socavando nuestra esperanza del modelo de la pequeña
granja, que evidentemente es el mejor. La buena noticia es que los
movimientos campesinos, de pequeños agricultores, de los sin tierra y
los indígenas están más vivos, mejor organizados y más
sofisticados de lo que han estado en mucho tiempo; están en plena
resistencia al modelo dominante y se están juntando para construir
alianzas políticas con grupos de consumidores, de pobladores, de la
iglesia, de derechos humanos y ambientales, para presionar en favor de
políticas integrales de soberanía alimentaria que comienzan con una
reforma agraria verdadera y con un freno a la liberalización
comercial indiscriminada para los productos agrícolas. En
el pronunciamiento final, los signatarios reivindican que la OMC salga
del sector de la alimentación y la agricultura, apelan a una reforma
agraria verdadera, denuncian las políticas de la privatización de la
tierra del BM, exigen el cese de la violencia contra las
organizaciones campesinas y los pueblos indígenas, inspirada por los
terratenientes y corporaciones, por haber defendido las actuales
ocupaciones de tierras y otros procesos de la reforma agraria, y por
trabajar juntos para construir ejemplos locales y nacionales exitosos
de soberanía alimentaria. Está muy claro que la lucha comenzó hace
mucho tiempo, pero que este foro ha servido de "trampolín",
que ha dado a los movimientos un nuevo empuje por el hecho de haber
avanzado conjuntamente en el análisis de la elaboración de
estrategias. *Investigador
del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y
coordinador de la Red de Investigación-Acción sobre la Tierra que
coauspició el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria La
legislación sobre transgénicos arremete a campesinos: AMC.
(La
Jornada, José Galán, p.7A). La
aprobación de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM) por parte de los diputados federales dejó en la
indefensión a consumidores y agricultores, al mantener lagunas
legales como en los casos de la etiquetación de los productos y la
separación de semillas transgénicas de semillas naturales, afirmó
Octavio Paredes López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC). Sostuvo
que el proceso de etiquetación constituye un requisito ético que
debió imponerse a las empresas trasnacionales que manejan los OGM, y
que deben advertir a los consumidores o agricultores en la etiqueta
que sus productos son transgénicos, sean producidos en México o
importados. Consideró,
además, que esa información es indispensable para mantener control
sobre la influencia de los transgénicos en los llamados productos
naturales, y dijo que la comunidad científica del país estará muy
atenta sobre el uso y manejo de los organismos genéticamente
modificados, y consideró importante que los productos naturales y
transgénicos sean manejados de manera separada. "Quizá una de
las maneras de introducir productos transgénicos extranjeros en México
sea que lleguen molidos, para que no se mezclen con productos
naturales", dijo. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de que
México impulse la creación de bancos de germoplasma de las
variedades vegetales que constituyen "nuestra enorme
biodiversidad". En este sentido, reveló que sólo 50 por ciento
de las especies están incluidas en los "escasos" bancos de
germoplasma instalados en nuestro país. "A partir de ahora, es
un hecho que los mexicanos deberán proteger con cuidado las especies
naturales, la gran biodiversidad que existe aquí, y trabajar con el
respaldo decidido de las autoridades en el mejoramiento de semillas y
en los estudios científicos para fortalecer e impulsar las semillas
naturales", agregó. COAHUILA Firme,
el proyecto para terminar de suburbanos.
(El Siglo de Torreón,
Yolanda Ríos, p. web) TORREÓN,
COAH.- El Municipio sigue firme en el proyecto de construcción de la
terminal para camiones suburbanos y “y si no se hace en Megabastos
La Jolla, se hará en otros terrenos del oriente de la ciudad que son
municipales”, afirma el secretario del Ayuntamiento Alfonso Tafoya. Señala
que independientemente de la situación legal que guarden las 145 hectáreas
proyectadas para la construcción de la central de Abastos y la
terminal camionera en el ejido de referencia, no se modificará en lo
general el proyecto de modernización del transporte, enmarcado en el
programa Trans-Siglo. A
nombre del Núcleo de Población Ejidal denominado La Joya y con
representación sustituta, Jesús Gurrola Muñoz presentó y le fue
admitida una demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en La
Laguna contra el Ayuntamiento de Torreón, el Congreso del Estado, el
Magistrado del Tribunal Agrario del Distrito Seis y el Registro Público
de la Propiedad por Despojo y Ocupación Ilegal de 145 hectáreas que
supuestamente no han sido pagadas a los 270 ejidatarios que integran
ese Núcleo. Alfonso
Tafoya destaca que Megabastos la Jolla es un proyecto de particulares
y en donde el Municipio únicamente iba a construir la terminal de
camiones sobre una superficie de aproximadamente diez mil metros
cuadrados, “de ahí en más nos deslindamos y analizaremos la
situación jurídica a fin de establecer la posible injerencia o
responsabilidad que se tenga en esa demanda de los ejidatarios. Independientemente
de la demanda de Amparo, las condiciones de la Demanda de Garantías y
la forma como se pudiera solucionar este conflicto entre el grupo
empresarial representado por Federico Obeso Anaya, “la prioridad
para nosotros es seguir los tiempos del proyecto de construcción para
darle servicio a cuando menos seis líneas de camiones suburbanos que
entran a Torreón por el lado oriente, principalmente procedentes de
Matamoros. El
secretario del Ayuntamiento se refiere al terreno disponible ubicado
en la calzada Francisco Sarabia entre las avenidas Juárez y Allende,
donde sería viable crear esta estación y para lo cual sólo se harían
“algunos ajustes” para efectuar la fase de transbordo a camiones
urbanos, de las personas que vengan del oriente y que su destino sea
el poniente de la ciudad. El
proyecto es comenzar la construcción de la terminal suburbana más o
menos en el mes de febrero y en un lapso no mayor de seis meses
comenzar con la salida de las líneas suburbanas del bulevar Revolución,
previo consenso con las organizaciones del transporte y se continuará
entonces con la modernización del bulevar. Para
el programa Trans-Siglo que abarca varias etapas, el Municipio de
Torreón contempla un proyecto de inversión estimado en el orden de
37 millones de pesos. Niegan
adeudo con ejidatarios
El
titular del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas
Territoriales (Coproder), Roberto Natera Hernández, asegura que no se
les adeuda nada a los ejidatarios de La Joya por concepto de
indemnización correspondiente a las 145 hectáreas que se expropiaron
a favor del Municipio de Torreón en agosto de 1996 y cuyo decreto se
ejecutó en agosto de 1997. Asegura
que el Coproder tiene el acta de posición y deslinde firmada por las
autoridades ejidales y el juez auxiliar de entonces, así como los
miembros del Consejo de Vigilancia que valida el predio expropiado y a
favor de quienes se pagaron 12 millones 173 mil 588 pesos al ejido. Dice
que el pago fue validado en su momento por la Secretaría de la
Reforma Agraria y el finiquito de expropiación e indemnización se
concretó durante la administración de Jorge Zermeño Infante. De
cierto la expropiación se hizo en un principio bajo el concepto de
“causa de utilidad pública “pero posteriormente se le hizo el
cambio de uso de suelo, de manera que ahora es comercial”. Roberto
Natera Hernández manifiesta además que el empresario, Federico
Obeso, quien forma parte del grupo empresarial que impulsa el proyecto
de Megabastos, celebró con el Coproder “un convenio de asociación
en participación al igual que la empresa Desarrollos Habitacionales
de México y el Cabildo le dio validez a este documento en 1997, e
hizo lo propio en esa fecha el Congreso del Estado al ratificarlo. Logran
diputados 160 mdp para el campo.
(El Universal, Lourdes Martínez, p. ). Toluca
, Méx.- Después de 144 horas de en estar huelga de hambre para
exigir incremento al presupuesto agropecuario, los diputados
perredistas Federico del Valle Miranda y Basilio Ávila Loza
terminaron su protesta luego de que el Congreso local acordó aprobar
160 millones de pesos adicionales al presupuesto del campo. Federico
del Valle Miranda, integrante de la Comisión de Desarrollo
Agropecuario, refirió que para garantizar que todos los recursos al
sector agropecuario se apliquen con claridad, se trabaja en una
iniciativa de ley mediante la cual buscará sancionar a los
funcionarios públicos que retengan los recursos para este sector. Los
legisladores iniciaron su huelga de hambre desde el pasado jueves. "Me
siento satisfecho con la lucha que hemos dado, quizá no con los
resultados deseados; sin embargo, lo rescatable es que a partir de
enero iniciaremos una serie de reuniones con grupos campesinos, del
sector agrícola, pecuario y forestal, para impulsar acciones y
medidas permanentes a favor del sector, privilegiando lo que tenemos
en común", señaló Del Valle. Denuncian
que la SCT no ha pagado tierras afectadas por la Autopista del Sol.
(El Sur, Karina Contreras, p. web). Los
predios fueron invadidos de forma ilegal por la Secretaría, y hace
mes y medio el Tribunal Unitario Agrario ordenó que los liquidara o
que los restituyera a los ejidatarios, pero no lo ha hecho, se quejan Autoridades
ejidales de comunidades que conforman la Ruta del Sol exigieron a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que les pague las
tierras que invadió ilegalmente para construir la Autopista del Sol,
como lo ordenó hace mes y medio el magistrado del Tribunal Unitario
Agrario (TUA) número 41, Juan Rodolfo Lara Orozco. En
conferencia de prensa en el café Astoria, los representantes de los
pueblos que conforman la Ruta del Sol, del municipio de Acapulco,
advirtieron que si no hay respuesta para el próximo miércoles tomarán
la caseta de cobro de La Venta, para que los visitantes pasen gratis. El
presidente del Consejo Consultivo de Comisarios Ejidales y Bienes
Comunales del Municipio de Acapulco, Mario Cortés Godínez, a nombre
de los pueblos afectados acusó a la SCT de incumplir con el acuerdo
para indemnizar a los campesinos, a quienes despojó de 120 hectáreas,
de nueve ejidos. Señaló
que la SCT tiene 10 años de retrasar el pago, aun cuando hace mes y
medio el TUA resolvió que las tierras pertenecen a los ejidatarios y
ordenó a la dependencia pagar el adeudo o regresar los predios. Cortés
Godínez manifestó que hay desinterés de los tres ámbitos de
gobierno en el problema, por lo que los campesinos han acordado que el
próximo miércoles tomarán la caseta de cobro de La Venta, “lo
cual sin duda afectará gravemente al puerto y a los inversionistas de
la autopista, pero la SCT no deja otro camino”. Explicó
que la medida consistirá en dejar pasar a los usuarios sin que paguen
por el uso de la autopista, por lo que las autoridades de la Secretaría
tienen estos días para dar una solución. Advirtió
que no permitirán más engaños del abogado legal de la SCT, Irving
Denustano Chimal Ramírez, y que cuando quiera dialogar debe ir con
una solución definitiva en la mano. Mientras
que el regidor perredista José Refugio Chamú acusó a la SCT de
tener mala voluntad y aprovecharse de la buena fe de los campesinos,
pues aunque ya tenían un acuerdo de pagarles las 120 hectáreas no lo
han hecho. En
la conferencia estuvieron las autoridades de Ejido Nuevo, Sabanillas,
Dos Arroyos, Altos del Camarón, Agua de Perro, San Martín Jovero,
Kilómetro 21 y Los Órganos, acompañados de unas 30 personas. Minera
San Xavier ignora un mandato legal en San Luis Potosí. (La
Jornada, Nota Informativa, p. 1). La
compañía Minera San Xavier inició el uso de explosivos en el
municipio de Cerro de San Pedro como parte de su proyecto minero-metalúrgico.
La
decisión de la minera de iniciar el uso de explosivos resultaría
contraria de las suspensiones judiciales que han otorgado jueces
federales en tres juicios iniciados por los ejidatarios con los que
pretenden recuperar su propiedad. Las
suspensiones fueron concedidas contra actos de despojo y destrucción
del entorno ejidal, aunque fueron violadas estas garantías cuando la
Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó a la empresa el permiso
para la compra y uso de explosivos. Además,
al emplear explosivos, la empresa violó también la decisión del
Tribunal Unitario Agrario, el cual había ordenado acatar una
sentencia, derivada de un juicio de amparo que determinó la
ilegalidad del arrendamiento de las 290 hectáreas que ocupa la minera
en San Luis Potosí, en razón de que el contrato suscrito en marzo de
1997 es ilegal, pues se llevó a cabo por parte de un grupo de
personas que no posee los derechos del ejido ni la representación de
los campesinos. El
pasado 11 de diciembre, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier
había sostenido que con esa decisión del tribunal agrario, el
proyecto de la empresa trasnacional estaba "muerto jurídicamente".
Dicho
Frente también había advertido en esa ocasión que el titular de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas
es "un apologista del delito", por "azuzar"a los
propietarios de la minera a empezar a operar cuando ellos lo
decidieran, sin tomar en cuenta las resoluciones en favor de los
ejidatarios. Miguel
Angel Montoya, integrante del Frente Amplio Opositor había señalado
que una vez dictada la sentencia del tribunal agrario, lo que procedía
era, incluso, iniciar un juicio de desalojo. Con
dinamita, San Xavier pelea por el oro potosino
(Diariomonitor, Norma Pensamiento, p. 1). Con
el visto bueno del secretario de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas Jiménez,
y pese a los fallos judiciales que impiden su operación, el martes
pasado Minera San Xavier comenzó a utilizar explosivos en Cerro de
San Pedro, San Luis Potosí, detonaciones que sirven para preparar los
terrenos donde
explotarán oro y plata. El sitio que comenzó a dinamitarse
corresponde a la zona de patios de lixiviación de la minera, cerca de
la Villa Histórica de Cerro San Pedro, al su-reste del municipio. Aunque
existe una suspensión establecida por el Poder Judicial, en la que
determina que “las cosas se mantengan en el estado en que se
encuentran” a fin de evitar cambios al uso de
suelo agrícola, la minera decidió avanzar con su proyecto. Tras
enterarse del inicio de las detonaciones, diputados federales del PRD
exigieron la inmediata cancelación de los trabajos de la empresa.
Eliana García exigió a las autoridades “el deslinde de
responsabilidades de quienes autorizaron la detonación”. Fonatur,
el mayor deudor moroso del municipio: alcalde de Cancún. (La
Jornada, Mireya Cuéllar, p. 3 ). La
operación entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y
Golf & Resorts -mediante la cual el primero entregó un terreno de
377.8 hectáreas en 71 pesos el metro cuadrado, cuando su valor
catastral es de mil 750 pesos- es ''una transa'' porque ''nadie puede
vender un terreno en ese precio en la zona hotelera de Cancún para
construir campos de golf, si no hay un negocio bajo la mesa'', señaló
el presidente municipal de Benito Juárez -nombre oficial de Cancún-,
Carlos Canabal Ruiz, quien apuntó que las actitudes que ha tenido con
el municipio el director general del fondo, John McCarthy, son las de
''un deudor moroso''. Carlos
Canabal informó -en una entrevista vía telefónica- que este viernes
harán un requerimiento a Fonatur para que pague 295 millones de pesos
de impuesto sobre adquisición de bienes (ISAB) -por traslado de
dominio-, dado que en los últimos días un representante del
organismo se presentó ante la tesorería y sólo depositó 5 millones
de pesos por ese concepto. Apuntó que sobre el predio se están
abriendo brechas y realizando obras sin los permisos de construcción
correspondientes, porque ''como vino Vicente Fox a la inauguración
dicen que el proyecto (Riviera Cancún) es del Presidente''. El
terreno está ''en el corazón de la zona hotelera, ¿cuál breña? Es
una vacilada decir que son terrenos en breña; tiene todos los
servicios, colinda con el club Med... ciertamente los empresarios que
lo adquirieron le van a tener que invertir 74 millones de dólares en
las adecuaciones para los campos de golf y las vialidades internas,
pero cuando lo comercialicen tendrán un negocio de mil millones de dólares.
Si yo hubiera sabido que lo estaban vendiendo a 70 pesos el metro
cuadrado, pues con mi aguinaldo les compro cuando menos dos mil
metros. Si uno quiere comprar un terreno en esa zona le piden 550 dólares
por metro cuadrado, porque eso es lo que vale''. Recordó
que la relación entre la presidencia municipal de Benito Juárez y
McCarthy ha sido muy difícil, porque Fonatur ''hace negocios
sangrando al municipio''. En los últimos años, explicó, el fondo ha
comprado terrenos ejidales en 20 dólares el metro cuadrado, les ha
invertido otros 20 al fraccionarlos y los vende en 180 dólares sin
pagar impuesto predial, pero eso sí, le entrega al municipio sus tres
o cuatro manzanas nuevas anualmente para que se les den servicios de
recolección de basura, de alumbrado público, de agua. Y el municipio
no puede decir ''no te las acepto''. Según
el alcalde Canabal Ruiz -quien se quedó a cargo del municipio cuando
Juan Ignacio García Zalvidea pidió licencia para ser candidato a
gobernador-, McCarthy es el ''deudor moroso'' más importante del
municipio en materia de impuesto predial, después de la empresa que
administra el aeropuerto de Cancún. ''Fonatur debe 600 millones de
pesos de predial de los últimos cinco años, y el aeropuerto 500
millones''. Narró
que para no pagar predial el director de Fonatur se ampara en una
carta de hace más de seis años, en la que el presidente municipal de
entonces le condonaba al fondo el pago, cosa que ningún alcalde puede
hacer; no tiene facultades para ello. Pero esa carta ha sido usada por
el titular de Fonatur para no pagar y ''es lamentable que le carguen
todo al municipio''. Hendricks
pedirá cuentas.
(LaJornada,
Javier Chávez, p. 7) Chetumal,
QR, 15 de diciembre. El gobernador Joaquín Hendricks Díaz afirmó
que, por el bien de todos, la Federación tiene que detallar la forma
en que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió el
predio de 377.8 hectáreas en la zona hotelera de Cancún, y así
acabar de tajo con tantas especulaciones. Hendricks
anunció que solicitará a las instancias correspondientes detalles de
la venta del terreno que se hizo en 71 pesos el metro cuadrado, y que
concretó el titular del Fonatur, John McCarthy, en la zona hotelera
de Cancún. "Este
asunto requiere de toda nuestra atención, pero más que especular lo
importante será que hagamos las gestiones correspondientes para que
se nos brinde información", señaló. Dijo
que si se cierran las puertas de algunas instancias para dotar de la
información sobre la compraventa, se abren otras, ya que lo que se
busca es la verdad. "Hay órganos de control del gobierno federal
que pueden participar en la investigación para dejar en claro las
cosas." Legitimó
Semarnat la destrucción de manglares.
(La
Jornada, Angélica Enciso, p. 5). Para
legitimar la ampliación del desarrollo turístico Riviera Cancún,
que prevé destruir 264 hectáreas de manglares, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) modificó el 7 de mayo
la norma oficial mexicana (NOM) 022, pese al rechazo de especialistas
que advirtieron de numerosos riesgos ambientales por la destrucción
de esos ecosistemas. La
elaboración de la norma original se llevó siete años de trabajo de
investigadores y fue publicada el 10 de abril de 2003; fue considerada
como un gran avance en la conservación ambiental y las modificaciones
cancelaron ese logro, señalan análisis de las organizaciones
Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Defenders
of Wildlife. Por
las múltiples afectaciones ambientales y violaciones a diversas
leyes, el desarrollo fue rechazado en marzo de 2000 por la Semarnat,
dependencia que ignoró esas omisiones el 23 de febrero de este año,
cuando le dio luz verde. El
proyecto, promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), y desarrollado por la empresa Golf & Resorts, considera
la construcción de un campo de golf profesional de 36 hoyos con dos
pistas, casa club, un fraccionamiento para uso turístico, hotelero y
residencial, y un club de playa en un área de 377 hectáreas; todo
esto a partir de la destrucción de 264 hectáreas de manglares. Decisión
de Cárdenas Jiménez El
titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez, decidió la
modificación de la normatividad, ya que detenía inversiones por 500
millones de dólares, pero Semarnat ignoró que los manglares
proporcionan al país beneficios con un valor de alrededor de 14 mil
850 millones de dólares al año, al coadyuvar en materia ambiental a
la pesca, señala el análisis de las organizaciones. Además,
los manglares constituyen una barrera contra la erosión y protegen a
la población de huracanes y tormentas, amén de que actúan como zona
de amortiguamiento y resguardo. El
7 de mayo de este año, en el Diario Oficial y sin consulta pública
de por medio -contra lo que establece la legislación ambiental-, se
agregó un párrafo a la norma 022 para establecer que con el pago de
una compensación se pueden ignorar todas las restricciones y
prohibiciones que esta regulación contiene en cuanto a la construcción
de una obra o el desarrollo de alguna actividad productiva. El
agregado a la norma 022 es el siguiente: ''La prohibición de obras y
actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 4.22, y los límites
establecidos en los numerales 4.14 y 4.16, podrán exceptuarse siempre
que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto
ambiental, según sea el caso, se establezcan medidas de compensación
en beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio
de uso de suelo correspondiente''. De
acuerdo con Cemda, Greenpeace y Defenders of Wildlife, con esta adición
se legalizan todos los proyectos que impliquen arrasar con los
manglares en el país, los cuales ya tienen una tasa de desaparición
anual de 9 mil 913 hectáreas. Con
este cambio a la normatividad, la Semarnat violó los procedimientos
establecidos en las leyes Federal de Procedimiento Administrativo, ya
que no presentó un anteproyecto; Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y su reglamento, al no publicar
el anteproyecto del acuerdo, y la Federal sobre Metrología y
Normalización, al no llevar a cabo el procedimiento previsto para las
modificaciones de una NOM. Las
agrupaciones advierten que los beneficiarios con el cambio a la
normatividad son los promoventes del proyecto, y como evidencia de
esto se refieren a un correo electrónico que envió el ingeniero
Aurelio Ahumada, director corporativo de Grupo Eco Red a los
inversionistas, donde se destaca que ''hemos concluido exitosamente la
modificación a la norma 022... la Semarnat tomó como base las
propuestas y las soluciones técnicas y legales que le dimos nosotros
al proyecto de Costa Cancún... la modificación significa mucho mayor
certeza jurídica para el proyecto autorizado y por supuesto para la
inversión requerida''. Pedirá
el Senado la comparecencia de Elizondo y MacCarthy por el caso Cancún.
(La Jornada,
Andrea Becerril, p. 6 ). La
Comisión de Turismo del Senado mantiene especial atención en el caso
de los terrenos de Cancún que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) vendió por debajo de su costo a la empresa Golf &
Resorts, y pese a que hay receso en esa cámara del Congreso, la mayoría
de los legisladores insistirán en que las autoridades involucradas
les proporcionen toda la información requerida sobre las características
de esa operación. El
senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Ovando
Martínez dijo que pidió al presidente de esa Comisión de Turismo,
el panista Rómulo Campuzano, que solicite tanto al titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Rodolfo Elizondo, como al director
general de Fonatur, John McCarthy, un expediente completo sobre el
desarrollo del proyecto Riviera Cancún, dadas las irregularidades e
ilegalidades que han salido a relucir. Ello,
previo a una comparecencia que a principio de año pedirán tanto del
secretario de Turismo como del director de Fonatur, precisó el
senador priísta por Quintana Roo. Expresó asimismo que no tienen
sustento ni validez las declaraciones de Elizondo en el sentido de que
la operación se dio en esos términos para desarrollar el turismo en
la región. ''No
es válido ese argumento, porque inclusive en Cancún se ha hablado en
los últimos años de una moratoria en construcción de cuartos de
hotel, porque ya hay más de 26 mil habitaciones para gran turismo.''
Por ello, agregó, ''es un argumento baladí que no tiene sustento.
Cancún ya no requiere ese trato de tiempos pasados, cuando se daban
terrenos a precios cómodos a los inversionistas para que llevaran sus
capitales; eso podrá hacerse ahora en otras partes del país, no en
Quintana Roo, donde hay ya un desarrollo turístico. Por eso no
creemos que haya sido una operación lícita la que Fonatur pactó con
Golf & Resorts''. Lo
que debe hacer Fonatur es sacar el mayor beneficio de sus activos, a
fin de lograr desarrollos turísticos en toda la República, ya no en
Cancún, insistió. El
senador priísta dijo que tienen noticias de que el organismo pretende
retirar el servicio de mantenimiento que presta en la zona hotelera de
Cancún, con el argumento de que carece de recursos, ''pese a que
estamos viendo el patrimonio que tiene''. Hizo
notar que debe investigarse el permiso que el municipio Benito Juárez
dio para el cambio de uso del suelo necesario para echar a andar el
proyecto Riviera Cancún, pues pese a que es su facultad tiene que
quedar claro si actuó con responsabilidad, lejos de toda sospecha de
la corrupción que se quiere erradicar de Quintana Roo. Ovando
precisó que pese a que el periodo de sesiones acaba de concluir en el
Senado, los integrantes de la Comisión de Turismo van a laborar la próxima
semana, ya con la información sobre el proyecto, para poder definir
la estrategia que seguirán. Prepara
PRD denuncia contra McCarthy.
(La Jornada,
Roberto Garduño, p. 7 ). El
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) violó el artículo 20
de la Ley General de Bienes Nacionales al no licitar la venta de
terrenos turísticos en Cancún, área protegida por el régimen de
dominio público de la Federación, determina un análisis elaborado
en la fracción del PRD en la Cámara de Diputados a raíz de la
información publicada en este diario. Arturo
Nahle, legislador y abogado de la bancada del PRD, advirtió que John
McCarthy, director de Fonatur, y la Secretaría de la Función Pública
-en este caso quien resulte responsable- pueden ser sujetos de
procedimientos penales y administrativos. El primero carece de fuero
constitucional, razón por la cual se le puede fincar proceso judicial
a través de una denuncia de la PGR. También
Miguel Alonso Raya, integrante de esa bancada, dio a conocer la
elaboración de una denuncia penal contra McCarthy y quien resulte
responsable por "dilapidar los bienes nacionales". El
análisis jurídico advierte que la Ley General de Bienes Nacionales
está vigente desde el 20 de mayo de 2004, y en el artículo tercero
fracción cuarta se establece que son bienes nacionales los muebles e
inmuebles propiedad (a disposición) de las entidades de la
administración pública federal, como es en este caso Fonatur. Aún
más importante resulta lo dispuesto en el artículo sexto, que
establece que están sujetos al régimen de dominio público de la
Federación los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de
los organismos descentralizados de carácter federal. Por
tal razón, los inmuebles a disposición de Fonatur son bienes
nacionales sujetos al régimen de dominio público, y para disponer de
ellos se establece una serie de requisitos, procedimientos y
limitantes que todo indica que no fueron respetados totalmente por
Fonatur en el caso de las enajenaciones de 377.8 hectáreas vendidas
en Cancún. Por
tanto, el artículo 20 de la ley manifiesta que los actos jurídicos
mediante los cuales se enajenen los inmuebles federales o los
pertenecientes a las entidades no deberán contravenir los
ordenamientos de licitación, y en caso contrario, "todos los
actos que se realicen en contradicción a lo que establece la Ley
General de Bienes Nacionales serán nulos". El
legislador expuso que la ley establece la creación de un Comité del
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, integrado por el
secretario de Hacienda y representantes encargados de administrar
inmuebles, cuyas facultades son vigilar que se haga un uso adecuado y
apegado a la normatividad de todos los bienes muebles e inmuebles que
constituyen el patrimonio nacional. Prevalecen
conflictos por límites territoriales en Ciudad Mendoza. (El Sol de México, Francisco
Hernández, p.6B) Ciudad
Mendoza, Ver. Las disputas por la delimitación de terrenos, continúan
siendo las primeras causas de conflictos entre los habitantes de la
Congregación La Cuesta, por lo que es necesario que las autoridades
del ramo intervengan para que de esta forma se puedan evitar
enfrentamientos, manifestó el juez auxiliar de esta comunidad,
Francisco González Salvador. Comentó
que los conflictos más preocupantes son los que se registran ente los
vecinos de la Cuesta y de la colonia la Mesita que desde siempre han
sostenido problemas políticos toda ves que mientras los primeros
pertenecen al PRI, los otros militan en el PRD.
DICIEMBRE
FELIZ
NUEVA
LEY DE BIODIVERSIDAD
EN
CENTROAMERICA
Los viajes de Gulliver Helioflores
Aspirantes a la Presidencia Efrén
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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El
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