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  Las notas que se 
            reproducen a continuación OPINIÓN SECTOR AGRARIO RECHAZA SALAZAR ADAME 
          QUE INCUMPLAN CON ACUERDO AGRARIO ...  
             EXHORTA ESPECIALISTA A 
          REUBICAR CINCO DE LOS 33 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN MONTES AZULES ...  
            
           ORGANIZACIONES CAMPESINAS APOYAN ORGANISMOS 
          CAMPESINOS EL LLAMADO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA ...  
            
           ESTADOS CHIAPAS ADVIERTEN BROTES DE 
          VIOLENCIA EN CHIAPAS ...  
             ESTADO DE MÉXICO SE EVITARÁN 
          ASENTAMIENTOS IRREGULARES ...  
             COLONOS DE METEPEC 
          ACUSAN A BANORTE DE INTENTO DE DESPOJO ...  
            
           HIDALGO NUEVO LEÓN ALCALDE Y SU SUCESOR 
          QUIEREN DESPOJAR A EJIDATARIOS DE NL ...  
             
          VANGUARDIA POLÍTICA *Para "limpiar la casa", se plantean cambios hasta en el PAN Ya son varias las semanas en que se viene manejando desde los círculos de Los Pinos la posibilidad de los cambios en el "gabinetazo", y de hecho, el único que se salva de ser removido es el secretario de Gobernación Santiago Creel. De ahí en fuera, mucho se habla que en la semana que inicia veremos los primeros estratégicos movimientos. De quienes más se ha hablado son del vocero presidencial Rodolfo Elizondo Torres, y el secretario particular del presidente, Alfonso Durazo. En un inicio se mencionó que lo que se haría con estos personajes es simplemente un intercambio, es decir, el sonorense a Comunicación Social y el de Durango a la secretaría particular, pero al parecer, tanto se han llegado a complicar las cosas en el equipo presidencial, que es de esperarse prácticamente una andanada de relevos en los que estarían contempladas las secretarías de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Pedro Cerisola; la de la Reforma Agraria, con el expriísta y latente aspirante a la candidatura del PAN al gobierno de Guerrero, Florencio Salazar Adame; la Semarnat, cuyo titular Víctor Lichtinger ha dicho que no tiene planes de irse; la Secretaría de Energía, de Ernesto Martens, y hay quienes no descartan la Secretaría de Salud, al frente de la cual está Julio Frenk Mora. También se ha hablado de la Secretaría de Turismo para que la conocida "Miss Jaffra", Bertha Leticia Navarro, regrese a eso del mundo del maquillaje, y no precisamente de cifras. En los corrillos políticos, sin embargo, se maneja otra versión, en el sentido de que no sería en la presente semana cuando se dieran los primeros movimientos -aunque no hay que descartarlo-, sino hasta los primeros días de agosto -ya falta muy poco, de todas maneras- una vez que la comisión que creara el presidente para analizar el proceso electoral del pasado 6 de julio y la debacle que sufrieran panistas y foxistas, informe de sus conclusiones. En este sentido, los cambios, que están a la vuelta de la esquina, responderían a una estrategia que permita el replanteamiento del actual gobierno para revisar acciones y corregir fallas justo en la mitad de su azaroso camino. Y en 
          esta estrategia que bien pudiéramos llamar de "limpiar la casa" no 
          podía estar exento, desde luego, el PAN, por lo que las miradas se 
          dirigen al dirigente nacional albiazul Luis Felipe Bravo Mena 
           
          XALATLACO: FOCO ROJO 
          Xalatlaco entra como foco rojo en la geografía política nacional. Se 
          suma a Montes Azules en Chiapas, San Salvador Atenco en el Estado de 
          México y los Chimalapas en Oaxaca, es un ejemplo más de que el 
          gobierno no actúa ni toma cartas en el asunto hasta que el conflicto 
          se les sale de las manos y la violencia estalla. Mucho de conflicto 
          ecológico existe. Es un juicio agrario de una región boscosa y húmeda 
          dentro del Valle de México, en los límites del Estado de México y el 
          Distrito Federal, en la región del Ajusco. Es un viejo conflicto, como 
          hay muchos en el país de indefinición de la tenencia de la tierra. 
          Tenía la fortuna de estarse conduciendo bajo los caminos legales, pero 
          una precipitación del gobierno del Distrito Federal violentó el 
          conflicto y ahora se ve lejana su resolución. El diálogo fue olvidado, 
          y la violencia se convirtió aparentemente en un medio para resolver el 
          conflicto. En este conflicto de tierras imperaba el camino de las 
          instituciones jurídicas y el diálogo. Las pruebas de paciencia de 
          parte de las poblaciones reclamantes, de derechos agrarios, son más de 
          50 años. Este tiempo puede cuestionarse, pero la paz existía. Hay 
          muchos involucrados en el conflicto, el gobierno federal, los 
          gobiernos estatales del Estado de México y del Distrito Federal, y la 
          misma autoridad municipal de Xalatlaco. Además los Tribunales Agrarios 
          y también la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
          Es importante que todas las partes unan esfuerzos y resuelvan este 
          conflicto por la vía del diálogo, de otra manera estaremos observando 
          uno más de los focos rojos que existen en el país que lejos de 
          resolverse se enredan y dañan con esto a la ecología. Y ya para 
          terminar... La semana pasada abordamos aquí el tema de los Chimalapas 
          en Oaxaca, un avance se dio ya esta semana entorno a este conflicto. 
          Comuneros de Santa María Chimalapa aceptaron la instalación de una 
          mesa de negociación con los habitantes de la Colonia Cuauhtémoc para 
          poner fin al conflicto agrario. Las pláticas comenzarán esta semana 
          con la presencia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, 
          Florencio Salazar y del gobernador del estado de Oaxaca, José Murat. 
          Es importante señalar que a las reuniones acudirán también miembros de 
          la sociedad civil.  
          LAS GUERRAS DE LA POBREZA Son 
          desplazados, perseguidos, vecinos. Hombres y mujeres, en su mayoría 
          indígenas, que comparten una zona geográfica por viejos conflictos de 
          límites y propiedad de la tierra. Están en 14 puntos del país: 
          Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, Sonora y Michoacán. Por su 
          gravedad –la violencia es una constante-, el estado ha intervenido 
          para solucionar las diferencias, aunque con resultados magros por el 
          momento. Todos ellos tienen una coincidencia común. Están unidos por 
          un mismo hilo conductos: con pobres. RECHAZA SALAZAR ADAME 
          QUE INCUMPLAN CON ACUERDO AGRARIO El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, rechazó tajante el incumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo al asegurar que se han obtenido resultados concretos en cada uno de los puntos estipulados en el documento. Detalló el funcionario que el retraso de la liberación de los recursos se debió a que la revisión y análisis que demandaron las propias organizaciones campesinas en las reglas de operación, dilató su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a diferencia del año pasado en lo que hicieron exclusivamente las autoridades. En otro orden de ideas, el titular de la SRA precisó que en lo sucesivo se continuará implantando mecanismos que contribuyan a resolver a la brevedad los 14 conflictos agrarios de mayor trascendencia en el país, a fin de evitar mayores retrasos y violencia en las comunidades rurales. “En lo que concierne al Procede, está a punto de concluir en estados como Querétaro, al registrarse un avance de 94 por ciento y entregarse recientemente 44 títulos de solares”, añadió. 
          Puntualizó Salazar Adame que adicionalmente fueron entregados mil 624 
          títulos de solares urbanos que beneficiaron a 12 colonias populares en 
          esa entidad. 
          
          EXHORTA ESPECIALISTA A REUBICAR CINCO DE LOS 33 ASENTAMIENTOS 
          IRREGULARES EN MONTES AZULES De las 33 comunidades asentadas irregularmente en la reserva de la biósfera de Montes Azules, cinco deben ser reubicadas de manera urgente, debido a la fragilidad ecológica de la zona y porque son "detonadoras" de conflictos sociales que si el gobierno no resuelve los habitantes lo solucionarán a su manera, señaló Ruth Jiménez, especialista de la organización Conservación Internacional (CI). La integrante de la organización no gubernamental internacional que trabaja en la lacandonia chiapaneca desde 1988, explicó que la inestabilidad en la región ha comenzado a dificultar el financiamiento. Al participar en el taller Informando sobre bosques mexicanos organizado por el Centro Internacional de Periodistas, la especialista explicó que la zona enfrenta problemas por la infraestructura mal planeada, los proyectos hidroeléctricos, la mala estructuración del turismo y el aprovechamiento anárquico de los recursos naturales. Aseveró que las comunidades irregulares en Montes Azules se empezaron a ubicar en áreas aisladas donde es difícil llevar servicios y donde además la política gubernamental actual ya estableció que no se invertirán recursos. Sin embargo, puntualizó, toda esa riqueza está rodeada de una gran pobreza de las familias y de su marginación social, porque los grandes conflictos sociales son históricos. Empezaron, indicó, cuando se dotó a los lancadones de tierras ejidales que desde 1978 son la reserva de Montes Azules. Detalló que las invasiones de tierra en esta área natural protegida ha crecido porque muchas familias han sido expulsadas de sus comunidades por problemas religiosos, pero se asientan en sitios resguardados por comunidades que se localizan a la orilla del río Lacantún, del otro lado de la reserva, y que se preguntan la razón de que lleguen otros grupos indígenas a ocupar tierras que ellos han protegido. Esta situación, precisó, es uno de los aspectos que pueden hacer detonar un mayor conflicto en el área, por lo que las localidades Arroyo San Pablo, San Rafael, San Isidro y Buen Samaritano que están en Montes Azules, más Arroyo Cristalino, en Lacantún, deben ser atendidas de inmediato por el gobierno. Las 
          otras 29 comunidades asentadas irregularmente tienen dificultades, 
          pero no son de urgente resolución, advirtió. La especialista dijo que 
          esta situación "es un problema de seguridad nacional y ya quedó 
          rebasada la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas". Para la 
          solución del conflicto se estableció una mesa de negociación, en la 
          que participan las secretarías de Medio Ambiente y Reforma Agraria, el 
          gobierno estatal y representantes indígenas.  APOYAN ORGANISMOS 
          CAMPESINOS EL LLAMADO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA Diversas organizaciones campesinas respondieron al llamado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y anunciaron que acudirán, en agosto próximo, a la reunión convocada por el grupo insurgente para discutir nuevas estrategias de lucha contra el neoliberalismo y reiterar que México requiere un cambio en su modelo económico. ''Estamos totalmente de acuerdo con el subcomandante Marcos en que lo fundamental es que todo el movimiento social del país se unifique; debemos complementarnos y no chocar en este esfuerzo'', manifestaron dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), El Barzón, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Congreso Agrario Permanente (CAP) y Central Campesina Cardenista (CCC). En 
          tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón, afirmó que 
          actualmente ninguna agrupación puede jactarse de ostentar la 
          vanguardia del movimiento social en el país. En ese sentido aseguró 
          que la convocatoria zapatista forma parte de una ''estrategia más 
          amplia'' para contener los embates del neoliberalismo, que intenta 
          resolver desde otros frentes problemas como el desempleo e impulsar un 
          cambio en la política económica y en las relaciones del gobierno con 
          sindicatos, campesinos y la sociedad en general.  CHIAPAS ADVIERTEN BROTES DE 
          VIOLENCIA EN CHIAPAS La organización ambientalista Conservación Internacional (CI) advirtió que cinco comunidades enclavadas en la selva Lacandona tendrán que ser desalojadas antes de que su permanencia en el lugar provoque nuevos hechos de violencia en el estado sureño de Chiapas. Dijo además que millones de euros destinados para la conservación de esta importante selva mexicana están en juego si no se restablece la gobernabilidad. Ruth Jiménez Cruz, representante de CI-México, señaló que los ánimos están muy tensos en las comunidades de El Buen Samaritano, Arroyo San Pablo, Arroyo Cristalina, Nuevo San Rafael y San Isidro, cuyos integrantes son considerados invasores y están amenazados con ser desalojados por los dueños de esas tierras en vista de que las autoridades de Chiapas y del gobierno federal no han querido proceder. El pueblo lacandón es propietario legítimo de 614 mil hectáreas de selva, pero ha sido objeto de invasiones que no se han detenido, con todo y que las autoridades federales y estatales se comprometieron a resguardar esos territorios para evitar la llegada de nuevos habitantes y que se cargue la factura política a estas administraciones. 
          Explicó que las comunidades nacional e internacional no están 
          dispuestas a seguir aportando impuestos ni recursos a una región que, 
          si bien necesita ser conservada, no garantiza el buen uso de ese 
          dinero por tantos conflictos internos vigentes.  SE EVITARÁN 
          ASENTAMIENTOS IRREGULARES La Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Medio Ambiente, de la procuraduría mexiquense, alertó a los 124 ayuntamientos para que redoblen su vigilancia sobre el riesgo de que se registren invasiones y fraccionamientos ilegales durante los cambios de administración, por lo cual la policía ministerial mantiene una estrecha supervisión para evitar asentamientos humanos irregulares, informó Carlos Esteban Albillo Cosío, secretario técnico jurídico de la dependencia. El funcionario explicó que la Fiscalía se mantiene en alerta toda vez que en estos meses, grupos de invasores aprovechan los cambios de autoridades municipales, programados para el próximo 18 de agosto para ocupar terrenos de manera ilegal. En los últimos meses, la organización Frente del Pueblo impulsó la ocupación ilegal del predio La Cuesta, en el municipio de Ecatepec, donde más de un centenar de familias se instaló en terrenos federales de alto riesgo propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); por este motivo se integraron tres averiguaciones previas por despojo y fraccionamiento ilegal. Mientras que la semana pasada unas 150 familias fueron desalojas de terrenos del ejido de Ampliación Ozumbilla y la Fiscalía cuenta con cuatro órdenes de aprehensión contra fraccionadores clandestinos por la venta ilegal de estos terrenos. Además 
          en el municipio de Teotihuacán, la Fiscalía investiga el delito de 
          despojo en la exhacienda La Cadena, ubicada en el poblado de Maquixco, 
          en la carretera México-Pirámides, informó Abillo Cosío.  
          
          COLONOS DE METEPEC ACUSAN A BANORTE DE INTENTO DE DESPOJO 
          Vecinos de la unidad habitacional Andrés Molina, conocida como La 
          Pilita, ubicada en este municipio, aseguraron que Banorte pretende 
          despojarlos de sus viviendas si cada uno de ellos no paga "de 
          inmediato" 60 mil pesos. Liliana García, una de la afectadas, afirmó 
          que ella y sus vecinos han solicitado la intervención del gobierno del 
          estado para impedir que la institución bancaria se apodere de las 
          viviendas donde han habitado por más de 12 años. Otros vecinos del 
          lugar dijeron que Banorte adquirió la cartera hipotecaria hace dos 
          años, al pagar 10 mil pesos por cada una de las 2 mil 130 viviendas, y 
          ahora exige a sus ocupantes cubrir por completo el crédito que 
          contrataron. Desde que la institución tomó la cartera hipotecaria, 
          señaló García, ha recibido presiones para pagar las mensualidades, y 
          Banorte "ha llegado al grado de pretender embargar" bienes de personas 
          que no se encuentran al corriente.  TENSIÓN POR PUGNA 
          AGRARIA Alrededor de 150 elementos de Seguridad Pública del estado de Hidalgo mantienen un operativo de vigilancia en la comunidad de Yolotepec, luego de que extraoficialmente se señalara que por la noche del sábado se presentó un nuevo enfrentamiento entre pobladores de este lugar y habitantes de Patria Nueva, con quien mantiene un añejo conflicto por la posesión de 180 hectáreas de tierra. Rompen negociaciones campesinos de Hidalgo que disputan terrenos Campesinos de la comunidad Yolotepec y su anexo Patria Nueva, poblados del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, rompieron las pláticas que iniciaron a propuesta del gobierno estatal referente a la disputa que sostienen por predios que abarcan unas 2 mil hectáreas. Aurelio Marín Huazo, secretario de Gobierno de Hidalgo, acudió el pasado 15 de julio a la población Julián Villagrán, vecina de Yolotepec, para invitar a los ejidatarios del lugar a reunirse con sus antagonistas de Patria Nueva, y de esta manera resolver el problema por vía pacífica. Las negociaciones continuaron la semana pasada, pero los dos grupos decidieron romper las negociaciones este sábado, por lo que se ordenó redoblar la vigilancia en los límites de ambas localidades y en los principales accesos, que conectan a la vía federal México-Laredo. El 
          conflicto surgió en 1925, por la posesión de casi 2 mil hectáreas de 
          tierras ejidales y de uso común. La pugna se reavivó días antes de las 
          elecciones del 6 de julio, cuando vecinos de Patria Nueva bloquearon 
          la carretera federal México-Laredo durante 24 horas. Los vecinos de 
          Patria Nueva reclaman la mitad de las tierras, a pesar de que son una 
          tercera parte de los 330 ejidatarios, mientras que los de Yolotepec 
          afirman que la ley les asiste y no cederán a presiones.  ALCALDE Y SU SUCESOR 
          QUIEREN DESPOJAR A EJIDATARIOS DE NL Campesinos del ejido "Boca de Refugio", en el municipio de Galeana, a unos 350 kilómetros al sur de Monterrey, denunciaron que el actual presidente municipal y el electo, respectivamente, coludidos con autoridades judiciales pretenden arrebatarles 784 hectáreas para retornarlas a antiguos dueños a quienes en 1968 se las expropió el gobierno federal. El presidente del Comisariado Ejidal, Eleazar Estrada Rodríguez, y el presidente del Consejo de Vigilancia del citado ejido, Abraham Vigil, dijeron que con escrituras apócrifas y una serie de artimañas "legaloides", Francisco y Verónica Dávila Moncada, pretenden apoderarse de esas tierras que el gobierno federal expropió al abuelo de ellos, Jesús Moncada Sánchez en 1968 y cuyo decreto presidencial tienen en su poder los más de 100 ejidatarios que habitan en "Boca de Refugio" comunidad localizada a unos 100 kilómetros de la cabecera municipal de Galeana. Los ejidatarios sostienen que el Notario Público, Arturo H. González, de la ciudad de Saltillo, se prestó para realizar escrituras apócrifas y exigen a las autoridades de Nuevo León que intervengan en el asunto, que se dictamine en justicia a favor de los campesinos que tienen su papelería en regla, de lo contrario, advierten que están dispuestos a salir a defender las tierras "a como dé lugar". Para 
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx 
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