El 2 de marzo de 1996 se realizó el Primer encuentro regional amuzgo sobre derechos y participación indígena, convocado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que tuvo como antecedente el Foro Estatal de la Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena. De esa manera se reunieron en Xochistlahuaca, Guerrero, autoridades de diversas comunidades de la etnia amuzga, así como representantes de los distintos niveles de gobierno, partidos políticos y organizaciones sociales. El encuentro, organizado en cinco mesas, sirvió para analizar los siguientes temas: "Usos y costumbres en la organización jurídica y política de los pueblos indígenas"; "Cultura indígena"; "Participación y representación política de los indígenas"; "Desarrollo y bienestar social", y "Tierra y patrimonio indígena".

De las ponencias presentadas destacaron diversas ideas que, examinadas a la luz del contexto nacional, fueron resumidas y convertidas en propuestas concretas.

En la mesa que trató los "Usos y costumbres en la organización jurídica y política de los pueblos indígenas", se propuso que las autoridades judiciales de las comunidades sean todas de ascendencia indígena: jueces, síndicos, ministerio público y policías. También se pidió la creación de una fuerza pública comunitaria, y que los presidentes municipales tomen el parecer de la población al nombrar a los agentes policiacos.

En la mesa de "Cultura indígena", las propuestas provenientes de las comunidades de Tlacochistlahuaca, Cochoapa y Xochistlahuaca se centraron en el rescate de la lengua y cultura amuzga en la educación, a fin de integrar culturalmente al pueblo amuzgo y mejorar la calidad de la enseñanza.

En este sentido, plantearon la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en el modelo educativo básico. Con ello, el primer paso es la oficialización en la entidad del alfabeto materno y brindar así a la población, desde temprana edad, una educación bilingüe, a través de medios facilitadores como libros de texto adecuados, maestros capacitados y espacios difusivos en radio y televisión, que apoyen y amplíen la integración bicultural.

Entre las propuestas más específicas, la comunidad de Cochoapa señaló, en esa misma mesa, la necesidad de reunir piezas arqueológicas para formar un museo, mientras que la de Xochistlahuaca expresó requerir un centro cultural.

Por otra parte en la mesa tres, "Participación y representación política de los indígenas", la idea de buscar el respeto mutuo entre la sociedad mexicana en general y los pueblos indígenas logró consenso.

Entre las propuestas, resaltó la de crear mecanismos para que los indígenas participen políticamente en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal; también, que se deje en sus manos la operación de recursos manejados por dependencias como el Instituto Nacional Indigenista (INI) o, en todo caso, que tengan poder de injerencia en las decisiones de este tipo de instancias y formen comisiones de vigilancia para supervisar la dirección de los recursos.

De las diversas proposiciones, se rescató la idea de democratizar el ascenso a cargos populares, a fin de que las comunidades elijan, sin imposiciones de ninguna clase, a sus dirigentes y administradores. En este sentido, cobra interés la idea de que "el sistema de cargos y tomas de decisiones... sea a través de asambleas generales y no por sistemas de partidos", vislumbrándose la inoperancia de esta clase de organizaciones políticas en las comunidades.

En la mesa de "Desarrollo y bienestar social", la conclusión general fue que para erradicar la miseria de la zona amuzga se necesita potenciar los recursos y capacidades de la población, fomentando la organización, creando instancias, mecanismos y fondos de desarrollo dirigidos por los propios indígenas, capacitando a la población y elaborando un plan integral de desarrollo regional.

Las ideas provenientes de esta mesa se fincan en la necesidad de mayor apoyo, democracia y regulación de las relaciones entre las comunidades y el Estado, emanadas de una posición indefensa —según la percepción indígena— ante las estructuras gubernamentales formales y las situaciones incontrolables, como la venta de alcohol a los indígenas, la proliferación de iglesias diferentes a la católica o la utilización de fertilizantes agroquímicos en las tierras de la región. En este sentido, se planteó la urgencia de crear una comisión regional de derechos indígenas que controle problemas como los mencionados y revitalice, a través de métodos participativos, la injerencia de los consejos de ancianos en las decisiones y acciones municipales. Específicamente se propuso modificar el Artículo 115 constitucional, en la parte que habla de los municipios, párrafo III fracción segunda, donde se agregue: "La estructura y funcionamiento de los H. Ayuntamientos estarán definidos en cada estado, de manera general por la ley respectiva. Los ayuntamientos de un estado pueden optar por organizarse conforme a esa ley general o podrán definir autónomamente su estructura organizativa y manera de su funcionamiento en una carta municipal".

También se planteó crear programas de apoyo al campo, capacitación, reforestación y la creación de un hospital para la zona amuzga.

Finalmente, en la mesa donde se abordó el tema "Tierra y patrimonio indígena", se sugirió modificar los artículos 4º y 27 constitucionales. Los indígenas amuzgos no están de acuerdo con el fin del reparto agrario y piden que el gobierno legalice su posesión en las tierras que ancestralmente les pertenecen, afectando a los terratenientes. En ese sentido, se muestran contrarios a la regularización de terrenos llevada a cabo por programas gubernamentales, toda vez que consideran como inconclusas muchas de las situaciones actuales respecto a su espacio territorial.