Núria Costa Leonardo

Resulta difícil precisar datos sobre la realidad
que viven las mujeres rurales y su aportación
a la economía campesina. No obstante, este artículo
pretende hacer un recuento de la situación que vive este
sector así como proponer la creación de instancias
que le brinden atención y contribuyan a potenciar
su participación como agentes de cambio.

La población rural vive en condiciones de pobreza superiores a la población urbana. Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden con las de mayor porcentaje de población rural lo cual repercute directamente en las condiciones de vida de la mujer campesina y singularmente en las de la mujer indígena.

Los datos del XI Censo General de Población y Vivienda nos indican que la población rural ascendía, en 1990, a 23 289 924 habitantes, lo que representaba 28% de la población total del país. Esta proporción, aunque ha descendido a lo largo de las tres últimas décadas, ha crecido en números absolutos, como podemos observarlo en el Cuadro 1.

Cuadro 1   

Fuente: INEGI, censos de población.

Si se toman como base estas cifras del último censo de población, tenemos que la población rural femenina, en l990, ascendía a 11 598 382 mujeres, lo que representaba el 49.8% del total de la población rural, de la cual 3 214 894 son mujeres indígenas entre las cuales se agudizan las condiciones de marginación (esta cifra no considera a los indígenas bilingües).

La mujer rural está incorporada a los procesos de producción junto a los de reproducción, sin contar en la mayoría de los casos con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y animales de traspatio.

En este contexto, los problemas de salud, educación y empleo adquieren características contrastantes con los de las mujeres urbanas.

Esperanza de vida

Los problemas de salud en la mujer rural se centran en el aspecto reproductivo y se agudizan por la desnutrición, el excesivo trabajo físico y la carga emocional por las precarias condiciones de servicios que incrementan su jornada y provocan enfermedades infectocontagiosas que traen consigo la mortandad infantil, lo que agudiza la presión sobre la mujer que tiene bajo su cuidado a la familia enferma, y, finalmente, el maltrato físico por violencia intrafamiliar que enfrenta en numerosas ocasiones.

Según datos de la Secretaría de Salud (SS), en 1993 las defunciones maternas en el medio rural ascendían a 64.8 % del total nacional, mientras que las defunciones maternas en el área urbana representaba sólo 34.6%.1

Según la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud de la SS de l987, del total de nacimientos anuales 25.1% eran atendidos por comadronas, con variaciones de hasta 44.5% en poblaciones de menos de 15 000 habitantes, aunque se considera que en las zonas rurales hasta 50% de los partos son atendidos de esta forma y que la cifra puede ser mayor en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.2

En cuanto a la esperanza de vida en el campo para la mujer, ésta es de 69.5 años, es decir, tres años menor que la estimada para la mujer urbana, cifrada en 72.7 años.

Respecto a la fecundidad rural es importante mencionar que ésta ha disminuido de un promedio de 7.5 hijos en l970, a 5.2 en l981 y a 4.52 en 1990.3 Sin embargo, sigue siendo mucho más elevado que el promedio urbano de 3.84 hijos.

En l987 la proporción de mujeres campesinas que usaba métodos anticonceptivos era baja, si se le comparaba con el promedio nacional, ya que para ese año el porcentaje se situó en 53% de las parejas urbanas mientras que para las que habitaban en zonas rurales fue de 37.6%.4

Menor escolaridad en el campo

La carencia de datos específicos sobre niveles educativos de la población rural desagregados por sexo, a lo largo de la década l980-l990, dificulta las comparaciones. Sin embargo, los datos del cuadro de niveles de instrucción de población femenina de 15 años y más nos indica una alta desproporción en las cifras de 1990 en población femenina sin instrucción que, a nivel nacional, fue de 15.3% frente a 25.4% en población femenina rural.

Cuadro 2

Fuente: INEGI l970-90.

Analfabetismo

A nivel nacional existe l2.4% de analfabetismo (población mayor de 15 años), pero con una gran diferencia entre sexos: 9.6% entre hombres y 15% entre mujeres. No se tienen datos desagregados para mujer rural para poder ver de manera precisa los contrastes con el nivel de analfabetismo de la mujer urbana. Sin embargo, podemos recurrir a los datos de la población femenil indígena cuyo porcentaje aumenta drásticamente, alcanzando un índice de 51.6%, contra 29.6% en la población indígena masculina, según el estudio de Paloma Bonfil y Raúl Marcó del Pont.5 La mujer tarahumara presenta el caso más dramático: 91.3% de analfabetismo.

Llama la atención, sin embargo, la información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuanto al impulso dado a la educación media y tecnológica de la joven rural a través de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA). Según datos de esta institución, la población femenina en el ciclo 1981-85 representó 16.75% del total de la matrícula mientras que en l992-94 ascendió a 33.5%. En el ciclo 1993-94, en el nivel medio superior, de un total de 64 929 estudiantes, 25 777 fueron mujeres (39.70% del total). En el nivel superior, de 7 155 inscritos, l 574 fueron mujeres (21.99% del total). Estos datos reflejan que las posibilidades de desarrollo, cuando existen, son aprovechados en forma positiva por las mujeres del campo.

Una doble labor

La mujer rural despliega una serie amplia de actividades. En su lugar de origen se responsabiliza, en buena medida, de las tareas domésticas y de actividades económicas en pequeña escala —llamadas "de traspatio"— y cada vez más se amplía esa responsabilidad a las tareas agrícolas, provocando el fenómeno llamado "feminización de la agricultura campesina". Resultan interesantes los datos que nos arroja una encuesta realizada en 1992 por la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) en 137 ejidos, en relación con este fenómeno: 88% de las mujeres entrevistadas manifestaron trabajar en actividades agropecuarias, 76% realizaban tareas de deshierbe, 72% de cosecha, 64.5% de siembra, 19.7% de "varios" y 59.3% participaba en la aplicación de insumos.

A este respecto cabe acotar que aunque la mujer tiene legalmente derecho a la tierra y a la parcela ejidal, en la práctica sólo 15% de los titulares de estos derechos son mujeres.

Aparte de lo señalado más arriba, y ante la necesidad de llevar recursos a la familia, la mujer rural ha desarrollado diversas tareas económicas, que no aparecen en las estadísticas. Existe una fuerte tendencia a tratar de vincular labores domésticas con actividades remunerativas que ayuden en la economía familiar: tejidos, confección de prendas de vestir, elaboración de accesorios para el hogar. Se ha incrementado el trabajo de maquila casera y el aprovechamiento de esta mano de obra con un manejo de las relaciones laborales entre mujeres y empleadores que está al margen de la ley, con lo que no se comprometen prestaciones que las beneficien tales como contrato, seguro social, primas vacacionales, etcétera.

La artesanía representa otra fuente de ingreso en la que la mujer tiene una importante participación coadyuvando a la preservación cultural y de identidad de las diversas etnias de nuestro país; este rubro tampoco se refleja en su totalidad en las estadísticas. Los apoyos para el desempeño de esta actividad son casi nulos, ya que no existe una institución rectora que promueva y fortalezca este quehacer de manera integral: la organización, acopio y acceso a materias primas, el financiamiento y comercialización, entre otras acciones.

La migración como opción

Las causas que obligan a la mujer a migrar son principalmente económicas. Aparecen así las jornaleras que viven una fuerte problemática, aunque el dato preciso de mujeres dedicadas al trabajo agrícola es difícil de conocer. Según estudio de Enrique Astorga,6 en l985 existían 4.5 millones de jornaleros y la mitad de ellos eran mujeres y niños. Otros datos señalan que a fines de los ochenta, 58.8% de las mujeres obreras que trabajaban en la industria maquiladora de la ciudad de Tijuana, Baja California, no eran de la entidad. Otros estados importantes como generadores de empleo son Sonora y Sinaloa, por su agricultura de exportación. La investigadora Antonieta Barrón ha hecho estudios respecto al empleo de la mujer rural en esa región y anota que la superficie cosechada de hortalizas aumentó de 277 000 hectáreas en l980 a 700 000 en l989 y que ello conlleva el aumento en el uso de mano de obra femenina.7 En el centro del país se ha expandido la industria de la manufactura rural y el desarrollo del comercio así como la agricultura de exportación de fresa, vid, flores y hortalizas y, finalmente, la captación de mano de obra rural en el empleo doméstico. La situación actual del país, con la agudización de la crisis en el campo, nos exige profundizar estos estudios.

Proyectos productivos

Una opción importante para el desarrollo de la mujer rural ha sido constituir grupos para gestionar apoyos e impulsar proyectos productivos: las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer (UAIM) y Sociedades de Solidaridad Social (SSS), principalmente.

La UAIM tiene su origen en las modificaciones a la Ley Agraria de l972 que establecía, en su artículo l03, la obligatoriedad de que cada núcleo de población reservara una superficie igual a la unidad de dotación en las mejores tierras para el establecimiento de granjas agropecuarias e industrias rurales explotadas colectivamente por las mujeres mayores de 16 años del grupo que no sean ejidatarias .

Los datos relativos a la existencia de UAIM en el país son muy variables, no únicamente en cuanto al número que se ha registrado, sino en cuanto a su funcionamiento real y al impacto de las mismas. Pero es una realidad que muy pocas han logrado consolidarse y triunfar como formas alternativas de empleo para la mujer rural, y no porque la concepción de las mismas sea errónea, sino porque la política de apoyo necesaria no se ha podido llevar a la práctica cabalmente.

Según datos de 1991 de la Dirección de Organización de la Mujer Campesina de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),8 de 6 300 UAIM registradas, 35% estaban activas, 50.3% inactivas, 3.9% habían desaparecido, 7.2% nunca se pusieron en marcha y del 3% restante no existía información. A pesar de estos datos, las mujeres campesinas han dado una lucha importante por defender las unidades y constituir más cada día, a la par que impulsan otras figuras jurídicas como las SSS y comités variados. Aglutinadas en el Congreso Agrario Permanente (CAP) generaron en l991 una fuerte presión para que se destinaran fondos específicos a la atención de la demanda de proyectos productivos para la mujer rural; así se creó el Programa de Apoyo a la Mujer Campesina, a cargo de la SRA, en diciembre de 1991.

Hasta l994, con ese fondo se habían realizado acciones dirigidas a 1 130 UAIM y SSS. Ochenta por ciento de estas acciones fueron para UAIM, con una inversión de casi 40 millones de pesos en beneficio de un poco más de 18 000 mujeres. De una muestra de 483 grupos, 33.21% recibieron recursos para realizar actividades pecuarias; 27.16% para tortillerías y molinos de nixtamal; 14.43% para actividades agrícolas; 7.11% para talleres de costura y 6.31% para pequeñas agroindustrias.

Aunque es la forma de organización más demandada, la UAIM atraviesa por serios problemas y la reflexión en torno a ella se hace necesaria para precisar y ejecutar las políticas de gobierno y de las mismas organizaciones campesinas, de modo de convertirla en una real alternativa de apoyo a la economía familiar y al desarrollo de la mujer. Sin embargo, no podemos desconocer que a la UAIM sólo tiene acceso una parte mínima de la población rural femenina y que el universo de acciones necesario para el desarrollo de la mujer del campo es mucho más amplio.

Los principales problemas que enfrenta la UAIM son: falta de oportunidades de crédito; poca capacidad de análisis en la viabilidad de proyectos así como en la gestión de los mismos; cargas de trabajo doméstico que no se comparten y representan conflictos familiares y desmoralización para continuar organizadas en proyectos productivos de grupo; falta de integración a los órganos de gobierno y proyectos ejidales, que provoca que sean excluidas de las decisiones que muchas veces las afectan; carencias de capacitación administrativa y técnica; ausencia de seguimiento y de asesoría al desarrollo de su proyecto por parte de organismos competentes; y deficiencias en los estudios y capacidad de comercialización de los productos.

Derechos de la mujer

La nueva Ley Agraria representa un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre la obligatoriedad de que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para la constitución de la UAIM. Además, existe imprecisión para el otorgamiento de certificados de derechos agrarios a las parcelas constituidas anteriormente a la vigencia de la nueva Ley.

La legislación agraria de l971 contemplaba el establecimiento de las UAIM en tres artículos básicos: 103, 104 y 105. El primero de ellos señalaba: "En cada ejido que se constituya deberá reservarse una superficie igual a la unidad de dotación, localizada en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria y de industrias rurales explotadas colectivamente por las mujeres del núcleo agrario, mayores de 16 años, que no sean ejidatarias".

Este señalamiento se ha modificado en la actual legislación: "La Asamblea [del ejido] podrá reservar [...] una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización...".9 Lo anterior significa la pérdida de la obligatoriedad de que la parcela de la mujer quedará reservada desde la constitución de un nuevo núcleo ejidal; representa también la posible reducción en el tamaño de la tierra destinada a la mujer con respecto a la legislación anterior que establecía una superficie igual a la de dotación ejidal marcada con un mínimo de 10 hectáreas. Finalmente, también conlleva el riesgo de la negación a su dotación.

Es importante señalar que antes de la reforma, el artículo l03, se había modificado para disponer que las formas de asociación o sociedad que se constituyeran para explotar la UAIM tuvieran plena capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, así como para contratar para sí o para sus integrantes, los créditos de avío, refaccionarios, inmobiliarios y de otro género, a través de sus órganos de representación. Se daba con ello un respaldo directo a la mujer campesina. Pero este planteamiento quedó eliminado en la nueva legislación.

La Ley Agraria de 1992 contiene también cambios en el régimen sucesorio que afectan a la mujer. Su artículo 17 establece la facultad del ejidatario para designar sucesores, sin que se otorguen derechos de preferencia a la cónyuge, a la concubina o a los hijos para que sean designados como sucesores de la parcela ejidal (otra vez: podrán). La Ley Federal de Reforma Agraria expedida en 1971, en cambio, señalaba expresamente, en su artículo 81, el derecho de sucesión de la esposa, la concubina y los hijos del ejidatario.

Únicamente en el caso de que el ejidatario fallezca sin haber hecho designación de sucesores, la nueva Ley Agraria reconoce, en su artículo 18, un orden de preferencia de observancia obligatoria para la transferencia en que se mencionan expresamente a la cónyuge y a la concubina.

Organismos de apoyo y acción con mujeres rurales

Este punto tiene el fin de hacer un recuento de acciones públicas institucionales dirigidas a mujeres rurales y dar cuenta de su insuficiencia en cuanto a cantidad ya que el análisis de calidad e impacto sería motivo de otra reflexión y de otro artículo.

Mujeres en Solidaridad

El informe de l989 a l993 del Programa de Mujeres en Solidaridad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), indica que fueron impulsadas 3 580 actividades con mujeres del sector rural; por orden de importancia, éstas fueron dirigidas a: instalación de tortillerías y molinos de nixtamal, talleres de costura, panaderías y tiendas de abasto; mejoramiento de vivienda e impulso de granjas comunitarias.

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes)

Hasta diciembre de l993, de l0 372 empresas constituidas por el Fonaes, sólo 140 habían sido integradas por mujeres campesinas. El 22.14% de esos proyectos eran para la instalación de tortillerías. Cabe mencionar que los proyectos de tortillería tienen un alto porcentaje de demanda, indicándonos probablemente el deseo de la mujer por reducir sus jornadas de trabajo doméstico.

Introducción de servicios a la comunidad

En el nivel comunitario, la mujer campesina tiene un lugar destacado en cuanto a organización y promoción para instalar obras de servicios públicos, como agua potable, luz, drenaje, escuelas, etcétera. El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) reportó que entre l989 y l992 se habían constituido 7 248 comités pro agua potable y alcantarillado y 9 655 comités para introducir energía eléctrica; en estos comités se registró, sin precisar porcentajes, una importante participación de la mujer. A través del Programa Rural de Abasto de Conasupo, que nació en l979, se habían instalado hasta l993, 305 almacenes rurales y l9 582 tiendas comunitarias, y en el impulso y funcionamiento de este programa la mujer rural tuvo también altos niveles de participación .

Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)

La falta de financiamiento a los proyectos de grupos de mujeres es un obstáculo importante para su desarrollo. Ante la demanda de información en este rubro, el Banrural sólo aportó datos de los montos de créditos canalizados a proyectos de mujeres campesinas desde 1986 hasta l988, debido a que después de este periodo el banco dejó de operar créditos específicos para ese sector.

Las cifras presentadas en el Cuadro 3 reflejan una importante disminución en cuanto al número de grupos apoyados, aunque marca también un incremento en los montos otorgados: Cuadro 3

Financiamientos otorgados a grupos de mujeres

 Fuente: Banrural

A manera de reflexión

La mujer campesina —la mitad de la población rural— tiene el potencial para participar en el desarrollo social y económico de sus comunidades y regiones. Sin embargo, la atención y el apoyo que recibe para lograrlo son insuficientes. La mujer rural demanda capacitación, participar en las decisiones de su sociedad, desarrollar actividades económicas que le generen ingreso y mejor nivel de vida para su familia; demanda servicios e infraestructura para su pueblo y para descargar las pesadas jornadas de trabajo doméstico y así progresar en su desarrollo personal e integrarse y participar en la dignificación de la calidad de vida del sector rural.

Recomendaciones

A partir de este análisis, considero conveniente promover las siguientes acciones:

1. Fomentar la creación de una instancia rectora que elabore, coordine, vigile, oriente y evalúe estrategias y políticas institucionales en apoyo a la mujer rural. Esta instancia deberá crear los instrumentos que permitan la planeación participativa de las mujeres rurales en el diseño de estrategias y políticas de acción. Dicha instancia rectora deberá desarrollar su acción en los estados, regiones, municipios y comunidades, contemplando como ejes prioritarios la capacitación, difusión y fomento a la organización, a través de:

a) Centros de atención a la mujer rural en áreas territoriales mínimas, que podrían ser los municipios. Su función sería realizar trabajos de investigación, diagnóstico, fomento organizativo de la comunidad y grupos femeniles; la difusión y análisis de la importancia de la participación de la mujer y del papel que desempeña; información sobre los derechos de la mujer y vinculación interinstitucional para la elaboración y gestión de propuestas para mejorar sus condiciones de vida y crear mecanismos que le permitan una mayor integración al desarrollo económico. Esta tarea tendría que ser desarrollada bajo un método de participación comunitaria y de base.
b) Mecanismos que integren a la mujer rural a la planificación, supervisión y evalución del desarrollo regional, de tal suerte que la elaboración de planes de desarrollo sean acordes con las necesidades y el potencial de la mujer rural.
Para esta integración deben diseñarse, además, estrategias efectivas de participación de la mujer rural como agente y beneficiaria de la defensa del medio ambiente.

2. Impulsar la adecuación del texto de la nueva Ley Agraria, de modo que se especifiquen los derechos de la mujer rural en relación con:

a) La vigilancia del patrimonio familiar (la parcela) para evitar que el ejidatario enajene sus derechos o la tierra sin autorización y conformidad de la mujer.
b) La regularización y certificación de las parcelas constituidas como uaim.
c) La obligatoriedad de que los núcleos agrarios otorguen una porción de tierra y facilidades para la constitución de parcelas agroindustriales de la mujer rural.

3. Normar el levantamiento de estadísticas para conocer con certeza la situación de la mujer rural en cuanto a la valoración cuantitativa y cualitativa de su participación en labores agropecuarias, corrientes migratorias, acceso al bienestar social, impacto de programas institucionales, población, mortalidad y empleo.
4. Contar con apoyo y recursos a nivel municipal para la capacitación de la mujer rural y la detección de alternativas viables encaminadas a la generación de empleo y productividad.
5. Contemplar partidas presupuestales para impulsar microempresas rentables y combinar recursos que de manera oportuna den respuesta a las demandas de servicios y de proyectos productivos pequeños y medianos. El diseño de las propuestas de mayor impacto deberá contemplar el contexto de desarrollo regional y su integración a procesos económicos integrales y sustentables.
6. Desarrollar la fuerza y organización propias de las mujeres ya que el cambio en sus condiciones de vida será posible sólo por su lucha constante. Para esta tarea es conveniente:

a) Crear mecanismos de coordinación y solidaridad entre las acciones institucionales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la sociedad civil para impulsar el cumplimiento de acuerdos internacionales de apoyo a la mujer rural.
b) Promover la organización y movilización de las mujeres rurales a través de intercambios de experiencias, encuentros regionales y nacionales, talleres diversos, etcétera.
c) Desarrollar la capacidad de las mujeres para elaborar propuestas y gestionar presupuestos específicos, y así incidir en su asignación.

7. Incrementar los espacios de participación de la mujer rural en diversas instancias de decisión y reflejar en éstos el cumplimiento de sus funciones en los diversos cargos. Lamentablemente, no existen las instancias que se aboquen a esta evaluación detallada, ni las suficientes oportunidades para delegar funciones.

Ocupar cada vez mayores niveles de participación en instancias de decisión requiere de impulsar la educación y la capacitación y abrir cada vez más las posibilidades de atención a las necesidades específicas de género, como guarderías, hospitales, vivienda digna, ingreso, entre otras muchas.