El sector rural de nuestro país es, sin duda, el que sufre mayor retraso social y económico. De acuerdo con el Censo de Población de 1990, la población rural de México, que con más de 23 millones de habitantes representa al 28.66% del total nacional e integra el 23% de la población económicamente activa del país, participa, paradójicamente, sólo con el 7% del Producto Interno Bruto. Diez millones de habitantes del campo viven en condiciones de extrema pobreza, cantidad que representa más del 70% de las personas que sufren esta situación en todo el país. Los niveles de ingresos son inferiores en el campo que en la ciudad, así como menor es el acceso a la educación formal: la escolaridad promedio de la población rural es de 3.1 años de primaria, contra el promedio nacional de siete años.
Pobreza y rezago social son realidades que, desafortunadamente, se viven en toda nuestra sociedad, pero se hacen más patentes en aquellas regiones o estados donde la población rural es más numerosa. Casi la totalidad de los 341 municipios que presentan los mayores índices de marginación en el país son rurales. En ellos, tres quintas partes de la población ocupada percibe menos de dos salarios mínimos de ingreso mensual. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz —estados donde la población rural supera, en promedio, el cincuenta por ciento del total—, se presentan, precisamente, los índices más altos de marginación de toda la República. Mientras la media nacional de analfabetismo es de 12.4%, este indicador alcanza porcentajes de 30.12 en Chiapas; 27.54 en Oaxaca; 26.87 en Guerrero; 20.69 en Hidalgo y 15.86 en Veracruz.
A estos hechos, de por sí preocupantes, hay que agregar la complejidad de la situación prevaleciente en el campo, medida ésta en términos de incertidumbre e irregularidad en la tenencia de la tierra, arrendamiento ilegal, venta fraudulenta, etcétera. Estos problemas pretenden ser superados mediante programas gubernamentales destinados a poner fin al rezago agrario, subsidios e instrumentos como el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), pero que lamentablemente aún no juegan un papel definitivo en el logro de un desarrollo equitativo en el campo mexicano. Los problemas de los jornaleros, de la mujer campesina, de la carencia y distorsión de los créditos y la ausencia de infraestructura son situaciones específicas adicionales que también requieren ser revisadas en profundidad.
Con el propósito de estimular la reflexión en torno a los problemas del campo y de los campesinos, en este segundo número de Estudios Agrarios se publican varios análisis que abordan la problemática agraria situándose en la nueva realidad generada a partir de las reformas al Artículo 27 constitucional y la subsecuente legislación. En primer término presentamos el artículo escrito por Arturo Warman en 1994, que constituye hasta hoy la mejor síntesis de las raíces, significado y alcances de las reformas al marco jurídico que rige al campo. Hubert de Grammont, por su parte, en el artículo "Política agraria y estructura territorial", aborda desde otra óptica el estudio de las modificaciones a la legislación, y advierte sobre la posibilidad de que en el contexto de la apertura económica, el campo se divida en un sector desarrollado y otro de subsistencia.
Cassio Luiselli estudia los retos que las pequeñas explotaciones agrícolas enfrentan a partir de los cambios que han tenido lugar en la legislación. En "Los desafíos del nuevo marco normativo agrario" el autor sugiere una estructura agraria más igualitaria mediante el estímulo a las pequeñas unidades de pro-ducción, especialmente las familiares o multifamiliares, un programa de liquidación progresiva del minifundio y la conformación de un tipo nuevo de ejido.
La nueva normatividad legal es también estudiada por Isaías Rodríguez, que en su artículo "Derecho agrario integral" muestra las relaciones que el derecho agrario mantiene con otras importantes ramas de la ciencia jurídica. Como bien lo señala este autor, esta es una vertiente de investigación en la que todavía es necesario seguir profundizando.
Roberto Escalante y Carlos Rodríguez, por su parte, realizan un análisis comparativo de los resultados de las políticas de ajuste que, frente a la crisis de los años ochenta, se aplicaron en el sector agrícola de cuatro países latinoamericanos: México, Argentina, Brasil y Chile.
En otro orden, el artículo "El estatuto comunal de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle", reseña cómo con la participación activa de una comunidad indígena y el apoyo de las instituciones, se logró concertar uno de los primeros estatutos comunales del país elaborado bajo los preceptos de la nueva legislación agraria; el respeto a los usos y costumbres comunitarios fue la nota sobresaliente en el proceso de elaboración del estatuto.
Como una forma de respuesta a las necesidades del sector campesino, surgió el Programa Alianza para el Campo que ha definido como sus objetivos la recuperación de la rentabilidad de la tierra, un crecimiento de la producción mayor que el de la población, el combate a la pobreza, la corrección del déficit de la balanza agroalimentaria y proporcionar a la población alimentos a precios competitivos. Consideramos de importancia reproducir la exposición del Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Francisco Labastida Ochoa, realizada con motivo de la presentación de este programa, llevada a cabo en Los Pinos el pasado 31 de octubre, así como el pronunciamiento que en esa ocasión hiciera el Presidente de la República, Ernesto Zedillo.
Los mecanismos de concertación mediante los cuales esta iniciativa se concretó ponen de relieve la necesidad de nuevas formas de relación política del Estado con la sociedad rural, en las cuales la participación de los campesinos esté presente en la definición de las políticas públicas que le atañen. Para impulsar la recuperación económica del campo sobre la base de modelos de desarrollo sustentables, la modernización rural debe concebirse bajo la perspectiva del desarrollo de los pequeños productores que, como se señaló, conforman la gran mayoría, pero constituyen el sector socialmente más postergado. La publicación de estos dos documentos tiene como objetivo estimular la discusión sobre la necesidad de una alianza estratégica en apoyo al campo con la participación activa de la sociedad rural.
Se ha incluido también en la sección de Política Sectorial el discurso del Presidente Zedillo pronunciado en La Trasquila, Tlaxcala, con motivo de la presentación del Programa Sectorial Agrario, donde el mandatario realizó importantes anuncios. El término del rezago agrario, programado para 1997, y la culminación del proceso de certificación y titulación antes de finalizar el actual periodo presidencial significarán la consolidación de un proceso a través del cual se ha procurado llevar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y ampliar las posibilidades de desarrollo en el campo.
Finalmente, sobre la sección de Biblioagrarias es necesaria una aclaración. En ella se han incluido, en este número y en el anterior, reseñas de libros publicados años atrás por considerarse referencias de interés para quien desee profundizar en los temas de la problemática agraria. A partir del siguiente número daremos cabida a las novedades que sobre esta temática han aparecido recientemente.
En el complejo panorama que presenta el agro mexicano, la revista Estudios Agrarios pretende ser un espacio en el que, desde distintos puntos de vista —en ocasiones encontrados—, se aborde el estudio de los problemas del sector, siempre en el afán de enriquecer la capacidad propositiva de los actores e instancias comprometidos en la búsqueda de soluciones. De éstas dependerán nuestro desarrollo nacional y nuestra paz social. Un país en el cual la vida rural tiene tan hondas raíces en su tradición y donde más de un cuarto de su población vive de la actividad agrícola o ganadera, no consolidará su economía ni su vida social y política sacrificando indefinidamente al campo. Se requiere de manera urgente que la sociedad mexicana en su conjunto adquiera conciencia de esto y coloque en el primer plano del debate nacional la necesidad de revitalizar a su sector rural. v