• La Procuraduría Agraria participó en operativo de Usuario Simulado que derivó en la inhabilitación de dos de sus abogados
• El procurador Rocendo González Patiño reitera su llamado a la población campesina, para denunciar cualquier anomalía

La coherencia y la lealtad con los campesinos de México son pilar central del quehacer de la Procuraduría Agraria (PA), institución defensora de los derechos campesinos, y en tal virtud mantiene amplia colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), para actuar enérgicamente en el combate a la corrupción.

Así lo expuso el procurador Rocendo González Patiño, quien reiteró que los servicios que proporciona la institución a su cargo son gratuitos y ningún servidor público puede aprovecharse de los campesinos que recurren a esta instancia para facilitar la solución de sus problemas o realizar gestiones de trámites fundamentales para su seguridad jurídica.

Con base en ello, dijo que la Procuraduría Agraria participa en el programa de Usuario Simulado con el que se detectan anomalías y se atienden quejas ciudadanas, como las presentadas recientemente por usuarios simulados del Distrito Federal y de Texcoco, Estado de México, que derivaron en la inhabilitación y sanción penal para dos abogados que exigían pagos económicos para realizar trámites gratuitos.

En el primer caso, la denunciante señaló que una abogada de la Delegación de la PA en la ciudad de México, le solicitaba un pago ilegal de tres mil pesos, a cambio de “agilizar” un trámite de sucesión de derechos, cuando el costo total de éste es de 90 pesos.

La servidora pública citó a la quejosa en un restaurante, ubicado al norte del Distrito Federal, para recibir un adelanto de dicho pago ilegal, situación que aprovecharon la SFP y la PGR.

La reunión culminó con la aprehensión, por parte de agentes federales, de la abogada y traslado a la Subdelegación de Procedimientos Penales, Zona Centro. El dinero en efectivo fue confiscado y puesto a resguardo.

En un segundo caso, la SFP impidió que otro abogado de la Procuraduría Agraria (PA) en el municipio de Texcoco, Estado de México, extorsionara a un ciudadano que tramitaba un certificado de propiedad de un terreno ejidal.

En paralelo a la presentación de la denuncia, el ciudadano hizo creer al servidor público que accedería a pagar los mil pesos que se le exigían, por lo que el abogado agrario fue detenido en flagrancia y trasladado a las oficinas de la PGR en Texcoco, Estado de México, como presunto responsable del delito de extorsión.

Además de la suspensión de su encargo como servidor público del gobierno federal, un juez de distrito en Ciudad Nezahualcóyotl le dictó un auto de formal prisión por extorsión contra el abogado agrario, y sin derecho a libertad bajo fianza.

El procurador González Patiño afirmó que al interior de la institución se mantiene vigente la exigencia de honestidad y la estricta aplicación del Código de Conducta que establece, entre sus objetivos centrales, que para alcanzar la meta de que los campesinos vivan mejor, debemos desechar protagonismos personales y acciones unilaterales, así como sujetar de manera permanente nuestro quehacer a las leyes y normas agrarias vigentes.

El servicio público que proporcionamos en la Procuraduría Agraria no es un trampolín ni una oportunidad para satisfacer intereses personales, afirmó.