La Procuraduría Agraria (PA) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), promueven acciones de capacitación en ejidos y comunidades de Yucatán, para lograr la mayor participación social en la vigilancia, defensa y conservación de sus recursos naturales.
Yucatán cuenta con una superficie forestal de 2 millones 840 mil hectáreas que por efectos de la deforestación inducida por las personas, están afectadas de manera irreversible, lo mismo que importantes especies de flora y fauna.
Ante esta realidad, reconoció el delegado de la PA, José Jacinto Sosa Novelo, “hemos conjuntado esfuerzos institucionales con la Profepa para lograr la participación de los diferentes sectores de la sociedad en la conservación de los recursos naturales y así preservar la biodiversidad”.
Para tal efecto, indicó, trabajan en la constitución de Comités de Vigilancia Ambiental Social Participativa que para el presente año 2010 contempla la instalación de 15 comités en igual número de ejidos yucatecos, que serán los vigilantes de cuidar sus recursos naturales.
Los 2 primeros comités quedaron formalmente instalados este 28 de abril en los ejidos de San Agustín y Sudzal Chico, del municipio de Tekax.
El resto de los Comités operarán en los núcleos: Chan Dzinup, Emiliano Zapata, Poccheil, San Isidro Yaxche, San Juan Tekax, Santa Cruz Cutza, San Felipe y San Salvador, en la cabecera municipal de Tekax; en los ejidos José López Portillo y Yaxha, de los municipios de Oxkutzcab y Tunkas; así como en Kinchil, Santa Elena y Tecoh, municipios del mismo nombre.
Éstos Comités, precisó el delegado federal, son grupos de la sociedad que se integran para cuidar y defender los recursos naturales de la comunidad. Lo conforman personas honestas, responsables y comprometidas, hombres y mujeres, preocupados por la protección de la naturaleza y el respeto estricto a la legislación ambiental.
Una de las actividades inmediatas que podrán realizar los integrantes de estos comités, con la intermediación de la Profepa, es ejercer su derecho a promover denuncias legales para prevenir, detener y, en su caso, sancionar a los presuntos responsables de ilícitos ambientales.