CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Enfila Carstens a SHCP 

Lo integra Felipe a su equipo. Elogia la IP la llegada del ex subdirector del FMI al grupo económico de Calderón.

 

Coordinará Carstens proyecto económico

Calderón lo suma a equipo.

 

Impulsarían reformas mayor IED

Los cambios más urgentes son en energía y laboral.

 

Calderón arranca la integración del gabinete

Delinea al equipo que encabezará la Secretaría de Hacienda.

 

Ojeda descarta movilizaciones; prepara quejas

Granier festeja; fue triunfo ''limpio'', afirma el priísta.

 

15 mil maestros, quieren huir de la Sección 22

Diputados de PAN, PRD y PRI reprueban la "confrontación" de Gordillo.

 

EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL

Habrá una sola policía federal

Estudian devolver el mando a Gobernación. Analiza el equipo de transición plan para fortalecer el combate al crimen.

 

El 50% en Oaxaca quiere que se vaya Ulises Ruiz

Encuesta de BGC, Ulises Beltrán y Asociados señala que sólo 44% está del lado de APPO y maestros.

 

Abrió PGR 15 averiguaciones en Oaxaca: Cabeza de Vaca

Por delitos del fuero federal  cometidos durante el movimiento de protesta.

 

Padecen hambre más de 25 millones de mexicanos

Según cifras oficiales, disminuyó a la mitad el gasto destinado al campo.

 

Sector agrario

 

XI Premio Estudios Agrarios 2006 y IX Certamen Investigación Agraria “Dr. Arturo Warman Gryj” 2006. (La Jornada, p.16)

La Procuraduría Agraria publica un desplegado en donde informa sobre el dictamen del Comité Calificador del XI Premio Estudios Agrarios y IX Certamen Investigación Agraria “Dr. Arturo Warman Gryj” 2006.

 

XI Premio Estudios Agrarios 2006 y IX Certamen Investigación Agraria “Dr. Arturo Warman Gryj” 2006. (Milenio Diario, p.25)

La Procuraduría Agraria publica un desplegado en donde informa sobre el dictamen del Comité Calificador del XI Premio Estudios Agrarios y IX Certamen Investigación Agraria “Dr. Arturo Warman Gryj” 2006.

 

Esta Tierra Mía. (RTC, p.web).

De acuerdo con la pauta asignada por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, el programa “Esta Tierra Mía”, producido por la Secretaría de la Reforma Agraria fue transmitido éste lunes16 de octubre  en las siguientes radiodifusoras:

 

Estación

Ciudad

Horario

XEBZ AM

Ciudad Delicias, Chih

20:30

XESON AM

Hermosillo, Son.

19:30

XENI AM

Uruapan, Mich.

20:30

XECOC AM

Colima, Col.

20:30

XEDQ AM

San Andrés Tuxtla, Ver.

20:30

 

Ultimátum de SRA a comuneros de Tejalpa para remediar pugna. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web)

Cuernavaca, Mor. Mario Ríos Bonales, representante regional de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), estableció que los comuneros de Tejalpa sólo cuentan la presente semana para decidir si aceptan los 17 millones 100 mil pesos que les ofrecen las autoridades para resolver el conflicto de tierras que sostienen con los campesinos de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán.

A pesar de que la resolución de la pugna –de más de 60 años– entre Tejalpa y Santa Catarina se ha pospuesto, debido a que el Gobierno Federal redujo el monto de 37 a 17 millones de pesos aproximadamente para indemnizar a los primeros, el funcionario federal dijo que se encuentra optimista para enmendar el problema, por lo que llamó a los comuneros a que acepten los fondos.

Igualmente, Ríos Bonales los exhortó a que “consideraran su propuesta y acepten el recurso. De no ser así, éste pasará a la Federación para que sea redestinado a otro estado para solucionar conflictos de tierra”. Con lo anterior, el titular de la SRA dio un ultimátum a los comuneros de Tejalpa para que acepten la propuesta en lo que resta del mes, “porque sería muy lamentable que por dinero, este conflicto no se solucione”.

El funcionario se deslindó del decremento en los fondos, pues dijo que las oficinas centrales de la SRA es donde se determina el monto, “nosotros sólo hacemos los ofrecimientos por las hectáreas”.

Aseguró que “lo que buscamos es que este conflicto se solucione de una vez por todas, pero no podemos sentar a la fuerza a los comuneros, por lo que les hacemos el llamado a que reconsideren la propuesta”, pues si se niegan a negociar “este caso se tendrá que solucionar en los tribunales agrarios, situación que se podría extender por más años”.

Ríos Bonales sostuvo que pretenderá por todos los medios posibles solucionar los conflictos agrarios en Morelos antes de que concluya la administración del presidente Vicente Fox y rechazó tajante que el programa para solucionar las pugnas, denominadas focos amarillos, haya fracasado en el estado, como lo han manifestado comuneros y campesinos.

 

Ejidatarios de Guanajuato temen que Fox o el gobernador ordenen reprimirlos. (La Jornada, Martín Diego Rodríguez,  p.web)

Solecito Desde 1946 diputan con la familia del Presidente más de 2 mil hectáreas.

Solecito Parte de las tierras en litigio fueron cedidas a Jorge Vergara, lo que representa una grave irregularidad, denuncia José Guadalupe Cruz, ex regidor perredista.

Guanajuato, Gto., 16 de octubre. José Guadalupe Cruz Pacheco, ex regidor y líder de los ejidatarios que mantienen un conflicto de tierras con la familia Fox Quesada, responsabilizó al presidente Vicente Fox y al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, de lo que pudiera pasar a él, a su familia o a integrantes del movimiento de comuneros.

El ex regidor perredista denunció que elementos del Estado Mayor Presidencial y asesores del gobierno estatal le advirtieron que sólo esperaban a que no tuviera fuero para meterlo a la cárcel, por lo que de ser así -dijo- "voy a ser un preso político más en Guanajuato".

Habitantes del ejido San Cristóbal reclaman que se haga efectiva una resolución presidencial de 1946, que los dota de más de 2 mil hectáreas donde antes se ubicaba la Ex Hacienda San Cristóbal y que hoy son sede en parte de los consorcios Fox Brothers, X-Tra Congelados, Vegetlán, El Cerrito y Congelados Don José, en los que los hermanos del mandatario federal tienen participación.

Pese a que las autoridades agrarias dieron por cerrado el caso, los ejidatarios acudieron este lunes ante el Tribunal Agrario para hacer el último intento por recuperar las tierras que "un ex presidente les dotó y de las que otro presidente no les ha dado posesión".

"Yo sé que no he cometido delito alguno, lo que estoy haciendo es pedir que se haga justicia para quienes no tenemos. Por eso, si voy a la cárcel no será porque haya delinquido, sino por mis ideales, por mis ideas, y voy a ser un preso político más en Guanajuato", señaló Cruz Pacheco.

Por ello, responsabilizó a "Juan Manuel Oliva, gobernador del estado, y a Vicente Fox no sólo de que me pongan en la cárcel, sino de lo que pudiera pasar a mí, a mi familia o a los integrantes del grupo que pedimos que se aplique la ley, además de que no vamos a aceptar que nos quieran achacar otras cosas que no debemos, porque somos gente que trabaja".

Denunció que la irregularidad más reciente que se ha cometido en los predios en litigio fue darlos en participación a un tercero; "ahí es donde se encuentran una serie de invernaderos que pertenecen al empresario Jorge Vergara", en cuya empresa Vegetlán presuntamente tienen participación los hermanos Fox.

La empresa, que permanece custodiada por elementos del Estado Mayor Presidencial, ocupa 30 hectáreas del vaso de captación de agua que debería abastecer de agua a la comunidad de San Cristóbal y que forman parte del litigio, por lo que "no puede ser utilizada hasta que el Tribunal Agrario determine quién tiene la razón".

Cabe recordar que el ex regidor perredista estuvo a punto de ser desaforado en dos ocasiones por el Congreso del estado. Ahora, ya sin el fuero, que se le terminó el pasado 10 de octubre, "estoy en posibilidad de ser puesto a disposición" de las autoridades, dijo.

Finalmente pidió al procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, Manuel Vidaurri Aréchiga, que esté pendiente del caso, "porque aquí también se violenta nuestro derecho a vivir en paz, al trabajo y a estar en comunidad que, por cierto, los Fox han colocado al pueblo en contra de nosotros".

 

Así lo dice La Mont. (El Sol de México, Federico La Mont, p.web)

Fiebre sucesoria.

Ciudad Victoria, Tamps.- El actual edil de Reynosa Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya comenzó su campaña y se comenta que en ese proyecto trabajan sus incondicionales, entre ellos el presidente del Comité estatal del PAN, y los delegados federales de Economía, de Sedesol y de la Reforma Agraria, Elba Lidia Valles Olvera.

 

 

 

Diario Oficial. (Notimex, p.web)

La Secretaría de la Reforma Agraria emitió 10 resoluciones con las que declara como terrenos nacionales dos predios ubicados en el municipio de Concordia y seis más del ayuntamiento de Sinaloa, ambos en el estado de Sinaloa; así como dos ubicados en el municipio de Villa Flores. Asimismo, la dependencia difundió tres avisos de deslinde de predios de presunta propiedad nacional, denominados San José, El Corralito y el Coquito, ubicados en los municipios de Centro, Jalapa y Nacajuca, en el estado de Tabasco.

 

Depredadores, al acecho. (Por Esto!, Rafael Gómez, p.web).

La delegada del RAN en Quintana Roo dejó muy en claro, textualmente, a la C. Cindy Patricia Medina Torres que: En atención a su atento escrito de fecha 17 de enero del año en curso, me permito informarle lo siguiente: Después de una búsqueda minuciosa en el Sistema de Información del Registro Agrario Nacional y nuestros Archivos de control, no se encontró antecedente donde se haya inscrito alguna promoción relativa a la Delimitación, Destino y Asignación de Tierras al interior del "N.C.P.E. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", Municipio de Solidaridad, de esta entidad federativa, ni mucho menos se tiene antecedentes inscribibles de algún cambio de destino sobre dicho núcleo agrario.

En ese contexto, se le informa que este núcleo agrario es uno de los que hasta hoy permanecen fuera del Programa de Certificación y Titulación de Solares Urbanos en el estado de Quintana Roo debido a que dicho programa (PROCEDE), aunque es gratuito se necesita la aceptación voluntaria del núcleo agrario en comento, por lo que resulta material y jurídicamente improcedente la expedición de algún certificado de uso común, parcelario y/o título de solar urbano.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

La Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo

C. Alicia C. Ricalde Magaña (Rúbrica).

 

Antonino Almazán Arteaga, mozo de estoques de Roberto Hernández Ramírez y los Patrón Laviada, utiliza en Quintana Roo el mismo "método" que hasta ahora le ha funcionado en Yucatán para robar tierras a los campesinos a fin de entregárselas a sus amos/ Va sobre los terrenos del ejido José María Pino Suárez del vecino estado

--"Le recomiendo que tenga mucho cuidado con lo que hace. Seguramente no sabe con quien trabajo. En realidad afecta los intereses de otras personas de mayor nivel", dice en forma amenazadora Antonino Almazán Arteaga en un correo electrónico que hizo llegar a una persona que pagó 50 mil dólares por un terreno que el especulador favorito y protegido de Roberto Hernández Ramírez y Patricio Patrón Laviada promociona en el nuevo centro de población ejidal José María Pino Suárez del municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Almazán Arteaga se muestra molesto porque esa persona le demanda la devolución de su dinero. En principio el especulador le dice a esa persona que no tiene nada que exigirle puesto que él no le vendió directamente el terreno (el mismo "argumento" que utiliza Pedro Rivas Gutiérrez, Secretario General de Gobierno, en el escandaloso tráfico de tierras en Oxcum, ya que, según él, Patricio Patrón Laviada no le compró directamente a los campesinos sino precisamente a Antonino Almazán Arteaga):

--"Quiero decirle en primer lugar (que) yo personalmente a usted no le vendí ningún terreno, así que reclámele a la persona (Gustavo Esquivel) a quien usted le dio los 50 mil dólares que dio de anticipo, porque a mí usted no me dio nada".

Sin embargo, líneas más adelante se contradice al expresar lo siguiente:

--"Si ya no le interesa hacer operación con gusto haré las gestiones para que se le devuelva su dinero".

La persona en cuestión, lejos de amedrentarse con la prepotencia y amenazas de Almazán Arteaga, le respondió:

--"Señor Almazán, recibí su mensaje y déjeme decirle que yo en ningún momento dije que usted me vendió el terreno. El que me ofreció el negocio fue el sinvergüenza de Gustavo Esquivel, y al que le di el dinero fue a ese tipejo, pero usted me dijo personalmente que el negocio era seguro porque su empresa se encargaría de hacer la regularización y que usted tenía contactos de muy alto nivel para resolver cualquier problema que se pudiera presentar. No entiendo cómo ahora me dice que no me conoce. También le digo que sí leo la prensa y sé quiénes están detrás de usted, pero no me asusta. Para que lo sepa, estoy mandando copia de este mail a todos los que pueda y lo hago responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a algún familiar mío. Me gustaría que me devolviera mi dinero y voy a hablar con mis abogados para que se pongan en contacto con usted".

La advertencia se cumplió puntualmente y la persona remitió copia tanto de su correo como del que había recibido de Almazán Arteaga a una extensa lista de meridanos que también se han visto afectados por este nuevo fraude con terrenos ejidales, ahora en el Estado vecino de Quintana Roo.

Extiende sus tentáculos.

Los terrenos del ejido José María Pino Suárez, en Quintana Roo, que promociona en venta Almazán Arteaga, ni siquiera está inscrito en el Programa de Certificación y Titulación de Solares Urbanos (Procede) para su posterior desincorporación.

Almazán Arteaga intenta poner en práctica en esa entidad el método que hasta ahora le ha funcionado en Yucatán para robar tierras a los campesinos y entregárselas a los Patrón Laviada y Roberto Hernández Ramírez, el neobanquero salinista-zedillista-foxista acusado de vínculos con el narcotráfico desde 1997, sólo que en este caso la operación le ha venido fallando.

La persona a la que aludimos líneas arriba pagó 50 mil dólares de anticipo por un terreno de 100 metros de playa en el ejido Pino Suárez, del municipio de Solidaridad, muy cercano a Alfredo V. Bonfil, en Quintana Roo, pero la venta es fraudulenta, pues de acuerdo con documentos de la delegación del Registro Agrario Nacional en la vecina entidad, dicho predio ni siquiera ha entrado al Procede.

Almazán Arteaga, junto con Luis Cantillo y Gustavo Esquivel, ha ofrecido terrenos del mismo ejido a otros empresarios yucatecos a los que ha asegurado que cuenta con "contactos de muy alto nivel para resolver cualquier problema que se pudiera presentar".

El engaño de los terrenos del ejido Pino Suárez se descubrió porque Almazán Arteaga intentó venderlos como si tuvieran una fracción en el Mar Caribe. Una funcionaria del Registro Agrario Nacional en la ciudad de México, Martha Tejeda Mascuara, confirmó que, efectivamente, ese ejido no cuenta con fracciones en la playa.

La delegada del RAN en Quintana Roo precisó que ese "núcleo agrario es uno de los que hasta hoy permanecen fuera del Procede" y que por ese motivo "resulta material y jurídicamente improcedente la expedición de algún certificado de uso común, parcelario y/o título de solar urbano".

Al parecer Almazán Arteaga intentó convencer a los campesinos de Pino Suárez que incluyeran en sus propiedades comunales porciones de playa para que en el proceso de certificación y posterior deslinde, en su caso, puedan comercializarlos a precios más elevados.

Sin embargo, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, así como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) se negaron a suscribir un acuerdo conjunto para aceptar asamblea de regularización de tierras que incluyan terrenos en la playa.

Almazán Arteaga ha ido a Quintana Roo a ofrecer varios miles de pesos a personas del Registro Agrario y de la Procuraduría Agraria para que acepten la inclusión de los terrenos de playa en la regularización del ejido Pino Suárez, pero hasta la fecha no los ha podido convencer.

Almazán Arteaga ha intentado deslindarse de la operación una vez que se percató de la imposibilidad jurídica de venderlo, pero no ha podido porque tiene pruebas en su contra, entre ellas un contrato que elaboró para la venta de los terrenos.

El especulador favorito y protegido de los Patrón Laviada usa la empresa "Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México SCP" para sus negocios sucios, toda vez que su "experiencia" en materia agraria ya ha sido "probada" en Yucatán con cientos de miles de hectáreas que aquí, gracias a los Patrón Laviada, ha podido comercializar.

 

Todos ellos sabían que lo que ofrecían sólo existía en papel. (Por Esto!, Rafael Gómez, p.web).

Confiados en la impunidad con la que actúan sus progenitores, gracias a sus contactos políticos "de alto nivel", así como de la protección oficial que se dispensa al especulador Antonino Almazán Arteaga, un puñado de "juniors", entre los que destacan Roberto Hernández Madrazo (hijo del ex banquero Roberto Hernández Ramírez), Rodolfo Rosas Cantillo (hijo del multidenunciado Rodolfo Rosas Moya), Agustín Crehueras Espinosa, Víctor Ferráez Gasque y Gabino Guzmán Millet, entre otros, se dieron a la tarea de convencer a decenas de meridanos pudientes, a los que solicitaron miles de dólares en efectivo para hacer una buena "inversión" en terrenos ejidales colindantes con el paradisiaco Mar Caribe.

Todos ellos sabían perfectamente que lo que ofrecían en venta sólo existía en el papel, pues la franja de 50 hectáreas de playa que promocionaban no son parte del nuevo centro de población ejidal  (NCPE) José María Pino Suárez, del Municipio Solidaridad, de Quintana Roo, sino que son propiedad privada, aunque en litigio. No obstante, confiaban en la "eficacia" y los conectes de Almazán Arteaga con la burocracia agraria para desfacer este entuerto.

Empero, este gran "negocio" de los "juniors", planeado con asesoría de Hernández Ramírez y su operador Almazán Artega, se vino abajo por dos sencillas razones: en su afán por apoderarse de esa franja de propiedad privada que da al Mar Caribe, alteraron la carpeta básica (límites y colindancias) en el que describieron 365 lotes de una hectárea cada uno como si colindaran con la playa, cuando en realidad no era así; esto hizo que las autoridades del Registro Agrario Nacional decidieran no ingresarlas al Programa de Certificación de Solares Urbanos (Procede).

Y al quedarse fuera del PROCEDE, esos terrenos ya no pueden ser desincorporados y muchos menos escriturados a particulares, de manera que los que entregaron dinero a raudales harían bien en exigir su pronta devolución, antes de que los "juniors" y sus patrocinadores lo desaparezcan.

El "gancho" de Almazán Arteaga consistió en ofrecer a 50 pesos el metro cuadrado de terrenos del ejido José María Pino Suárez, lo cual despertó el apetito de decenas de meridanos con recursos, los que a las primeras de cambio soltaran grandes cantidades de moneda norteamericana para "asegurarse" una parte de ese pastel inmobiliario.

Roberto Hernández Ramírez, el ex banquero salinista-zedillista-foxista, acusado por los POR ESTO! desde 1997 de sus vínculos con el narcotráfico, desde hace años, con el contubernio de sus sobrinos Patrón Laviada y el apoyo "técnico" de Antonino Almazán Arteaga, se ha apropiado de extensas superficies ejidales por los cuatro puntos cardinales de Yucatán. Antes hizo lo mismo con numerosas ex haciendas que convirtió en hoteles para turismo exclusivo y más recientemente adquirió tierras en las inmediaciones de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Por su parte, e Almazán Arteaga, con la protección de Patricio Patrón Laviada y sus hermanos, ha hecho de la especulación de terrenos ejidales su modus vivendi desde 2002, pues ante la Notaría 86, de José Carrillo Palma, ubicada en calle 52 Núm. 448 A entre 47 y 49 (por la cantina La Sombra), integró el Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México S.C.P. (Sociedad Civil Particular) el 11 de octubre de 2002.

Posteriormente obtuvo el premiso núm. 3102.027 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, según el expediente: 200231001032; folio: 8F060RY4, el 7 de octubre de 2002.

Para constituir esa sociedad, hizo socios a sus hermanos Ana Luisa Almazán Arteaga, de 27 años de edad, y José Ignacio Almazán Arteaga, de 19 años, mediante el acta 467; todos son oriundos de Candelaria, Campeche y vecinos de Mérida, con domicilio en el predio Núm. 394 de la calle 39 "E" del Fraccionamiento Francisco de Montejo.

El objeto de su sociedad civil particular es "poner al servicio de la común los conocimientos y el trabajo de Asesoría de los socios de todas las empresas mercantiles, Personas Morales en general, y Personas Físicas para capacitación y Asesoría de todo tipo de Asuntos Jurídicos, Técnicos Administrativos, Prácticas Notariales, Redacción de todo tipo de contratos, escrituras, elaboración y evaluación de proyectos y promoción registral".

Asimismo, propuso "realizar y celebrar toda clase de actos, convenios y contratos con personas físicas y/o morales para la prestación de servicios, capacitación y asesorías administrativas, de mercadotecnia, ventas y operación de procesos jurídicos y técnicos".

También se ofrece para "venta y operación de Procesos Jurídicos, Técnicos y Administrativos para el mercado de tierras, lotes, trámites de créditos de vivienda ante instancias públicas y privadas y en general todo lo relacionado con Bienes Raíces".

Almazán Arteaga intenta poner en práctica en esa entidad el método que hasta ahora le ha funcionado en Yucatán para robar tierras a los campesinos y entregárselas a sus patrocinadores: los Patrón Laviada y su tío Roberto Hernández Ramírez.

 

Retiraría PAN sanción a militantes suspendidos. (El Dictamen, Jorge Morales, p.web).

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Alejandro Vázquez Cuevas, solicitó a la Comisión de Orden del Consejo Estatal, que sesionará en noviembre, devolver sus derechos partidistas a once miembros del partido albiazul castigados desde hace varios meses.

Entre algunos de los panistas castigados se encuentran el alcalde de Veracruz, Julen Rementería del Puerto, el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Santamaría Prieto, el alcalde de Alvarado, Pedro Delfín Almeida, el ex dirigente municipal del partido en el Puerto de Veracruz, Vicente Ramírez Martínez, así como los militantes Damaris Osorno Malpica, Gustavo Adolfo Reyes López, Marco Antonio Galicia Bernabé, Esteban Ramón Miranda, Julio César Díaz, Luis Arturo Sánchez García y Pedro Sosa, que cumplían sanciones de entre uno y tres años, con sus derechos partidistas suspendidos.

El líder del PAN solicitó el desistimiento de las sanciones hacia estos militantes con el objetivo de lograr la unidad dentro del PAN, que permita afrontar con toda la fuerza posible, el proceso electoral de 2007, en donde se renovarán 212 alcaldías y 30 diputaciones de mayoría.

Por otra parte, Alejandro Vázquez informó que con la incorporación de Bernardo Téllez, Federico Salomón y Sergio Penagos al Comité Directivo Estatal del PAN, este organismo político continúa en su estrategia de preparación de cara al proceso electoral del año entrante.

De esta manera, Bernardo Téllez, ocupará la Secretaría General que dejó vacante, Jesús Danilo Alvízar Guerrero; en tanto que el ex diputado federal Sergio Penagos García asumirá la Secretaría de Acción de Gobierno, el cual venía ejerciendo la actual diputada local María del Carmen Pontón Villa.

En el caso de Federico Salomón Molina, estará a cargo de la Secretaría General Adjunta, de reciente creación. Este se venía desempeñando como secretario de fortalecimiento interno.

 

Sin llegar, recursos para resolver los conflictos agrarios. (Cambio de Michoacán, América Juárez, p.web).

Lunes 16 de Octubre de 2006

Morelia, Mich.- Siguen sin llegar los recursos federales para resolver doce focos amarillos y seis conflictos considerados focos rojos en materia agraria. El monto, por el orden de 60 millones de pesos aproximadamente, se mantiene sin aterrizar en el estado, reveló Efraín García Becerra, subsecretario de Organización y Concertación Agraria de la Secretaría de Gobierno en Michoacán.

El funcionario estatal se mostró confiado en que antes de que concluya el año puedan llegar estos recursos por parte de la Federación. Expresó que el gobierno federal, aunque había pactado enviar este dinero en el 2006 para dar conclusión a los conflictos agrarios, hasta la fecha no se ha enviado ningún recurso, lo que mantiene sin la solución a estos conflictos

A pesar de esta situación, comentó que se pudieron solucionar los conflictos de Zitácuaro-Chilchota en la Cañada de los Once Pueblos, en donde estaban en disputa 150 hectáreas, mientras que el caso de Coire y Pómaro de región Costa también fue resuelta la pelea por mil 200 hectáreas, estos asuntos informó fueron resueltos en el pasado fin de semana.

Por el momento, agregó que ya se llevaron expedientes para su análisis y aprobación nacional, en este sentido refirió que «en el estado estos expedientes fueron revisados de manera exhaustiva, por lo que la opinión de quienes vinieron por parte de Reforma Agraria fue que estos asuntos prácticamente estaban completos los expedientes y que no tendrían ninguna dificultad para operar la parte de la contraprestación federal».

García Becerra agregó que «aseguraron que faltaría pasarlo a aprobación de las oficinas centrales doce asuntos de focos amarillos y seis de focos rojos, para que en el transcurso de 22 días se puedan resolver estos asuntos y bajar los recursos».

De llegar estos recursos, comentó que se podría dar pie a que otras comunidades resuelvan sus problemas, «puede venirse en cascada asuntos a concretar en la meseta y otras zonas, pero todo dependen de los recursos que podamos agilizar».

Asimismo, el funcionario estatal se refirió que se propuso ante la Federación una partida presupuestaria por el orden de 700 millones de pesos para arreglar todos los conflictos que se tienen en materia agraria. Al respecto, señaló que en el estado hay 62 focos amarillos y 58 focos rojos por el orden, los cuales requieren de este monto para ser resueltos.  

Cabe mencionar que el 7 de agosto de 2003, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, en Casa de Gobierno anunció que se otorgaría una importante cantidad de recursos para negociar con las partes y llegar a un acuerdo; sin embargo, ahora es la falta de este dinero lo que mantiene amarradas las manos de las autoridades estatales para dar trámite a la solución de los conflictos.  

A decir de García Becerra, se tienen importantes avances en la gestión, incluso en algunas comunidades existe la carta de intención; sin embargo, son las autoridades federales las que tiene que poner 75 por ciento de los recursos para los gastos que se generan al llegar a un acuerdo, mientras que el gobierno estatal sólo aporta un 25 por ciento, recurso que aseveró está disponible.

 

Con el Editor: Prioridades. (Vanguardia, Luisa Teissier, p.web).

Desde hace años el campo mexicano dejó de producir lo necesario para alimentar a los mexicanos.

De acuerdo con el Congreso Agrario Permanente —CAP—, para 2007 el presupuesto del sector agrario debe incrementarse en, por lo menos, “45 mil millones de pesos”, para alcanzar los 200 mil millones.

Este monto, asegura el CAP, “garantizaría la soberanía alimentaria, pues hoy por hoy “más del 40 por ciento de los alimentos que se consumen en el país vienen del extranjero, y por lo tanto, no se garantiza la estabilidad social en el campo.

De la misma manera, el aumento del presupuesto debe ir acompañado de equidad en su propia distribución, pues hasta ahora “la mayor parte de los recursos se la llevan los agricultores privados y no el sector social —los ejidatarios y los comuneros—”.

Sobre este asunto, un integrante de la coordinación nacional del CAP explicó que en el campo viven algo más de 26 millones de personas, entre ellas los grandes productores que tienen presencia en el mercado nacional y en el internacional.

 “No son más de 300 mil, es decir, menos del 7 por ciento, pero se llevan la tajada del león en la distribución del presupuesto. Nosotros correteamos la liebre y ellos se la comen”, criticó. El CAP presentará al Presidente electo, Felipe Calderón, una propuesta de política de Estado para el sector agrario, que tiene como principal objetivo contrarrestar “las erróneas políticas” de la administración foxista en ese rubro.

El coordinador nacional de la agrupación insistió en que los recursos, a pesar de que se han incrementado año con año son aún insuficientes. Para que se incremente la producción agropecuaria, y se tengan mejores resultados en los programas de desarrollo social dirigidos a este ámbito, “no es ambicioso, sino realista, plantear un presupuesto para el próximo año que no sea inferior a los 200 mil millones de pesos”.

Un funcionario afirma que a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada año afirma que no hay recursos suficientes para incrementar en forma contundente los presupuestos, “sí los hay y es factible, sobre todo por los excedentes petroleros”. “El coordinador de los diputados del sector agrario nos prometió convocar a una reunión con los presidentes de las comisiones de Agricultura, Reforma Agraria y Medio Ambiente, para platicarles la necesidad de incrementar el presupuesto del sector, la aplicación de las reglas operativas de los programas, y la distribución equitativa del presupuesto”.

En lo que se refiere a una eventual reunión con Calderón, el CAP lamentó que hasta ahora “haya pocas señales” de acercamiento para plantear las inquietudes de las organizaciones campesinas. No obstante, ya se estableció un contacto, pero “hasta ahora no sabemos cuándo”. El CAP propone un proyecto de planeación estratégica en el agro a 20 años, porque en México “no hay planeación para el campo, cada vez más se pierden ramas de producción, se expulsan productores, cada vez la competencia es más desleal con los socios comerciales y se pierde soberanía alimentaria”.

El problema está ahí, fuerte y claro. Desde hace años, el campo mexicano dejó de producir lo necesario para alimentar a los mexicanos. Es la verdad, y no requiere comentarios. Tan sólo la esperanza de que los mexicanos del campo atiendan el compromiso que tienen con la Nación, dejen de pensar aunque sea un poco en pesos y centavos, y se apliquen a producir la comida que la gente necesita.

 

Sector agropecuario

 

Exportará México camarón a EU. (Rumbo de México, p.8, Unomásuno, p. 10)

El Secretario de la Sagarpa, Francisco Mayorga, inició la exportación de miles de toneladas de camarón blanco de alta calidad con destino a Estados Unidos, así como a naciones de Europa, entre otras como Francia, Bélgica y Alemania.

 

Sagarpa espera una buena producción de azúcar. (Rumbo de México, p. 8)

La zafra 2006-2007 arranca en tiempo y forma, con lo cual se podrá obtener una buena producción de azúcar y aprovechar la oportunidad que se presenta hacia el 2007, que es el acceso al mercado norteamericano con 250 mil toneladas del edulcorante libre de arancel, así lo señaló Francisco Mayorga.

 

 

Difieren permisos para introducir maíz transgénico. (La Jornada, p.web)

Por tercera ocasión en menos de un año fue suspendida la autorización de permisos para el cultivo experimental de maíz transgénico, que fue sometido a consulta pública por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El proceso (la consulta) se llevó a cabo pese a que no existe aún un régimen especial para el maíz -que debe incluir mecanismos de protección del grano-, como lo establece la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

Desde que se sometió a consulta el proyecto, científicos y organismos no gubernamentales expresaron su rechazo, debido a que el experimento se realizará con semillas de las trasnacionales Monsanto, Dow Agroscience y Pionner.

El programa sería coordinado por Luis Herrera Estrella, del Centro de Investigaciones Avanzadas de Irapuato, y se realizaría en campos experimentales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

En un comunicado emitido anoche, la Sagarpa informó que este lunes concluyó el plazo de dos meses que establece la LBOGM para resolver sobre las siete solicitudes de siembra experimental de maíz modificado en campos ubicados en territorio nacional.

 

Organizaciones campesinas

 

La escasez cabalga en el sector rural mexicano: CAP. (La Jornada, Gabriel León Zaragoza,, p.web).

En el Día Mundial de la Alimentación, el dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), Gerardo Sánchez, aseveró que la desnutrición y el hambre cabalgan en el sector rural del país, donde más de 90 por ciento de los trabajadores resienten la falta de oportunidades para mejorar su calidad de vida y se ven obligados a emigrar a los centros de producción o a Estados Unidos.

Ante ese panorama, agregó, el próximo presidente "debe hablar con la verdad, porque los campesinos no soportarán más cifras maquilladas como las que rindió Vicente Fox, que dijo que la pobreza extrema había disminuido más de 50 por ciento, cuando a todas luces es falso".

Indicó que la agenda de trabajo del CAP "comprende la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la petición formal al gobierno federal de mayores partidas presupuestales para la ampliación de programas productivos para el campo".

Destacó que estudios internacionales sitúan a México en el sitio 25 de los países en desarrollo en la lucha contra el hambre, debajo de Argentina, Chile, Uruguay, Cuba y Costa Rica, entre otras naciones, algunas de las cuales han padecido severas crisis económicas. "Eso es insostenible."

En el país hay 70 millones de personas que padecen hambre, "pero el porcentaje se incrementa significativamente en el sector rural, donde afecta principalmente a los grupos indígenas y habitantes de ejidos y comunidades apartadas".

Existe riesgo nutricional grave en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Puebla y Campeche, cuyas poblaciones más afectadas son los niños y los ancianos, abundó.

 

Prensa Estatal

 

BAJA CALIFORNIA

 

Ejidatarios paralizan una salinera en BCS; piden ayuda de la otra campaña. (La Jornada, Raymundo León p. web)

Solecito Demandan campesinos un incremento de 700% en el arrendamiento del terreno.

Solecito La propuesta llevaría directo a la quiebra a Exportadora de Sal, señalan los propietarios.

La Paz, BCS, 16 de octubre. Habitantes de los ejidos Benito Juárez García y Gustavo Díaz Ordaz, municipio de Mulegé, mantienen tomadas instalaciones estratégicas de la Exportadora de Sal SA de CV (ESSA) en Guerrero Negro. Exigen un pago justo por la renta de sus tierras, que son explotadas por la empresa, o su devolución.

Por la madrugada, los ejidatarios se reunieron con el subcomandante Marcos, quien se comprometió a difundir ante la prensa internacional esta problemática.

Elfego Camacho Villavicencio, diputado local del PRD, informó que desde el domingo unos 350 ejidatarios se apoderaron de las bombas y del canal principal que abastecen a los vasos donde se cristaliza el agua, por lo que se espera la paralización de la empresa de un momento a otro.

Indicó que la toma de las instalaciones se hizo en forma pacífica y sin resistencia de la salinera, cuyos directivos no se han reunido con los manifestantes.

Los quejosos, propietarios de 36 mil hectáreas explotadas por ESSA, dijeron estar abiertos al diálogo, siempre que se expongan propuestas serias.

La única oferta que ha hecho la empresa hasta ahora es incrementar la renta anual de 158 a 225 pesos por hectárea, lo cual fue considerado "ridículo" por los inconformes.

El legislador por Mulegé recordó que los ejidatarios son dueños de la tierra y respaldó su demanda de pedir mil pesos por hectárea, debido a que el gobierno federal impide que realicen otra actividad en sus predios, ya que se encuentran bajo el régimen de protección de la reserva de la biosfera de Vizcaíno.

Anunció que el Congreso del estado exhortará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se investigue por qué fueron modificados los convenios firmados en 1994, conforme a las cuales el pago mensual sería de 17 pesos.

Indicó que pedirá al Congreso de la Unión integrar una comisión especial que indague el monto y el destino de los fondos económicos que maneja Exportadora de Sal, la cual argumenta falta de solvencia económica para ofrecer mejores pagos a los ejidatarios.

Posición de la empresa

Por su parte, la empresa consideró que el reclamo de los ejidatarios no tiene ningún fundamento. "Exigen 700 por ciento de aumento en la renta actual, lo que equivale a pasar de 6 millones a 42 millones de pesos al año; esto llevaría a Exportadora de Sal a la quiebra", informó su vocero, Joaquín Ardura.

Mencionó que la oferta de ESSA se sustenta en un avalúo y consideró que la petición de los ejidatarios es "financieramente imposible". El vocero señaló también que la paralización de la salinera tendrá graves repercusiones económicas y ecológicas y exhortó a los quejosos a aceptar la propuesta de 225 pesos.

Se reúnen con Marcos

Poco antes de concluir su gira por Baja California Sur, el subcomandante Marcos sostuvo una inesperada reunión -la madrugada de este lunes- con representantes de los ejidos Benito Juárez García y Gustavo Díaz Ordaz, quienes le plantearon la situación y solicitaron su apoyo.

En la reunión celebrada en un local del ejido Benito Juárez, que se inició a las 0:30 horas, el delegado Zero se solidarizó con los ejidatarios y se comprometió a difundir esta problemática ante la prensa nacional e internacional.

El líder insurgente pernoctó en la zona de Vizcaíno, a orillas de la laguna Ojo de Liebre, y a las 9 horas partió rumbo al estado de Baja California.

 

Piden 500 mdp para ejidatarios de Guerrero Negro. (El Sol de México, p. 5B)

La Paz, BCS.- Hasta tomar las armas podrían llegar los ejidatarios de Díaz Ordaz y Benito Juárez, en Guerrero Negro, Mulegé, donde mantienen tomadas las instalaciones de bombeo de la exportadora de sal.

 

CHIAPAS

 

Peligra el Sumidero. (Excélsior, p.18)

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El Cañón del Sumidero, uno de los parques nacionales en la modalidad de área natural protegida, se encuentra en peligro, pues lo aquejan el crecimiento demográfico desmedido, así como la contaminación de Río Grijalva, la tala y el saqueo de flora y fauna.

 

DISTRITO FEDERAL

 

La propia Ley de Desarrollo Urbano, arma vecinal contra abusos de la UP. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p. web/La Crónica, p.14, Rumbo de México, p. 5).

El abogado del Frente Vecinal Delegación Benito Juárez, Sergio Méndez Silva, dijo que "la acción pública" a la que se acogerá para defender los derechos vecinales en esa colonia está contenida en el artículo 100 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que constituye una especie de "acción popular" a la cual se puede acoger cualquier persona que considere que los cambios de suelo en su comunidad contravienen dicho ordenamiento.

Méndez Silva abundó que la "acción pública" puede ser presentada por cualquier persona que observe construcciones, cambios de usos de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravienen la Ley de Desarrollo Urbano. Dicha figura jurídica "se sustancia como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio", explicó.

Se trata de un medio de control de la legalidad de la actuación de particulares y de las autoridades encargadas de aplicar las leyes en materia de los particulares y de las autoridades encargadas de aplicar las leyes en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

La "acción pública" es muy generosa, pues además de que puede ser interpuesta por cualquier persona, la autoridad que reciba el recurso, en caso de no ser competente, debe turnarla a la correspondiente, la cual deberá resolver sobre el fondo en el término de 30 días naturales.

Lo más importante respecto de la "acción pública", es que a las personas que la presentan les permite tener un control absoluto de lo que el infractor y la autoridad hagan y resuelvan, respectivamente. Pone en el banquillo de los acusados a los infractores y obliga a la autoridad a resolver conforme a derecho".

La "acción pública" se interpone ante la autoridad administrativa que sea competente para sancionar a los infractores de las leyes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Las autoridades competentes, según el caso, pueden ser la delegación respectiva o la Seduvi, añadió.

A diferencia de lo que ocurre en un procedimiento de verificación administrativa, la persona que interpone la acción pública puede impugnar una resolución de no sanción que dicte la autoridad. Se puede interponer el recurso de inconformidad ante el superior jerárquico o bien presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. En caso de que esta instancia no revoque la resolución de no sanción, la persona afectada puede presentar una demanda de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, que es un órgano del Poder Judicial Federal. Si el caso resulta ser muy relevante, puede ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó.

 

GUERRERO

 

El acceso carretero a la zona de conflicto por La Parota, obra de su gobierno y CFE, confirma el gobernador. (El Sur, Ricardo Castillo, p.web).

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo confirmó que la actual apertura de una nueva carretera hacia la zona de conflicto por el proyecto de la presa La Parota, de Tunzingo a La Concepción, es construida entre su gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que incluso se considera que podría tener una desviación en San Isidro Gallinero para que llegue hasta Garrapatas.

Pese a ello, Torreblanca Galindo consideró que con estos trabajos, la CFE y su gobierno “no estamos violando” el amparo de un juez que ordenó suspender en esa zona toda obra que tenga que ver con la hidroeléctrica, hasta que se dicte una resolución definitiva en el juicio promovido por los comuneros opositores.

“A lo mejor usted no ha leído bien el amparo y no estamos violando ninguna ley”, respondió el gobernador a pregunta de este reportero, durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes en el puerto. Luego agregó que “lo que estamos haciendo es obra pública para los más pobres de Acapulco, y qué bueno que haya inversión”.

Dijo que espera “que con el presidente municipal sigamos haciendo inversión en la zona de la margen izquierdo del río Papagayo, que no necesariamente la zona de influencia de La Parota”. Insistió en que “todo lo que esté ahí no es solamente para La Parota”.

No obstante, admitió que “nosotros hemos pedido, y hay inversión del (gobierno del) estado de Guerrero, para junto con (sic) la Comisión Federal de Electricidad hacer obras, como es el caso de (la carretera) Tunzingo-San Isidro Gallinero y de ahí quisiéramos llegar, de San Isidro Gallinero a La Garrapata, que es una obra que desde que yo fui alcalde fue de la más sentidas”. Reiteró: “Yo veo que nadie se va a oponer, aunque estemos en un asunto de La Parota o no Parota, a que llevemos obras de infraestructura a los más pobres de Acapulco”.

 

“Podría haber problemas” con las obras en la zona que afectaría La Parota: Félix. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).

“Podría haber problemas” con las obras que comenzó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en las tierras donde se construiría la presa La Parota, porque hay quienes están en contra de la paraestatal, alertó el alcalde Félix Salgado Macedonio.

Al pedirle su opinión ayer sobre las obras que lleva a cabo la CFE en las tierras donde se construiría la presa, el alcalde respondió que “yo digo que se hagan obras con el consentimiento de los pueblos y para beneficio de los pueblos, más allá de que si se hace o no se hace La Parota, yo digo que se debe hacer la carretera y escuelas”.

Sobre si cree que se violó el amparo otorgado a los opositores que impide cualquier trabajo en la zona, indicó que “si hay esa decisión del juez debe acatarse ¿eh? y suspender su trabajo la CFE”.

A pregunta expresa de si considera que hay riesgo de una confrontación entre los campesinos, mencionó que “podría haber problemas” porque en esas tierras hay quienes “están en contra de las obras de la CFE”.

Salgado Macedonio aclaró que no sabe cuál sea la disposición final sobre este proyecto “dividido, que divide”, y reiteró que si se le da “un buen tratamiento social” se podrá hacer o de lo contrario podría tener problemas.

–¿También divide a Zeferino Torreblanca y al alcalde?.

–Pues no creo, yo al menos estoy claro: si hay disposición y consenso se puede hacer La Parota; si hay oposición y división difícilmente se haría un proyecto así y más cuando hay gente que se opone porque considera que es su tierra, raíces.

Precisó que no es una posición del alcalde sino que es un proyecto del gobierno federal. “Que va a beneficiar Acapulco es cierto, que la mayoría en Acapulco está a favor de La Parota es cierto, pero se debe respetar y tomar en cuenta a los que viven allá”.

A las 6 y media de la mañana el alcalde estuvo en la Secundaria Federal 12, Caritino Maldonado, ubicada en avenida Ruiz Cortines cerca de la colonia Francisco Villa, para comenzar el programa de Educación Vial propuesto por el Cabildo Infantil y aprobado apenas el viernes por el pleno de Cabildo.

Aun con la lluvia de ayer los estudiantes llegaron a clases.

Junto con el alcalde comenzaron el programa y con chalecos naranjas y señalamientos de siga y alto les servirán para poder cruzar las calles.

 


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