CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
4 DE MAYO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Atizan zapatistas Atenco
Enfrentan con machetes a policías;
deja refriega un joven muerto
Nueva ola de violencia
en Atenco; un muerto
La víctima, un joven de 14 años; convierten
carretera en campo de batalla
Insuficiente, el
sistema de pensiones
Los trabajadores tendrán sólo 50% de
sus ingresos al retirarse
Reformas de fondo,
vía para impulsar al país
Urgen los cambios para tener una economía
dinámica: Gil Díaz
Guerra en Texcoco-Atenco
El desalojo de floricultores en un
mercado desata cruenta batalla
Reventó Atenco
Se enfrentan policías federales, estatales
y municipales con ejidatarios; un muerto y
68 heridos
Una banqueta, pretexto
de atencos para
estallar motín
Batalla campal deja 1 muerto y 35 heridos
Estalla violencia
en Atenco; un muerto
Saldo: 35 heridos, 101 detenidos y
11 rehenes, entre ellos 2 fotógrafos
Gobierno rebasado;
1 muerto
Un muerto, 50 heridos, un desaparecido
y 102 detenidos dejó
ayer un choque entre policías y habitantes
de San Salvador Atenco
Sector agrario
Firman hoy convenio
minera y ejidatarios de Pinzán
Morado. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).
Ciudad Altamirano, Gro. En el Tribunal
Unitario Agrario de Chilpancingo hoy se
firmará un convenio entre la minera Pinzán
Morado y ejidatarios de la población del mismo
nombre, perteneciente al municipio de Coyuca
de Catalán.
Así lo informó el residente de la Procuraduría Agraria (PA),
Jesús González García, quien mencionó
que en realidad se trata de dos acuerdos entre
las partes.
Para tratar de conciliar los intereses de una y otra parte,
la PA había designado a Jesús Vergara Romero
y a Filemón Téllez
Bustos, quienes junto con un apoderado legal
de la empresa minera, y de Otoniel Echeverría Tavarez, presidente
del Comisariado
Ejidal, llegaron a acuerdos.
Y es que había inconformidad entre los ejidatarios porque cuando
la señora Elia Sánchez Cerda había adquirido
la concesión de la empresa minera, había desaparecido
una importante porción de terreno y jales,
que es el mineral extraído, para ser vendido
en la ciudad de Monterrey.
A consecuencia de ello estaban exigiendo que se les entregara
la cantidad de 200 mil pesos, pero la empresa
solamente se comprometía a dar 50 mil, cantidad
que fue rechazada por los ejidatarios.
Una vez que intervino la PA se convino que la empresa pagará
160 mil pesos anuales, cantidad que será realizada
al término de cada año, pero el compromiso
también de entregar 50 mil pesos en efectivo
y otra cantidad similar en cemento para la
pavimentación de una calle.
Todos estos acuerdos serán firmados en el Tribunal Unitario
Agrario de la ciudad de Chilpancingo, en el
transcurso de hoy jueves.
Comentario aparte merece que dicha empresa minera contrató
los servicios de un técnico para que supervise
cada una de las casas que presuntamente han
resultado afectadas por los explosivos que
se manejan en la mina, cuyos trabajos estarán
a consideración de los afectados.
Descarta Abascal que haya inestabilidad. (La Jornada, Fabiola Martínez, p.web).
Hoy paralizarán el DF, afirman grupos civiles.
El gobernador Peña Nieto minimiza el enfrentamiento.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal
Carranza, rechazó que los sucesos en San Salvador
Atenco, estado de
México, provoquen inestabilidad en el país,
y confió en que existan cauces de diálogo
para resolverlo lo antes posible.
"Simplemente se trata de conflictos sociales, en este
caso provocado por un desalojo del gobierno
del estado de México con floricultores. Estamos
confiando en resolver este y cualquier otro
conflicto que surja", precisó.
A su vez, el gobernador del estado de México, Enrique Peña
Nieto, minimizó el enfrentamiento ocurrido
ayer entre las policías estatal, municipal
y federal y habitantes de Atenco.
Aseguró que fue "una acción orquestada"
por un grupo minoritario de "macheteros"
que aprovecha cualquier ocasión para generar
violencia.
Descartó que el conflicto esté vinculado con las demandas que
enarbola el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), pues consideró
que no fue una agresión "a los derechos
de las personas".
Peña Nieto subrayó que la fuerza del Estado se aplicó sólo
para hacer prevalecer el orden, y confirmó
la detención de aproximadamente cien personas.
En tanto, Carlos Abascal no dio gran importancia al enfrentamiento
en San Salvador Atenco,
donde perdió la vida una persona y decenas
resultaron heridas. Señaló que fue un operativo
de la policía del estado de México y que el
gobierno federal sólo fue coadyuvante.
"Vamos a ver cómo apoyamos para que se restablezca el
orden, la paz y la armonía a la brevedad posible",
apuntó. El secretario de Gobernación acudió
a Los Pinos casi a las 21 horas, después de
reunirse con los secretarios de la Reforma
Agraria, Desarrollo Social, Turismo, Energía
y Agricultura.
Exigen salida inmediata de federales.
Integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente,
de la Unión Nacional de Organizaciones Populares
de Izquierda y simpatizantes del EZLN exigieron
al secretario de Gobernación, Carlos Abascal,
la salida inmediata de las fuerzas federales
que participaron en los hechos violentos de
Atenco.
Advirtieron que hoy paralizarán la capital del país "con
manifestaciones en los cuatro puntos cardinales",
y aseguraron que ya hay movilizaciones de
protesta "por la represión del gobierno"
en 25 ciudades de la República. Afirmaron
que recibirán apoyo de colonos de la zona
de Tepito, en las inmediaciones del Eje 1
Norte.
Aproximadamente a las 18 horas un contingente de 500 personas
llegó a Bucareli
para denunciar que los gobiernos del estado
de México y federal son culpables "de
los hechos de represión" en Atenco.
Desde temprana hora fueron colocadas vallas metálicas sobre
Bucareli y Abraham González para evitar el paso de los manifestantes.
Unos 20 elementos de la Policía Federal Preventiva
(PFP) -adscritos a la custodia del edificio
sede de Gobernación- permanecieron detrás
de las vallas sin cascos, escudos o toletes.
Los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno del
Vicente Fox, a quien
llamaron "¡asesino!" Afirmaron que
los funcionarios se han manchado las manos
de sangre con los "crímenes impunes"
de Pasta de Conchos, Coahuila; Sicartsa,
Michoacán, y San Salvador Atenco.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación movilizó
un contingente de 48 profesores a Atenco
para "solidarizarse" con la población,
y anunció que se sumarán más maestros para
protestar contra la "provocación del
gobierno federal".
Dirigentes sindicales del magisterio democrático de las secciones
18 de Michoacán y 36 del Valle de México afirmaron
que no pretenden alentar un clima de violencia,
sino demostrar a las autoridades estatales
y federales que las organizaciones campesinas
y sindicales "no estamos dispuestas a
soportar más agresiones ante la incapacidad
del gobierno para garantizar soluciones".
Aseguraron que ninguno de los tres niveles del gobierno ha
sabido responder a las demandas de democracia
y pluralidad que demandan las organizaciones
del movimiento urbano, campesino y sindical,
y advirtieron que "si sigue el clima
de agresión e inestabilidad tendremos que
enviar un mensaje contundente a las autoridades
para que entiendan que no estamos dispuestos
a tolerar más violencia".
El grupo de profesores que se trasladó a Atenco
está integrado por representantes de las secciones
18 de Michoacán, 7 de Chiapas, 36 del Valle
de México y 22 de Oaxaca. Su propósito es
conocer la situación y brindar solidaridad
a los pobladores.
Después de los enfrentamientos entre ejidatarios de Atenco y policías mexiquenses y federales se estableció una
red de comunicación entre organizaciones no
gubernamentales con el propósito de realizar
acciones para condenar los hechos.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrado por
ejidatarios de Atenco,
pidió a las organizaciones no gubernamentales
que denuncien, en todas las formas posibles,
que los responsables de los choques y de la
muerte de una persona son el presidente Vicente
Fox y el gobernador
mexiquense, Enrique Peña Nieto. Además, se
sumaron a la exigencia de otorgan la libertad
a Ignacio del Valle, líder de los ejidatarios,
y al resto de sus compañeros encarcelados
en Toluca.
El sector obrero de la otra campaña y adherentes de
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
también repudiaron la intervención de la fuerza
pública contra "el digno pueblo"
de San Salvador Atenco, por "el solo hecho de defender su derecho a la
subsistencia" en el municipio de Texcoco.
Exigieron castigo a los responsables del asesinato
de un joven y la liberación de todos los detenidos.
Dirigentes del Comité 68 expresaron su indignación y preocupación
por los hechos en Atenco,
"escenario de numerosos enfrentamientos
violentos entre la población civil y la fuerza
pública". Destacaron que el gobierno
de Vicente Fox está cerrando su sexenio con "una escalada represiva"
encaminada a generar un clima de miedo en
pleno proceso electoral.
El rector de la Universidad Autónoma Chapingo,
Sergio Barrales, llamó a las autoridades federales,
estatales y municipales a privilegiar el diálogo
y la concertación como vía para resolver el
conflicto.
Reprueba Felipe Calderón la violencia de los pobladores de
Atenco.
El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Mariano
Palacios Alcocer, pidió respeto al estado
de Derecho en San Salvador Atenco, y se pronunció en favor de que se preserve la paz
y la estabilidad social.
Por su parte, el candidato presidencial del Partido Acción
Nacional, Felipe Calderón, consideró deplorables
las acciones de "violencia" de los
habitantes de San Salvador Atenco
y reprobó el hecho de que mantengan retenidos
a cinco policías.
"No es con machetes, no es con violencia como debemos
avanzar en nuestros derechos", señaló
durante una reunión con la comunidad libanesa
en México.
Hizo votos porque se restablezca la legalidad en Texcoco y
convocó a las autoridades a hacer un ejercicio
responsable del poder.
Acusan comuneros a la SRA de fraude y despojo de
parcelas en Tlayacapan. (La Jornada de Morelos, Miguel Ángel García, p.web)
Cuernavaca, Morelos. La delegación
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), “hacen de la notificación y venta
de cerca de 600 hectáreas en el municipio
de Tlayacapan un
negocio millonario”, lo que orilló a los campesinos
a solicitar la intervención de autoridades
judiciales para evitar que los despojen, señaló
el presidente de bienes comunales del mismo
municipio, Artemio Escamilla Ortiz.
“El gobierno de Sergio Estrada
Cajigal, nunca quiso actuar en contra de los
invasores de los parajes Melón, Zacate y Cacahuates, debido a los intereses políticos que
apremian en estas épocas electorales”, agregó.
El comunero lamentó que sean las
propias autoridades agrarias las que permitan
y hasta promuevan la invasión y el despojo
de las tierras.
Señaló a funcionarios de la delegación
de la SRA como los responsables directos en
la invasión de sus parcelas, debido a que
primero fueron “omisos” y no intervinieron
para detener el ilícito, y después decidieron
dar respaldo a los invasores, que presuntamente
intercambiaron la “protección” brindada por
autoridades de la Secretaría por lotes para
trabajadores de esa institución.
“Lo más grave es que la UNTA, encabezada
por Julio Padilla Trujado, es una institución
que tenía fuertes compromisos con los hombres
del campo, y abandonó sus ideales para transformarse
en un organismo despojador de parcelas. Bajo
esa bandera, muchas familias iniciaron la
invasión y despojo de los predios”.
Escamilla Ortiz informó que esos
terrenos actualmente están en litigio, por
lo que su invasión y despojo provoca que la
Ley Agraria se violente. Los
comuneros exigen la intervención de las autoridades
judiciales estatales porque la compra-venta
y reasignación de lotes sigue creciendo significativamente,
“situación que podría traer consecuencias
muy graves en la lucha por la posesión de
la tierra”.
Denunció a Ramiro Delgado Ortiz,
José Beltrán Bahena,
Mario Alartcón,
Lucrecia Beltrán, y Juan Martínez, entre las
personas que se han sumado a la entrega de
lotes, esto a cambio de cooperaciones o el
pago del terreno.
Los campesinos exigen la presencia
policiaca y el desalojo
de las familias que fueron engañadas con la
adquisición de un predio legal.
Las comunidades serán las que determinen el final
de los conflictos agrarios en la Meseta. (La Jornada de Michoacán Ernesto Martínez, p.web).
Los problemas del campo se prolongarán por muchos años, prevé
Nación Purépecha.
Continuarán las negociaciones hasta el último día de la administración
foxista, manifestó
la SRA.
Los conflictos agrarios de la Meseta Purépecha
–por su complejidad y desconocimiento– se
prolongarán por muchos años más, afirmó el
dirigente de la organización Nación Purépecha,
Abundio Marcos Prado, después de sostener
que serán las comunidades quienes decidan
cuándo concluirán los conflictos por la tenencia
de la tierra.
En tanto, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
manifestó que continúan las negociaciones
hasta el último día de la administración foxista,
no sólo en las comunidades más confrontadas,
sino en otras donde no existe riesgo de violencia.
Informó que tan sólo en 2005 se firmaron 37 acuerdos junto
con el gobierno del estado y las comunidades.
De éstos, se resolvieron 15 conflictos, en
su mayoría considerados focos amarillos en
las comunidades de San Juan Nuevo, Chilchota,
Tangancícuaro, Hidalgo,
Acuitzio, Coeneo
y Huaniqueo, entre
otras.
Para el gobierno del estado fue importante lograr la firma
de un acuerdo de conciliación entre Cocucho
y Urapicho, uno de los problemas agrarios más graves de la entidad,
que por la disputa de un predio de 300 hectáreas,
entre 1952 y 1992 se enfrentaron a balazos
en varias ocasiones dejando un saldo de más
de tres decenas de muertos.
No se cumplieron las premoniciones del titular de la SRA, Florencio
Salazar Adame, en
el sentido de resolver los siete conflictos
más álgidos de Michoacán considerados focos
rojos, antes del siete de agosto de 2005,
porque desconocen la idiosincrasia de los
pueblos purépechas, apuntó Marcos Prado.
Es difícil conciliar las diferencias entre las comunidades
en pugna, explicó el coordinador Interinstitucional
de Atención a Pueblos Indígenas, Néstor Dimas
Huacuz, y admitió
que a pesar de que los integrantes del Consejo
Estatal Indígena acordaron atender los focos
amarillos los avances han sido lentos por
las características de las comunidades.
El gobierno del estado, explicó, está fungiendo como mediador
en los conflictos entre Pamatácuaro-Tarecuato, Ocumicho-Tangancícuaro, Ichán-Tacuro, Tánaco-Cheranástico y Huécato-Tanaquillo (considerados focos rojos), de igual forma está
participando en reuniones conciliatorias entre
Tánaco-Cocucho, Urén-Acachuén,
Comachuén-Tingambato,
Capacuaro-Quinceo y Tarecuato-Sirio.
Se ha cumplido el objetivo principal, ya que a través de las
negociaciones se han evitado confrontaciones
y violencia entre comunidades, sin dejar de
admitir las graves consecuencias de la tala
clandestina en los últimos años, subrayó Dimas
Huacuz.
La concepción que tienen los indígenas de su territorio, al
que consideran “madre” y que, por ende, no
es negociable a pesar de las resoluciones
jurídicas, debe tomarse en cuenta seriamente,
porque aun cuando parece que un asunto está
resuelto, con el tiempo se recrudece, de ahí
que es indispensable un total acuerdo entre
las comunidades antes de aprobar cualquier
resolución, abundó.
El dirigente de Nación Purépecha
Zapatista, Abelardo Torres, sabe que el conflicto Llano de
Pejo, de una superficie de 477 hectáreas, se encuentra estancado
después de las fuertes diferencias entre ejidatarios
de Tangancícuaro y la comunidad indígena de Ocumicho.
Se sigue repitiendo la misma historia, las comunidades indígenas
están de acuerdo en cualquier negociación
que les garantice que el fallo será en su
favor. Incluso ha habido varios gobiernos
–federal y estatal– que han intentado resolver
los conflictos, pero a fin de cuentas, la
parte afectada no respeta los acuerdos previos,
ni tampoco las disposiciones legales.
Es por ello que los representantes de Ocumicho
están pendientes de los resultados de las
autoridades agrarias, y convencidos además,
que a ellos les corresponde la razón, no aceptan
que a los ejidatarios de Tangancícuaro
les asista algún derecho, a pesar de la resolución
presidencial decretada en su favor hace años.
En 1981 se registró un desalojo donde hubo muertos y heridos,
así como la quema de casas de la colonia Félix
Ireta, recuerda
Abelardo Torres, quien aseguró que en 1999
se dio el desalojo y encarcelamiento de sus
compañeros. Por ello, desde hace aproximadamente
cuatro años, realizan un plantón frente al
predio.
El siete de agosto de 2003, en que se firmó el convenio entre
gobierno del estado y la Secretaría de la
Reforma Agraria, con el fin de resolver los
conflictos en la Meseta, el gobernador Lázaro
Cárdenas Batel admitió que la región es difícil,
porque en algunos casos existen diferencias
de carácter histórico, con límites de propiedad
y con el aprovechamiento forestal. “Se trata
de una problemática compleja que debe abordarse
de manera integral, tal como lo pretenden
las autoridades agrarias, y en el que juegan
un papel importante ayuntamientos y comunidades
afectadas”.
A diferencia de otras administraciones, por primera vez el
gobierno federal ha contado con recursos económicos
para resolver los conflictos agrarios, además
se han sentado a la mesa con las partes en
conflicto para buscar una negociación, donde
participan representantes de los gobiernos
estatal y municipal. Sin embargo, todo parece
indicar que los tiempos comprometidos no se
cumplirán, no precisamente por falta de voluntad
política. Sin embargo, a pesar de las adversidades
existen avances que permitieron resolver,
incluso el conflicto más grave suscitado hace
años entre Cocucho y Urapicho.
A prácticamente siete meses de que concluya la administración
federal, seguramente la mayor parte de los
conflictos no serán resueltos, por lo que
aún faltan años para encontrar la forma en
que las comunidades indígenas pongan fin a
sus conflictos, que a decir de Abundio Marcos
Prado, serán las comunidades las que decidan
cuándo poner fin a sus diferencias por la
tenencia de la tierra.
Juicio agrario, único camino para resolver el conflicto
entre Tarecuato
y Tzirío: Efraín
García. (La Jornada de Michoacán,
Martha Luna, p.web)
Autoridades federales y estatales
buscan una alternativa de solución conciliadora.
Ya se tiene el diagnóstico y los
trabajos topográficos para hacer una propuesta
institucional: Cañadaotas.
Los Reyes, 3 de mayo.- El camino
legal para resolver el conflicto agrario que
sostiene la comunidad de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio,
con Tzirío, anexo
de Pamatácuaro municipio
de Los Reyes, es el Tribunal Agrario,
quién será el que revise los documentos necesarios
y decida quién tiene la razón en el derecho
de las 62 hectáreas en pugna, consideró Efraín
García Becerra, subsecretario de Organización
y Concertación Agraria del gobierno del estado
en la reunión sostenida el pasado martes 2
de mayo del presente con ambas comunidades
y la Secretaría de la Reforma Agraria,
así como autoridades estatales y federales
en busca de una alternativa de solución conciliadora,
que ponga fin a este añejo conflicto.
Al respecto, Francisco Cañada,
representante regional de la Secretaría de
la Reforma Agraria comentó: “no tenemos
facultades para restituir, puesto que le corresponde
al Tribunal Agrario, en la medida que
nosotros podamos encontrar una alternativa
de solución conciliatoria, estamos comprometidos
ha apoyar para que esa solución sea firme
y definitiva”.
Informó también que se tiene la
posibilidad de hacer una oferta institucional
donde dada la naturaleza del conflicto se
hace una propuesta poniendo sobre la mesa
una cantidad de recursos para su solución,
pudiendo compartir recursos, compartir terrenos,
usar el recurso para proyectos productivos
o para comprar tierras, siendo las mismas
comunidades las que compren tierras para su
reubicación.
Agregó que existe un universo de
48 conflictos agrarios, considerados como
foco rojo en la Meseta Purépecha, de los cuales se han resuelto seis bajo el siguiente
procedimiento: en primera instancia tener
el diagnóstico específico; la designación
de comisiones de cada parte para que se inicie
la posible conciliación; una carta compromiso
o acuerdo de inspección firmada, donde las
partes manifiestan su voluntad de diálogo
y concertación; un trabajo técnico de evaluación,
que permita manejar una cantidad como oferta
institucional que pueden ser recursos económicos,
proyectos productivos u obras; una vez que
se expone la oferta y logrado el acuerdo se
firma el convenio finiquito, teniendo éste,
se tramitan los recursos, teniendo ya los
recursos se ratifica el convenio en el tribunal
y por último, el recurso se entrega en asamblea
en las propias comunidades.
En el caso específico del conflicto
entre Tarecuato
y Tzirío, Francisco
Cañada apuntó que se tiene ya el diagnóstico,
los trabajos topográficos y con ello la posibilidad
de hacer una oferta institucional, pero se
requiere que las partes estén de acuerdo en
escuchar la oferta en el término de qué paquetes
se pueden ofertar para que se motiven en tomar
un acuerdo y de ésta manera proceder a firmar
el convenio finiquito, no obstante, apuntó,
no se puede obligar a nadie a que entre a
este programa.
Por su parte, comuneros de Tarecuato, representados por Alfredo Amezcua,
solicitaron respetar el acuerdo firmado el
3 de marzo del 2003 donde quedó establecido
que mientras se resuelve el conflicto mediante
las instancias correspondientes, las tierras
en pugna quedarán en manos del gobierno del
estado; en este mismo documento se señalan
algunas de las demandas de las propias comunidades,
en el caso de Tzirío
fue la perforación de un pozo profundo, la
construcción de aulas y de la carretera Los
Reyes–Tzirío, por parte de Tarecuato
se estableció que habrá apoyo a proyectos
sociales y proyectos productivos; y que el
gobierno del estado ha cumplido sólo las peticiones
de la comunidad de Tzirío.
Razón por la que la propuesta de
Tarecuato fue en
el sentido de que sea el Tribunal Agrario
quien resuelva el asunto llévese el tiempo
que se lleve, en tanto las 62 hectáreas sean
trabajadas por partes iguales entre las dos
comunidades o de lo contrario tal y como se
había acordado en la minuta del 3 de marzo.
Asimismo, el representante de Bienes
Comunales de Tzirío
discurrió en que no hay que remontarse al
pasado, puesto que lo fundamental es cómo
quedarán las tierras hoy, además de solicitar
darle celeridad al procedimiento y coincidiendo
que sea el tribunal el que decida, “respetaremos
la sentencia favorable o en contra que dictamine
el Tribunal Agrario, pero mientras tanto,
seguiremos trabajando las tierras”.
“El problema sólo se podrá resolver
si las partes quieren resolverlo”, aseveró
Efraín García Becerra, en el acuerdo de que
cada una de las comunidades en asamblea general
signen el compromiso de respetar lo que se dictamine sujetándose
a la ley máxima que es el Tribunal Agrario
en cuanto al derecho de las 62 hectáreas.
Aclaró que la ventaja que se tiene
en la circunstancia que se vive con los gobiernos
tanto estatal como federal, es la creación
del programa de focos rojos y focos amarillos
para invertir presupuesto para la solución
de conflictos agrarios, siendo el único gobierno
el de Michoacán que se ha puesto de acuerdo
con el gobierno federal para este fin, señalando
con esto que ni el gobierno federal ni estatal
son responsables y sólo ayudarán a resolver
el problema junto con la comunidad.
Por último incitó a las comunidades
en conflicto a presentar la demanda ante el
tribunal y convenir una propuesta de contraprestación
por parte del gobierno federal y estatal para
resolver vía conciliatoria mediante un avalúo
de las 62 hectáreas mientras resuelve el Tribunal
Agrario, por razón de una carta compromiso
por parte de las dos comunidades.
En el acuerdo quedó asentado que
será el próximo 19 de mayo cuando analizarán
la propuesta previa de cada comunidad en asamblea
general para considerar lo que procederá y
de esta manera finiquitar el añejo conflicto
agrario.
Denuncian despojo de tierras en San Martín. (Tiempo en Línea Oaxaca, Jaime Guerrero, p.web).
Más de 350 comuneros San Martín
Mexicapam encabezados por la presidenta de Bienes Comunales,
Antonia Ruiz Ortega, denunciaron ayer al Comité
de vida vecinal (Convive), de la colonia Hidalgo
de esa misma población, de pretender despojarlos
del terreno comunal donde construyen sus oficinas,
por ambiciones y afectar intereses económicos,
al ya no permitirles lotificar
y lucrar con terrenos comunales.
Por otra parte denunciaron al Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
de despojarlos de más de 100 hectáreas comunales,
desde que levantó una malla metálica en las
inmediaciones del polígono de Monte Albán,
pese a que el Registro Nacional Agrario
(RAN), ahora reconoce que son bienes comunales.
Ruiz Ortega, en compañía de la
Secretaria y el Tesorero de Bienes Comunales,
Socorro Jiménez Cernas y Jorge Castellanos
Morales, respectivamente, y el abogado Israel
Ochoa Lara, acusaron a los avencidados
y dirigentes del Convive, Rosalino Díaz y Juan Jesús Ruiz Benítez, de posible despojo,
donde actualmente edifican la “Casa Comunal”.
Dichos trabajos han sido suspendidos por ordenes
de las autoridades municipales del Ayuntamiento
de Oaxaca, por presiones del Convive, señalaron.
Indicaron que después de que el
Registro Nacional Agrario, realizó el censo
de tierras comunales, en esa demarcación,
se lastimaron intereses económicos, “trastocados
por el propio programa, a la familia de Juan
Jesús Ruiz”, a quienes señalaron de cometer
fraudes a la comunidad, “es gente que vendía
terrenos comunales, pero para certificar nuestra
tierras entramos a este programa para que
nos dieran la certidumbre y el reconocimiento
de lo que todos tenemos como comuneros”.
Manifestaron que
al tener conocimiento de lo que realmente
les pertenece, a través del Procede,
“ya no tendrán oportunidad de seguir vendiendo
los terrenos de varios parajes de la comunidad,
que ellos se adjudicaron, además de grandes
extensiones de tierra que lotificaron
y vendieron”, señalaron.
Por otra parte manifestaron su
inconformidad, con base en un decreto declaratorio,
en periodo del ex presidente Carlos Salinas
de Gortari, donde terrenos comunales de San
Martín Mexicapam son cercados, por su colindancia al polígono del
Monte Albán, al ser decretados como propiedad
de la nación y a raíz de esto el INAH les
impide hacer el uso de 100 hectáreas comunales.
Por su parte, el abogado Israel
Ochoa Lara, dijo que ya han tenido pláticas
con el INAH, para pedirles que retiren esa
malla, “porque la cerca se puso sin la autorización
de la asamblea comunal, al parecer sorprendieron
al anterior comisariado;
lo hicieron firmar un documento, pero no hay
acuerdo de asamblea que permita la instalación
de la malla”.
Insistió en que el INAH, tiene
que llegar a un acuerdo con los comuneros
“si las quiere, que pague por ellas, porque
finalmente se ha marcado un territorio, a
través del RAN, porque aseguró que, “el problema
se da en el momento en que cercan el área,
sin que exista un acuerdo real con los comuneros,
ver en qué condiciones lo toman y cómo quedaría
para los comuneros, o qué beneficio, porque
la línea de comuneros es hasta la tumba 107”,
aunque adelantó que en breve esto saldrá en
un plano que extenderá el RAN a las autoridades
comunales.
Denuncian invasión de tierras de campesinos en
Tlayacapan. (Unomásuno
Morelos, Adrián Rojas, p.web).
Miércoles 03 de Mayo 06.
Campesinos de
Tlayacapan exigieron la intervención de las autoridades judiciales
para evitar el despojo del que los pretenden
hacer objeto autoridades de la delegación
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), los cuales realizan la lotificación
y comercialización indebida de unas 600 hectáreas
en esa demarcación.
El presidente
de Bienes Comunales de Tlayacapan,
Artemio Escamilla Ortiz, lamentó que sean
las propias autoridades encargadas de procurar
justicia agraria, las que permitan y promuevan
la invasión y el despojo de tierras en Morelos,
y que el gobierno estatal nunca haya querido
actuar en contra de los invasores de parajes
como “Zacate”, “Cacahuates”
y “Melón”.
Dijo que los funcionarios
de la SRA en el estado deben responder de
manera directa por la invasión de sus tierras,
pues han respaldado a quienes despojan a los
campesinos, presumiblemente debido a que personal
de la propia dependencia se beneficiará con
la lotificación.
En última instancia, por lo menos han sido
omisos frente a la actividad de los “paracaidistas”.
Consideró particularmente
grave que la UNTA, organización que tiene
fuertes compromisos con los hombres del campo,
abandonó sus ideales para transformarse en
un organismo despojador de parcelas, y bajo
su bandera muchas familias iniciaron la invasión
y despojo de los predios de los comuneros
de Tlayacapan.
Escamilla Ortiz
refirió que esos terrenos actualmente están
en litigio, por lo que su invasión y despojo
nuevamente provoca que la Ley Agraria
se violente; de esta forma los comuneros exigen
la intervención de las autoridades judiciales
estatales porque la compra–venta y reasignación
de lotes sigue creciendo significativamente,
situación que podría traer consecuencias sangrientas
en la lucha por la posesión de la tierra.
Al tiempo de exigir
que la policía ejecute el desalojo de los
invasores, mencionaron a Ramiro Delgado Ortiz,
José Beltrán Bahena,
Mario Alarcón, Lucrecia Beltrán y Juan Martínez,
como parte del grupo de personas que efectúa
la entrega de lotes a cambio de cooperaciones
o el pago del terreno.
Denuncia el EZLN Actos de Provocación en Municipios
Filiales. (El Orbe (Tapachula), p.web)
Miércoles 3 de Mayo, 06.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mayo 2.- El Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusó al exdiputado local y dirigente de la Organización para la Defensa
de los Derechos de Indígenas y Campesinos
(OPDDIC), Pedro Chulín Jiménez, de provocador al estar realizando “hostigamiento
en contra de cuatro municipios autónomos que
forman parte del caracol 4, en el municipio
constitucional de Altamirano.
La junta de buen gobierno “Corazón del Arco Iris
de la Esperanza”, (autoridades autónomas y
bases de apoyo del EZLN), denunció en un comunicado
que Chulín Jiménez,
“desde octubre de 2005, amenaza con tomar
tierras recuperadas por los zapatistas
desde 1994.
Según la Junta de Buen Gobierno, con sede en el
Ejido Morelia, la OPDDIC se ha dedicado a
invadir y entregar tierras recuperadas por
el EZLN, con el argumento de que dichas tierras
no cuentan con un documento o certificado
agrario, a pesar de que Chulín
y seguidores saben perfectamente que tales
terrenos pertenecen y están en posesión de
miembros del EZLN.
Además, -indica el escrito-, Pedro Chelín siempre
habla de respeto a los pueblos indígenas cuando
en realidad su trabajo consiste en dividir
a los pueblos, hacer que se enfrenten y hasta
formar grupos paramilitares.
Los municipios autónomos bajo hostigamiento por
parte de OPDDIC, son: Primero de Enero, Olga
Isabel, 17 de Noviembre y Miguel Hidalgo,
señala.
Destaca el escrito que los zapatistas
no permitirán que les sean arrebatadas las
tierras que tanto esfuerzo les ha costado
recuperar, y acusaron a la Procuraduría
Agraria de favorecer estas acciones, al
estar renovando certificados de derechos agrarios
sobre estas parcelas, que bien sabe están
en poder de los municipios autónomos y que
costaron sacrificios y sangre de milicianos
para su recuperación.
Sufren agresiones y despojo bases de apoyo zapatista. (Expresso
de Chiapas, Elío
Henríquez, p.web).
Domingo 30 de
Abril, 06.
Denuncia CAPISE.
Señalan a la Organización para
la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
de filiación priísta, de embestir a zapatistas.
El Centro de Análisis Políticos
e Investigaciones Sociales y Económicos asegura
que los agresores actúan en complicidad con
la Procuraduría Agraria Federal.
San Cristóbal de Las Casas, Chis.- Las bases de apoyo del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) en los municipios
autónomos de Olga Isabel y 17 de Noviembre
sufren una
“embestida” de parte de la priísta
Organización para la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesinos (OPDDIC), afirmó el
Centro de Análisis Políticos e Investigaciones
Sociales y Económicos (CAPISE).
Añadió que desde el año pasado
en que incrementaron su accionar, las bases
del grupo rebelde padecen una situación de
“agresiones y despojo de tierras y propiedades”,
por parte de miembros de la agrupación, a
la cual se vincula con grupos paramilitares.
En un amplio informe titulado La
OPDDIC, un tumor maligno en Chiapas, el CAPISE
asegura que en su estrategia la agrupación,
que opera en la zona de la selva Lacandona,
cuenta “con el aval y la complicidad” de la
Procuraduría Agraria, del gobierno
del presidente Vicente Fox.
“Con base en la investigación realizada
en la región que comprende el Caracol de Morelia,
particularmente en la región que comprende
los municipios autónomos de Olga Isabel y
17 de Noviembre, se identificaron fuertes
embestidas de la OPDDIC, en su pretensión
de asumir el control político, económico y
territorial de los municipios (oficiales)
de Ocosingo, Chilón
y Altamirano”, dice en su informe la organización
no gubernamental.
Manifiesta que “con el aval y la
complicidad de la Procuraduría Agraria, la
dirigencia de la OPDDIC promete y ofrece la
apropiación de más tierras a indígenas y campesinos
de las distintas regiones, siempre y cuando
dejen su organización y pasen a ser miembros
de ésta”.
Sostiene que si alguna familia
se niega, “le cobran multas y cuotas mensuales
para obligarla a incorporarse a la OPDDIC,
al tiempo que las hostigan, intimidan y amenazan”
por negarse a pertenecer a sus filas.
“Paralelamente y durante ese mismo
periodo, realizan trámites y acuerdos con
la Procuraduría Agraria para ‘legalizar’ las
tierras recuperadas por el EZLN, y una vez
que adquieren el ‘título de propiedad’ que
los acredita como ‘legítimos propietarios’,
acusan a los zapatistas
de invasores, amenazándoles con desalojo forzoso”,
agrega.
Asevera que en todos los casos
en que la OPDDIC exige el retiro
de bases de apoyo zapatistas,
“se recurre a la convocatoria de otros ejidos,
poblaciones y organizaciones para apoyar el
desalojo”, lo cual va acompañado de la distribución
de propaganda en contra de los simpatizantes
rebeldes.
“Argumentan que los zapatistas no tienen papeles o títulos de tierra y por tanto
no tienen derecho a ocuparla o trabajarla”.
Después de detallar los casos de “agresiones”
y pretensiones de “despojos” de tierras, el
CAPISE indica que “en todos los casos donde
pretenden desalojar zapatistas,
la OPDDIC utiliza la palabra ‘legalidad o
legítimos dueños’, mencionado además que ellos
sí tienen posesión de los títulos de propiedad”.
Dice que “después de gestionar
títulos de tierra ante la Procuraduría Agraria,
los integrantes de la OPDDIC recurren a la
Seguridad Pública y al Ejército Mexicano para
intimidar y desalojar ‘legalmente’ a las Bases
de Apoyo Zapatistas
y cuando no lo logran, recurren a los paramilitares
de la propia OPDDIC de la zona Selva”.
En su amplio informe, la ONG afirma
que “actualmente, los dirigentes de la OPDDIC
se apoderaron del control político del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y por tanto
también de los recursos económicos inyectados
por este partido para las campañas electorales”.
Además, sostiene, “se apoderaron
de las dirigencias municipales priístas de
Altamirano y Chilón,
y tienen fuerte presencia en el de Ocosingo,
por lo que controlan el PRI en tres municipios
estratégicos del estado de Chiapas.
Adicionalmente, añade, Pedro Chulín Jiménez, uno de los fundadores y principales dirigentes
de la OPDDIC, es candidato a disputado federal
por el tricolor.
El CAPISE señala que en este contexto,
“más cerca que antes, un espectro oscuro reapareció
en escena hace unas semanas: Roberto Albores
Guillén, uno de los gobernadores más represivos
y violentos que ha padecido el estado de Chiapas
(1998-2000), particularmente las bases
de apoyo y las autoridades de los municipios
autónomos zapatistas”.
Subraya: “Sea por el PRI, o a través
del Partido
Nueva Alianza (Panal), este hombre pretende
ser nuevamente gobernador del estado de Chiapas”,
y concluye: “Los demonios andan sueltos”.
Prensa Estatal
GUERRERO
Más firme que nunca,
el proyecto de La Parota, responde Evencio
Romero.
(El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
Chilpancingo.
El asesor de los comuneros que simpatizan con la presa
La Parota y dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio Romero Sotelo, aseguró ayer
que la obra “está más firme que nunca”.
Esto en respuesta al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (Cecop),
Marco Antonio Suástegui,
quien dijo el martes que en los últimos días
han visto señales de que el proyecto está
cancelado.
Negó también que tenga responsabilidad en el intento
de disolver el plantón que mantienen los opositores
en Dos Arroyos, y retó a Marco Antonio Suástegui
a que “demuestre que yo recibí 15 millones
de pesos de la Comisión Federal de Electricidad,
pues el que acusa está obligado a probar”.
Romero Sotelo reviró que él
sí tiene pruebas de que el vocero del Cecop
“pidió 10 millones de pesos a la CFE para
permitirle el acceso a los terrenos de Cacahuatepec”.
Citó como testigos al ex gobernador René Juárez Cisneros;
al ex secretario general de Gobierno, Luis
León Aponte, y al ex residente para Asuntos
Sociales de la CFE, Víctor Hugo Chávez Chávez.
Consultado por teléfono sobre las declaraciones de Marco
Antonio Suástegui
a El Sur –que aparecen en la edición del miércoles–,
Romero Sotelo rechazó
que haya algún indicio de que el proyecto
está cancelado.
Aseguró que “están más firme que nunca, los trabajos
de la CFE siguen”.
Indicó que el escenario que hace el Cecop “está fuera de la realidad, es delirio de este señor
(Marco Antonio Suástegui)
por tanto alcohol y consumo de enervantes.
Sigue vigente la construcción de la presa,
lo que pasa es que están desesperados”.
Rechazó que la CNC forme parte de la estrategia del gobierno
del estado para confrontar a los comuneros
y a ejidatarios e imponer el proyecto, como
aseguró el asesor legal del Cecop,
Vildulfo Rosales. “Es ignorante ese abogado pero si tiene
pruebas de que así son las cosas que lo demuestre,
a mí no me paga el gobierno ni nadie, yo lucho
por los intereses de los campesinos y porque
creo que La Parota va a contribuir en el desarrollo
de la entidad”, dijo.
Con relación a que los opositores plantearán la cancelación
definitiva de la presa al candidato de la
coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel
López Obrador, Romero Sotelo
respondió: “No creo que se preste a ese juego,
no creo que acepte, no creo que quiera que
los campesinos sigan jodidos”.
Del deslinde que hicieron ante el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco los comisariados de Los Huajes y Dos
Arroyos sobre la anuencia para la expropiación
de las tierras, el dirigente justificó dicha
postura con el argumento de que “ante las
amenazas de muerte que reciben de los opositores
no pueden hacer otra cosa. Pero la decisión
ya está tomada y esa es la que vale”.
Con 10 años de atraso, paga la SCT la afectación
a ejidatarios de Agua de Correa. (El Sur, Brenda Escobar,
p.web).
Zihuatanejo.
La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) entregó al ejido de Agua
de Correa un cheque de 3 millones 169 mil
582 pesos, del Fondo Nacional de Fomento Ejidal,
por la afectación a 12 hectáreas por la construcción
del bulevar Zihuatanejo-Aeropuerto. La dependencia
federal adeudaba esa indemnización al ejido
desde 1996.
El comisariado
ejidal de esta comunidad, Bernardo Solís Radilla,
dio a conocer que la entrega de este dinero
se hizo el martes 2 y que el pago fue parcial,
pues la dependencia federal todavía adeuda
292 mil 715 pesos por el mismo concepto.
Agregó que además, los ejidatarios
emplazarán a la SCT para que indemnice al
ejido por la afectación de 15 hectáreas de
terrenos por el paso de la carretera federal
Acapulco-Zihuatanejo que data desde 1970,
“porque ni siquiera existe el decreto expropiatorio”.
Abundó que los campesinos decidieron
también emplazar a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) porque cuatro líneas de
conducción de alta tensión atraviesan el ejido
en la parte norte, “hay torres que atraviesan
nuestras tierras y la CFE nunca ha pagado
un solo peso al ejido por la afectación y
en este caso tampoco hubo un decreto expropiatorio, sino que fue de manera arbitraria”.
Recordó que “hace años, las dependencias
federales podían cometer cualquier irregularidad
y cualquier atropello en contra de los campesinos
porque había el temor de alzar la voz para
hacer valer nuestros derechos, pero ahora
las cosas han cambiado y sabemos que nos tenemos
que defender para exigir que nos retribuyan
tantas afectaciones que se hicieron al ejido
de manera arbitraria”.
Indicó que ya se asesoran con sus
abogados para proceder contra las dos dependencias
federales; “queremos hacerlo por la vía legal
y pacífica, sólo que esperamos que no tengamos
que llevarnos años de lucha en estas dos peticiones”.
MORELOS
Ejidatarios denuncian indiferencia de autoridades
tetecalenses. (La Unión de Morelos, Marcela E. Toledo, p.web).
Tetecala.- Ejidatarios tetecalenses
se dijeron "olvidados" ante la nula
respuesta de parte de las autoridades locales
a las peticiones que hicieron desde el año
pasado, para optimizar y facilitar las actividades
que de "sol a sol" realizan en el
campo.
Hasta el palacio municipal los trabajadores del campo arribaron
para presentar nuevamente sus peticiones pero
no encontraron respuesta, debido a que el
presidente municipal, Ranulfo
García Alquisira
"estaba de comisión".
Señalaron que desde el mes de agosto del año pasado, fundamentándose
en los artículos 2, 3, 4, 7, 13 y 32 de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, enviaron
por escrito una solicitud firmada por el presidente
del comisariado
ejidal de Tetecala,
Salomón Millán Ortiz, al edil en donde urgían
apoyo para la construcción de un puente de
concreto para el campo denominado "Llano
Viejo" a la altura del camino "rumbo
al puente colorado" para la entrada y
salida de camiones cañeros debido a que en
época de lluvias se complica su paso.
Y es que comentaron que esperaban que este año dicha situación
no se presentara más, "pero no nos dicen
que sí o que no, para buscar ayuda en otra
parte",
Asimismo en el campo "La Unión" solicitaron el revestimiento
de dos ramales de riego que tienen una longitud
total de 412 metros lineales, uno desde la
compuerta llamada "mariposa" hacia
la cruz y el otro del puente hacia el canal
general, con el objeto de que no se filtre
el vital líquido, porque el que reciben para
el riego de los campos en ocasiones no es
suficiente aunado a que se desperdicia.
Los ejidatarios mencionaron que las obras ejecutadas en algunos
campos del municipio se han hecho debido a
que las autoridades han cumplido con compromisos
de campaña personales, favoreciendo a unos
cuantos, pero que no han programado acciones
que beneficien a todos los campesinos tetecalenses.
PUEBLA
Propone la Comuna un impuesto para pagar indemnización
a ejidatarios de San Baltasar. (La Jornada
de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).
La sindicatura municipal propuso
a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
del cabildo de Puebla realizar una modificación
al presupuesto de ingresos y egresos de este
año para que se pueda cobrar un impuesto denominado
“contribución por plusvalía” a todos los colonos
que resultaron beneficiados por la construcción
del bulevar Las Torres.
El dinero recaudado por esa “contribución por plusvalía” serviría
para que la Comuna de Puebla pague los casi
78 millones de pesos que la justicia federal
fijó como indemnización para todos los ejidatarios
de San Baltasar Campeche afectados por la
construcción de dicho bulevar.
Lo anterior fue dado a conocer por José Manuel Janeiro Fernández,
coordinador de la fracción de regidores del
PAN, quien afirmó que es muy posible que la
sindicatura municipal retire dicha propuesta
e impulse la contratación de un crédito para
hacer frente al requerimiento judicial.
Pero advirtió que el peor error que puede cometer la gestión
dogerista es recurrir
al endeudamiento, sobre todo cuando tiene
toda la posibilidad de realizar un recorte
al gasto corriente, así como en los rubros
de publicidad e imagen y comunicación social.
La “contribución por plusvalía”, señaló, fue justificada bajo
el argumento de que todos los colonos por
donde atraviesa el bulevar Las Torres resultaron
beneficiados por la obra, por eso deben aportar
un impuesto adicional.
“Dónde cabe eso, la gente beneficiada es clase media baja;
cómo le van a hacer para pagar un impuesto
adicional, pero parece que ya lo van a echar
para atrás. Es un impuesto que no cumple con
el principio de equidad”, aseveró.
La propuesta del síndico Lauro Castillo fue presentada formalmente
al cabildo de Puebla el pasado 13 de abril
a fin de contar con una partida específica
de 60 millones de pesos para el pago a los
ejidatarios de San Baltasar Campeche ante
los constantes requerimientos del Juzgado
Cuarto de Distrito, en el juicio 539/1998.
La petición para el pago a los ejidatarios incluyó, además,
la posibilidad de realizar un recorte presupuestal
a diferentes secretarías o recurrir al endeudamiento.
A decir de Manuel Janeiro, aplicar la “contribución
por plusvalía” fue incluida en el proyecto
de dictamen entregado por el síndico, pero
las autoridades guardaron total reserva. Al
hacer una revisión del documento en reunión
de comisión, saltó a la vista.
El monto a obtener con cualquiera de esas medidas propuestas
por el síndico serían 60 millones, los cuales
se sumarían a los 17 millones que fueron depositados
por el ayuntamiento de Puebla ante el Juzgado
Cuarto de Distrito, los cuales forman parte
de corridas financieras y la venta de un predio.
Hasta la fecha, las autoridades municipales han presentado
tres propuestas a los ejidatarios de San Baltasar
Campeche: 1) liquidar los 77 millones en 15
años, a través de corridas financieras mensuales;
2) pagar en 10 años, y 3) la dación en pago
de inmuebles del ayuntamiento. Hasta la fecha,
la Comuna depositó ante los tribunales 1.7
millones de pesos, que equivalen a cuatro
pagos parciales de 432 mil 170 pesos. En el
presupuesto de 2006 fueron destinados 12 millones
como pago de indemnización y fue vendido un
predio propiedad del municipio en 4 millones.
No obstante, ninguna propuesta ha sido aceptada por los afectados,
y cada semana el Juzgado Cuarto de Distrito
envía requerimientos de pago. En caso de que
la Comuna no pague el adeudo incurriría en
el delito de desacato, por lo que la justicia
federal podría proceder a pedir la destitución
y consignación de los integrantes del cabildo,
el presidente municipal, el síndico y el tesorero.
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