CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
3 DE MARZO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Termina el paro minero
Continúa pugna sindical. Investiga
la PGR a Napoleón Gómez por presunta comisión
de delitos financieros.
Presión empresarial
levanta paro minero
La Procuraduría
confirma que investiga a Gómez Urrutia
En riesgo, más de
200,000 ahorradores
119 cajas
de ahorro operan bajo la informalidad: Bansefi
Riesgo de colapso
del sistema de pensiones
Los pasivos
representan cerca de 150% del PIB, advierte
el IMEF
Fox: en 10 años EU nos
suplicará por mano de obra
"Ya
no partirán porque todos tendrán trabajo aquí''
La demanda de Onésimo, "una broma"
Senadores
del PRD dudan que proceda
Pactan fechas para
4 debates, con o sin López
Acuerdan
en el IFE que sean cada martes último de mes
Conmina CT a Gómez
Urrutia a dejar el liderazgo minero
Empiezan
a levantar los paros
Fox: EU nos suplicará
En diez
años rogarán por mano de
Boletazo, un gancho que abre puertas… al fraude con aval de
de la Segob
Para llevarse
un auto, los concursantes tienen que gastar
$5 mil de tiempo aire
Sector agrario
Protestan por invasión Ejidatarios de Pomuch demandan una solución. (El Sur de Campeche, Victoria Heredia, p.web).
Jueves 2 de Marzo,06
Al grito de "no cederemos un pedazo de tierra más",
llegaron al Palacio de Gobierno cerca de 300
ejidatarios de Pomuch
para exigir al gobernador del Estado, Jorge
Carlos Hurtado Valdez, d‚ solución al problema
de invasión de 13 mil 500 hectáreas en la comunidad
de Agua Azul.
Encabezados por el comisario ejidal, Julio Alonso Pech Canch‚, los ejidatarios fueron
llegando al filo de las 11:00 horas, en camionetas
y con pancartas en mano.
En forma pacífica y hasta respetuosa, esperaron pacientemente
en los escalones de la sede del poder Ejecutivo
la llegada del representante del Frente Campesino
Independiente "Emiliano Zapata" (Freciez), Luis Antonio Ch‚ Cu, para
ingresar al edificio.
Sin embargo esto no sucedió, ya que cerca de 200 elementos
de la Policía Estatal Preventiva negaron la
entrada a los ejidatarios, que pedían una y
otra vez entablar una charla con el mandatario
estatal.
Los ejidatarios dieron a conocer a los medios de comunicación
que ya están fastidiados de que las autoridades
estatales "solapen" a los invasores,
pues los han dotado de los servicios de luz
y agua potable. "Con eso nunca se van a
ir de las tierras que nos pertenecen, nosotros
somos los dueños legítimos de esas hectáreas",
afirmó Pech Canch‚.
En representación de mil 176 ejidatarios, dijo no aceptarán
un no por parte del gobernador: "O desaloja
o estamos dispuestos al derramamiento de sangre".
Ante los ánimos caldeados de los ejidatarios, se reforzó la
vigilancia y hasta en el estacionamiento del
Moch Couoh había unidades policíacas para vigilar que el plantón
se llevara a cabo en paz.
Asimismo, el Comisario Ejidal explicó que las 44 personas que
invadieron Agua Azul actualmente son 69 familias,
no respetaron el acuerdo entre ellos, donde
los pobladores de Pomuch
habían cedido 20 mil hectáreas. "Ya se
habían ido a Calakmul,
pero como no les gustó vivir ah¡,
regresaron para posesionarse a la mala de las
13 mil 500 hectáreas que son nuestras. Ya no
queremos que nos paguen nada, sino que nos devuelvan
las tierras, que se salgan de ahí. Además ni
campechanos son", añadieron.
Con la amenaza latente de no moverse del Palacio hasta que
el Ejecutivo estatal los atendiera, los ejidatarios
cargaron con fardos de leña por si tenían que
pernoctar en dicho lugar.
Para apaciguar los ánimos, fueron atendidos por el director
de Gestoría Institucional del Gobierno del Estado,
José‚ del Carmen Soberanis Rodríguez, a quien Luis Antonio Ch‚ Cú, coordinador del Frente Campesino
Independiente "Emiliano Zapata" (FRECIEZ),
ratificó y defendió la postura de los ejidatarios.
"Los han tenido dando vueltas y se han
complicado las cosas, pues hay una comunidad
que había firmado reubicarse en los polígonos
que autorizó el Ejido, ha empeorado la situación",
por lo que urgió al gobierno estatal dar pronta
solución a dicha situación.
-Tienen razón de estar molestos pues hemos tenido varias reuniones
donde tal parece que vamos para atrás, es una
exigencia justa que tienen -subrayó.
Dio a conocer que el 28 de marzo sostendrán una plática con
funcionarios de Reforma Agraria, pero
firmaron un acuerdo en México, en el cual se
planteó el problema de Agua Azul.
Originalmente habían firmado un documento en el cual consta
habían aceptado su reubicación, pero se echaron
para atrás. "Ahora ya no es problema del
Ejido, ni de nosotros, no podemos estar sujetos
a caprichos de determinadas personas, de gentes
que vivieron en otra comunidad y se fueron a
meter ahí, eso es tráfico de tierra, por lo
que nosotros venimos precisamente a tratar.
Venden en un ejido y se van a otro ante la anarquía
que hay, donde nadie hace nada ante estos asentamientos
irregulares".
Juan Manuel Valle Kantún asegura
que cuando se dio esa invasión fueron tolerantes
con ellos y trataron por las buenas que se fueran,
pero ahora "ya se derramó el vaso y buscamos
que desalojen Agua Azul, ya no los queremos
ahí para nada. Ya no queremos m s atropellos
y enfrentamientos, ya que la otra vez hasta
machetazos hubo".
Aclaró que anteriormente habían entablado una reunión con las
autoridades estatales y acordaron formar una
comisión interinstitucional, pero ‚esta no se
ha dado de manera formal.
Che Cú informó que existen actualmente
tres polígonos que ya se midieron y de los cuales
ya tienen conocimiento a nivel central y sobre
ellos se deben concretar los acuerdos.
En este problema, dijo, hay delitos ambientales comprobables
que no se sabe por que‚ dan tantas vueltas al
asunto.
Por lo tanto, exigen al gobernador del Estado cumpla sus promesas
de campaña de desalojar a esa gente, si no "nosotros
personalmente lo vamos a hacer, si hay derramamiento
de sangre, el es el culpable".
Anteriormente ya habían cedido 20 mil hectáreas, "nosotros
también necesitamos tierras para nuestros hijos,
y ellos nada más son traficantes de tierras,
hemos tenido mucha paciencia, pero no nos han
resuelto nada".
Vendrán funcionarios de la Reforma Agraria. (El Sur de Campeche, Redacción, p.web)
Jueves 2 de Marzo,06
Ante ejidatarios de Pomuch, municipio
de Hecelchakán, en
un marco de cordialidad y respeto, el gobernador
Jorge Carlos Hurtado Valdez anunció que por
gestiones realizadas ante el secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, el próximo lunes arribarán a Campeche funcionarios
de esa dependencia para agilizar el proceso
que permita resolver el problema de invasión
de tierras de la ampliación forestal de ese
ejido, ubicado en el municipio de Candelaria.
En tanto se soluciona la situación, anunció que se suspenderá
toda la obra estatal en los asentamientos irregulares
que han generado el conflicto, hasta no llegar
a un acuerdo.
El mandatario estatal se reunió con los ejidatarios de Pomuch, encabezados por el dirigente del Frente Campesino
Independiente Emiliano Zapata (FRECIEZ), Antonio
Che Kú, a quienes
les explicó que entiende su preocupación, "yo
estoy del lado de ustedes, les asiste la razón,
les asiste el derecho, ahora hay qué ver cómo
concretamos una solución para todos", dijo.
En los bajos de la Biblioteca Central, en donde firmó momentos
antes un Acuerdo de Colaboración con el secretario
de la Función Pública del Gobierno Federal,
Eduardo Romero Ramos, el jefe del Ejecutivo
estatal se reunió con los ejidatarios pomuchenses
ante quienes afirmó que "nosotros no podemos
permitir que siga el desorden en los asentamientos;
toda la gente que llegue, que venga a buscar
en Campeche una oportunidad de vida mejor, un
ambiente de mayor tranquilidad, será bien recibida,
pero lo que no se vale es que creen nuevos asentamientos,
y lo ideal es que se les pueda prestar bien
los servicios, porque luego empiezan a talar
y a generar conflictos, entonces se hace un
problema", dijo.
Hurtado Valdez dio a conocer a los ejidatarios que la mañana
de este miércoles habló vía telefónica con el
titular de la Reforma Agraria, ante quien expuso
el problema de las invasiones en las ampliaciones
forestales de Pomuch,
que representa un problema de muchos años sin
resolverse, ante lo cual el funcionario federal
ofreció que el próximo lunes arribará a la entidad
el subsecretario de la misma dependencia para
que se agilice el proceso.
Mencionó que en la ampliación forestal de Pomuch existen nueve comunidades asentadas, de las cuales
ocho han aceptado su reubicación de muy buena
disposición, pero lamentablemente los de Agua
Azul no han aceptado, por lo cual se insistirá
ante ellos para llegar a un buen acuerdo que
beneficie a todos, porque no se trata de perjudicar
a nadie; "nosotros entendemos que el problema
es de ustedes, pero también tomamos en cuenta
las necesidades de los de Agua Azul", explicó.
En un encuentro en el que los ejidatarios expusieron sus distintos
puntos de vista, el jefe del Ejecutivo estatal
insistió en que todo se haga dentro del marco
de respeto y de derecho, por lo cual exhortó
a los campesinos a dar tiempo para la presencia
el próximo lunes de los funcionarios de la Reforma
Agraria para agilizar los trámites que se darán
en dos sentidos: uno, el asunto de la expropiación,
que se ha garantizado se llevará a cabo pronto,
y el de la reubicación de las nueve comunidades,
para lo cual se insistirá en el diálogo y el
convencimiento con la gente de Agua Azul, "para
que no se den hechos bochornosos", sino
que con un buen ánimo se pueda llegar a solucionar
el asunto.
El gobernador Hurtado Valdez afirmó que estará personalmente
al pendiente de este problema con la gente de
la Reforma Agraria, para trabajar en los dos
sentidos, tanto en la expropiación como en la
reubicación, por lo que exhortó a los ejidatarios
a esperar unos días más para salir del problema,
que es un asunto ya registrado en agenda por
el secretario de la Reforma Agraria.
Puntualizó que no puede permitirse más asentamientos: "no
podemos estar llevando los caminos, el agua,
la luz a tantas comunidades tan pequeñas; deben
sumarse a las comunidades existentes, y nosotros
les damos toda las facilidades para prestarles
los servicios a los que, como seres humanos
y como campechanos y mexicanos, ustedes tienen
derecho".
El encuentro se dio en un marco de respeto y tranquilidad entre
el gobernador Hurtado Valdez y los ejidatarios.
No se permitirán más asentamientos irregulares
en la entidad: Hurtado V. (Crónica de Campeche, JSR,
p.web).
Jueves 2 de Marzo,06
* Suspenden obras del gobierno estatal en Agua Azul.
Tras asegurar que en el transcurso de este año debemos haber
terminado con todos los problemas de límites
agrarios que existen en la entidad, el gobernador
Jorge Carlos Hurtado Valdez anunció que suspenderá
toda la obra estatal que exista en la comunidad
de Agua Azul, “hasta que no lleguemos a un acuerdo
que beneficie a todos y que permitan la reubicación
de sus habitantes”.
Como parte final del diálogo que sostuvo con el comisario ejidal
de Pomuch, Julio Alonso
Pech Canché, y el
secretario general del Frente Campesino Independiente
“Emiliano Zapata”, Luis Antonio Che Cu, Hurtado
Valdez fue tajante, “no más obras hasta que
exista acuerdo”.
Interceptado a las puertas de la Biblioteca del Estado porque
en el Palacio de Gobierno no fueron atendidos,
con el argumento de que “el gobernador no está
en la ciudad”, Hurtado Valdez escuchó a pie
firme los planteamientos de los campesinos y
luego les dio respuesta.
El primero en hablar fue el comisario ejidal Julio Alonso Pech Canché, quien le dijo “queremos hablar con usted porque
ya estamos cansados de tantas vueltas, hemos
tenido infinidad de reuniones de trabajo y no
hay ninguna solución, los compañeros se preguntan
qué pasa que no hay solución, principalmente
del caso de Agua Azul, superficie que tienen
invadida unas 40 personas”.
Tenemos, y de hecho ofrecimos tres polígonos en los que ellos
pueden pasar, pese a que no entraron entre los
beneficiados por la expropiación, y lo que ahora
queremos es que los invasores de Agua Azul no
se queden ahí porque los demás asentamientos
que hay en la zona ya aceptaron su reubicación
y los únicos que no aceptan son los de dicho
lugar.
Dijo que ya presentaron denuncias ante la PGJ, “con testigos
y todo lo que nos pidieron, pero no procedieron,
y eso es lo que queremos, que se proceda contra
esos invasores –¿Acaso
se está protegiendo a alguien? –preguntó.
Siguió el turno a Che Cu, quien dijo que “lo único que se quiere
es que se cumplan los acuerdos que se tienen
firmados con las dependencias federales y estatales
para agilizar el problema”.
Incluso –añadió- el mes pasado tomamos un acuerdo con Reforma
Agraria de que el 28 de marzo vendría una
gente de la ciudad de México para hacer una
evaluación de todos los expedientes de expropiación,
entonces, no es que sea condicionante el problema
de Agua Azul, el problema no es nada más ese
lugar, sino que hay otros asentamientos por
ahí que acaban de llegar y que desde el año
pasado hemos tratado de buscar cómo se desaloja
a esta gente.
También llegamos a acuerdos de que los compañeros presentarán
sus demandas, ya las presentaron y eso es lo
que queremos que se agilice, de ahí el interés
de platicar con usted y agilizar este procedimiento,
acotó.
Tras escuchar los planteamientos vino la respuesta del mandatario
estatal con la que prácticamente desarmó a los
campesinos.
“Esta mañana hablé con el secretario de la Reforma Agraria,
le hice ver precisamente lo que me están diciendo
ustedes, de que esto ya tiene demasiado tiempo,
que son demasiados años con este problema que
no se resuelve, entonces él me ofreció que el
próximo lunes, al mediodía, vendrá a Campeche
el subsecretario de la Reforma Agraria
para agilizar el proceso”.
Pidió a los campesinos unos días más para resolver el asunto
de la mejor manera posible; “denme unos días,
el próximo lunes viene la gente de Reforma Agraria
para agilizar los trámites que van en los dos
sentidos; primero el asunto de que se agilice
la expropiación y creo que eso prácticamente
me lo garantizó, que lo vamos a resolver pronto;
y el otro asunto, es el que ustedes me señalan,
que es la reubicación de las nueve comunidades”.
Hurtado Valdez advirtió, “lo que es un hecho es que no podemos
seguir permitiendo más asentamientos porque
eso no ocasiona más problemas, no podemos estar
llevando los caminos, el agua y la luz a tantas
comunidades tan pequeñitas, por eso queremos
que se vayan sumando a las comunidades existentes
y nosotros les damos todas las facilidades para
prestarles los servicios que como seres humanos,
como campechanos y mexicanos tienen derecho”.
Protestan ejidatarios de Pomuch
por tortuguismo en
la SRA y la PGJE. (Crónica de Campeche, JSR, p.web)
Jueves 2 de Marzo, 06
Cansados de tantas promesas y vueltas que les han hecho dar
las autoridades federales y estatales, cerca
de 300 ejidatarios de Pomuch y del ejido “Juan de la Cabada
Vera”, realizaron un plantón de más de siete
horas en los bajos del Palacio de Gobierno,
en demanda de que se les resuelva de una vez
por todas los problemas de invasión y expropiación
de tierras, en las Ampliaciones Forestales de
Pomuch, en el municipio de Candelaria.
Los ejidatarios de Pomuch llegaron
al frente del comisario ejidal, Julio Alonso
Pech Canché, y los
de Juan de la Cabada
Vera, de Luis Antonio Che Cu, secretario general
del Frente Campesino Independiente “Emiliano
Zapata”; su propósito, el mismo, que se resuelva
este añejo problema que gobierno tras gobierno
han dejado crecer protegiendo a los latifundistas.
Los inconformes llegaron al Palacio de Gobierno a las 11 horas,
para entonces ya estaba fuertemente custodiado
por cerca de 200 antimotines, pertrechados en
el interior del inmueble, colocados estratégicamente
en la planta baja, en las escaleras de los cuatro
pisos y hasta en el sótano.
Por si no eran suficientes, también llegaron agentes de la
Policía Judicial del Estado, que al igual que
el “batallón de orejas” de la Dirección de Gobernación,
se filtraron entre los inconformes tratando
de captar los acuerdos que los campesinos tomaban,
pero tuvieron poca suerte, porque rápidamente
fueron identificados.
Los funcionarios estatales, como el director de Gobernación,
Fernando Murillo Campos; el director de Gestoría
Institucional, José del Carmen Soberanis
Rodríguez, su subalterno, Jorge “El Buble” Salazar, y el ex alcalde de Candelaria y hoy funcionario
de la Secretaría de Desarrollo Rural, Rodolfo
Valentín Cambranis López, no pudieron resolver nada, ni siquiera convencieron
a los inconformes de integrar una comisión porque
según éstos “ya están cansados de tantos engaños”.
Los ejidatarios exigían que fuera el propio
gobernador quien los atendiera, que “sea él
quien nos diga si se va a solucionar este problema
o no, si no puede el gobierno del Estado, como
no ha podido con muchas cosas, que nos lo diga
y nosotros actuamos por nuestra cuenta”.
Cerca de las dos de la tarde les avisaron que el gobernador
se encontraba en la Biblioteca del Estado firmando
un convenio; los campesinos “burlaron” la marcación
personal que tenían los “orejas” y judiciales
hacia ellos y se dirigieron al lugar, donde
de inmediato se cerró la puerta principal de
acceso, incluso, la camioneta del gobernador
fue desalojada del área, pretendiendo engañar
a los inconformes, pero la maniobra no tuvo
éxito.
Rechazan comuneros de Ayutla
el Procede; enviados de la dependencia acuerdan
que no insistirán. (El Sur (Guerrero), Lourdes Chávez., p.web).
Se reúnen funcionarios con
los comisarios de los 22 anexos de Coapinola,
en la zona mixteca,
y firman un convenio.
El comisario de Roca Colorada,
en Ayutla de los Libres,
Raúl Lucas Lucía, informó que luego de cuatro
actas levantadas por comisarios de los Bienes
Comunales de Coapinola, donde informan que no aceptan incorporarse al Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede), representantes de
la Procuraduría Agraria (PA) se comprometieron
a no insistir que los comuneros se registren
en el programa.
Vía telefónica, Raúl Lucas informó
que el 25 de febrero, en una reunión con comisarios
de los 22 anexos que integran los Bienes Comunales
de Coapinola, los
representantes de la PA, con sede en Ometepec,
firmaron una minuta donde se comprometen a no
insistir a los comuneros que se registren en
el programa y subir a los pueblos a tratar otros
asuntos de tierras.
Indicó que ese día también se entregó
un acta de protesta, la cuarta, donde los comisarios
de los 22 anexos de Coapinola,
informan que no están interesados en incorporarse
al Procede y desean conservar las tierras tal
y como están.
Entre las comunidades de indígenas
mixtecas que no aceptaron
el Procede mencionó a Roca Colorada, El Charco,
Ocote Amarillo, Angostura,
La Candelaria, Coxcatlán
San Pedro, Tepango, Tepuente, Cumbres de Coltzalzin, La Cortina, Ocotlán
Arroyo, Ocotlán, Ojo
de Agua, El Paraíso, Rancho Cuapa, El Charquito.
Explicó que no quieren “entrarle”
al Procede porque implicaría problemas más adelante
y prefieren continuar con terrenos de uso común.
Dijo que “no nos conviene el Procede,
queremos conservar las tierras y resolver nuestros
problemas según la ley de usos y costumbres
de nuestros pueblos”, y añadió que no lo podrían
hacer si las terrenos ejidales se convierten
en propiedad privada con el programa.
Los problemas de tierras serán
resueltos por nosotros en una asamblea y ahí
se decide cómo se resuelven las cosas.
Raúl Lucas agregó que al entrar
al Procede tendrían que pagar abogados e ingenieros
para arreglar nuestro problemas “y somos gente
pobre”.
Consideró que la gente de Procede
les explicó que con el programa recibiríamos
créditos, que el registro sería gratuito, “pero
sabemos de otras comunidades que ejidatarios
están pagando 30 pesos por registrarse”, luego
exigen otros trámites para asentamiento y comienzan
a medir las tierras, “y no queremos eso”.
Denunció que los amenazaron con
que si no se incorporaban al programa, cuando
lleguen nuevos programas federales, no podrían
ser beneficiarios.
En la minuta que firmaron, las
autoridades la PA se comprometieron a ir a los
pueblos sólo para resolver problemas que pudiera
tener con el anexo de Coapinola.
Asesinan a dirigente y asesor legal indígena en
Tehuacán, Puebla. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
Señalan como responsables a caciques de Otzolotepec.
Lucio Téllez Ibáñez, presidente de la junta auxiliar de la
comunidad de Santa Catarina Otzolotepec,
municipio de Tehuacán, Puebla, fue asesinado
la tarde del miércoles en el paraje Peña Grande
cuando regresaba a la comunidad de San Felipe
Maderas.
El indígena planeaba reunirse con integrantes del Centro de
Estudios Sociales, Económicos, Ambientales y
de Participación Ciudadana, quienes asesoran
a la comunidad en proyectos productivos y jurídicamente,
informaron Venancio Morales Pérez y Luis Flores
Amador, regidor de Gobernación y ex presidente
de la junta auxiliar, respectivamente.
Explicaron que Lucio Téllez y otros ejidatarios luchaban contra
el cacicazgo ejercido por la familia Téllez
Flores, la cual desde hace más de 20 años ha
acaparado los cargos del comisariado
ejidal y consejo de vigilancia del ejido.
"Gil, Anastasio y Vicente (Téllez Flores) han repetido
en dos ocasiones en la presidencia del comisariado
ejidal, quienes durante ese tiempo han comercializado
los recursos forestales, arena y piedra del
ejido para beneficio personal."
Un día antes del asesinato, Lucio se reunió con funcionarios
de la Procuraduría Agraria (PA) de Tehuacán
para hablar del juicio agrario interpuesto ante
el Tribunal Unitario Agrario de Tehuacán
contra la elección de los representantes ejidales,
que se realizó el 23 de mayo de 2004, y en la
que presuntamente fueron elegidos, entre otros,
Anastasio Téllez Flores, Cirilo
Pérez Domínguez y Jaime Rosales Mendoza.
La reunión con el personal de la PA, mencionaron, fue porque
se había solicitado a los denunciantes que recabaran
las firmas de 20 por ciento de los ejidatarios
para convocar a una nueva asamblea y afinar
la convocatoria a ésta. Los inconformes habían
acordado reunirse con personal de la procuraduría
en la capital poblana, pues desconfiaban de
los trabajadores de la residencia de la institución
en Tehuacán.
Incluso los inconformes con la elección de las autoridades
habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría
de la Reforma Agraria por la actitud asumida
por la visitadora agraria Silvia Juárez, y el
residente Salvador Orduña Flores, a favor de
los Téllez Flores. Ambos casos, según la SRA,
fueron turnados a la contraloría interna de
la Procuraduría Agraria, pero aún no hay respuesta
a la queja.
Asesinan a Lucio Téllez, de la Junta Auxiliar de
Santa Catarina Otzolotepec. (Indymedia Chiapas, p.web).
Puebla
BOLETÍN DE PRENSA.
El día de ayer miércoles 1 de marzo de 2006 alrededor de las
14:30 horas, fue arteramente asesinado en una
emboscada el señor Lucio Téllez Ibáñez, Presidente
de la Junta Auxiliar de la comunidad de Santa
Catarina Otzolotepec, Municipio de Tehuacán, Puebla, quien había asumido
el cargo apenas en mayo del año pasado. Su asesinato
sucedió en el paraje conocido como “Peña Grande”,
como a diez minutos de la cabecera de la Junta,
cuando regresaba de la comunidad de San Felipe
Maderas, municipio de Tehuacán, Puebla, y planeaba
reunirse con miembros del Centro de Estudios
Sociales, Económicos, Ambientales y de Participación
Ciudadana, A.C., quienes asesoran a la comunidad en proyectos productivos
y aspectos jurídicos.
Este asesinato se da en el contexto de un conflicto agrario
que Lucio Téllez Ibáñez y otros ejidatarios
venían librando con los caciques del ejido,
los Téllez Flores. Esta familia ha venido acaparando
desde hace más de veinte años los cargos del
Comisariado Ejidal
y Consejo de Vigilancia. Sus cabecillas son
Gil y Anastasio, quienes ya han repetido dos
veces como Presidentes del Comisariado
Ejidal, además de su hermano Vicente. El ejido
posee recursos forestales, arena, piedra, entre
otros, los cuales explotan para enriquecerse
los Téllez Flores sin dar cuentas al ejido.
No obstante la pobreza y marginación imperan
en la región. Es por ello que una parte considerable
de ejidatarios desde hace mas de 20 años han
venido luchando por erradicar los cacicazgos
y porque la vida ejidal sea mas democrática.
Apenas un día antes del homicidio había sostenido una reunión
en la Residencia de la Procuraduría Agraria
de Tehuacán, para tratar lo relativo a un
juicio agrario seguido ante el Tribunal Unitario
Agrario de Tehuacán, derivado del hecho
de que el día 23 de mayo del año 2004 hubo una
asamblea ejidal de elección de órganos de representación
y vigilancia, donde fueron electos Anastasio
Téllez Flores, Cirilo
Pérez Domínguez y Jaime Rosales Mendoza, como
Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,
del Comisariado Ejidal
y Celso Clemente Flores, Vicente Clemente Suárez
y Jaime Campos Vázquez, Presidente, primer Secretario
y segundo Secretario, respectivamente del Consejo
de Vigilancia.
Ante este resultado un grupo de ejidatarios se inconforman
y entablaron un juicio de nulidad de la elección
ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito
47, mismo que ganaron en agosto de 2005, mediante
sentencia que declara nula y sin efectos la
asamblea. El Tribunal giró oficios a la Procuraduría
Agraria para que convocara a asamblea de elección
de órganos y al Registro Agrario Nacional
para que dejara sin efectos los nombramientos.
Para esto los destituidos recurrieron al amparo
contra la sentencia del Tribunal Agrario, pero
lo perdieron por lo que la sentencia del Tribunal
Agrario quedó firme.
La reunión con funcionarios de la Procuraduría Agraria era
porque la dependencia les pide la firma del
20 por ciento del total de ejidatarios para
convocar a asamblea, y para afinar los detalles
de la convocatoria a elecciones ejidales. En
ella se acordó reunirse el día 14 de los corrientes
en la Procuraduría Agraria pero de la capital
poblana, ya que a la Residencia de Tehuacán
el grupo que encabezaba Lucio Téllez Flores,
no le tenía confianza, y no querían nada con
ella, por las triquiñuelas a que se ha prestado
a través de la Visitadora Agraria, Silvia
Juárez y el Residente Salvador Orduña Flores,
quienes han sido denunciadas ante el Secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
mismo que turnó los casos a la Contraloría Interna
de la Procuraduría Agraria, sin que a la fecha
se sepa en que terminó. Los ejidatarios inconformes
exigen sus destituciones porque se prestan a
maniobras turbias como validar actos fuera de
la ley, como el pegar las convocatorias un día
antes, firmas de los ejidatarios en hojas en
blanco que después llenan, y de favorecer a
la familia Téllez Flores.
Por lo anterior exigimos:
¡El total esclarecimiento y castigo a los criminales de Lucio
Téllez Ibáñez por parte de las autoridades locales
y federales!
¡La seguridad e integridad física y psicológica para todas
las familias del ejido de Santa Catarina Otzolotepec
y el cese de las amenazas de muerte a nuestros
compañeros ejidatarios!
¡Fin al cacicazgo de la familia Téllez Flores!
¡Respeto a la autonomía y libertad de nuestra comunidad para
elegir a sus representantes ejidales!
¡Que la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma
Agraria cumplan con lo que estipula la ley y
dejen de apoyar a los caciques!
Firman
Venancio Morales Pérez
Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar
Luis Flores Amador
Ex Presidente de la Junta Auxiliar
Centro de Estudios Sociales, Económicos, Ambientales y de Participación
Ciudadana, A.C.
Reclamará el gobierno federal propiedad del Paraje
San Juan. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web)
El predio, en litigio; aun no se sabe a quién
pertenece.
El caso fue utilizado para desaforar a López
Obrador.
El gobierno federal, a través de la Procuraduría General de
la República, reclamará su derecho de propiedad
sobre el predio Paraje San Juan -con una superficie
de 298 hectáreas en las que están asentadas
12 colonias en Iztapalapa- una vez que el juzgado de distrito en materia
administrativa que lleva el caso determine si
corresponde al gobierno de la ciudad de México
o bien éste tiene que pagar por el mismo a Enrique
Arcipreste del Ábrego.
Alberto Pérez Gasca, director general
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
la Reforma Agraria, explicó que Paraje San
Juan es propiedad de la nación, los documentos
que acreditan ello ya se entregaron a la PGR
para que interponga el juicio correspondiente
ante las autoridades civiles y federales. "Ya
se entregaron las constancias de que el predio
no fue titulado legalmente, así lo demuestran
los planos y otros documentos que están en el
expediente", dijo.
Recordó que desde el año pasado -cuando el caso fue el eje
en el intento de desaforar al ex jefe de Gobierno
capitalino, Andrés Manuel López Obrador- la
SRA preesentó los
documentos que acreditaban que Arciprestre
del Ábrego no es el legítimo propietario del
predio. "La ley establece que cuando el
predio no fue titulado por la SRA, los títulos
que aparecen son nulos de pleno derecho ya que
la propiedad de la nación no prescribe ni es
alienable. Por eso se sigue reclamando el terreno
como propiedad federal".
Sin embargo, abundó, el juzgado de distrito en materia administrativa
tiene que resolver definitivamente si el gobierno
capitalino o Arcipreste del Ábrego tienen la
razón en su demanda jurídica, después de eso
la PGR, como representante legal del gobierno
federal, demandará un juicio plenario de propiedad.
Por ello, la SRA ha estado en todas las reuniones
en la PGR para informar o documentar lo que
se requiera en torno al caso.
La PGR, insistió, tiene que esperar a que se defina la situación
para ver quién realiza el pago y proceder a
demandar "a quien resulte propietario del
predio y eso es lo que se verá en el procedimiento
legal que está ventilándose ante el juez de
distrito".
La SRA y la PGR están pendientes del asunto para reclamar la
propiedad del predio ya que éste sigue siendo
de la nación. "No existe riesgo de que
pierda la propiedad de aquél ya que el derecho
de propiedad no prescribe con el tiempo y además
la demanda de juicio que interpondría no sería
para sacar a las familias del predio sino para
regularizar sus posesiones conforme a derecho",
acotó.
En julio de 2003, la juez octava de distrito en materia administrativa,
Gabriela Rolón, ordenó
al Gobierno del DF pagar mil 810 millones de
pesos a Enrique Arciprestre
del Ábrego, predio que había sido expropiado
por el gobierno capitalino en 1989 para regularizar
las 12 colonias allí asentadas.
El presunto propietario había presentado un contrato de compraventa
del 13 de noviembre de 1947 y que fue inscrito,
aparentemente, en el Registro Público de la
Propiedad hasta el 22 de julio de 1975. Sin
embargo del registro desapareció la foja en
la que presuntamente había quedado inscrita
la propiedad y por ello Arturo Arciprestre
Nouvel tramitó en julio de 1986 la reposición de la inscripción.
Desahoga la Fepade diligencias
sobre presuntos delitos de Onésimo
Cepeda. (La Jornada, Alfredo Méndez, p.web)
El prelado rechazó todas las imputaciones en su contra, dice
Fromow Rancel.
El obispo empresario declaró ante el Ministerio Público el
11 de enero pasado.
El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, compareció ayer en calidad de indiciado
ante la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade)
para responder a las acusaciones en su contra
por presuntos delitos en esa materia, informó
la titular de la dependencia, María de los Angeles
Fromow Rangel.
Entrevistada en el contexto de la primera reunión nacional
de Enlaces, como parte del programa estratégico
para el proceso electoral federal de julio próximo,
la funcionaria se negó a precisar el día en
que acudió el prelado, y sólo dijo: "ya
compareció en su calidad de inculpado y estamos
desahogando las diligencias correspondientes
sobre la averiguación previa que se abrió tras
una querella perredista".
En otro tema, la fiscal informó que en lo que va del actual
proceso electoral se han integrado 25 averiguaciones
previas relacionadas con probables delitos electorales,
derivadas de la entrada en vigor del sistema
de predenuncias de la Fepade.
Explicó que dicho sistema permitirá enfocar el combate a los
delitos electorales desde la prevención de los
mismos, y "cualquier persona puede denunciarnos
alguna conducta que pudiera referirnos la probable
comisión de un delito". La denuncia puede
ser anónima.
Acerca del caso Cepeda Silva, Fromow
Rangel señaló que
el prelado respondió todo el interrogatorio
que le efectuó un agente del Ministerio Público
de la Federación, y rechazó los cargos que el
pasado 11 de enero le imputaron diversos artistas
e intelectuales, entre ellos Jesusa
Rodríguez y la compositora Liliana Felipe.
En su denuncia, las querellantes señalan que el 28 de noviembre
pasado Onésimo Cepeda
calificó de "estupidez" las críticas
que hizo el candidato presidencial del PRD,
Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Federal
Electoral (IFE). El prelado agregó: "la
estás regando. No la riegues porque te vas a
quemar".
En cambio, se refirió a los abanderados de otros partidos como
"candidatos de altura", lo que, de
acuerdo con la narración de hechos, "conlleva
a vislumbrar con claridad su marcada preferencia
por estos otros candidatos".
Con estas declaraciones -se argumenta en la denuncia- el obispo
de Ecatepec, "en
su calidad de ministro de culto, está incurriendo
en hechos posiblemente tipificados como delito
por la ley, ya que ésta señala: los ministros
de culto religioso cometen un delito electoral
cuando: 'En el desarrollo de actos públicos
propios de su ministerio induzcan al electorado
a votar en favor o en contra de un partido político
o candidato, o a la abstención del ejercicio
del derecho de voto'".
Actuar con honestidad, pide Fromow
a funcionarios del sector agrario
María de los Angeles Fromow', titular de la Fepade, pidió
a los funcionarios del sector agrario no realizar
acciones que pudieran lesionar el proceso electoral
y que actúen con honestidad y responsabilidad.
Al presentar el ABC de los servidores públicos en relación
con las elecciones, durante la quinta reunión
del sector agrario, manifestó que el reto es
lograr combatir acciones que afecten la legalidad
y la legitimidad de éstas, y crear una cultura
ciudadana de la denuncia y la legalidad.
Durante la presentación del manual, y en la sesión de preguntas
y respuestas, Fromow
Rangel manifestó que
en breve presentará al presidente Vicente Fox
Quesada una serie de acciones para blindar las
instituciones en los procesos electorales, "los
más competidos en la historia del país",
agregó.
Aseguró que el gobierno federal no será un contendiente más
en dicho proceso, sino que busca fortalecer
la participación ciudadana y por ello incluso
está actuando conjuntamente con instituciones
como la Secretaría de la Reforma Agraria
y la Comisión Nacional para la Atención de los
Pueblos Indígenas con la finalidad de llevar
a los habitantes de las zonas más alejadas del
país el mensaje de que su voto no puede ser
sujeto de coacción, y de que la responsabilidad
de los funcionarios públicos es apegarse a las
normas legales establecidas.
Los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar bienes
muebles, dinero público, programas sociales,
padrones de beneficiarios y personal para apoyar
a algún candidato o partido político, insistió.
Libre expresión/Martha Isabel Alvarado. (En Línea Directa Info., p.web)
Tamaulipas
En puerta, proceso del PAN.
Cuestionan proceso panista.
A unas horas de que se lleve a cabo
el proceso para elegir candidatos de mayoría
relativa al Senado de la Republica en el Partido
Accion Nacional, mismo
que tendra lugar este domingo 5 de marzo, surgen manifestaciones
de inconformidad en el bando albiazul.
Concretamente, nos referimos a la actitud
asumida por uno de los protagonistas de dicho
proceso, el sureño SERGIO MEZA LOPEZ, quien
a voz en cuello se ha inconformado contra la
presunta compra de votos en su Partido, de cara
a la contienda interna de este fin de semana.
Sin embargo, MEZA LOPEZ no da nombres,
ni aporta detalles. Lo cual resulta significativo.
¿Sera porque
a los sacrosantos panistas
les tiembla ante la “operación bozal”, formalizada
en los estatutos de su Partido?
¿O acaso la razon
es que MEZA LOPEZ esta jugando a ensuciar una
contienda en la que, de acuerdo a enterados,
esta llamado a ocupar el quinto lugar?
Se antoja pensar, que es tanta la vehemencia
de SERGIO MEZA por avanzar en las preferencias
del panismo durante las horas que faltan para la contienda del
domingo, que no se ha percatado de ciertos “errorcillos”.
¿Cómo el haber realizado llamadas telefonicas y enviado faxes desde las oficinas de la Procuraduría Agraria, para promocionar
su candidatura a Senador? Mmm.
Pudiera ser….
Presuntamente, vehículos de la propia
Procuraduría
Agraria dependiente de la Federación, fueron
vistos en los municipios de Palmillas y Bustamante,
oficiando para don CHECO.
Propondrán al ejecutivo acciones para blindar instituciones:
FEPADE. (Excélsior
y La Crónica de Hoy,
p.web)
La titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade),
María de los Angeles
Fromow, informó que
la Comisión Intersecretarial de Transparencia
y Combate a la Corrupción propondrá al Ejecutivo
federal una serie de acciones para blindar a
las instituciones.
Dentro de las tareas de combate a la
corrupción, precisó Fromow, la comisión decidió proponer acciones que contarán
con indicadores
muy claros para todas las dependencias
federales y confió en que ese compromiso de blindaje electoral "sea una
realidad".
Al participar en la 5 Reunión Nacional
del Sector Agrario, la
funcionaria de la PGR agregó: "se
ha propuesto establecer una colaboración para fortalecer el uso correcto
de los recursos públicos
y para informar a los servidores de los
derechos ciudadanos y sus responsabilidades ante el proceso electoral
federal".
Esto, no es una coincidencia, sino
un trabajo permanente con la
administración pública federal señalado
por el presidente Vicente Fox Quesada, así como
el compromiso de respetar el proceso electoral donde el gobierno no será un contendiente más.
Acompañada del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
Fromow mencionó que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos de una actividad
institucional y de la
certeza para los ciudadanos de que el
marco jurídico es respetado.
La titular de la Fepade
presentó el documento "ABC de los
servidores públicos en relación con las
elecciones", en el que se
explican sus derechos y responsabilidades.
"Es importante tomar en cuenta
el papel que juegan los
servidores públicos y el respeto a la
ley", expuso y refirió que la ética de la responsabilidad social sólo se logra
a través de la
honestidad de cada uno de ellos en sus
respectivas tareas. (Notimex)
Campesinos solicitan intervención de Gobernador
para solución en Pomuch. (El Sur de Campeche, Fernando
Kuk, p.web).
Pomuch, Hecelchakán
(SPC).- "La expropiación de los terrenos
que tienen invadidos a los ejidatarios del núcleo
ejidal de Pomuch,
se encuentra en marcha, ya los expedientes están
en proceso" afirmó el tesorero del comisariado ejidal, Alonso Euán
Uc, en entrevista concedida a EL SUR de Campeche.
Entrevistado en el centro de esta localidad el funcionario
ejidal, manifestó que en el viaje realizado
en la ciudad de México se entrevistaron con
el Director de Expropiaciones de la Reforma
Agraria y agregó que al expropiar los tres
polígonos debe quedar libre, por lo que se debe
de formar una zona compacta, es decir se debe
de reubicar a toda la gente que se encuentra
en esta área.
Aseguró que el único problema que retraza los trámites es la
denominada agua azul quienes se niegan a entregar
sus documentos para continuar con la expropiación;
pero para ello sostuvo que ya cuentan con denuncias
hechas en donde solicitan a la PGJ, ala PROFEPA,
SEMARNAP y la PGR para intervenir en la detención
de la tala inmoderada, así como de los destrozos
que se vienen realizando en la tercera ampliación
del núcleo ejidal de Pomuch.
Dijo que los trámites están en proceso y se están armando los
expedientes de las averiguaciones previas y
en estos días se emita una orden de desalojo
y aligerar el proceso de expropiación, ya que
actualmente lo detiene el caso Agua Azul que
se encuentra en medio del ejido.
Finalmente sostuvo que se están solicitando la expropiación
de aproximadamente 13 mil 500 hectáreas que
están invadidas, quedando libres unos 66 mil
hectáreas, por lo que es necesario que el gobernador
intervenga para agilizar los trámites de desalojo
de los que se encuentran en Agua Azul que están
retrazando el proceso expropiatorio.
Piden campesinos resolución definitiva sobre lío
de las tierras. (El Sur de Campeche, Fernando Kuk, p.web).
Campesinos encabezados por Luis Antonio
Che Cu se presentaron para pedir una resolución
al litigio de las tierras en el ejido Juan de
la Cabada.
Un día después de que los campesinos pertenecientes al Frente
Campesino Emiliano Zapata llegaran al Palacio
de Gobierno para exigir se reubique a la comunidad
de Agua Azul que está asentada de forma irregular
desde hace 15 años, ayer se presentaron en las
oficinas del Tribunal Agrario, donde
dirimieron ahora el problema del ejido Juan
de la Cabada.
Encabezados por el líder del Freciez,
Luis Antonio Che Cú,
dijeron que el litigio de las tierras que se
tiene desde hace más de 20 años se ha visto
estancado gracias a que la Secretaría de
la Reforma Agraria emitió un acuerdo de
improcedencia con títulos de la época del porfiriato,
lo que echó para atrás todo lo avanzado.
“Sin embargo ahora estamos retomando el caso y las terceras
personas, que son los rancheros, presuntos dueños
de los terrenos donde está asentado el ejido
Juan de la Cabada
Vera, también deben presentar sus documentos
oficiales para echar atrás la documentación
que presentó Reforma Agraria de 1805, es decir,
estamos en un verdadero desbarajuste”, señalo
Che Cu.
Afortunadamente, añadió, hemos visto disponibilidad de las
dos partes para llegar a acuerdos definitivos,
porque tenemos una nueva cita el martes próximo
con los presuntos propietarios de los terrenos,
donde se tratará de llegar a un acuerdo con
ellos para el reparto de las tierras.
Destacó que el Tribunal Agrario fijó como fecha para dar un
resolutivo el 10 de abril próximo, “para que
se dé la conclusión de esas negociaciones entre
las más de 150 familias de Juan de la Cabada
Vera y los propietarios de los terrenos”.
También mencionó que en base al citatorio del 10 de abril próximo,
si no se llega a una cuestión conciliatoria
en ese término marcado entonces el Tribunal
Agrario emitirá una sentencia definitiva.
Pidió a las autoridades darle solución pronta a este lío de
las tierras, “porque ha crecido la invasión
en esa región y son los que realmente vienen
a entorpecer todas las negociaciones que se
tenían adelantadas”.
Explicó que en el 2002 ya se tenía avanzado el camino en la
búsqueda de una solución pacífica, vía compras
a la nación de dichos terrenos, “pero se entorpeció
todo precisamente por las invasiones que se
empezaron a dar, sobre todo en las regiones
denominadas Delicias, Rancho Quemado y el Siete
Copas”.
Son las cosas que nosotros pedimos al gobierno del Estado,
que tenemos que frenar esos asentamientos irregulares
que solamente vienen a afectar la solución a
los problemas añejos por las tierras.
Reconoció la disponibilidad del gobierno del Estado por darle
solución a este añejo problema, “pero que no
se confundan las cosas con las invasiones y
los últimos asentamientos irregulares, con el
problema de Juan de la Cabada
y el de los asentamientos que hay en la ampliación
forestal de Pomuch,
que también es un lío de más de 20 años”. (WJB
Entrega el Cecop en Protur su propuesta de agenda para dialogar con el gobernador. (El Sur (Guerrero), Magdalena
Cisneros, p.web)
Sugieren que la reunión sea
en Parotillas o en
Agua Caliente el 12 de marzo. Garantizan respeto
y piden que no haya policías. Molesta al vocero
de los opositores, Marco Antonio Suástegui,
que Zeferino Torreblanca no estuviera para recibir el documento;
“muestra la falta de disposición”, dice.
Integrantes del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(Cecop) entregaron
en las oficinas de la Promotora Turística su
propuesta de agenda para la reunión de diálogo
con el gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, y sugirieron el domingo
12 de marzo, al mediodía, para llevarla a cabo.
El portavoz del Cecop, Marco Antonio Suástegui,
se molestó porque no acudió un representante
directo del gobernador, “lo que muestra la falta
de disposición al diálogo”, además de que a
más de 15 días no han presentado ninguna propuesta
de agenda por ese lado.
A ello, el director de la Protur, Alfonso Guillén Quevedo, aseguró que el gobernador
sí quiere dialogar.
Suástegui Muñoz
garantizó que en la reunión habrá respeto para
el gobernador, pero que no desean policías y
ellos se comprometen que no habrá machetes ni
palos ni piedras.
No obstante, indicó que el gobernador
es un ser humano y como tal ha cometido errores
como decir que ya comenzarán las obras en el
lugar y quizá por esas declaraciones “puede
haber reclamos”.
Unos 30 representantes de las comunidades
de Cacahuatepec, El
Cantón, Huamuchitos, El Carrizo, Oaxaquillas,
Salsipuedes, San Antonio,
Agua Caliente, Dos Arroyos, La Palma y Garrapatas,
encabezados por Marco Antonio Suástegui,
llegaron a la Protur.
Allí, el integrante de la Canaco,
Gustavo Téliz, fue
quien habló con Alfonso Guillén para explicarle
el propósito de la reunión.
De entrada, Suástegui
Muñoz se quejó que del gobierno estatal no se
da formalidad al acto y que no estuvieran ni
el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría,
o el de Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez,
además de que a 15 días de que invitaron al
diálogo al gobernador no han expresado los puntos
que desean integrar en una agenda.
Mencionó, entre los puntos de la
agenda de los opositores, que se libere al comunero
Margarito Castillo,
quien hirió a otro comunero pero en defensa
propia, además de que todo lo que ha sucedido
es provocado por la CFE.
El vocero dijo que la fianza que
piden es de 128 mil pesos, y aunque sabe que
el gobernador no puede involucrarse en otras
instancias quieren que los ayude con ese caso.
Asimismo, solicitaron que Torreblanca
Galindo exija a la CFE su salida inmediata de
sus tierras porque se ha movido en la ilegalidad
desde su ingreso a finales del 2002, debido
a que no cuenta con los permisos de los campesinos
ni de la Semarnat
y ha promovido asambleas amañadas en los ejidos
y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Las otras razones que menciona
para la salida de la paraestatal son porque
ha manifestado su desacato al fallo del Tribunal
Unitario Agrario, que declara nula la “asamblea
fraudulenta del 23 de agosto de 2005; promueve
ilegalmente y de manera unilateral la expropiación
de sus tierras; porque interrumpió la paz social
y ha ocasionado enfrentamientos entre campesinos,
ha traído encarcelamiento de comuneros, heridos
y la muerte de tres campesinos, y ha violado
sus derechos humanos con la amenaza de despojo
de 25 mil campesinos”.
Suástegui Muñoz
aseguró que la CFE oculta el desastre ecológico
que habrá en el lugar porque moriría la cuenca
del río Papagayo y dejaría sin agua a todo Acapulco
por los cuatro años que la cerrará para el llenado
de la presa, y porque la generación de electricidad
(900 mega watts) no
es para Acapulco ni para México sino para integrarla
a al red de interconexión eléctrica.
“Este proyecto responde al acuerdo
firmado por el gobierno de Vicente Fox
con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá
sobre venta y control de energéticos”, explicó.
Por su parte, Guillén Quevedo informó
que la Protur no tiene
competencia para atender ese asunto pero que
recibía el documento en representación del gobierno
del estado.
Reiteró que no hay falta de interés
e incluso dijo que lo entregaría de inmediato
a Torreblanca Galindo, pero aclaró que no estaba
firmado y se podría pensar que él lo elaboró.
En ese momento signaron algunos de los asistentes.
Enfatizó que que
con las propuestas que presente el gobierno
del estado la agenda tendrán un ajuste, donde
se indicará el número de asistentes, un lugar
adecuado para las dos partes y la fecha.
Al preguntar Guillén Quevedo si
tenían una propuesta del lugar y la hora –pues
en la agenda no se menciona ninguna– un comunero
le dijo que debe ser en las tierras donde pretenden
construir La Presa, en el plantón en Parotillas
o en Agua Caliente, para el 12 de marzo a las
11 o 12 del día.
También intervino el ex regidor
José Luis Morales, quien criticó que el gobernador
utiliza un doble lenguaje porque dice que quiere
diálogo pero que manda a “un empleado”.
A ello, Suástegui
Muñoz, molesto y alzando la voz, señaló que
respetaba a Guillén Quevedo en su investidura,
pero que esperaba que estuviera el gobernador,
y advirtió que “va a ser casi imposible que
nuevamente salga otra comisión” a ese lugar.
Asimismo, aclaró que era la última
vez que buscaban acercamiento, aunque luego
matizó que no están cerrados al diálogo y recordó
que en La Parota votaron por Torreblanca Galindo.
En entrevista posterior sobre la
declaración del coordinador técnico de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Nabor
Ojeda Delgado, de que antes de que acabe este
mes la CFE comenzará
los trabajos en la zona donde se construirá
la presa, el vocero del Cecop
respondió que desconoce que el cenecista
sea funcionario de la paraestatal.
Dijo que la decisión de que entren
al lugar para que hagan la presa la tienen los
comuneros, quienes han expresado su rechazo
a La Parota “y seguramente no va a pasar ninguna
maquinaria, ningún empleado de la CFE”.
Explicó que creía que estaría el
gobernador porque se informó en la reunión del
domingo que irían a Protur, además de que agentes de Gobernación hablaron con
él por teléfono y que éstos le reportan todo
a Chavarría Barrera.
Prensa Estatal
GUANAJUATO
Paga YKK 10 mil dólares a ejidatarios afectados
de Malvas. (Correo, Zayra Velázquez, p.web).
Jueves 2 de Marzo,06
En un clima de tensión, la empresa manufacturera de cierres iniciará las obras de introducción de tubería de aguas residuales a mitad del camino.
IRAPUATO
La empresa manufacturera
de cierres YKK, pagó 10 mil dólares a los 9
ejidatarios afectados del ejido Malvas, para
continuar con los trabajos de la instalación
de la tubería de aguas residuales, que ha generado
conflictos desde el 30 de enero de este año.
El comisariado ejidal Vicente Rodríguez Reyes, dijo a correo
que el martes le entregaron el dinero, que repartió
entre los afectados de forma proporcional.
Rodríguez Reyes explicó
que el 23 de febrero los representantes de la
empresa YKK, David Lanuza y Kazuhiko
Yamauchi lo citaron
en Guanajuato, para una junta en una oficina
que dijo era referentes a la tenencia de la
tierra y que estuvieron presentes representantes
del gobierno del estado, el asesor jurídico
y el secretario del Ayuntamiento, Roberto Herrera
Beltrán y José de Jesús Félix Servín.
Señaló que el día de
la negociación acudió junto con el jefe de vigilancia
del ejido, quien no estaba muy convencido de
aceptar el dinero, hasta no saber la opinión
de los demás ejidatarios.
Sin embargo, después
de que el secretario del Ayuntamiento les dijo
que de no aceptar entrarían en un juicio y que
finalmente les pagarían uno o dos pesos por
metro cuadrado y prefirieron aceptar los 10
mil dólares.
"Don Vicente"
comentó que los empresarios le aseguraron que
con La Mocha llegaron a otro acuerdo en el que
les depositaron el dinero en la Presidencia
municipal para que sean las autoridades quienes
decidan qué obra harán.
Lo que fue desmentido
ayer por Félix Servín,
al decir que había que firmar que el comisariado
de La Mocha debía firmar un convenio para que
el dinero fuera depositado, lo que no sucedió.
Uno de los ejidatarios-quien
prefirió omitir su nombre- señaló "a mí
me tocaron como 5 mil pesos y los acepté porque
de todos modos el jurídico de la presidencia
(Roberto Herrera) dijo que harían las obras
y que si nos oponíamos nos echarían a las Fuerzas
de Seguridad del Estado (FSPE)".
Sobre el amparo que
el ejido presentó para detener las obras junto
con el pequeño propietario Hugo González Borja,
el comisariado ejidal
mencionó que Roberto Herrera le dijo "no
se preocupen, yo me encargo de todo, para que
ya no tengan problemas con él".
Y convencido añadió
"Hugo González no es propietario, ya nos
enseñaron los planos en Guanajuato y el camino
no está en su terreno, era en las tierras del
ejido nadamás".
"LOS CONVENCIERON"
Hugo González Borja
dijo que aunque los ejidatarios ya hayan sido
convencidos por la presidencia municipal y el
gobierno del estado, el continuará con la defensa
legal para que no se pase por sus terrenos.
Señaló que aunque digan
que el camino no es parte de sus tierras, el
tiene el avalúo de un perito que midió el área
y no desistirá de su posición.
‘Don Hugo’ comentó
‘porqué a mí no me invitaron a las negociaciones’,
refiriéndose a la reunión en la que sólo citaron
al comisariado ejidal
y al jefe de vigilancia del ejido ‘a ellos sí
los pudieron convencer y a mí me quieren sacar
de la jugada’.
El pequeño propietario
dijo que las autoridades se han aprovechado
de la ignorancia de la gente, pero que él no
va a permitir que pretendan invadir un terreno,
que incluso él estaba por vender.
LA HISTORIA
El 30 de enero, se
generó un conflicto en la comunidad de San José
Marañón o La Mocha, por que las mujeres del
lugar se oponían a que la empresa YKK excavara
un camino en donde se instalaría la tubería
de aguas industriales.
Esto, porque los pobladores
señalaban que las aguas que descargaría la empresa,
contaminaría los pozos de agua profunda que
utilizan para consumo y riego de hortalizas.
Las mujeres se enfrentaron
a golpes y jalones con la Policía Preventiva
y una mujer fue detenida porque con un machete,
quiso defenderse de lo que dijo "era abuso
de autoridad".
Las habitantes señalaban
que la empresa les ofreció 10 mil dólares, dos
computadoras y arreglar los baños de la primaria.
De lo que sólo recibieron el equipo de cómputo,
porque nunca vieron el dinero.
Posteriormente, el
conflicto continuaba por que la empresa decía
tener documentos que los miembros del ejido,
entre ellos el comisariado
Víctor Reyes, firmaron para autorizar la obra,
representantes que concluyeron el interinato
y no se hicieron responsables.
El comisariado ejidal actual de "La Mocha", Arturo
Bravo Francia tramitó un amparo para detener
las obras, de lo cual no ha recibido respuesta,
pero finalmente ya se excavó gran parte del
camino y los habitantes no pudieron hacer nada.
Por otro lado, en el
ejido Malvas también protestaron por la obra,
incluso en un principio los ejidatarios y Hugo
González colocaron vehículos y tractores para
que la máquina no pasara por sus terrenos.
Después intentaron negociar pero la gente se negó, presentaron un recurso de amparo y fue hasta el mes pasado que cambiaron al comisariado ejidal, que las negociaciones fueron positivas, desistieron y aceptaron que las obras continúen.
GUERRERO
Amparados, ejidatarios de Lomas de Chapultepec declaran ante el juez. (El Sur, Jorge Nava, p.web).
Los campesinos disputan la
posesión de varias hectáreas de tierra con empresarios
de la Zona Diamante.
Protegidos por un amparo,
ejidatarios de Lomas de Chapultepec
acudieron ayer al rendir su declaración preparatoria
en el Juzgado cuatro penal por el litigio que
mantienen contra empresarios por varias hectáreas
de la Zona Diamante.
En ese juzgado uno de sus compañeros
es procesado por despojo.
Los campesinos Lauro Torres Valeriano,
Juan Castillejo Bibiano, Severiano
Palma Bibiano y Santa Ana Padilla Morales dijeron,
por separado, que la tierra de ese poblado,
con rumbo a Barra Vieja, es un ejido y les pertenece.
Ante el primer secretario de acuerdos,
Edilberto Calderón
Juárez, los campesinos pidieron que deslinden
del caso a sus abogados Proceso González Calleja,
Odilón Estrada Rico y Gonzalo Chávez Calleja porque no tienen
nada qué ver .
El amparo de los campesinos lo
concedió la jueza sexta de distrito, Martha
Leticia Muro Arellano; en la diligencia se negaron
a contestar preguntas del fiscal adscrito al
juzgado Gustavo Vázquez Muñoz.
Por su parte, el fiscal asentó
en el expediente 24-1/2006, que hay pruebas,
como confesiones de los acusados, en las que
aceptan que se introdujeron al inmueble en litigio.
Del caso se establecieron fechas
solicitadas por la defensa, José Sánchez, para
desahogar testimonios de testigos a favor y
que avalan que los ejidatarios no despojaron
a nadie, así como de los policías ministeriales
que elaboraron el informe de la situación en
el predio, del representante legal de la empresa
Acapulco y Papagayo SA de CV, Víctor Hugo García
Barroso, así como de los testigos acusadores,
entre ellos Jesús Torres Jiménez.
En el caso de Carmelo García del
Valle, detenido luego de un intento de desalojo
de los ejidatarios el lunes 20 de febrero, en
el que colocaron dos barricadas, una fuente
del juzgado dijo que el 26 de febrero se ordenó
su retención legal para enfrentar el proceso
por el delito de despojo.
PUEBLA
Acribillan al presidente auxiliar de Otzolotepec. (Intolerancia Puebla, Alfonso
Ponce, p.web).
Dos hombres armados
con rifles de grueso calibre emboscaron y dieron
muerte a Lucio Téllez Ibáñez, presidente auxiliar
de Santa Catarina Otzolotepec,
del municipio de Tehuacán, al parecer por una
venganza, donde incluso estarían coludidos delincuentes dedicados a las mafias de la tala clandestina,
informaron autoridades locales.
Téllez Ibáñez circulaba
a bordo de un vehículo, del que no se dieron
detalles, sobre la carretera San Bernardino
Lagunas, lugar donde salieron los dos desconocidos
disparando ráfagas de balas que alcanzaron la
humanidad del servidor público, quien murió
casi en forma instantánea.
La zona donde ocurrió
el atentado, el miércoles a las 18:00 horas,
es considerada como madriguera de delincuentes
dedicados a la tala clandestina; de hecho, en
esa misma zona hace dos meses vecinos arrebataron
armas largas y retuvieron a elementos de la
Policía Estatal Preventiva, por lo que se presume
que estos mismos rifles, del calibre r15,
pudieron haber servido para cegar la vida de
Lucio Téllez Ibáñez.
Tras el atentado,
el agente del Ministerio Público, adscrito al
distrito de Tehuacán, se presentó al lugar de
los hechos escoltado por un numeroso contingente
de elementos de la Policía Judicial del Estado
y de la Preventiva a fin de iniciar las primeras
investigaciones del violento crimen.
Los restos del presidente
municipal de Santa Catarina Otzolotepec
fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán al
área del Servicio Médico Forense para que le
fuera practicada la necropsia
correspondiente, en tanto que elementos de la
Policía Judicial del Estado iniciaron investigaciones
del atentado a mano armada.
Ayer por la noche,
los habitantes de San Bernardino Lagunas dormían
tranquilamente, mientras que a sus alrededores
elementos de diversas corporaciones policiacas
realizaban recorridos discretos para tratar
de ubicar a los dos tiradores. Hasta el momento
no se descarta que en breve esa comunidad sea
objeto de una fuerte intervención policiaca,
luego de que se rumora que en ese lugar están
ocultas las armas que le fueron robadas a policías
estatales que además estuvieron retenidos por
varias horas.
Piden que se esclarezca el asesinato del presidente
auxiliar de Otzolotepec. (La Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez, p.web).
Tehuacán, Puebla– “Justicia”, fue
la exigencia de pobladores de Santa Catarina
Otzolotepec, así como
de los dirigentes del PAN, ante el asesinato
de Lucio Téllez, edil de esa junta auxiliar,
perteneciente a Tehuacán, quien fue emboscado
en un paraje a la altura de San Bernardino Lagunas,
lo cual ha desatado una serie de conjeturas
y la exigencia de que el gobierno federal y
estatal actúen para acabar con la anarquía que
priva en esa zona de la Sierra Negra.
Pobladores de Santa Catarina Otzolotepec
y militantes del Partido Acción Nacional se
presentaron en el Ministerio Público para pedir
que se esclarezca el crimen del edil auxiliar
Lucio Téllez, quien fue asesinado de un balazo
en la cabeza el pasado martes, cuando a bordo
de una patrulla se dirigía a su comunidad, procedente
del municipio Nicolás Bravo.
Respecto a las líneas de investigación, el fiscal
especializado en homicidios de la Agencia del
Ministerio Público, Alfredo René Macip,
explicó que se realizan ya las diligencias correspondientes
para poder esclarecer este caso, donde detalló
que hay una línea de investigación que apunta
a rencillas que Lucio Téllez tenía al ser el
alcalde auxiliar de Otzolotepec,
y que al parecer eran generadas por asuntos
ejidales.
Sobre el mismo caso, el regidor de gobernación,
Renato Osorio Rubio, ofreció una rueda de prensa
para señalar que existe consternación por parte
del ayuntamiento por el homicidio del edil auxiliar,
así como preocupación por la situación que se
vive en la zona de la Sierra Negra, donde está
enclavada esta población subalterna de Tehuacán,
donde en los últimos meses se han vivido varios
acontecimientos lamentables.
Otzolotepec está justamente en la
Sierra, por la zona de Vicente Guerrero y Nicolás
Bravo, municipios que han protagonizado enfrentamientos
con elementos de la policía tanto municipal
como estatal y federal, todo por asuntos de
la tala clandestina, que se practica en esa
zona, donde la mayoría de los pobladores viven
de esa actividad, aunque algunos lo hacen a
grandes escalas provocando que los bosques se
encuentren prácticamente devastados.
Renato Osorio expresó que el alcalde Francisco
Javier Díaz Fernández entabló comunicación con
el secretario de Gobernación en el estado, Javier
López Zavala, para expresar su preocupación
sobre el particular, y solicitarle, además,
que se efectúen acciones para frenar actos ilícitos,
pues recordó que son ya varias las ocasiones
en que se presentan acontecimientos violentos
en la región, y precisamente contra funcionarios
públicos.
Mencionó que probablemente este día se va a sesionar
en el cabildo, a fin de determinar quién se
quedará al frente de la alcaldía auxiliar, que
de forma provisional tomó bajo su responsabilidad
el regidor de Gobernación, Venancio Morales
Pérez, pues todavía se va a analizar si el suplente
Faustino Cortés Durán acepta tomar las riendas
de la presidencia auxiliar, lo cual esperan
definir a más tardar el lunes, mientras tanto
se indicó que la Comuna cubrirá los gastos que
generen los actos funerarios del edil.
Por su parte, el presidente del blanquiazul en
Tehuacán, Sergio Gómez Ollivier,
fue más severo, y tras exigir que las autoridades
ministeriales lleguen al fondo del caso y castiguen
a los responsables del crimen, consideró que
las autoridades tanto del estado como de la
federación realicen verdaderos operativos para
terminar con “la anarquía” que priva en la Sierra
Negra, donde, dijo, ya se han apoderado de la
zona mafias que además están bien armadas.
Dijo que en la agresión sufrida por elementos de
la policía municipal el pasado 25 de noviembre,
los delincuentes usaron armas calibre 23, lo
que da una idea de la peligrosidad de esos sujetos,
a los que ya no se puede combatir “con dos patrullitas”,
pues los policías de la zona cuentan apenas
con escopetas y algunas pistolas, pero quienes
están pertrechados en la Sierra tienen armamento
de grueso calibre y por tanto se requiere que
ingrese personal apto para hacerles frente,
pues enviar a unos cuantos elementos municipales
o estatales con mínimo equipo es prácticamente
“condenarlos”.
Exigió que el gobernador Mario Marín tome decisiones
firmes en ese sentido, pues consideró que ya
los delincuentes que devastan el bosque de la
región han dado muestras claras de su peligrosidad,
y por lo mismo no es posible seguir actuando
con consideraciones o temor hacia ellos, por
lo cual urgió a que se actúe con mucho rigor,
para no permitir que la impunidad siga reinando
y tampoco obligara que el pueblo, cansado de
estar atemorizado por esos delincuentes, vaya
a tomar la justicia por mano propia
Comuna promueve controversia territorial contra
San Andrés Cholula. (La Jornada
de Oriente, Martha Garrido, p.web.
/Información también publicada en El Sol de
Puebla).
El ayuntamiento de Puebla, a través
del Síndico Municipal, Lauro Castillo Sánchez,
promovió una nueva controversia constitucional
ante el Congreso del Estado por el conflicto
limítrofe con San Andrés Cholula.
Así mismo interpuso una denuncia en contra del
edil cholulteca Omar Coyópol
Solís por cobrar impuestos en una zona en disputa
que aseguran pertenece a la capital poblana.
La controversia promovida por Lauro Castillo se debe a la disputa
de límites territoriales que existe desde hace
varios trieninos y es que el ayuntamiento de Puebla argumenta que
el acuerdo de 1962 establece que la poligonal
de 8.5 kilómetros forman parte del territorio
poblano.
Cabe recordar el problema se agudizó a principios
de 1999 cuando el ayuntamiento de San Andrés
Cholula clausuró negocios
ubicados en la plaza comercial Angelópolis.
Derivado de esto, el síndico de Puebla de ese
entonces, Marcial Campos Diez, quitó los sellos
de clausura de los comercios y se enfrentó a
policías y funcionarios del gobierno cholulteca
que estaban encabezados por Arnulfo Aureoles
Gamboa, el síndico municipal.
Además, es importante mencionar que los dos ayuntamientos,
por separado, ya presentaron una controversia
constitucional ante el Congreso local; sin embargo,
ambas fueron turnadas a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. De esta manera documento
presentado el día de ayer fue turnado a la Comisión
de gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales
para su análisis.
De igual manera, el síndico municipal Lauro Castillo
Sánchez presentó en la LVI Legislatura una denuncia
por responsabilidad administrativa en contra
de Omar Coyópol Solís,
presidente municipal de San Andrés Cholula;
del Síndico Municipal José Gregorio Jaime Morales
Tecpanecatl y de los
regidores María del Carmen Romero Hernández,
Delia María de Jesús, Gregorio Jiménez, Isaac
Tecaxco Tirso, Isaac
Pedro González Flores, José Norberto López Pérez,
Norberto Fermín Cuautle
Solis.
El motivo de la denuncia del ayuntamiento poblano
es porque el cholulteca está cobrando impuestos
en una zona territorial que está en disputa.
El documento también fue turnado a la Comisión
de Gobernación que preside el priista
Pericles Olivares Flores.
Durante un receso en la sesión del Poder Legislativo,
Olivares Flores fue cuestionado sobre estos
dos documentos enviados por el ayuntamiento
que preside Enrique Doger
Guerrero.
“Parece que si, hay dos controversias, que están
en trámite en la Suprema Corte de Justicia y
estemos en espera de que se resuelvan... La
otra no sé a qué se refiera pero no es controversia
por cuestiones territoriales es denuncia por
cuestión administrativa”, comentó.
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