CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
26 DE JUNIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
No se rindan, pide
Calderón
Cierra en el Azteca ante más de 120
mil. Llama candidato panista
a una movilización para promover el
voto entre los indecisos.
Plantea AMLO pacto
de concordia nacional
La economía no será manejada ideológicamente,
asegura
Atajará el Trife incertidumbre electoral
Habrá prontitud para calificar la elección
y resolver conflictos, dice Leonel
Castillo
Candidatos siguen
la misma ruta económica
Coincidencias en las estrategias de
Madrazo, Calderón y AMLO
Sin revisión, la
SEP impuso textos para secundaria
Artilugios ilegales del subsecretario
Gómez-Morín
Se van con AMLO unos
30 sindicatos
La dirigencia nacional del PRD rechaza
que exista el voto corporativo
Ganaré por millón
y medio de votos: Felipe
Calderón llamó a sus simpatizantes
a no rendirse y buscar casa por casa
a los indecisos
Gastó GDF $18 millones
para apuntalar a AMLO
En abril-mayo, cuando López cayó en
encuestas, el gobierno capitalino pagó,
sólo en TV, spots
por $11 millones en abierto apoyo al
tabasqueño.
Acapulco sangriento:
ocho ejecuciones más
Seis de las víctimas tenían el tiro
de gracia; abandonaron cadáveres en
bolsas de basura
Utilizan infraestructura
del GDF en favor de El Peje
Obligan a trabajadores a realizar labores
proselitistas y donar parte de su salario;
además, usan vehículos oficiales.
Sector agrario
IX Certamen Investigación Agraria “Dr. Arturo Warman Gryj” 2006. (Milenio Diario, p.15).
La Procuraduría Agraria, en su carácter de institución
que tutela los derechos agrarios de
los hombres y mujeres del campo, dedicada
a la tarea de preservar los espacios
que permitan a los servidores públicos
del Sector Agrario difundir la respuesta
de sus instituciones a la problemática agraria convoca al concurso
XI Premio Estudios Agrarios 2006. (Milenio Diario, p.9)
La Procuraduría Agraria, con el propósito de incentivar
el análisis y la investigación que vincule
el conocimiento con las políticas agrarias
y que enriquezca el diagnóstico del
sector rural preservando el vínculo
de los hombres y las mujeres del campo
con la tierra como un bien supeditado
a distintas relaciones, escenarios y
ámbitos de la economía en este sector
convoca al concurso.
Eligen comisariado en Cacahuatepec sin
intervención del gobierno; lo respalda
el pueblo, proclaman. (El Sur de Guerrero, Maribel Gutiérrez, p.web).
Sin la intervención de la Procuraduría Agraria o algún funcionario del gobierno,
con base en el derecho de los pueblos
a elegir libremente sus formas de organización
y a sus autoridades, comuneros de Cacahuatepec
eligieron ayer al comisariado
de bienes comunales, y acordaron que
exigirán su reconocimiento oficial.
En una asamblea de cerca de 4 mil comuneros y comuneras
–la mayoría opositores a la presa La
Parota– bajo un enorme árbol de parota
en el centro de Cacahuatepec,
donde tradicionalmente se reúne el pueblo
para tomar decisiones, por unanimidad
los asitentes resolvieron desconocer al comisariado
encabezado por Jesús Crisanto
Arellano, de la central priísta CNC
(Confederación Nacional Campesina),
elegido en una supuesta asamblea que
se hizo “a espaldas de la mayoría de
los comuneros”, fuera del territorio
de Cacahuatepec,
pero que sí tiene el reconocimiento
del gobierno.
También acordaron impugnar por la vía legal al comisariado desconocido por la asamblea, y para eso se pedirá
formalmente a la Procuraduría Agraria
que se anule el registro que le dio al comisariado de la CNC, y que
le dé el reconocimiento a las autoridades
que ayer se eligieron.
El tercer acuerdo por unanimidad es tomar posesión de
la comisaría, localizada en el centro
de Cacahuatepec,
al lado de la parota donde se celebró
la asamblea de ayer. El edificio, de
dos pisos construidos con material de
concreto, pintado de amarillo y con
puertas metálicas, está cerrado porque
el comisariado
que tiene el reconocimiento del gobierno
no puede entrar porque el pueblo lo
rechaza.
La supuesta elección organizada por el añejo líder de
la CNC de esta región, Eduardo Valente
Navidad, el 17 de marzo, fuera de Cacahuatepec y del municipio de Acapulco al que pertenece,
en San Juan Grande municipio de San
Marcos, sin que se convocara a todos
los comuneros y comuneras, y cuando
los opositores a La Parota no podían
acudir ni enterarse a tiempo porque
muchos se encontraban en una manifestación
en la ciudad de México, causó el descontento
de los opositores a La Parota, y de
otros comuneros que apoyan el proyecto
hidroeléctrico o que son neutrales,
pero que también fueron excluidos del
nombramiento de autoridades comunales.
Por eso, 20 comisarios municipales convocaron a la elección
de ayer, y la convocatoria se pegó en
todo el territorio de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec,
que tiene 47 anexos.
También, los organizadores informaron de la convocatoria
a la Procuraduría Agraria y a la Dirección
General de Gobernación del estado, que
recibieron los documentos el 19 de junio,
pero ninguna autoridad se presentó ayer
en Cacahuatepec.
Una planilla opositora a la presa y otra neutral.
Se registró la planilla del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (Cecop),
identificada como Planilla Verde, encabezada
por el comunero de Arroyo Verde Alfonso
García Vázquez, y la Planilla Amarilla,
encabezada por el comunero de El Cantón
Salomón Hernández, quien se define como
neutral frente al proyecto de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El Cecop ganó con 3 mil 322
votos contra 29 de la Planilla Amarilla.
La planilla del Cecop, se llamó
“General Juan Dorantes”,
el principal héroe de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec,
que peleó por la dotación de estas tierras
a los campesinos y las ganó, y por eso
los comuneros opositores a La Parota
reivindican su lucha, y la relacionan
con la defensa de sus tierras y del
río Papagayo ante el peligro en que
se encuentran de perderlas si se construye
la presa.
El perdedor, Salomón Hernández, dice que participará
con el nuevo comisariado,
aunque señaló que tiene diferencias
con el Cecop:
“Estoy neutral frente a la presa porque
no quiero problemas, porque de ahí vienen
muchos problemas”.
Explicó: “Reconocemos que la presa trae perjuicios para
los campesinos, si fuera de regadío
sería beneficio, pero lo que se pretende
es sacar electricidad y eso no nos beneficia
en nada”.
Anunció que a pesar de las diferencias con el Cecop, se unirá a la lucha por el reconocimiento del comisariado ejidal que ganó esta elección, porque “no estoy
de acuerdo con las artimañas de Eduardo
Valente, que “con falsedades hizo una
asamblea en San Juan Grande” para imponer
a un comisariado
sin tomar en cuenta a la mayoría de
los comuneros.
Autoridades con el reconocimiento de los pueblos.
El presidente del comisariado
que ganó la elección de ayer, Alfonso
García Vázquez, manifestó ante la asamblea
su compromiso de luchar por el desarrollo
de los bienes comunales de Cacahuatepec, proclamó que en este territorio “se acabaron
las mañas”, y reconoció que las autoridades
electas por el pueblo van a tener problemas
jurídicos.
Después explicó que las nuevas autoridades surgen de
una votación autónoma, con base en los
usos y costumbres, donde democráticamente
decide la mayoría de los comuneros y
comuneras.
Y acerca de cuál será su relación con el gobierno, dijo:
“pediremos apoyo a los tres niveles
de gobierno, se buscará el mecanismo
legal para que el gobierno reconozca
al comisariado,
pero si no nos reconoce el gobierno,
igual vamos a trabajar porque nos reconocen
los pueblos”.
El vocero del Cecop, Marco
Antonio Suástegui,
que nació en esta cabecera de los bienes
comunales, dijo que “el triunfo es reconocido
por la máxima autoridad que es la asamblea,
pero pediremos que lo reconozcan las
autoridades”, y advirtió: “Si no nos
reconocen, Cacahuatepec
se va a volver un pueblo autónomo donde
mande la mayoría de la gente”. Planteó
que entre los propósitos para ejercer
la autonomía del pueblo están la defensa
de la tierra, del agua y de los recursos
naturales.
El también vocero del Cecop
Felipe Flores Hernández explicó: “la
legalidad del comisariado
se la da la asamblea, él nos representa
a nosotros, no va a representar a la
Procurduría Agraria y al gobierno, por eso los que lo tenemos
que nombrarlo y reconocerlo somos nosotros”.
El abogado del Cecop Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan,
explicó que, primero, la Procuraduría
Agraria se prestó a una elección viciada
en la que se nombró un comisariado a espaldas de los comuneros. Por eso, los pueblos,
por medio de sus autoridades legítimas,
en este caso los comisarios, convocaron
a una elección con un procedimiento
legal que son los usos y costumbres,
con base en el artículo 2 de la Constitución
y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que
establecen que los pueblos indígenas
tienen derecho a decidir sus formas
de organización y de gobierno.
Resuelve SRA disputa entre comuneros de La Montaña. (Diario de Guerrero, Notimex, p.web)
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) logró poner fin a
un conflicto agrario de dos mil 449
hectáreas, entre comuneros indígenas
del municipio de Atlixtac,
perteneciente a la zona de La Montaña.
Por más de 100 años, los ejidatarios
de San Pedro Huitzapula
y de San Juan Bautista Coapala
se pelearon la propiedad de las más
de dos mil hectáreas, lo que dejó decenas
de muertos, tan sólo en los últimos
tres años hubo seis decesos.
Raymundo Castro Aparicio, apoderado
legal de la comunidad de San Pedro Huitzapula,
informó que la solución del conflicto
se dio gracias a la intervención de
la SRA con el programa denominado “Focos
Amarillos”.
Explicó que de las dos mil 449
hectáreas en disputa, los vecinos de
San Pedro Huitzapula
aceptaron ceder 491 hectáreas a sus
vecinos de la comunidad de San Juan
Bautista Coapala,
tierras que tienen en posesión desde
hace varios años.
Señaló que por parte de la SRA
hay el compromiso de presentar una propuesta
a los vecinos de San Juan Bautista,
para que finalmente se finiquite el
conflicto, el cual solo se pido resolver
a través del diálogo y acuerdo entre
ambas partes.
Lo anterior -dijo- porque los vecinos
de San Juan Bautista Coapala
se ampararon ante las instancias correspondientes,
y a la fecha, el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) no ha podido entrar
a la zona de conflicto.
“Es sólo a través del diálogo y
el acuerdo como se resolvió este conflicto,
y de esta misma manera deberá resolverse
la disputa de 456 hectáreas que persiste
entre las comunidades de El Capulín
y Moyotepec,
también en la zona de La Montaña”, indicó.
Recordó que el conflicto, entre
San Pedro Huitzapula
y San Juan Bautista, era mucho más grave
en comparación con el problema que viven
los comuneros de El Capulín y Moyotepec,
por ello consideró, no será muy difícil
su solución.
Suspenden asamblea comunal. (Cambio de Michoacán, Ramón Ángeles, p.web).
PARACHO
El amparo promovido por el actual representante de Bienes Comunales,
Pedro García, el motivo.
Por segunda ocasión fue suspendida la asamblea general de comuneros
que se llevaría a cabo el día de ayer
en las instalaciones del viejo cine
Rex, donde
la mañana del domingo apareció un documento
firmado por el jefe de residencia
de la Procuraduría Agraria en Uruapan,
donde se informaba de la nueva postergación.
Cabe recordar que luego de que varios
comuneros exigieron al representante
de bienes comunales la rendición de
cuentas de los estados financieros el
pasado 17 de abril, el jefe de residencia,
Martín Roa Hernández, convocó a una
asamblea comunal en Paracho, pero dos días anteriores a su celebración decretó
la suspensión también de manera clandestina.
En esta ocasión, el motivo fue el juicio
de amparo promovido por el actual representante
de bienes comunales Pedro García. «El
suscrito Ing. Martín Roa Hernández,
jefe de Residencia de la Procuraduría
Agraria en Uruapan, Michoacán; en
cumplimiento al auto de fecha 22 de
junio del año 2006, emitido por el juez
sexto de distrito en el estado de Michoacán
con motivo del incidente de suspensión
y derivado del juicio de amparo número
ll-346/1066-V,
notificado a esta residencia a mi digno
cargo».
En la asamblea general de comuneros se trataría como punto
central la ratificación o en su caso
la remoción del comisariado
y consejo de vigilancia, a quienes se
les acusa de no transparentar su administración.
Los comuneros inconformes con la presente
administración comunal, declararon que
«es una injusticia que Martín Roa esté
jugando con la leyes que dice respetar
y este asunto no hay motivo para ampararse
si lo que estamos peleando es de que
informen con transparencia la administración,
ahora resulta que el juez sexto de distrito
en el estado de Michoacán protege a
autoridades que no quieren informar
y que hasta el momento se piensa que
hay malversación de fondos y malos manejos
y el colmo es de que la autoridad judicial,
se pone de ese lado», acusó el comunero
Samuel Jiménez Sosa. El comunero, ex
dirigente del comité de lucha de bienes
comunales Ricardo Soto Barajas, expuso
para Cambio de Michoacán «la convocatoria
se solicitó conforme a las leyes agrarias
vigentes como es el artículo 24, pero
nos extraña que los jueces de distrito,
suspendan por segunda ocasión, una reunión
apegada a la ley y al derecho agrario,
lo que significa que este juez está
por encima de la Ley Agraria
que rige a los bienes comunales, esto
es algo turbio, porque ni el juez, ni
el jefe de residencia de la Procuraduría
Agraria, notificaron formalmente a los
solicitantes de la asamblea, sino que
utilizaron el clandestinaje para legitimar la ilegalidad en Paracho». Lo extraño de dicho documento en donde suspende
la Procuraduría Agraria dicha asamblea,
no está en papel membretado
de la dependencia, ni tampoco cuenta
con sello, aunque sí aparece la firma
de Martín Roa, jefe de la residencia.
Por su parte, los comuneros al no presentarse
nadie de la procuraduría se retiraron
y realizaron una reunión para analizar
y buscar alternativas para continuar
su lucha para que se transparenten las
cosas en los bienes comunales.
Incumple Gobierno federal con 75 programas. (Diario Olmeca, Agencias, p.web).
En el Presupuesto de Egresos de 2006, la Cámara de Diputados
ordenó a 10 secretarías de Estado entregar,
en los primeros.
En el Presupuesto de Egresos de 2006, la Cámara de Diputados
ordenó a 10 secretarías de Estado entregar,
en los primeros dos meses del año, copia
de los padrones de beneficiados de 77
programas sociales, y de los cuales
sólo dos cumplieron: Oportunidades y
Procampo.
En el reporte de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro,
sólo 15 de 77 programas sociales de
la Administración federal entregaron
sus reportes de padrones de beneficiarios,
recursos aplicados, metas cumplidas
y pendientes del año.
Los 60 programas restantes, adscritos a las 10 dependencias,
no reportaron nada.
La obligación de entregar esta información a la Cámara de Diputados
se aprobó en diciembre de 2005, con
la finalidad de poner candados al uso
de recursos sociales en acciones electorales.
15 de 77 programas sociales con reportes completos
60 programas de 10 dependencias, no reportaron nada.
Dependencias que no han cumplido.
• Secretaría de Hacienda.
• Secretaría de Agricultura.
• Secretaría de Economía.
• Secretaría de la Reforma
Agraria.
• Secretaría del Medio Ambiente.
La rapacidad del PAN. (Proceso, José Reveles, p.web).
El desvío de recursos públicos de programas sociales a favor
del PAN, y en particular de su candidato
presidencial, Felipe Calderón; el tráfico
de influencias, el ejercicio indebido
del servicio público y el abuso de autoridad,
así como actos de cohecho y delitos
electorales en los que ha incurrido
Acción Nacional, son documentados y
denunciados por el periodista José Reveles
en el libro Las manos sucias del PAN.
Historia de un atraco multimillonario
a los más pobres, que el sello Planeta
acaba de poner en circulación. Con autorización
del autor y de la editorial, reproducimos
las partes sustanciales de dos capítulos:
Una inmoral desviación de recursos
Podría arrancar esta historia el jueves 2 de febrero de 2006,
cuando Arnulfo Montes Cuen
se negó a transferir a cuentas bancarias
de diputados federales panistas
la mitad de los 55 millones de pesos
que la Secretaría de Desarrollo Social
ya había aprobado, como ayuda para vivienda
rural, a 5 437 familias paupérrimas
en 21 estados de la República.
Una acalorada discusión se desarrollaba en un salón del hotel
Fiesta Americana de la Ciudad de México
poco después de las 20:30 horas. Legisladores
de Acción Nacional primero intentaron
convencer a Arnulfo por las buenas con
el argumento de que usarían ese dinero
para la campaña de Felipe Calderón,
pero terminaron por presionarlo y amenazarlo.
Montes Cuen, dirigente de la Federación
de Productores Agropecuarios, Forestales
y Pesqueros, A.C. (FENPA), se negó a consumar el cochupo
que, además de faltar a toda ética,
era un delito por el cual tendría que
pagar los platos rotos él mismo, como
el operador que armó los padrones de
esas miles de familias, como titular
de los derechos para recibir el recurso
y como responsable de hacer llegar las
ayudas.
–¿Cuál es el problema? Tú sabes cómo
hacerlo y al cabo esos pinches
inditos están tan jodidos que ni cuenta
se van a dar.
Con ésta y frases semejantes quiso convencerlo el diputado
federal por Colima, Jorge Luis Preciado
Rodríguez, quien esa noche estaba acompañado
en la “negociación” por el también legislador
panista Urcino
Méndez, veracruzano.
Cuando la plática aún no llegaba a los gritos y manotazos,
Preciado Rodríguez le entregó a Montes
Cuen una ficha
de depósito de BBVA Bancomer
a su nombre (cuenta 0141205803) y otra
de BBVA a nombre del Consejo Nacional
Agropecuario y Forestal y su dirigente
Dania Ivette
Puga Corona (cuenta 4028042489) para
que el hombre colocara en cada una de
ellas la mitad de los 27.5 millones
a desviar.
Puga es aspirante a una diputación en Colima.
Durante la plática, Preciado Rodríguez consultó telefónicamente
en más de una ocasión a otro legislador
panista, José
Isabel Trejo Reyes, quien por alguna
razón no había podido acudir físicamente
al encuentro. Hubo un momento en que
Urcino sugirió
que la postura no era inamovible, que
“se podía bajar” la cantidad que se
iba a sustraer del programa Vivienda
Rural de Sedesol
para dársela a los legisladores.
Otro diputado federal panista que,
sin estar presente esa noche, había
expresado su acuerdo para desviar los
recursos, era el sonorense Javier Castelo
Parada, según narra Montes Cuen.
Castelo tenía experiencia, comenta, pues había
hecho mal uso de fondos para vivienda
rural que Sedesol
le entregó, según convenio del 21 de
abril de 2005, por 9.7 millones de pesos
para beneficiar
a 899 familias de seis estados. Operó
otros 7 millones para proyectos productivos
de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Agricultura le
asignó 10 más, todo en 2005.
Los personajes convocados se conocían muy bien. De hecho, Arnulfo
Montes Cuen,
sonorense, provenía de las filas
del Partido Revolucionario Institucional,
pero fue contratado como asesor y una
especie de maestro para el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional (GPPAN).
Él diseñó estrategias para que los panistas
pudieran crear organizaciones, les mostró
los modos de levantar padrones y tramitar
recursos, elaborar proyectos, generar
base social, de hecho conformar una
especie de “CNC azul” que nunca compitió
seriamente con la auténtica Confederación
Nacional Campesina en número y en capacidad
organizativa, pero sí en obtener trato
preferente a la hora del reparto de
recursos de decenas de programas sociales
gubernamentales. Se terminó por crear
un Frankestein
muy semejante al viejo corporativismo
campesino del PRI.
Ante la reiterada negativa de Montes Cuen,
la reunión terminó de manera abrupta
y violenta. Preciado amenazó:
–Te vamos a acabar. Te vamos a quitar la organización y los
recursos.
Un dato sugerente: al abandonar el dirigente de la FENPA el
salón del hotel vio en un sitio contiguo
nada menos que al diputado José González
Morfín, líder
de la bancada panista, seguramente aguardando el resultado del conciliábulo.
En las denuncias formales ante la PGR, la Contraloría interna
de la Sedesol
y la Secretaría de la Función Pública
quedaron narrados
los hechos de esta manera:
El 2 de febrero de 2006, el representante legal de la FENPA
es citado por los diputados federales
del Partido Acción Nacional Jorge Luis
Preciado Rodríguez y José Isabel Trejo
Reyes en el hotel Fiesta Americana,
ubicado en la avenida Paseo de la Reforma
de la Ciudad de México frente al Monumento
a Colón, para requerirle que transfiriera
27.5 millones de pesos correspondientes
al primer anticipo que entregaría la
Sedesol de los recursos autorizados a las cuentas bancarias
número 0141205803 del banco BBVA-Bancomer
a nombre de Jorge Luis Preciado Rodríguez,
y a la cuenta número 4028042489 BBVA
a nombre de la Asociación Consejo Nacional
Agropecuario y Forestal, A.C.,
para lo cual le hacen entrega de las
fichas de depósito correspondientes,
lo que fue solicitado a efecto de utilizar
los recursos públicos federales para
el financiamiento de la campaña
presidencial del Partido Acción Nacional,
según el dicho del propio diputado federal.
(subrayado
en el original.)
Este requerimiento ILEGAL E INMORAL (mayúsculas en el texto
denuncia ante las autoridades) fue rechazado
por el representante de la FENPA, toda
vez que significa
un desvío de recursos públicos federales
con fines electorales y significaba
desvirtuar el propósito y objeto del
Programa de Vivienda Rural.
9. Campo Azul, mascarada electorera
Ni la más remota idea tenían los panistas,
cuando llegaron al poder, de cómo operaban
las organizaciones campesinas y de cómo
ellas lograban tener acceso a recursos
del gobierno.
De hecho, se les prendió el foco cuando discutían el Presupuesto
de Egresos de la Federación para 2004.
Les llamó mucho la atención que hubiera tanta rebatinga y tan
marcado interés de las organizaciones
y partidos –sobre todo PRI y PRD– por
incrementar en el presupuesto original
enviado por el Ejecutivo las cantidades
del erario que deberían ser destinadas
a los habitantes del campo.
Fue cuando los diputados federales de Acción Nacional tuvieron
conciencia plena de que no contaban
con vasos comunicantes ni con estructuras
receptáculo para esas millonarias entregas
de dinero que este gobierno, tan crítico
del populismo, ha derrochado con singular
entusiasmo para suplir con dádivas populistas
la falta de soluciones de fondo a problemas
ancestrales.
A partir de entonces, los diputados del GPPAN ya no soltaron
la presa: se dedicaron en cuerpo y alma
a poner en marcha –más en escritorio
que en tierra firme, más de utilería
que con participación real de gente
de carne y hueso, más como subterfugio
que como servicio– cientos de organizaciones.
En total acuerdo partidario y con visos de contubernio entre
Legislativo y Ejecutivo (“sinergia”),
los diputados buscaron recursos de programas
sociales y otros simplemente les fueron
ofrecidos amablemente, sin que los pidieran,
desde varias dependencias.
Ya para agosto de 2005, el GPPAN había gestionado un total
de 1 383 885 732 pesos de ayudas de
Sedesol, Sagarpa, Reforma Agraria y otras secretarías y oficinas
gubernamentales.
Eso reveló el diputado por Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez
–el mismo que operó la triangulación
y desvío de 55 millones del programa
de Vivienda Rural hacia una organización
fantasma en febrero de 2006, descrito
en el arranque de este libro–, quien
rindió el informe Principales logros
y avances en programas federales ante
decenas de parlamentarios blanquiazules
en el balneario de Huatulco,
en Oaxaca.
Describió con todas sus letras esta hiperactividad intermediaria
de la fracción parlamentaria. “Participan
de este esfuerzo 62 diputados federales
de 28 estados de la República” en los
siguientes programas:
Adultos Mayores, Apoyo Alimentario, Vivienda Rural, Empleo
Temporal, Opciones Productivas, Reconversión
Productiva, Maquinaria para Cañeros,
FAPPA (Fondo de Apoyo a Proyectos
Productivos Agrarios), Promusag (Programa de la Mujer en el Sector Agropecuario)
y Apoyos Directos.
Más adelante exhibiremos documentos que confirman cómo,
a la hora de aterrizar varios de esos
proyectos, los operadores panistas pusieron, como en una pirámide, en la base más ancha
los intereses y los bolsillos personales;
enseguida la promoción partidaria y
electoral y, por último, algunas migajas
para los presuntos beneficiarios.
El siguiente es un análisis somero de lo que ocurrió con algunas
de las ayudas sociales que arriba se
enumeran:
1. Adultos mayores
De la curiosa “filosofía” de los representantes de Acción
Nacional y sus afanes por desplazar
a sus contrincantes políticos del lugar
que ocuparon en la mesa puesta de las
ayudas oficiales, habla esta exposición
del diputado Preciado Rodríguez aludiendo
a la forma en que se estaba aplicando
el programa de Atención a Adultos Mayores:
“Con este programa buscamos
que las organizaciones tradicionales
(CNC, CCI, UNTA, UNORCA, etc.) no le
quiten sus apoyos a los adultos mayores,
puesto que de un total de 2 100 pesos
que el gobierno federal les otorga,
los líderes campesinos del PRI y PRD
prácticamente les quitan en promedio
mil pesos.”
Si en el ejercicio 2005 Sedesol entregaría
alrededor de 330 mil apoyos, “el importe
que las agrupaciones del PRI y del PRD
dejarían de percibir asciende a 330
millones de pesos”, argumentaba.
Con toda la enjundia que les era dable, los gestores azules
habían logrado entregar 17 mil 746 cheques
por un monto total de 37.2 millones
de pesos. Y llegarían hasta poco más
de los 30 mil finalmente, pero
que representaban en 2005 menos de 10%
del total programado.
“A finales de septiembre, le notificaremos
a cada diputado interesado la cantidad
de apoyos aprobados por cada estado,
con la finalidad de que emitan
las cartas de notificación
de apoyos autorizados por la Sedesol.
“La meta es entregar
las 330 mil cartas”. (El subrayado es
mío. Acción Nacional no contaba con
infraestructura humana ni organizaciones
campesinas para este reparto, aunque
sí con las instancias partidarias y
con una codicia superlativa.)
2. Alianza para el campo
Aquí sí la voracidad de los legisladores se desató en la petición
de 900 millones del programa Alianza
para el Campo, “para atender las solicitudes
de 48 diputados de 28 estados”, desmenuza
el informe.
Se buscaba una asignación de 30 millones por cada entidad para
beneficiar
a casi 25 mil familias en total.
Era tan burdo el mecanismo de cantidades idénticas para entidades
con profundas diferencias de desarrollo
y distribución del ingreso, que en los
hechos equiparaba las necesidades de
Chihuahua con las de Guerrero, las de
Nuevo León con Chiapas, las de Veracruz
con Tlaxcala, por citar algunos contrastes.
Pero ya se había pactado que los panistas
accedieran a los recursos. Lo explicó
con estas palabras el diputado Preciado
Rodríguez:
“Funcionarios de la
Sagarpa comprometieron estos apoyos con la intervención de
los diputados (Juan) Molinar Horcasitas
y (José Isabel) Trejo Reyes, a cambio
de presentar proyectos productivos dictaminados
y formulados por PSP (prestadores de
servicios profesionales) certificados
por la Sagarpa.
“Se acordó que los recursos
serían entregados vía ejecución nacional
por conducto de organizaciones campesinas
nacionales (FENPA, CONAFOR, FUNDAR,
OPAMEX, UPS, ABC, OPASUR y Movimiento
Campesino, A.C.),
todas integradas por diputados del GPPAN.”
Desde Huatulco, se anunciaba que
Javier Usabiaga,
titular de Sagarpa,
recibiría a los diputados en los días
siguientes, el miércoles 7 de septiembre.
Más claro ni el agua. Clientelismo puro. Gestoría privilegiada.
Recursos multimillonarios ya comprometidos,
cuya liberación se daría con agilidad
mediante el cumplimiento de mínimos
requisitos burocráticos.
Del dicho al hecho hubo mucho trecho. Aunque existen gruesos
legajos de asociaciones productivas
en todo el país cuyos nombres se utilizaron
para recibir el dinero, se autorizaría
si acaso una tercera parte.
La estructura que presumían los panistas
estaba conformada principalmente por
estas sociedades:
FENPA es la Federación Nacional de Productores Agropecuarios,
Forestales y Pesqueros, A.C.
CONAFOR es el Consejo Nacional Agropecuario
y Forestal. FUNDAR, Fundación para el
Desarrollo Rural. OPAMEX, Organización
de Productores Agropecuarios del Estado
de México. UPS (en realidad UPROSUM),
Unión de Productores Sustentables de
México.
ABC, Asociación por el Bien Común. OPASUR, Organización de
Productores Agropecuarios del Sur-Sureste.
Entre todas ellas armaron grupos de criadores de ganado, apicultores,
pescadores, porcicultores, productores
agrícolas, comercializadoras, criadores
de pavos, de chivos, de conejos, artesanos,
pero ni aun así alcanzaron a cubrir
el universo de las ayudas ofrecidas.
3. FAPPA (Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios)
y Promusag
(de la Mujer en el Sector Agropecuario)
En estos dos programas se incluyeron 594 proyectos para los
cuales en teoría se aplicaron 43 millones
en 2004 y 104 millones de pesos en 2005.
Y se anunciaba en el documento más dinero
para el siguiente ejercicio:
“Funcionarios de Reforma Agraria dieron su visto bueno a un acuerdo
para apoyar con 70 millones las solicitudes
de los diputados. Por su parte, el diputado
(José Isabel) Trejo Reyes ha iniciado
negociaciones con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para la liberación
de 50 millones de pesos adicionales.
El resto sería apoyado con fondos de
la Sagarpa.”
Desde los programas oficiales, este tipo de proyectos
aparecían diseñados para otorgar subsidios
como un motor para echar a andar proyectos
de producción y beneficiar
así “a personas organizadas en grupos
o sociedades y que no posean tierras”.
Por cierto, esto último parece implicar que los beneficiarios, donde los hubo, podrían resultar ilocalizables
al paso del tiempo.
Para cada uno de estos proyectos, el gobierno autorizaba hasta
500 mil pesos.
Si alguna vez las autoridades federales ordenan hacer una auditoría nacional de estos programas (FAPPA y PROMUSAG) –una
obligación que marca la ley, por cierto–
podría constatarse cómo en más de 90%
de los casos las organizaciones receptoras
eran fantasmas, sólo membretes, grupos
de nombres con base inexistente, familiares
y amigos de los gestores.
Guerrero, tercero en delitos electorales. (Novedades de Acapulco, p.web).
Domingo 25 Junio, 06.
Señala FEPADE-PGR.
"Delito" electoral de un panista.
El secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Pitter, acusado por el presidente estatal del PRD, Sebastián
de la Rosa de apoyar al expriista
y actual candidato del PAN a diputado
federal por el Distrito 06, Gustavo
Miranda González, rechazó la veracidad
de esos señalamientos pero aceptó que
le mostró la mecánica del programa de
Fertilizante y que lo hizo "porque
en el gobierno no tenemos nada que ocultar".
Sin embargo el martes 13 de junio, entrevistado al respecto
en una radiodifusora local, Ríos Pitter
aceptó que le une una "buena"
amistad con el exsecretario
de la Reforma Agraria y actual integrante
del comité nacional de campaña de Felipe
Calderón, Florencio Salazar Adame
y aseveró que "eso no tiene nada
que ver con que yo asuma una actitud
contraria a mi función pública".
Resuelven disputa entre comuneros de Guerrero. (Milenio Diario, p.web).
Domingo 25 de Junio,
06.
Decenas de muertes.
Por más de 100 años, los ejidatarios de San Pedro Huitzapula y de San Juan Bautista Coapala
se pelearon la propiedad de las más
de dos mil hectáreas.
La Secretaría de la
Reforma Agraria logró poner fin
a un conflicto agrario, por dos mil
449 hectáreas, entre comuneros indígenas
del municipio de Atlixtac,
perteneciente a la zona de La Montaña.
Por más de 100 años, los ejidatarios de San Pedro Huitzapula y de San Juan Bautista Coapala
se pelearon la propiedad de las más
de dos mil hectáreas, lo que dejó decenas
de muertos. Tan sólo en los últimos
tres años hubo seis decesos.
Raymundo Castro, apoderado legal de la comunidad de San Pedro
Huitzapula,
dijo que la solución del conflicto se
dio gracias a la intervención de la
SRA con el programa denominado focos
amarillos.
Explicó que de las dos mil 449 hectáreas en disputa, los vecinos
de San Pedro Huitzapula
aceptaron ceder 491 hectáreas a sus
vecinos de la comunidad de San Juan
Bautista Coapala, tierras que tienen en posesión desde hace varios
años.
Señaló que por parte de la SRA hay el compromiso de presentar
la propuesta a los vecinos de San Juan
Bautista, para que finalmente e finiquite
el conflicto, el cual sólo se pudo resolver
a través del diálogo y acuerdo entre
ambas partes.
Lo anterior, porque los vecinos de San Juan Bautista Coapala se ampararon ante las instancias correspondientes,
y a la hecha, el Tribunal Unitario Agrario
no ha podido entrar a la zona de conflicto,
explicó.
“Es sólo a través del
diálogo y el acuerdo como se resolvió
este conflicto, y de esta misma manera
deberá resolverse la disputa de 456
hectáreas que persiste entre las comunidades
de El Capulín y Coyotepec,
también en la zona de La Montaña”, indicó.
Irregularidad y despojo desalientan la inversión. (Novedades de Quintana Roo, Fabiola Cortés, p.web)
Sábado 24 de Junio, 06.
El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios
(AMPI), Horacio López Herrera, comentó
que “el problema de la venta de terrenos
irregulares afecta no sólo al sector
inmobiliario, sino la credibilidad del
inversionista extranjero y nacional,
así como a los promotores de inversión”.
Consideró que uno de los principales factores que han permitido
las ventas fraudulentas y los despojos
de terrenos es el rápido crecimiento
de la zona: “a las autoridades locales
y estatales no les ha dado tiempo de
establecer un registro público actualizado
en el que se pueda determinar quién
es el propietario; el Registro Público
de la Propiedad enfrenta un rezago significativo”.
Señaló que la falta de certidumbre en las propiedades genera
que las inversiones se retraigan o se
posterguen, “en ocasiones el cliente
desiste de una compra porque el proceso
de investigación para determinar la
legalidad de una propiedad puede llevarse
meses”. Reconoció que también es creciente
la inversión de riesgo, en la que el
comprador sabe que el predio adquirido
no cuenta con los documentos legales,
sin embargo, la compra.
“Hay vendedores de propiedades que para evitar que la inversión
se frene toman decisiones apresuradas
y comercializan los predios, porque
el mercado está demandando tierra; hay
muchos compradores y la gente que tiene
tierra simplemente vende, sin importarle
la situación en que ésta se encuentre”,
aseguró López Herrera.
El presidente de la AMPI de la Riviera
Maya, mencionó que otro de los problemas
que enfrenta el sector de los bienes
raíces es que hay una gran proporción
de tierras ejidales, “calculó que más
de la mitad del área del municipio son
tierras ejidales que se rigen por la
Ley de la Reforma Agraria y que no necesariamente
conocen los ejidatarios, o que a pesar
de que la conocen hacen caso omiso de
ésta, porque lo único que desean es
vender”, señaló.
Horacio López, explicó que la incesante demanda de propiedades
presiona y motiva a los ejidatarios
a vender: “firman papeles hechos a mano
sin ninguna formalidad, y los compradores
le apuestan a las oportunidades de riesgo,
están conscientes de que posteriormente
tendrán que contratar abogados para
regularizar los predios, pero la expectativa
de la ganancia es mayor”, explicó.
La ley de la Reforma Agraria, que no necesariamente conocen los ejidatarios, o que a pesar
de que la conocen hacen caso omiso de
ésta, porque lo único que desean es
vender”, señaló.
Más de una denuncia al día por despojo
De acuerdo a una estadística entregada por la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE),
el año pasado se recibieron 404 denuncias
por despojo en todo el estado, siendo
los municipios de Benito Juárez, Solidaridad
y Othón P.
Blanco los que más alto índice reportan:
214, 94 y 64, respectivamente. Este
ilícito, según informe de trabajo del
22 de marzo de Lizbeth
Loy Song Encalada, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, se incrementó 37.68 por ciento
con respecto al año pasado.
Enésimo reclamo de indemnización. (El Mañana, p.web).
Sábado 24 de Junio, 06 .
Cd. Victoria, Tam.- Por enésima ocasión
habitantes del ejido Altas Cumbres demandaron
el pago de al menos 25 millones de pesos
por la afectación que sufrieron sus
tierras en la construcción de la carretera,
Juan Capitán, El Chihue,
el desgaje de cerros por la explosión
de dinamita y la extracción de material,
durante las dos anteriores administraciones
estatales. Al no haberse llevado a cabo
la expropiación de dichos predios, para
el efecto de poder construir el trazo
de 37 kilómetros, ninguna autoridad,
ni federal ni estatal, han aceptado
cubrir el pago.
“Los miembros del ejido no están contra de que se haya dado
esta construcción, pero sí reclaman
lo que en derecho les corresponde y
piden que se les pague la afectación
como a cualquier ciudadano”, expresó,
Abelardo Perales Huerta.
El abogado defensor de las 40 personas y resto de familias
afectadas dijo que ya se han promovido
diversos juicios pero no se pone de
manifiesto una solución al problema,
en ocasiones por la falta de voluntad
de las propias autoridades, como la
Secretaria
de la Reforma Agraria o el Tribunal
Agrario.
Durante la construcción de la carretera se afectaron 11 kilómetros
de los predios que conforman el ejido,
pero además se dinamitaron cerros y
sin autorización se extrajo material
como “caliche”, el peritaje oficial
del Poder Judicial del Estado cuantifica
los daños en 25 millones de pesos.
El problema nace con el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, quien da inicio a la obra luego continúa con
el de Tomás Yarrington
Ruvalcaba,
que llevó a cabo la extracción de material,
la figura jurídica es el gobierno.
Aseguran maestros que no van a impedir elecciones
en Oaxaca. (La Jornada, Enrique Méndez,
p.web).
Sábado 24 de Junio 06.
Exigen solución antes del 2 de julio; el IFE estudia reubicar
24 por ciento de las casillas.
Aceptan el arzobispo José Luis Chávez, el artista Francisco
Toledo, el obispo emérito Arturo Lona
y el Padre Uvi
integrar una comisión para negociar
una salida al conflicto magisterial.
Oaxaca, Oax., 23 de junio. La sección
22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) anunció que no
impedirá las elecciones del 2 de julio
en el estado, aunque consideró que el
conflicto y el paro de labores, que
inició el 22 de mayo, deberán estar
resueltos antes de esa fecha. Sin embargo,
la Junta Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral anticipó que podría reubicar
mil 75 casillas -24 por ciento de las
4 mil 500 de la entidad- situadas en
escuelas.
Enrique Rueda Pacheco, líder del magisterio oaxaqueño, acotó
que ello no implica aceptar la tregua
propuesta por Gobernación, a la que
calificó de "desfasada", se
deslindó de los partidos políticos y
del ex gobernador José Murat,
y anunció que este fin de semana podría
formarse la comisión de intermediación,
una vez que el arzobispo José Luis Chávez
Botello; el
pintor Francisco Toledo; el obispo emérito
de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y
el sacerdote Romualdo Miaren Peláez, el Padre
Uvi, el primero, en mixteco) aceptaron
participar en ella.
Como parte de los primeros contactos, ayer Rueda Pacheco se
reunió con Lona Reyes y el Padre Uvi
en la curia de la catedral de Oaxaca,
y al concluir el encuentro, el obispo
afirmó que una vez aprobada su participación
viajará a la ciudad de México a solicitar
una entrevista con el secretario de
Gobernación, Carlos Abascal Carranza,
"para decirle: 'no le vayas a fallar
al pueblo'".
Por su parte, el Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural
y Natural de Oaxaca (Pro-Oax)
propuso al movimiento magisterial y
al gobierno del estado iniciar mañana
las mesas de negociación para lograr
una solución razonada al conflicto,
en la que además de los representantes
eclesiásticos, Toledo y la dirigencia
sindical, participen funcionarios de
la Secretaría de Gobernación y del gobierno
estatal.
El patronato, que preside Toledo, recomendó que la mesa de
negociación esté coordinada por el escritor
Leonardo da Jandra,
y si las partes están de acuerdo, el
primer encuentro se efectuaría mañana
a las 10 horas en las instalaciones
del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
Por otra parte, el Consejo Local del Instituto Federal Electoral
(IFE) solicitó a las autoridades estatales
y de la República, incrementar la seguridad
pública para la elección del 2 de julio.
El presidente del órgano electoral estatal, Jorge Carlos García
Revilla, informó que se reunió durante
la semana con funcionarios de los gobiernos
estatal y federal, para presentarles
un panorama de la seguridad en los 11
distritos electorales del estado.
"No se intenta llenar de policías, para no inhibir la
participación de la ciudadanía; serán
las autoridades las que decidan cuántos
mandan, aunque nos han dicho que serán
los suficientes", asentó.
Precisó que en el estado existen al menos 35 casillas con riesgo
de violencia, situadas en Huautla
de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores,
Tlacolula
de Matamoros, San Miguel Quetzaltepec,
Tanetze de
Zaragoza, San Pablo Huilotepec,
San Blas Atempa, Santiago Amoltepec,
San Juan Copala
y Putla Villa
de Guerrero.
Además, San Miguel Chimapala, San
Juan Cotzocón,
Santiago Choapan,
San Luis Amatlán,
San Pedro Tututepec,
Santos Reyes Nopala,
Puerto Escondido y Santa Rosa Tututepec.
Subrayó que ante el conflicto magisterial, el IFE podría reubicar
mil 74 casillas: "se van a llevar
a domicilios particulares, donde se
tengan las condiciones de seguridad
y así garantizar que la jornada electoral
transcurra en calma", declaró.
Mientras, este viernes se realizó de manera parcial el bloqueo
convocado por el magisterio que cerró
casi la totalidad de las sucursales
bancarias y cajeros automáticos de esta
ciudad, y si bien dejó abiertos los
accesos a la junta ejecutiva local del
IFE, cerró la bodega donde se almacena
la paquetería electoral que se utilizará
en las elecciones de la próxima semana.
Cierran canal de tv local
También se bloquearon los accesos a la estación desde donde
realiza sus transmisiones el canal 9
del estado, que pertenece al gobierno,
y la directora de la Corporación Oaxaqueña
de Radio y Televisión, Mercedes Rojas
Saldaña, ordenó suspender la transmisión
de este viernes.
Asimismo, la toma de la sucursal de Bancomer,
en Colegio Militar y Eucaliptos, en
la parte baja de la delegación de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
coincidió con el paro que inició hace
un mes la sección 21 del sindicato de
esa dependencia, en rechazo a la política
de exclusión que mantiene el delegado
Mauricio Gijón.
Mientras se ofrecían los detalles del conflicto con la SRA,
los maestros que sintonizaban Radio
Universidad, escucharon las llamadas
de vecinos que habrían visto al director
de la Policía Ministerial, Manuel Moreno
Rivas, al frente de un grupo de policías
de la Unidad Ministerial de Intervención
Táctica, que entrarían a disolver el
bloqueo iniciado en la mañana por estudiantes
de la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca, en el cruce de Cinco Señores.
Finalmente la policía no se presentó.
A las muestras de solidaridad que han recibido los maestros,
hoy se sumó también la del Sindicato
Mexicano de Electricistas, que envió
un tráiler con 10 toneladas de víveres
y agua para que los profesores continúen
su resistencia.
Cuantioso capital muerto. (En Línea Directa.info, Claudia Luna,
p.web).
Sábado 24 de Junio 06.
En la Espiral.
Es interesantísimo: existe un enorme “capital muerto” al interior
de los países de América Latina en sociedades
tan distantes económicamente hablando,
donde las personas que menos tienen
son los más propensas a dejar sus parcelas,
los activos de trabajo acumulados y
la propia casa habitación sin titularidad.
Hacía buen tiempo que no reflexionaba al respecto de la importancia
del sistema de propiedad legal en el
capitalismo, un punto que lleva certeza,
credibilidad y que se anticipa a muchos
problemas entre las mismas familias,
miembros de las comunidades, de hecho
sirve para dirimir conflictos ante cualquier
esfera de gobierno por lagunas de posesión
territorial.
El asunto es más dramático todavía cuando en países como México
el hito de la Revolución Mexicana, el
del reparto agrario, tiene entregando
las mismas parcelas y ejidos cada sexenio
descansando su operatividad en burocracias
anquilosadas en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Entre los objetivos de dicha dependencia destacan los de proporcionar
certeza jurídica en la tenencia de la
tierra a la población objetivo “a través
del impulso al ordenamiento territorial
y la regularización de la propiedad
rural, así como elaborar políticas públicas
que fomenten el acceso a la justicia
y el desarrollo agrario integral”.
Del papel a la práctica la SRA es inoperante, un elefante blanco
que debe comenzar su jubilación para
dar paso a otras formas más reales de
dar certeza a la gente acerca de la
posesión de los bienes y contribuir
a dejar atrás el capital muerto para,
en la legalidad, entrar a un marco de
mayor penetración bancaria (se puede
pensar en hipotecas o acceso a créditos
microempresariales, refaccionarios, quirografarios que requieren
del aval de una hipoteca) y también
darle a la familia la certeza de una
herencia legal.
El capital muerto lleva intrínseco una ociosidad dañina y muchos
problemas colaterales. El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) reveló que en una
muestra de estudio de 12 países latinoamericanos,
el capital muerto detectado es de 1.2
billones de dólares, una cantidad determinada
a raíz del valor de las viviendas, propiedades
rurales y empresas en el sector informal
o “extralegal”.
En esta condición de capital muerto estarían aproximadamente
unas 360 millones de personas, el 70%
de la población de la región, con ingresos
equiparables a poderes adquisitivos
inferiores a 300 dólares mensuales.
Una de las estrategias de impulso del BID es romper con el
círculo vicioso del capital muerto para
llevarlo a la legalidad, a la formalidad
y crear mejores condiciones a través
de programas como la iniciativa “Oportunidades
Para la Mayoría”.
La intención, que insisto es muy buena, promueve el trabajo
del BID con el sector privado y la sociedad
civil para apoyar soluciones innovadoras
y prácticas a persistentes problemas
como el acceso a la vivienda, infraestructura
básica, servicios financieros formales,
oportunidades de empleo y empresa, y
tecnologías modernas.
La iniciativa también requerirá una estrecha coordinación con
gobiernos de diversos niveles para crear
reglas adecuadas para el funcionamiento
correcto de los mercados y para eliminar
barreras burocráticas que impiden a
los pobres ejercer plenamente sus derechos
económicos.
Resuelve SRA disputa entre comuneros de Guerrero. (El Universal, p.web).
Sábado 24 de Junio 06.
Pone fin la Secretaría de la Reforma Agraria a un conflicto
agrario de dos mil 449 hectáreas entre
indígenas del municipio de Atlixtac, en la zona de La Montaña
Chilpancingo, Guerrero.
19:43 La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) logró poner
fin a un conflicto agrario de dos mil
449 hectáreas, entre comuneros indígenas
del municipio de Atlixtac,
perteneciente a la zona de La Montaña.
Por más de 100 años, los ejidatarios de San Pedro Huitzapula y de San Juan Bautista Coapala
se pelearon la propiedad de las más
de dos mil hectáreas, lo que dejó decenas
de muertos, tan sólo en los últimos
tres años hubo seis decesos.
Raymundo Castro Aparicio, apoderado legal de la comunidad de
San Pedro Huitzapula,
informó que la solución del conflicto
se dio gracias a la intervención de
la SRA con el programa denominado “Focos
Amarillos”.
Explicó que de las dos mil 449 hectáreas en disputa, los vecinos
de San Pedro Huitzapula
aceptaron ceder 491 hectáreas a sus
vecinos de la comunidad de San Juan
Bautista Coapala, tierras que tienen en posesión desde hace varios
años.
Señaló que por parte de la SRA hay el compromiso de presentar
una propuesta a los vecinos de San Juan
Bautista, para que finalmente se finiquite
el conflicto, el cual solo se pido resolver
a través del diálogo y acuerdo entre
ambas partes.
Lo anterior -dijo- porque los vecinos de San Juan Bautista
Coapala se ampararon ante las instancias correspondientes,
y a la fecha, el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) no ha podido entrar
a la zona de conflicto.
“Es sólo a través del
diálogo y el acuerdo como se resolvió
este conflicto, y de esta misma manera
deberá resolverse la disputa de 456
hectáreas que persiste entre las comunidades
de El Capulín y Moyotepec,
también en la zona de La Montaña”, indicó.
Recordó que el conflicto, entre San Pedro Huitzapula y San Juan Bautista, era mucho más grave en comparación
con el problema que viven los comuneros
de El Capulín y Moyotepec, por ello consideró, no será muy difícil su solución.
Prensa Estatal
GUERRERO
Opositores a La
Parota no darán ni un voto a Calderón;
la mayoría, por López Obrador. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa
La Parota (Cecop)
acordó que sus miembros no darán un
solo voto al candidato del PAN a la
Presidencia, Felipe Calderón; que la
mayoría votará por el candidato de la
coalición Por el Bien de Todos, Andrés
Manuel López Obrador, y que sus integrantes
están en libertad de decidir porque
este organismo es independiente de cualquier
partido político.
Este viernes, en asamblea en el plantón de Parotillas, en tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, con la asistencia de representantes de 20 anexos,
se discutió la posición del Cecop
sobre la participación en las elecciones
del 2 de julio.
En círculos políticos se consideraba el área de conflicto
por La Parota como un foco rojo para
el proceso electoral, ante el “peligro”
de que aquí no hubiera votos, como ha
ocurrido en años anteriores en la comunidad
de Garrapatas, donde nadie ha votado,
ante la desatención a este poblado de
todo tipo de gobierno.
En meses anteriores los opositores a La Parota habían
manejado la posibilidad de no participar
en los comicios, porque los tres principales
partidos apoyan el proyecto hidroeléctrico
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), inclusive el PRD, por el que
votaron en las elecciones estatales
y municipales recientes.
Sin embargo, en la discusión de Parotillas
predominó la posición en contra de la
derecha panista,
porque de ésta, representada por el
presidente Vicente Fox,
el equipo gobernante, y su candidato
Felipe Calderón, viene la imposición
de proyectos neoliberales de despojo
a los campesinos, sin respetar sus derechos,
como el de La Parota.
Los opositores a la presa señalaron que con el gobierno
de Fox, la
CFE entró ilegalmente a sus tierras,
que la misma ilegalidad ha sido utilizada
para tratar de imponer el proyecto,
que se ha roto el tejido social, que
hay tres campesinos asesinados a causa
del conflicto, y comuneros opositores
que fueron encarcelados y otros que
son procesados.
De López Obrador, se valoró que ha declarado que está
del lado de los pobres y de los campesinos,
lo que crea la esperanza de que “estará
con nosotros”.
Buscan reunión con el perredista.
Quedó pendiente la búsqueda de una reunión con el perredista candidato de la coalición Por el Bien de Todos,
que estará en Acapulco este domingo
25 en su cierre de campaña, para exponerle
los motivos de la oposición a La Parota
y pedirle su respaldo. En la reunión
se acordó buscar la posibilidad de un
encuentro.
El 10 de mayo, cuando López Obrador estuvo en gira por
la Costa Chica, una comisión del Cecop,
encabezada por Felipe Flores Hernández,
le entregó en San Marcos una solicitud
de audiencia para demandar la cancelación
definitiva de la presa y exponer los
motivos. Pero no ha habido respuesta.
El 28 de agosto de 2005, antes de encabezar un mitin
en Acapulco de apoyo a la candidatura
de Félix Salgado
a la Presidencia Municipal, López Obrador
se manifestó a favor de que se pueda
hacer La Parota, y consideró que es
una “obra que hace falta en el país”.
Sin embargo, en la misma conferencia
de prensa, reconoció que no tenía toda
la información sobre la presa, y que
estudiaría el asunto, y sobre el conflicto
con los opositores, dijo que confiaba
en que el gobernador Zeferino
Torreblanca sabría resolverlo.
Antes de la reunión de este viernes, en comunidades donde
tiene presencia el Cecop
se estuvo discutiendo la posición sobre
las elecciones. El vocero Marco Antonio
Suástegui
informó que en esas reuniones algunos
comisarios y ciudadanos decidieron votar
por López Obrador, pero faltaba fijar
una posición como Cecop.
Explicó que en las discusiones previas se observó que
“mucha gente no quiere votar por el
PRD, y el causante es Zeferino
Torreblanca”. Señaló que esto se debe
al antecedente de que el 6 de febrero
de 2005 votaron por el candidato del
PRD a gobernador, Zeferino
Torreblanca, y consideran que una vez
en el poder, éste los traicionó porque
se convirtió en el principal impulsor
de La Parota y ha reprimido al movimiento
opositor.
Suástegui reconoció que “con Zeferino nos hemos equivocado, pero con el alcalde Félix Salgado
Macedonio no, porque con Félix no hemos
sufrido represión”.
El comunero Antonio Bailón Valente, de Parotillas, dijo que “si de aquí no salen votos para López
Obrador, el culpable es Zeferino”,
y pronosticó que “posiblemente haya
abstencionismo”.
Toribio Vinalay Hernández,
de Cruces de Cacahuatepec,
dijo que el Cecop debe fijar una posición como organización, porque “aquí
estamos unidos”, y “hay que votar por
la persona que nos pueda apoyar en nuestra
lucha”.
Un comunero de La Concepción dijo que “López Obrador
ha demostrado que respeta a los campesinos
y a los más pobres; si queremos que
nos madreen entonces votemos por Calderón”.
Otro comunero dijo: “sabemos quiénes son los represores,
quiénes nos están pisoteando. Si Andrés
Manuel promete que va a apoyar a los
pobres, hay que hacerle la lucha con
él”.
María Suástegui, de Cacahuatepec, recordó que el Cecop
es un movimiento independiente de las
religiones y de los partidos políticos,
y planteó que “el voto es libre, cada
quien su conciencia”. Esta posición
motivó que se matizara el acuerdo final:
“Ni un voto a Calderón, la mayoría del
Cecop votará por López Obrador, pero el voto es libre”.
Finalmente, el vocero Suástegui
manifestó: “No importa quién quede como
presidente, ningún gobierno va a decidir
por nosotros, vamos a seguir nuestra
lucha y nuestra posición es firme de
no a La Parota”.
No excluir la lucha electoral.
Después de la reunión, el Cecop
difundió un boletín de prensa en el
que explica que esta organización “en
todo momento ha extendido su lucha a
todos los frentes”, sin excluir la participación
en las elecciones, y agrega: “por decisión
de los pueblos, y por el respeto al
derecho al voto como un derecho absolutamente
individual, ejidos y comunidades agrupados
en el Cecop,
sin menoscabar en lo más mínimo nuestro
carácter de movimiento independiente,
manifestamos nuestra decisión de hacer
uso de nuestro derecho al voto en contra
de la represión anunciada y por la defensa
de la soberanía del pueblo de México,
de nuestros recursos y de nuestra vida.
Nuestro voto para presidente de la República
es por Andrés Manuel López Obrador”.
En el boletín, el Cecop reitera
sus demandas, ahora dirigidas a López
Obrador: “Pedimos al candidato que respete
y haga suya esta decisión de los pueblos”,
de dar por cancelado de manera definitiva
el proyecto La Parota.
El segundo punto del acuerdo dice: “Este voto exige la
salida inmediata de la CFE de nuestras
tierras. Nuestro voto exige el cese
a la represión y al hostigamiento policiaco
y provocaciones de la CFE rspaldadas
por el gobierno estatal”.
Finalmente, exige que el gobierno mexicano cumpla la
recomendación que le hizo la ONU el
19 de mayo, para que se respeten las
garantías “y el previo consentimiento
de las comunidades amenazadas por el
proyecto presa La Parota”.
Elecciones en los Bienes Comunales.
En la asamblea de Parotillas
se informó que este domingo 25 se llevarán
a cabo las elecciones de comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
en la cabecera del mismo nombre.
La convocatoria fue hecha por 14 comisarios municipales,
y con el acuerdo de dos planillas, una
representando al Cecop, encabezada por Alfonso García Vázquez de Arroyo Verde,
y otra formada por partidarios de la
presa La Parota, encabezados por Gaudencio Manzanares de La Concepción, pero que están inconformes
con la elección que de manera irregular
supuestamente se hizo en marzo pasado,
en la que salió como presidente Jesús
Crisanto Arellano,
a quien ambas planillas desconocen.
SAN LUIS POTOSÍ
Ejidatarios de Ojo de Gato deshacen el trato de
compraventa con Muñiz Werge. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).
Se les cayó el negocio por abusivos,
dicen los propietarios de la tierra
En asamblea ejidal
desarrollada la mañana de ayer en la
comunidad de Ojo de Gato, Villa de Reyes,
integrantes de ese núcleo agrario
acordaron deshacer el trato que tenían
para vender sus parcelas a razón de
10 pesos por metro cuadrado, al constructor
Manuel Muñiz Werge,
por considerar que esta persona ofrece
muy poco por sus tierras.
Como otras comunidades en donde
habitan ejidatarios en San Luis Potosí,
el poblado Ojo de Gato no tiene una
sola calle pavimentada. A pesar de esto,
durante los últimos meses por sus polvorientos
caminos circulan lujosos vehículos propiedad
de empresarios y profesionistas que
visitan a los ejidatarios con el deseo
de apropiarse de terrenos ejidales que
lindan con desarrollos industriales.
Ayer por la
mañana dos camionetas BMW estacionadas
frente al salón ejidal contrastaban
con las bicicletas de los ejidatarios
recargadas en el muro exterior del modesto
inmueble en donde se desarrollaba una
asamblea ejidal sobre ventas de tierras.
Adentro, los ejidatarios acordaron
que el precio de las tierras que quiere
el grupo de Muñiz Werge es de 500 mil pesos por hectárea.
La asamblea fue solicitada por
los compradores de tierras, quienes
pusieron como orden del día la discusión
del precio de cerca de 33 hectáreas
de parcelas no asignadas y la firma
de un contrato por parcelas particulares
que ya habían apalabrado con una decena
de ejidatarios.
Además de cerca de 25 integrantes
del núcleo agrario, a la asamblea asistieron
Héctor Hinojosa Muñiz, gerente de la
empresa MW –propiedad de Muñiz Werge–,
el comprador de tierras Ezequiel Guel
y una persona no identificada por los
ejidatarios. Los tres venían en las
camionetas mencionadas y abandonaron
la asamblea cuando se percataron de
la presencia de este medio, sin dar
declaraciones. Al dar por concluida
su intervención en la asamblea, Hinojosa
Muñiz dijo que buscaría a los ejidatarios
de uno por uno para tratar la venta
de las parcelas particulares.
Los ejidatarios relataron que en
la media hora en la que dialogaron con
estas personas les dejaron en claro
que las tierras no se venderían a 10
pesos el metro cuadrado, como pretende
el grupo de Muñiz Werge.
Señalaron que los empresarios expusieron
que no pagarían 500 mil pesos por hectárea,
por lo que no había trato.
La Jornada San
Luis posee copia del contrato que el grupo de Muñiz Werge pretendía hacer firmar al ejidatario Ramón Almendárez Ibarra, por 9.61 hectáreas.
El documento señala que por esta
venta el ejidatario recibiría 961 mil
470 pesos en pagos, 100 mil pesos “a
la firma del contrato”, 250 mil más
“a la entrega de los certificados parcelarios”
a favor de Muñiz Werge
y 611 mil “una vez obtenido el título
de propiedad a favor del cesionario
–Muñiz Werge–,
certificado ante notario público. Como
adelanto recibió 15 mil pesos por los
cuales firmó un recibo.
El “contrato de cesión de derechos
agrarios” se quedó sin firmar ya que
los campesinos revaloraron su decisión
y consideraron que sus tierras valen
más que los 10 pesos por metro cuadrado
que señala el contrato.
Almendárez Ibarra
dijo que está dispuesto a regresar los
15 mil pesos ya que no firmará el contrato
por esa cantidad. Explicó que el grupo
de Muñiz Werge
necesita las parcelas no asignadas porque
son las que lindan con el área de Logistik Park en donde se construye
la planta de General Motors.
Otros 10 ejidatarios que recibieron
cantidades de entre 10 mil y 15 mil
pesos están en la misma situación.
El presidente del comisariado ejidal, Juan Espinoza
Martínez, que se opone a malbaratar
las tierras, presidió la asamblea.
En entrevista, ejidatarios e hijos
de ejidatarios como Juan López Arredondo,
Anacleto Segura,
Isidro Espinoza
Meléndez, Jorge Camarillo y Jesús Maya
coincidieron en que al grupo de Muñiz
Werge se le
cayó el negocio por abusivos e indicaron
que están preparados para no dejarse
engañar por nuevos compradores. Dijeron
que están dispuestos a tratar directamente
con las empresas que se interesen por
los terrenos y hacer a un lado a los
intermediarios o coyotes.
Sobre la electrificación del pozo
de la comunidad que habían prometido
los empresarios a cambio de ser aceptados
como avecindados del ejido, y que era
el último punto del orden del día de
la asamblea del domingo, los compradores
de tierras –que efectivamente en abril
fueron aceptados como avecindados– ya
no hablaron.
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