CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 12 DE JUNIO DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Ficha DEA candidato en Jalisco 

Lo ligan con lavado de dinero. Relacionan en EU a aspirante del PRI a la gubernatura con narcotraficantes.

 

 

Promoción del voto confronta a IFE y gobierno

Gobernación planea difundir dos ´spots´ para llamar a sufragar

 

Usa dinero sucio campaña de AMLO

Encarecen obras y extorsionan a los giros negros, ambulantes, policías y contratistas

 

Se borran ganancias de la Bolsa de Valores

Pérdida de 18.67% en un mes; se ubica abajo de las 18 mil unidades

 

Privilegia la SEP a trasnacionales en la compra de libros

Se han llevado $2 mil 725 millones en contratos oficiales

 

El GDF va contra Diego Zavala

Ricardo Ruiz, secretario de Gobierno, anuncia investigaciones

 

Campaña negativa crea más indecisos

Aumentó este mes el número de electores que aún no se definen lo que puede motivar el voto útil.

 

Inducen a viejitos con beca a votar por AMLO

Les atrasan el pago desde enero

 

Debe México cambiar de modelo de desarrollo: Tello

Mantenerlo condena al país al estancamiento, advierte

 

Mil mdp de Pemex para los Zavala, Bribiesca y Sahagún

En tres años, empresas de familias panistas ganaron contratos por esa cantidad; el Pemexgate fue por mil cien mdp.

 

Sector agrario

 

Ecologistas cuestionan proyecto de corredor eólico en el Istmo. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Pone en peligro a 16 especies de aves: Cipamex.

El proyecto del corredor eólico en el Istmo de Tehuantepec a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considera la instalación de más de 300 generadores que pondrán en peligro a miles de aves migratorias de al menos 16 especies reconocidas por la legislación mexicana e internacional, advirtió el presidente del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves (Cipamex), Raúl Ortiz Pulido.

Los generadores eólicos estarían colocados en puntos de convergencia de las principales rutas migratorias de aves de América. "La zona constituye un cuello de botella topográfico y ambiental que obliga a las aves a agruparse en áreas muy reducidas a bajas alturas. Desafortunadamente las manifestaciones de impacto ambiental presentadas para dicho proyecto no contemplan, en general, el efecto sobre las aves; la evidencia disponible a la fecha indica que varias poblaciones de aves reflejarían un efecto negativo si el corredor se instala", abundó en un comunicado que envió al Grupo Solidario de La Venta.

Dicho grupo, en el que participan ejidatarios y comuneros de La Venta, interpusieron una denuncia pública ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, expediente número PFPA/ OAX/DQ/78/0037-06, por los desastres ecológicos que ya provoca la construcción ilegal de dicho parque eólico, ya que la autoridad municipal no ha otorgado ninguna licencia de construcción a la CFE, tampoco ha dado permisos de servidumbre de paso para líneas de alta tensión, licencia sanitaria ni ha autorizado el cambio de uso de suelo.

El grupo también presentó un amparo indirecto contra la CFE (número de expediente 276/06) ya que la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional negaron a los campesinos inconformes con el proyecto copias de actas de asambleas y de convenios firmados entre las autoridades ejidales de La Venta y la CFE.

A pesar de las denuncias y de la falta de permisos, la CFE y la trasnacional Iberdrola siguen construyendo y ya colocaron los primeros aerogeneradores en las 800 hectáreas a que fue reducida la superficie del corredor, que en un inicio era de mil 200 hectáreas. "Nuestras denuncias, manifestaciones y solicitudes son completamente ignoradas como si no existiésemos", asentaron los ejidatarios en un comunicado.

Los campesinos, que participan en el Grupo Solidario de La Venta, apuntaron que dentro de las 800 hectáreas hay 200 que están en conflicto, pues sus propietarios se niegan a firmar el acuerdo con la CFE. Además, como mantienen el derecho colectivo sobre tierras de uso común, decidieron ocupar esa superficie -no especificaron la cantidad de hectáreas- para iniciar un proyecto de vivienda.

 

El gobierno de SLP ayuda a empresas a eludir impuestos. (La Jornada de San Luis, p.web)

Hombres de negocios se hacen pasar por ejidatarios para obtener ventajas fiscales.

Logistik y Lintel dejaron de pagar $361 millones por la compra de terrenos para dos proyectos.

San Luis Potosí, SLP, 11 de junio. El gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga está implicado en tramas fiscales que permitieron a las empresas Logistik y Lintel, con sedes en Nuevo León y Chihuahua, respectivamente, evitar el pago de impuestos por ingresos de 361 millones de pesos en la adquisición de terrenos ejidales para establecer una planta de General Motors y un complejo habitacional denominado Ciudad Satélite.

Declaraciones de funcionarios estatales revelan que el mandatario admitió que falseó datos de un contrato de compraventa de tierras para acceder a recursos federales. En esa maniobra la compañía involucrada obtuvo del gobierno estatal una deducción fiscal.

Las tramas fiscales no son dificultad para el mandatario, fundador de los despachos contables Marcelo de los Santos y Compañía y Productividad. A su vez, Lintel pertenece a un corporativo fundado por el finado Federico Barrio Terrazas, hermano del ex zar anticorrupción y ex aspirante del PAN a la Presidencia Francisco Barrio.

Familia consentida.

General Motors anunció en marzo pasado que instalaría en San Luis Potosí una planta armadora en la que invertiría 650 millones de dólares y que generaría entre mil 800 y 3 mil empleos. La empresa estadunidense eligió San Luis gracias a los generosos estímulos ofrecidos por el gobernador.

Uno de estos beneficios -reconoció la administración estatal- era que el gobierno pagaría 295 millones de pesos por 343 hectáreas en el municipio de Villa de Reyes. Jorge Armando Ballesteros Almaguer y Fernando Pablo Villarreal Ballesteros vendieron la superficie al gobierno por medio de su empresa Logistik Servicios Multimodales. En la operación evadieron el pago del impuesto sobre la renta (ISR).

Los hermanos Villarreal Ballesteros se convirtieron en ejidatarios gracias a títulos otorgados por la Secretaría de la Reforma Agraria en mayo de 2005, como consta en el contrato de compraventa celebrado el 17 de marzo de 2006. En el documento se estipula que los supuestos ejidatarios estarán exentos del pago del ISR porque la Ley Agraria y la del Impuesto Sobre la Renta declaran que la primera operación que se realice con predios de origen ejidal no paga ese gravamen.

En la operación, ambos miembros de la familia Villarreal Ballesteros ganaron 283 millones de pesos, mientras que Gerneral Motors fue beneficiada por la administración estatal panista, que pagó el precio de los terrenos.

La miel de El Panalillo.

Un esquema semejante de evasión fiscal y trato preferente a particulares se observa en el megaproyecto del gobierno potosino denominado Ciudad Satélite, mediante el cual se pretende construir 30 mil viviendas en 350 hectáreas.

El gobierno panista intentó mantener la operación en secreto al imponerle un periodo de reserva de dos años, pero un particular logró que la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información ordenara a la administración que la hiciera pública.

Una vez conocido el contrato se supo que la empresa beneficiada fue Dintel del Centro, propiedad del corporativo Lintel, fundado por Federico Barrio Terrazas. En noviembre de 2005 la compañía compró a presuntos ejidatarios 350 hectáreas en el ejido El Panalillo, por las que pagó 76 millones de pesos.

En un esquema similar al que favoreció a los Villarreal Ballesteros en el caso de General Motors, los directivos de la firma compradora son Adrián Lugo Astiazarán, director general de Lintel, y Arturo Crespo Pavón, representante legal de esa empresa.

El 19 de mayo el Instituto de la Vivienda del estado adquirió los predios de El Panalillo en 140 millones de pesos.

Ante las sospechas que despertó la transacción, De los Santos Fraga ofreció una explicación con la que más bien reconoció que participó en una maniobra para aparentar que cumplió los requisitos de un programa federal para financiar la adquisición de reserva territorial y, de paso, brindar exención fiscal a Dintel del Centro.

El mandatario se reunió con directores y dueños de todos los medios de comunicación de la capital, con excepción de La Jornada San Luis. Allí pidió ''comprensión'' para que ya no se tocara más el punto.

Afirmó que las cifras aparecidas en el contrato (140 millones de pesos, a razón de 40 pesos por metro cuadrado) no eran reales, pues su gobierno en realidad pagó a 13 pesos el metro cuadrado, es decir, 45.5 millones.

La Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales fijó un valor de 40 pesos por metro cuadrado como mínimo para obtener beneficios de un programa federal de apoyo a la adquisición de reservas territoriales, el cual incluía una aportación de un tercio del monto en beneficios fiscales.

El gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, según esa versión, sólo pagó 45.5 millones de pesos y recibió de Dintel del Centro una devolución de 86 millones. A cambio, entregó un deducible fiscal por una cantidad no especificada.

Ese no fue el único beneficio fiscal para la empresa. Al reportar el traslado de dominio al ayuntamiento de la capital, la compañía alegó que, como el gobierno estatal fue el beneficiado con la operación y el receptor final de los terrenos, la Ley de Hacienda le permitía no pagar al ayuntamiento el impuesto sobre traslado de dominio (1.66 por ciento del monto total de la compraventa).

En el caso de El Panalillo se hicieron dos transacciones: en una se pagó a los ''ejidatarios'' 76 millones de pesos, lo que debió haber generado al fisco un ingreso de millón 278 mil 166 pesos. La otra fue la venta al gobierno del estado, por 140 millones, que causaba impuestos por 2 millones 324 mil pesos.

En total, las arcas de la alcaldía potosina dejaron de recibir 3.6 millones de pesos.

 

Insostenible, el pleito por la madera. (La Jornada de Michoacán, Martín Equihua, p.web).

Reforma indígena, sin la aprobación nacional.

Al gobernador le reclamaron una vez más la presencia militar para el resguardo de los bosques. En reunión con la comunidad de Cherán Atzícurin, Cárdenas Batel les aseguró que la petición había sido canalizada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso, antes que otra cosa suceda, quisiéramos adelantar la desconfianza de muchos, el rechazo incluso, la duda y el temor por esta medida. Previamente a una decisión que vaya más allá de los eventuales retenes, deberá sopesarse con absoluta responsabilidad la presencia de las armas de la República para estos fines (¿por qué no para instalar las Bases de Operación Mixta?).

En los últimos días consultamos la posible medida con diversas personas y nuestros interlocutores –acaso sea por el tono de nuestra pregunta– coincidieron en que la solución al problema de la tala ilegal y clandestina –que ni tanto– no es asunto militar, de más armas, sino más bien de lo que se ha dicho siempre, de generación de empleos, conciliación, resguardo comunitario asistido. Es cierto que el fenómeno se ha agravado porque ahora se defiende más el recurso forestal y porque la presencia de los taladores es más notoria entre los cerros despoblados.

Es cierto que hay vivales que se favorecen también resguardados en el argumento de la poca inversión productiva; es verdad que hay un eslabón importante en los revendedores de las ciudades, que lo hacen amparados en documentos falsos. Nada menos, hace un par de días ubicamos a trabajadores de una “maderería” de Uruapan comprando vigas en Tanaco, de donde nos confirman que se surten, además de otros pueblos, para su negocio y su “legalidad” fantasiosa y corrupta. En realidad sólo es un botón de la historia mayor de rapamontes de apellidos notables, que tampoco puede olvidarse.

Avances en la conciliación agraria.

Los equipos de trabajo semaforizado para conciliar los conflictos agrarios, a decir del subsecretario Efraín García Becerra, aseguran tener ya los proyectos de conciliación de nueve casos, y estarían a la espera de que el Tribunal Agrario fije audiencia para formalizar los convenios. Deseamos que así sea, no sin pensar en la distancia de la meta federal que pretendía resolver el medio centenar de líos por tierras de la región, según la candidez del ex secretario de la Reforma Agraria, el guerrerense Florencio Salazar, devenido en panista de burbuja.

García Becerra reconoce que hay “problemas muy serios, como el de Tanaquillo y Huecato, de quienes esperamos que tengan voluntad para sentarnos a resolver”, pues quisieran incorporarlos a los nueve conflictos que estarían “a punto de salir”. No es un problema fácil, como lo dice Víctor Prado Peinado en su carta publicada el día de ayer en este diario; si bien es cierto que el titular de las tierras es Tanaquillo, también lo es que Huecato, su anexo, tiene la posesión y hasta ahora, la negativa a ceder un palmo. Que estos terminaron con los cerros que les rodean, es verdad; que siguen talando donde pueden, también; tanto como lo es que quisieran intentar otros caminos y que no se les ha respondido. Por eso tiene especial sentido su esfuerzo de ahora para crear opciones laborales, algo crucial en el ánimo conciliador de la comunidad.

Para ilustrar un poco más la complejidad, hace unos días nos reiteraban Santiago Vargas y Bonifacio Reyes, representante de Bienes Comunales de Comachuen, y secretario, que sus “abuelos y tatarabuelos nos dijeron que es de Comachuen desde la puerta del templo de Tingambato para acá”, tal y como lo dicen los títulos virreinales, que por eso pelean. Además de esta fuente que legitima –según su juicio– su reclamo, rechazan la intención de Tingambato, porque aquellos “se creen más porque tienen más lana, y porque ya se sienten mestizos, y porque le dan dinero al Tribunal”.

En esa inteligencia, ellos no serían talamontes, porque si bajan por pinos a lo que Tingambato dice que les pertenece, es porque saben que están dentro de los linderos, aseguran. Es rescatable que hablen de voluntad de diálogo, a pesar que los han detenido, encarcelado, maltratado, y por eso esperan que “el gobierno sirva como árbitro para que deslinde”, pues estarían dispuestos “a regalarles una parte” pero quieren acordar, “porque esto se está calentado” con los compradores de tierra que siguen presionando.

Otro botoncito está en la movilización de San Francisco Acachuen contra presuntos talamontes de Nuevo Morelos y Santa Cruz Tanaco, los que el pasado miércoles habrían golpeado a un comunero y baleado su tractor en el predio Inyákuman. La gente se encabritó y tomó la carretera. Acusan curiosamente al gobierno de proteger a los talamontes –mientras que éstos lo acusan de lo contrario, es decir, de cargarles la mano–.

A Medardo Alejo lo acusan de todo.

En la pasada semana un grupo de regidores acuso a Medardo Alejo Ambrosio, presidente municipal de Paracho, de malgastar el presupuesto, de mantener en nómina a familiares, y de cosas “muy graves” de las que por lo pronto sólo tienen pruebas “verbales”. Esperaremos pues a las otras. Mientras tanto, al propio Alejo Ambrosio lo demandarán por incumplimiento del convenio con locatarios del mercado, y eventualmente podría detenerse esta obra que sería la más importante de su gris administración.

El narcoterror será derrotado.

Otro director de Seguridad Pública ha sido ejecutado, y de nuevo el signo del narcotráfico en la autoría; es decir, la marca de aquellos que han prohibido el uso de la Z en los abecedarios policiacos y periodísticos. Por cierto que preguntamos a Ramón Ponce Ponce, subprocurador regional, sobre el avance de la investigación sobre el asesinado José Villa, y con su amabilidad característica evadió el asunto, afirmando que están esperando que la cosa no esté ya tan caliente para entrarle, y que es verdad que tienen algunas líneas más o menos sólidas pero se niega a confirmar la línea del tráfico. Como lo observamos desde distintos ángulos, el temor se ha salido de las calles oscuras y se ha metido en nuestros pasos, pero, a pesar de todo, hay que decirlo con suma claridad, el narcoterror está, de por sí, derrotado moral y estratégicamente, sea cual fuere el precio que la sociedad tuviera que pagar. Con ejecutados y envenenamiento de decenas de miles de jóvenes no puede aplaudirse que avancemos a la perfección de la barbarie, sino, en todo caso, se debe recordar que siempre habrá, también, militares limpios, policías honestos, ciudadanos decididos a no vivir una derrota ante ese cáncer social, según esa vieja metáfora.

 

Nos quieren maicear. (Nuevo Excélsior, Diana Pérez, p.web)

Sábado 10 de Junio, 06.

Líderes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la organización agraria del PRI, señalan presunto desvío o manipulación de recursos federales, con fines proselitistas, en al menos once de las 32 entidades del país.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran violaciones a la llamada tregua electoral en diferentes modalidades: brigadas de promotores panistas ofrecen hasta borregos y pies de casa rurales a los campesinos a cambio de afiliarse a nuevas organizaciones; los fondos para damnificados por huracanes, en el sureste, apenas se reparten estos días, a un año de los desastres, y hay empleados federales que cobran al momento de repartir los beneficios de programas como Oportunidades.

Los dirigentes agrarios también denuncian ajustes en gabinetes estatales con personas que utilizaron durante años los padrones de programas sociales. También algunos priístas acusan que los representantes del DIF o del gobierno federal llegan justo en medio de los mítines para desactivarlos atrayendo la atención de los oyentes a la fila para entregar despensas.

Algunos cenecistas ya presentaron denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) a través del PRI y otros reúnen evidencia desde Yucatán hasta Sinaloa.

Gente de campo.

La Confederación Nacional Campesina es:

-El órgano priista que aglutina a los campesinos simpatizantes del partido en todo el país.

-La agrupación de productores agrícolas más antigua (fundada en 1938) y numerosa del país.

-El proveedor más importante de sufragios para los candidatos priístas: seis de cada diez son los llamados votos verdes para el tricolor.

-Como sector, el agrario es codiciado botín electoral porque:

-Depende de los insumos y apoyos gubernamentales para su subsistencia, desde la semilla que debe sembrar hasta la apertura de los mercados para comercializar.

-La labor de convencimiento entre los líderes tiene mucho poder, por la misma dependencia de la asistencia gubernamental.

-En los estados del centro y el sureste deciden las elecciones, de acuerdo con los resultados de votación del 2000, en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.

Esto es un delito.

De acuerdo con el Código Federal en Materia Electoral, los servidores públicos incurren en delito electoral cuando:

-Obliguen a sus subordinarios a emitir votos a favor de un partido político o candidato.

-Condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas sociales o las obras públicas al voto dirigido a un candidato o partido en particular.

-Destinen de manera ilegal, fondos, bienes o servicios para apoyo electoral.

-Proporcionen apoyo o presten un servicio a los partidos o candidatos a través de sus subordinados en su jornada laboral.

-A los servidores públicos culpables, el juez impondrá una sanción de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años.

-Cualquier persona puede denunciar un delito electoral en las agencias del MP y las oficinas de la Fepade, en forma oral o por escrito.

Hasta borregos.

Carlos Emilio Baqueiro,dirigente de la liga cenecista en Campeche, explicó que apenas el pasado fin de semana en Hampolol unos jóvenes del PAN-DF invitaron a la gente a formar parte de "una nueva organización", y para animarlos, ofrecieron a 200 campesinos unos paquetes de borregos y de vivienda rural por 15 mil pesos.

"Estos actos violan la tregua electoral decretada por el IFE", asegura y reúne pruebas para hacer denuncia formal ante la fiscalía electoral.

Cemento y tabique.

Juan Hernández, presidente de la liga cenecista de Querétaro, denunció que la infraestructura panista en el estado entrega material para construcción, como parte del programa gubernamental Vivienda Rural, lo que no sólo es una atribución ajena, sino un condicionamiento claro de votos, indicó.

Cobran el Oportunidades.

En Michoacán, el líder de la CNC Cuauhtémoc Ramírez aseguró que el PRI ya interpuso una denuncia contra la Sedesol por haber cobrado a 600 beneficiarios del programa Oportunidades las ayudas entregadas. "Es la hora que no han aclarado este asunto" las autoridades de la esfera estatal y federal, reprochó.

Sólo para perredistas, dicen.

Jesús del Real, presidente de la liga cenecista en Zacatecas, señala que en esa entidad no sólo el gobierno federal intenta manipular los programas en favor del PAN, sino también las autoridades locales hacia el PRD. Indicó que en Moyahua de Estrada, se identificó un tráiler cargado de cemento que enviaba la empresa Avimat Ferreteros a los militantes perredistas para edificar casas. El líder aseguró que la denuncia correspondiente, con fe notarial, está en manos de las autoridades locales. Dijo que hay condicionamiento de los programas Vivienda Rural, Braceros y Adultos Mayores.

Las hacen largas.

Manuel Peña, dirigente campesino en Quintana Roo, no quiere ser mal pensado, pero está harto del retraso de hasta un año en la entrega de recursos de Procampo y Progan; "ni siquiera se han abierto las ventanillas para tener acceso a los programas del Fondo de Apoyos a Proyectos Productivos Agrarios, de la Mujer en el Sector Agrario y Joven Emprendedor". Espera que el atraso se deba a burocracia extrema y no a fines electorales.

Luis Vázquez Borbolla, representante agrario en Sinaloa, denunció que los apoyos para siembra de maíz no llegan, ahora que se lucha por lograr un precio competitivo del grano frente a sus competidores. Este financiamiento para el ciclo otoño-invierno se entrega normalmente en diciembre, pero este año no. Lo que sí sucede es que "varios millones de pesos" del Procampo se dan por adelantado "cuando todavía ni sembramos; la estructura del gobierno federal está trabajando con todo para apoyar a Felipe Calderón", dice mientras reúne evidencias para denunciar.

Enroques.

Moisés Carvajal es el primer cenecista en Guerrero. Aseguró que las autoridades estatales y los delegados federales en materia agraria se han incorporado a las campañas panistas en la entidad, como Fernando Jaimes Ferrel, quien hasta hace poco más de un mes era delegado de la Procuraduría Agraria y hoy es candidato a diputado federal panista por el distrito 1; Morelos Vargas Gómez era el secretario general de la Procuraduría Agraria y "ahora es el operador político de los candidatos del PAN en el estado. Los conocemos muy bien. Andan viendo a nuestros amigos priístas para ofrecerles dinero".

Agregó que panistas del municipio de Tlachapan han recibido hasta diez trailers de cemento, láminas de asbesto y tinacos para agua que luego reparten a nombre de Felipe Calderón.

El líder cenecista informó que ya presentó una denuncia ante las autoridades electorales locales.

Dejan mítin por despensas.

Guadalupe Flores, lideresa campesina en Tamaulipas, denunció que en la localidad de Valle Hermoso intentaron boicotearle un mitin que llevaba a cabo. "Estábamos en el acto proselitista cuando de pronto las señoras empezaron a correr". La desbandada se debió a que en ese momento, en una acción inusual, llegó una camioneta del DIF para entregar despensas de los programas de Sedesol. "Las mismas mujeres estaban sorprendidas porque no era fecha de entrega de apoyos", indicó Flores.

Constantino Aguilar, de Veracruz, cuenta una historia similar. "Están condicionando los programas. Dicen que si el PRI llega a la Presidencia los programas sociales no van a continuar". Agrega que los oficinistas de Sedesol les dicen a los campesinos simpatizantes del tricolor es haciéndoles creer que si asisten a los mitines de ese partido ya no podrán pertenecer al padrón de beneficiarios porque las reglas de operación lo prohíben. "Se nota que están desesperados".

Se atrasa el Fonden por un año.

Julián Nazar, líder cenecista en Chiapas y Berlín Montero, en Yucatán, tienen denuncias ya hechas: los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las víctimas de los huracanes Stan y Wilma no llegaron en un año, pero se liberan justo en tiempo de elecciones.

Nazar afirma que en Chiapas llegan enseres y despensas "que ya tienen hasta gorgojo, porque las almacenaron por mucho tiempo y ya se están echando a perder". Esa ayuda se entrega desde el municipio de Arriaga hasta Unión Hidalgo, una zona costera. Según el dirigente campesino, hay desvíos para apoyar al PAN y al PRD en la zona central, por medio de despensas y machetes para apoyar al candidato a la gubernatura, Juan Sabines. Nazar y su gente se encuentran preparando la documentación, incluyendo fotografías, de estas acciones para interponer la denuncia correspondiente.

Berlín Montero indicó que en el oriente de Yucatán hay "enormes cantidades de bloque y material de construcción que entregan, pero condicionadas, a las víctimas de los huracanes, exactamente igual que en 2004, cuando el Fonden llegó un año y 10 meses después, justo cuando se realizaban las elecciones locales". En este caso existen denuncias formales ante las autoridades judiciales del estado.

 

Toman policías predio en ejido de La Bonfil. (Novedades de Acapulco, Carlos Alberto Abarca, p.web).

Participaron más de 150 elementos.

Aproximadamente 150 policías entre municipales y estatales desalojaron a personal de vigilancia contratados por la señora Esther Sthephens de Villalvaso del predio que el pasado martes habían tomado posesión amparándose por el resolutivo emitido por el Tribunal Superior Agrario a su favor.

Lo anterior lo dió a conocer Evaristo García Memije, abogado de la señora Stephens, quien además señaló que como socios de la inmobiliaria Pacífico se encontraban los funcionarios estatales como Guillermo Flores Madrid, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Alfonso Guillén Quevedo, director de Protur y Guillermo Ramírez Ramos, subsecretario de asuntos políticos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana cuando los elementos de seguridad pública llegaron al lugar y sin orden de desalojo o justificación alguna sacaron al personal contratado por la familia Stephens quedándose resguardando el lugar, García Memije agregó que el grupo iba encabezado por Felipe de Jesús Kuri Sanchez, director de Gobernación municipal y Prometeo Hernández Zamora, abogado de la Inmobiliaria Pacífico.

El conflicto de los cuatro predios que dan un total de 284 hectáreas, viene desde 1982 cuando la familia Stephens inició una demanda para recuperar el predio, mismo que se prolongó hasta el año pasado cuando el Tribunal Superior Agrario, con sede en México, falló a favor de Esther Stephens.

Mientras que en el 2004, estando René Juárez Cisneros como gobernador del estado, se realizó la expropiación de los predios, vendiéndose posteriormente por medio de Protur a la Inmobiliaria Pacífico.

El abogado de Esther Stephens dijo que lo que pasó el martes pasado no fue una invasión, ya que se le avisó a la Secretaría de Protección y Vialidad para que participarán en la toma legal del predio, pero éstos hicieron caso omiso al llamado.

Por otro lado, en visita al lugar en cuestión, se observó a elementos de la policía estatal dentro y fuera del predio y personas trabajando en la construcción de una barda que había sido derribada el pasado martes, porque ese tramo de predio es acceso público a la playa y no forma parte del predio en cuestión.

García Memije agregó que por el momento no van a recobrar el predio por la fuerza, debido a que actuarán de manera legal, por lo que interpondrán una demanda por abuso de autoridad, además de buscar una audiencia con el alcalde para pedir una explicación del acto y una entrevista con el gobernador para informarle de las arbitrariedades del caso.

 

Bueno, el trabajo del INEGI, dice Ocoapa y reprocha a la SRA de que no da soluciones. (El Sur de Guerrero, Teresa de la Cruz, p.web).

Chilpancingo.

El presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González, dijo este viernes que a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) no ubicó las 456 hectáreas que se disputa con sus vecinos de Tlacoapa, éste “hizo un buen trabajo”; sin embargo, reprochó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que no haya propuesto una solución al conflicto y por consiguiente se siga postergando el problema.

Descartó que sus representados vayan a salirse de las tierras que ya sembraron, como pidieron las autoridades agrarias de Tlacoapa, para poder sentarse a la mesa de diálogo. “No somos chamacos para estar jugando”, expresó, Solano González.

El jueves pasado, el INEGI presentó por separado los resultados de los estudios que realizaron en la zona de conflicto, cuya conclusión fue que no ubicaron las 456 hectáreas. Ahí en el encuentro sus vecinos de Tlacoapa, advirtieron al titular de la SRA, Abelardo Escobedo Prieto que no se reunirían con los campesinos de Ocoapa, si éstos no se salían de las tierras que tomaron y sembraron desde hace un par de meses. Ese día no se pudo conocer la postura de éstos últimos debido a que se retrasó la reunión con los funcionarios.

Sin embargo este viernes, vía telefónica Sonalo González señaló: “no nos parecieron mal los resultados, pero en si eso no nos afecta, ni nos beneficia; lo que sí es que esperábamos ya una solución al conflicto, ya no que queremos que se siga prolongando, por las amenazas”.

“Nosotros confiamos en los buenos oficios que dijo tener el secretario de la Reforma Agraria y el secretario general de Gobierno, (Armando Chavarría Barrera) que ofrecieron que nos van a ayudar, queremos de verdad que lo hagan, no queremos confrontaciones”, afirmó.

Del condicionamiento que hicieron sus vecinos para sentarse a negociar con ellos a cambio de que salgan de los predios que tomaron y sembraron, dijo que “eso no es posible, no estamos jugando, no somos chamacos para estar jugando, además esas tierras son nuestras, no de ellos, nosotros no nos vamos a salir. Ya, les pedimos que actúen con madurez, no podemos estar así”.

Solano agregó que el jueves sólo conocieron la información del INEGI, pero que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades, “porque van a esperar la medición que haga el INEGI. Dicen que van a subir a medir, pues que vayan, nosotros nada más estamos esperando que nos confirmen que nos pertenecen las 456 hectáreas, que son de Ocoapa, de eso no hay duda”.

 

Intolerancias de la reacción. (Tabasco Hoy, Homero T. Calderón, p.web).

Doblefilo.

Villahermosa, Tabasco.

El pasado martes 6 de junio, el candidato panista a la Presidencia de la República, apoyado por todas las fuerzas de la Federación -y la reacción nacional- estuvo a punto de dar un golpe mediático.

La intención de Felipe Calderón era dar unas cincuenta entrevistas a medios de comunicación nacionales e internacionales para adjudicarse un mítico triunfo en el debate. Era un trampolín perfectamente preparado para que las encuestas de los días siguientes lo catapultaran (ya sin ningún obstáculo) al primer lugar, pero un nimio detalle le aguó la fiesta.

Sucede que el candidato panista "se pasó de rosca". En medio de su feroz intolerancia y envidia, de odio hacia Andrés Manuel López Obrador, atacó y atacó tanto a éste hasta que lo hizo reaccionar. El golpe seco y brutal del tabasqueño al soez candidato del PAN fue contundente y de pronóstico reservado: evidenció sus manos no tan limpias.

La sonrisa burlona de Calderón, presuntamente sugerida por sus asesores de imagen, se retorció hasta convertirse en una mueca de desesperación y odio. No se si finalmente el PRD tenga las pruebas suficientes para sostener su acusación en los tribunales, pero si puedo probar que los planes de Calderón para influir en los medios cayó prácticamente en pedazos.

¿Qué es a fin de cuentas Felipe Calderón? Un hombre aún muy joven pero con el alma retorcida y rencorosa, intolerante. El México que trata de vendernos es un México egoísta y mezquino como él. Es el México de doble lenguaje que va a misa, se confiesa, comulga y luego sale a la calle a mentarle la madre a sus adversarios.

Acá en Tabasco ese PAN trata de estar en sintonía con su candidato. Lo conforman algunos jóvenes, muchos de ellos amigos míos y otros no tanto; algunos tránsfugas de ocasión y también algunos babosos amargados a los que la oportunidad de vivir prácticamente se les ha ido odiando a sus semejantes. André Malraux los evidencia en su libro La Condición Humana.

Uno de ellos, Andrés Llanos, me escribe a mi "e-mail" que debo disculparme con la maestra Gloria Vázquez a la que, dice, he insultado de manera personal, y en general (también he insultado), dice, a los panistas de Tabasco. Califica este demiurgo alejandrino, que mi tribuna es un espacio de bajezas y otra serie de denuestos propios -obviamente- de un intolerante.

Para empezar, yo dije en mi columna del pasado viernes que la denuncia que López Obrador hace a Felipe Calderón (sobre su cuñado Diego Zavala) le ardió (a éste) en el "ulo". Confieso que me vi débil. Debí escribir la palabra como es: culo. Fonéticamente, la palabra no es muy bella pero es auténtica. El diccionario la refiere en alguna de sus acepciones así:

"Parte posterior de los racionales comprendida entre el fin del espinazo y el nacimiento de los muslos; asentaderas". Le cambio entonces a mi remitente cibernético mi acepción que quizá le ofendió: a Felipe Calderón le ardieron hasta las asentaderas. Dije enseguida: "fue como si a Calderón le hubieran echado aguarrás en los tompiates". En referencia, claro, a sus genitales.

Me pide luego que me disculpe con la maestra Gloria Vázquez porque -en su cabecita intolerante y pendejita- cree que yo la he insultado. A la dama referida, a la que me une una relación de sana amistad, la he criticado aquí más de una vez por variadas razones. Ella sí, panista por convicción y no por interés, la he criticado primero, porque a pesar de que fue la creadora de los "amigos de Fox" desde 1999, el PAN le pagó ingratamente. El administrador que enviaron desde el altiplano, Juan José Rodríguez Prats, le escamoteó puercamente una diputación federal, misma que Gloria ya se había ganado por méritos en la conformación del PAN criollo, del cual no había ni señas en el año 2000. Rodríguez Prats la sobajó en sus méritos y luego quiso pagarle dándole a su hijo Alfredo, a quién respeto y quiero, una pinche delegancionsita, la del registro agrario.

En cuanto a los otros jóvenes panistas, insisto, me parecen una versión muy triste de nefastos hombrecillos como Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, los hermanos Zavala, Fernández de Cevallos, Manuel Espino (su negro historial lo ha publicado más de una vez la revista Proceso) per se...

 

Ex soldado fundó el EPR hace 10 años. (El Universal, Juan Velediaz, p.web).

Desde los 70 se le ubica como principal instigador de conflictos en la Huasteca.

Durante más de 20 años los servicios de inteligencia civil y militar han buscado, sin éxito, a Alejandro Hernández Dolores, fundador del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

No hay una imagen actualizada de su persona desde que en 1984 se supo de él por última vez.

Lo que existe es una ficha del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuya copia obtuvo larevista, donde aparece una foto de cuando era muy joven, quizá de 1966 cuando se alistó como soldado del Ejército mexicano.

A la fecha es considerado pieza clave dentro de los líderes y organizaciones que hace 10 años se unieron en varios estados para formar el EPR.

Su paso por el Ejército le hizo ver desde otra perspectiva la explotación caciquil en su tierra natal, la Huasteca. "Destaca su gusto hacia los problemas agrarios. Admira a Emiliano Zapata y Lucio Cabañas", dice el Cisen.

Durante los años 70 salió de la milicia y provocó invasiones y enfrentamientos con fusiles en comunidades de la zona.

A principios de los 80 el espionaje gubernamental recogió evidencias de grupos armados organizados y adiestrados militarmente por él en cuatro municipios.

Las invasiones de tierra, los asesinatos selectivos ordenados por caciques y la militarización convirtieron a la Huasteca en un foco de confrontación permanente.

Hernández estaba identificado ya desde hace 30 años como principal instigador, pero desde entonces ha burlado los intentos por atraparlo.

 

 

SRA y lacandones se reúnen para solución. (Cuarto Poder, Carolina Leyva, p.web).

Sábado 10 de Junio, 06.

El 27 de junio emitirán lacandones una respuesta.

Autoridades agrarias del ámbito federal y habitantes de la zona lacandona se reunieron este viernes para solucionar los problemas de tierras en la Comunidad Lacandona y la Biosfera de Montes Azules, los cuales consisten en la regularización de un poco más de 11 mil hectáreas, así como la reubicación de 32 poblados.

Como resultado del encuentro se acordó que los lacandones, en su asamblea general analicen la propuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria, realizada por el titular Abelardo Escobar Prieto, quien planteó el pago de cinco mil pesos por hectárea, derivado de ello, de nueva cuenta las autoridades federales viajarán a Chiapas el próximo 27 de junio para conocer la respuesta definitiva de la comunidad o buscar alternativas.

Al respecto, el secretario de SRA en México, Abelardo Escobar Prieto, aseguró - en reunión- a la Comunidad Zona Lacandona que el presidente Vicente Fox tiene especial interés en concluir los asuntos agrarios de la región antes de que termine su mandato, por lo que continuará la atención personalizada a esta problemática.

Por su parte, el presidente comisarial de la Zona Lacandona, Moisés Tarano González -en el receso de la reunión, la cual fue privada- adelantó que existe posibilidades de aceptar la propuesta de la SRA.

Comentó que probablemente la problemática no se pueda solucionar al 100 por ciento en este gobierno, pero sí en 70 u 80 por ciento, lo cual calificó como un gran avance.

 

Asegura titular de SRA... (Expresso de Chiapas, Ezequiel Gómez, p.web).

Sábado 10 de Junio, 06.

El problema de la Lacandona quedará resuelto este año.

Los problemas agrarios de los bienes comunales de la Comunidad Lacandona, uno de los 14 Focos Rojos  en materia agraria en el país, quedará resuelto antes de que termine el sexenio del Presidente de México Vicente Fox, aseguro aquí en Chiapas el Secretario de la Reforma Agraria (SRA) Abelardo Escobar Prieto. Lo anterior lo dio a conocer en entrevista exclusiva para este rotativo, a su arribo ayer viernes al aeropuerto de la base militar de Terán.

El funcionario llegó a la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez para sostener una reunión de evaluación del Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y a la Reserva de la Biosfera Montes Azules”.

Dijo que su presencia es para dar la continuación de un proceso que ha tenido la SRA para la regularización de las zonas de los bienes comunales de la Selva Lacandona, en el cual señaló se lleva un avance que se ha logrado a base del diálogo y la concertación.

Diálogo, dijo, que ha permitido resolver estos problemas de focos rojos en la comunidad Lacandona, avance de la concertación y encontrar las soluciones en el lugar de los hechos y evitar traer soluciones importadas desde el centro del país.

“Vamos a tener una reunión con la tribu para revisar los avances que se han hecho y estudiar las propuestas que la comunidad Lacandona ha presentado y contestar algunas de las propuestas que la SRA a puesto sobre la mesa” sostuvo.

Agregó que a los asentamientos irregulares se le han buscado y encontrado varias salidas, una de ellas es el reconocimiento, dando legalidad a 26 comunidades dentro de los bienes comunales mediante una expropiación concertada con la comunidad Lacandona.

“En el mes de Mayo, la Reforma Agraria entregó 199 millones de pesos a la Comunidad Lacandona como pago de la expropiación de 26 asentamientos irregulares de los 28 poblados que se localizan en las regiones denominadas “Valle de Santo Domingo”, y “El Desempeño”, en la zona norte de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona y de la Reserva da la Biosfera Montes Azules”, aseveró.

Dijo que en otros casos se está compensando a los campesinos y se están reubicando en otras tierras, dijo que en estas tareas la SRA está utilizando siete esquemas de solución; pero todos han caminado bien y esperamos que en los próximos dos meses podamos ya tener un avance del 90 por ciento resuelto de los asuntos.

Hay que señalar que el problema agrario de la Reserva de la Biosfera Montes Azules y de los bienes comunales de la Lacandona, es uno de los 14 focos rojos que fueron detectados en 2003 por la Secretaría de la Reforma Agraria y que son conflictos de más de 40 años, donde ha habido enfrentamiento y violencia.

Abelardo Escobar Prieto destacó que el gobierno del Presidente Fox ha logrado resolver 12 conflictos agrarios añejos que eran considerados como focos rojos en el país y únicamente quedan dos por resolver y uno de ellos es la Selva Lacandona y quedará resuelto antes de que termine la administración del presidente Fox, confió el servidor público.

 

Sector agropecuario

 

Rechaza EU renegociar TLCAN. (Expresso de Chiapas, p.web)

(Reuters) l Estados Unidos rechazó un pedido de México para revisar las reglas del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) que regulan el comercio de maíz y frijol, dijeron funcionarios el viernes. .

J.B. Penn, subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, dijo que no había espacio para modificaciones ante la cercanía del 2008, año en que el tratado se implementará por completo.

"No tenemos ningún interés, de ninguna de las partes, en renegociar alguna parte del acuerdo", dijo Penn en una conferencia de prensa.

"Queremos hacer la transición tan suave como sea posible".

Penn se encuentra en México para participar de una reunión del TLCAN que examina el tema del maíz y el frijol.

En mayo México pidió a Estados Unidos considerar abrir el capítulo del TLCAN que regula el comercio de maíz blanco y el frijol.

El maíz y el frijol son alimentos básicos en la dieta de los mexicanos. La mayor parte de los agricultores mexicanos siembran en pequeñas e ineficientes parcelas y temen a la competencia de los productores de Estados Unidos que reciben fuertes subsidios.

EL TLCAN establece cuotas para importaciones de maíz y frijol de Estados Unidos y Canadá. Las cuotas se han incrementado gradualmente desde la vigencia del acuerdo en 1994. El comercio de estos productos, junto con el azúcar, quedará liberalizado por completo en el 2008.

La eliminación de las barreras comerciales para el maíz y el frijol se ha convertido en un tema dentro de la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2 de julio en México.

Uno de los dos punteros en las encuestas, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha prometido mantener las barreras comerciales para el maíz y el frijol si es electo presidente

 

Organizaciones campesinas

 

Denuncian campesinos al PAN por coacción del voto.  (La Jornada, Alma E. Muñoz, p.web)

Repartieron materiales para construcción a cambio de credenciales de elector.

Representantes del Partido Acción Nacional (PAN) repartieron materiales para construcción -comprados en 2005 con recursos del programa Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)- a campesinos de Veracruz para coaccionar su voto en las próximas elecciones.

En cambio, a los verdaderos beneficiarios del esquema les hicieron firmar certificados de materiales por más de 4 mil 500 pesos y sólo les entregaron 12 bultos de cemento, es decir, menos de una cuarta parte del apoyo al cual tenían derecho.

De acuerdo con la denuncia presentada por el presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Aquilero Luna Vigueras, ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), quienes recibieron los apoyos entregaron sus credenciales para votar y se anotaron en una lista en casa de Antonio Cuervo, miembro activo del blanquiazul y ex aspirante a la alcaldía citada.

Luna Vigueras planteó en su querella, interpuesta el 27 de abril pasado en la ciudad de México, luego de recibir quejas de los afectados, que en La Mata, "en una casa ubicada donde empieza el camino que va a hacia la comunidad de Las Flores (las dos localidades pertenecientes al ayuntamiento bajo su cargo) están llegando camiones cargados con materiales para construcción como tinacos, bloques, láminas, cemento y más, y los están repartiendo a los campesinos de distintas comunidades de este municipio. A cambio les piden que entreguen su credencial de elector y los van anotando en una lista".

Además, "Antonio Cuervo, propietario del inmueble a donde llegan y se reparten los materiales de construcción, es miembro activo del PAN, y fue precandidato a la presidencia municipal por este partido, en la pasada contienda" de septiembre de 2005, donde ganó la elección el Partido de la Revolución Democrática.

Citó como artículos violatorios de las acciones descritas, el 403 fracciones V y VI del Código Penal Federal por recoger, sin causa prevista por la ley, la credencial para votar de ciudadanos, y por solicitar "votos por paga, dádiva, promesa de dinero y otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral".

Según se lee en los certificados de materiales otorgados a personas que aparecen como beneficiarios del programa de Vivienda Rural, los apoyos los obtuvo el Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Acuícola Nacional (OPAGAN), de origen panista.

En los documentos se dice que algunos de los registrados en el padrón de beneficiarios de la Sedeso recibieron cada uno, en recursos suministrados en especie, 4 mil 578 pesos, y se los habrían otorgado Arnulfo Montes Cuén, representante de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (Fenpa), y el delegado de OPAGAN en Veracruz, Alfonso Barragán Galindo.

Pero Montes Cuén negó haber firmado, y sustentó sus dichos en las varias denuncias que ha interpuesto tanto en Control Interno de la Sedeso como ante la Fepade. En ellas plantea que su organización inicialmente gestionó un apoyo de Vivienda Rural por 54 millones de pesos para 5 mil 436 familias pobres en diversos estados del país, de los cuales más de 53 millones les fueron aprobados, sólo que este dinero se entregó, sostiene, a la agrupación civil Huehuetépetl, tras una negociación de diputados federales panistas con Desarrollo Social y ellos no recibieron nada. De tal manera que el ex panista sostuvo que su firma fue falsificada.

Resalta que los certificados van acompañados de un listado de productos, donde se detalla el número de los apoyos entregados, y en la denuncia presentada ante la Fepade se presentan varios donde sólo aparece la entrega de 12 bultos de cemento a personas de Chahuantla, Ixuatlán de Madero, entregados por la representación regional de OPAGAN, instancia surgida en abril de 2004.

Desde hace meses, este diario ha documentado parte de la operación emprendida por representantes de Acción Nacional para darle uso electoral a los recursos destinados para el programa de Vivienda Rural, y de cómo desde la Cámara de Diputados el partido instrumentó el esquema que les ayudaría a "tener un beneficio político en cada uno de los municipios y distritos de todo el país". Alfonso Barragán Galindo habría obtenido, de los recursos desviados a Huehuetépetl, 7 millones de pesos, para tal fin.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Urge atender el agro. (Cuarto Poder, Ana Laura Mondragón, p.web).

Por la recuperación del campo chiapaneco que puede volver a ser el detonante del desarrollo económico y social de la entidad, se pronunció el candidato de la "Alianza por Chiapas" al Gobierno Estatal, José Antonio Aguilar Bodegas, quien sostuvo que en su administración el sector agropecuario será una prioridad.

Explicó que 70 por ciento de los chiapanecos dependen del campo pero "por ignorancia, insensibilidad y egoísmo, se le ha mantenido en el más completo de los abandonos", y se ha dado prioridad a la construcción de estadios que a impulsar la instalación de plantas agroindustriales y procesadoras de productos agropecuarios.

Ante cientos de líderes de la Coordinadora de Organizaciones Productivas del Estado de Chiapas (COPDECH) que preside Germán Jiménez Gómez, llamó a concretar un gran pacto para recuperar a la entidad, porque "resulta vergonzoso que en la Frailesca, después de haber sido el granero del país, hoy los hombres del campo tengan que emigrar a Estados Unidos en busca de oportunidades que aquí no tienen".

Mostró su indignación al conocer que en este año no se pueda tener la capacidad para producir el suficiente maíz para cubrir la demanda interna y se tengan que traer más de 400 mil toneladas del estado de Sinaloa, derivado de la falta de una política de apoyo al campo.

"Ya no podemos permitir más abandono del campo. Es mi compromiso y vamos a hacer que la Frailesca vuelva a ser el granero de Chiapas", sostuvo Aguilar Bodegas.

"La prioridad es el campo, los jóvenes, las mujeres y los hombres que hacen producir la tierra y el gobierno está para impulsar programas y proyectos que mejoren la producción, den incentivos, generar oportunidades de empleo y desarrollo. Vamos a sacar del campo la riqueza, vamos a hacer rentable el maíz, la caña de azúcar, el piñón y la palma africana, para producir etanol que sustituye a los combustibles petroleros", sostuvo.

Acompañado de su esposa Aida Corzo de Aguilar Bodegas, diputados federales y locales del PRI y PVEM, así como del candidato a diputado federal por el X Distrito, Miguel Ángel Córdova, sostuvo que también se tiene que rescatar el café, diversificar el cultivo y recuperar la ecología.

"Ganemos la elección para recuperar lo que este gobierno ha regateado en apoyo a los productores", insistió al tiempo de retomar nuevamente el tema de la reconstrucción de la Costa, Sierra y Soconusco en donde miles de chiapanecos permanecen en riesgo y en donde calificó de insensible al Gobierno Federal y del Estado para "atender las angustias que viven los chiapanecos".

El candidato al gobierno chiapaneco de la alianza PRI-PVEM, escuchó atentamente a Germán Jiménez Gómez, líder de la COPDECH; Rigoberto Molina, María del Carmen Chacón Méndez, Héctor Humberto Gómez Rivera, Ady Rincón Toalá y Alberto Argueta Argueta, quienes plantearon la problemática del campo que se encuentra sumido en el abandono gubernamental.

"El saldo social y productivo es preocupante. Hemos perdido la producción, muchos campesinos han abandonado las parcelas para irse a Estados Unidos, por tanto es urgente reactivar el campo, pero no el de futbol", diría Jiménez Gómez.

Ante ello Aguilar Bodegas reconoció que tendrán que volver los programas que dieron resultados como los convenios de confianza para el campo y la ciudad mediante los cuales se otorgaban créditos a la palabra, por tanto "tenemos que devolver la confianza y trabajar juntos para salir adelante".

Anunció que el 19 de este mes estará en la Frailesca el candidato presidencial de la "Alianza por México", Roberto Madrazo Pintado, para hacer un compromiso para el rescate y recuperación del campo. "Viene a comprometerse con quienes más abandono han tenido cuando han sido los soportes para la estabilidad del país".

"Roberto Madrazo quiere que exportemos productos agropecuarios y no personas, por ello su prioridad es el campo y también la nuestra", dijo al tiempo de llamarlos a lograr el triunfo en las elecciones del 2 de julio y del 20 de agosto para hacerlo realidad.

 

Instala OCEZ otro bloqueo carretero en ejido Río Florido. (Cuarto Poder, Juan Sánchez, p.web).

Domingo 11 de Junio, 06.

Ocosingo.- Al recordar los hechos violentos en los que perdieron la vida líderes indígenas y niños inocentes, que se caracterizaron por los movimientos sociales y políticos que encabezaron, para exigir a todos los niveles de gobierno la solución de sus demandas agrarias y el cese de la represión y persecución de los que eran objeto; ahora la OCEZ instaló un bloqueo permanente en la carretera Ocosingo-San Cristóbal, a la altura del ejido Río Florido.

Los indígenas, aprovecharon el aniversario luctuoso de la masacre de estudiantes en San Cosme, en el Distrito Federal, y acusaron al Gobierno Estatal de proteger a los grupos que identifican como paramilitares y que -dicen- han estado agrediendo y persiguiendo a todos los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

Como ejemplo, citan los casos de las comunidades Las Perlas, en el municipio de Altamirano, Carrizal y Río Florido de este municipio de Ocosingo; lugares en los que se han enfrentado principalmente por problemas agrarios con las organizaciones Yachil Atel II y la Orcao.

De la falta de atención a los problemas que han resurgido en sus comunidades por las diferencias agrarias que prevalecen, tras las división de sus habitantes por cuestiones políticas, acusan directamente al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía y a algunos de sus colaboradores que antes fungieron como líderes de organizaciones sociales y que actualmente ocupan un cargo en dependencias gubernamentales.

 

GUERRERO

 

Exige justicia la viuda del dirigente indígena Marino Rentería, a un año del crimen en Ometepec. (El Sur, Karerine Trigo, p.web).

Ometepec.

A un año del asesinato del dirigente del Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA), Marino Rentería Marín –cumplido el viernes pasado– su esposa Aída Reyes exigió justicia y dijo que los testigos no han sido llamados a declarar y que hay versiones que el asesino de su esposo será puesto en libertad próximamente.

El 9 de junio de 2005 Marino Rentería fue asesinado a balazos por Eligio Morales, por problemas de lotificación en la colonia Nuevo Amanecer en esta cabecera municipal; dichos terrenos, según autoridades municipales, pertenecían al hermano del candidato a senador Ángel Aguirre Rivero, Mateo Aguirre, pero según dirigentes indígenas, ese terreno es propiedad ejidal.

Entrevistada en su casa, en la colonia Nueva Alianza, la viuda del dirigente indígena señaló que a un año de muerto su esposo, los testigos de los hechos no han sido llamados a declarar.

Dijo que “Eligo Morales, quien disparó a mi esposo, según la gente, pronto saldrá de prisión y eso no es justo, puesto que nuestros testigos no han sido llamados a declarar; la gente luego me pregunta, ‘maestra cuándo vamos a declarar’, y en la agencia del Ministerio Público, no dan fecha”.

Dijo que en el MP le han hecho dar muchas vueltas, “me dicen, vuelva mañana, y al otro día voy y me vuelven a decir lo mismo; le pido al procurador que se esclarezca el crimen de mi esposo porque el culpable está a punto de salir, según me dice la gente de la colonia, lo cual no considero justo, pues no se ha realizado la investigación correspondiente”, indicó.

Por su parte, Lauro García Vázquez, dirigente del MIA, señaló que el domingo de la semana pasada, sostuvieron una reunión con el alcalde Eduardo Montaño Salinas y donde estuvo presente el presidente del comisariado ejidal, Ulises Estrada Mateos.

García señaló que ahí el alcalde leyó una lista de supuesto colonos que debieran tener lotes en la colonia Nuevo Amanecer; sin embargo, dijo que en la lista que el presidente municipal leyó no hay verdaderos fundadores de la colonia.

“En su mayoría son personas que aprovecharon el momento cuando mataron a nuestro compañero Marino Rentería, pues los culpables, salieron de la colonia y otros llegaron, aprovechándose de la ocasión”, dijo.

 

Empresarios aplauden al gobernador por resolver la ocupación “ilegal” de sus terrenos. (El Sur, Cristina Sierra, p.web).

Empresarios afectados por el dictamen del Tribunal Superior Agrario (TSA), para restituir 240 hectáreas de terrenos en la zona de Acapulco Diamante, agradecieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y al alcalde Félix Salgado Macedonio, por resolver en forma “seria, responsable, objetiva y fundada”, la ocupación “espuria e ilegal” de sus predios, espués del desalojo de las personas que se asentaron en esa zona, por parte de policías estatales, encabezadas por Damián García Cruz, socio de la familia Stephen –beneficiada por la decisión del tribunal.

En entrevista, el abogado de la familia Koenig Nacarrelli –presunta propietaria del predio ubicado a un costado de la casa del cantante Luis Miguel–, Eladio Díaz Ortiz, acusó de “invasores especialistas” a los abogados y al socio de María Esther Stephen, a quienes denunció ante el Ministerio Público después de que el 6 de junio sus apoderados ocuparon los predios.

El abogado relató que el jueves, dos días después de los desalojos, los inversionistas se reunieron con el director de la Promotora Turística (Protur), Alfonso Guillén Quevedo, a quien le exigieron seguridad y certeza jurídica ante las acciones de Damián García Cruz.

En dicha reunión –relató el abogado– se acordó el desalojo de las personas que ocuparon los predios, lo cual sucedió el pasado sábado a las 7 de la mañana, con la participación de 80 policías antimotines del estado.

En un desplegado publicado hoy en El Sur, los representantes de las empresas Promociones y Construcciones del Pacífico, S.A. de C.V.; Comercial Multifil, S.A. de C.V.; Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V.; y FGPVA, S.A. de C.V.; Pedro Escobar Fernández de la Vega y copropietarios del condominio Aeromar; Antonio Rullán Dichter, del mismo condominio; y dueños de las fracciones en que se subdividió el predio que fuera de propiedades Aeromar, S.A., manifestaron que la resolución del TSA a favor de la familia Stephen es “falsa”, porque “ninguna orden se expidió por ese órgano jurisdiccional”.

Por su parte, el abogado de la familia Koenig Nacarrelli explicó que el decreto del TSA que dotó de tierras al ejido Alfredo V. Bonfil fue el que afectó la propiedad de los Stephen “y no los de nosotros”.

Lo mismo se especifica en el desplegado y menciona que la resolución “condena a dicha señora a la pérdida de los terrenos de los que trata la sentencia de mérito, y en donde desde el año de 1974 se encuentra enclavado el ejido Villa Alfredo V. Bonfil, precisamente con los ejidatarios que forman parte del núcleo solicitante de la dotación”.

También los inversionistas apuntan que sus propiedades quedan localizadas a mil 100 metros de distancia de los terrenos que fueron propiedad de María Esther Stephen, viuda de Villalvazo, y también a los que se refiere la sentencia que dotó de tierras al ejido Bonfil.

Eladio Díaz comentó que el predio de los Koenig Nacarrelli fue invadido a las seis de la mañana, por lo que pidieron que el notario público Antonio García Maldonado diera fe del hecho y posteriormente levantaron la denuncia penal.

Dijo que hasta ese lugar llegó el abogado de la familia Stephen, Evaristo García Memije, quien le informó sobre la ejecución de la resolución a favor, pero le refutó que “eso no tiene que ver con ella porque vendió hace muchos años”.

Insistió que lo correcto era que llegaran con un actuario porque los desalojos que hicieron están fuera de la ley y, por ello justificó que los inversionistas se reunieran con Alfonso Guillén para exigirle certeza jurídica en sus propiedades.

Asimismo, señaló que anteriormente Damián García Cruz fue enemigo de la señora María Esther Stephen, pero como es una mujer de edad avanzada ahora quién toma las decisiones es su hija Denisse, y ella se asoció con García Cruz.

Indicó que aún están en regla las escrituras de la propiedad y “los derechos reales”, y criticó las declaraciones del abogado Evaristo García, quien aseguró que el predio a un costado de la casa de Luis Miguel no se podía vender porque había documentos falsos.

De ello, Eladio Díaz replicó que dichos terrenos no se han vendido porque apenas se tienen pláticas con los compradores.

“Cómo es posible que estén haciendo esto en una zona de inversión, son una bola de invasores”, cuestionó el abogado, quien señaló a Evaristo García como “invasor, es gente que se dedica a esto”.

Sobre la acción del sábado por la mañana para restituirles sus predios, señaló que con ello “no se ha roto el orden institucional, todavía hay certeza jurídica”.

Por último, los inversionistas informaron que continuarán en Acapulco y Guerrero con proyectos que ascienden a 250 millones de dólares, en los desarrollos turísticos Pacífico Diamante, Arena Vida Mar 1, Vida Mar 2, Costa Real Barra Diamante, Comercial Multifin, Condominio Horizonal Diamante Azul, Residencial Barra Diamante y otros.

 

LA PAROTA

 

Ya no buscará el Cecop dialogar con Zeferino; pedirán a Fox cancelar La Parota. (El Sur, Citlal Giles, p.web).

Los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa (Cecop) acordaron que ya no buscarán dialogar con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, porque no están dispuestos a discutir el avalúo de sus tierras, y que solicitarán una audiencia con el presidente Vicente Fox Quesada, para pedirle la cancelación definitiva de la construcción de La Parota.

Ayer, durante la asamblea del Cecop que se llevó a cabo en el plantón que mantienen en la comunidad de Dos Arroyos, los opositores presentaron también un balance de las audiencias de anulación de las asambleas que se han llevado en los ejidos de Los Huajes, Dos Arroyos, La Palma y Cacahuatepec.

Por su parte, la diputada federal perredista, Eliana García –quien asistió como invitada del Cecop–, criticó a Zeferino Torreblanca, porque en lugar de servir como intermediario entre los opositores y el gobierno federal para solucionar el conflicto de La Parota, “ha sido parte del problema”.

En la asamblea de ayer, los integrantes del Cecop cambiaron su posición acerca de un posible diálogo con el gobernador. “Ya no tenemos que estar viendo a alguien como Zeferino (Torreblanca), que quiere buscar diálogo para fijar precios de la tierra. No, la tierra no tiene precio, la tierra no se vende”, comentó Felipe Flores, uno de los voceros del movimiento.

En otros asuntos, Felipe Flores informó de los resultados de la caravana Aguas en Movimiento, que se llevó a cabo en seis estados que han resultado afectados por las presas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en los que “no han pagado por las tierras, contaminan el ambiente y han devastado hectáreas de mangle”, denunció.

Ante más de 200 opositores al proyecto hidroeléctrico de La Parota, los comuneros expusieron la problemática de la presa y porqué no quieren que se construya. Coincidieron en que, además de generar destrucción ambiental, la CFE los quiere despojar de sus tierras.

Otro de los voceros del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, se refirió a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, de que ya se están haciendo los avalúos para pagar las tierras que serían afectadas por la hidroeléctrica: “Van a empezar a pagarle a gente que ya tienen comprada para justificar que la CFE sí va a pagar, y que los necios y los que estamos mal somos nosotros”.

Y alertó: “¡Cuidado!, si la CFE suelta un sólo peso pagando la expropiación, seguramente vamos a tener a toda la gente encima de nosotros”.

Cuestionó la forma en que se obtuvieron los avalúos, “si nunca entraron a los ejidos, ¿cómo pasaron por aquí si tenemos el plantón? Nunca vimos gente midiendo nuestras tierras”.

En este punto, Rodolfo Chávez, uno de los asesores del Cecop, y que participó en la caravana, dijo que con los avalúos sólo van a traer más inconformidad, pues están poniendo precios diferentes a las tierras.

“El diálogo no es para lo que quiera Zeferino Torreblanca, porque él quiere diálogo para poner precios diferenciados, que algunas tierras tienen más valor que otras. Eso quieren hacer ellos, y con eso van a crear más confusión, más división, incluso de la gente que sí quiere la presa”.

Su comentario provocó el enojo de los comuneros en la asamblea, e influyó para que acordaran no buscar más el dialogo con el gobernador, pues buscan dialogar con las autoridades para exigirles la cancelación total y definitiva de la presa, “no para ver cuál es el precio de las tierras”, reiteró Rodolfo Chávez.

Por su parte, Felipe Flores señaló que “queremos dejarle bien claro al gobernador que él no es dueño de Guerrero ni de nuestras tierras, donde ya hubo derramamiento de sangre por su pinche actitud de represión y de querer imponer algo que nunca pedimos ni solicitamos”.

Recordó que 38 organizaciones de empresarios y comerciantes de Acapulco han querido una audiencia con Torreblanca Galindo, pero “no los ha querido atender. Entonces, si no atiende a los empresarios, ¿creen que va a recibir a estos indios huarachudos?”.

Por eso, explicó, están buscando el diálogo con el presidente Vicente Fox, para manifestarle su inconformidad y pedirle la cancelación definitiva de La Parota.

Más adelante, reprocharon la falta de disponibilidad política del gobierno al ignorar el dictamen del Tribunal Latinoamericano del Agua, así como la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Asimismo, se señaló, han ignorado las cuatro anulaciones de las asambleas de Los Huajes, Las Palmas, Dos Arroyos y Cacahuatepec, en las que se cometieron irregularidades.

En ese momento, la diputada Eliana García intervino para aclarar que, aunque es perredista, “no tengo posición de defender al gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, porque no creo que represente a Guerrero. El gobierno estatal, en una decisión poco comprensible para muchos sectores de la población, optó por convertirse en parte del conflicto. Y si no hay intermediación entre gobierno estatal y los ciudadanos, a quienes te debes, ¿cómo lo resuelves?”, preguntó.

Lamentó además que en el poco tiempo que lleva al frente del gobierno estatal, Torreblanca ya salió confrontado con diversos grupos, como los ecologistas de Petatlán, los comuneros de La Parota, con los empresarios por el tema de la inseguridad.

“Y aquí sí se le fue de control el crimen organizado. Creo que el gobierno tiene un problema fuerte y difícilmente va a poder atender el tema del combate al narcotráfico, que cada día esta más dura la situación, si no genera un clima de nexos con la sociedad”.

Antes, en la asamblea, Eliana García se comprometió a llevar a la Cámara de diputados la petición de los opositores a La Parota, para que legisladores de diferentes partidos puedan ser intermediarios y buscar un diálogo con Vicente Fox, para que le puedan explicar porqué quieren la cancelación de La Parota.

En cuanto al balance de las cuatro audiencias de anulación de las asambleas en los ejidos de Los Huajes, La Palma, Dos Arroyos y Cacahuatepec, se informó que la asamblea en La Palma será programada para el 16 de agosto.

 

OAXACA

 

Abandera Marcos lucha de ejidatarios de La Venta. (Noticias de Oaxaca, Diana López, p.web).

Juchitán.- Ejidatarios de la comunidad de La Venta, amenazaron a la Comisión Federal de Electricidad, que si son desalojados de sus terrenos de suelo común, pedirán apoyo de otras organizaciones sociales, como la de la otra campaña que representa el Subcomandante Marcos.

Estos terrenos que fueron entregados a ochenta familias, a hijos de ejidatarios que no cuentan con una vivienda, por lo que los dueños de estos predios  hicieron la donación, para la nueva generación de familias, pueda construir  sus casas.

El integrante del Grupo solidario de La Venta, Alejo Girón, aclaró que la situación en la que viven los ejidatarios, por la amenaza de desalojo de parte de la paraestatal, cada vez se agrava y que se utiliza la fuerza policial, repelaran a las agresiones que puedan presentarse, y unirán sus fuerzas con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para hacer un frente común de lucha.

A su vez, comentó que el Subcomandante Marcos ya tiene conocimiento de los hechos, y que está atento de lo que ocurra en esta agencia que pertenece a Juchitán, agregó que hay más organizaciones nacionales e internacionales que respaldarán la lucha en contra de los que quieran dañar los pueblos del Istmo.

Abundó que en La Venta puede recrudecer el problema por la construcción del proyecto eólico de  la Venta II, porque el Comisariado ejidal Carlos Antonio Ordaz, se encuentra desesperado y quiere despojarnos de nuestros terrenos, porque él ya recibió dinero de la paraestatal y de las empresas constructoras del proyecto.

Señaló que está lucha puede pintarse de sangre, porque la mayoría de los ejidatarios están molestos con el Comisariado ejidal, porque según dicen que Carlos Antonio hace asambleas ficticias y que están certificadas con el apoyo de otras autoridades.

Alejo Girón indicó que no le temen a las amenazas que el gobierno les ha dicho, porque dice que defenderán esos terrenos hasta con su vida, y llegaran hasta las ultimas consecuencias, ya que el gobierno solo quiere el beneficio propio y de las empresas internacionales.

 

PUEBLA

 

Serán inyectados los árboles en el campo experimental para evitar la tala ilegal. (La Jornada de Puebla, Martín Hernández, p.web).

11 días se cumplieron desde que los pobladores de San Juan Tetla bloquearon, dentro de su territorio, los caminos que comunican a sus vecinos de San Agustín Atzompa con San Martín Texmelucan. Hasta ahora han fracasado los intentos de los tres niveles de gobierno por establecer una mesa de negociaciones entre ambas juntas auxiliares de San Lorenzo Chiautzingo, porque las posiciones de las dos no han variado un ápice.

Ayer, en una entrevista que concedió a varios medios de comunicación después de presenciar el encuentro de futbol de la selección nacional, el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, anunció que una comisión de autoridades federales, estatales y comunales acudirá a la zona en conflicto para notificar que se ha determinado que el combate a la plaga del gusano descortizador que azota una parte del campo experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP) ya no se efectuará mediante la tala de árboles estragados, sino a través de la inyección de una medicina a los vegetales para que éstos se mantengan en pie y no haya dudas sobre su derribo.

Las autoridades intentan así acabar con la puja que ya ha cobrado una vida, la de Jobed Cortés Mendoza –hermano del líder opositor a la depredación del campo experimental, Maxwell Cortés Mendoza– y que suscitó un choque violento entre mil ciudadanos de ambas comunidades el pasado 2 de junio, con el saldo de 27 heridos, seis de ellos por arma de fuego, de los que tres todavía se reportan como graves.

El jueves 1 de junio la gente de Tetla cerró los caminos de Atzompa para llamar la atención de las dependencias federales que no habían hecho nada para detener la tala que los de San Agustín están perpetrando en el campo experimental desde que lo invadieron en agosto de 2004.

La versión de San Agustín Atzompa es totalmente distinta: ellos aseguran que sus vecinos les cerraron el paso sin razón y que ellos no sólo no han cortado un árbol sano, sino que se dedican a cuidar el bosque.

De febrero de este año a la fecha los de San Juan han detenido tres camiones cargados con madera procedente del campo experimental. Con esos vehículos han obstruido los accesos a sus vecinos. Algunos de los troncos estaban efectivamente dañados por el gusano descortizador, pero otros no. La gente de Tetla dice que la culpable de esa tala ilegal es la empresaria Elia López Zabaleta, a quien los de San Agustín entregaron 158 hectáreas de la zona forestal que invadieron y está en litigio.

Con la nueva medida para acabar con la plaga lo que se pretende es que no se tale un árbol más. Si esto ocurre, es decir, si se vuelven a ver circular en el área de conflicto camiones con troncos, entonces habrá pruebas fehacientes de la explotación forestal ilícita.

López Zavala manifestó ayer que pese al bloqueo de los caminos, sí hay manera de que la gente de San Agustín pueda entrar y salir de su pueblo.

Indignación en Atzompa

El fin de semana pasado llegó al correo electrónico de esta casa editorial una carta firmada por una persona que dice llamarse Izlia Flores y ser “menor de 20 años”. En el texto la remitente reclama el tratamiento informativo que se ha dado al conflicto, tal como lo han hecho los pobladores de San Agustín. El documento se reproduce íntegro a continuación:

“Realmente estoy muy indignada. La noticia es veraz y objetiva, cierto, y no encuentro lo uno ni lo otro en todas las declaraciones y reportes del conflicto de San Agustín Atzompa y Tetla. No quiero creer que, al igual que Francisco Castillo, ustedes están comprados, pero me es muy obvio lo que está pasando, es muy predecible que a los menos, a los pobres, a los que no tenemos ninguna palanca, ningún recurso para sobornar a la gente, se nos pisotee y nos pasen por encima de nuestros derechos.

“Es necesario entrar en este asunto de lleno si quieren sacar la verdad a la luz; soy habitante de este hermoso pueblo, y saben algo: las personas de aquí soy muy inocentes, no tienen una académica adecuada, y claro, los mañosos se aprovechan de esto. Nosotros hemos recibido gran cantidad de agresiones por parte de los tetlenses, pero nadie le ha dicho a mi gente que tienen derechos y que los deben hacer valer, por eso no se denuncian. Esto no es de ahora, la gente de Tetla siempre se ha sentido superior a nosotros diciéndonos indios y muertos de hambre. Claro que lo somos y estamos con la frente muy en alto, y estas personas de Tetla son muy letradas y adinaneradas; qué quieren de los muertos de hambre, por lo que quieren las tierras de indios (sic). Su ambición es mucha y su dignidad muy poca, vamos, a quién quieren engañar con su disfraz de ecologistas”.

“Por favor, tan sólo lo veamos a Maxwell, repleto de invernaderos de rosa, en su casa un local con químicos, erosionando el suelo con sus flores y dañando la capa de ozono con sus químicos, y eso es un ecologista. Maxwell sólo quiere propiedades, no lo interesa el medio ambiente, pero ya vio que por ese lado puede lograr mucho. él y al grupo que lo acompaña han sido protegidos por Francisco Castillo, quien sabemos por propia voz de los tetlenses, ha recibido fuertes sumas de dinero y los ha asesorado a cambio de votos.

“En sus declaraciones siempre acentúa –la lucha no es por la tierra, es una defensa ecologista– él sabe que no es así. Lo sabe además, Francisco está más que enterado de todos los actos vandálicos que han que han cometido los tetlenses en nuestra contra, pero eso no lo dice, todas las veces que han cerrado nuestros accesos, sí hay más caminos y cómo los vamos a usar siempre hay gente de Tetla en todas partes amenazándonos de muerte y agrediéndonos. Y no es de apenas sus amenazas y arrebatos, son ya de tiempo atrás, mucho antes del 2 de junio; esto no es todo: hay más sobre este asunto, y si existe un trasfondo político, ese es el del PRI. Espero que en este intento más de que la voz de los olvidados, nosotros los de San Agustín, sea escuchada, al fin tenga una respuesta”.

“Me despido sólo diciendo a los medios de comunicación que sólo han trasmitido la versión errónea de los tetlenses, nunca se han acercado a mi gente para escuchar la verdad, quiero pensar que lo han hecho por precaución. Quizá yo no tenga dinero ni un puesto en el gobierno, el poder de manipular las cosas a mi antojo, pero tengo la verdad, tengo la fuerza, la rabia para defender la tierra que me vio nacer a este mi hermoso San Agustín, quienes somos los menos, los olvidados”.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

Amenazan con expropiar sus tierras a ejidatarios que no quisieron vender en El Panalillo. (La Jornada de San Luis, Miguel Ángel Mata, p.web).

Estoy pidiendo 300 pesos por metro cuadrado, reconoce Juventino Arista

Los ejidatarios de El Panalillo que se negaron a vender sus tierras están siendo objeto de amenazas de que los van a despojar, denunció Juventino Arista Hernández, quien agregó que se está haciendo un gran negocio con estas tierras para la construcción de la Ciudad Satélite.

Hijo de Petra Hernández Rodríguez, quien tiene su título de ejidataria, Juventino aseguró que no cederá a las presiones debido a que por su terreno, que es más de una hectárea, le quieren pagar a nueve pesos el metro cuadrado. “Cuando estamos viendo que la gente que compró los terrenos se los está vendiendo al gobierno del estado a 40 pesos el metro cuadrado… imagínese cuanto dinero no están sacando a esto”, completó.

Sostuvo que en más de cuatro ocasiones han acudido a su casa las gentes que les compraron los terrenos, para exigirles que les vendan sus tierras. Aunque no pudo proporcionar el nombre de los compradores, mencionó que “un licenciado pelón” le ha dicho que si no vende de todos modos le van a quitar su propiedad.

Aunque reconoció que es pretencioso, dijo que él quiere que le paguen a 300 pesos el metro cuadrado, porque sabe que cuando se construya ahí la Ciudad Satélite, la plusvalía será más alta. “Y si no me los quieren comprar, que no me los compren, porque yo ahí siembro maíz y frijol, y es de lo que vive mi familia”, agregó.

Juventino Arista Hernández reconoce que ha tenido temor ya que le han dicho sus vecinos que lo van a dejar sin nada debido a que van a expropiar sus tierras el presidente o el gobernador del estado.

También agregó que le han complicado el camino a su parcela porque han cercado los terrenos, y aseguró que estará al pendiente cuando empiecen las construcciones para que no lo vayan a despojar de la propiedad que es de su familia.

En abonos.

Juventino aseguró a este medio que los compradores de sus terrenos se están aprovechando de los ejidatarios que aceptaron realizar la venta de sus terrenos, a los cuáles le corresponden aproximadamente 800 mil pesos a cada uno.

Señaló que los pagos han sido en abonos y que primero les llegó un cheque de 20 mil pesos, luego algunos de 200 mil pesos. Afirmó que en la próxima semana les debe llegar otro cheque de 200 mil pesos.

Sobre la situación que acontece en el ejido, Petra Hernández Rodríguez mencionó que en El Panalillo se están haciendo magnas construcciones y se derribaron casas por completo para volverlas a edificar.

Aseguró que mucha gente no está pensando en los hijos o los que vienen atrás, porque se van a acabar el dinero y después van a surgir más problemas.

 

Empleados de Dintel se hicieron ejidatarios para poder vender la tierra a sus patrones. (La Jornada de San Luis, Miguel Ángel Mata, p.web).

Algunos se arrepienten de haber aceptado hasta nueve pesos por metro, dice Gregorio Hernández

Surgen más simulaciones y acusaciones de evasión fiscal en la compraventa de terrenos en el ejido El Panalillo para la construcción de la Ciudad Satélite. Cuando menos dos empresarios que en 2005 lograron obtener el carácter de ejidatarios de El Panalillo luego de mostrar un gran interés por comprar tierras en ese lugar, son altos funcionarios de la constructora Lintel –también registrada como constructora Dintel–, la empresa de Chihuahua que vendió esos terrenos al gobierno del estado el pasado abril.

En entrevista el presidente del comisariado ejidal de El Panalillo, Gregorio Hernández Herrera, e xplicó que el año pasado llegaron a la comunidad Rogelio Nicanor Castaño Betancourt, José Arturo Crespo Pavón, Adrián Lugo Astiazarán y Carlos Alberto González Barreda, quienes mostraron mucho interés en comprarles sus tierras.

“Lo que sí nos percatamos es que tenían mucho interés en comprar las tierras. Son reconocidos por el terreno que están comprando, pero no son conocidos aquí. Ellos fueron considerados como ejidatarios para comprar las tierras y hacer los trámites”, informó.

En su edición de octubre del 2005, la revista para profesionales de la construcción, Obras Web ( www.obrasweb.com ), propiedad del grupo editorial Expansión, publicó una entrevista con Adrián Lugo Astiazarán, en su calidad de “director general de constructora Lintel”. La publicación no menciona nada sobre su condición de ejidatario en un núcleo agrario pauperizado de San Luis Potosí. Por otra parte, según la página de internet de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Ciudad Juárez ( www.cmic.org/cdjuarez/html/body_directiva_y_socios.html ) el ejidatario de El Panalillo José Crespo Pavón es también representante legal de constructora Lintel. Rogelio Cataño Betancourt, otro de los peculiares ejidatarios aceptados por el núcleo agrario en 2005, es también un prominente empresario chihuahuense.

En un presunto acto de simulación, estas personas vendieron a los dueños de la empresa para la que trabajan las tierras que adquirieron como ejidatarios. De acuerdo a información proporcionada por el comisariado ejidal de El Panalillo, los ejidatarios empresarios pagaron nueve pesos por metro cuadrado a los dueños originales de las tierras. En entrevista, el pasado viernes 9 de junio el gobernador alegó en su defensa que su administración compró las mismas tierras a 13 pesos el metro cuadrado.

En esa entrevista el servidor público dijo que no a pagó el metro cuadrado a 40 pesos, como señala el contrato de compraventa entre constructora Dintel y el gobierno estatal, y se refirió a los empleados de constructora Dintel como “los ejidatarios”. Por una razón desconocida hasta este momento, tres de las esposas de los “ejidatarios” citados, Ruth Urrutia de González, Carmen Chapa de Lugo, Addy Pino de Crespo, también participaron en la transacción. Las mujeres aparecen a un lado de sus esposos como vendedoras a Dintel. Son mencionadas en la parte del contrato de compraventa entre Dintel y el gobierno del estado en el que se menciona la transacción que antecedió al contrato realizado entre la empresa de Chihuahua y la administración marcelista.

Evasión fiscal.

En entrevista, el diputado perredista Eduardo Martínez Benavente identificó en este proceso por lo menos una defraudación fiscal por más de tres millones de pesos al ayuntamiento.

De acuerdo a esta información, en el momento de reportar el traslado de dominio al ayuntamiento de la capital, la compañía alegó que como la administración estatal había sido la beneficiada con la operación y la receptora final de los terrenos, la Ley de Hacienda le permitía evitar el pago al ayuntamiento del Impuesto Sobre Traslado de Dominio que aplica un tributo del 1.66 por ciento del monto total de una venta.

Agregó que e n el caso de El Panalillo fueron dos las transacciones hechas, una en la que Dintel pagó a sus empleados, los “ejidatarios”, 76 millones de pesos y por la que debería destinar a la alcaldía un millón 278 mil 166 pesos. La otra fue la venta que hizo al gobierno del estado, la de 140 millones, por la que debió haber pagado dos millones 324 mil pesos. En total, la alcaldía potosina dejó de recibir 3.6 millones de pesos. Cantidad que en opinión del diputado, esa área del ayuntamiento no junta ni en un año.

Consideró una simulación el hecho de que los empleados de Dintel se hicieron ejidatarios de El Panalillo para venderles predios a los dueños de la empresa para la cual trabajan y que eso es motivo de nulidad absoluta del contrato.

Ya es pasado.

Aunque asegura que muchos ejidatarios se arrepienten de haber vendido sus tierras hasta en nueve pesos el metro cuadrado, el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Hernández Herrera, manifestó que todo ya es pasado y agregó que ya no se puede hacer nada. “Ese asunto se terminó desde el año pasado”. De la empresa Dintel dijo que no sabían nada y explicó que a los más de 100 ejidatarios a los que les pagan su dinero en partes, les tocaron como 800 mil pesos a cada uno.

“Unos están arrepentidos, pero ya no tiene caso, al momento que se hicieron las ventas todos carecían de recursos y se benefició mucho gente… Ya se vendió, ya qué, eso ya se terminó”, finalizó.

 

Anuncia Marcelo que comprarán a Dintel más tierras de El Panalillo. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).

Sábado 10 de Junio, 06.

El mandatario informó que los chihuahuenses regresaron la diferencia del precio.

Sin aclarar por qué su gobierno rechazó comprar a ejidatarios terrenos que después compró a la empresa Dintel de Chihuahua, en un precio más alto, el gobernador Marcelo de los Santos Fraga informó que volverán a comprar a Dintel terrenos de El Panalillo para la segunda etapa de la Ciudad Satélite. Tampoco respondió por qué excluyó a este medio de la reunión con directivos de medios de comunicación celebrada la mañana del jueves en la casa de gobernadores, en la cual abordó temas de interés público.

A De los Santos Fraga se le preguntó sobre la razón por la cual no ejercieron el derecho que tenían a comprar las tierras directamente a los ejidatarios cuando las tierras les fueron ofrecidas en noviembre del 2005.

No respondió. Confirmó que no compraron a los ejidatarios y que quien compró fue Dintel “a un promedio de 13 pesos el metro cuadrado”. Dijo que al final de cuentas las tierras le fueron transferidas al gobierno del estado al mismo precio al que compró Dintel a los ejidatarios.

Dijo que a través de una donación Dintel regresó al gobierno del estado la diferencia que hay entre los 140 millones de pesos en los que se firmó el contrato de compraventa –basado en el avalúo de las tierras– de las 350 hectáreas y los 46 millones de pesos que realmente pagó el estado por los terrenos.

Informó que repetirán la operación con los empresarios chihuahuenses propietarios todavía de 650 hectáreas en El Panalillo.

“Vamos a la segunda etapa para poder perfeccionar la operación y también nos van a transmitir al precio en que compró Dintel a los ejidatarios de El Panalillo”, dijo.

Recordó que Dintel hizo la operación en El Panalillo y que nada más requirieron 300 hectáreas para desarrollar una zona industrial y que el resto de lo que compró se los están pasando al gobierno al costo.

No respondió si Dintel obtuvo beneficios fiscales a cambio de la donación de dinero mencionada por el gobernador. Dijo que ya todo estaba dicho.

De los Santos Fraga no explicó por qué excluyó a este medio de la reunión que sostuvo con directivos de medios locales en donde informó sobre el proyecto de la Ciudad Satélite.

–¿Por qué no invitó a La Jornada San Luis al evento de ayer –jueves– en la mañana?

–Yo invito a los medios de comunicación con quienes acordé tener una reunión y no tengo ningún inconveniente también en invitarla, no te preocupes.

 

Salazar Muñoz se deslinda del rechazo a las tierras de ejidatarios de El Panalillo. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).

Domingo 11 de Junio, 06.

Eso lo pueden ver con Javier Ávila, dijo el subsecretario jurídico.

El subsecretario jurídico del gobierno del estado, Juan Antonio Salazar Muñoz, se deslindó del rechazo de la actual administración estatal a comprar terrenos en El Panalillo y que después compró a la empresa de Chihuahua, Dintel. Dijo que esa fue una decisión del director general de asuntos jurídicos del gobierno estatal, Javier Ávila Calvillo, y reconoció que dicha área depende de la subsecretaría que dirige.

El pasado viernes La Jornada San Luis dio a conocer el oficio número 2628/2005 en el que la Secretaría General de Gobierno indica que no tiene interés en comprar las tierras en cuestión. El documento está firmado por el director de asuntos jurídicos, Javier Avila Calvillo, y tiene copia para el subsecretario de asuntos jurídicos y el secretario general de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca.

El gobierno estatal recibió el ofrecimiento de las tierras como un requisito conocido como derecho de tanto que obliga a las personas que van a enajenar bienes que tienen un origen ejidal a ofrecerlas primero a las autoridades.

Unos meses después la administración estatal adquirió las mismas tierras que había rechazado, a una empresa fundada en Chihuahua por Federico Barrio Terrazas, hermano del panista Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua y ex funcionario del gabinete de Vicente Fox.

Interrogado en cuanto a la razón por la cual el gobierno estatal no adquirió los predios cuando le fueron ofrecidos, el subsecretario de asuntos jurídicos señaló que “eso lo puede ver con Javier Ávila”.

Argumentó que las copias que le remitieron sobre el asunto son de conocimiento y que la decisión de rechazar la compra de las tierras no fue su competencia.

Reconoció que la dirección a cargo de Javier Avila depende de la subsecretaría, pero señaló que dicha “dirección general lleva los asuntos de los expedientes en forma específica”.

Dijo que esos son asuntos que por reglamento atiende directamente la dirección general de asuntos jurídicos.

–¿Tiene alguna explicación de por qué no se adquirieron los predios en ese momento?

–No.

–¿No debieron adquirirse si de cualquier forma los iban a comprar?

–No se, chéquelo con Javier, finalizó.

 

 

 

 

 

Cartones

 

 

Hildebrando y asociados · Helguera

 

Reacción panista · Hernández

 

 

Cuñado incómodo Naranjo

 

 

Tres-uno Efrén