CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
20 DE JULIO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Apoyan
sindicatos recuento de votos
Pide UNT transparentar el proceso electoral.
Deciden no hablar con ningún candidato
hasta que se declare Presidente electo.
Cárdenas
Batel: no soy traidor ni dejo al PRD
Llama a debatir fallas del partido
en comicios.
Fisco
y mejor crecimiento, los retos
Los titulares de Hacienda y Banxico sugieren acciones al próximo gobierno.
No basta
la estabilidad económica: Banxico
La lucha contra la pobreza requiere
impulso permanente a la inversión.
Tasajean
obras artísticas de apoyo al voto
por voto
Intelectuales: riesgos de más ''actos
fascistas y autoritarios''.
Poniatowska toma Banamex
Equipo de López Obrador declara rotos
los puentes con el gobierno y con
el PAN.
Defendamos
la elección: Felipe al PAN
Instruye a legisladores electos y líderes
estatales a difundir por el país la
“verdad” de los comicios y las “mentiras”
del PRD.
Woldenberg: imposible que haya fraude electoral
El Trife
tiene la última palabra y deben acatarla
todas las fuerzas políticas, expresa
a Crónica.
Fox: entregaré el poder en paz
Confía en que se respetarán los votos
del 2 de julio y que todo "va
a salir bien".
PRD y
PAN solapan a agresores
El GDF y las autoridades federales
tienen los medios para ubicar a quienes
increparon a Calderón, pero lo ocultan.
Sector agrario
Roba comando $1.5 millones del Procede en Michoacán. (La Jornada, p.web./Información también publicada en El Sol de Morelia,
p. 1).
Morelia, Mich. Cuatro hombres armados
con rifles AR-15 y AK-47 asaltaron
una patrulla de la policía municipal
de Susupuato,
donde se trasladaban un millón 500
mil pesos del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales Comunales (Procede)
que se repartirían entre agricultores
de la región, informó la Dirección
de Seguridad Pública estatal. El atraco
se perpetró en la carretera Benito
Juárez-Tuzantla, cerca de la comunidad de Arícuaro.
En el ejido La Pila, dispuestos
a vender sus tierras, afirma el presidente
del comisariado. (La Jornada de San Luis,
Montserrat Balcorta,
p.web)
Sin embargo, no hubo quórum en asamblea para promover el Procede.
El presidente del comisariado ejidal
de La Pila, Leoncio Zárate López,
manifestó que se están efectuando
reuniones para introducir al ejido
el Programa de Certificación de
Derechos Ejidales (Procede). Sin
embargo, la mayoría de los ejidatarios
no asistieron.
En entrevista, Zárate López dijo que en la delegación han llevado
a cabo asambleas junto con autoridades
agrarias. ‘‘Son reuniones estipuladas
por la ley, porque se dan opciones
adecuadas con la normatividad'', indicó.
Luego de la asamblea que iniciaría a las ocho de la mañana
y en la que no hubo quórum, Zárate
López indicó que con el Procede los
ejidatarios pueden adquirir oficialmente
terrenos. ‘‘Si hay gente externa que
pueda venir y quieran adquirir una
parcela, que se acerquen al ejido'',
señaló.
Dijo que conoce casos como el de El Panalillo y Laguna de San
Vicente, donde ejidatarios han malbaratado
sus tierras vendiéndolas a empresarios,
pero no descartó la posibilidad de
que especuladores de la tierra paguen
lo que vale la superficie.
Indicó que los mayores deben heredar sus predios a sus hijos.
‘‘Debe ser una herencia sana, sin
ninguna complicación, para que luego
las personas ajenas a la comunidad
no se vayan a querer sobresaltar y
quieran aprovecharse de los ejidatarios
para malbaratar
sus tierras”, señaló.
Por otro lado, luego que el pasado domingo y después de 25
años, la comunidad de San Juan de
Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca
y San Miguelito renovara el comité
directivo, enfatizó que aunque serán
respetuosos en las decisiones de la
comunidad, no descartan un acercamiento
para buscar estrategias en torno a
la defensa del campo.
Por último, aseguró que en La Pila ‘‘no tenemos inconveniente
en vender tierras, siempre y cuando
las personas sean justas. Tenemos
que ver cuáles son las ventajas y
desventajas que podríamos tener nosotros
al venderlas. Si hay proyectos para
industrias y el beneficio es para
toda el ejido, no nos vamos a oponer
a un desarrollo aunque sí vamos a
proponer que seamos beneficiados con
esos proyectos'', finalizó.
Propuestas encontradas entre Tamazulapan
y Ayutla. (Noticias de Oaxaca, Gabino
Sánchez, p.web).
Ixtlan de Juárez.
Con relación a la suspensión del diálogo en el último tramo
para llegar a un acuerdo entre los
habitantes de Tamazulapan
del Espíritu Santo y San Pedro y San
Pedro y Pablo Ayutla,
ambos del distrito de Zacatepec,
Mixe, "se
reanudará muy pronto, pero lo importante
es que haya voluntad en ambas partes
para
ir avanzando, de lo contrario
no habrá éxito en los trabajos",
sostuvo el residente agrario Antonio
Martínez Zárate. Entrevistado
en sus oficinas de Ixtlán de Juárez,
Martínez Zárate señaló que el recorrido
del 29 de mayo del presente año "se
suspendió
por seguridad, porque no hubo
acuerdos entre las partes para llevar
a cabo el recorrido". Agregó
que tanto autoridades como habitantes
de Tamazulapan,
al igual que Ayutla,
la comisión interinstitucional, que
la conforma la Junta de Conciliación
Agraria del Estado, Delegación de
Gobierno y la residencia de la
Procuraduría Agraria de Ixtlán, "nos reunimos el 29 de mayo en los límites
de las dos comunidades, las cuales
se localizan en la parte alta de Ayutla, pero el diálogo fue suspendido debido que no hubo
entendimiento para hacer el caminamiento,
sin embargo, antes que termine el
mes de julio debe
convocarse a los habitantes
y autoridades para de nueva cuenta
establecer las bases que
permitan hacer un caminamiento
en la línea de colindancia entre Tamazulapan y Ayutla", precisó
el funcionario.
Reconoció que en gran parte de Tamazulapan
y Ayutla
se lograron acuerdos importantes,
el año 2005; habiendo quedado pendiente
la colocación de mojoneras. "Para
Tamazulapan está correcto el trabajo realizado; sin embargo,
para los de Ayutla no están de acuerdo porque dicen que sus autoridades
no lo autorizaron; situación por la
que solicitan nuevos trabajos técnicos,
señalando una línea económica en el
campo". Con todo esto, afirmó
el funcionario, hay una postura encontrada,
porque Tamazulapan
pide el reconocimiento de los trabajos
ya realizados y Ayutla
pide nuevos trabajos. Nosotros como
comisión interinstitucional estamos
mediando, queremos buscar la mejor
alternativa que deje contentas a las
comunidades. Vamos a señalar fecha
y hora para que se lleve a cabo otra
reunión en comunidad diferente para
que sea un lugar neutral, en donde
Tamazulapan y Ayutla puedan dialogar
abierta y libremente".
Lo que influyó también fue el movimiento magisterial y sigue
influyendo, porque como no hay solución
todavía, no podemos hacer nada; lo
anterior porque hay autoridades que
forman parte del magisterio y es por
ello que estamos presionados a no
actuar con prontitud. "Como comisión
hemos sugerido alternativas de solución,
por ahí la CDI está también involucrada, porque como institución de gobierno
nos interesa velar porque estas diferencias
de Tamazulapan
y Ayutla,
se resuelvan de la mejor manera posible",
agregó el entrevistado. "Hasta
ahorita,
como todos sabemos, la conciliación
es a través de las voluntades de ambas
partes, nosotros las instituciones,
aunque tengamos la mejor propuesta,
la mejor intención de asesorar, nada
podremos hacer, si entre las autoridades
no existe el mínimo interés por entenderse
y arreglar sus problemas. Nosotros
no los podemos obligar a que entiendan,
son ellos quienes tienen que analizar
que resolviendo los problemas, habrán
hecho una buena herencia a sus hijos.
Son los hijos quienes sufren cuando
los grandes no son capaces de resolver
sus diferencias", reflexionó Martínez Zárate.
Respecto a la ubicación del manantial,
hasta el momento no se ha abierto
ninguna línea para ver en terrenos
de quién queda, por lo que de momento
este asunto no está sujeto a discusión.
Primero será resolver lo agrario.
"Aunque las pretensiones de cada
comunidad es reclamar como suyo el
manantial, pero está claro que el
manantial es un tema que se procuró
no abordarlo y así las comunidades
lo aceptaron, porque una cosa es el
usufructo del manantial y otra cosa
es lo del problema agrario",
recalcó. Finalmente el residente
de la Procuraduría Agraria, con sede
en Ixtlán de Juárez, invitó a
las autoridades de Tamazulapan y Ayutla, así como a
sus habitantes,
que tengan confianza en los
trabajos que hace la Procuraduría
Agraria; es totalmente imparcial.
Somos conciliadores y mediadores,
nos interesa que entre las comunidades
haya armonía y respeto, sin olvidar
que la voluntad de ambas es lo mas
primordial, es lo más indispensable para poder llegar a una solución
como el ejemplo que tenemos de
las autoridades y habitantes
de las tres comunidades, porque cinco
pueblos son los que conforman la mancomunidad,
mixe".
Temen desalojo en Selva Lacandona. (Cuarto Poder, Carlos Herrera, p.web.
/Información también publicada en
El Sol de México, p. 2B).
Las Casas.
Señala el CDHFBC a Ojo de Agua,
El Progreso, Flor de Cacao, San Jacinto
Lacanjá
y Viejo Velasco.
El Centro de Derechos
Humanos "Fray
Bartolomé de Las Casas", denunció
que poblados de la Selva Lacandona
temen ser desalojados por la policía
chiapaneca.
En un comunicado,
el Centro menciona que ha recibido
información de cuatro comunidades
y dos organizaciones sociales que
han denunciado amenazas de desalojo,
reubicación forzada a través de presión
y engaños de Arturo Márquez, representante
especial de la Reforma Agraria en
Chiapas y Gabriel Montoya Oseguera,
delegado de Gobierno de Benemérito
de Las Américas,
y de comuneros de Frontera Corozal
y Nueva Palestina.
Según los pobladores
amenazados con ser desalojados, el
14 de julio se instaló un destacamento
de Seguridad Pública, cerca de la
comunidad de Ojo de Agua, El Progreso,
con la amenaza de desalojar a las
familias de esa comunidad de manera
violenta, además de las comunidades
de San Jacinto Lacanjá,
Flor de Cacao y Viejo Velasco, del
municipio de Ocosingo y miembros de
las organizaciones UCISECh
y ARIC Independiente.
Explican que la solución
óptima será mediante el finiquito
agrario, que ya se llevó a cabo, pero
"resulta que no estamos contemplados
en esas compras de tierras; también
se nos dijo en la mesa de diálogo
que habría deslinde definitivo, pero
nosotros no sabemos realmente cómo
va el proceso, por eso queremos saber
qué comunidades están incluidas en
ese finiquito y que se nos explique
por qué el gobierno no quiere legalizar
a las 4 comunidades, estamos muy claros
que no queremos reubicación, ni dinero,
ni otra forma, más que la certeza
jurídica y mantener la posesión de
la tierra cueste lo que cueste".
Le exigen al gobierno
estatal y federal controle y ponga
un alto definitivo a los sub-comuneros de Frontera Corozal y Nueva Palestina; "nosotros
ya aguantamos 30 años de acoso, tres
desalojos, una reubicación, múltiples
amenazas, encarcelamiento y muertes".
Pasará parque ecológico Omiltemi
a control estatal. (Novedades de Acapulco,
Antonio Jiménez, p.web)
Chilpancingo, Gro., 18 de julio.-
Sólo faltan unas firmas de funcionarios
federales para que las casi cuatro
mil hectáreas del parque ecológico
Omiltemi
pasen a control estatal, afirmó el
secretario del Medio Ambiente, Daniel
Elías Monroy Ojeda. Sin embargo, el expediente del caso Omiltemi de la Secretaría
de la Reforma Agraria, establece
que el gobierno federal sólo transferirá
temporalmente las tierras al control
estatal, hasta que demuestre que puede
cumplir con los ordenamientos de conservación
ambiental.
Desde la administración de René Juárez Cisneros, el gobierno
estatal inició las gestiones para
que los predios que integran el parque
ecológico que se ubica a 30 kilómetros
al poniente de Chilpancingo, pasara
a su control.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso
local, Humberto Calvo Memije,
afirmó que mientras se resuelve la
controversia sobre qué nivel de gobierno
controlará el parque Omiltemi,
ningún particular debe proclamarse
propietario ni usufructuar con la
riqueza natural de esa zona.
Sobre las protestas de ejidatarios de Xocomanatlán,
quienes se ostentan como propietarios
de casi cuatro mil hectáreas, el legislador
local estableció que es más importante
satisfacer la necesidad de miles de
capitalinos de agua potable, que la
ambición personal de quienes están
invadiendo terrenos.
Denuncia Lobato tala inmoderada en SCLC. (Hoy Chiapas, p.web)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Julio de 2006. (Chiapas
hoy).- Habrá una reunión de trabajo
este viernes con habitantes de comunidades
aledañas a la reserva y autoridades
ambientales para seguir con el proceso.
El responsable del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de
San Cristóbal de Las Casas, Javier
Antonio Rodríguez, ratificó que este
martes, el presidente municipal Sergio
Lobato García interpuso la denuncia
ciudadana correspondiente ante la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente y demás instancias competentes
por la tala ilegal que realizan presuntamente
habitantes de la Ranchería Ocotal,
Segunda Sección, del Huitepec
en la reserva ecológica “Huitepec”.
“Procedimos a hacer el día de ayer la denuncia ante la PROFEPA
y eso obedece a la preocupación que
tiene el actual ayuntamiento en restablecer
el orden en esta área aunado al interés
de la gente de las comunidades aledañas
a la reserva para que la reserva ecológica
“Huitepec”sea respetada”, mencionó.
“Los términos de la denuncia que realizó el munícipe el día
de ayer fue enfocada a la deforestación
que está sufriendo esta parte del
municipio de San Cristóbal y que deben
pagar como la Ley Penal marca el o
los autores de esta tragedia que se
está viviendo en uno de los pulmones
más importantes de la ciudad”, señaló.
Indicó que hasta este momento se tienen presuntos inculpados,
pero por el proceso de investigación
que se está realizando, se omiten
los nombres; sin embargo, de confirmar
a las personas señaladas, será la
PROFEPA la que denuncie ante la Fiscalía
y se proceda penalmente.
“Supongo que el actuar de los invasores de la reserva ecológica
es a raíz de una reunión sostenida
en días pasados con la Reforma
Agraria en Oventic
y que de alguna manera les dieron
la esperanza de que esto fuera de
ellos”, precisó.
Delegado del RAN no tendrá tratos con trabajadores. (Noticias de Oaxaca, Pascual
Salanueva,
p.web)
Luego de un paro que se prolongó durante 21 días, los aproximadamente
40 trabajadores sindicalizados del
Registro Agrario Nacional, regresaron
al trabajo, no sin antes haber logrado
que en lo sucesivo y hasta que termine
la actual administración del gobierno
federal, no tendrán ningún trato con
el delegado del RAN en Oaxaca,
Mauricio Gijón Cernas.
Y si bien para el RAN de México, Gijón Cernas, seguirá
siendo delegado, los trabajadores
de este registro sçolo acatarán órdenes del subdelegado técnico de esa dependencia,
Sixto Cortés Escobar y del director
de Recursos Financieros a nivel nacional,
Alfredo Uruchurtu
Suárez.
Durante la entrevista con el secretario general del Sindicato
de Trabajadores de la Secretaría de
la Reforma Agraria, de Oaxaca, Arturo
Santaella
Rivas, se le preguntó sin con dicha
medida había quedado satisfecha la
base trabajadora del RAN y a lo que
respondió:
-No, definitivamente, no. La base lo que quería es, bueno,
si tanto lo quieren las oficinas centrales
de México, que se lo lleven, que lo
remuevan, no precisamente que lo destituyan,
pero si que lo remuevan, que lo cambien
de lugar, puede estar Chiapas, puede
estar Veracruz, puede estar Guerrero,
puede estar cualquier estado de la
República.
"Si para ellos es un elemento muy necesario e indispensable,
debería estar en otro lugar o debería
estar como director de área en la
ciudad de México... Dice la autoridad
que ocupó el segundo lugar a nivel
nacional en cuanto a resultados y
los programas que se trabajan en el
RAN, que por eso lo siguen dejando.
"Nada más que, hacíamos nosotros la aclaración, en el
sentido de que si bien es cierto que
ese segundo lugar no es resultado
de una actividad individual sino que
es el resultado de una actividad común,
y se hizo gracias a la experiencia
de los trabajadores de base, cualquier
tipo de integración de expediente,
trámite, gestión, se hace a través
de los trabajadores existentes de
la delegación del RAN. Esto era mérito
de todos, no nada más de una sola
persona".
En total fueron 21 puntos los que negoció el sindicato de la
SRA con el RAN de la ciudad de México.
Pero si bien lograron algunas mejoras,
algunos de esos puntos prácticamente
no se tocaron, como el relativo al
cambio del delegado a otra parte del
país; el que les dieran a las trabajadoras
tres uniformes y que les concedan
la rebonificación de las zona dos
a la zona tres. Esto es, algo semejante
a la petición que desde hace 26 años
vienen haciendo los maestros al gobierno
estatal.
Sobre esto último punto, abundó:
-Aquí nada más en la ciudad se sienten las diferencias, si
usted vive en la parte baja de la
ciudad de Oaxaca, hablemos de Niños
Héroes de Chapultepec
para acá, aquí todo es barato. Nos
vamos al otro lado de Niños Héroes,
ahí todo es caro. La zona de arriba
es muy cara. Me tocó vivirlo con el
movimiento que tuvimos en el RAN.
De aquí pa´bajo, 25 o 30 pesos, por cada desayuno. Allá arriba pagábamos
50, 60, 70 pesos.
"Entonces, se cumplen algunos de los puntos como el que
se instaure un programa de horas extras
de tiempo extraordinario para toda
la base trabajadora de la delegación
del RAN.
También que se hagan comisiones o que se distribuyan comisiones
a todo el personal también de la delegación
del RAN, con el objetivo de que se
le adelante siempre combustible y
viáticos y se le dé un vehículo en
buenas condiciones al trabajador que
va a salir de comisión.
"Esto es con la finalidad de que no los manden como los
han venido mandando: los mandaban
sin vehículo, sin combustible, sin
viáticos y cuando regresaban no les
pagaban si no hasta después del mes.
Entonces, lo que queremos es evitar
esa situación".
Tribunal Agrario con un alto índice de rezago. (Hoy Tamaulipas, Víctor Molina, p.web)
Miércoles 19 de Julio
06.
Existen expedientes que tienen más de dos años en espera de
solución.
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un gran rezago de expedientes
persiste dentro del Tribunal Unitario
Agrario, pues dicha dependencia
federal ha mostrado incapacidad en
resolverlos, toda vez que existen
documentos instaurados desde hace
dos años de los cuales esta en espera
se dicte sentencia.
De acuerdo a lo informado por representantes de organizaciones
campesinas como de la CNC, CCI, CCC
y Emiliano Zapata, se quejan de la
entidad que persiste hacia el interior
del TUA.
Esteban Ruiz Lozoya, dirigente de
la OEZ, menciona que por la falta
de gente se les ha acumulado muchos
oficios, sin que su magistrado Rafael
Rodríguez Lujano
haya podido dar solución a los mismos.
Pues a un año y medio de haber asumido el cargo de magistrado
del Tribunal no ha logrado sacar nada
adelante e inclusive los litigantes
para obtener copias certificadas tardan
hasta un mes o cuarenta días cuando
anterior este servicio se efectuaba
en una semana.
Por ejemplo la CNC como prueba de ese burocratismo y rezago
de expedientes da como ejemplo el
poblado Bustamante del mismo
municipio que lleva el nombre, dónde
el campesino Andrés Rodríguez espera
una sentencia desde 2004 sobre una
controversia parcelaria y es fecha
que todavía sigue estancada.
E incluso se hablço con el magistrado
dos meses después de su llegada al
TUA y se comprometió que en la brevedad
posible se emitiría la resolución
y es fecha que todavía no hay nada
y han transcurrido un año cuatro meses.
Actualmente solo tiene dos secretarios para sentencias, quienes también
llevan el estudio y actuario solo
se tiene uno, la falta de personal
hace que se cargue mucho trabajo.
Lo exhiben. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web)
Marbella Casanova Calam llevó hasta
el Congreso de la Unión la cobarde
represión contra ejidatarios de Oxcum, Hunucmá y Caucel.
La diputada federal calificó al gobierno de Patrón Laviada como "un régimen con claras tendencias al cacicazgo,
al autoritarismo, a la explotación
campesina y a la represión violenta
de quien ose oponérsele"
Subrayó que a través de prestanombres el Gobierno del Estado
ha adquirido bajo procedimientos oscuros
extensas superficies de tierras para
la realización de proyectos de muy
dudoso beneficio a la población.
La diputada federal del PRD, Marbella Casanova Calam, denunció ante la Comisión Permanente del Congreso de
la Unión la cobarde represión y posterior
encarcelamiento de 37 campesinos y
sus dirigentes por órdenes de Patricio
Patrón Laviada/
Propone punto de acuerdo para exigir
al mandatario yucateco el respeto
a las garantías individuales de los
ejidatarios.
El Grupo Parlamentario del PRD, a través de su coordinadora
del Área de Equidad Social, Marbella
Casanova Calam,
denunció ayer ante la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión la represión
y encarcelamiento de 37 campesinos
y sus dirigentes ordenado por el gobernador
Patricio Patrón Laviada
y, asimismo, propuso un punto de acuerdo
para exigir al mandatario yucateco
el respeto a las garantías individuales
de los ejidatarios.
En su exposición, la diputada federal calificó al gobierno
de Patrón Laviada
como "un régimen con claras tendencias
al cacicazgo, al autoritarismo, a
la explotación campesina y a la represión
violenta de quien ose oponerse a la
autoridad del gobernador".
Detalló la manera cobarde y artera como fueron detenidos y
encarcelados los campesinos el pasado
jueves 13, entre ellos una mujer y
un menor de edad, cuando realizaban
una manifestación pacífica en la comisaría
de Caucel por la invasión de 350 hectáreas
que realiza el propio gobierno a través
de la Cousey.
También expuso que la acción es una clara venganza contra el
abogado defensor de los campesinos
de Oxcum
y de Hunucmá (y ahora de los de Caucel), William Santos Sáenz,
por haber impedido mediante denuncias
ante el Tribunal Agrario, que Patrón Laviada consumara
el despojo de más de tres mil hectáreas
en las dos comisarías mencionadas
para ejecutar su caprichoso proyecto
aeroportuario.
Enseguida, hizo la petición para que el Congreso de la Unión
solicite al Gobierno del Estado de
Yucatán, las acciones conducentes
para que de acuerdo a los principios
de legalidad, transparencia y equidad,
se apegue a irrestricto derecho en
el proceso de expropiación de tierras
ejidales en la población de Caucel,
y asimismo, para que a través de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, se garantice el debido proceso
y se salvaguarden los derechos constitucionales
y las garantías individuales de los
ejidatarios y de sus representantes
legales, que fueron detenidos ilegalmente
en esa misma población.
La legisladora manifestó su preocupación por los pobladores
que fueron detenidos y que lograron
su libertad con pagos de fianza que
no corresponden a los supuestos delitos
que se les imputan (Las cauciones
fueron de mil, cinco mil y 20 mil
pesos).
Rechazó que el uso de la fuerza pública y de argucias jurídicas
sea la solución para este conflicto
agrario y señaló que no son desconocidos
"los hechos de corrupción, de
impunidad y de nepotismo con los que
el gobernador suele tratar las necesidades
de la gente".
Subrayó que a través de prestanombres el Gobierno del Estado
ha adquirido bajo procedimientos oscuros
extensas superficies de tierras para
la realización de proyectos que hasta
el momento no se conocen los beneficios
potenciales para la población.
Denunció que el licenciado William Santos, representante legal
de los ejidatarios de Caucel, ha sido
objeto de amenazas y de presiones
por personal adscrito a la Comandancia
de Delitos Patrimoniales, debido a
que con su asesoría, se han interpuesto
varias denuncias ante el Tribunal
Agrario que han ocasionado que el
gobierno estatal no pueda disponer
de las tierras en las comisarías de
Oxcum y
Hunucmá
para la construcción del polémico
aeropuerto en el proyecto "Metropolisur", además de que ha denunciado penalmente
a Antonino Almazán Arteaga, especulador
protegido y favorito del gobernador
en la compra ilegal de las más de
tres mil hectáreas en ese sector.
También recordó la denuncia que ha presentado contra la actuación
ilegal de Carlos Gamboa, presidente
del Consejo de Notarios, quien se
prestó a avalar las ilegales y simuladas
asambleas en las que Patricio Patrón
despojó de su patrimonio a los campesinos".
En cuanto a la propuesta del punto de acuerdo, el documento
señala:
"La que suscribe, Marbella Casanova Calam,
del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, integrante
de la LIX Legislatura de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos
78, fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 58, 59 y 60 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto ante esta Comisión Permanente
la siguiente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución,
al tenor de las siguientes:
Consideraciones.
El pasado 11 de julio del año en curso, alrededor de 150 ejidatarios
del Municipio de Caucel, Yucatán,
en pleno ejercicio de las garantías
y derechos que nuestra Constitución
Política ampara, realizaron a lo largo
de la calle 20 de esta población,
una marcha pacífica y ordenada como
forma de expresar su inconformidad
por el intento de expropiación ilegal
de 500 hectáreas ejidales, en las
que habitan más de 50 familias campesinas,
y las cuales han sido objeto de todo
tipo de presiones, chantajes, amenazas
y represiones por parte del Gobierno
del Estado de Yucatán a través de
la Comisión Ordenadora del Uso del
Suelo en el Estado (COUSEY), a fin
de que a cambio de cantidades irrisorias,
abandonen el patrimonio que como medio
de trabajo les permite subsistir.
Al finalizar el recorrido de la marcha
que no duró más de una hora, los vecinos
participantes regresaban a sus actividades
cotidianas cuando apareció un convoy
de 30 vehículos de la Secretaría de
Protección y Vialidad del Estado (SPV),
con número económicos 1535, 1536,
1807, 1777, entre otros, que a toda
velocidad arribaron con 200 agentes
de un grupo especial.
Confundidos y sorprendidos, los ejidatarios fueron presa fácil
de la acción policiaca.
Con pleno uso de violencia, las detenciones
se realizaron sobre la calle 20 sin
comisión de delito alguno. El operativo
que duró menos de media hora, estaba
plenamente organizado ya que los policías
enseguida ubicaron a los líderes y/o
representantes, quienes fueron los
primeros en ser aprehendidos: los
señores Eleazar Elmer
Canul, Luis
Jorge Avila,
el Comisario Ejidal de Hunucmá Marcelino Mex Cauich y el Lic. William de Jesús Santos Sáenz, reconocidos
defensores de los derechos humanos
y laborales de las comunidades ejidales.
Entre la mayoría de los detenidos, se encontraban ejidatarios
de más de 60 años, una mujer y un
niño de 12 años, que hacían un total
de 38 personas encarceladas injustamente
y a las que una vez presas, se violaron
nuevamente sus garantías individuales
al negarles por más de 21 horas el
derecho a un abogado, al hacer saber
de su detención, y a tener la visita
de algún familiar. además,
algunos fueron obligados a firmar
su declaración previamente elaborada,
como condición para dejarlos en libertad.
El asunto no es menor, ni se limita a la simple competencia
entre partidos políticos que en ámbitos
electorales se puede dar. Nos encontramos
frente a un régimen de gobierno estatal
con claras tendencias al cacicazgo,
al autoritarismo, a la explotación
campesina y a la represión violenta
de quien ose oponerse a la autoridad
del gobernador. Para nadie que esté
por lo menos un poco informado de
lo que sucede en Yucatán desde que
Patricio Patrón Laviada
asumió el poder, están ocultos los
hechos de corrupción, de impunidad
y de nepotismo con los que el gobernador
suele tratar las necesidades de la
gente.
Tampoco es ignorado que el Licenciado William Santos, representante
legal de los ejidatarios de Caucel
y ahora detenido, es un perseguido
político del gobernador, debido a
que con su asesoría, se han interpuesto
varias denuncias ante el Tribunal
Agrario que han ocasionado que el
gobierno estatal no pueda disponer
de las tierras en las comisaría de
Oxcum y Hunucmá para la construcción
del polémico aeropuerto en el proyecto
"Metropolisur".
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración
de esta honorable Comisión Permanente,
como de urgente y obvia resolución,
el siguiente:
Punto de acuerdo.
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
solicita al Gobierno del Estado de
Yucatán, las acciones conducentes
para que de acuerdo a los principios
de legalidad, transparencia y equidad,
se apegue a irrestricto derecho en
el proceso de expropiación de tierras
ejidales en la población de Caucel,
Yucatán.
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
solicita al Gobierno del Estado de
Yucatán, para que a través de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, se
garantice el debido proceso y se salvaguarden
los derechos constitucionales y las
garantías individuales de los ejidatarios
y de sus representantes legales, que
fueron detenidos en la población de
Caucel, Yucatán, el pasado 11 de julio
del año en curso".
Otro revés a la MSX: suspende tribunal autorización
ambiental de la Semarnat. (La Jornada de San Luis, Jaime Hernández, p.web)
Tendrá que detener los trabajos que realiza en Cerro de San
Pedro.
El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito concedió al
núcleo agrario
de Cerro de San Pedro la suspensión
de la más reciente autorización ambiental
que la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat)
entregó a la Minera San Xavier (MSX),
por lo que la empresa canadiense está
obligada a dejar de trabajar en las
290 hectáreas ejidales en las cuales
actualmente realiza obras.
El juez tercero de distrito en el estado, José Guillermo Zárate
Granados, resolvió el pasado 12 de
julio de manera favorable a los ejidatarios
la queja administrativa 171/2006 que
éstos habían presentado en contra
de la resolución de la Semarnat
S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 del 14
de abril pasado, en la que la dependencia
federal le daba una nueva autorización
ambiental a la minera.
En el fallo, Zárate Granados ordena la ‘‘suspensión de plano
para que no se ejecute la orden de
despojo'' contenida en la resolución
de la Semarnat ni ningún otro acto derivado de ésta.
La suspensión, explica el juez en el documento, del cual tiene
una copia este medio, tendrá como
efecto que no se ejecute ningún acto
tendiente a la privación total o parcial,
temporal o definitiva, de los bienes
agrarios del núcleo de población.
Con esto, la Minera San Xavier estaría impedida a seguir con
las obras que realiza dentro de las
290 hectáreas que la empresa rentó
al ejido. El contrato fue impugnado
por un grupo de integrantes opositores
a la empresa ante las autoridades
agrarias.
Esta sería la segunda vez que el permiso de la Semarnat a la empresa logra ser bloqueado por los opositores.
La primera ocasión, a mediados de 2004, los opositores a la
empresa lograron que el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa
anulara el permiso ambiental por violar
un plan de desarrollo conurbado que establecía que Cerro de San Pedro era un área
protegida.
La Semarnat anuló el permiso, pero
en abril pasado, emitió otro para
que la empresa pudiera seguir trabajando.
Los ejidatarios inconformes interpusieron un amparo contra
ese acto, pero les fue negada la suspensión.
A esto, respondieron con una ampliación
del amparo presentada por Jesús Barbosa
Mata contra la Dirección General de
Impacto y Riesgo Ambiental.
El acto impugnado fue ‘‘la orden de despojo de una fracción
de 290 hectáreas ejidales, contenida
en el oficio número S.G.P.A./DGIRA.DG.0567/06 de fecha 10 de abril de 2006, por medio del
cual la Subsecretaría de Gestión para
la Protección Ambiental y la Dirección
General de Impacto y Riesgo Ambiental
otorgan autorización a la empresa
denominada Minera San Xavier S.A.
de C.V.
para la ocupación y el cambio de uso
de suelo sobre una superficie de 290
hectáreas, que se incluyen en nuestro
núcleo agrario, y de lo que deriva
el otorgamiento de licencias de Construcción
y de funcionamiento para el Proyecto
Minero Cerro de San Pedro, promovido
por la empresa en mención, emitida
por las ordenadoras''.
Argumenta que la resolución de la Semarnat
autorizó a la minera a ocupar y cambiar
el uso de suelo de tierras ejidales
sin que el ejido haya sido llamado
a procedimiento alguno.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Calvario judicial de los ejidatarios. (Tribuna de Campeche, p.web).
Ministerio Público pone trabas
a contrademandas.
El asesor de los ejidatarios que
se oponen al despojo de tierras ejidales
que realiza el Gobierno del Estado,
William Santos Sáenz, informó que
hay un retraso en las contrademandas
que interpondrá por la detención suya
y de campesinos de Caucel, ya que
los expedientes respectivos, de manera
por demás extraña están distribuidos
en diferentes agencias del Ministerio
Público (MP).
Indicó que además, su abogado Villevaldo Pech Moo no ha podido reunir todas las pruebas testimoniales de
que fueron amenazados de muerte y
torturados psicológicamente mientras
estuvieron detenidos.
El jueves pasado, la SPV detuvo
a Santos Sáenz y a 37 campesinos cuando
intentaban detener las obras de construcción
de viviendas del Proyecto Ciudad Caucel.
Santos Sáenz adelantó que la próxima
semana promoverían contrademandas
penales contra el gobernador Patricio
Patrón Laviada;
el titular de la Secretaría de Protección
y Vialidad (SPV), Javier Medina Torre,
y el director de Comisión de Ordenadora
del Uso del Suelo del Estado de Yucatán
(Cousey), José Carlos Guzmán Alcocer, así como contra agentes
de la Policía Judicial del Estado
(PJE).
Explicó que a su abogado Pech Moo le está llevando mucho
tiempo integrar el expediente, pues
se requiere de testigos que hayan
escuchado y visto cuando se dieron
los hechos de intimidación y amenazas
de muerte.
Indicó que hasta el momento le
han promovido ocho denuncias penales,
principalmente campesinos de Hunucmá y Caucel que presuntamente se vendieron al Gobierno
del Estado, ya que hasta hace algunos
meses eran quienes impulsaban las
querellas ante los tribunales agrarios.
Entre las personas que ahora lo
denuncian están Benita
Puc Puc y Máximo Zolache, ambos partidarios
del movimiento de resistencia contra
la compra de tierras que el Gobierno
del Estado hizo a través de Antonino
Almazán Arteaga.
Tintes politicos.
Santos Sáenz insistió en que la
detención de los 37 campesinos, ocurrida
el jueves pasado, tiene tintes políticos,
dada la oposición abierta que han
externado contra el proyecto Metropolisur, entre cuyas obras más relevantes está la construcción
de un nuevo aeropuerto en Hunucmá.
El asesor legal de los campesinos
dijo que en la cárcel fue torturado
psicológicamente, amenazado de muerte
y hostigado, y ahora perseguido políticamente,
puesto que le han inventado ocho denuncias.
Precisó que se trata del expediente
1529/2006, pero que raramente está
distribuido en las agencias Primera,
Segunda y Sexta del Ministerio Público,
aspecto que podría constituir una
estrategia jurídica para confundir
a su abogado a la hora de contestar
las demandas.
Dijo que dividir las denuncias
podría generar que algún expediente
no sea contestado y pueda girarse
una orden de aprehensión en su contra,
además de que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)
se ha mostrado muy tibia en su postura.
En ese sentido, la Codhey informó, mediante un comunicado, que registra avances
en la queja número 0963/2006, presentada
vía telefónica por Santos Sáenz el
pasado 13 de julio del año en curso.
Según informa, desde el mismo día
de los hechos, la Codhey
procedió a la ratificación de la queja
y realizó entrevistas a cuatro de
los 38 detenidos en Caucel.
El viernes 14 de julio se realizaron
las 34 entrevistas restantes en las
instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) y se
corroboró que los detenidos no tenían
lesiones físicas aparentes.
Se calificó la queja como pendiente
por hechos presuntamente violatorios
de los derechos humanos del quejoso
y los demás agraviados en contra de
la PGJE y la SPV.
CHIAPAS
Devastan 10 hectáreas de la reserva El Huitepec. (La Jornada, Elio Henríquez, p.web).
San Cristóbal de las Casas. Funcionarios de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa)
y del ayuntamiento local constataron
que cientos de árboles han sido talados
en la reserva de El Huitepec,
ubicada en el municipio de San Cristóbal
de las Casas. Luego de un recorrido
por el área, José López Castellanos,
representante de la Profepa,
dijo que por lo menos 10 de las 102
hectáreas que integran la reserva
han sido devastadas y se ha cambiado
el uso de suelo forestal al de cultivo
agrícola. Por separado, el ayuntamiento
informó que interpuso una demanda
penal por los delitos de deforestación
y ecocidio
para tratar de frenar la tala ilegal
en la zona.
Advierte la CNC Tomar la Secretaria de Desarrollo
Rural si no Entregan Apoyos. (El Orbe,
Alberto de la Cruz, p.web).
Tapachula, Chis.- La SAGARPA y el
Gobierno estatal, tienen castigada
a la CNC con apoyos del programa de
maíz y 22 proyectos de Alianza Contigo
y para el Campo, por eso el próximo
viernes nos reuniremos los comisariados
ejidales de la zona alta y baja para
que si no cumplen en 72 horas, determinar
las acciones a seguir y la próxima
semana tomar las instalaciones de
la Secretaria de Desarrollo Rural
Estatal (SDRE) hasta que nos dén
una respuesta positiva.
Lo anterior fue expresado ayer por Indalecio Flores Bahamaca, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), quien agregó, el pasado lunes
que estuvimos en Tuxtla Gutiérrez,
con el delegado de SAGARPA y nos acompañó
el diputado Julian Nazar, se nos informó que
pasado mañana empezarian
a notificar los grupos de trabajo
que saldrán beneficiados, dieron 72
horas y ojalá que cumplan porque si
no nos manifestaremos enérgicamente.
Nuestra mayor inconformidad está en contra de la SDRE, donde
el delegado es Ednar
Negrete Galicia, y ahi totalmente nos están condicionando esa entrega de apoyos
y como no nos prestamos a sus intenciones
electoreras, solo sabemos que ya están
liberando las notificaciones de los
que salieron beneficiados como son
algunos grupos de trabajo afines al
actual gobierno, esa es nuestra irritación
porque no están siendo parejos.
GUERRERO
El conflicto en el Parque Omiltemi
tiene un trasfondo complejo: Angli. (Diario de Guerrero, p.web).
“Cauteloso” al abordar el tema,
el diputado local por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Arturo
Álvarez Angli,
expresó que el conflicto registrado
en el Parque Omiltemi,
aparentemente tiene un trasfondo “un
poco más complejo”, ya que se habla
de intereses por la explotación de
la madera e incluso que grupos de
narcoagricultores
están detrás de los ejidatarios que
se oponen a la reforestación del lugar,
porque se niegan a que el estado tome
el control de esa reserva natural.
Después de destacar que el tema
del Parque Omiltemi
es “complicado”, el legislador ecologista
señaló que la transferencia legal
de esta reserva natural por parte
de la Federación al Estado está prácticamente
concluida, y lo único que falta por
definirse si el gobierno de la República
también va a bajar los recursos suficientes
al estado para la operación, administración
y vigilancia del lugar, “que eso es
lo importante, porque el hecho de
que nada más en papel se le transfiera
al estado no garantiza que con eso
podamos tener en mejores condiciones
al parque”.
Sin embargo, destacó, el conflicto
existente en Omiltemi,
con los ejidatarios de Xocomanatlán,
“es un poco más compleja y yo creo
que hay que estudiarlo con más detenimiento,
porque ahí hay un juego de intereses
que no tiene nada que ver con lo que
es la parte ambiental”.
En este sentido, Álvarez Angli enfatizó que al parecer grupos de narcosembradores
“están utilizando a algunos de los
ejidatarios para respaldar algunas
otras actividades que, obviamente,
no son compatibles con lo que pretendemos
del parque Omiltemi”
aunque resaltó que eso le corresponde
investigarlo a las autoridades correspondientes
tales como la Procuraduría General
de la República o la misma Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
“No se debe descartar absolutamente
ningún señalamiento como ese. Lo que
se debe de hacer es dar parte a las
autoridades para que investiguen y
se deslinden responsabilidades y si
hay algún trasfondo que respalde la
postura de los ejidatarios pues hay
que analizar con mucha cautela a qué
se debe, porque de entrada un ejidatario
no tendría por qué oponerse a una
transferencia del parque y menos aún
cuando lo que se está pretendiendo
es cuidar y mantener en condiciones
óptimas uno de los principales pulmones
del estado y una fuente importante
de abastecimiento de agua de Chilpancingo”,
acotó.
MICHOACÁN
Impulsan proyecto de autonomía regional de los
pueblos indígenas. (Cambio de Michoacán, José
Perales, p.web)
Zamora.
Nación Purépecha.
Consolidar una nación multiétnica y pluricultural, el objetivo,
señalan líderes de la organización.
Ante el fracaso que se ha tenido en el Congreso del Estado
para que Michoacán cuente con una
adecuada Ley sobre Derechos y Cultura
Indígena, la Organización Nación Purépecha
retomará la lucha por lograr una verdadera
autonomía de los pueblos indígenas
en la entidad.
Abundio Marcos Prado, Alfredo Victoriano Mateo, Norberto Calderón
Molina y Amparo Gutiérrez Reyes, dirigentes
de esta organización, indicaron que,
al igual que decenas de pueblos originarios,
impulsan un proyecto de autonomía
regional para rescatar el derecho
a una vida mejor, «el nuestro es un
proyecto de pervivencia para el pueblo
purépecha
y para los pueblos de México. «Esta
autonomía a la que nosotros aspiramos
está encaminada a sentar las bases
para consolidar una nación multiétnica
y pluricultural, capaz de garantizar
el derecho a ser reconocidos como
pueblos, al territorio, al autogobierno,
a la cultura y al desarrollo». En
este tenor consideraron que la autonomía
regional debe ser reconocida y respetada
por el Estado mexicano, «pues no se
trata de reconocer solamente los derechos
a nuestro territorio o gobierno locales,
sino de establecer proyectos de desarrollo
integral en las regiones indígenas
con servicios públicos, programas
económicos, salud, educación y creación
de empleos». Indicaron que pese a lo que se diga en el discurso
político del gobierno, «los pueblos
indígenas de México formamos el sector
más vulnerable de la sociedad» y si
hemos sobrevivido a los más de 510
años de opresión, ha sido gracias
a la organización interna y a nuestras
normas de autogestión, así como al
espíritu colectivo de nuestras comunidades.
Marcos Prado sostuvo que el problema indígena en el estado
y en el país, tiene dos amplias vertientes
de pensamiento, a saber, por un lado
la visión dominante o gubernamental
que se determina integracionismo
o asimilacionismo,
que dice que desapareciendo la cultura
indígena se acabará el problema. La
otra, que es la visión de los propios
pueblos que buscan la autonomía, la
negación de aceptar un rol de subordinación
y peonaje se ha impuesto en contra
de la dignidad de los indígenas. Calderón
Molina, por su parte, dijo que la
Organización Nación Purépecha rechaza tajantemente la política indigenista de
tipo paternalista, la cual niega en
los hechos la participación de los
indígenas en la conducción de sus
propios asuntos. «A pesar de que la
Revolución Mexicana trajo consigo
la reforma agraria, sólo durante el
mandato del General Lázaro Cárdenas
se dotó de tierras a campesinos e
indígenas, mientras que el resto del
tiempo la restitución de bienes comunales
y tenencia de la tierra sólo ha servido
para fines político-electorales»,
puntualizó. Gutiérrez Reyes aseguró
que la Organización Nación Purépecha
lucha por la autonomía regional, la
cual implica el ejercicio de un elemental
derecho de cualquier tipo de colectividad,
la autoadministración
política, territorial, cultural y
económica. Finalmente, los líderes
indígenas señalaron que «la lucha
por nuestro territorio marca y simboliza
nuestra identidad como pueblos, por
eso luchamos y nos resistimos a perder
lo que históricamente nos corresponde».
Urgente, la ley indígena en el estado de Michoacán.
Por cualquier lado que se le vea, es urgente que ya en Michoacán
se cuente con una ley sobre derechos
y cultura indígena, porque de lo contrario
seguiremos siendo las víctimas de
cuanto gobierno llegue al poder, señaló
aquí el jefe de tenencia de la comunidad.
Emilio Basilio Hernández consideró que al no haber una ley
en Michoacán que proteja a los indígenas,
«en todas partes nos ningunean y en las mismas instancias de gobierno quieren hacernos
menos, como si no tuviéramos los mismos
derechos que todo ser humano». Además,
con una ley indígena se podría avanzar
en la solución de añejos conflictos
agrarios que hay entre distintas comunidades
indígenas y que no se han solucionado
porque las autoridades tradicionales
han sido dejadas fuera de toda negociación.
En este sentido, Basilio Hernández
dijo que si desde hace tiempo se hubiera
dejado a los indígenas que arreglaran
los conflictos agrarios a su manera
y con la intervención de sus autoridades
tradicionales, ya no habría tantos
problemas y se hubieran evitado muchas
muertes de seres humanos. Indicó que
es necesario que de una vez por todas
se dé paso a la creación de municipios
indígenas y se permita una mayor presencia
y participación de indígenas en las
distintas instancias de gobierno.
MORELOS
Protestan ejidatarios de La Nopalera
contra el relleno. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. Pobladores de la
Nopalera, municipio de Yautepec
se manifestaron a las afueras de palacio
de gobierno para exigirle al mandatario
estatal que reubique el relleno sanitario,
el cual se pretende construir en Anenecuilco, y además negaron que su movimiento tenga fines
partidistas.
Cerca de 50 inconformes encabezados por Delfino
Toledano Alfaro, presidente del Comisariado
ejidal, y por la ayudante Laurentina
Olea Cabrera., que previamente habían
dejado plantadas a las autoridades
en una reunión pactada en el parque
ecológico Chapultepec,
con el argumento “de que sólo había
funcionarios de segunda”, se trasladaron
hasta la plaza de armas de esta ciudad
con pancartas en mano en las que manifestaban
su rechazo a la construcción del relleno,
a la contaminación y a favor del medio
ambiente y la salud.
Con la consigna de “no al basurero, no al basurero”, exigieron
la presencia del gobernador Sergio
Estrada Cajigal, “porque el voto se
lo dimos a él y no a sus representantes,
por eso queremos que nos escuche como
pueblo”, señalaron.
Toledano Alfaro reconoció que la falta de información de las
autoridades ha originado que la gente
de la Nopalera
se oponga a la construcción del nuevo
relleno sanitario, “nos pintan un
proyecto muy bonito (...), pedimos
que hicieran una asamblea en el pueblo
para explicarles el proyecto, y nunca
lo hicieron”.
Los quejosos, exigieron al gobierno del estado la cancelación
del proyecto, por representar un riesgo
latente de contaminación para los
mantos freáticos que se encuentran
a una profundidad de 15 metros. De
la misma manera pidieron la participación
de organizaciones que no tengan nada
que ver con la autoridad, “para que
hagan un estudio de impacto ambiental
que no sea tendiente a favorecer al
gobierno, porque ya no creemos en
la palabra del gobierno estatal ni
en la del federal”.
El presidente del Comisariado ejidal
reiteró que no se respetó la mesa
de diálogo en el parque ecológico
Chapultepec “porque la casa del pueblo es el palacio de gobierno,
nosotros no somos ciudadanos de segunda
o tercera, por eso pedimos que nos
atiendan en la casa de los morelenses”.
Por último descartó que detrás de toda esta inconformidad para
evitar la construcción del relleno
sanitario regional que se ubicará
en los campos de Anenecuilco
esté la mano de algún partido, “no
hay tintes políticos, el 2 de julio
ya pasó, nosotros venimos por una
causa del pueblo”.
Familias de cinco municipios se unieron a la protesta contra
la construcción del tiradero de basura
en el pueblo de Anenecuilco,
pues argumentan que miles de toneladas
de desechos provocarán una destrucción
ambiental y exigieron además al gobierno
estatal que ordene la cancelación
del proyecto del relleno sanitario.
Ayala secundaron la demanda para que
el gobierno no sólo detenga las obras
de construcción del relleno, sino
que ordene su cancelación, debido
a que habrá un serio problema ambiental
que afectará a la agricultura y a
miles de familias.
Carlos Montes Garcés, Fermín García Robles, Mariano Bahena Jiménez, Petra Valencia y Juanita Melquíades Morales
habitantes de dichos municipios señalaron
que Ciudad Ayala se beneficia con
la afluencia de la microcuenca
del río Cuautla que se favorece con los escurrimientos de las barrancas,
El Hospital y Calderón; estos ríos
se juntan al este de la cabecera y
siguen su curso, hacia el sur, pasando
por Abelardo L. Rodríguez, Olintepec y Moyotepec, en donde
recibe las aguas de la barranca de
Ahuehueyo.
Dijeron que los especialistas en materia hidrológica del gobierno
y los mismos campesinos de la región
saben perfectamente que también en
el municipio cruza la barranca de
La Cuera, Los Papayos y Los Guayabos,
que atraviesan Tlayecac,
y sigue hacia el sur pasando por Xalostoc,
y aguas abajo se une al río Cuautla.
Señalaron que esto es parte de lo que se contaminaría con las
miles de toneladas de basura que pretenden
depositarse en los terrenos de Anenecuilco, e informaron que han recibido el apoyo de familias
de la cabecera municipal, donde la
actividad principal es la agricultura
donde se siembra arroz, caña, sorgo
y maíz; hortalizas, cebolla, maíz
y sorgo.
Los manifestantes hicieron un llamado a los habitantes de los
municipios de la zona baja de Morelos
para que se sumen a las protestas
contra el relleno sanitario de Anenecuilco,
pues la contaminación nada la podrá
detener.
Mientras, luego de más de tres horas de espera y en medio de
un clima tenso se llevó a cabo la
reunión de información entre funcionarios
de la Comisión Estatal de Agua y Medio
Ambiente (CEAMA), autoridades de los
ayuntamientos de Ayala y Yautepec
con ejidatarios de Anenecuilco y pobladores inconformes de La Nopalera a quienes trataron de convencer que el proyecto de
construcción y funcionamiento del
relleno sanitario regional es seguro
y viable.
Reunidos en las instalaciones del parque ecológico Chapultepec desde las 10 de la mañana se encontraban a la
espera los alcaldes Agustín Alonso
Mendoza de Yautepec
y Pedro Pimentel Rivas de Ayala, así
como miembros de CEAMA, entre ellos
Luis Fernando Aranda subsecretario
de Protección Ambiental y Contraloría
Social y 25 ejidatarios de Anenecuilco
con su Comisariado
ejidal Marcos Serrano, sin embargo
los vecinos y campesinos de La Nopalera decidieron manifestarse en el Palacio de Gobierno
de esta ciudad.
Luego de tres horas de espera el alcalde de Ayala se retiró
del lugar por compromisos que tenía
programados y en su lugar se quedaron
los regidores Federico Castillo Villanueva,
Esau Palma
Núñez y Juan Pablo Aragón; por su
parte, los ejidatarios de Yautepec
encabezados por su comisariado
ejidal Delfino Toledano Alfaro, no cambiaron su postura, y por el
contrario afirmaron que radicalizarán
acciones hasta evitar que se instale
y funcione el relleno sanitario regional
para evitar la contaminación de la
zona.
Al respecto, Luis Fernando Aranda, subsecretario de Protección
Ambiental señaló que existen estudios
de impacto ambiental y supervisiones
de la Comisión Nacional del Agua que
establece que no existe riesgo de
contaminación de la tierra, y menos
de los mantos freáticos.
“Existe una clara desinformación, ya que si hablamos de relleno
sanitario debemos de entender que
se aplicará la norma oficial para
que se cumpla con los objetivos, para
lo cual se integrará un organismo
intermunicipal, en el que tendrán
representación los ayuntamientos que
formen parte del proyecto, además
de que será por medio de una concesión
para que una empresa privada especializada
lo administre por medio del pago de
cuotas razonables”, cerró.
YUCATÁN
Amagan de muerte a un asesor legal de ejidatarios
yucatecos. (La Jornada, Luis A. Bolfil, p.web).
Mérida, Yuc., 19 de julio. El abogado
William Santos Sáenz, quien realiza
la defensa legal de tierras ejidales
en la comunidad de Caucel, de las
cuales "pretende apropiarse"
el gobierno estatal panista
para cederlas a empresarios, denunció
que fue amenazado de muerte por agentes
de la Policía Judicial del Estado
(PJE), y responsabilizó al gobernador
Patricio Patrón Laviada
de lo que le pueda suceder.
El también dirigente sindical informó a medios de comunicación
locales que interpuso una denuncia
ante el Ministerio Público en contra
de la PJE, específicamente sobre el
agente Freddy Carbonell, quien, según
dijo, lo amenazó de muerte y lo torturó,
después de ser detenido el pasado
jueves por elementos de la Secretaría
de Protección y Vialidad (SPV).
Recordó que ese día un grupo de 37 campesinos de la comunidad
rural de Caucel -conurbada
a Mérida- protestó contra las acciones
del gobierno estatal que pretenden
"despojarlos" de sus tierras
para cederlas a empresarios, quienes
construirían un complejo habitacional.
Agentes judiciales y de la SPV, agregó, arribaron al lugar
y desalojaron a los ejidatarios. Los
que opusieron resistencia fueron trasladados
a instalaciones de esta última dependencia,
donde, de acuerdo con la denuncia
de Santos Sáenz, fueron intimidados
con actos agresivos.
El abogado explicó que él fue recluido en un calabozo sucio
y maloliente, donde policías le arrojaron
cubetazos de agua fría y gases con
amoniaco, además de que fue amenazado
de muerte por asesorar a los ejidatarios
del Caucel, Oxcum
y Hunucmá.
William Santos Sáenz, como ha informado La Jornada,
también asesora a ejidatarios de Oxcum
y Hunucmá, donde el gobierno panista
ha comprado tierras a precio muy bajo
mediante intermediarios para después
revenderlas a empresarios.
Cartones
Siembra vientos, recoge tempestades · El Fisgón
No hay comparación · Hernández
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entendido Naranjo
¡ Ora si! Helioflores
