CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
23 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Obsequian hijos finca a Montiel
Tiene ex Gobernador
casa de 4.5 hectáreas en Atlacomulco. En el 2003,
sus hijos le donan una propiedad con valor de
76 millones de pesos.
Reprueban IFE, SCT y Cofeco ley
de radio y tv
En riesgo, fiscalización a partidos,
dice instituto. Coinciden en que la reforma en
omisa e insuficiente; necesario, ajustarla.
Crisis de empleo por falta de capacitación
Los capitales se irán a países con
personal calificado: Manpower.
Viable, usar reservas para el pago de deudas
Guillermo Ortiz descarta cualquier
riesgo inflacionario o cambiario. No se afectaría
la calidad crediticia y se tendrán ahorros importantes.
Los comicios no causan nerviosismo a inversionistas:
Wells Fargo
Bank.
Tibio jalón de orejas de Abascal a Aznar
y PAN
La Cámara había solicitado expulsar
al ex presidente. El apoyo del ibérico a Calderón
fue “gesto de amigo”: blanquiazul.
La minera acepta: “Sólo Dios sabe si están vivos”
Crece la indignación
de los familiares.
Revela CDHDF violaciones del gobierno de AMLO a Eumex
El dueño, socios y personal de esa
empresa sufrieron en 2000-2005 “detenciones arbitrarias”,
“allanamientos”, “persecución”, “intimidación”,
“hostigamiento”, “amenazas” y “abuso de autoridad”.
Rechazan crear falsas expectativas sobre mineros
Sin indicios de
sobrevivientes: Gobernador. Indignación por la
construcción de fosas.
Negligencia, causa del desastre en la mina
Ni siquiera funcionaba
la maquinaria para descender al túnel, denuncia
un sobreviviente. Trabajadores atrapados planeaban
salir antes de terminar su turno debido a la inseguridad.
Los mineros planeaban un paro; si hubo alerta
Ervein Flores, sobrevivientes de la explosión,
confirma que advirtieron del gas grisú pero la
comisión de higiene no hizo caso.
Sector agrario
Desplegado. (La Jornada,
p.19).
C. Magistrado Presidente del
Tribunal Superior Agrario.
Lic. Ricardo García Villalobos.
Los ejidatarios del Ejido San Luis,
en San Luis Río colorado, estamos muy molestos
No podemos creer que las Instituciones
de Justicia que deben proteger a los más desprotegidos
desvíen sus talentos para apoyar a quienes abusan
de su poder y de su relación para despojarnos
de nuestras tierras.
Fima el Comisariato
Ejidal del Ejido San Luis
Humberto Castro Villegas-José Andrés
de León-Mariano Peñuelas Andrade.
Denuncian presiones contra labriegos por no aceptar
programa en Guerrero. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web)
Reforma Agraria pretende quitarles tierras: abogado.
Chilpancingo, Gro., 22 de febrero.
El Consejo 500 Años de Resistencia Indígena denunció
que existen ocho órdenes de aprehensión contra
comisarios de seis núcleos agrarios del municipio
de Chilapa, en el centro del estado, quienes rechazan el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede)
que les pretende imponer el delegado federal
de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaime Ferrer.
Amador Cortés Robledo, ex dirigente de esa agrupación, aseguró
que se pretende despojar de varias hectáreas a
los indígenas de esta parte de la Montaña baja
porque Petróleos Mexicanos (Pemex)
supuestamente encontró gas, petróleo y otros recursos
naturales hace algunos años.
Explicó que los campesinos se reunieron esta semana en Rincón
de Chiautla, municipio
de Chilapa, donde se
denunció que la delegación de la Procuraduría
Agraria presiona a los campesinos de 38 comunidades
para que acepten el Procede, "pero no lo
aceptan porque es el inicio de la individualización
de la tierra y afecta la visión colectiva y comunitaria
del uso del suelo y el aprovechamiento de los
recursos".
Esa situación, agregó, provocó que se giraran órdenes de aprehensión
contra ocho comisarios que se atrevieron a organizar
a los pueblos para rechazar el Procede.
"Nuestros compañeros llevaron a cabo cinco talleres dirigidos
a los comuneros, con el propósito de explicar
el impacto de las políticas del Procede, pero
la Procuraduría Agraria ofreció a los labriegos
dinero y créditos, y los amenazó con quitarles
el Programa de Apoyo al Campo; además compró a
comisarios y cuadros medios para que aceptaran
el programa", aseguró Cortés Robledo.
El ex dirigente señaló que "existen evidencias" de
que desde el gobierno federal se pretende aprovechar
los recursos naturales que hay en esa zona indígena,
como agua, petróleo y minerales, "con el
propósito de beneficiar a empresas privadas del
país y transnacionales. De hecho, la Procuraduría
Agraria fungiría como una especie de intermediaria".
Recordó que hace algunos años un equipo de Pemex recorrió la zona de la Montaña baja para hacer estudios.
Llevaban aparatos, dijo, "y a escondidas
recorrieron los cerros donde hay mucha vegetación;
por eso existe el temor de que las empresas quiten
las tierras a los campesinos para arrebatarles
sus riquezas naturales".
Acapulco y Papagayo SA pretende despojar a ejidatarios de Acapulco
El subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal,
Guillermo Ramírez, se comprometió a no desalojar
a los más de 300 ejidatarios de Lomas de Chapultepec,
municipio de Acapulco, quienes desde hace 30 años
disputan la propiedad de 982 hectáreas a la empresa
Inmuebles Acapulco y Papagayo SA.
José Sánchez Sánchez, abogado de
los campesinos, indicó que el lunes pasado iban
a desalojar a los ejidatarios del predio en pugna,
pero luego de la intervención del alcalde Félix
Salgado Macedonio "ya no se llevó a cabo
esa maniobra".
Agregó que el alcalde "nos pidió que dialogáramos, y lo
hicimos, por lo que por lo menos en estos días
no nos van a desalojar, al menos mientras se concede
la suspensión provisional y se tenga un amparo".
Señaló que Inmuebles Acapulco está en quiebra porque perdió
dinero en la Bolsa Mexicana de Valores, "y
ahora pretende recuperarse a costa de los campesinos
y adquirir por la fuerza las tierras".
El abogado indicó que la inmobiliaria pretende construir en
las tierras en disputa un centro recreativo, "pero
no tienen dinero y ni siquiera han pagado el uso
del suelo. La cosa está rara, pues sabemos que
por ahí hay empresarios de la talla de Lino Korrodi,
Carlos Ahumada y el Grupo Mexicano de Desarrollo
con los hijos de Marta Sahagún, pero no dan la cara".
Amenazan con quitarles el Procampo
en Chilapa si no entran
al Procede, denuncian. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
Los campesinos en 38 comunidades
de ese municipio han dicho no al programa federal,
informa el dirigente de 500 Años, Amador Cortés.
Chilpancingo.
Campesinos de 38 comunidades de
Chilapa, denunciaron ayer que el delegado de la Procuraduría
Agraria, Fernando Jaimes
Ferrer, intenta imponer el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares (Procede), a cambio de no quitarles
los programas federales.
Dijeron que ese “extraño” interés
del funcionario federal es porque pretende abrir
el camino a la iniciativa privada, pues aseguran
que hace unos cinco años, sin consentimiento de
las comunidades, Pemex
llevó a cabo estudios en ese lugar para saber
si hay algún tipo de mineral o petróleo.
De acuerdo con el dirigente del
Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena
(CG500ARI), Amador Cortés Robledo, hace cuatro
días, campesinos de Rincón de Chautla,
municipio de Chilapa,
sostuvieron una reunión en esa localidad para
analizar el caso del Procede.
En entrevista en la explanada del
Palacio de Gobierno, el líder indígena informó
que la mayoría de éstos coincidieron en rechazar
ese programa “porque tiende a la individualización,
afecta la visión colectiva, así como la visión
comunitaria del uso del suelo y del aprovechamiento
de los recursos naturales”.
Agregó que la no aceptación de
ese programa prevalece en unas 38 comunidades
de Chilapa, “por eso
ahí hay un problema fuerte”.
Dijo que en ese municipio “existe
el conflicto de que había órdenes de aprehensión
contra ocho comisarios que organizaban los pueblos
para rechazar al Procede; ellos hicieron cinco
talleres para informarse, trajeron gente para
informarse, gente que conoce la política y ellos
(los campesinos) cuando se dieron cuenta que no
les beneficia el Procede decidieron mayoritariamente
no entrarle”.
Indicó que Jaimes
Ferrer “está encabezando la insistencia para entrar;
los obligan y les ofrecen que van a tener fondos
para la inversión productiva, créditos para el
campo y los amenazan con quitarles programas como
Procampo, sino le entran”.
Destacó que ante la actitud “arbitraria
y represiva” de Jaimes
Ferrer, “los pueblos deducen que para meter a
empresas privadas a esa zona por los recursos
minerales que hay ahí, el gobierno prefiere negociar
con particulares que con la comunidad o la asamblea”.
Dijo que por eso “a conciencia
están tomando la decisión los pueblos de rechazar
esto; quieren que un grupo de empresarios se beneficie
de nuestros recursos minerales, o petróleo si
es que hay en ese lugar”.
Se compromete el gobierno estatal a no desalojar
a ejidatarios de Lomas de Chapultepec. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
La promesa, resultado del
diálogo entre los colonos y el subsecretario para
Asuntos Políticos Guillermo Ramírez Ramos, ayer
en Chilpancingo. La tregua les permitiría agilizar
la suspensión provisional de la orden del juez
y obtener el amparo.
Chilpancingo.
Durante una reunión privada entre
el subsecretario para Asuntos Políticos, Guillermo
Ramírez Ramos y ejidatarios de Lomas de Chapultepec,
pactaron una tregua mediante la cual el gobierno
del estado se compromete a no desalojar, en tanto
éstos buscan agilizar la suspensión provisional
de la orden del juez y tramitan el amparo para
que declaren los campesinos que son acusados del
delito de despojo, por la empresa Inmuebles Acapulco
y Papagayo SA de CV, con quien se disputan 982
hectáreas en esa zona del municipio de Acapulco.
En tanto, mientras que el abogado
José Sánchez informó que los inversionistas propusieron
intercambiar al detenido por la salida de los
ejidatarios de las tierras en disputa, en un casual
encuentro con el secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, Juan Heriberto Salinas
Altés –en los pasillos
del Palacio de Gobierno– los campesinos se quejaron
de que presuntos policías estatales han estado
intimidándolos, éste prometió tomar cartas en
el asunto e incluso mientras entregaba un par
de tarjetas de presentación y les expresó: “si
alguien los va a molestar me dicen, no vamos a
permitir que pase algo grave, debe haber diálogo”.
El pasado, martes el abogado de
los ejidatarios, José Sánchez Sánchez
informó que por intervención del acalde de Acapulco,
Félix Salgado Macedonio, al medio día de este
miércoles serían recibidos por Guillermo Ramos,
a quien demandarían el cese a la persecución y
la liberación del campesino Carmelo García, quien
fue detenido la mañana del lunes, antes de que
instalaran las barricadas sobre el puente de Barra
Vieja en protesta por el rumor de que serían desalojados
del predio Lomas de Chapultepec.
Consultado por reporteros, ayer
al final del encuentro –que se llevó a cabo en
su oficina por casi una hora–, José Sánchez citó
que pidieron al funcionario establecer un proceso
de diálogo antes de ejecutar una orden de desalojo.
Dijo que tras exponer a detalle
–junto con una comisión de ejidatarios y el diputado
local del PRD, Wulfrano Salgado Romero– el problema que enfrentan los ejidatarios,
“se llegó a una tregua, es decir, que por el momento
no hay nada, no hay desalojo pero sí vamos a avanzar
en la parte legal”.
Incluso adelantó que este jueves
a las 9 de la mañana se reunirán con el procurador
de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, para analizar el expediente del campesino
detenido y la situación de las órdenes de aprehensión
que existen en contra de los ejidatarios Lauro
Torres Valeriano, el dirigente del comité de Defensa
de la tierra, Juan Gallegos Viviano, Elia Flores
Calleja, Juventino Cabrera
Zuna, Anita Palma Viviano,
Severiano Palma Viviano, Santana Padilla Morales, entre otros.
Abundó que la tregua se pactó debido
“a los errores del juez, ya que no puso la hora
del desalojo y por eso no actuó la policía estatal,
pero qué bueno que no actúo porque hubiera habido
sangre, otro Aguas Blancas lo tuviera Zeferino
(Torreblanca) ahorita
y no por nosotros sino por ellos, porque no dan
prioridad al diálogo, se supone que ya no tiene
que haber la política del garrote, pero parece
que quieren chingar
a la gente”.
Sin embargo destacó que en la reunión
con Guillermo Ramírez, “cuando menos en estos
días hay el compromiso de no desalojar, mientras
se consigue la suspensión provisional y el amparo
vigente para que declaren los compañeros”.
José Sánchez precisó que dicho
pacto “puede durar una semana o más, el juez puede
modificar esto (la orden) y nos puede caer a cualquier
hora, pero va a haber resistencia, aunque no queremos
exponer al a gente ni a los niños”.
Sobre la postura del gobernador,
Zeferino Torreblanca
Galindo en relación a que asegura que el desalojo
no es por gusto del gobierno del estado sino porque
haya una orden de un juez, el asesor legal de
los ejidatarios, atajó que “antes de acatar la
orden del juez debería de escuchar a las partes,
hasta ahorita se está abriendo el diálogo su gobierno, aunque no
con él directamente, pero bueno veremos lo que
pasa, tenemos fe todavía en Zeferino (Torreblanca)”.
José Sánchez: no somos las FARC
colombianas para negociar a nuestros detenidos
En otro momento, José Sánchez contó
que en un encuentro que tuvieron este martes con
los empresarios de la inmobiliaria en un restaurante
de Acapulco, éstos propusieron “canjear al campesino,
Carmelo García, a cambio de que se salieran los
ejidatarios. Pero yo les dije que no había canje
porque no éramos grupos como las FARC en Colombia
que cambian a sus presos con el Ejército, nosotros
no, lamentamos haber llegado a la resistencia
pero es parte de una lucha ejidal, agraria como
en Atenco, como en La Parota”.
A pregunta de un reportero, dijo
que tiene conocimiento de que la inmobililaria,
pretende construir en Lomas de Chapultepec
“una Disneylandia pero a la mexicana, aunque creo que no tiene
dinero y sabemos que ni siquiera el uso de suelo
habían pagado al ayuntamiento”. Sobre los reales
propietarios, dijo “que la cosa se maneja muy
hermética, sabíamos que gente de (Carlos) Ahumada,
andaba por ahí, hasta de Lino Korrodi
–ex operador financiero de los Amigos de Fox–,
el Grupo Mexicano de Desarrollo, los hijos de
Martha Sahún, pero no quieren dar la cara mandan
un grupo abierto”.
Más tarde criticó también al juez
cuarto de primera instancia, Edilberto
Calderón pues afirmó que él “siempre está a favor
de los ricos en Acapulco, quienes siempre se han
asentado a costa de la muerte de campesinos. Sin
embargo a los que les roban las tierras a los
campesinos les llaman inversionistas y a los campesinos
y a ejidatarios que defienden sus tierras los
llaman delincuentes”.
El desalojo no se concretó porque
la orden del juez no tenía hora: Wulfrano
Salgado
Por su parte el diputado, Wulfrano Salgado coincidió en que “se daría un proceso de
diálogo y se van a parar de tratar las cosas (el
desalojo y las órdenes de aprehensión), ya que
hay unas cosas que no están claras; hay una ampliación
del ejido y nosotros queremos que la Procuraduría
Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento
Ejidal (Fifonafe), vayan y delimiten cuál
es el área de la empresa, el área de la ampliación
del ejido”. También coincidió en que no se ejecutó
el desalojo porque la orden del juez no tenía
hora.
“Si alguien los molesta me dicen”:
Altés
Al término de la reunión, cuando
los inconformes salían de la Secretaría General
de Gobierno, se encontraron con Salinas Altés
y aprovecharon para manifestar su desacuerdo por
la actitud intimidatoria
que estaba asumiendo la policía motorizada. Incluso,
José Sánchez dio a este una lista de policías
que aseguran ya no laboran en la dependencia pero
que usan el uniforme y las siglas de la corporación
para hostigarlos.
La respuesta de Salinas Altés es que investigaría ese asunto y expresó que “cualquier
cosas me hablan para que lo detengamos”; asimismo
mientras repartía entre los ejidatarios sus tarjetas
de presentación insistió: “si alguien los va a
molestar me dicen, no vamos a permitir que pase
algo grave, debe haber diálogo. Tampoco vamos
a permitir que gente extraña los intimide”.
Ejidatarios pelean sus tierras que una inmobiliaria
se apropió. (El Día, p.10).
El gobierno del estado ofreció suspensión temporal de las medidas
legales contra ejidatarios de Lomas de Chapultepec
por invasión de tierras, presuntamente propiedad
de la mobiliaria Papagayo.
El lunes los ejidatarios bloquearon la carretera Acapulco-Coyuca de Benítez, en protesta del cumplimiento a una orden
judicial, en donde agentes policíacos pretendieron
desalojarlos de sus tierras.
Wilfrano Salgado Romero, diputado local del
PRD informó que acordaron con el subsecretario
de Gobierno para Asuntos Políticos, Guillermo
Ramírez Ramos, la suspensión temporal de las medias
legales.
“Se pidió una revisión de las tierras en litigio por parte
de la Procuraduría Agraria (PA), a fin
de que delimite cuál es el área de la empresa
y la parte que corresponden aún a los ejidatarios”,
comentó.
Refirió que el 21 de noviembre 300 familias ocuparon 143 hectáreas
del ejido Lomas de Chapultepec,
que presuntamente les “arrebata” para vendérselas
a la mobiliaria Papagayo, durante el gobierno
del extinto gobernador, José Francisco Ruiz Massieu.
Políticas Pro Indígenas de la SRA. (La Jornada Pie de Foto, p.54./`Publicada también en Milenio
Diario, p.17).
Durante su reunión, en las oficinas de la Secretaría de
la Reforma Agraria, el titular del ramo, licenciado
Florencio Salazar Adame, presentó al Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la Situación de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas,
doctor Rodolfo Stavenhagen,
un informe sobre las políticas agrarias implementadas
por la dependencia para atender a la población
indígena, así como las acciones realizadas para
solventar las recomendaciones que ese organismo
señaló en su informe E/CN.4/2004 para el mejoramiento
y desarrollo económico-social de los pueblos indígenas,
a propósito de la visita del doctor Stavenhagen
a México en 2003.
Invertirá Gobierno estatal mil 200 mdp en obra pública. (Diario de
México, Janosik Garcíaz,
p.web)
Chilpancingo, Gro.- El gobernador
del estado, Zeferino
Torreblanca Galindo, informó que se ejercerán
cuando menos mil 200 millones de pesos en obra
pública durante este año.
No obstante, afirmó que este recurso pudiera aumentar todavía
más “por lo que se acumule por el Gobierno federal
más lo que nosotros podamos gestionar más... creo
que puede crecer de manera importante la obra
pública en los estados”.
En conferencia de prensa, que ofreció tras haber asistido a
la sede del Sindicato Unico
de Servidores Públicos del Estado de Guerrero
(Suspeg), a Torreblanca
Galindo se le cuestionó sobre el eje en el cual
se basará su gobierno para comenzar a dar resultados
a la ciudadanía.
Acto seguido, el mandatario estatal respondió que por el momento
están concluyendo una serie de trabajos e iniciando
otros más en cuanto a la elaboración del presupuesto
de este año, “porque hubo un recorte de 50 millones
de pesos de lo que se conoce como el Programa
de Apoyo al Fortalecimiento de la Entidades Federativas
(PAFEF)”.
Añadió: “sin embargo, con las propias economías el Gobierno
está resubsanando esta
situación y estamos concretando una inversión
aproximada de mil millones de pesos en todo el
estado de Guerrero, de los cuales cerca de 450
se están invirtiendo en Chilpancingo”.
Zeferino Torreblanca reveló entonces que en
breve iniciarán las inversiones del año 2006,
las cuales estima que rebasen en un 10 por ciento
aproximadamente los recursos que se invirtieron
de 2005.
“Estamos esperando ejercer
una inversión del orden de los mil 200 millones
de pesos de obra pública para el año 2006, más
lo que se acumule por el Gobierno federal, más
lo que nosotros podamos gestionar más”, indicó.
Sentenció: “Creo que puede crecer de manera importante la obra
pública en los estados”.
-¿Cuál sería el aporte de su gobierno al término de sus seis
años?
-Espero que por lo menos sean unos seis mil millones de pesos
de pura obra pública, pero que ésta se caracterice
como detonadora. Si ustedes quieren ir a conocer
la obra que estamos haciendo en el libramiento,
van a poder constatar que ahí están asegurados
265 millones de pesos, el cual ya se está construyendo
y eso que nunca dimos el banderazo.
Por otro lado, Zeferino Torreblanca
fue cuestionado sobre el escrito enviado al presidente
de la República, Vicente Fox
Quesada, y al titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
por parte de la Coordinación Alemana por los Derechos
Humanos en México (Deutsche Menschenrechtskoordination
Mexiko), en el cual
expresó su preocupación por “los hechos de violencia
y soborno” que se están generando alrededor del
proyecto hidroeléctrico planeado por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en La Parota.
En la misiva -que va firmada por todos los miembros de la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en México- se
plantea que la división de las comunidades afectadas
por el planeamiento de la presa La Parota y los
resultados violentos de las discordias “se deben
a la mala política de información y de consulta,
además de la coacción del voto de comuneros por
parte de la CFE”.
“Aunado a ello -añadieron-,
está a la división de las comunidades... a nosotros
nos preocupan también la serie de violaciones
a los derechos humanos que están acompañando esta
fase de planeación.”
Prueba de ello, apunta el texto, es el hecho de que el Tribunal Unitario Agrario del 41 en Acapulco
haya anulado en su resolución del 17 de enero
del presente año (447/2005) el acta de la Asamblea
de San Marcos.
Al respecto, Torreblanca Galindo consideró que este tipo de
opiniones es de quienes no están de acuerdo con
la construcción de presas “misma que a su vez
forma parte de un movimiento mundial”.
Explicó: “Ellos están de acuerdo en que no se construyera ninguna
presa más, pero lo que sí puedo asegurar es que
parece que el Gobierno federal va a iniciar la
construcción de La Yesca”.
Ahí, dijo el gobernador, no hay nada a 100 kilómetros a la
redonda “y un interés de construir La Parota y
la insistencia de la misma es que la inversión
trae un beneficio social y hay a quién beneficiar”.
Abundó: “Los programas que se inviertan en La Parota, como
ya se ha dicho, implican 8 mil millones de pesos
de inversión y desarrollo, además de programas
de desarrollo integral en la región... pero si
la hacemos en el desierto, como en Las Vegas o
en Coahuila, finalmente no beneficiará a nadie
más que en la generación de energía eléctrica
y la garantía de agua potable”.
Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web).
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Acuerdo para el precierre operativo del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE)
en el Estado de Michoacán, acto que formalizan
la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría
Agraria, el Registro Agrario Nacional, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática y dicha entidad federativa 31
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 11-00-00
hectáreas, Municipio de Axochiapan,
Mor. 40
Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional
innominado, con una superficie aproximada de 0-70-00
hectáreas, Municipio de Axochiapan,
Mor. 41
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional
denominado San Juanito 2, con una superficie aproximada
de 23-36-56.00 hectáreas, Municipio de Candelaria,
Camp. 42
Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional
denominado San Eliodoro,
con una superficie aproximada de 07-13-05.00 hectáreas,
Municipio de Candelaria, Camp. 42
Pretendían aprovecharse de campesinos de Huautla. (La Jornada de Morelos,
Miguel Ángel García, p.web)
Tlaquiltenango, Mor. Al
encontrar yacimientos de oro y plata en minas
de Huautla, municipio
de Tlaquiltenango, empresarios
estadounidenses pretendieron “engañar” a los ejidatarios
y tratar de adquirir la tierra para su explotación.
Los campesinos, organizados en la Sociedad de
Productores Rurales, negaron la venta de sus parcelas,
bajo el condicionante de ser socios. Fue desde
el 2005 cuando un grupo de empresarios mineros
arribaron al municipio de Tlaquiltenango
para realizar estudios geológicos en la localidad
y vía satélite; con la finalidad de determinar
si las minas: Tlalchichilpa,
Plumiza y Santiago,
aún contenían los minerales, debido a que antaño
éstas eran explotadas como yacimientos.
Los empresarios, al tener en sus manos los estudios generales
sobre cuatro minas, encontraron que aún tenían
yacimientos de plata y oro; que son parte de la
veta que llega a Taxco y Chilpancingo. Pretendieron
llegar a un acuerdo con los propietarios de las
minas en Huautla, por
lo que los campesinos integraron la Sociedad de
Productores para poder asociarse con los hombres
de negocios. El Registro Agrario Nacional (RAN),
conoció la información a través de su titular,
Edmundo Venosa, quien aseguró que de lograrse
esta unión empresarial, habría posibilidades importantes
de explotación de cuatro minas de oro y plata.
Sin embargo, “de la noche a la mañana”, cambió
la posición de los estadounidenses.
Mientras el representante del RAN, asegura que “es una decisión
de los campesinos, la negociación de la compra-venta,
y debe ser bajo las condiciones que interpongan
por ser los dueños de la tierra”.
Sin Máscaras. (El Gráfico
de El Universal, p.web).
¿Cuál es la problemática del campo?.
La política agraria tiene cuatro ejes fundamentales para la
solución de conflictos sociales en el campo; queremos
evitar el enfrentamiento violento entre campesinos
para que los poseedores de la tierra la puedan
hacer productiva y puedan vivir en paz. La certificación
de ejidos, por la cual hay certidumbre política
en la tenencia de la tierra, ya que cada campesino
sabe lo que le pertenece, tiene sus títulos que
amparan sus posesiones y los planos que certifican
la dimensión de sus parcelas y de sus ductos
agrarios.
¿Tiene algún proyecto sobre esto?
Sí, un programa que se llama Fondo de Tierra, aspiramos
que tenga una vida transexenal
porque de lo que se trata es de revertir el envejecimiento
en los titulares de los derechos agrarios, ¿por
qué se van los jóvenes al extranjero? Porque no
tienen oportunidad de acceder a la tierra y su
única alternativa por dramático que se oiga, es
esperar a que su padre muera para heredar la tierra.
Este programa lo que busca es que a través de
capacitación, de tecnología y financiamiento,
jóvenes de 19 a 39 años, puedan comprar la tierra
de sus padres y con ese dinero y a través de un
esquema de financiamiento, en el cual aporta también
recursos Sagarpa, garantizaríamos
a los campesinos mayores una pensión de, por lo
menos, un salario mínimo.
¿Qué lograrán con esto?
Que los jóvenes se puedan arraigar, pues teniendo acceso a
la tecnología y financiamiento van a hacer a la
tierra productiva y no sólo en términos de que
lo que siembren tenga un rendimiento, sino que
su producto tenga acceso al mercado y consecuentemente
le genere un ingreso y que tenga un excedente.
Prensa Estatal
GUERRERO
PRD, PRI y PAN apoyan que la Corte investigue al
gobernador de Puebla. (El Sur, Jesús Saavedra,
p.web).
Hay un pasado que no acaba
de morir, dice el panista
Benito García. La corrupción no es característica
de un partido, responde el priísta Bertín Cabañas. Los periodistas deben investigar cualquier
anomalía de los gobernantes, postula el perredista
Solorio.
Chilpancingo.
La postura del diputado del PAN,
Benito García Meléndez, quien manifestó su beneplácito
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) investigue si el gobernador priísta de
Puebla, Mario Marín Torres violó los derechos
humanos de la periodista, Lydia Cacho ocasionó un debate en la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso del Estado.
García Meléndez afirmó en tribuna
que hay un pasado “que no acaba de morir porque
siguen ahí las ínsulas de poder con leyes soslayadas,
conculcadas y manipuladas a favor del príncipe,
con total impunidad, con violación a las garantías
individuales y a los derechos humanos, con poderes
como el Judicial subordinado a los dictados del
gobernante en turno y mayorías parlamentarias
al servicio de su partido y particulares con poder
económico dando órdenes al gobernante”.
Pide Wulfrano estar atento al conflicto en Lomas de Chapultepec
En ese mismo apartado de intervenciones,
el legislador del PRD Wulfrano
Salgado Romero se refirió al conflicto de los
terrenos ejidales de Lomas de Chapultepec en el municipio de Acapulco donde, dijo, “ha habido
una constante violación a los derechos humanos
de los que menos tienen; el lunes estuvieron a
punto de violar derechos de los campesinos de
Lomas de Chapultepec, es indudable el avasallamiento”.
Salgado afirmó que la historia
de Acapulco “es una constante violación a los
ejidatarios, los dueños de las tierras en lo que
se ha fincado el progreso” e hizo un recuento
de ese conflicto agrario donde afirmó que a pesar
de existir un decreto presidencial que beneficia
a los campesinos, “éste no ha sido cumplido, indudable
que el poder privado ha estado por encima de dos
decretos presidenciales. Les pido que estemos
pendientes de lo que está por suceder en ese lugar”.
El ex regidor de la comuna porteña
lamentó que a tres meses de que el Tribunal Agrario
les haya devuelto la tierra a los comuneros de
Lomas de Chapultepec,
“se les haya liberado más de diez órdenes de aprehensión,
no podemos permitir que se sigan violando derechos
de los ciudadanos y los campesinos, ha sido una
constante y el Congreso debe ser vigilante de
que el procurador y el Tribunal Superior de Justicia
sean garantes de la legalidad y que no por unos
cuantos pesos agilicen las averiguaciones”.
El diputado perredista
recordó que fue habitante en la zona de Copacabana
y que en el sexenio del extinto, José Francisco
Ruiz Massieu “nos quitaron
las tierras y nos dieron un terreno y nos pagaron
a 3 pesos metro cuadrado y ellos (el gobierno
estatal) lo vendieron en 400 dólares el metro
cuadrado” y añadió que ha pedido al subsecretario
de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Guillermo
Ramírez Ramos que se haga revisión exhaustiva
de ese problema.
Campesinos de La Montaña encarcelan e intentan
linchar a un empleado de la SCT. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
Destruyó un lindero que se
respetó 200 años, informa el presidente de los
Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano.
Chilpancingo.
Campesinos de Alacatlatzala y Coatzoquitengo del
municipio de Malinaltepec,
así como de Ocoapa del municipio de Copanatoyac,
intentaron linchar la tarde de ayer a un operador
de maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), porque durante los trabajos
de ampliación de la carretera que conduce a la
cabecera de Malinaltepec,
destruyó el lindero denominado El Vestigio de
Iglesia, que divide a esos pueblos y que por 200
años respetaron.
De acuerdo con el presidente de
los Bienes Comunales de Ocoapa,
municipio de Copanatoyac, Natalio Solano González,
el altercado ocurrió a las 6 de la tarde de este
miércoles, y abundó que en un intento por escapar,
el conductor chocó con la camioneta del campesino
Gaudencio Candia
“a quien lesionó”.
Vía telefónica ayer por la noche,
Natalio Solano relató
que al enterarse de que el trabajador de la SCT
había destruido la mojonera que divide a Ocoapa con Alacatlatzala y Coatzoquitengo, campesinos acudieron a ese lugar para confirmar
esa “maldad”.
Afirmó que durante la discusión
y detención del conductor que según Solano no
quiso dar su nombre, éste forcejeó con los campesinos
y en su intento por huir en la máquina que operaba,
golpeó a Gaudencio Candia
“lo que ocasionó una gran inconformidad al grado
que ya lo querían linchar”.
Dijo que la molestia de la gente
se debió a que “durante 200 años nosotros hemos
respetado ese lindero y con lo que hizo el operador,
pues nos puede generar un conflicto agrario, ya
que cualquiera de los pueblos puede promover un
juicio de replanteo de lindero”.
Dijo que el empleado de la SCT
que amplía la carretera que parte del crucero
Tlapa-Marquelia a Malinaltepec,
fue detenido por el comisario de Alacatlatzala, Eulogio Cano y permanece encarcelado en ese
lugar.
Advirtió que la postura de los
informes es no liberarlo hasta que haya una solución
al problema que nos generó “ya de por si le habíamos
manifestado a la SCT nuestra inconformidad por
el trabajo que estaba haciendo, y no nos hicieron
caso”.
No ordené el regreso de los policías que actuarían
en el desalojo, afirma Félix Salgado. (El Sur,
Daniel Velásquez, p.web).
Esa es una declaración del
diputado perredista
Wulfrano Salgado Romero,
afirma el alcalde.
El alcalde Félix Salgado Macedonio
aseguró que él no ordenó el regreso de ningún
policía preventivo municipal que participarían
en el desalojo de ejidatarios de Lomas de Chapultepec, mientras el encargado de despacho de la Secretaría
de Protección y Vialidad (SPV), Salvador Vargas
Villanueva, afirmó que no sabía lo que había pasado.
El lunes por la tarde policías
municipales fueron requeridos por el juzgado cuarto
de primera instancia del ramo penal para apoyar
en la acción a policías preventivos del estado
vestidos de antimotines y ministeriales para el
desalojo de familias asentadas en varias hectáreas
que reclama como suyas la empresa Inmuebles Acapulco
y Papagayo S.A. de C.V.
que mantiene una disputa con los ejidatarios.
El martes el diputado local Wulfrano Salgado Romero indicó que los policías municipales
no intervinieron porque el presidente municipal,
había ordenado al encargado de despacho de la
SPV que regresaran al cuartel.
Al respecto el alcalde comentó
ayer “yo no regresé a ningún policía, esa es una
declaración del diputado” dijo.
Consultado vía telefónica sobre
el mismo tema, Vargas Villanueva respondió “no
sé qué pasó” y cortó la llamada.
Antes, el alcalde había comentado
que la SPV recibió un oficio por parte del juez
en el que no se especificaba lugar ni hora en
la que se solicitaba a los policías preventivos
presentarse: “(los policías) No sabían para dónde
jalarle, entonces, suplico y ruego al juez que
cuando solicite la fuerza pública nos diga el
lugar y la hora”.
Niegan Félix y Vargas Villanueva
que agentes de tránsito y preventivos no participen
en operativos
En relación a la acusación que
hace el coordinador regional de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Víctor
Manuel Bosque Rodríguez en el sentido de que los
policías preventivos y de tránsito del puerto
habían dejado de participar en las operaciones
de seguridad, Salgado Macedonio y Vargas Villanueva
negaron la versión y afirmaron que las corporaciones
de seguridad del municipio trabajan en coordinación
con el estado en los recorridos y puntos de revisión.
Vargas Villanueva afirmó que el
número de preventivos en estas operaciones de
seguridad conjuntas con el gobierno del estado
se ha incrementado por instrucciones del alcalde.
MORELOS
Exigen ejidatarios a la SCT pago justo. (La Jornada de Morelos, Raúl Moreles,
p.web).
Cuernavaca, Mor. Ejidatarios y comuneros
del estado, anunciaron que para evitar que las
autoridades estatales y federales, “quieran hacer
de sus tierras, vialidades; y pagárselas a precios
de hambre”, formaran un frente común para que
antes de presentar los proyectos, sean tomados
en cuenta en las futuras obras.
En rueda de prensa en donde participaron ejidatarios de Ciudad
Ayala representados por Fernando Camacho García,
de Tecomalco, sentenciaron,
“que no venderán el único patrimonio que les queda”,
esto, ante el avance de la obra de la autopista
Siglo XXI -ya que las tierras por donde pasa aún
son productivas, ya que dan alrededor de tres
siembras al año- y la falta de acercamiento por
parte de las autoridades del gobierno estatal
y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Agregó “que no sólo defienden las tierras de cultivo del Oriente
de Morelos, sino también los bosques y el agua
del Norte que también están amenazados con los
trabajos del libramiento norponiente”.
Y es que reconoció que “se ha dejado correr el rumor, de que
nos quieren comprar las tierras a bajo costo,
para la construcción de vialidades y eso nos espanta”,
por que la carretera va a pasar sobre nuestras
tierras, sin que hasta el momento se nos haya
tomado en cuenta, abundó.
El representante del ejido de Tecomalco,
expreso que “son 20 los ejidatarios afectados
y añadió que su inquietud es que, con los cien
mil pesos que les ofrecen no podrán subsistir,
por que siempre hemos trabajado la tierra y es
lo único que sabemos hacer, si así (...) a duras
penas la llevamos, qué nos espera sin tierra”,
se cuestionó.
Por su parte, Carmen Lucila González García, presidenta de
la Asociación de Silvicultores, indicó que están
realizando un censo de los ejidatarios afectados
con la construcción de la Siglo XXI, para exigir
se cumplan los compromisos también con quienes
ya fueron despojados de sus tierras, pues con
la promesa de indemnizarlos, en otros municipios
sólo han recibido “si acaso la mitad del pago,
y se les ha ignorado”.
Detallo, que dentro de los ejidos que se unirán se encuentran
Tlaltizapán, Xoxocotla,
Zacatepec, Tétela del
Volcán, Villa de Ayala, Santa Maria Ahuactalitlan,
Chamilpa. Por eso adelantó
que solicitarán una mesa de dialogo con autoridades
dela Secretaria de Comunicacionesy
trasportes (SCT) y el gobierno estatal a través
de la comisión de reservas territoriales, con
quienes pretenden entablar conversaciones directas.
Cartones
Solidaridad derecha · Magú
Lenguaje priísta · El Fisgón
En sus términos · Helguera
Aznar en las indias · Rocha
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