CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

LUNES 20 DE FEBRERO DE 2006

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Capturan a menos narcos

Contradicen cifras el discurso. Detienen a 15 cada día en sexenio de Fox, con Salinas eran 28, y con Zedillo, 22.

 

 

Iglesia también pide investigar a Marín

No dejar en anécdota presuntos ilícitos, exigen. Si hay delito, que se castigue: Rivera. Lamenta la CEM que se desvíe la justicia. Cisen y AFI, espías: Madrazo.

 

México, condenado por la falta de crecimiento

Pobreza, desigualdad y falta de bienestar, entre las consecuencias.

 

La banca, con margen para bajar comisiones

Aún altos, los réditos del crédito al consumo, asegura Óscar Levin.

 

14 mil mdd, ventas anuales del narco mexicano en EU

Mariguana, rubro de mayor ingreso, según Washington. Fox tienen retos pendientes, dice el zar antinarcóticos Walters. Acepta que hay avances en la erradicación de cultivos de drogas.

 

Todo el sector, a favor de la Ley de Radio y TV

La reforma es viable: SHCP.

 

Neurólogo, 31 años, los asaltan y matan por robarle su auto

Víctor Manuel Duarte trabajaba en La Raza. Lo asesinaron frente a su esposa e hija de un año. El caso de pudo conocer en el homenaje a otro médico secuestrado y asesinado en el DF.

 

Condena de la Iglesia en el caso Marín-Nacif

Obispos y nuncio, contra corrupción y pederastia. Cepeda denuncia a Cota: exigen que Segob intervenga.

 

Atrapados 65 mineros en Coahuila

Están a 150 metros de profundidad y con poco oxígeno; corren peligro de muerte, en Sabinas. Lento avance de las labores de rescate; los buscan en un túnel de 2.5 kilómetros. 

 

Ex gober Luna Khan: beca de 1.3 mdp en la Cámara

Francisco Luna Khan percibe como director de Bibliotecas, 110 mil pesos mensuales. Impulsado por el PRD actualmente funge como director de esa área en San Lázaro.

 

Sector agrario

 

En abril, cierre definitivo del Procede. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).

Cd. Altamirano, Gro. Entre el 5 y 12 de abril de este año será la fecha para el cierre definitivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), según lo informó el delegado federal de la Procuraduría Agraria (PA), Fernando Jaimes Ferrel.

El funcionario fue entrevistado el pasado fin de semana en la ciudad de Chilpancingo, en donde mencionó que está la propuesta de que el gobierno estatal determine qué día escoge para llevar a cabo el acto.

De los días 5 al 12 de abril se puso en conocimiento al secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, para que el a su vez lo comunique al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

Se desprende que para ese acto deberá estar también el titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y los titulares del Registro Agrario Nacional (RAN), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y del FIFONAFE.

Con este acto se termina el periodo de Procede, que empezó sus trabajos en el año de 1993.

Para el caso concreto de Guerrero, hay mil 255 núcleos agrarios, de los cuales se regularizaron hasta el momento mil 94.

Del resto, se espera que de aquí a abril se incorporen al programa 80. No se incorporarán unos 81 por ser incertificables y los menos por no aceptar este programa. Sobre este último caso, se sabe que organizaciones no gubernamentales en vez de apoyar la regularización de las tierras han hecho todo lo contrario.

Destacó que independientemente de que el programa termine en abril, todos aquellos ejidos o comunidades que están en proceso, los trabajos se van a continuar por el tiempo necesario, pero los que no acepten, no tendrán oportunidad de ingresar al mismo.

Dijo que se tenía previsto un avance del 80 por ciento como meta final del programa, pero en estos momentos es arriba del 90 por ciento y ser la delegación una de las más productivas a nivel nacional.

Respecto a los ejidos y comunidades que queden fuera del Procede, Jaimes Ferrel señaló que desafortunadamente van a tener que pagar por los trabajos a empresas particulares, pero no sólo eso, también tendrán que hacer lo propio ante el Registro Agrario Nacional (RAN), ya que tendrán que pagar por el registro y por la expedición de documentos.

 

Suspenden la asamblea para elegir autoridades comunales en San Juan de Guadalupe. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).

Policías impidieron el acceso a la prensa pero permitieron bebidas embriagantes.

El número de asistentes contabilizados por las autoridades agrarias fue de 198 comuneros, en lo que representa la asamblea más concurrida en la comunidad desde hace 20 años. Foto: Mauricio Palos Gutiérrez

En la comunidad de San Juan de Guadalupe fue suspendida la asamblea en la que serían elegidas las autoridades comunales para los próximos tres años.

A pesar de que la Dirección General de Seguridad Pública del Estado realizó un fuerte operativo de seguridad con cerca de 50 efectivos, tanto al interior como al exterior del salón comunal simpatizantes del grupo de los juanes perreros ingirieron bebidas embriagantes y agredieron física y verbalmente a sus opositores.

Enrique González Ruiz, asesor de los opositores al grupo de los juanes perreros –nombre con el que es conocido el grupo que lleva 25 años en la mesa directiva de la comunidad– sufrió una de estas agresiones.

El acceso de la prensa a la asamblea fue impedido por agentes de la policía estatal que en todo momento estuvieron sujetos a las órdenes del grupo de los juanes perreros, quienes sí permitieron el acceso a personal del área de espionaje de la Dirección de Gobernación y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.

El número de asistentes contabilizados por las autoridades agrarias fue de 198 comuneros, en lo que representa la asamblea más concurrida en la comunidad desde hace 20 años.

De acuerdo a versiones recogidas por este medio respecto a lo sucedido al interior del salón comunal de San Juan de Guadalupe, la asamblea fue suspendida por Juan Fidel Cruz Campos, integrante del grupo en el poder, al no permitir que se realizara un nuevo conteo para definir cuál de los dos grupos ganaba la mesa de debates y conducía el resto de la asamblea que tenía como punto principal la presentación de planillas de candidatos a ocupar la mesa directiva de la comunidad y la elección de los mismos para los próximos tres años.

Siguiendo con estas versiones, el grupo de los juanes perreros contó 105 comuneros a su favor y 85 en su contra. Después un representante de la Procuraduría Agraria contó 115 en contra de los juanes perreros y 80 a su favor.

Como el conteo no estaba claro, propusieron una tercera votación a la que se opuso Juan Fidel Cruz Campos y el grupo en el poder solicitó la intervención de la policía estatal para detener a sus opositores.

Entre jaloneos e insultos, la asamblea fue suspendida. Al exterior del salón comunal un grupo de pandilleros que ingería bebidas alcohólicas y que apoyó al grupo de los juanes perreros intentó agredir a sus opositores.

 

Nulifican demandas contra despojos. (Tribuna de Campeche, p.web).

Yucatán.

Las demandas por la presunta compra irregular de tierras en los ejidos de los municipios de Umán y Hunucmá son nulas y el Gobierno del Estado puede disponer de ellas cuando quiera para llevar al cabo su proyecto Metropolisur, afirmaron los delegados del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Estatal Agraria, Luis Mena Salas y Claudio Coello Herrera, respectivamente.

Mena Salas aseguró que todos los trámites de desincorporación de tierras en más de mil hectáreas se hicieron en tiempo y forma, de acuerdo con la Ley Agraria y el Gobierno del Estado no tiene problemas para hacer uso de esas propiedades.

Al referirse al asesor legal de los ejidatarios inconformes, William Santos Sáenz, dijo que "ese muchacho apenas está empezando su carrera como licenciado y presenta argumentos jurídicos sin peso".

Comentó que el Tribunal Agrario Federal detectó irregularidades en la promoción legal que hizo Santos Sáenz, ya que utilizó firmas de ejidatarios que no saben escribir y sólo pude estampar su huella digital, además de que el Registro Agrario Nacional no tiene nada qué ver con el asunto de Hunucmá y Umán.

TODO EN REGLA

Por su parte, Coello Herrera asentó que los representantes de la Procuraduría Estatal Agraria anunciaron las asambleas de cambio de dominio de tierras cumpliendo con lo dispuesto en la ley, y que su papel es de representar al ejidatario en caso de que haya alguna irregularidad.

El funcionario dijo que no hubo ningún problema en las asambleas ejidales de Umán y Hunucmá, por lo que la Procuraduría se mantuvo a un lado hasta que Santos Sáenz promovió una inconformidad.

"Nosotros atestiguamos que la asamblea se conduzca dentro de las normas y no sólo nosotros asistimos sino también un fedatario, que puede ser un notario público o un escribano", comentó.

A pesar de eso, el proyecto Metropolisur no arranca debido a que el Congreso del Estado no autorizó al Gobierno Estatal un préstamo de mil 48 millones de pesos y la administración de Patricio Patrón Laviada busca mecanismos de financiamiento para la construcción de un aeropuerto internacional en Hunucmá, el desmantelamiento de la actual terminal aérea y la construcción de viviendas en el Sur de Mérida.

 

 

 

Confían en solución a problema de invasiones. (El Sur de Campeche, Silvia Lorena Yah, p.web)

Después de casi 20 años de lucha, el próximo 28 de marzo podría llegarse a los acuerdos definitivos para resolver el añejo problema de invasiones en la ampliación del ejido Pomuch, según dio a conocer el presidente del Frente Campesino Independiente "Emiliano Zapata", Luis Antonio Che Cu.

Dijo que para esa fecha, autoridades de las oficinas centrales de la Reforma Agraria vendrán a la ciudad de Campeche presuntamente para tratar de finiquitar el problema de las invasiones.

-La fecha exacta será el 28 de marzo cuando lleguen las autoridades de la ciudad de México, precisamente para finiquitar todo esto, que esperemos que ya estén concluidos todos los problemas de asentamientos irregulares. El trabajo que le compete a la Reforma Agraria está en cuanto a subsanar ciertas deficiencias técnicas que tenían, y no esperaremos más, debe estar todo listo.

-En los últimos tres o cuatro años, la Reforma Agraria tenía plazo para culminar con este problema que, aunque ha tenido sus altas y bajas, estamos ya a un paso de terminarlo -señaló el dirigente de la Freciez.

Reconoció que existe voluntad de las autoridades por resolver el problema, lo cual se demostró durante la reunión del pasado 13 de enero, donde se acordó que se actuaría de acuerdo a la ley, después de iniciarse las notificaciones a los asentamientos fuera de la expropiación.

-El ejido ha exigido a las autoridades le limpien su ampliación, y mediante un acuerdo con la PGR, al que asistió la Profepa, la Policía Judicial del Estado, la Procuraduría Agraria, Reforma Agraria, Gobierno del Estado, se dio el compromiso y el acuerdo fue firmado.

E incluso hemos supervisado que han iniciado los trabajos para notificarles a los asentamientos que están fuera de la expropiación, que se va a actuar con la ley, que si no aceptan lo que anteriormente se había firmado, en los reacomodos, en los polígonos donde el ejido que es el dueño de la tierra propuso para terminar ya con este añejo problema en el Estado, de asentamientos irregulares, concluyó Che Cu.

 

Se confrontan ejidatarios en la elección del comisario de Axoxuca, en Tlapa. (El Sur, Carmen González, p.web).

 El alcalde Martiniano Benítez presenció la elección y dio posesión a los ganadores. Hubo agresiones verbales entre los bandos que se pelean por un conflicto agrario de hace 20 años

San Miguel Axoxuca, Tlapa.

Un grupo de inconformes sin partido político que mantiene tomada la comisaría de San Miguel Axoxuca, municipio de Tlapa, agredió a integrantes del Cabildo de este municipio que acudió a “darle legalidad” al cambio de comisario, luego que el 8 de enero no pudiera concretarse por la confrontación existente entre dos bandos de pobladores confrontados por un problema agrario que data de 1981.

La elección del comisario no pudo realizarse en la fecha establecida con anterioridad en esta comunidad por la confrontación de estos grupos y que ayer se enfrentaron con insultos y gritos; unos para impedir la entrada a la Comisaría y los otros para llevar a cabo la elección del comisario, lo que entorpeció el diálogo entre las autoridades y las partes involucradas.

Sin embargo, la elección de las autoridades comunitarias se llevó a cabo en el zócalo de la comunidad porque la comisaría no fue liberada y quienes la mantenían en su poder tampoco participaron en la elección.

De esta manera la planilla Verde y única ganó con 188 votos que los ciudadanos emitieron de manera abierta, donde anotaron su nombre en unas hojas y presentaron su credencial de elector para que se tomara la clave de elector y firmaron.

A la 1:30 de la tarde de acuerdo con los resultados, el presidente municipal de Tlapa Martiniano Benítez Flores, le tomó protesta simbólica a la planilla ganadora integrada por Ventura Navarrete Guerrero, comisario, Salvador Romero Bello, suplente, Porfirio Gervasio Ruiz, primer vocal, Francisco Guzmán Navarrete, segundo vocal.

San Miguel Axoxuca tiene mil 200 habitantes de acuerdo al cuaderno estadístico municipal de Tlapa que edita el INEGI y está ubicada a la orilla de la carretera federal Tlapa-Chilapa, a unos 30 minutos de la cabecera municipal.

El alcalde de Tlapa dijo que el Cabildo asistió para darle legalidad a la elección y reconocer a quien ganara.

Se le preguntó por qué acudió a la comunidad si había un exhorto de Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación regional, donde por instrucciones del secretario general de Gobierno, Armado Chavarría Barrera, le pedían que no se llevara a cabo la elección porque no había condiciones y esperara al diálogo.

Respondió que esa observación “se analizó y se tomó en cuenta antes de proceder y que el Cabildo acordó llevarla acabo”.

Del conflicto el alcalde dijo: “Ellos pueden tener la comisaría; nosotros vamos a tomar en cuenta a los que tengan el sello y si se toman como autoridad estarán haciendo uso indebido y usurpación de funciones”; luego los conminó a que sus problemas agrarios los resuelvan ante las instancias correspondientes.

El Ayuntamiento de Tlapa convocó este 18 y 19 de febrero a elecciones extraordinarias para resolver los conflictos en las colonias de San Antonio, Lázaro Cárdenas y Santa Anita y la comunidad de San Miguel Axoxuca pues el 8 de enero, en que se realizó el cambio en todas las localidades y colonias del municipio éstas presentaron división y crearon delegaciones y comisarías alternas.

Las partes en conflicto

El campesino contrario al grupo que mantiene la comisaría tomada, Sócrates Bello, dijo que en la comunidad “ya no hay problemas agrarios” porque éstos se acabaron con la certificación del Ejido por el Procede el 26 de noviembre, fecha en que se celebró la tercera y última reunión.

Comentó también que ellos son 86 ejidatarios en comparación a los cinco que apoyan al grupo que se opone al progreso de la comunidad ya que rechazaron las instalación de un Cobach, el Seminario y de la Universidad de Chapingo.

Añadió que ahora no aceptaban los 5 millones que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas canalizó a través del Ayuntamiento municipal para el drenaje de la comunidad y el mirador para “la cascada de Axoxuca”, que forma parte de un proyecto ecoturístico.

Agregó que son un “grupo minoritario” que durante nueve años se autonombró como autoridad y para confundir a la gente hoy, anunció que “no se iba a llevar a cabo ninguna elección y que si asistían era sólo para confrontaciones”.

Por su parte el grupo que mantiene la Comisaría en voz de Raúl Navarrete de la Cruz, manifestó que este problema se debe a un conflicto agrario que viene desde 1981 pero que se agravó con la terminación, del 26 de noviembre de 2005, del programa Procede, del INEGI porque no se cumplieron los acuerdos establecidos

Dijo que con ello anularon a más de 190 ejidatarios y los dejaron como posesionarios y con tierras de uso común por lo que ya acudieron al Tribunal Unitario Agrario.

Ante eso, dijeron que no entregarán la Comisaría si el presidente municipal y el Comisariado de Bienes Comunales, Eudel Silva León, no arreglan el problema y si les resuelven al día siguiente hacen la elección.

Navarrete expresó que Sócrates Bello tiene “intereses con el Ejido” porque se “pone terco” en la designación del comisario cuando ya la comunidad eligió a Hilario Martínez.

 

Hay indolencia de autoridades agrarias en el conflicto de El Capulín, dice el TSA. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web)

 La SRA debió haber ejecutado la sentencia de 1948 de la SCJN, dice el Tribunal en la apelación del amparo del Juzgado Primero de Distrito.

Chilpancingo.

El recurso de revisión que presentó el Tribunal Superior Agrario (TSA) ante el Tribunal Colegiado del 21 Circuito, en contra del amparo que dictó el Juzgado Primero de Distrito a favor de los comuneros de El Capulín –en la disputa por 456 hectáreas de tierra con campesinos de Moyotepec–, es porque esa resolución no es correcta y le causa perjuicios, porque la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) no ha ejecutado de manera total el convenio de 1883, en donde se fijó una nueva línea divisoria entre ambos pueblos.

De acuerdo con el documento que recibió el 21 Tribunal Colegiado el 8 de febrero, el TSA afirma que tampoco se advierte que las “autoridades agrarias obligadas a su cumplimiento hubiera practicado todo cuanto legalmente están constreñidas a ejecutar, lo que demuestra su indolencia injustificada en cumplir con los términos y plazos…”.

El documento indica que como tal sólo le corresponde dictar resoluciones definitivas a la SRA, y destaca que precisamente ya emitió su sentencia para que procediera su ejecución.

Hace poco más de un mes, el 6 de enero, el Juzgado Primero de Distrito concedió el amparo que tramitaron en el 2004 comuneros de El Capulín, con el cual, –según dijo en ese entonces el dirigente de la CNC no oficial y asesor legal de éstos, Evencio Romero Sotelo– se confirmó que les pertenecen las 456 hectáreas que se disputan con sus vecinos de Moyotepec.

La semana pasada los comuneros de Tlacoapa –a donde pertenece El Capulín– lograron comprometer a la SRA de que no impugnara dicho amparo; sin embargo, el miércoles en entrevista con El Sur, el delegado estatal de la SRA, Natividad Salas Estrada, informó que aunque ellos habían respetado ese acuerdo, el TSA sí lo había impugnado; agregó en ese momento que no sabía en qué términos iba el documento, aunque sí dijo que eso alargaría la solución al problema agrario, de uno a dos meses.

Según el escrito del TSA que firma el presidente Ricardo García Villalobos Gálvez –cuya copia posee El Sur– la sentencia del 6 de enero causa perjuicios a ese órgano, debido a que como tal, resolvió en su momento el problema agrario entre Moyotepec y el Capulín; de ahí se señala que la Reforma Agraria tiene pendiente por ejecutar el convenio de 1883.

En el documento que consta de 11 páginas –y tiene el número 01253–, el TSA retoma parte del dictamen del Juzgado Primero de Distrito y resalta que una vez que éste analizó el dictamen del estudio que se realizó recientemente en la zona de conflicto, concluyó que éstos “…resultan insuficientes para determinar, por una parte que la sentencia emitida en el juicio de inconformidad señalado se encuentre ejecutada o bien en vías de ejecución”.

De igual modo, según el Tribunal, el juez primero expone en su resolución que con esos “documentales, lo único que se acredita es que las responsables ejecutoras, únicamente iniciaron el procedimiento de cumplimiento sin llegar a determinar la ubicación correcta de lindero ordenado en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Dice que tampoco se advierte que las “autoridades agrarias obligadas a su cumplimiento (TSA) hubiera practicado todo cuanto legalmente están constreñidas a ejecutar, lo que demuestra su indolencia injustificada en cumplir con los términos y plazos…”.

Ante esas explicaciones en el texto se menciona que para el TSA, dicha resolución “es imprecisa”, pues se afirma que a éste “únicamente le corresponde el dictado de las resoluciones definitivas; no se le facultó para que una vez turnado el expediente para su resolución procediera a su ejecución, pues este Tribunal Superior Agrario no puede tener más facultades que la ley le otorga…”.

De igual forma, expone el TSA en su recurso de revisión que fue en 1999 cuando confirmó la resolución de la SCJN del 12 de mayo de 1948, con excepción del primer punto en donde se menciona que “para resolver las dificultades, que por cuestión de límites existían entre ambos pueblos, fijaron una nueva línea divisoria de sus respectivos terrenos (cuyo convenio se firmó el 26 de octubre de 1883), ordenándose turnar a la Secretaría de la Reforma Agraria copia certificada del citado acuerdo y de la resolución para el efecto de que procediera…”.

Por esa situación en el escrito se destaca que es la SRA a quien “corresponde, de acuerdo a sus atribuciones dictar las medidas necesarias a fin de ejecutar en sus términos las resolución presidencial”.

En otro párrafo se agrega que a partir de esto “no es correcta”, entonces la resolución del Juzgado Primero de Distrito y justifica así su impugnación.

 

Diputados panistas dan uso electoral a la política social. (La Jornada, Roberto Garduño, p.web)

Ganar votos en el sector rural, uno de los objetivos.

A lo largo de la 59 Legislatura el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha utilizado los programas sociales del gobierno federal para el campo y los contactos con los secretarios y funcionarios de ocho secretarías de Estado "para realizar trabajo de gestión social, fortalecer la labor legislativa y eventualmente tener un beneficio político en favor del partido (Acción Nacional) en todo el país".

Este uso de los programas sociales y el manejo de los padrones de beneficiarios por diputados del PAN se revela en el documento denominado Programa de Capacitación en Programas Federales, que distribuyó entre los legisladores panistas el denominado Consejo de Política Agropecuaria del blanquiazul, en el que se detallan las acciones a seguir para dar uso electoral a la política foxista.

El documento que este diario pudo obtener en la bancada de Acción Nacional en San Lázaro señala que en la estrategia de acción los panistas iniciaron la "aplicación inmediata" de cuatro programas de alto impacto social que permitieran formar una base de votos hacia 2006: Abasto Social de Leche, de Liconsa; Abasto Rural, de Diconsa; Adultos Mayores, que aplican la Secretaría de Desarrollo Social y el Inapam, y Vivienda Rural, de la misma secretaría y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Al mismo tiempo, comenzó la creación de una base de datos de gestión social federal de las oficinas de enlace legislativo en las secretarías "y una agenda inmediata con secretarios de Estado y enlaces para formular acuerdos" en la aplicación de los programas en el campo mexicano.

El proyecto también incluye tener acceso a los padrones nacionales de Abasto Social de Leche, Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportunidades; diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades; crear diez organismos de la sociedad civil por cada oficina de enlace legislativo, y realizar una campaña permanente de gestión social de actas de nacimiento, CURP, regularización de terrenos, testamentos simplificados y jornadas comunitarias.

Este programa, que cuenta con el apoyo del gobierno de Fox, se echó a andar para ganar votos en el sector rural y ante "la necesidad de generar organizaciones sociales alrededor de las oficinas de enlace ciudadano y afines al partido para que lo fortalezcan en los próximos procesos electorales".

Entre sus objetivos generales, se señala en el documento, está que los diputados cuenten con información clara, práctica y operativa de todos los programas que administra el gobierno federal, que les permita desarrollar "un proyecto de gestión social" para aprovechar programas federales mediante el sistema de enlace ciudadano y de las estructuras de Acción Nacional.

La intención es desarrollar un modelo de capacitación para formar cuadros de militantes panistas "que sean capaces de ejecutar correctamente programas federales, partiendo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el Comité Directivo Estatal y hasta el comité municipal más modesto", lo que les permitiría "generar, a través de la gestión, estructuras sociales que den fortaleza y apoyen a Acción Nacional en los próximos procesos electorales".

Para los cursos de capacitación, los diputados panistas recibieron, en una presentación interactiva, las reglas de operación de los principales programas federales en forma sintetizada, con requisitos, formato, fechas y lugares de presentación de las siguientes secretarías: Agricultura, Desarrollo Social, Reforma Agraria, Trabajo, Economía, Educación Pública, Comunicaciones, Medio Ambiente y Seguridad Pública, y de las siguientes dependencias e instituciones: Infonavit, IMSS, Instituto Nacional del Programa de Adultos Mayores, Pemex, Financiera Rural, Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Coordinación de Atención a Pueblos Indígenas, CFE y Comisión Nacional de Pesca.

En total se recibió información y se inició el uso electoral de 113 programas sociales. De ese conjunto, 38 son aplicados por la Secretaría de Agricultura, donde los contactos del PAN son el coordinador de Enlace de la secretaría, Antonio Alvarado Briones, y el director general de Política Sectorial, Felipe Zavala Ponce, y 37 de la Secretaría de Desarrollo Social, entre los que resalta el programa Oportunidades, el Programa de Financiamiento a la Vivienda, el programa Hábitat y los programas de superación de la pobreza urbana. En este caso el contacto de la dependencia con los diputados es Enrique Lepine Muñoz, director de la Corett.

 

Diario Oficial de la Federación. (Agencias, p.web)

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para enajenar terrenos nacionales a través de subasta pública 65

Aviso de deslinde de un predio de presunta propiedad nacional innominado, con una superficie aproximada de 08-99-95 hectáreas, Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chis. 72

 

El foxismo y el campo mexicano. (El Imparcial de Oaxaca, Margarito Montes, p.web)

Este año, afortunadamente, termina el ciclo del foxismo como forma de gobernar.

Con el presidente Fox y su pareja se ira también un estilo contradictorio de enfrentar los problemas del país y entre ellos, el del México rural.

Vicente Fox es un ranchero un poco anticuado metido a empresario trasnacional, que a su vez se metió a político nacional con la esperanza de acabar su vida en la tranquilidad bucólica del Ranchero San Cristóbal, las misas del domingo en la mañana y las comidas familiares. Los sueños de Martha Sahagún son otra cosa.

El presidente Fox llegó a Los Pinos, nunca al Palacio Nacional. Se plantó como gobernante y no como estadista. Por lo mismo, enfrentó los problemas del campo como problemas, nunca como oportunidades de resolver, aunque fuera en parte, los grandes problemas nacionales.

Fox enfrentó al campo con la continuidad de la Alianza para el Campo modificándole el nombre para llamarla Alianza Contigo y cambiándole sólo algunos programas y algunas orientaciones. Reclama como su mayor logro la paz social en el campo tal y como fue la más acendrada aspiración de la clase política mexicana que sufrió el cardenismo en los 30 e incubó el modelo conservador bifronte del panismo santurrón de un lado, y del avilacamachismo y el alemanisco del otro. Si el PAN no pudo crecer en los años 40, 50 y 60 fue porque los políticos priístas eran más conservadores y reaccionarios que el propio PAN.

El otro referente ideológico de Fox era la hostilidad a las organizaciones campesinas. Enfrentado de toda la vida con los campesinos que le pelearon la propiedad de su latifundio simulado en el Rancho San Cristóbal, Fox nació, creció y se hizo adulto batallando con el reparto agrario tal y como lo documentó al detalle Miguel Ángel Granados Chapa en un libro Fox & Co. Como político exitoso Fox enfrentó también la hostilidad de la Liga de Comunidades Agrarias de Guanajuato y aprendió, como gobernador y candidato presidencial a enfrentar los embates de los sectores priístas. Candidato triunfador contra el antiguo secretario de Agricultura, Francisco Labastida, Fox acumuló críticas y rencores. Todo lo cual no le impidió heredar de Zedillo el modelo de políticas públicas rurales.

Muy pronto Fox enfrentó la furia del movimiento campesino y las calles se le llenaron de confrontaciones. Desde Oaxaca las organizaciones del CAP lo confrontamos con la Declaración del Sur y la más grande confrontación mediática de los últimos años. Más de 400 programas de radio, notas en televisión, páginas de la prensa del Distrito Federal, reportajes en todos los periódicos estatales y regionales.

Al final, la marcha campesina del 8 de agosto de 2001 lo convenció de que la prepotencia presidencial, reforzada por el agrio carácter de Javier Usabiaga, su padrino y conductor rural era más complicada y tuvo que reconocer que las organizaciones campesinas expresaban fuerzas reales y no sólo bandas delictivas.

Todo el sexenio fue un gran torneo de fuerza entre el foxismo y su imaginario del México rural y las acciones y propuestas del movimiento campesino y sus fuerzas reales.

Fox enfrentó resistencia del movimiento campesino en muchas de sus iniciativas fundamentales como la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

No fueron sólo los machetes y la movilización de los campesinos del oriente del Estado de México los que derrotaron a un gobierno que pensó que contaba con el apoyo de todo el mundo, hasta de los patos, según afirmara el secretario de Comunicaciones y Transporte. Fue también la exhibición de las ansias especuladoras desmedidas de los gobernantes foxistas y sus empresas que fueron descubiertas por la rebelión campesina.

El foxismo debió batallar en su segundo año de gobierno con la furia de las organizaciones de productores cañeros, piñeros, ganaderos y maiceros, que desde todos los rincones del país lo confrontaron y lo zarandearon. El gobierno foxista que surgió a la política neopanista, impulsado por la resistencia neolatifundista a las expropiaciones de Echeverría en los 70, se vio obligado a expropiar 27 ingenios azucareros. No es una contradicción menor que un gobierno panista tenga que hacer expropiaciones de empresas privadas.

Claro que después del pecado comenzarían los negocios y los ingenios expropiados y retenidos por la administración pública federal se volvieron una enorme caja negra donde han ingresado más de siete mil millones de dólares por ventas de azúcar, donde no está clara absolutamente ninguna cuenta y será sin duda uno de los grandes costos posteriores a éste sexenio para las que administraron el foxismo.

Otro frente abierto fue el de la legislación rural y los presupuestos al campo. Ahí la mayor confrontación ha sido con la Cámara de Diputados en dos legislaturas sucesivas. En éste sexenio se ha emitido el mayor número de leyes para el campo de que se tenga memoria. Se ha legislado sobre el desarrollo rural, el financiamiento rural, las aguas, los bosques, el desarrollo social, la energía, lo agrario, los subsidios, los organismos genéticamente modificados, la caña de azúcar, las garantías para el crédito, etc., etc., etc.

En general son leyes necesarias, pero en el rejuego de fuerzas reales en el Congreso y en la relación del poder Legislativo con el Ejecutivo han quedado como leyes muertas, anodinas, inaplicables. En dos ocasiones, por lo menos, el presidente Fox ha vetado las leyes relativas al campo, primero respecto a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable donde se impuso un recorte total de las obligaciones al fomento rural del Estado.

La otra Ley conflictiva ha sido La Ley Cañera. En esta materia el Ejecutivo se ha opuesto a todo intento de proteger en serio la producción nacional de caña de azúcar y sus derivados, y ha forcejeado todo el sexenio con las organizaciones cañeras por los impuestos especiales a la importación de alta fructuosa, por la legislación cañera y por las controversias internacionales que han impuesto los norteamericanos que quieren ampliar sus ventas de maíz procesado a México. Como en ningún campo, en el tema cañero las orejas del viejo gerente de Coca–Cola han asomado por encima de las obligaciones presidenciales.

En cuanto al presupuesto, el presidente Fox ha reñido cada año con las cámaras y con las organizaciones campesinas en su intento por disminuir los presupuestos globales al campo.

Como cada año ha sido derrotado y la Cámara ha aumentado el presupuesto al campo, y lo que ha hecho el presidente ha sido recortar programas, no aplicar los recursos de un año sino hasta el año siguiente, esconder las acciones reales y canalizar los grandes recursos de Sedesol, los del sector indígena y los de infraestructura rural a su antojo y beneficiando siempre a un reducido grupo de no más de 550 empresas rurales donde hacen sus negocios los principales socios de foxismo como corriente política. Las manipulaciones presupuestales de Francisco Gil en Hacienda, de Josefina Vázquez Mota en Sedesol, de Xóchitl Gálvez en el Conadepi, de Javier Usabiaga en Sagarpa y de la CNA y sus empresarios lecheros son ampliamente conocidas y documentadas y son aplicadas con mucho celo por todos los sucesores de aquellos que se han ido del gabinete pero preparan, desde ahora, la continuidad del foxismo.

En torno a dos grandes temas son todavía más evidentes las contradicciones del foxismo en materia rural. La primera tiene que ver con los discursos moralizadores del foxismo contra los antiguos gobernantes priístas. Un recuento puntual de lo que ha ocurrido en el café, en el azúcar, en la compra de predios rústicos y costeros, en el conducción de los organismos de financiamiento, en el manejo de los subsidios, en la asignación de contratos y sobre todo en la administración de las aduanas muestra un gobierno formado por empresarios voraces, corruptos y sin escrúpulos a la hora de hacer fortuna con el uso de los recursos públicos. La burguesía estuvo de fiesta en este sexenio.

El otro tema es del corporativismo y el manejo de masas. El PAN siempre criticó al PRI como un partido opuesto a la democracia por el manejo manipulador y antidemocrático de las masas obreras y campesinas. El foxismo ha impuesto como norma de gobierno la construcción de un corporativismo azul que ha incluido la manipulación de los más pobres con los programas de combate a la pobreza, con el uso de los recursos para proyectos productivos FONAES para formar un organismo electoral afín, llamado Unimos a la cabeza de los cuales colocaron a Javier López que como funcionario de FONAES fue el que dio los fondos a las empresas fundadoras de Unimos. En el otro extremo y con la vista puesta en los más ricos del campo, el foxismo formó Plantar otro organismo electoral, a la cabeza del cual colocó a Josefina Vázquez Mota, a Javier Usabiaga y otros funcionarios del más alto nivel en el gabinete. Finalmente, los recursos de Conapesca, de la Financiera Rural, FIRCO y la Secretaria de Economía han sido usados para cooptar dirigentes y organizaciones enteras que hoy aparecen como aliadas del PAN y de Felipe Calderón, ni más ni menos que como aparecía antes como aliadas de Salinas, de Zedillo o del mejor postor en cada entidad. Qué lejos está el foxismo de los ideales democráticos y anticorporativos de sus proclamas.

El campo sigue con grandes problemas sociales y grandes amenazas. Vamos a evaluar el verdadero campo del siglo XXI, el campo que el Presidente Fox quiere contemplar desde el Rancho San Cristóbal o desde las románticas playas del Tamarindillo.

El presidente Fox firmó acuerdos sobre el campo que no estaba dispuesto a cumplir, las organizaciones le reclaman que no cumplió lo que firmó. Eso, como sabemos, no es novedad

 

Improcedente el pago del paraje San Juan por procesos pendientes. (Milenio Diario, p.web)

Domingo 19 de febrero 06.

La legisladora del PRD recordó que SRA se acreditó la propiedad del predio y que el TSJDF anuló un contrato de 1947.

La diputada local Aleida Alavez Ruiz dijo que el gobierno capitalino puede negarse a pagar 60 millones de pesos a Enrique Arcipreste, como ordenó la jueza 15 de Distrito en Materia Administrativa, Gabriela Rolón, por la expropiación del Paraje San Juan, pues hay otros procesos pendientes sobre el predio.

La legisladora del PRD recordó que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se acreditó la propiedad del predio y que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal anuló un contrato de 1947 mediante el cual Arcipreste del Abrego se dice dueño del mismo.

Dijo que la orden que dio la jueza al Gobierno del Distrito Federal de pagar 60 millones de Arcipreste puede desatenderse porque hay otra del Poder Judicial que la anula implícitamente y un proceso judicial aún pendiente de conclusión en el cual la SRA se dice dueña del mismo terreno.

Por ello, exhortó a las partes a concluir ese caso, a fin de proteger el patrimonio de cientos de familias de escasos recursos que poseen el predio y puedan obtener créditos para la construcción de sus viviendas, como ya lo han hecho varios de ellos.

"La nulidad del contrato apócrifo de Enrique Arcipreste cierra un capítulo de la industria del fraude y la maquinación perversa del tráfico de influencias en contra del interés y el bien público", puntualizó la legisladora perredista.

 

Ganan batalla ejidatarios. (El Mañana de Matamoros, p.web).

Domingo 19 de febrero 06.

Reciben títulos parcelarios luego de 68 años de lucha en el ejido Reforma Sur.

Matamoros, Tam.- Por más de 68 años los habitantes del ejido Reforma Sur pelearon -incluso a sangre y fuego- por las tierras que durante todo ese tiempo han venido labrando. Hoy en día, esa batalla que incluso llegó a los tribunales, ya la ganaron.

Alejandra Rodríguez Lara, asesora jurídica de las 18 familias que integran la comunidad ejidal, informó que ya recibieron los títulos parcelarios que les entregó el Registro Agrario Nacional (RAN).

Desde el año 1938 se inició el pleito, justo cuando un norteamericano pretendió despojar de sus tierras a los ejidatarios, por lo que empezaron los problemas que incluso cobraron la vida de tres personas, quienes fueron asesinadas.

Por medio de su representante, el extranjero pretendió robarles las tierras a los habitantes del ejido Reforma Sur, quienes decidieron defenderlas a como diera lugar.

En varias ocasiones se suscitaron pleitos a balazos.

El caso llegó a los tribunales, y fue justo en 1949 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que les reconociera sus derechos a los ejidatarios, pero esto se ignoró, y hoy, a 57 años de ignorada esa orden, se hizo justicia.

Son 169 hectáreas las que estaban en pleito, y que legalmente pertenecían a 18 ejidatarios, de los que hoy en día solamente viven dos: Don Pascual Hernández y Alfredo Canchola.

Estos 18 campesinos iniciaron el pleito y lo continuaron sus herederos, quienes hoy en día ya cuentan con los certificados parcelarios, por lo que sólo resta que se les entreguen los títulos de propiedad.

Los certificados parcelarios amparan la propiedad de la tierra que utilizan ellos para labrar, mientras que, los títulos de propiedad, son como las escrituras de los lotes en donde tienen sus viviendas.

Fue una batalla muy larga la que sostuvieron, en la que tuvieron enfrentamientos en los tribunales, pero también, en el campo de batalla, a balazos hace ya algunas décadas.

De acuerdo a la representante legal de los campesinos, gracias a la lucha que llevó la gente de Reforma Sur, los habitantes de otra comunidad, Reforma Norte, se vieron beneficiados.

Y esto, ya que a ellos también el RAN les entregó sus certifcados parcelarios, por lo que ahora nadie los podrá despojar de la tierra que han venido trabajando desde hace muchos años.

 

Según la SRA pertenecen a miles de indios que las poblaron antes del dictamen. (La Jornada, Ángeles Mariscal, p.web).

Domingo 19 de febrero 06.

Pierden lacandones 113 mil hectáreas por incumplirse un decreto de 1972.

Para concluir litigios en la zona propone expropiarles tierras que no ocupan, e indemnizarlos.

Tuxtla Gutierrez, Chis., 18 de febrero. La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), reconoció que un decreto presidencial de 1972, que otorgó a los lacandones unas 100 mil hectáreas en la selva, nunca fue ejecutado, por lo que legalmente pertenecen a los miles de indígenas que llegaron a poblarla antes y que en 1994 se levantaron en armas comandados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La dependencia propone indemnizar a los lacandones mediante la expropiación de 11 mil hectáreas que poseen, pero que no habitan, para dejar la zona "libre" de cualquier conflicto agrario antes de que concluya la administración federal.

Según información oficial en poder de La Jornada, luego de los levantamientos topográficos e investigación documental de la situación de los núcleos poblacionales que forman parte de la selva Lacandona, el decreto presidencial de 1972, que otorgó unas 113 mil hectáreas a los lacandones, nunca fue ejecutado (entregado el terreno); por lo anterior, las tierras legalmente pertenecen a quienes antes del decreto fundaron sus comunidades en la región.

Entre estos poblados se encuentran 26 de la zona de Las Cañadas, donde ahora se ubican tres de las juntas de buen gobierno del EZLN.

Según el historiador Antonio García de León, en su libro Resistencia y utopía, a finales de los años 50 cientos de peones asentados en las fincas cafetaleras de los valles de Ocosingo fueron expulsados por sus patrones cuando bajó el requerimiento de mano de obra debido a que cambiaron cafetos por ganado.

Para controlar la presión de los expulsados, el Estado les permitió colonizar la selva Lacandona. A este éxodo se unieron indígenas de la zona de los Altos, quienes huían de sus tierras estériles.

Por ejemplo: en la primavera de 1969 los peones que trabajaban en la finca El Porvenir partieron hacia la selva, y entre los ríos Tzaconejá y Jataté, fundaron el ejido La Sultana. Iniciaron los trámites para que les legalizaran la propiedad de la tierra y el 4 de marzo de 1965 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz les reconoció 634 hectáreas, entonces "propiedad de la nación". Otros ejidos que se fundaron en la época y en iguales circunstancias fueron Agua Azul, San Francisco, Las Tacitas, Ibarra, Amador Hernández y Plan de Guadalupe.

El 6 de marzo de 1972 el gobierno de Luis Echeverría ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual otorga a indígenas lacandones -unas 66 familias que habitaban un pequeño extremo de la selva Lacandona- 614 mil 321 hectáreas. Esa dotación abarcaba los terrenos ocupados de la zona de Las Cañadas.

Los historiadores coinciden en afirmar que la incertidumbre generada entonces en la posesión de esa tierra y las amenazas de desalojo que pesaron sobre los poblados fueron factores que impulsaron a los habitantes del lugar a unirse al movimiento que en 1994 se conoció como EZLN.

La SRA comenzó hace cuatro años levantamientos topográficos, censos y estudios documentales sobre la posesión de la tierra en la zona con el propósito de reubicar y/o regularizar los poblados que "ilegalmente" se encuentren ahí. El informe de este proceso indica que debido a que un decreto presidencial adquiere validez última hasta que es ejecutado, fue hasta 1988 en que se efectuó el deslinde y medición de la tierra dotada a los lacandones que se validó. Se encontró entonces que sólo poseían 501 mil 107 hectáreas.

Es decir, 113 mil de las 614 mil hectáreas que presuntamente les pertenecían estaban ya ocupadas por pobladores que habían llegado antes. Como las leyes agrarias indican también que "primero en tiempo primero en derecho", los lacandones sólo pudieron acreditar, en la zona de Las Cañadas, 11 mil 638 hectá-reas dispersas en ocho polígonos.

Ello implica -según el diagnóstico de la SRA- que los 26 ejidos que ocupan Las Cañadas poseen el derecho legal; inclusive algunos tienen resoluciones presidenciales en su favor. Se trata de los poblados La Sultana, Las Tacitas, Ibarra, Ixcán, Nuevo Tenejapa, Peña Blanca, Agua Azul, San Jerónimo, San Francisco, Pichucalco, Plan de Guadalupe, El Calvario, El Zapotal, San José, Guadalupe Trinidad, Laguna Santa Elena, Ojo de Agua San Jacinto, El Guanal, Candelaria, Santa Marta Corozal, Santa Lucía, Amador Hernández, San Antonio Escobar, El Limonar, El Chamizal y Perla de Acapulco.

Con el propósito de dejar "libre de conflictos agrarios" esa región, la SRA propuso a la comunidad lacandona la expropiación de las 11 mil 638 hectáreas que les pertenece, aunque no ocupan. El jueves pasado, los líderes y delegados de poblados de Las Cañadas acordaron medir las colindancias y conocer los límites de las propiedades.

Se espera que al concluir ese proceso se defina el precio de la "indemnización" que la SRA entregaría a los lacandones para que abandonen sus expectativas sobre la posesión de la tierra en esa región.

 

Ex edil acusado por falsificación de documentos y defraudación. (Diario de Tampico, Karla Reyna, p.web).

Sábado 18 de febrero, 06.

Habría utilizado, el acusado, ese dinero en su provecho cuando estaba dirigido a una Sociedad de Solidaridad Social.

Epifanio Herrera Guzmán, presidente de la Asociación Ganadera Úrsulo Galván, que denuncia que ex regidor despojó de fuerte cantidad de dinero a campesinos.

Pánuco

Mediante rueda de prensa, el presidente de la asociación Ganadera Local Úrsulo Galván de este municipio, Epifanio Herrera Guzmán, dio a conocer la intención de un grupo de campesinos, de formalizar denuncia en contra del ex regidor del ayuntamiento Vicente Arellano Rivera, quien dicen, aprovechando sus cargos como líder campesino y asesor del campo, habría dispuesto de 500 mil pesos que la Secretaría de la Reforma Agraria, destinó a un grupo de 37 campesinos integrados en una agrupación denominada “Los Pichichiles”.

Era dirigente de los ganaderos, señaló, que el grupo en cuestión acudió a él para solicitar asesoría, ya que es intención de ellos, denunciar al ex regidor, quien dice además, ha conformado otras asociaciones similares para defraudar literalmente al gobierno, al solicitar apoyos a través de listas de personas que son ficticias, y una de esas agrupaciones, está encabezada por su propia esposa.

Herrera Guzmán, señala que en el caso de “Los Pichichiles” esta agrupación está encabezada por Efrén Pérez Cerrillo, quien ante la falta de apoyo para su agrupación, emigró al vecino país del norte, lo que aprovechó Arellano Rivera, para modificar indebidamente la documentación de la sociedad, para incluirse el y cobrar el apoyo de 500 mil pesos que ninguno de los 37 participantes vio alguna vez o recibió algo de ellos.

Dijo que existe constancia en la Reforma Agraria de que se dio el cobro y que fue Arellano Rivera el autor del cobro, y exhiben ahora ellos, las actas constitutivas en las que no aparece el ex regidor como presidente, sólo que de manera irregular, aprovechando su influencia política, las modificó y cobró el dinero que ahora le exigirán mediante una denuncia de tipo penal, que incluirá la solicitud de los intereses de este dinero.

 

Ultimátum de ejidatarios a Jesús Pool. (Por esto!, Luis Enrique Cauich, p.web).

Sábado 18 de febrero, 06.

Calificaron de "mentiroso" al representante del gobierno del estado * No cumplió su compromiso de buscar una solución para el conflicto entre comuneros * Latente peligro de enfrentamientos.

Kantunilkin, Lázaro Cárdenas.- Un grupo de ejidatarios de esta cabecera municipal calificó de mentiroso al representante del gobierno del estado en la zona norte, Jesús Pool Moo, y exigió al funcionario cumplir con su palabra de buscar una tercera convocatoria para la elección de comisariado ejidal de Kantunilkín, dando como plazo ocho días para una respuesta favorable.

Una comitiva de 15 ejidatarios acudió esta mañana en representación de 300 más a las oficinas de este medio de comunicación para denunciar que fueron objeto de un vil engaño por parte de Jesús Pool Moo, quien se había comprometido el pasado doce de febrero a buscar una solución al conflicto que presentaba el núcleo ejidal por la disputa de la comisaría.

El grupo, que en su momento defendió a capa y espada a Isidro Chuc Simá en su lucha por la comisaría ejidal ante Maximino Balam Tuz, señaló que el representante del gobierno del estado en la zona norte se comprometió con los ejidatarios a que, si se desalojaba pacíficamente la comisaría ejidal para evitar un inminente enfrentamiento, ninguno de los dos grupos entraría al lugar en tanto no se solucionara el problema.

Además de que acompañaría a las partes en conflicto para mediar ante la Procuraduría Agraria una tercera asamblea ejidal para la elección de representantes ejidales, compromiso que no cumplió, porque primeramente no acudió a la Procuraduría Agraria y ni mucho menos ha hecho nada para solucionar el problema, por el contrario se ha lavado las manos, haciéndose a un lado.

Los ejidatarios señalaron que prueba del engaño de Jesús Pool es que se comprometió a que ninguno de los dos grupos entraría a la comisaría ejidal hasta que se diera solución, sin embargo Maximino Balam Tuz ya ha ingresado y ya desempeña funciones como comisariado desde hace tres días, empero lo ha hecho a base de hostigamiento, ya que en lugar de atender los trámites ejidales está más preocupado por dar seguimiento a las demandas que tiene interpuestas en contra de Chuc Simá y su seguidores.

En este caso señalaron que se están violando sus derechos ejidales, porque a pesar de haber tomado la comisaría ejidal Maximino Balam Tuz, los policías locales aún continúan resguardando el lugar, por lo que pidieron al presidente municipal retirarlos de ahí, porque bien hacen falta para atender las demandas ciudadanas y realizar recorridos por la ciudad para proteger a los habitantes, no para estar sentados en la comisaría ejidal.

Los ejidatarios mencionaron que Jesús Pool tiene ocho días para buscar ante la Procuraduría Agraria la emisión de una convocatoria para una tercera asamblea ejidal para la elección de representantes ejidales, o por el contrario, lo responsabilizarán de todo movimiento social que se lleve a cabo en el ejido, el mal uso de la documentación y uso de sello en el que incurra Balam Tuz y las represalias que existan en contra de los manifestantes.

Por su parte, Isidro Chuc Simá solicitó, en calidad de ejidatario, que se lleve a cabo una tercera elección para comisariado ejidal, en la que los ejidatarios elijan a su representante. Una elección en la que tanto él como Maximino Balam Tuz queden excluidos.

Por otra parte, señaló que existe represión en contra de su persona y la de sus colaboradores, en una manifiesta venganza de los funcionarios por el simple hecho de haber impedido el ingreso del Procede al ejido de Kantunilkín, una trampa que habían orquestado el ex alcalde Orlando Bellos Velásquez, la Procuraduría Agraria y el mismo Registro Agrario Nacional, y que ahora la actual administración le quiere dar seguimiento.

Porque nuevamente estas instancias se han involucrado en un conflicto ejidal para imponer a una persona a la que puedan manejar a su antojo, cuando debieran ser (en el caso de la Procuraduría Agraria) las instancias mediadoras de este problema.

Chus Simá dijo que ha sido perseguido e intimidado por las autoridades en turno, al grado de que se le han interpuesto demandas ante la PGR, el Tribunal Agrario y el Ministerio Público de esta ciudad, tratando de inventarle y achacarle delitos, porque ha ejercido su derecho a reclamar la libertad de expresión.

En este sentido, denunció a Alfonso Balam Helguera de ser quien está detrás de los delitos que se le han fabricado y achacado, cuando su deber, como funcionario al servicio del IQM y al devengar un sueldo del gobierno, es el de orientar a las personas y no el inmiscuirse en asuntos ejidales.

Explicó que entre los delitos que se le han fabricado está el de traficar maderas preciosas como el cedro, cuando su trabajo fue de decomisar cargamentos a quienes incurrían en ese delito.

Como ejemplo expuso el cargamento decomisado el pasado 8 de febrero a las cinco de la mañana, donde se encontraron en las selvas de este ejido cinco troncos de cedro, de donde se pudieron haber extraído 11 rolos de cedro.

Cargamento que obraba en poder de Bartolo Chimal Batún (o Bartolo Batún Chimal) y de Gerardo May Iuit, quienes aceptaron haber cortado la madera, entre 350 y 380 pies de cedro. Esta madera preciosa permanece en la comisaría ejidal al igual que la motosierra que se decomisara con el cargamento, con lo cual se pretende fabricar delitos en su contra.

Asimismo explicó que ante los delitos que se le han fabricado y la denuncia que le impusieron ante la PGR por el supuesto tráfico de maderas preciosas, ha acudido a la Defensoría Jurídica Nacional para asesoramiento, a fin de que puedan ser tomadas en cuenta sus declaraciones ante la PGR, ya que la dependencia le ha hecho dar vueltas y vueltas por carecer de un defensor de oficio.

Dijo que cuenta con el respaldo de organizaciones campesinas, las cuales intervendrán e interpondrán demandas contra la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, que lejos de poner orden han causado divisionismo por su actuar parcial.

Isidro Chuc Simá señaló que si no se habían hecho pronunciamientos era porque buscaban una solución pacífica y se espera respuesta al compromiso del representante de gobierno, pero ya han pasado los días y no han obtenido nada, por ello dejó entrever que ha llegado el momento de retomar la problemática.

 

Organizaciones campesinas

 

Poco serios, compromisos para reducir subsidios: CNC.  (La Jornada, Gabriel León, p.web)

El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez, acusó al gobierno de Estados Unidos y a los países en vías de desarrollo de comprometerse a reducir sus subsidios agrícolas sin propuestas formales, "sólo con palabras, porque en los hechos se preparan para aprobar aumentos hasta de 70 por ciento a través de sus leyes agrícolas". De concretarse el incremento, agregó el cenecista durante una reunión con el presidente de la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados, Cruz López, sería "el tiro de gracia" para las economías agropecuarias de México y otras naciones del continente, principalmente en lo que toca a trigo, maíz y arroz.

 

Prensa Estatal

 

CAMPECHE

 

Ejidatarios rechazarán las ofertas de los candidatos. (Tribuna de Campeche, p.web).

Los ejidatarios, que defienden sus tierras de los prestanombres del Gobierno del Estado de ninguna manera aceptarán ser bandera de candidatos de partidos que se escondieron cuando surgió el problema, advirtió su asesor jurídico, William Santos Sáenz.

Comentó que los campesinos siguen en la defensa de sus tierras, a través de un cerco de vigilancia de siete kilómetros, que va de la Comisaría de Oxcum, Municipio de Umán, hasta Hunucmá, y no necesitan a los candidatos para continuar su lucha.

"Los campesinos han acordado no volver su problema un asunto de interés político, porque vienen las campañas y surgirán los candidatos a diputados federales y senadores que vendrán a buscar sus votos, con el interés de sumarlos a su proselitismo", recalcó.

Santos Sáenz reiteró que no caerán en el juego de los partidos políticos y sus abanderados, pues nadie se interesó por el problema de los afectados y ahora surgirán de la nada para supuestamente ayudarlos.

"La defensa de las tierras ejidales es un problema serio y no un asunto de interés político, que quede bien claro, y eso lo saben los propios afectados, que no desean ser carne de cañón para impulsar a candidatos", advirtió.

APOYO DE CODHEY

Por otra parte, anunció que han tomado la determinación de buscar el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), por sentirse agredidos en el despojo de sus terrenos.

Aseveró que escribirán un documento que firmarán los afectados de las comisarías de Oxcum, San Antonio Chel, Hunucmá, Hunkanab y Texán Palomeque.

"Una vez que tengamos las firmas, presentamos el documento ante la Codhey, con la esperanza de que nos apoye en la lucha contra los acaparadores de tierras ejidales, ya que es un atentado contra los derechos humanos de los campesinos", sostuvo.

Dijo que ya ha platicado con los ejidatarios y están de acuerdo en presentar ese documento ante el ombudsman, esperando que sea competencia del organismo.

"Ya hemos acudido ante el Tribunal Nacional Agrario y ante el Ministerio Público, solo nos resta acudir ante el organismo defensor de los derechos para externar nuestra queja contra los prestanombres del Gobierno del Estado", recalcó.

 

GUERRERO

 

Acuerda el Cecop formar una comisión para tratar la agenda del diálogo con el gobernador. (El Sur (Guerrero), Maribel Gutiérrez, p.web).

Propone que dos representantes de cada comunidad, encabezados por los comisarios opositores, se reúnan el 1º de marzo con Torreblanca. Demanda la libertad del ejidatario de Dos Arroyos Margarito Castillo.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) acordó ayer formar una comisión para que busque una reunión con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, el 1º de marzo, a fin de establecer la agenda para el diálogo sobre el conflicto por el proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se acerca al tercer año.

Acordó también que en un documento que entregarán al gobernador para dar a conocer dicha propuesta, se plantee la demanda de que el gobierno del estado intervenga para la libertad del ejidatario opositor, Margarito Castillo Manrique, que está en prisión acusado de lesiones al simpatizante de la presa Margarito Hernández Iturio, lo que es una expresión de la división que la CFE ha provocado en la zona del conflicto.

La comisión se integrará los próximos días, y estará formada por dos representantes de cada comunidad, encabezados por los comisarios municipales opositores a La Parota, según el acuerdo.

Representantes de las comunidades y ejidos integrados al movimiento se reunieron ayer en el plantón localizado en las afueras de la localidad de Parotillas, donde habían invitado este domingo al gobernador para dialogar, pero casi todos estaban enterados por los periódicos y noticieros de que Torreblanca había declarado el viernes que no asistiría a la cita.

Aunque el gobernador no dio una respuesta formal y por escrito a la invitación que una comisión del Cecop, encabezada por el vocero Marco Antonio Suástegui, le hizo llegar el martes 14 en la oficina de la empresa privada de su familia en Acapulco (Togal), se sabía, por las notas publicadas, que había planteado en entrevista con reporteros, que sí está interesado en el diálogo, pero que es necesario establecer previamente una agenda, y analizar el día y el lugar más apropiados.

El punto se discutió, y varios de los opositores opinaron que la inasistencia del gobernador y la respuesta que dio a los medios, reflejan en realidad que no está dispuesto al diálogo, y otros opinaron que es necesario que el Cecop avance en la búsqueda de esa vía para destrabar el conflicto, y que demuestre su disposición a dialogar. Finalmente, esta posición tuvo visible unanimidad.

Suástegui planteó el caso del ejidatario Margarito Castillo Manrique, preso en la cárcel de Acapulco, y dijo que el juez fijó una fianza de 128 mil pesos para concederle la libertad provisional, a pesar de que es imposible que pueda pagar esa cantidad, y de que sus familiares, compañeros y defensores presentaron pruebas de su situación de pobreza.

El vocero recordó que Margarito Castillo lesionó al simpatizante de La Parota, Margarito Hernández, en defensa propia, cuando éste fue a agredirlo e intentaba quemar la cabaña que los opositores tienen en Dos Arroyos, donde mantienen un plantón para impedir la entrada de la CFE a sus tierras, que ya cumplió un año. El ejidatario opositor repelió la agresión con su machete, y en ese movimiento hirió al simpatizante de la presa, quien perdió una mano.

La agresión ocurrió el 27 de noviembre de 2005, después de que los ejidatarios que están a favor de la presa en ese ejido intentaron hacer una asamblea, encabezados por el líder de la CNC, Evencio Romero, para aprobar que la CFE entre a sus tierras. Para impedir que los opositores se acercaran a esa reunión, fueron rodeados por cientos de policías estatales y municipales, y reprimidos con gases lacrimógenos y toletazos.

Suástegui propuso demandar la intervención del gobernador y también del presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, para que se reduzca la fianza a una cantidad que el detenido y sus compañeros puedan pagar, y que pueda seguir en libertad el proceso en su contra.

Por otra parte, el también vocero del Cecop. Felipe Flores Hernández, informó que en la ciudad de México una comisión acudió el martes a la Cámara de Senadores, donde la perredista Leticia Burgos planteó el tribuna el conflicto por La Parota y demandó la comparecencia del director de la CFE, Alfredo Elías Ayub.

También informó que los representantes del Cecop visitaron las oficinas en México del Banco Mundial, de Corporación Financiera Internacional, y del Banco Interamericano de Desarrollo, para exponer el conflicto que lleva casi tres años en la zona donde la CFE planea construir la hidoeléctrica en el río Papagayo, y explicar que hay un movimiento opositor a la presa La Parota, al que no se ha tomado en cuenta. Ante esos organismos, el Cecop demandó que no financien el proyecto.

 

Falla TCA a favor de ejidatarios en el caso de Las Américas. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).

Cd. Altamirano, Gro. El magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Víctor Arellano Aparicio, dictó la respectiva sentencia en relación al asunto de la avenida Las Américas.

En su momento, un grupo de ejidatarios, entre ellos el finado Luis Pérez Mariano, habían solicitado a las autoridades municipales los respectivos alineamientos, tras argumentar que ellos ya tienen las escrituras por parte de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corret).

Sin embargo, las autoridades a través del alcalde Ambrosio Soto Duarte y del director de Obras Públicas, Heriberto Alvear Palacios, se negaron a ello al argumentar que esos lotes son parte de la vía pública.

Pero una vez que se ventiló el juicio, el magistrado falló a favor de los ejidatarios y las autoridades se vieron obligadas a dar el respectivo alineamiento, pero al ser expedido, resultaron afectados en su totalidad, al decir la autoridad que la calle es de 40 metros.

A raíz de lo anterior se volvió a iniciar otro juicio y una vez concluido el mismo, el magistrado volvió a condenar a las autoridades porque si bien es cierto que mostraron un plano regulador de la ciudad, no menos cierto es que el mismo no está aprobado.

El dictamen del magistrado también se apoyó en el informe topográfico que hizo en su momento Valentín Juárez Mastachi, quien dictaminó que esa calle no es homogénea, ya que de la avenida Independencia hacia el río es de 20 metros y no de 40 como dijeron las autoridades.

Pero la resolución final del magistrado la basó en que las autoridades municipales no cuentan y no mostraron el plano regulador de la ciudad debidamente autorizado por la autoridad competente.

 

 

 

Designan nuevo Comisariado Ejidal de Pungarabato. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).

Cd. Altamirano, Gro. Contrario a lo que había venido sucediendo en los últimos cambios del Comisariado Ejidal del ejido de Pungarabato, el pasado sábado se realizó el cambio de dicho órgano electoral de una manera tranquila tras la designación de Luz María Pérez Mariano.

Saúl Mercado Vega, en su condición de Comisariado suplente y ante la ausencia de Luis Pérez Mariano, convocó a la asamblea general para la designación de la nueva mesa directiva que durará en el cargo 3 años.

Como ya es del dominio público, el pasado primero de febrero fue asesinado a balazos en Coyuca de Catalán, el profesor Luis Pérez Mariano, quien se venía desempeñando como presidente del Comisariado Ejidal, y que de hecho ya se aprestaba para dejar el cargo el día 22 de este mes.

Sin embargo, y dado los acontecimientos, se emitió la respectiva convocatoria y de los 260 ejidatarios que integran el censo respectivo, asistieron 170 y de esa manera hacer el quórum legal.

A los asambleístas se les presentó la planilla integrada por Luz Maria Pérez Mariano, Maria del Carmen Martínez Valencia como secretaria; al doctor Leodegario Correa Barrera como tesorero y Víctor Manuel Mercado como presidente del Consejo de Vigilancia, y por unanimidad aprobaron la única planilla que se registró.

Antes de la asamblea había trascendido que una planilla sería encabezada por Elpidio Palacios Reyes, como ya había acontecido en otras ocasiones, pero no fue así, ya que no asistió a la misma al igual que el grupo que lo apoya.

 

Campesinos culpan a comisariado ejidal de la suspensión de asamblea. (Despertar del Sur, J. Santos Benítez, p.web).

Cutzamala de Pinzón, Gro. La reunión entre ejidatarios y autoridades de la Dirección de Desarrollo Rural no se llevó a cabo por culpa de Enrique Benítez Alcaraz, Comisariado Ejidal de Cutzamala, dijeron los labriegos.

Rafael Arroyo Villegas, titular de la Dirección de Desarrollo Rural, en forma anticipada solicitó al comisariado ejidal su intervención para que se hiciera cargo de dar a conocer a los campesinos de la reunión que se realizaría el pasado sábado, en la casa ejidal de este lugar.

Pero resulta que el presidente de los ejidatarios no realizó ninguna invitación, y sólo asistieron algunos campesinos que en forma extemporánea se dieron cuenta. Fueron estos que molestos por esta situación, dijeron al director de Desarrollo Rural que la culpa la tiene el comisariado ejidal.

Por su parte el funcionario municipal dijo que en esta reunión que se llevaría a cabo con los campesinos y las autoridades municipales, se pretendía dar a conocer el programa Alianza para el Campo y la entrega del fertilizante.

Con el fin de cumplir este objetivo, la reunión entre autoridades y ejidatarios se propone para otra fecha que no fue dada a conocer.

“En esta próxima ocasión, se le dará la debida difusión para que asistan todos los campesinos de Cutzamala”, dijo Rafael Arroyo Villegas, director de Desarrollo Rural.

 

MORELOS

 

Admite Víctor Sánchez rezago en el campo. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).

Cuernavaca, Mor. Tras reconocer que aún falta mucho para abatir el rezago en el campo de Morelos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) Víctor Sánchez Trujillo, negó que esté frenado el Acuerdo Estatal para el Campo como lo consignaron organizaciones de agro.

En entrevista, el funcionario reconoció que a pesar de los logros que ha tenido esta administración en el estado, “no todo está concluido, falta mucho para acabar con los rezagos en el sector agrario en Morelos”, ante ello, a diferencia de las organizaciones campesinas que aseguran que se ha cumplido sólo un diez por ciento, el funcionario evitó dar un porcentaje e indicó “hay buenos avances, aunque no suficientes”.

Manifestó que en la comisión de seguimiento hay un importante avance en los programas y numerales que establecen tanto el acuerdo estatal como nacional para el campo.

Explicó que las organizaciones signantes al acuerdo e integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) han sido las que más recursos han jalado a Morelos por parte de la federación, “tan sólo el año pasado, más de 90 millones de pesos llegaron a Morelos a través de las organizaciones del agro y el estado también le ha invertido por lo que no se puede decir que es letra muerta, cuando se aterrizan beneficios para la gente el campo”.

Reconoció que no todos los numerales del acuerdo estatal se han cumplido, “porque faltan herramientas necesarias para que los firmantes se beneficien de los programas”, ejemplificó que se establece que los productores tendrán un apoyo con la energía eléctrica, “el problema es que en la mayoría de los pozos, su sistema de medición no sirve lo que evita que se les beneficie con sus cuentas históricas”.

Recordó que en dichos acuerdos no solo interviene el sector del agro, sino otras dependencias y programas, el seguro popular, -por ejemplo- es una rehilad para la gente en las comunidades y este se ha incrementado de manera considerable, en el caso de la vivienda rural que maneja Sedesol, también ha habido importantes avances.

Prueba de que se está atendiendo a todas las organizaciones, dijo “es que se hacen gestorías para beneficiar a grupos de diferentes corrientes ideológicas, en el caso de la CNC, que es del PRI, se les atiende, la UNTA del PRD, o la UCAM del PAN, todos somos actores en esta situación y al momento de que los beneficios reciben el apoyo se hace sin condiciones”.

Para finalizar, invitó a los que alzan las voces de que se desvían recursos en la dependencia que encabeza para beneficiar a gente de su partido (Acción Nacional), “ante esas acusaciones, el caminito es muy claro, si hay elementos que se presenten ante las instancias correspondientes para denunciar”.

 

El fin de paraíso: La pérdida de tierras y aguas para uso agrícola en Cuernavaca. (La Jornada de Morelos, Víctor Hugo Sánchez, p.web).

Las regiones con climas cálidos que conforman el actual estado de Morelos siempre han sido un lugar de descanso para las élites, por ejemplo Moctezuma tuvo sus baños en Oaxtepec y posteriormente aquí instaló una casa el destacado minero novohispano Joseph de la Borda, lo mismo que el efímero emperador Maximiliano. En el periodo posrevolucionario tendrán aquí una casa los generales victoriosos como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Francisco Serrano, entre otros. Tras de ellos llegará la naciente burguesía enriquecida por los contratos gubernamentales. Ellos requieren de lugares de diversión y descanso y para ello es necesaria el agua. En los años treinta se construye el Club de Golf y fraccionamientos a su alrededor, los cuales necesitan una gran cantidad de agua. Las huertas y casas viejas en los pueblos empiezan a comprarlas los fuereños, mientras los habitantes de los pueblos se desplazan a las zonas ejidales de cultivo, transformándolas en zonas habitacionales.

La modernidad que se impulsa a partir del régimen de Miguel Alemán marcará una nueva forma de crecimiento en Cuernavaca. La construcción de las autopistas, a principios de la década de los cincuenta, acercará a la ciudad de México con Cuernavaca y los centros vacacionales de moda, Acapulco y al lago de Tequesquitengo. La difusión del automóvil y la creación de nuevos centros turísticos atraerán a la clase media a Morelos y Cuernavaca, aunque sea de paso. Posteriormente la construcción y modernización de balnearios (Oaxtepec, Aguahedionda, Palo Bolero) junto con la masificación del transporte atrae un turismo popular. Todos ellos requieren agua, que hasta entonces tenía un uso agrícola.

En este crecimiento urbano, los intereses locales de la élite se emparejarán con los proyectos federales. Como un proyecto federal se construyó el libramiento oriente de Cuernavaca. Su paso fue por tierras de Chamilpa, Ocotepec, Ahuatepec, Chapultepec y Acapantzingo. Al realizar la construcción se afectaron parcelas productivas. Un ejemplo del uso de la información por parte de las élites lo tenemos en que la nueva vía pasa a un costado de las tierras que habían sido “permutadas” a los ejidatarios de Acapantzingo. A partir del paso del libramiento se podrán comerciar los terrenos y construir el fraccionamiento Tabachines. A partir del libramiento se genera la urbanización del oriente del ejido de Chapultepec, la actual colonia Satélite.

Simultáneamente, se construía el actual mercado Adolfo López Mateos.

Para su construcción se despojó a los dueños originarios de los ranchos Colorado y Basoco, los cuales tenían barranquillas, ríos, apantles y hasta un pequeño lago. El despojo se realizó con elementos del Ejército Nacional y el pago se realizó años después a un bajo precio. El gobernador era Norberto López Avelar y el presidente municipal Valentín López González. Para obligar a los comerciantes a trasladarse al nuevo centro de abasto, se destruyó el mercado antiguo, edificación de gran belleza. De esta forma una amplia zona se urbanizó rápidamente. Los apantles y ríos que llegaban a la barranca de Amanalco fueron cegados. El pulmón verde de Cuernavaca, el llamado bosque de Amanalco, fue talado.
Al mismo tiempo se abrió la actual calle de Plan de Ayala, para comunicar el mercado con la carretera a Cuautla y el nuevo libramiento. De esta forma se abría la zona oriente de Cuernavaca a la especulación urbana, entrando al mercado inmobiliario un amplio territorio hasta entonces dedicado a la producción agrícola. Se creó la colonia Jardines de Cuernavaca en terrenos de Chapultepec, los apantles que salían del parque Melchor Ocampo fueron convertidos en drenajes y se echó pavimento sobre ellos. En éste caso vemos cómo los intereses locales, políticos y de bienes raíces, confluían con los federales.

La posterior construcción de Civac, en el municipio de Jiutepec, como producto de la descentralización de la ciudad de México, generará un proceso explosivo de urbanización del Valle de Cuernavaca ya que atraerá una gran emigración que se avecindará en toda la región. Los obreros de la construcción, o quien aspira a tener un trabajo, se asentarán inicialmente en las vecindades del centro de la ciudad de Cuernavaca, sobrepoblándolas. Posteriormente esta población ocupará legal o ilegalmente terrenos ejidales o comunales, creándose colonias como la Antonio Barona, la Rubén Jaramillo, la Lagunilla, etcétera, generando constantes conflictos sociales. Los altos directivos buscarán vivir en las nuevas zonas residenciales de Cuernavaca (Jardines de Cuernavaca, Tabachines y Vista Hermosa). Los obreros vivirán en las crecientes unidades habitaciones y en algunas colonias populares. Las barrancas y ríos serán contaminados. Los pueblos de Chapultepec y Chipitlán son engullidos en la mancha urbana.

El crecimiento vertiginoso de la ciudad se refleja en las siguientes cifras: 1950: 30 mil 597 habitantes; 1960: 37 mil 144 habitantes, y 1970: 134 mil 117 habitantes.

Cambios en los estilos de vida

La creciente monetarización de la vida campesina y el impacto de los medios de comunicación, pero sobre todo los cambios en la expectativa de vida (consumo, trabajo, estudio) generan una modificación de la formas de vida de los habitantes de los pueblos. Aunado a ello, el intercambio desigual entre los productos del campo y la ciudad y la descapitalización que sufre el sector agrícola, para favorecer la concentración de capital para el fomento de la industrialización, provocó un creciente empobrecimiento de las condiciones de vida en los pueblos.

De esta forma la comparación entre los pobres de la ciudad y los pobres del campo será cada vez menos favorable a los segundos, la distancia entre clases medias y campesinos se volverá un abismo. La identidad tenderá a ser negativa, ya que se perderá autosuficiencia alimentaria y económica, teniendo que recurrir cada vez más a trabajos asalariados poco valorados (albañiles, chóferes, etcétera). La industria del entretenimiento entra plenamente a la intimidad del hogar, vía la televisión, creando una verdadera colonización cultural, en donde se desvalorizan los productos culturales de los pueblos, como maneras de vestir, expresiones musicales, materiales de construcción y aún las formas de hablar. La distancia de los ejidatarios con sus hijos se ahonda, ya que estos buscarán “mejorar” su estilo de vida, ante la desvalorización del mundo cultural campesino.

Un mecanismo para obtener recursos monetarios será el de desprenderse de la tierra, primeramente como renta, después como venta, lo que les permitirá tener recursos para reorientar la economía familiar o hacer frente a dificultades. De esta forma, las modificaciones al artículo 27 en la década de los noventa del siglo pasado, tan sólo vinieron a romper los diques legales que impedían la venta de la tierra y quizá más importante, a romper, debilitar o hasta a desaparecer a esa comunidad imaginaria que era el ejido. La venta de tierra, mediante diversas argucias legales siempre se había realizado, pero siempre existía el dique real o simbólico de la asamblea ejidal, como estructura de poder y sanción social. Es evidente que después de las modificaciones al artículo 27, se aceleró la venta de tierras en los ejidos del municipio de Cuernavaca. Ello es propiciado también por la pirámide de edad, ya que los ejidatarios envejecen, como lo dice Sacramento Nájera, Comisario Ejidal de El Salto: La mayoría de los ejidatarios son viejos, son gente mayor de cincuenta años y a sus hijos no les importa la tierra, unos son profesionistas, otros huyen al sueño americano y finalmente el ejido se está quedando con pura gente mayor. Ellos prefieren vender lo poco o mucho que tienen de tierra y no sembrarla, porque no hay condiciones para tener una buena cosecha. Luego es gente mayor, la energía ya no es la misma, ya no se produce igual. Los hijos que deberían estar en la tierra, cultivando, cosechando, produciendo, pues no lo hacen, ya no les interesa la tierra, tienen otros intereses diferentes al campo.

La situación de los ejidos afecta no sólo a Cuernavaca, sino a todo Morelos y México, y lo que está en juego es el futuro, la alimentación del pueblo. Es necesaria una política agraria clara por parte de las autoridades, como lo solicita el mismo Sacramento: El futuro se ve mal, yo lo veo mal. Va a llegar un momento en que debemos de depender de una persona, de un país, lo que ya está sucediendo en cuestión de alimentos. Yo sí pondría el dedo en la llaga muy fuerte, en el sentido de que las autoridades impulsaran más el campo.

Es en este contexto en que hemos abordado en dos entregas la dinámica histórica de los ejidos de Cuernavaca. En los próximos domingos veremos otros aspectos de los mismos en la pluma de importantes investigadores de la UAEM y UNAM. En ese mismo sentido el viernes 10 de marzo a las 18:00 horas, el Colectivo Civil La Neta y la Regiduría de Desarrollo Agropecuario hemos organizado la proyección del video documental Ejidos urbanizados de Cuernavaca en el patio del palacio municipal de Cuernavaca.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

Policías y empleados de MSX intentaron detener a ejidataria en un camino público. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).

Ana María Alvarado filmó los avances de la minera para volar un cerro.

La ejidataria de Cerro de San Pedro, Ana María Alvarado García, denunció que guardias de la compañía Minera San Xavier y policías estatales intentaron detenerla por transitar en un camino público de la cabecera municipal de Cerro de San Pedro.

En entrevista, Alvarado García señaló que cerca de las 12 de la tarde de ayer subió al Cerro de San Pedro a documentar el avance de la Minera San Xavier en territorio ejidal a pesar de la suspensión de todos sus permisos.

Mostró un video en el que aparece maquinaría del proyecto de la compañía canadiense aplastando cactáceas de una zona limpiada casi en su totalidad, en la que ya se encuentran los orificios en los que la empresa introducirá material explosivo para volar el cerro.

Al grabar esas imágenes, Alvarado García fue detectada por trabajadores de la Minera San Xavier quienes la interrogaron y siguieron hasta que se encontraba en uno de los caminos que llevan a la comunidad de Jesús María desde Cerro de San Pedro.

Hasta ahí llegaron agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado quienes bajo las órdenes de los trabajadores de la Minera San Xavier intentaron detenerla argumentando que el camino a Jesús María era propiedad privada.

En las imágenes mostradas por Alvarado García se observa cómo agentes de las patrullas 1398 y 1578 la jalan e intentan arrebatarle la cámara con la que los está grabando. Lo mismo hizo el personal de Minera San Xavier, quienes ordenaban a los policías que la detuvieran.

Finalmente Alvarado García y sus acompañantes fueron dejados por policías y guardias de seguridad y siguieron su camino.

 

Cartones

 

 

A la altura · Magú

 

El reino de la mezclilla · Rocha

 

Entre brutales y brutos · Hernández

 

 

Sitio de Puebla Naranjo

 

 

 El candidato joven Helioflores

 

 

Sinvergüenza Efrén