CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
16 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Exige IP acciones
antinarco
Proponen alianza con EU. Señalan empresarios
que la inseguridad impide el crecimiento de la
economía.
Narcomenudeo desborda a estados;
piden más apoyo
Autoridades estatales temen que su
capacidad sea rebasada. Exigen recursos extras;
“no se trata sólo de delegar una responsabilidad”.
Pierde fuerza la
economía mexicana
Crece 3.0% el PIB, debilitando por
el sector industrial y el agro.
Incapacidad de IP
para generar más empleos
El país no ofrece las condiciones para
que aumente la oferta, dice. El rezago se incrementará
en más de un millón de plazas. Astringencia, hasta
que se alcance un PIB de 5.0%: CCE-Coparmex.
Marín: no dimitiré
por chismes;
Lydia Cacho, delincuente
“Las grabaciones son apócrifas; si
no, vean La
Parodia”. “Si dejo el cargo será por causas
graves”, replica el gobernador poblano. Afirma
que nunca habó con Nacif
sobre la persecución de la periodista.
Se parte el Congreso
del Trabajo
Isaías González y Víctor Flores se
proclaman dirigentes.
Pedían 10 mdp por el médico; él solo tenía beca de $5 mil
Joaquín Fernández no usaba tarjetas
de crédito. Su lujo era bici de montaña. Consideraba
al DF “ciudad sin ley”. Secuestrado, envió mensaje
a su padre: “No pagues”, lo mataron el día que
entregaron dinero.
Mi renuncia, “sueño
guajiro”: Mario Marín
Mi voz pudo ser imitada, como en La
Parodia, dice. Brutal e indignante, la charla
con Nacif: Aguilar.
Crea PGR la fiscalía para proteger a periodistas.
Propicia impunidad
el Estado: CNDH
Hay descomposición porque no se obliga
a cumplir leyes, advierte José Luis Soberanes.
Será difícil remontar escalada de violencia en
lo que resta del actual gobierno, asegura.
Marín quiso bloquear
a CNDH en el caso Cacho
El gobernador de Puebla presionó para
que la CND no atrajera el caso de la periodista
Lydia Cacho.el
ombudsman José Luis
Soberanes exige investigar
quién grabó las polémicas conversaciones.
Sector agrario
Organizaciones de Chiapas se unen contra el Procede. (El Sol de México, Julio
César López, p.web).
San Cristóbal de las Casas, Chis.- Organizaciones indígenas, campesinas y de derechos
humanos realizarán el Primer Encuentro Estatal
contra el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede) en la comunidad de Petalcingo, municipio de Tila, del 10 al 12 de marzo.
En conferencia de prensa, Marco
López Pérez, del Movimiento de Resistencia Popular
del Sureste (MRPS), y Manuel Cruz Guzmán, el centro
de Derechos Indígenas (CEDIAC de Chilón),
dijeron que el programa que impulsa la Procuraduría
Agraria busca despojar de sus tierras a los
campesinos de Chiapas y de México.
“Tenemos el deber ético e histórico
de defender la propiedad ejidal y comunal de esa
amenaza privatizadora llamada Procede, que obedece
a los dictados de los organismos multinacionales,
entre ellos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional”, advirtieron.
No fueron consultados sobre un impuesto sobre la
tierra, dicen comuneros de El 30. (El Sur (Guerrero),
Cristina Sierra, p.web).
Comuneros del Kilómetro 30 se quejaron
ante la Procuraduría Agraria (PA) de un
impuesto sobre la propiedad de más de cuatro hectáreas
de terreno, por 2 mil pesos, aprobado por los
ejidatarios en asamblea y sin tomar en cuenta
que algunos no tienen para pagar esa cantidad.
Los campesinos Guadalupe Morales
Aguilar, Julio Patricio Hernández y Ladislao
Vargas explicaron que el presidente del comisariado
ejidal del Kilómetro 30, José Luis Flores Vinalay,
convocó en diciembre a una asamblea donde la mayoría
de los ejidatarios votaron por el impuesto de
acuerdo con el número de hectáreas que poseen.
Los campesinos se quejaron que
no fueron tomados en cuenta en la decisión y ahora
les avisaron que deben pagar mil pesos quienes
tengan menos de cuatro hectáreas y 2 mil pesos
por más de cinco, “estamos jodidos, dependemos
del campo y no da para tanto”.
Dijeron que la asamblea no estableció
el objetivo de ese impuesto y el presidente del
comisariado no ha informado
para qué es el dinero que se recaude.
El comisario electo del Kilómetro
30, Lorenzo Francés González, reprochó que los
ejidatarios aprobaron el cobro a pesar de que para los comuneros es elevada
la cantidad.
“La mayoría vive de su cosecha
y lo que debemos pagar son 2 mil pesos y no alcanza
y ahora para que comamos cómo le vamos hacer”,
señaló.
Remueven Comisariado
Ejidal de Barrio Nuevo. (Despertar de la Costa,
Noé Domínguez, p.web).
Bajo el argumento que no veló por
los intereses de los ejidatarios y no acató las
disposiciones de la asamblea, fue removido de
la mesa directiva del Comisariado
Ejidal de Barrio Nuevo, Timoteo Valencia Bracamontes,
y se eligió a los nuevos dirigentes, por lo que
la asamblea desconoce el convenio que se estableció
con el ayuntamiento por la extracción del agua
de ese ejido.
Tras haber lanzado la correspondiente
convocatoria a través de la Procuraduría Agraria
(PA), el pasado 2 de los corrientes, en una
sesión donde participaron cerca del 70 por ciento
de los miembros de ese núcleo ejidal por unanimidad
se aprobó remover del cargo al dirigente, procediendo
a elegir la nueva dirigencia que completará el
periodo de tres años, restando un año de la gestión.
Con una votación de 56 votos a
favor de la planilla verde, la única que se registró,
tres abstenciones y un voto nulo, fue electo como
nuevo Presidente de ese ejido a Santos Valencia
Blanco, quedando como Secretario, David Sotelo
Heredia; como Tesorero Santiago, Molina Heredia,
y como Presidente del Consejo de Vigilancia, José
Islas Mejía.
Ante la presencia del Jefe de
Residencia en la Costa Grande de la PA, Mario
Palomera Aguilar, el visitador de la misma, Gustavo
López Nájera y del
Notario Público Número 2, Carlos Francisco Vargas
Nájera, se declaró instalada
la asamblea con la participación de 60 ejidatarios
del padrón de 90 miembros, siendo el presidente
de la mesa de los debates Efraín Meneses González,
quien mencionó el orden del día y destacó que
Timoteo Valencia ha hecho caso omiso de las propuestas
y recomendaciones de la asamblea.
Como tema central, en el punto
número 6 de la convocatoria se menciona
que es para someter a consideración de los integrantes
del ejido “la remoción o ratificación de los integrantes
de los órganos de representación y de vigilancia
y en su caso la elección de los nuevos dirigentes
para cumplir tonel resto del periodo”.
Mediante el procedimiento de voto
secreto fue aprobada la destitución de la mesa
directiva por 59 votos y una abstención de Andrés
Núñez Izazaga, destacándose
antes la renuncia del Presidente del Consejo de
Vigilancia, Eduardo Valencia Rumbo, y la
ausencia del resto de la ahora destituida mesa
directiva, quienes deberán entregar el inventario
de los bienes y documentos del ejido, los que
se les pedirá por escrito esta misma semana.
Respecto del acuerdo sostenido
entre la directiva que encabezó Timoteo Valencia
y el gobierno municipal por la extracción del
agua, por el que se hizo la primera entrega de
equipo y maquinaria agrícola el lunes anterior,
se mencionó que quedará sin efecto primero porque
no hay nada por escrito y segundo porque se hizo
sin la autorización de la asamblea.
Al tratar de entrevistar al ahora
ex dirigente ejidal Timoteo Valencia en su domicilio
particular, su esposa Eladia
Rumbo Pérez, señaló que todo esto es un plan fraguado
por Joaquín González Ramírez, quien desde que
asumió a la mesa directiva siempre lo ha querido
perjudicar, “con eso le paga la ayuda que por
diez años le dio al darle el agua de su noria
para que él regara su huerta de mango, ya le pagó
ahora que lo deje en paz”, sentenció.
Estafados por vendedor de tierras exigen solución. (Cambio de Michoacán, Gabriel
Envila, p.web)
Quinceo.
Ayer un grupo aproximado de 30 personas acudió a las oficinas
de la Procuraduría Agraria para intentar
arreglar un problema entre ejidatarios de Quinceo
y compradores de tierras, en virtud de que ambos
fueron estafados por Juan Rojas, quien como intermediario
entre ambos vendió tierras de uso ejidal, de manera
fraccionada para construir casas, a los ahora
afectados. Roberto Torres, visitador agrario,
avaló el convenio irregular entre ambas partes.
El grupo perteneciente a los compradores estafados asistió
a la reunión organizados por Armando Sandoval,
dirigente de la Organización Social Alfredo Zalce,
durante la reunión con el delegado de la Procuraduría
Agraria, Miguel Cruz López. Los compradores
expusieron su problemática y señalaron la imposibilidad
que de manera legal tienen para regularizar sus
tierras y obtener sus títulos de propiedad, en
función de que los terrenos en donde ahora están
construidas sus casas siguen siendo tierras de
uso ejidal.
Por la otra parte, Manuel Esquirda,
representante legal de los ejidatarios, dejó en
claro que el ejido está dispuesto a firmar los
documentos necesarios para que los ahora colonos
puedan obtener sus títulos; el problema es que
para tal efecto los ejidatarios a quienes él representa,
y de quienes también es miembro, reclaman que
el intermediario, Juan Rojas, hizo uso de cuatro
hectáreas más de las que le fueron vendidas, vendiéndolas
a su vez a los compradores estafados.
Según aseguró Manuel Esquirda, al
hacer el trato de compra-venta con Juan Rojas,
se estipuló que la compra se trataba de mil 600
metros cuadrados, lo cual quedó firmado, dijo,
en un convenio escrito, pero no en un contrato
legal de compra-venta, y agregó que se dio cuenta
de que su comprador había vendido cuatro hectáreas
más de las negociadas con él hasta que se comenzó
el trámite legal para cambiar el uso de suelo.
En medio de la reunión que por momentos se tornaba tensa debido
al reclamo de ambas partes, así como de la tibieza
que caracterizó al delegado Miguel Cruz López
y a su asistente Roberto Torres, de quien se acusó
que en su única intervención intentó desacreditar
el convenio firmado en un principio entre el representante
ejidal y el estafador, siendo que según los presentes
él avaló la compra-venta entre ambas partes involucradas
en primer momento, y a pesar de ser el único documento
que se cuenta en este caso para comenzar la integración
del expediente correspondiente.
Después de que Armando Sandoval y el delegado de la Procuraduría
Agraria instaran a Manuel Esquirda
a presentar el documento firmado con Juan Rojas,
el visitador agrario Roberto Torres estimó innecesaria
la presentación de ese documento y que era mejor,
dijo, avanzar en la problemática y llegar a un
acuerdo las partes ahora en conflicto.
Después de su apreciación, de manera inmediata el dirigente
de la Organización Social Alfredo Zalce
sentenció su opinión en el sentido de que en nada
contribuía al arreglo de la problemática y que
era ilógica su postura al tratar de descalificar
el único documento existente en relación con el
trato hecho entre el representante ejidal y el
estafador.
Debido a la complejidad del problema y a la inexistencia de
propuestas por parte de las autoridades de la
Procuraduría Agraria, el representante de los
ejidatarios de Quinceo,
Manuel Esquirda, aclaró su postura al indicar que él no tiene ningún
problema legal, siendo que el ejido puede reclamar
su tierra en cualquier momento, y agregó que no
está dispuesto a perder las cuatro hectáreas de
las que dispuso su comprador, siendo que ahora
los demás integrantes del ejido es a él a quien
se las reclaman.
«El del problema no soy yo, son ustedes», les dijo a los colonos
que ya pagaron por sus terrenos, e indicó que
su intención no es dejarlos sin tierra, sin embargo,
al no tener otra vía propuso que se le devuelvan
los terrenos en donde no se ha construido, lo
que a final de cuentas representaría la pérdida
total del dinero de los compradores, siendo que
Juan Rojas se encuentra prófugo de la justicia
Pagando borracheras ganó la comisaría de Acanceh, afirman. (Yucatán.com, Jorge Cauich, p.web).
Acanceh.- El ex
candidato del PRI a la presidencia municipal,
Juan Pech, metió las
manos en las elecciones ejidales para ayudar a
ganar al albañil Gaspar Marín como nuevo comisario,
“pagando borracheras y repartiendo dinero entre
los campesinos”, denuncia Gregorio Puc
Pool.
En las elecciones, realizadas el
pasado domingo en segunda convocatoria, Gaspar
Marín (Planilla verde) tuvo 258 votos; Puc
Pool (roja), 246 votos, y Víctor Cardeña (amarilla), 46.
Veinte votos del total de sufragios
que se generaron fueron declarados nulos.
En total, el padrón de ejidatarios
es de 1,600 productores, pero como se trata de
la segunda convocatoria la asamblea fue declarada
válida por los funcionarios de la Procuraduría
Agraria.
De acuerdo con el quejoso, quien
es ejidatario y soldador, el sábado pasado, un
día antes de la elección, el candidato organizó
una fiesta en una casa particular donde “metieron
cartones de cerveza y trago” y el mero día de
las votaciones se le repartió a cada ejidatario
cien pesos para garantizar su apoyo.
Puc Pool recuerda
que Juan Pech perdió
los comicios pasados ante el actual alcalde, Gregorio
Dzul May, de extracción
panista, pero “quiere
jugar para las próximas elecciones, por eso está
preparando el apoyo de la gente”.
El ex candidato a la comisaría agrega
que el tercer candidato, Víctor Cardeña,
pactó con Gaspar Marín para cederle sus votos.
Según explica Puc Pool, su padre fue también comisario ejidal y él se acostumbró a ayudarle a realizar las diligencias necesarias a favor de los ejidatarios, de modo que su intención al buscar el cargo era servir a sus compañeros.
No saldrá la policía de El Capulín: SRA; advierte
que el conflicto se prolongará. (El Sur (Guerrero),
Teresa de la Cruz, p.web)
Persiste el riesgo de un enfrentamiento,
dice el delegado de la dependencia. Ahora el Tribunal
Agrario pidió revisar la resolución del Juzgado
Primero de Distrito, informa.
Chilpancingo.
El delegado estatal de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Natividad Salas Estrada,
dijo ayer que aún cuando comuneros de Moyotepec
y El Capulín –que se disputan 456 hectáreas desde
hace más de 120 años– exigen la salida de los
cuerpos policiacos de
la zona de conflicto, no se atenderá su petición,
porque implicaría un riesgo y pudiera recrudecerse
la violencia en el área.
Dijo que por el momento el conflicto
se va a prolongar un poco más, debido a que el
Tribunal Superior Agrario (TSA) presentó
un recurso de revisión en contra de la resolución
del Juzgado Primero de Distrito que salió a favor
de los campesinos de Tlacoapa.
Señaló que a pesar de que la SRA
se comprometió el martes con éstos a no impugnar
la resolución, fue “el Tribunal Agrario quien
lo hizo (el 8 de febrero) y eso nos va a detener
un poco más el asunto”. Respecto al sentido en
que impugnó el TSA el dictamen del juez Primero,
Natividad Salas dijo que lo desconoce.
Luego de las nuevas acusaciones
de agresión entre ambos pueblos, el pasado viernes
el presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa
–a donde pertenece Moyotepec–, Natalio Solano se quejó
de la actitud de sus vecinos y pidió a la SRA
su intervención para que salgan de la zona de
conflicto los cuerpos policiacos,
porque aseguró que éstos no impedían que continuaran
la tensión entre las dos localidades. La misma
petición hizo este martes el presidente de los
bienes comunales de Tlacoapa,
Ismael Galeana Sixto.
Consultado a ese respecto, Salas
Estrada señaló que por las condiciones que actualmente
prevalecen en el lugar, la Reforma Agraria “no
va a pedir (al gobierno del estado) que se retiren
del lugar los policías, pero se va a insistir
en que siga siendo imparcial en el conflicto”.
Al recordarle que uno de los argumentos
de los inconformes es que poco han ayudado los
policías para inhibir la violencia, debido a que
no intervienen cuando uno afecta al otro, Natividad
sostuvo que “no es una decisión fácil sacar a
la policía de la zona, ya que sigue el riesgo
todavía, siguen habiendo advertencias de invasión”.
Gobierno eficaz, por la coordinación con dependencias
federales: FHB. (Milenio Diario, Redacción,
p.web)
Miércoles 15 de
febrero, 06.
Veracruz-Jalapa.
El gobernador Fidel Herrera Beltrán dijo que el 2006
será el año de la vivienda en Veracruz y aseguró
que las elecciones del 2 de julio no impedirán
que se dinamicen los programas que el Gobierno
del Estado lleva a cabo de manera coordinada con
las dependencias federales y los municipios de
la entidad.
Al reunirse con los delegados de las dependencias federales
en Veracruz, el Ejecutivo estatal agradeció su
disposición para continuar impulsando los programas
de desarrollo social, infraestructura carretera,
de servicios urbanos e inversiones y generación
de empleos, así como aquellos orientados a lograr
una mejor salud y educación de los veracruzanos.
Respecto al programa de vivienda en la entidad, el Gobernador
de Veracruz respaldó totalmente la propuesta del
delegado del Infonavit, Enrique Nachón García,
para la “alineación” de estrategias en este sector
y así cumplir el objetivo de los programas habitacionales
en el estado.
El Mandatario también ofreció todo el apoyo de su gobierno
para que este año se efectúen reuniones y exposiciones
que promoverán a Veracruz en el país y el extranjero
como son la realización de la Reunión Nacional
de Investigación Pecuaria, la Exposición Nacional
Forestal y el VI Congreso Nacional de Diconsa,
entre otras actividades.
Durante el desayuno con los funcionarios federales en
la entidad se acordó continuar con las reuniones
mensuales para dar seguimiento a los programas
y acciones.
El Mandatario estatal agradeció a los delegados federales
su disposición para continuar con esta interacción
que los acerca más a la gente, la que, agregó,
no diferencia si una obra es de responsabilidad
federal o estatal.
Dijo que esto contribuye a que en Veracruz se consolide
un gobierno cercano, sensible, eficaz y de servicio
a los veracruzanos.
Los delegados federales expusieron las acciones de sus
respectivas dependencias, como Banobras,
Banxico, Capufe, CFE, CNA, Conacyt, Conafe, Conafor, Corett, Diconsa, Telecom, Fonacot, Profeco, Sagarpa, Sedesol, Conafor, Segob, Semarnat, Firco, Fonaes, INEGI, Inifap, Oportunidades, Profepa,
Secretaría del Trabajo, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Procuraduría Agraria, la Secretaría de Economía y el
Registro
Agrario Nacional.
En riesgo de decomiso un millón de autos chocolate,
según la UCD. (Milenio Diario, Citya Contreras, p.web).
Integrantes de la Unión Campesina
Democrática advirtieron que más de un millón de
automóviles que son utilizados en el agro nacional
están en peligro de decomiso ante las restricciones
que establece el decreto presidencial en torno
a los llamados autos chocolate.
De continuar el impedimento para
que autos modelo 1980 al 1999 o que estén elaborados
en Alemania y Brasil puedan circular en el país
una gran cantidad de productores agrícolas se
quedarían sin herramienta de trabajo, expresó
Margarito Fierro
Tano, líder de la UND
y diputado federal del PRD.
Bloqueo en Gobernación
Durante casi dos horas, decenas
de automóviles de procedencia extranjera bloquearon
el acceso a la Secretaría de Gobernación, con
la intención de exigir la intervención del secretario
Carlos Abascal y liberar tales prohibiciones.
“Pedimos que se amplíe el decreto para todos los
autos extranjeros, incluyendo diferentes tipos
de modelos y marcas, independientemente de que
no estén armados en estados Unidos puedan utilizarse
de manera regular en las regiones del país”, apuntó
Margarito Fierro Tano.
Además hizo un llamado a sus compañeros
del Congreso de la Unión para aprobar una ley
que regularice los vehículos extranjeros que se
utilizan en el campo mexicano.
“Con el fin de terminar de tajo
con los actos de corrupción por parte de las diferentes
autoridades en contra de transportistas ejidales”,
destacó.
En suma a las demandas por la legalización
de los autos chocolate, los integrantes de la
UCD pidieron a la Segob acelerar los apoyos que ofrecen las Secretarías de Agricultura,
Desarrollo Social y Reforma Agraria ya
que “desde el año pasado los productores han presentado
en tiempo y forma sus proyectos productivos, sin
recibir respuesta”.
Reconocen lacandones voluntad federal para resolver
diferendo agrario. (Excélsior,
p.web).
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 15 de Febrero.-
El grupo étnico lacandón reconoce la voluntad
del gobierno federal para resolver las controversias
generadas por la posesión de tierras en la zona
de ese núcleo autóctono, afirmó su líder, Carmelo
Chambor Yuk.
En entrevista, Chambor Yuk dijo que los lacandones aspiran a ver resuelto el problema
agrario vigente desde 1976, para quitarle la presión
a la selva lacandona y a sus 426 mil hectáreas
sujetas a protección.
El también ex presidente de los Bienes Comunales e impulsor
de 10 empresas que generan 400 empleos directos
en la zona, reconoció que el gobierno del Presidente
Vicente Fox Quesada,
tiene voluntad de resolver la disputa por la tierra
en la zona.
Chambor Yuk mencionó
que de las 614 mil 321 hectáreas de tierras que
se reconocieron y titularon a 60 lacandones en
1971, han perdido 113 mil por invasiones, "y
si nos las pagaran nos volveríamos ricos".
Sin embargo, mantenemos la disposición de dialogar, condensar
y llegar a acuerdos con la Secretaría de la
Reforma Agraria y los casi 200 núcleos agrarios,
para convenir reubicaciones o en su caso la regularización,
expuso.
De acuerdo con Chambor Yuk, la comunidad ha aceptado ceder 17 mil hectáreas de tierras
para que sean regularizadas en beneficio de diversos
poblados asentados dentro de la comunidad lacandona,
en el marco de la conciliación, pues "no
queremos problemas".
Valoró el esfuerzo del secretario de la Reforma Agraria,
Florencio
Salazar Adame, por
buscar soluciones tangibles, "espero que
este año dé tiempo al gobierno para terminar con
el problema".
Empero, admitió que lo verdaderamente importante es que las
instituciones públicas garanticen educación, salud,
vivienda, comunicaciones y sobre todo empleo,
para quitar en definitiva la presión a los recursos
naturales.
Subrayó que al no tener alternativas para el sustento de las
familias, éstas han optado por la apertura frecuente
de nuevas áreas de cultivo, tanto para ganadería
como para la agricultura, lo que ha generado un
fuerte impacto negativo a la masa forestal.
"La alternativa además de la solución a la tenencia de
la tierra es la generación de empleo, que las
familias tengan mejor posibilidad económica",
propuso.
Aplicará SRA 913 mdp
para atender conflictos agrarios. (Proceso,
Pedro Matías, p.web)
Avance de sólo 15% en 171 asentamientos irregulares en
Chiapas, admite.
Cuilapam, Oax.-
La Secretaría de la Reforma Agraria invertirá
913 millones de pesos este año para desactivar
los “focos rojos”, principalmente del sur, donde se concentran
conflictos por la tenencia de la tierra, afirmó
el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la SRA, Gilberto José Hershberger Reyes. Con estos recursos se pretenden solucionar
los “focos rojos” como son: San Francisco del
Mar contra San Francisco Ixhuatán,
donde están en disputa 23 mil hectáreas; el de
Lachatao con Santa María
Temaxcaltepec, en que
están en litigio mil 200 hectáreas y San Juan
Yosotato y San Sebastián Nopalera, que pelean 499 hectáreas.
Mientras que, a escala nacional, los “focos rojos” a
solucionar son el de la Tribu Yaqui en Sonora
y el de la Meseta Purépecha, en Michoacán, donde se lleva un avance de 35%,
así como el de la Selva Lacandona y la
Reserva de la Biosfera, en Chiapas, en que hay 171 asentamientos
irregulares, sin embargo, ahí se lleva un adelanto
de apenas 15%, admitió el funcionario federal.
Respecto de otros conflictos, como el de los límites
entre Chiapas y Oaxaca, las invasiones a San Isidro
la Gringa en Santa María Chimalapa, o los actos ilegales de parte de Santiago Amoltepec, que está ocupando tierras que no le pertenecen
y que son propiedad de Santa Cruz Zenzontepec,
Santiago Textitlán y
San Mateo Yucutindoo,
desde el punto de vista jurídico o agrario no
existe conflicto, sino acto ilegales o delitos
del fuero común.
El PASC y los Chimalapas
Mencionó como ejemplo el caso de San Isidro la Gringa,
donde quedó resuelto, desde 1994, que sus 42 mil
hectáreas son propiedad de Santa María Chimalapas,
sin embargo, “ahí algunos grupos y un líder, Ignacio
Iris Salomón (vicepresidente del Partido Alternativa
Social Demócrata Campesina), han estado incitando
a la gente para irse a meter a esas tierras”.
Consideró que ese hecho tiene claros tintes políticos,
porque el conflicto quedó resuelto en 1994 y ahora,
a once años, reclaman que no se les pagó a los
chiapanecos que tenían invadida esa área, cuando
existen documentos que comprueban que fue finiquitado
el caso.
Hershberger Reyes destacó que, del 2003 a la
fecha, se han invertido más de 600 millones de
pesos al estado de Oaxaca, que representan prácticamente
la mitad de todo el recurso federal que se le
ha entregado a SRA para la solución de conflictos.
Respecta del resto de los conflictos agrarios, manifestó
que se están llevando a cabo trabajos de sensibilización
con Santa María y San Miguel Chimalapas,
a fin de establecer contactos con los núcleos
agrarios que dicen estar en Chiapas.
Sin embargo, dijo, “es necesario que los gobiernos de
Chiapas y Oaxaca establezcan que efectivamente
se trata de un asunto de tenencia de la tierra
agraria, y no un conflicto de límites territoriales”.
Tensión en Lajarcia y Yautepec
Y luego de admitir que desconoce el conflicto de San
Juan Lajarcia con San
Bartolo Yautepec,
donde este miércoles podría desatarse la violencia
por la disputa de 4 mil 600 hectáreas, aclaró
que de los recursos autorizados para este año
no existe una cantidad etiquetada para alguna
entidad en lo particular, sino que es para la
atención de conflictos.
Finalmente, insistió en que en “Oaxaca, Chiapas, Guerrero
y Michoacán se concentra la conflictividad agraria
del país”.
Ejidatarios no acreditan que son primordiales.
(Milenio Diario, Eulogio Flores, p.web)
Comarca/ Francisco I. Madero.
La entrega obligada de documentos que como una prueba
de supervivencia se exige a los ejidatarios primordiales
de 1936, amenaza con dejar a estos sin la despensa
que se les entrega cada mes, lo que para muchos
significa quedarse sin ese apoyo que, en no pocos
casos, es la diferencia entre comer y no hacerlo.
Manuel Gress Meza, hijo de
una viuda de ejidatario del poblado Buenavista,
explica que los documentos que se demandan desde
hace días a los ejidatarios son en muchos casos
difíciles de entregar, como es el título agrario
expedido en 1941 y firmado por el entonces presidente
de la República Manuel Ávila Camacho.
En el Departamento de Atención Ciudadana, que encabeza
Rosa María Quesada Ramírez, se explica que ‘por
indicaciones de la Secretaría de Desarrollo Social
del gobierno de Coahuila, todos los ejidatarios
que en 1936 fueron beneficiados en el Reparto
de tierras, deben acreditar que siguen vivos,
pero sobre todo que son ‘primordiales’ parar seguir
recibiendo la despensa mensual y tener derecho
a un seguro de vida de 3 mil pesos.
Para ello, explicó hace días el subdirector de esa dependencia,
Ascención Cárdenas García,
deben de entregar documentos como el título agrario, el cual debe haber sido expedido en el régimen de Manuel
Ávila Camacho, así como comprobante de domicilio
e identificación.
En el caso de las viudas de los ‘primordiales’, aunque
el funcionario reveló que con la entrega del acta
de matrimonio y de defunción sería suficiente,
un día después se les exigía también el título
agrario.
Varios presidentes de los comisariados
ejidales, como Pedro Hernández Durán, de Florencia,
se han encargado de gestionar en las oficina de
la Secretaría de la Reforma Agraria de Torreón copias de los títulos
agrarios.
Se desmayan por insolación cuatro menores durante
homenaje a Guerrero. (Excélsior,
p.web)
Oaxaca, 15 de Febrero.- Luego de
esperar cinco horas bajo el sol para comenzar
la ceremonia del 175 aniversario luctuoso del
general Vicente Guerrero, cuatro estudiantes de
nivel primaria no soportaron más el calor y se desmayaron, ante el azoro de funcionarios.
El caso más dramático fue de la
alumna, Guadalupe Vásquez Hernández, de la escuela
primaria Vicente Guerrero, del municipio de
Cuilapam, donde se desarrolló
la ceremonia de este martes.
La estudiante del sexto grado de
primaria, quien junto con sus compañeras formaba
parte de una de las escoltas que participaron
en el acto luctuoso cayó completamente de
bruces y su cara golpeo directo con el piso.
El impacto se escuchó "seco"
e hizo que elementos de seguridad la levantaran
del suelo y la llevarán a la ambulancia de la
Cruz Roja, presentes en el lugar, para que
los paramédicos le dieran los primeros auxilios.
Funcionarios como el subsecretario
de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Tierra
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Gilberto Hersbherger
Reyes y los mismos presidentes de los Congresos
de Guerrero y Oaxaca, no ocultaran su sorpresa.
Después del incidente, los niños
que conformaban las escoltas fueron cambiados
a un lugar donde diera sombra, además de que los
mismos elementos de seguridad comenzaron a repartirles
botellas de agua.
Pero el hecho no paró ahí, como
en cascada, otras tres menores dieron muestras
de cansancio e insolación, por ello tuvieron que
ser auxiliadas por sus maestros y padres.
Fueron los casos de los estudiantes
Zares Puente, Susan
Michel Palacios y de
Hebert, alumnos de la
escuela primaria Miguel Hidalgo, de la población
vecina de Esquipulas.
Maestros de estos menores relataron
que fueron citados desde las ocho de la mañana
por las autoridades municipales de Cuilapam
de Guerero, localizado
a 20 minutos de esta ciudad, es decir, cuatro
horas y media antes de que iniciara el acto.
"Los llevamos a desayunar
antes de llegar, pero el sol está muy fuerte",
relató uno de los maestros, quien pidió el anonimato.
Con este, ya son dos casos en los
que alumnos que participan en ceremonias cívicas
con autoridades estatales, se desmayan.
El anterior hecho ocurrió hace
apenas una semana en el municipio de Nazareno
Etla, en donde por lo
menos siete estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria, se desmayaron mientras se llevaba
a cabo la puesta en marcha del Programa Municipio
Seguro.
Bloquean campesinos Gobernación. (Frontener Juárez, Roberto Ríos,
p.web)
Miércoles 15 de
febrero, 06.
* Piden legalizar autos "chocolate".
DF.- Por más de dos horas, integrantes de Unión Campesina Democrática
bloquearon los alrededores de la Secretaría de
Gobernación, como medida de presión para que les
resuelvan su pliego de peticiones que abarca la
legalización de autos “chocolate”, vivienda rural
y solución a problemas agrarios.
El diputado Margarito Fierro, quien encabeza el contingente de cientos de camionetas
y autos “chocolate” provenientes de distintas
partes del país, informó al término de una conversación
con funcionarios de la Segob, que fue nula la respuesta de esta dependencia.
Declaró que ante ello partirían a la Secretaría de Hacienda,
en las oficinas situadas frente a la Alameda Central,
con el fin de exigir a las autoridades hacendarias
la devolución de los autos “chocolate” confiscados
y la ampliación del decreto vigente, para que
puedan legalizar sus coches con más años de antigüedad.
Dijo que la comisión de la UCD que entró a Gobernación fue
recibida por dos funcionarios, pero no hubo ningún
avance con ellos. “Estos gobiernos nuevos no saben
atender las demandas de la sociedad”, precisó.
Ante ello, propuso a los manifestantes reunidos la necesidad
de visitar el día de hoy las distintas dependencias
gubernamentales que tiene que ver con la solución
a sus problemas.
Explicó que irían a la Secretaría de Hacienda para demandar
la solución de los autos chocolate; a la Reforma
Agraria, para exigir respuesta a sus asuntos
agrarios y a Sedesol
para que les den trámite a problemas de los adultos
mayores de esta organización y sobre la vivienda
rural.
Solicita la UCD a Gobernación intervenir para resolver
peticiones. (Notimex,
p.web).
Miércoles 15 de
febrero, 06.
Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) se manifiestan
en las afueras de la Secretaría de Gobernación
en demanda de que esta instancia, como eje rector,
llame a diversas dependencias para atender sus
problemáticas.
En entrevista, el diputado federal y coordinador nacional de
la UCD, Margarito Fierro
Tano, señaló que la Secretaría de la Reforma Agraria
es una de las dependencias que deben incluirse
en esa mesa de diálogo.
Al respecto, indicó que si bien se ha avanzado en la solución
de conflictos agrarios, todavía están pendientes
otros, pero también están por resolver varios
proyectos productivos que no han sido financiados
con recursos de 2005.
En cuanto a la Secretaría de Hacienda, dijo, se pretende ampliar
el decreto mediante el cual se regula la propiedad
de autos extranjeros, pues sólo beneficia a 30
por ciento de los propietarios.
Sobre el particular, recordó que el decreto deja fuera a los
modelos 90 y anteriores, y a los 97, 98, 99, y
a aquellos que fueron armados en Alemania y en
Brasil, porque sólo pueden ingresar los que fueron
armados en Canadá, Estados Unidos y México.
Fierro Tano comentó
que ellos plantean ampliar el decreto para todos
los modelos, para todas las marcas, independientemente
de que no sean armados en Estados Unidos, "porque
a final de cuentas vienen de ahí".
Subrayó que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación se le pide que resuelvan
los proyectos relacionados con la Alianza para
el Campo.
Finalmente, puntualizó que también se solicita a la Secretaría
de Desarrollo Social que dé respuesta a los planteamientos
que se hicieron con relación a los adultos mayores,
vivienda rural y las agencias de desarrollo local
Irys Salomón, está detrás de
las invasiones en La Gringa. (La Crónica de Hoy, Alfonso
Cruz, p.web).
Miércoles 15 de
febrero, 06.
El vicepresidente del Partido Alternativa Socialdemócrata y
Campesina (PASC), Ignacio Irys
Salomón, está detrás de las invasiones que campesinos
chiapanecos han realizado en los terrenos propiedad
de comuneros de Santa María Chimalapa,
acusó Gilberto José Hershberger
Reyes, subsecretario de reordenamiento de la propiedad
rural de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
“Hablando específicamente del asunto del predio La Gringa,
que abarca cerca de 42 mil hectáreas, ya están
perfectamente definidas como propiedad de Santa
María Chimalapa no hay
duda, pero hay grupos de este líder Ignacio Irys
que son incitados para irse a meter a esas tierras
y generar conflictos”, indicó.
Estimó que ahí se tipifica el delito de despojo, que por ser
del fuero común, “y en este caso, el gobierno
del estado de Oaxaca ha actuado con toda prudencia.
No le toca al gobierno federal intervenir, pero
sí aclaro que estamos coordinados para atender
las necesidades en la zona”, abundó.
Presentan amparo para construir la presa La Parota. (La Crónica de Hoy, p.web).
Miércoles 15 de
febrero, 06.
Los comuneros de Cacahuatepec, municipio
de Acapulco, Guerrero, celebraron el pasado 23
de agosto de 2005 una asamblea, en la cual la
gran mayoría de los miembros de este núcleo agrario
aprobó el inicio de la construcción del proyecto
hidroeléctrico La Parota en terrenos propiedad
de la comunidad, por considerar que son muy positivos
los beneficios que recibirán la propia comunidad
y las poblaciones circunvecinas, tanto en el aspecto
social como económico, además de los beneficios
generales para la población, como son la generación
de energía eléctrica y el abasto garantizado de
agua potable para la región durante los próximos
50 años.
No obstante la aprobación mayoritaria de la comunidad, un muy
pequeño grupo de personas, entre las que se encuentran
algunas que no pertenecen a la comunidad, se opuso
a la asamblea en la que la mayoría de comuneros
aprobó el proyecto.
Este pequeño grupo promovió un juicio ante el Tribunal Agrario, Distrito 41, con sede
en Acapulco, Gro. El
Magistrado Agrario resolvió, sin fundamento legal
y sin ajustarse a lo dispuesto por la Ley Agraria
en este tipo de juicios, y en contra de la voluntad
expresa de la mayoría de los comuneros, anular
la mencionada asamblea y los acuerdos tomados
legalmente apoyando el inicio del proyecto hidroeléctrico
La Parota.
Los comuneros de Cacahuatepec, en
defensa de sus legítimos derechos, con esta fecha
interpusieron un juicio de amparo, ya que existieron
violaciones muy graves por parte del Magistrado,
Lic. Juan Rodolfo Lara Orozco, durante la tramitación
del juicio agrario.
Entre los argumentos esgrimidos por la mayoría de comuneros
de Cacahuatepec en esta
demanda, se señala que el Magistrado no tomó en
cuenta la voluntad de la mayoría, toleró actitudes
intimidatorias de los opositores al proyecto durante la audiencia,
no apreció las pruebas que obraban en el juicio,
ni se allegó de los medios de convicción necesarios
conforme a lo dispuesto por la Constitución y
la Ley Agraria, para dictar una sentencia
con el debido conocimiento de causa y ajustada
a la ley.
Se estima que el Tribunal Colegiado de Circuito que conocerá
del amparo, al constatar las irregularidades en
que incurrió el Magistrado, concederá el amparo
en favor de los comuneros de Cacahuatepec,
con los siguientes efectos:
1. Respetar la voluntad de la mayoría de los comuneros.
2. Revocar el contenido de la sentencia del Magistrado Agrario.
3. Permitir que se continúe con el proyecto hidroeléctrico
La Parota
Desmiente Olliver cacicazgo. (Frontener
Juárez, Juan Carlos Carreón,
p.web)
Martes 14 de febrero,
06.
Chihuahua.- Después de que varios ejidatarios de repechique lo acusaran de cacicazgo en algunos terrenos ubicados
en aquella región, Juan Ollivier
Fierro respondió a estas acusaciones por medio de mostrar
el plano que lo acredita como legitimo dueño de
estas tierras las cuales explica el señor Ollivier
están en disputa desde 1970.
Ollivier Fierro comentó
que el problema de las tierras comenzó en 1970
por medio de un decreto del aquel entonces presidente
Luís Echeverría.
El afectado expone que al pasar las tierras a sus manos, el
declinó a el permiso de explotación de aquellas
tierras, esto por costo económico que implica,
lo que originó que las 600 hectáreas de su propiedad
estén casi vírgenes, ya que hasta la fecha no
se ha talado ningún árbol.
Por medio de un mapa el cual fue elaborado por el registro
agrario nacional, Juan Ollivier
expone que las tierras que según los ejidatarios
de aquel lugar están siendo afectadas por el cacicazgo,
son de su propiedad y de acuerdo al plano elaborado
por el INEGI el Registro Agrario Nacional y
el Procede estas están excluidas de las tierras
ejidales.
En el documento presentado a esta redacción se puede notar
las firmas de los representantes ejidales, que
en el 2003 que es cuando se elaboró el plano,
firmaron de común acuerdo y reconocieron la propiedad
de las tierras de Juan Ollivier
Fierro.
Juan Ollivier comenta que el está
dispuesto a llegar a un arreglo con los ejidatarios,
ya que estas tierra han sido demasiado problematicas
desde que su familia las adquirió en los años
de 1930.
Rechazan al presidente del Módulo de Riego XVI. (Milenio Torreón, p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
Saulo Larriva
Jara / San Pedro.
Campesinos acusan a Francisco Quistián
González de haber manipulado su elección, y piden
asambleas en 22 ejidos.
Alrededor de 30 campesinos de diferentes ejidos tomaron las
oficinas del Módulo de Riego XVI y rechazan a
su presidente, Francisco Quistián González, porque lo acusan de haber manipulado a
su favor la elección. Piden asambleas en los 22
ejidos que integran la asociación, para elegir
democráticamente a sus delegados.
La movilización de los inconformes comenzó desde el pasado
viernes y aseguran que van a tomar las oficinas
todos los días, hasta que no se celebren las reuniones
en los ejidos citados para nombrar delegados ante
el módulo, “porque en ocho o diez no hicieron
asambleas, sino que Francisco Quistián repartió 50 ó 100 pesos a cada uno a cambio de su
firma sin celebrar asamblea, para imponer su candidatura”,
dijo Manuel Esquivel Torres, del ejido San Isidro.
Añadió que se firmaron minutas con fecha 2 de enero y 2 de
febrero con la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Agraria, “las cuales pedimos se respeten, porque incluso
ambas dependencias están dispuestas a celebrar
esas asambleas”.
Destacaron que no reconocen a Francisco Quistián
como presidente del módulo “y queremos una auditoría
a los tres años anteriores que estuvo al frente,
así como a la administración saliente, de José
Rodríguez Zamonsett,
porque el primero dejó la maquinaria inservible,
se quedó con el dinero de la renta de la misma
y dejó un adeudo de 3.5 millones de pesos, y el
segundo lo solapó”.
Agregó que la “mano de chango” se la acabó rentándola a la
empresa Metálicos Mayrán,
mientras que la maquinaria la utilizó en su pequeña
propiedad y con los parvifundistas,
y nunca ingresó ni un peso por concepto de renta.
Asimismo, aseguraron que Francisco Quistián
es apoyado por los pequeños propietarios debido
a que él les da agua abundante para sus nogales,
mientras que a los campesinos les deja poco volumen.
Ante esa situación, los inconformes dijeron que continuarán
en su movimiento, e incluso la Comisión Nacional
del Agua citó a una comisión ayer para dialogar
en torno al problema.
“Por lo pronto, exhortamos a los usuarios del módulo XVI a
fin de que no paguen su agua de riego hasta que
se solucione este conflicto, pero si no vemos
disposición para una respuesta, no permitiremos
que rieguen los pequeños propietarios primero,
sino el sector social”, advirtieron los quejosos.
Así, tanto el viernes como ayer por la mañana se apreció a
las puertas de las oficinas del módulo un contingente
dispuesto a impedir que se abrieran las puertas
para que trabajaran normalmente.
Los inconformes respaldan a Antero Mancinas,
quien fuera el contendiente de Quistián
González para la presidencia del módulo de Riego
y para quien el resultado de la votación fue desfavorable.
Diario reclamo.
• Los inconformes acusan a Francisco Quistián
de:
• Designar delegados en los ejidos mediante dinero.
• Dejar inservible la maquinaria del módulo.
• Favorecer a los pequeños propietarios con volúmenes de agua.
• Dejar endeudado al módulo con 3.5 millones de pesos.
Refuta señalamientos
Luego de rechazar los señalamientos que hicieron en su contra,
Francisco Quistián González
dijo que los preparativos para la siembra en el
Módulo de Riego XVI no se entorpecen y que incluso
laborarán en las oficinas del despepite “La Equidad”
mientras se resuelve el conflicto.
Detalló que los ejidos no son juguetes “para que los muevan
Francisco López Lira o Manuel Esquivel
cuando ellos quieran. Si ellos quieren, que hagan
todas las asambleas que deseen en su comunidad,
pero no tienen por qué meterse en los demás, ya
que los ejidos son autónomos para poner a quien
quieran como delegado y seleccionarlo de la forma
como deseen”.
Respeto
Con relación a las minutas que exigen se respeten, el entrevistado
señaló que en ellas sugirieron que la Procuraduría
Agraria emitiera un dictamen al respecto y esta
dependencia se declaró incompetente, “por lo que
en ese momento termina la validez de las minutas”.
Agregó que su designación no se debió a injerencia del anterior
presidente, José Rodríguez Zamonsett,
“sino que todo se hizo apegado a los estatutos,
con asamblea de delegados y votación directa,
así que ellos como usuarios no pueden estar en
contra de los estatutos, porque desde el momento
que decidieron unirse al módulo, los aceptaron”.
En cuanto a la maquinaria, Francisco Quistián
mencionó que Francisco López Lira tuvo el manejo
de ésta por espacio de un año y medio y con eso
niveló sus nogales. “Lo mismo Faustino Palomo;
ellos saben cómo se maneja la maquinaria y nunca
dieron ni un abono de ella. Saben que como presidente
yo no la manejé, siempre hubo un encargado de
la misma”.
El entrevistado recalcó que a cada uno de los usuarios se les va a otorgar el volumen de agua a que tienen derecho, “porque
López Lira está acostumbrado a regar sin papeles”.
Sin deudas
Aseguró que el módulo de riego no está endeudado con nadie.
Recordó que se debía un millón 150 mil pesos y
ya está pagado, así como la maquinaria del módulo,
no se adeuda nada.
Francisco Quistián considera que
esta inconformidad es un capricho del candidato
perdedor, “ya que la elección fue limpia y siguiendo
los estatutos y no pudo ganar, por eso busca e
inventa irregularidades, mismas que no existen
y por eso las dependencias federales no les hacen
caso en sus manifestaciones”.
Reiteró que estarán trabajando en las oficinas del despepite
“La Equidad” y que no se han detenido los canaleros,
por lo que cualquier asunto de los socios pueden
acudir con toda confianza a esas instalaciones
para resolver cualquier situación que se presente.
Oaxaca: Piden munícipes a Xochitl
Gálvez intervenir en conflicto agrario. (Proceso,
pedro Matías, p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
* Autoridades de tres poblados advierten que no permitirán
la entrega de 4,600 hectáreas a San Bartólo
Yautepec.
Oaxaca, Oax.- Autoridades municipales
de San Juan Lajarcia,
Santa María Ecatepec y Santa María Lachixonace
advirtieron hoy que impedirán a toda costa la
ejecución de una vieja sentencia del Tribunal
Unitario Agrario que reconoce cuatro mil 600
hectáreas a San Bartolo
Yautepec, porque romperá
con la paz social en la región; y demandaron la
intervención inmediata de la comisionada nacional
para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, con el fin de evitar un “baño de sangre”.
En representación de las comunidades, Edilberto
Bautista Díaz, convocó también al arzobispo de
Antequera-Oaxaca, José Chávez Botello, y a las organizaciones no gubernamentales para que
se conforme un observatorio que impida el retorno
de la violencia a la región chontal.
Bautista mencionó que el 23 de agosto del 2004, el Tribunal
Unitario Agrario número 21 emitió sentencia a
favor de la comunidad de San Bartolo Yautepec -- expediente 117/1994--,
reconociéndole 4 mil 600 hectáreas, 4 mil 200
de las cuales están en posesión actualmente del
pueblo de San Juan Lajarcia.
Las autoridades federales y estatales tienen previsto ejecutar
este miércoles al mediodía la sentencia agraria,
a pesar de la férrea oposición de los habitantes
de San Juan y comunidades vecinas.
Los inconformes explicaron que la sentencia no sólo altera
los documentos entre San Juan Lajarcia
y San Bartolo Yautepec, sino que involucra
a las comunidades de Santa María Ecatepec
y Santa María Lachixonace,
porque “rompe con el punto trino” y, por ende,
con la paz social.
Bautista Díaz comentó que lo peor es que el gobernador Ulises
Ruiz Ortiz no los ha querido atender para revisar
el caso antes de que el conflicto los rebase y
se convierta en un “foco rojo” similar a los de
la Sierra Sur.
Recordaron que el 21 de abril de 1972, cuando se iba a realizar
un deslinde entre los dos municipios en conflicto,
los de San Bartolo Yautepec emboscaron y asesinaron
a tres habitantes de San Juan Lajarcia.
Por lo pronto, habitantes de San Juan Lajarcia
se encuentran concentrados en el centro de la
población luego que fueron repicadas las campanas
y están a la espera de la visita de las autoridades
gubernamentales. La asamblea comunitaria ya decidió
que “por ningún motivo” permitirá que se ejecute
la sentencia.
Bautista Díaz comentó que no se ampararon contra la resolución
porque el abogado que llevó su caso los “traicionó”.
Sin embargo, dijo que por todos los medios han
solicitado a los gobiernos estatal y federal que
se revise el caso porque de lo contrario, advirtieron,
habrá derramamiento de sangre. “La gente ya está
reunida y le preocupa la violencia que este caso
podría generar, las tierras son nuestras y no
vamos a permitir que nos las quiten”.
A su vez, el comisariado de Bienes
Comunales, José Zamora, manifestó que el delegado
de gobierno, Leodegario Melchor Ordaz, le informó que anoche se registró
una balacera en el pueblo de San Bartolo
Yautepec y las autoridades responsabilizaron del incidente
a la gente de los pueblos inconformes con la sentencia
agraria.
Sin embargo, el comisariado deslindó
a la gente San Juan Lajarcia;
dijo que no tuvieron nada que ver en la balacera.
Campesinos se apoderan de un predio en Oaxaca. (Milenio Oaxaca, Óscar Rodríguez, p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
El vocero de los pueblos dijo que, bajo ninguna circunstancia,
se va a permitir que el órgano jurisdiccional
los despoje de sus tierras.
Indígenas armados, de cinco municipios de la sierra sur de
Oaxaca se apoderaron de forma violenta de por
lo menos cuatro mil hectáreas de terrenos del
municipio de San Bartolo
Yautepec, en busca de evitar una resolución del Tribunal
Unitario Agrario, que busca devolver a dicha
comunidad la zona en disputa.
Los inconformes se encuentran parapetados entre los municipios
San Juan Lajarcia, Santa
María Ecatepec y Santa María Lachixonace,
donde se localiza una mina de mármol, en espera
de la sentencia agraria que dictará, el próximo
miércoles, el TUA y que les despojará materialmente
de sus tierras.
En rueda de prensa, el vocero de los pueblos Edilberto Bautista dijo que, bajo ninguna circunstancia, se
va a permitir que el órgano jurisdiccional los
despoje de sus tierras, considerado injusta la
resolución del Tribunal Unitario Agrario.
“Estamos dispuestos
a costa de nuestra propia vida, a luchar por nuestras
tierras, que son nuestro único legado heredado
por nuestros ancestros”.
Ejidatarios a favor de La Parota piden amparo en
Guerrero.
(La Jornada, Misael Habana,
p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
Acapulco, Gro. Autoridades ejidales
de los bienes comunales de Cacahuatepec
promovieron un juicio de amparo ante el Tribunal
Unitario Agrario (TUA), porque el presidente
magistrado de la sala 41, con sede en este puerto,
Juan Rodolfo Lara Orozco, anuló "sin fundamento
legal" la asamblea del 23 de agosto de 2005,
donde dio anuencia al comienzo del proyecto hidroeléctrico
La Parota. Los comuneros argumentaron que el juez
no tomó en cuenta la voluntad de la mayoría y
toleró actitudes intimidatorias
de los opositores a la presa durante la audiencia,
entre otros puntos. El 18 de enero el TUA resolvió
que dicha asamblea era ilegal, pues sólo 823 de
2 mil 300 ejidatarios firmaron el acta.
La batalla de guerrero por un país mejor sigue
vigente. (Olor a Mi Tierra, p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
Cuilapan de Guerrero.- Con la representación
del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el secretario
general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, encabezó
la ceremonia conmemorativa del 175 aniversario
luctuoso del general Vicente Guerrero, a la que
a nombre del presidente Vicente Fox asistió el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Gilberto Hershberger Reyes.
A nombre de los Tres Poderes del Estado intervino el coordinador
general de Asesores del mandatario estatal, Raúl
Avila Ortiz, quien resaltó que la lucha y obra de Vicente
Guerrero y de sus congéneres de la Reforma está
más vigente que nunca y es imperativo seguir su
ejemplo, sobre todo en esta hora en que los mexicanos
continuamos peleando, ante circunstancias no menos
complejas, por un país mejor y un mundo más libre
y justo.
Ante los titulares de los poderes Legislativo, Bulmaro Rito Salinas, y Judicial, Héctor Anuar Mafud, así como del líder
de la LVIII Legislatura de Guerrero, Carlos Reyes
Torres, el orador oficial evocó la vida y obra
del héroe que, precisó, simboliza la entrega absoluta
de cualquier valor material a favor de una causa
superior y su apotegma “La Patria es primero”
así lo confirma.
En presencia también de Rogelio Nava
Peralta, presidente municipal de Tixtla,
Guerrero, lugar de nacimiento del prócer, y del
edil de este lugar, Gabriel Ruiz Martínez, destacó
que la Patria sigue siendo primero cuando pese
a la profundización de la pobreza, sobre todo
en el sur del planeta, se osa amagar con el levantamiento
de muros territoriales la estabilidad de dos economías
vecinas y la existencia de miles de desaventajados.
Frente a la estatua del consumador de la Independencia y ante
el sitio mismo en el que fuera fusilado el 14
de febrero de 1831, Ávila Ortiz sostuvo que la
patria es primero porque ninguna ley extranjera
es legítima cuando se trata de aplicarla fuera
de las propias fronteras, o bien cuando so pretexto
de preservar un orden democrático que se pretende
universalizar, se ejercen instrumentos imperiales
autoritarios refinados o se bloquean las vías
a las formas de desarrollo alterno.
En su oportunidad, Hershberger Reyes
puntualizó que el prócer guerrerense nos legó
una experiencia que sigue vigente: “las democracias
fracasan cuando fracasan los demócratas, la democracia
actúa contra la sumisión al poder”.
Con la democracia, continuó, se superan las reminiscencias
del racismo y se expanden las potencias intelectuales
de cada persona, enfatizó, y añadió que la paradoja
de Vicente Guerrero fue que gobernó en circunstancias
difíciles y nunca contó con el respaldo suficiente
para consolidar la República y crear un estado
de leyes.
Hershberger Reyes asentó que la lucha que libró
el héroe debe servir de enseñanza y aún en medio
de las divergencias se debe avanzar pues como
el propio Vicente Guerrero lo precisó, la patria
es primero.
De su lado, el presidente de la Gran Comisión del Congreso
guerrerense rememoró la obra de quien fuera uno
de los más destacados caudillos del pueblo mexicano
y enfatizó que Guerrero es a la Independencia,
lo que Juárez es a la Reforma.
Por su parte, el gran maestro de la Gran Logía
Masónica Benito Juárez García, Rogelio Cadena
Espinoza, precisó que
Guerrero fue un guerrillero de verdad sin pasamontañas,
sin discursos inútiles y estériles, que siempre
estuvo cierto de alcanzar la libertad del pueblo
sin venderse jamás a la traición.
A la ceremonia asistió también el comandante de la VIII Región
Militar, Juan Hernández Avalos,
así como coordinadores de las fracciones parlamentarias
de los estados de Oaxaca y Guerrero, servidores
públicos y alumnos de instituciones educativas.
El secretario general de Gobierno, Franco Vargas, acompañado
de las demás autoridades depositó una ofrenda
floral y montó una guardia de honor ante la estatua
de Vicente Guerrero, en tanto que una compañía
de fusileros disparo una salva de honor.
Posteriormente, el representante presidencial, Hersbherger Reyes, y el director general del Instituto Estatal
de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Mendoza
Kaplan, hicieron entrega
de mobiliario, equipos de cómputo y paquetes escolares
a 41 planteles de Cuilapan,
Santa Cruz Xoxocotlán
y seis municipios más de Valles Centrales por
un monto cercano a los dos millones de pesos.
Habitantes de Cerralvo
reclaman derechos de comunidad agraria. (Milenio Monterrey, p.web).
Martes 14 de febrero,
06.
Los pobladores de la comunidad Benavides Grande y Benavides
Olivares presentaron una denuncia de hechos ante
la Agencia del Ministerio Público, debido a que
la familia Villarreal
busca vender los terrenos donde ellos habitan.
Un grupo de 50 integrantes de la comunidad agraria Benavides
Grande y Benavides Olivares, de Cerralvo,
se manifestó frente a la Presidencia Municipal
para exigir que cesen los hostigamientos de parte
de varias personas que buscan acreditar la propiedad,
donde se encuentra una mina de cal, que los quejosos
alegan como suya desde 1978.
El abogado José Alfredo Gutiérrez Falcón dijo que hay constancias
documentales de que la comunidad agraria les pertenece
por lo que, junto con los afectados, acudió a
la Agencia del Ministerio Público de la localidad
a presentar una denuncia de hechos en contra de
la parte que pretende vender los terrenos.
Señaló que la familia Villarreal
Villarreal que busca obtener el dominio de 8 mil 500 hectáreas,
del total de 65 mil de la comunidad, presiona
a los trabajadores de la Minera Cerralvo
(Micer), propiedad de Luis Lauro Ríos Gutiérrez,
para que cierre, luego de que los comuneros les
concesionaran en el 2004, 35 hectáreas de terreno para que
la exploten durante 20 años.
“La familia Villarreal reconoció
en el Tribunal
Agrario que no tiene posesión de los terrenos
y sobre esa base piden una indemnización por el
terreno que fue expropiado por el gobierno, aunque
lo cierto es que el gobierno federal le entregó
terrenos que pertenecían alguna vez a particulares”,
dijo.
No pueden ser desalojados
Mencionó que la familia Villarreal
aceptó que los comuneros no pueden ser desalojados
por el tiempo prolongado que tienen habitando
en el lugar, y por ello buscaron, primero, una
indemnización de parte del Estado mexicano y ahora
quieren que les sean entregadas 8 mil 500 hectáreas
de terrenos de los que alegan ser propietarios,
incluida la mina.
Gutiérrez Falcón denunció que en su intento por obtener la
propiedad, la familia Villarreal
promueve actos de hostigamiento en contra de los
trabajadores de la mina y de los ejidatarios,
lo que ameritó que acudieran ante el Ministerio
Público a presentar la demanda este mismo lunes
al mediodía.
“Ha habido actos que son atribuibles a una falta de criterio
jurídico porque han sido molestados sin ninguna
orden, han sido traídos a la Agencia del Ministerio
Público por los Policías Ministeriales del Estado.
Cuando ya está instalada la Minera Cerralvo,
precisamente en ese momento, se les ocurre volver
a darnos problema”, afirmó el litigante, quien
habló con los manifestantes en la plaza principal,
para explicarles cómo procederían jurídicamente
en contra de los Villarreal.
Cecilio Martínez Martínez, ex presidente
de la comunidad, señaló que ya con anterioridad
los comuneros han enfrentado numerosos problemas
con la familia Villarreal
y los métodos de intimidación suben cada vez de
intensidad, pues han llegado al grado de levantar
a algunos de sus compañeros. “Lo que queremos
es que legítimamente nos respeten nuestros derechos,
porque esta tierra nos pertenece desde los tiempos
de López Portillo y no es justo que alguien por
ambición infundada venga a quitarnos lo que nos
pertenece”, se quejó.
El abogado dijo que esperará una respuesta del Ministerio Público
para continuar con la defensa legal de los ejidatarios
y sus tierras.
Prensa Estatal
GUERRERO
No es seguro que Zeferino
se reúna con los opositores el próximo domingo:
Chavarría. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
“Una sola parte no puede definir
la fecha, ni el lugar”, responde el secretario
general de Gobierno a la invitación del Cecop
para dialogar sobre La Parota. “Tiene que haber
un proceso. Ver cuáles van a ser los temas y el
tenor de la asamblea”, argumenta. De concretarse
el encuentro, el gobierno no enviará policías,
promete.
Chilpancingo.
El secretario general de Gobierno
Armando Chavarría Barrera
dijo que aunque el Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a La Parota (Cecop)
entregó ya la invitación al gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo, para dialogar sobre el conflicto
de la presa el domingo 19 de febrero en los Bienes
Comunales de Cacahuatepec,
no es seguro que asista, porque “una sola parte
no puede definir la fecha, ni el lugar”.
Comentó que todo tiene que seguir
un proceso y que en este caso ambas partes tiene
que designar a una comisión para definir los temas
y las características del encuentro, “para que
pueda ser una reunión productiva y exitosa”.
La tarde del martes, integrantes
del Cecop entregaron
en las oficinas de Togal –que pertenece a la la empresa
familiar del gobernador– una invitación para reunirse
el próximo domingo 19 de febrero en la comunidad
de Parotillas de los
Bienes Comunales de Cacahuatepec,
y dialogar sobre el proyecto de La Parota. En
entrevista, el vocero de los opositores, Marco
Antonio Suástegui Muñoz,
pidieron una pronta respuesta.
Consultado al respecto, luego de
una reunión con empresarios de la zona Centro
–en la que se abordó el tema de la inseguridad–
Chavarría Barrera celebró
que los opositores hayan aceptado el dialogo y
que incluso le parecía “bien” que hayan invitado
al gobernador por escrito.
Sin embargo, aclaró que “una sola
parte no puede definir la fecha ni el lugar. Digo,
la invitación es correcta, de parte del gobernador
ha sido aceptada, pero necesitamos ver la fecha,
el lugar más adecuado, la agenda, los temas”.
Dijo que desde su perspectiva,
antes del encuentro “tiene que haber un proceso,
tiene que haber una comisión que designe el gobernador
del estado, que designen los opositores. Ver cuáles
van a ser los temas, la agenda, el tenor de la
asamblea y qué característica va a tener la reunión.
O sea, varias cosas que se tienen que ir ponderando
para que la reunión sea productiva y exitosa”.
Por ello, insistió el secretario
general de Gobierno, aunque “hay aceptación del
diálogo, pero no necesariamente tendrá que ser
el domingo”. Sin embargo, aseguró que, de concretarse
un encuentro, el gobierno del estado no enviará
policías” a la reunión.
Respecto a la petición al gobierno
estatal de los senadores del PRD y del PRI, Leticia
Burgos Ochoa y Héctor Astudillo Flores, para cumplir
el fallo del Tribunal Unitario Agrario que anula
el acta de la asamblea en la que los comuneros
dan su anuencia para la expropiación de sus tierras,
Chavarría Barrera respondió
escuetamente que “es una propuesta, vamos a esperar
a ver qué dicen las comisiones y qué resuelve
el pleno” (del Senado).
MICHOACÁN
El 10 de abril debe ser tribuna contra el abandono
del campo: Manuel García. (La Jornada
de Michoacán, Antonio Ramos, p.web).
Organizaciones campesinas se manifestaran
en el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata.
Nueva Italia.- La celebración
del LXXXVII aniversario luctuoso del General Emiliano
Zapata Salazar debe ser la tribuna desde donde
se levante la voz de los campesinos, para demandar
de manera enérgica la puntualización de verdaderas
políticas agropecuarias que saquen al agro nacional
del abandono en que se encuentra, manifestó Manuel
García Cuevas, líder de los Campesinos del Sur
En entrevista con La Jornada Michoacán
destacó que el 10 de abril debe ser una fecha
fundamental para que los hombres del campo manifiesten
fuera del acto oficial, su total repudio a las
políticas agropecuarias erráticas del presidente
Fox que han sumido al
sector rural en la pobreza y la marginación social.
Por ello, asentó, diversas organizaciones
campesinas estamos trabajando en la actualidad
en conjuntar las estrategias que nos permitirán convocar a miles
de campesinos hasta la Glorieta de Cuatro Caminos,
el próximo 10 de abril para celebrar fuera del
protocolo oficial el LXXXVII Aniversario Luctuoso
del General Emiliano Zapata Salazar.
García Cuevas, indicó, que no se
trata de desestabilizar la paz social de la entidad
sino de dejar presente las inmensas necesidades
y carencias que prevalecen en el campo michoacano,
con la finalidad de que las instancias de gobierno
retomen las responsabilidades que les corresponden
y puntualicen en la aplicación de políticas agropecuarias
acordes a la realidad actual.
Será impostergable en esta ocasión,
acotó, que la voz del campo se deje escuchar con
fuerza y energía para contrarrestar los próximos
embates del Tratado de Libre Comercio con América
del Norte TLCAN-, que abrirá el primero de enero
del 2007 el Capitulo Agropecuario que será desastroso
para el campo michoacano sino se toman las medidas
precautorias necesarias.
Hasta el momento, subrayó, "quienes
estamos participando en la organización del evento
en mención hemos considerado que éste deberá ser
la tribuna de los hombres y las mujeres del campo,
que permita en su oportunidad que la voz del campesino
alerte al gobierno en el rediseño de las políticas
agropecuarias, pues el campo no aguanta más".
Finalmente, destacó, que la conmemoración
del LXXXVII Aniversario Luctuoso del Caudillo
del Sur debe de dejar de ser un espacio de manipuleo
político de los distintos partidos y, por lo tal,
concluyó, evitaremos su partición en el mismo.
Seguridad, el reto más apremiante. (Cambio de Michoacán Johanna Muñoz,
p.web).
IV Informe de Lázaro Cárdenas Batel.
Asegura el gobernador que se ha avanzado en la construcción
del estado de derecho y en la edificación de una
democracia social Dijo tener la convicción de
que el debate y la polarización electoral no afectarán
“la marcha institucional de la entidad”
Miércoles 15 de Febrero de 2006
A pesar de que se ha avanzado en la construcción del estado
de derecho y en la edificación de una democracia
social, el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas
Batel, reconoció en su IV Informe de Gobierno
que la seguridad pública es uno de los temas más
apremiantes, que exige una estrategia articulada
y por lo tanto, no pueden estar sujeta a vaivenes
políticos o coyunturas electorales, por lo que
garantizar la seguridad pública es el principal
reto que debe afrontar el Estado mexicano en su
conjunto.
Igualmente, dijo que existe la convicción de que la elección
federal, con los debates y polarización política
«que naturalmente conlleva, no debe interrumpir
la buena marcha institucional de Michoacán».
Agregó que la reforma constitucional al Poder Judicial que
está en vías de consolidarse y que fue objeto
de consenso de las distintas fracciones partidistas,
perfeccionará, mediante la creación del consejo,
su administración, sistema de control interno
y servicio civil de carrera.
Ante el pleno legislativo, en el que estaban representados
los tres poderes del Estado, el mandatario michoacano
indicó que el gobierno se ha conducido a fin de
responder a los compromisos que de inicio contrajo
con los sectores sociales de la entidad.
Esta administración ha mantenido invariablemente sus convicciones
igualitarias, su espíritu de lucha y su ética
de trabajo, consideró. «Hemos empeñado cuatro
años de esfuerzo en pro del desarrollo armónico
de nuestra sociedad, a sabiendas de que los cambios
que procuramos exigen constancia y tenacidad».
Luego de hablar de las políticas incluyentes para garantizar
la salud, el jefe del Ejecutivo destacó la inversión
en educación y cultura para el desarrollo de nuestro
capital humano, el combate a las inequidades y
la exclusión, la interacción respetuosa con el
medio ambiente y el aprovechamiento de nuestras
capacidades productivas en el campo y las ciudades.
Cárdenas Batel, al cumplir con el mandato constitucional del
Informe de Gobierno, refrendó su compromiso de
avanzar en la cohesión económica y social de la
entidad y pugnar para que se sigan impulsando
políticas que impacten en la economía de las personas
y del estado.
Reconoció la madurez y capacidad de diálogo de comunidades
indígenas, ejidos y pequeños propietarios que
han posibilitado que la tarea de las autoridades
agrarias resulte en la solución de problemas
que han aquejado al estado por décadas.
«A lo largo de los últimos cuatro años, Michoacán ha experimentado
un proceso de transformación intensa. Múltiples
son los aspectos de nuestra realidad en los que
hemos podido incidir para bien y muchos más en
los que debemos insistir en el futuro. Un estado
de derecho y de derechos, una economía vigorosa
y equitativa, el fomento de la convivencia pacífica,
de la cultura democrática y de la construcción
de ciudadanía son sin duda objetivos que deben
edificarse a diario, sin tregua, con toda la tenacidad
de la que seamos capaces. Es nuestra convicción
dedicar el último tercio de la gestión a dicha
tarea», aseveró.
Después de felicitar a diputados y alcaldes, Cárdenas Batel
aseguró que en este cuarto año de su administración,
se tuvo la oportunidad de trabajar juntos en un
clima de cordialidad y respeto.
Ante los posicionamientos de los diputados locales que hicieron
uso de la palabra en el IV Informe, el mandatario
estatal dijo estar abierto a las críticas y al
diálogo, al mismo tiempo que reiteró su disposición
al trabajo.
Los logros.
«Los conflictos agrarios no son nuevos ni escasos en
Michoacán», aseguró, al mismo tiempo que destacó
que se promovió la firma de 37 acuerdos para dirimir
problemas derivados de la tenencia de la tierra.
Entre el 2004 y el inicio de este año 2006, quince
conflictos catalogados como focos rojos
o amarillos han sido solucionados.
En el mismo sentido, destacó la labor de conciliación realizada
por la Secretaría del Trabajo y el gobierno estatal
que ha permitido destrabar conflictos de grave
consecuencia social y económica, como los que
han afectado al sector siderúrgico en Lázaro Cárdenas.
Mientras en las afueras de Palacio Legislativo marchaban organizaciones
sociales, unas en pro y otros en contra, Cárdenas
Batel en materia de seguridad pública mencionó
que es el tema más apremiante en este momento,
por la situación que atraviesa el país, y que
incide directamente en Michoacán.
PUEBLA
En 1992, Nacif compró
de modo ilegal terrenos de una reserva. (La Jornada de Oriente,
Fermín Alejandro García, p.web)
El entonces gobernador Piña Olaya, su benefactor.
Kamel Nacif Borge, que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas
de diciembre y principios de 2006, por la acusación
penal que presentó contra la escritora Lydia
Cacho, y el proceso que inició contra el activista
Martín Barrios, protagonizó en 1992 un acto ilegal
por el cual se apoderó varios meses de una parte
importante de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl,
la cual es la zona cuya tierra tiene el mayor
valor en todo el estado.
Este empresario de origen libanés adquirió los predios únicamente
por haber sido amigo del entonces gobernador Mariano
Piña Olaya, y con ello buscaba hacer el negocio del siglo, o mejor
dicho, el robo del siglo, ya que el metro cuadrado
fue pagado a una miseria a los campesinos que
eran los dueños, pero él, junto con otros hombres
de negocios, buscaba especular y hacer una gran
fortuna con dichos lotes.
Y es que para nadie es un secreto que Kamel
Nacif ha sido uno de
esos empresarios cuyo poder se debe en parte a
la amistad que traba con políticos, y que le dan
facilidades para hacer negocios.
Hay quien señala que su aportación a la campaña del PRI en
el último proceso electoral local, le sirvió para
que pudieran ser cometidos los abusos en el caso
de la periodista Lydia
Cacho, quien de manera indebida fue detenida y
encarcelada solamente por haber relatado la supuesta
relación cercana de Nacif
con el empresario acusado de pederasta, Jean Succar
Kuri.
La historia del asunto de los terrenos de la reserva fue la
siguiente: corría el penúltimo año de la gestión
de Mariano Piña Olaya, y el mandatario logró que el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari le concediera la expropiación
de mil 84 hectáreas de los ejidos de San Bernardino
Tlaxcalancingo, La Trinidad
Chautenco, San Andrés
Cholula y San Pedro
Cholula, con la justificación
de que sería para un programa de reordenamiento
urbano de la ciudad de Puebla.
El 28 de mayo de 1992, casi un año después de la expropiación,
el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal
inició el proceso del pago de indemnizaciones
a los propietarios de los terrenos, luego de que
a varios de los afectados se les sacó a la fuerza
de sus propiedades, pese a que habían iniciado
juicios de amparo.
Hasta ahí parecía que tal vez los terrenos servirían para un
verdadero programa de gobierno; sin embargo, el
4 de junio de 1992 los integrantes de la 51 Legislatura
local le aprobaron la iniciativa de Piña Olaya mediante la cual autorizaron al gobernador enajenar,
vender, donar o transmitir las mil 84 hectáreas;
es decir, se le daba autorización para que echara
al bote de la basura el plan de reordenamiento
urbano y emprendiera un jugoso negocio, ya que
empezó a vender los lotes al mejor postor en los
últimos meses de su gestión.
Se dice que muchos amigos del entonces jefe del Poder Ejecutivo
fueron los directamente beneficiados, entre los
que figuraba Kamel Nacif, quien se quedó con
30 hectáreas. Otros compradores fueron el entonces
secretario de Economía, Salvador Cué
Silva, el empresario Rafael Posada Cueto y una
larga lista de prestanombres de ex gobernadores
y funcionarios de primer nivel del gobierno del
estado en turno.
Piña Olaya cometió un grave error,
ya que cuando hizo la venta de los terrenos no
había cumplido con la elaboración de un programa
de usos y destinos que marca la Ley de Asentamientos
Humanos. Legalmente el estado de Puebla no era
propietario de los predios, y éstos seguían en
posesión del gobierno federal. En resumen, lo
que hizo el mandatario fue un auténtico fraude,
ya que vendió terrenos como si fueran suyos. Obviamente,
quienes compraron sabían de esa situación.
Al llegar a la gubernatura, Manuel
Bartlett Díaz se dispuso
a deshacer esas transacciones y el 16 de agosto
de 1994 el Congreso local aprobó un dictamen por
el cual estableció que el decreto usado por Piña
Olaya para vender no
podía producir consecuencias de derecho por no
estar apegado a la Ley de Bienes Públicos; por
tanto, sus efectos eran nulos.
A partir de ese segundo decreto, Bartlett
citó a todos los empresarios que habían comprado
lotes en la reserva que fueran mayores a los 5
mil metros cuadrados. A cada uno le dio una audiencia
de apenas tres minutos, pues lo único que les
comunicaba era que debían pasar a la Secretaría
de Finanzas a recoger el dinero que habían pagado
por los lotes. Algunos quisieron reclamar una
suma mayor, tras argumentar que habían dado sobornos
para conseguir las tierras, pero no fueron escuchados
y se resignaron a devolver los predios.
El único que se opuso fue Kamel Nacif, cuya posición fue que él no devolvería nada, y utilizaría
las 30 hectáreas que había adquirido tal como
conviniera a sus intereses personales. Y para
demostrar que no se iba a sujetar a lo dispuesto
por el Congreso, contrató a connotados abogados
para que lo defendieran, además de portarse prepotente
y altanero cada vez que algún funcionario quería
tratar el tema de los terrenos.
Al poco tiempo de que eso ocurriera, una noche, en exclusiva,
Jacobo Zabludovsky daba
a conocer en su noticiero televisivo que el empresario
Kamel Nacif había sido detenido en Las Vegas por evasión fiscal.
Eso ocurrió cuando el secretario de Hacienda era
Pedro Aspe. Dos días después de que Kamel
Nacif logró salir de
la cárcel, sin que hubiera mediado algún acuerdo
o petición, el empresario se presentó en Puebla,
en el palacio de gobierno del estado, a firmar
la devolución de las 30 hectáreas que había comprado
a la administración de Piña Olaya.
Lo hizo sin dar mayor explicación.
¿Qué pasó? Los que conocen el caso no lo saben. Se especulan
muchas cosas, como que Kamel
Nacif ya no quiso tener
problemas con la ley; que en la cárcel reflexionó
que no era adecuado tener los predios, o que Bartlett
usó sus contactos en el gobierno federal para
meter en cintura al llamado rey de la mezclilla.
Ese es el Kamel Nacif que ahora exige que se limpie su honor en el asunto
de Lydia Cacho. Si se
aplicara la ley, Piña Olaya y algunos de los que le compraron terrenos en la reserva
en cuestión deberían estar en la cárcel y no tendrían
el derecho de estar defendiendo su ''buena reputación''.
El funcionario que operó esas ventas se llama Alberto Esteban
Morelos, quien labora actualmente en el ayuntamiento
de la capital; los notarios que escrituraron esas
ventas ilegales fueron Emilia Sesma y Joaquín
Briones.
QUINTANA ROO
Quieren construir en Tulum. (La Jornada, Hugo Martocia, p.web).
El cabildo de Solidaridad intentar eludir impedimentos
legales.
Grupos ecologistas afirman que así se daría pie
a la edificación de hoteles.
Cancún, QR, 15 de febrero. El cabildo de Solidaridad (Playa
del Carmen) reactivó el Comité de Desarrollo Urbano
del Gobierno con el objetivo de que este organismo
le presente una propuesta para modificar el Programa
de Desarrollo Urbano en Tulum,
en un intento, según grupos ecologistas, de permitir
la construcción de cuartos hoteleros en una área
natural protegida (ANP), lo que pondría en peligro
los vestigios arqueológicos de la zona y el sistema
de ríos subterráneos más importante del mundo.
Patricio Martin, presidente del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
en Quintana Roo, aseguró que de aprobarse dicha
modificación se violarían decretos federales que
protegen la zona y establecen una densidad de
construcción cero.
El regidor perredista José Carlos
González Anguiano confirmó que el citado comité
se puso en marcha la semana pasada y que en breve
presentará al pleno del cabildo una propuesta
para modificar el Programa de Desarrollo Urbano
de Tulum.
El objetivo del gobierno municipal es permitir la construcción
hasta de 15 cuartos hoteleros por hectárea en
una zona en la que está prohibido realizar edificaciones,
pues ahí se encuentran los vestigios arqueológicos
de Tulum, zona de alta
fragilidad ecológica y enorme riqueza cultural,
la cual está protegida por decretos de parque
nacional y zona de monumento arqueológico.
El Parque Nacional Tulum, de 664
hectáreas, fue decretado ANP en el Diario Oficial
de la Federación del 23 de abril de 1981,
y zona de monumentos arqueológicos en el del 8
de diciembre de 1993.
Los cambios que pretenden efectuar las autoridades de Solidaridad
violarían también el Programa de Ordenamiento
Ecológico del Corredor Cancún-Tulum,
publicado el 16 de noviembre de 2001.
El proyecto original para realizar una modificación al Programa
de Desarrollo Urbano comenzó en la pasada administración
municipal, encabezada por el actual secretario
de Infraestructura y Transporte del gobierno del
estado, Gabriel Mendicuti,
y ha sido continuado por el actual alcalde, Carlos
Joaquín González.
Uno de los puntos más oscuros de este caso es que el proyecto
de modificación fue financiado por el empresario
César Portilla, quien reclama para sí la propiedad
de los terrenos expropiados en 1981.
Portilla ha dicho que sigue siendo dueño de las tierras y asegura
que el decreto que las convirtió en ANP estuvo
mal trazado, ya que sus coordenadas están ubicadas
en el mar.
Este miércoles, el empresario dio a conocer a la radio oficial
que hay inversionistas interesados en aportar
300 millones de dólares en desarrollos turísticos
en la región una vez que la modificación del Programa
de Desarrollo Urbano sea aprobada.
La pretensión del ayuntamiento de Solidaridad fue descalificada
tanto por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia (INAH) como por la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a principios de 2005, cuando el asunto comenzó a
discutirse.
El 4 de enero de ese año, Alfredo Arellano, director regional
de la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas de la Semarnat,
dirigió un oficio al gobierno municipal en el
cual explicaba que el programa "tendrá que
modificarse y adecuarse" a lo establecido
en el decreto del Parque Nacional Tulum.
El 17 de marzo, la directora del Centro Quintana Roo del INAH,
Adriana Velásquez, pidió al ayuntamiento reconsiderar
"la alta densidad hotelera" que se quiere
aprobar, y advirtió que "el INAH no podrá
aprobar los proyectos que se propongan en esta
zona".
Hoy, en una entrevista radiofónica, el delegado estatal de
la Semarnat, Rafael
Muñoz Berzunza, anticipó
que esa dependencia no autorizará las manifestaciones
de impacto ambiental para las construcciones que
se pretenda hacer en el ANP.
El presidente del Cemda, Patricio
Martin, dijo que desde la semana pasada el director general
de administración urbana del gobierno municipal,
William Conrado Alarcón, ha presentado el tema
a los regidores, y han comenzado las presiones
para que se apruebe el nuevo programa.
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