CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
7 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Estrena Montiel casa en España
Gozan ex Gobernador y su familia de
mansión durante las fiestas de diciembre.
Candidatos carecen de estrategia energética
Analistas:
los aspirantes sólo se centran en diagnósticos.
Los cambios atados a pactos legislativos, coinciden.
Entra el ISSSTE a un callejón sin salida
Da el gobierno
$877 millones más para cubrir servicios médicos
de jubilados.
Blindaje a finanzas públicas: Hacienda
El país
se protege ante un caída del crudo por debajo
de 36.5 dpb. Canaliza
el gobierno 7 mil mdp
al pago de coberturas petroleras. Suma 16 mil
227 mdp el saldo del
Fondo de Estabilización.
Indignación por la burla de EU a la soberanía
Exigen
a Fox enérgica respuesta
al caso de Sheraton.
Legisladores y partidos: inadmisible que se apliquen
aquí leyes extraterritoriales. Condena la tibia
respuesta oficial a la expulsión de cubanos ordenada
por el Tesoro.
EU prohíbe todo trato de subsidiarias con cubanos en México
Desprecian
al gobierno de Fox:
Cuba.
Balean y lanzan granada a diario de Nuevo Laredo
Impactos
de bala en todas las paredes de la redacción de
El Mañana. Estalló un artefacto. Un reportero recibió 5 tiros. “Hay
un impresionante olor a pólvora”.
Pide Bush más fondo para vigilancia fronteriza
Desde 2001
ha crecido 93% el presupuesto para este rubro.
Plantea más agentes y tecnología para reforzar
seguridad.
Investiga SRE expulsión
de cubanos
Envía el Gobierno de Cuba nota diplomática
en la que pide una explicación sobre el caso Sheraton. Sanción contra el hotel
si se comprueba que aplicó la Ley Helms-Burton, anuncia Derbez.
San Lázaro, agencia de empleos de Chuayffet
Con las
redes mexiquenses apuntala su candidatura al Senado.
Panistas se han beneficiado
con la llamada reingeniería laboral.
Sector agrario
Denuncian que un comunero de Olinalá
les cerró el camino que han usado desde hace 70
años. (El Sur (Guerrero), Carmen González, p.web).
Afecta a unos 100 habitantes de
una colonia de Temalacatzingo,
indican. Pedirán la intervención de la Procuraduría
Agraria porque las autoridades de los Bienes
Comunales no les han hecho caso, informa.
Tlapa.
El comunero José de Jesús Rosendo
de la colonia Benito Juárez, anexo de San Antonio,
perteneciente a los Bienes Comunales de Temalacatzingo,
municipio de Olinalá, denunció que José de Jesús Barrera, otro comunero,
les impide el paso a sus viviendas con el argumento
de que es dueño del terreno que ocupan como camino
desde hace 70 años.
Adelantó que ante el problema,
pedirán la intervención de la Procuraduría Agraria
para que cite a José de Jesús Barrera y ahí busquen
alternativas de solución pues las autoridades
de Bienes Comunales de Temalacatzingo
no les ha hecho caso y no han acudido a los dos
citatorios que le han girado; además de que José
de Jesús ha manifestado que las autoridades de
Bienes Comunales “no valen” para él.
De Jesús Rosendo dijo la petición
está clara y es que se quite la tranca (cerca)
que no deja pasar a los cerca de 100 habitantes
que ocupan las 23 viviendas de la colonia y que
se han visto afectados porque no hay otro lugar
que puedan ocupar como camino.
Mencionó que este terreno pertenecía
a un tío de José de Jesús del cual lo despojó
y en octubre de 2003 el Tribunal Unitario Agrario
le acreditó la propiedad a él porque su tío no
contaba con documentos.
Dijo que desde ese momento empezó
el problema al iniciar con el cerco de los terrenos
y manifestar que no es camino, cuando se ha utilizado
desde hace 70 años por la gente que vive en el
lugar por lo que reclaman los tres metros que
han utilizado como paso.
Agregó que no sólo les obstruye
el camino hacía la colonia, sino también a la
presa de agua que se encuentra cerca y no permite
el acceso a los niños que van a la escuela primaria
de la comunidad de Zicatlán
y de San Antonio Coyahuacan.
Manifestó que por eso se busca
el apoyo de la Procuraduría Agraria para evitar
que el conflicto se agrave al no “respetar” a
las autoridades de Bienes Comunales.
Solicitan ejidatarios
coyuquenses intervención
de Coddehum. (Despertar del Sur, Juan
M. Robles, web).
Cd. Altamirano, Gro. Un grupo de
ejidatarios provenientes de la comunidad de Parancio,
del municipio de Coyuca
de Catalán, se presentó en la oficina regional
de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Coddehum), para solicitar su intervención.
Los ejidatarios fueron encabezados por el presidente del Comisariato
Ejidal, Amado Duarte Rosales, quien informó que
con anterioridad habían tenido un conflicto de
tierras con los de Puerto del Oro, pero que el
mismo había concluido gracias a la intervención
de las autoridades respectivas.
A consecuencia de las pláticas que se realizaron entre ambos
ejidos, la Procuraduría Agraria y la Secretaría
de la Reforma Agraria, ésta última se había
comprometido a pagarles la respectiva indemnización
por las 203 hectáreas de tierra, en un monto estimado
entre 3.5 y 4 millones de pesos.
La preocupación de ellos es que el avalúo ya se hizo desde
el año pasado y el mismo vence en el mes de marzo
de este año y por ello temen que no se les pague.
Aseguraron que el documento de indemnización ya está firmado
por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, pero falta la firma de otro funcionario de esa
misma dependencia.
Francisco Javier Castillo Molina, quien cubrió la guardia en
la oficina de la Coddehum
fue el encargado de recibir la inconformidad y
será a través de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) por la que busque que
se liberen los respectivos recursos para cubrir
la indemnización.
Requiere La Parota visión integral: Tlachinollan. (Despertar
de la Costa, Gilberto Guzmán, p.web).
Chilpancingo, Gro.- El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Abel Barrera Hernández, indicó que el gobierno
del estado y la Comisión Federal Electoral (CFE)
deberían tratar el conflicto de la presa hidroeléctrica
de La Parota con una visión integral, dada la
posibilidad que el asunto se convierte en un factor
de ingobernabilidad para la entidad.
En ese sentido, destacó que la
Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe dar
una solución inmediata y contundente sobre el
caso del asesinato de Eduardo Maya, campesino
opositor al proyecto hidroeléctrico, privado de
la vida a manos de un promotor de la misma.
Cuando ocurrió el mencionado crimen,
Eduardo Murueta Urrutia,
procurador de justicia, argumentó que el crimen
había sido producto de un pleito entre borrachos,
pero Abel Barrera asegura que el asunto no debe
manejarse de una manera tan ligera y “seguir cerrando
los ojos ante una realidad añeja, en donde se
tienen problemas añejos y parece que no se quiere
ir al fondo del conflicto”.
Por lo tanto, señaló que las autoridades
no se pueden dar el lujo de tener actitudes parciales
ni superficiales en un asunto tan delicado, que
ha generando muertes violentas.
Criticó que “hasta el momento,
no se ha visto a una sola instancia del gobierno
estatal o federal que haya dado muestras de querer
dialogar realmente con los campesinos que se oponen
al proyecto”, al que ya impugnaron de manera formal
ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Insistió en que la ausencia de
diálogo es la principal causa de que se estén
cometiendo delitos que van desde las lesiones
entre comuneros hasta el homicidio, aunque de
manera reiterada las autoridades se desmarcan
del conflicto.
Finalmente, Abel Barrera Hernández
reconoció que se debe cuidar mucho la zona particularmente
ahora, cuando los hechos demuestran que los ánimos
se siguen caldeando y que de un momento a otro
se puede presentar una confrontación de considerables
dimensiones.
Casos y Cosas. (Por Esto!, Edmundo Contreras, web).
Los respectivos reportes de los
sucesos acontecidos el domingo en las localidades
de Conkal y en la de
Chablekal, en donde
debido a la inquietud que prevalece por el caso
de las tierras ejidales escamoteadas, o en vías
de escamoteo por las autoridades estatales, se
registra un clima de tensión, nos dan la pauta
para confirmar que la ignominia oficial no se
detiene.
Que pese a la obviedad de lo indebido
de estos asuntos de la obtención de tierras ejidales
y de todo tipo para integrar a proyectos y planes
oficiales de dudoso beneficio para la Entidad
y para su gente, más bien oscuros y claramente
en contra de los intereses de Yucatán y de los
yucatecos, la pérfida intención de seguir adelante
por parte de las autoridades que encabeza el gobernador
Patricio Patrón Laviada se mantiene.
Quizá engallado por la complicidad
que confirmó el presidente Vicente Fox
Quesada en el caso, al despreciar lamentablemente
a los campesinos que acudieron a él durante su
estancia en Mérida el pasado jueves y hasta someterlos
a la represión a golpes que les enderezó el Estado
Mayor Presidencial, pero es evidente que a nivel
local el problema de las tierras no se detiene.
Ni parece que alguna de las instancias
de la Ley, sean agrarias o judiciales, vaya a
proceder en consecuencia a la brevedad posible
para reponer la legalidad en este delicado asunto
que viene levantando a los hombres del campo debido
al engaño y provocación de que son objeto, como
se desprende de estos acontecimientos del pasado
domingo en las comunidades de Conkal
y en la de Chablekal,
en donde se dan estos casos de despojo de tierras
en su perjuicio.
Como también se dan en otras localidades
del corredor norponiente
de nuestra entidad, terrenos de los municipios
de Umán y de Hunucmá, que igualmente están ahora en el “litigio” inminente
que se deriva de la intentona gubernamental, en
este caso a través de un intermediario del Ejecutivo
del estado, Antonino Almazán Arteaga, en donde
la ilegalidad y la oscuridad oficial también son
parte estelar.
Por eso es que durante la asamblea
ejidal realizada el domingo en Conkal,
en donde se desarrolla otro enfrentamiento campesino
con las autoridades que comanda el gobernador
Patrón Laviada debido
al intento de despojo de tierras que tratan de
consumar a como dé lugar, los verdaderos ejidatarios
impusieron su voz y voto y mantuvieron en el cargo
al presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado,
a Rafael Uicab Angulo,
quien por encabezar la defensa del patrimonio
ejidal era el blanco de la inquina gubernamental.
Sí, así de plano, los campesinos
y sus tierras son el blanco de la inquina oficial.
Es claro, y así se confirma en
este caso de Conkal,
pues hete aquí que siendo el citado Rafael Uicab
Angulo quien en días pasados denunció con valentía
y solidaridad con sus hermanos campesinos que
serían engañados la venta de terrenos ejidales
y otras irregularidades cometidas por las autoridades
del “cambio”, en contubernio con el comisario
ejidal Ponciano Doroteo Kú
Cocom, el gobierno estatal
trató de hacerlo a un lado.
Para lo cual durante esta asamblea
dominical se pretendió promover su destitución
como Presidente del Consejo de Vigilancia del
Comisariado Ejidal de
Conkal, para allanarse el camino y proteger los actos traidores
y torcidos del comisario ejidal coludido
con las autoridades en el comercio de tierras
ejidales.
Dolosa y premeditada intención
de las autoridades del “cambio” en Yucatán, todo
dentro de ese mismo afán integral de seguir acaparando
tierras mediante el despojo y el engaño a los
campesinos, que alentadora y significativamente
no prosperó porque los ejidatarios de Conkal
ratificaron a Rafael Uicab Angulo en el cargo de presidente del Consejo de Vigilancia
del Comisariado Ejidal.
Claro que para llegar a esto, que
aquí comentamos con facilidad, los ejidatarios
sortearon una asamblea plena de tensión y de momentos
de incertidumbre, en donde los ánimos subían de
tono a cada instante y en donde la participación
de los funcionarios agrarios, como los
visitadores de la Procuraduría Agraria
a cargo de otro “Amigo”, de Claudio Coello Herrera,
pasaron apuros y terminaron validando la voluntad
mayoritaria de los socios del ejido de Conkal
a favor de la permanencia en el cargo, y consiguiente
defensa de su patrimonio, de Rafael Uicab
Angulo, presidente del Consejo de Vigilancia.
Tensión, irritación, incertidumbre
y escenarios peligrosos para la comunidad yucateca
en su conjunto, como estos suscitados en Conkal
y como los que también se dieron el pasado domingo
en la localidad de Chablekal,
en donde un grupo de ejidatarios encabezados por
otro torvo comisario ejidal, Agustín Dávalos,
pretendieron invadir tierras de ejidatarios que
se oponen a su comercialización.
Pero que a sus espaldas el tipo
y sus allegados, amparados en la encomienda del
Director de Asuntos Agrarios del Gobierno del
Estado, Jorge Cuevas López, e integrados en ese
bloque cómplice con las autoridades y “Los Amigos
de Patricio” Patrón Laviada para apropiarse de todas las tierras posibles en la
entidad, ya vendieron y por eso pretendía invadirlas
para iniciar su indebida delimitación.
Hecho que el propio truhán comisario
ejidal de Chablekal,
Agustín Dávalos, confirmó inesperadamente, cuando
argumenta que hay que hacer la delimitación de
esas tierras porque “los compradores ya le dieron
el cheque”.
Luego entonces, lo dicho, en estos
tiempos del “cambio” y de “Los Amigos de Patricio”,
son los ejidatarios y sus tierras EL BLANCO DE
LA INQUINA OFICIAL.
Acusación de ejidatarios de Caucel. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web).
Ejidatarios de Caucel acusan de
haber participado en esa transa al delegado
de la Procuraduría Agraria, Claudio Coello Herrera;
al director de la Cousey,
José Carlos Guzmán Alcocer; al actual comisario
ejidal Enrique Noh Urtecho y al anterior, Benito
Zonda/ Esta superficie es independiente de la
que las autoridades agrarias vendieron para Ciudad
Caucel
Campesinos de Caucel también presentarán
una denuncia penal contra el delegado de la Procuraduría
Agraria, Claudio Coello Herrera, por haber avalado
la venta ilegal a la Cousey de otras 2 mil 700 hectáreas de terrenos de esa comisaría
que colindan con Susulá
y Chalmuch.
Los hombres de campo manifestaron
que la demanda también será en contra el director
de la Cousey, José Carlos Guzmán Alcocer; del actual comisario ejidal
Enrique Noh Urtecho
y del anterior Benito Zonda, ya que todos ellos
actuaron en complicidad para aprobar trámites
ilegales que sustenten la presunta comercialización
de las extensas superficies.
Indicaron que solicitarán la intervención
del regidor del PAN, Luis Aldana Burgos, a fin
de que los asesore y los represente en las diversas
diligencias que tendrán que llevar a cabo para
interponer las denuncias correspondientes.
—Lo que hace el gobierno actual
es un verdadero saqueo del patrimonio de los campesinos,
cuando debería estar para protegerlos y cuidar
sus tierras, agregaron los ejidatarios inconformes
que de igual forma fueron depurados injusta y
arbitrariamente del padrón ejidal.
Expusieron que la superficie de
la que se ha apropiado la Comisión Ordenadora
del Uso del Suelo del Estado de Yucatán podría
ser mayor a las 2 mil 700 hectáreas, para lo cual
los campesinos afectados ya solicitaron a un topógrafo
que realice las mediciones y levantamiento general
de cuyos resultados se conocerán en los próximos
días.
La denuncia que presentarán los
campesinos de Caucel contra el delegado de la
Procuraduría Agraria, Coello Herrera, se suma
a las que han anunciado los labriegos de Conkal,
Hunucmá, Tixcacal,
Oxcum y otras comisarías que han padecido los mismos atropellos
de parte del gobierno estatal y sus cómplices.
El denominador común para las diferentes
comunidades es el mismo: Asambleas amañadas y
falsificación de firmas, o bien, firmas obtenidas
bajo engaños o a cambio de un puñado de monedas,
aprovechándose de la necesidad económica de los
campesinos y sus familias.
En el presente caso, al parecer
la Cousey ya entregó
los primeros pagos a los ejidatarios afines al
comisario ejidal Noh
Urtecho, a quien evidentemente le toca una mayor parte al
igual que a su antecesor, Benito Zonda.
Aunque no se sabe con certeza si
en este caso también participó el director de
Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, Jorge
Eduardo Cuevas López, para favorecer a los compradores
y perjudicar a los campesinos, se presume su manto
protector como lo ha hecho en otras ocasiones
en las comunidades a las que se les han prácticamente
despojado de sus tierras.
Hay que aclarar que las 2 mil 700
hectáreas de ahora son ajenas a las dos mil del
proyecto Ciudad Caucel que también se vieron empañadas
por la escandalosa corrupción de funcionarios
de gobierno y autoridades ejidales que actuaron
de igual forma en complicidad para la “venta”
de las tierras.
Ofrece Marcos apoyo a campesinos opuestos a proyecto
eólico de la CFE. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web).
El tercer Diálogo Nacional baja la cabeza ante
el plan de destrucción neoliberal, dice.
Agreden a la caravana
zapatista con una estampida
de toros bravos en La Venta, Oaxaca.
Unión Hidalgo, Oax., 6 de febrero.
También en Ranchu Guabiña
hace aire. Y mucho. Está donde el mar y el viento
se juntan, en un sentido literal, telúrico, científicamente
comprobable. Por eso el avance neoliberal ha puesto
ahora los ojos en la región, y en capilla a los
zapotecos del sur del
Istmo y a los pescadores ikoots
(huaves) de las lagunas. Y está a punto de destruir una región
preciosa para México. Y nada menos que por su
aire.
La otra campaña vino a encontrarse hoy con decenas de luchas de toda la región,
de manera emblemática en el lugar donde nació
hace poco un Consejo Ciudadano que pudo ser alternativa
de gobierno (de forma de gobierno) y terminó en
la cárcel: Unión Hidalgo (Ranchu
Guabiña, en zapoteco). El subcomandante Marcos también habló en la plaza
central de La Venta, después de recorrer las instalaciones
de energía eólica que puso allí la Comisión Federal
de Electricidad para uso de una empresa española.
Campesinos en resistencia contra el proyecto de energía eólica
en el Istmo expusieron la complicidad del gobierno
federal en favor de los intereses industriales
de las empresas foráneas, y documentaron lo que
significaría una barrera de aspas girando a todo
trapo en la región zona de mayor tránsito sur-norte-sur
del mundo. Sí, del planeta. No es figurado. Ya
caen pájaros y murciélagos por millares en La
Venta y La Ventosa, donde brotaron los nuevos
molinos de viento. Decapitados.
Empresas hispanas como Gamesa e Iberdrola
han encontrado el respaldo de las secretarías
de Energía, Medio Ambiente y Reforma Agraria,
además de la CFE, para levantar el muro de las
navajas, una nueva frontera para el país. Toneladas
de concreto destruirían los mantos acuíferos para
sostener los molinos. Un pescador ikoot
dijo: "Si los peces y las aves hablaran,
¿qué dirían?"
En seguida enumeró la contaminación de las escolleras de Salina
Cruz, que ha cambiado las corrientes marinas y
"ha matado las lagunas". Aseguró que
los pueblos ikoot dicen
no al proyecto eólico en el Istmo y la barra de
Santa Teresa. Se ha desatado una presión masiva
y agresiva para que los ejidatarios arrienden
30 años sus tierras, a precios de risa, y desde
ellas se genere electricidad para el mercado mundial.
Así los dividen. Y los despojan. "¿Quiénes
somos, quiénes son ellos?", se pregunta el
pescador, preocupado por la identidad, la cultura,
la sobrevivencia de
sus pueblos.
Más tarde, en Unión Hidalgo un joven ikoot,
estudiante de bachillerato en San Mateo del Mar,
dijo: "Esta tierra no es de nadie. Fue prestada
a nosotros. Es un nido para un rato y después
nos regresamos".
"Convertir el aire en una mercancía"
Tras escuchar numerosas denuncias descriptivas del desastre
casi inminente en el Istmo mexicano, el delegado
Zero expresó a los
pobladores de La Venta esta mañana: "Hace
rato que fuimos allá donde están los molinos,
recordamos una historia que se escribió hace más
de 400 años, don Quijote de la Mancha, cuando
un caballero andante y su escudero se enfrentaron
contra unos molinos de viento y tuvieron una discusión
sobre si eran molinos de viento o gigantes. El
Quijote insistía en que eran gigantes, mientras
que su escudero le decía que en realidad eran
sólo molinos de viento. Y esto viene al caso porque
400 años después nos encontramos con que es cierto,
eran gigantes, y que este gran sistema que nos
está oprimiendo, matando y despojando de nuestras
tierras y de nuestros bienes, ha hecho lo que
parecía imposible, que es convertir el aire en
una mercancía. Porque lo que nos han explicado
aquí los compañeros es que detrás de esos molinos
están los grandes gigantes de las empresas trasnacionales
que quieren despojar de la tierra a los comuneros,
ejidatarios y campesinos de la zona del Istmo".
A los pobladores de La Venta les dijo: "Sabemos, gracias
a su palabra, el plan de trampa y de engaño que
están haciendo, y lo que van a destruir si instalan
todos esos molinos de viento para poder vender
energía eléctrica. Sabemos también que detrás
del proyecto hay empresas trasnacionales de la
altanera España, de Estados Unidos y de Francia.
Esos tres grandes poderes extranjeros se han dirigido
con desprecio, racismo y humillación a los habitantes
de esta tierra. Ni siquiera los quieren informar,
ni los toman en cuenta sobre lo que está pasando.
Sabemos también que funcionarios del gobierno
municipal, estatal y federal han evitado en todo
momento informar directamente a la gente y responder
a sus preguntas sobre ese proyecto.
"Sabemos que empresas que hacen el coyotaje del
contrato están tratando de romper la unidad de
la comunidad de estos lugares, tratando de conseguir
que personas individuales les arrienden la tierra
o se las vendan para instalar estos molinos. Sabemos
también de la gran molestia que existe en todos
los compañeros y compañeras de esta zona, porque
desde un principio se ve que hay mal detrás de
ese proyecto, porque no lo quieren hablar claro
y además porque han empezado a dividir lo que
hasta ahora estaba unido, la comunidad."
El delegado zapatista volvió a un
viejo tema: "A diferencia de hace 400 años,
cuando una sola persona y su acompañante querían
enfrentar a los molinos de viento, ahora es un
pueblo entero, el del sur del Istmo, el que que
se está enfrentando contra esto. Nosotros venimos
a decir aquí, la verdad, que no están solos, compañeros
y compañeras. Nosotros vamos a luchar con ustedes
contra esos molinos de viento y contra todo el
proyecto que quiere convertir el Istmo en una
nueva frontera, el equivalente del Plan Puebla-Panamá,
(que) es el plan transístmico de Andrés Manuel López Obrador".
Aprovechando la presencia y participación en el acto de Fernando
Amezcua, secretario
del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas,
el delegado Zero
llamó la atención a este gremio, "a que recuerden
una vieja enseñanza en los ranchos: el hombre
acaricia el caballo para montarlo. Y a los trabajadores
electricistas les están acariciando el lomo y
prometiéndoles una tregua, sólo una tregua, en
el proyecto de la privatización de la energía
eléctrica, pero van sobre ella también. No se
dejen engañar".
A los indígenas dijo: "Hay que oponerse al proyecto eólico,
unidos, como pueblos y decir no a ese proyecto
y el gobierno a ver cómo le hace y las empresas
extranjeras a ver cómo le hacen. Si ustedes dicen
no a ese proyecto, nosotros vamos a estar con
ustedes y no va a ser de palabra. Vamos a venir
a movilizarnos y enfrentar juntos esos molinos
de viento y ahora sí , no como hace 400 años, ahora sí los vamos a derrotar.
"Y quiero decirles que ustedes llevan mano en esa lucha,
que tal vez allá arriba, los más grandes se van
a rendir o se van a vender o van a dudar y va
a temblar su corazón, pero ustedes como jóvenes
tienen que entender que lo que nos proponemos
acá es cambiar ese final, donde gana el molino
de viento y gana el gigante y tenemos que hacer
que gane el otro. Y el otro somos nosotros. No
una persona, ni dos, sino un pueblo. Queremos
que sepan y lo lleven en su corazón: no van a
estar solos el día que enfrenten esa lucha, vamos
a estar con ustedes.
"Porque con el proyecto eólico, viene el proyecto de carreteras,
de maquiladoras, de toda la destrucción de la
zona del Istmo, del despojo de todas las tierras
ejidales y comunales. Y ese proyecto no viene
del PRI, ni viene del PAN, viene de aquél al que
están cortejando para ver si sí les va a dar algún
cargo o les va a dar alguna concesión y los va
a destruir. El proyecto de allá arriba significa
ni más ni menos la destrucción de los pueblos
indios, de las organizaciones sociales, y de la
tierra ejidal y comunal en el istmo de Tehuantepec."
En un día en que también se reuniría en privado en Unión Hidalgo
con numerosas organizaciones y grupos, empezando
por el Consejo de Ancianos de Ranchu
Gubiña, y se dirigiría
a Juchitán y San Blas
Atempa, Marcos concluyó en La Venta llamando
a que "ese viento que ahora quieren convertir
en mercancía los gobiernos y las grandes trasnacionales
se convierta en un viento de rebeldía, aquí, donde
el sureste cambia de nombre. No crean lo que está
pasando allá arriba. Mírenlo con ojo crítico.
Vean las propuestas de gobierno, vean quiénes
las van a operar, traten de apartar un poco la
vista de un color o del nombre de una persona.
Vean el equipo y el proyecto de nación. Y van
a ver que ese proyecto alternativo de nación al
que ahora baja la cabeza, el llamado Tercer Diálogo
Nacional, ese proyecto es el proyecto de continuación
de la destrucción de nuestro país. Nosotros nos
oponemos radicalmente a ese proyecto de destrucción,
no importa que llegue con la pobre pintura de
ser un proyecto progresista y antineoliberal.
Es lo mismo".
Provocación con toros
Antes del mítin en La Venta, el subcomandante Marcos fue a los molinos de la
CFE, se encaramó en su camioneta y en sentido
figurado los enfrentó. Y qué dijeron, la foto
y ya. Miembros de la agencia municipal priísta
de La Venta soltaron una estampida de toros bravos
de entre los molinos monumentales. Los arrearon
con violencia, a pedradas y latigazos, y los hicieron
correr entre los carros de la caravana de La
otra justo cuando Marcos salía de su
vehículo.
Las pedradas no se reservaron a los toros. Fue una provocación.
Uno de los más activos inconformes de La Venta
contra los molinos recibió una pedrada cerca del
ojo, que lo mandó al hospital. Y quien se la arrojó
resultaba ser, además conocido priísta y promotor
del negocio eólico, el pítcher
del equipo local de beisbol.
No eran vacas, sino toros de grandes cornamentas. Y sus arrieros
gritaban insultos contra la gente. Aunque les
echaron los toros encima, curiosamente muchos
de la caravana no se percataron de la agresión.
No obstante, los opositores de los molinos de
la CFE en La Venta anunciaron que demandarán penalmente
por la agresión.
Los molinos del Istmo, donde el viento arrecia, no son alucinación
quijotesca. La danza de los millones afloja instituciones
y pueblos. Las preguntas son claras. Y la respuesta
está en el viento.
Carece el gobierno estatal de autoridad para intervenir
en el conflicto entre Tarecuato
y Tzirío. (La Jornada de Michoacán,
Martha Luna, p.web)
En próximos días entablaran dialogo
para lograr la solución del problema.
Los Reyes.- La disputa por la posesión
de tierras entre Tarecuato
y Tzirío puede no ser un problema de gobernabilidad, consideró
Enrique Bautista Villegas, secretario de Gobierno
en Michoacán, quien apuntó que la mayor parte
de los problemas agrarios son conflictos
entre comunidades, ejidos o grupos de la misma
población, por lo que señaló "no tenemos
autoridad legal para imponer soluciones".
En vísperas de que Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio
y Jesús Díaz (Tzirío),
anexo de Pamatácuaro,
municipio de Los Reyes, después de 40 años de
conflicto por la posesión de 62 hectáreas acepten
dialogar, el secretario de Gobierno, destacó que
en los problemas agrarios no debe confundirse,
si son del gobierno o de los ciudadanos.
Añadió que hablando desde el punto
de vista jurídico, no le corresponde a las autoridades
resolverlos, no obstante hay una preocupación
por contribuir en su solución.
La función del gobierno del estado
es mediar entre las comunidades para propiciar
que estos asuntos, se analicen, discutan y negocien
de forma pacífica, con la participación de las
autoridades agrarias, agregó.
Hay que recordar que el conflicto
se originó hace más de 40 años, cuando miembros
de la familia González, pertenecientes a la comunidad
de Tzirío, se apoderaron
mediante escrituras apócrifas de un terreno ubicado
a kilómetro y medio de su comunidad, aún sabiendo
que el éste pertenecía a la comunidad de Tarecuato.
Aproximadamente hace tres años,
mediante un dilatado proceso agrario, Tarecuato
logró el veredicto en favor, por lo que la reacción
de comuneros de Tzirío no se hizo esperar, acompañados por el subrepresentante comunal, acudieron a Pamatácuaro
con el representante de Bienes Comunales en turno,
Moisés Ruiz Reyes, quien decidió repartir el predio
entre 67 comuneros, provocando la toma de posesión
de manera violenta.
El problema fue turnado a la comisión
de "focos rojos" de la Secretaría
de Reforma Agraria, con el cometido de buscar
un terreno para la comunidad de Tzirío,
que se ubicaba en el valle de Los Reyes y contaba
con agua para riego y mayor plusvalía que el terreno
en conflicto.
Cuando todo parecía ser el principio
del fin del problema, la comisión cometió el error
de ofrecer el terreno a la comunidad de Tarecuato,
por lo que autoridades y habitantes de ésta comunidad
rechazaron la oferta bajo la consigna de que "ni
sus mujeres, ni sus tierras se venden", al
mismo tiempo que amenazaron con tomar medidas
radicales en respuesta, la amenaza no se consumó
gracias a la intervención de la autoridad comunal
en turno de Tarecuato.
El 17 de enero pasado, comuneros
de Tzirío invadieron
las tierras en conflicto preparándolas para la
siembra, sin embargo luego de la intervención
del gobierno del estado, de la Coordinación Interinstitucional
para la Atención de Comunidades y Pueblos Indígenas
de Michoacán y de la Secretaría de la Reforma
Agraria federal, en próximos días autoridades
comunales de ambas comunidades entablarán un diálogo
para solucionar el conflicto.
Desconoce GDF a quién pagar deuda sobre Paraje
San Juan.
(El Universal, Fabiola Cancino,
p.web).
Manifiesta el mandatario local,
Alejandro Encinas, que están dispuestos a pagar
los 60 mdp, pero, señala,
aún está indefinido a quién se le debe pagar la
indemnización.
El jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Alejandro Encinas, dijo que están dispuestos
a pagar los 60 millones por la indemnización del
Paraje San Juan, pero no saben a quién pues la
Secretaría de la Reforma de la Agraria (SRA)
declaró que ese predio es bien de la Nación y
el presunto dueño, Enrique Arcipreste, delegó
sus bienes a otra persona.
Señaló que en el transcurso del
día, se enviará un oficio a la juez Gabriela Rolón,
quien dio un plazo de 24 horas para el pago de
los 60 millones y la Secretaría de Finanzas explicará
la situación del gobierno de la ciudad, para atender
la resolución.
En la conferencia de prensa mañanera
insistió en que no está definido a quién se le
debe pagar, por lo que todavía se realiza un seguimiento
del caso.
Dijo que entre los aspectos jurídicos
por desahogar, todavía no se tiene la certidumbre
del propietario, además de que la SRA resolvió
que ese predio es de la Nación.
Recordó que se logró una reducción
muy importante, ya que no tendrán que pagar los
mil 810 millones de pesos que originalmente se
habían ordenado.
Comunicado del H. Ayuntamiento Popular Autónomo
y la resistencia civil de San Blas Atempo,
Oaxaca. (Narco News
Bullerin, p.web)
Comunicado desde la Autonomía
en Acción
Por el H. Ayuntamiento Popular Autónomo
Y La Resistencia de San Blas Atempa, Oaxaca
6 de febrero de 2006
A la opinión pública
A la Delegación 0
Al Subcomandante Marcos
A los diferentes grupos sociales
A la región istmeña
Al pueblo de San Blas Atempa, Oaxaca
Este día es un día histórico en la vida política de la Villa
de San Blas Atempa. Nuestra población comenzó
a fundarse en el año 1530. En un principio fue
barrios de Tehuantepec, su categoría de pueblo
lo obtiene en 1869. San Blas Atempa significa
“a la orilla del río.”
En 1847 el barrio de San Blas Atempa se levanta en armas apoyando
el plan que proclama “religión y fueros” obteniendo
su titulo de municipalidad por decreto el 19 de
octubre de 1868.
Se encuentra localizado al sureste del estado en la región
del istmo de Tehuantepec. La superficie total
del municipio es de 148 km2. Y tiene una población
de 17,000 habitantes. Su etnia existente es el
zapoteco. Cuenta con 5 agencias municipales: Santa Rosa de
Lima, Tierra Blanca, Monte Grande, Rancho Llano
y Puente Madera.
Se considera una comunidad indígena con un rezago educativo
y un alto índice de analfabetismo, conservando
sus costumbres y tradiciones autóctonas. No cuenta
con fuentes de trabajo estables. Se mantiene de
la producción agrícola. Comercializando sus productos
a los pueblos vecinos. La ganadería. La pesca
y la casería son para autoconsumo de la población.
Con un desabasto económico importante.
En cuanto a su vida política inicialmente se gobernaba por
usos y costumbres en donde los principales “shuanas”
y la mayoría de los ciudadanos elegían a sus representantes
de manera pacifica y respetuosa. Desde hace aproximadamente
30 años se ha regido por partidos políticos desde
entonces se han generado en varias ocasiones actos
violentos y sangrientos así como represion,
amenazas, desapariciones y asesinatos. Desde hace
varios años “Augustina
Acevedo Gutiérrez” alias “La Guada
Tina” ha impuesto su poderio
con una actitud caciquil, autoritaria, egoísta
y gansteril. Solapada
por el gobierno del estado. Su poder politico
y caciquil ha desestabilizado la paz social en
San Blas Atempa al imponer a su candidato a la
presidencia municipal al C. Eliseo Reyes Vásquez
el 1o de enero del 2005. Despues del fraude electoral y no respetando la voluntad del
pueblo todavía con una actitud burlona y triunfalista
genera un enfrentamiento con sus pistoleros armadas
hasta los dientes contra la mayoría de los ciudadanos
que se encontraban manifestiando
su inconformidad en la explanada del palacio municipal
de manera pacífica y no armadas.
Esta acción violenta generó lesiones por arma de fuego a los
siguentes compañeros:
Alfredo Jiménez Henestroza, Roberto Ortiz Acevedo, Jorge Reyes Ramírez y Feliciano
Jiménez López y un detenido José Luis Sánchez
Gómez, llevando directamente al penal de Tehuantapec.
Los otros compañeros heridos de gravedad fueron
llevados al hospital civil de Salina Cruz y traslados
mas tarde al hospital civil de la capital del
estado para su atención médica una vez que fueron
engresados del hospital
se les privó de su libertad y fueron remitidos
al penal de Tehuantepec donde se encuentran acusados
de secuestro, daño por incendio, robo calificado
con violencia y lesiones calificadas en agravio
de Agustina Acevedo Gutiérrez y otros, daños al
municipio constitucional de San Blas Atempa y
otros. Y en perjuicio patrimonial del gobierno
del estado y el ultimo agravio de Julio Palacios
Díaz, así también dicha autoridad ministerial
solicitó orden de aprehensión por diversas personas
por los ilícitos antes mencionados misma avedriguación previa consignada que fue registrado mediante
el numero de causa penal 01/2005.
Sabemos que este expediente fue fabricado por Augustina Acevedo Gutiérrez y el grupo priísta que la acompañaban
estos verdaderos culpables gozan de plena libertad
y de impunidad, privilegio que concede el gobierno
a su línea política y sus amigos mientras que
los lesionados de gravedad purgan una condena
injusta en el reclusorio de Tehuantepec son inocentes
de hechos violento, la única responsable es Augustina Acevedo Gutiérrez, diputada local por el Sexto Distrito,
y Ulises Ruíz Ortiz, gobernador del estado, por
proteger y solapar a la cacique “Guada
Tina”. Ya que ella les ha generado votos en las
campañas electorales a favor de su partido, ha
ejercido el presupuesto estatal y federal de manera
arbitraria, para su enriquecimiento ilícito y
la de su partido, para perpetuarse en poder.
Después del mega-fraude en el estado de Oaxaca comandado por
José Murat Casab
en las elecciones del 2004 en complicidad con
el Instituto Electoral estatal y federal pretenden
apoderarse a traves
del fraude electoral. Los gobiernos municipals,
tale s el caso de San Blas Atempa, en donde en
estos momentos existen dos gobiernos municipals.
El primero, representado por la voluntad del pueblo
San Blaseño integrado
por un ayuntamiento popular autónomo y el Segundo,
es causa de la ceguera política, represiva y autoritaria
del gobernador Ulises Ruíz Ortiz y de su legisladora
Augustina Acevedo Gutiérrez,
de imponer y mantener al C. Eliseo Reyes Vásquez
como presidente superior y marioneta de “Guada
Tina”.
Hemos solicitado en varias ocasiones al gobierno del estado
a través de la secretaría general de gobierno
su intervención para la solución de este conflicto.
Hemos asistido a varias instancias. Hemos tocado
varias puertas sin que nos hagan caso. Ninguna
respuesta hasta estos momentos. Por eso exigimos
la solución inmediata de este conflicto de manera
razonada y sensata, de manera pacifica y con respeto,
siguiendo los principios del Benemérito de las
Américas “Lic. Don Benito
Juárez García”, para el buen desarrollo de nuestra
comunidad, para la grandeza de nuestro estado
y de nuestro país, por el bien de todos y de nuestros
hijos. Como dijo Emiliana Zapata, tierra y libertad
para los comuneros de la Villa de San Blas Atempa,
ya que en estos momentos existe un conflicto agrario
propiciado también por Agustina Acevedo Gutiérrez
“Guada Tina” en contubernio
con el residente de la Procuraduría Agraria
Lic. Octaviio Rojas
Vázquez, ellos personas que no son comuneros
en las elecciones con la finalidad de ganar las
elecciones agrarias e imponer los representantes
de bienes comunales de San Blas Atempa, para poder
despojar y vender las tierras de nuestros ancestros
y el patrimonio de nuestros hijos.
Sabemos que todo conflicto postelectoral tiene un trasfondo
económico que favorece a los caciques pueblerinos
y al gobierno del estado, por eso es la pugna
por el poder y no les importa quien caiga.
Nuestras propuestas son bien sabidas por el gobierno de Ulises
Ruíz Ortiz. Si no se acuerda se las volvemos a
repetir:
I. Primero: Liberación de los presos políticos.
Alfredo Jiménez Henestroza.
Roberto Ortiz Acevedo.
Jorge Reyes Martínez.
Feliciano Jiménez López.
José Luis Sánchez Gómez.
II. Segundo:
Cancelación de las órdenes de aprehensión.
III. Tercero:
Respetar la voluntad del pueblo de San Blas Atempa.
Desaparición de poderes.
IV. Cuarto:
Desafuero de Agustina Acevedo Gutiérrez, que ha dañado tanto
al tejido social de San Blas Atempa.
V. Quinto:
Anular las elecciones de bienes comunales y elegir a los representantes
de manera democrática y de acuerdo a la ley agraria.
Por la defensa de los intereses del pueblo de San Blas Atempa,
Oaxaca.
¡Viva San Blas Atempa!
¡Viva Oaxaca!
¡Viva México!
H. Ayuntamiento Popular Autónomo y la resistencia civil de
San Blas Atempa, Oaxaca
Presos, los autores de la tortura y muerte de líder
campesino en Chiapas. (Proceso, Isaín Mandujano, Proceso, p.web)
* La detención y encarcelamiento, 11 años después de los hechos.
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de febrero.-
Once años después, luego de la presión ejercida
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), fueron detenidos y encarcelados cuatro
servidores públicos de la Procuraduría de Justicia
del estado (PGJE), acusados de torturar y ejecutar
al líder campesino Reyes Penagos Martínez, en
1995.
El caso, que había sido ventilado en organismos internacionales,
como la CIDH, Amnistía Internacional de Londres
y la Relatoría Especial Para Casos de Tortura,
Ejecuciones Sumarias y Extrajudicial de la oficina
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, salió
nuevamente a la luz, luego de que la Fiscalía
General del Estado (FGE) dio a conocer la captura
de esos exservidores
públicos, uno de los cuales fungía hasta ayer
como secretario de Asuntos Parlamentarios del
Congreso del estado.
Según la FGE, tras las investigaciones del caso, que había
ameritado una recomendación de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), en 1996, en cumplimiento
de órdenes de aprehensión por el delito de tortura,
fueron detenidos anoche tres expolicías
judiciales del estado y un exagente
del Ministerio Público, implicados en los hechos,
en los que falleció Reyes Penagos Martínez.
La FGE señaló que, el 15 de diciembre de 1995, miembros de
la "Unión Campesina Popular Francisco Villa",
bloquearon la carretera que comunica a la colonia
"Nueva Palestina" con la cabecera municipal
de Ángel Albino Corzo, en demanda de apoyos al
campo y obras sociales.
La tarde de ese día, impidieron el paso a vehículos y retuvieron
a funcionarios de la Procuraduría
Agraria y a otras personas, para presionar
a las autoridades y se diera solución a sus demandas.
Esto motivó que el gobierno del estado implementara
un operativo para poner fin al bloqueo. En la
acción fueron detenidas 17 personas, incluido
Reyes Penagos Martínez.
Durante las investigaciones de la FGE, se comprobó que Penagos
Martínez fue golpeado por los elementos policiacos
que lo custodiaban.
El fiscal del Ministerio Público acreditó la probable responsabilidad
de los ahora detenidos, debido a que, luego de
ser trasladados a los separos
de la entonces Procuraduría de Justicia del estado,
en esta ciudad, se dieron instrucciones para que
Penagos Martínez, así como Julieta Flores Castillo,
Adalberto Aguilar Velásquez y otra persona, fueran
separados del resto de los detenidos.
Posteriormente, éstos últimos fueron llevados a un cuarto,
donde los policías golpearon salvajemente a Penagos
Martínez, para que confesara su participación
en el secuestro y muerte del doctor Rito Solís
Martínez.
Denuncia PT situación de campesinos en Tihuatlán. (El Golfo Info., Rodolfo
Ortiz, p.web)
Lunes 6 de Febrero.2006
Con la intención de buscar el apoyo del gobierno estatal, el
PT informó sobre la situación que un grupo de
campesinos de Tihuatlán
viven, al ser impedidos para trabajar una superficie
de mil hectáreas de la exhacienda Ocotepec.
Al respecto, Mireya Domínguez, coordinadora
del Partido del Trabajo en Veracruz, explicó que
el supuesto propietario de esas tierras, Jesús
Popoca Pulido, no deja
trabajar a estos labriegos, ya que cada que entran
a cultivar los desalojan, agreden
y en ocasiones hasta les han quemado sus viviendas,
a pesar de existir un amparo.
Unos 360 campesinos son los que sufren con este problema, ya
que éste no fue contemplado en la agenda agraria
que el gobierno estatal tiene para solucionar
los conflictos agrarios, esto porque según la
dirigente petista sólo atienden a personas privilegidas.
De igual forma, Mireya Domínguez
explicó que este problema se viene dando desde
hace 43 años, incluso algunos de los que iniciaron
el movimiento ya han muerto, pero sus hijos o
familiares se han encargado se continuar con la
lucha, por lo que piden al las autoridades estatales,
la Secretaría
de la Reforma Agraria y de la Procuraduría
Agraria, que los tome en cuenta para que puedan
trabajar esas tierras que no están siendo utilizadas
por nadie, ni siquiera por el que se dice propietario.
A punto, la solución a los conflictos agrarios:
SRA.
(La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Lunes 6 de Febrero 2006.
Cuernavaca, Mor. A pesar
de que las organizaciones campesinas de Morelos
aseguran que la situación de los “focos amarillos”
en el sector rural, esta controlada, Mario Ríos
Bonales, representante regional de la Secretaria de la
Reforma Agraria sostuvo que hay avances de
un 90 por ciento para solucionarlos.
El delegado federal manifestó que uno de los problemas
con más antigüedad es el enfrentamiento entre
la comunidad indígena de Santa Catarina, municipio
de Tepoztlán y Tejalpa, municipio de Jiutepec.
Mismo que a finales del año pasado “estuvo a punto
de solucionarse, pero por la inquietud de algunos
comuneros esto no fue posible”, sin embargo aseguró
que en las próximas fechas, dicho conflicto quedara
finiquitado, con la ayuda de ambos ayuntamientos.
Así mismo el representante de la SRA, recordó que
los municipios con mayores problemas son: Tejalpa,
Tlayacapan, Tetela
del Volcán, San Antonio la Esperanza y el Ejido
de San Rafael, “son los que estamos atendiendo
puntualmente, y esperamos que a partir de este
mes, veamos los resultados favorables en beneficio
de las comunidades”.
Así, y a pesar de que en varias ocasiones, organizaciones
del campo y ejidatarios de varios municipios han
tomado las instalaciones de la delegación argumentando“que
están frenadas las soluciones a estos añejos conflictos
agrarios”, el delegado expresó que a la brevedad
su trabajo se verá reflejado al ir solucionando
uno a uno estos conflictos. “Porque se está trabajando
tanto con el gobierno federal, como el estatal
en cada uno de los asuntos, y en cada reunión
se da un paso a su solución”.
Ríos Bonales destacó
que han acudido a mas de cien reuniones y negociaciones
entre las comisiones con comuneros de Santa Catarina
y Tejalpa, “estamos
a punto de resolver la situación que para la delegación
es la más importante, por sus antecedentes, que
es el Texcal, una vez que Tejalpa
con esta dispuesta a ceder sus tierras a Tepoztlán,
a cambio habrá quedarles una ayuda económica y
apoyos productivos para que nadie pierda”.
Adelantó que antes de que termine la presente administración,
en la tierra del general Zapata, ya no habrá conflictos
en el sector rural, por que con la ayuda de las
partes y la voluntad del gobierno, haremos que
todo quede finiquitado.
Documentan ejidatarios de Conkal
arbitrariedades. (Por Esto!, Rafael Mis Cobá, p.web).
Domingo 5 de Febrero 2006.
Ejidatarios de Conkal
documentan las arbitrariedades cometidas por Jorge
Cuevas López, director de Asuntos Agrarios del
Gobierno del Estado, y Antonino Almazán Arteaga,
cuando fungía como delegado del RAN, para despojarlos
de tierras. Este último se ha convertido en el
acaparador preferido del gobernador.
Con documentos en mano, los ejidatarios de Conkal demostraron ayer que en el despojo de sus tierras intervino,
además del director de Asuntos Agrarios del Gobierno
del Estado, Jorge Cuevas López, el entonces delegado
del Registro Agrario Nacional, Antonino Almazán
Arteaga, el mismo que ahora funge como acaparador
protegido y consentido del gobernador Patricio
Patrón Laviada.
Es tal el grado de corrupción practicado por los funcionarios
del gobierno de "Los Amigos de Patricio",
que utilizaron un sello del ejido de Buctzotz
para "oficializar" una asamblea ejidal
de Conkal en la que
se adjudicaron 31 hectáreas a dos personas que
no son ni campesinos ni vecinos de ese municipio.
En una reunión efectuada ayer en el patio del Palacio Municipal,
con la presencia del dirigente de la CNC, Jorge
Carlos Berlín Montero; del diputado por ese Distrito,
José Luis Blanco Pajón y del alcalde conkaleño, Miguel Salazar Catzín,
los ejidatarios denunciaron asimismo que los especuladores
de Conkal encabezados por Cuevas López y el comisario ejidal
Ponciano Kú Cocom,
comenzaron a repartir entre los campesinos inconformes
con la venta ilegal de tierras, dos kilos de carne
y 300 pesos, en un intento de silenciarlos y comprar
sus conciencias.
También revelaron que en asambleas anteriores, en particular
una que se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre,
el comisario ejidal Ku Cocom repartió mil pesos entre
varios ejidatarios por la venta ilegal de otras
tierras que nunca fueron aprobadas en asamblea
por los campesinos.
Al parecer, el comprador, es una persona de nombre Eduardo
Hadad Ortega.
En la junta de trabajo, el propio regidor panista del Ayuntamiento de Conkal,
Elmer Aguilar, denunció
a los especuladores y exigió junto con sus compañeros
campesinos que se lleve a a
cabo una investigación profunda a la actual directiva
ejidal para esclarecer las ilegales ventas y,
en su caso, presentar las denuncias penales que
correspondan.
Se destacó que prácticamente una familia conkaleña,
asesorada por el director de Asuntos Agrarios
del Gobierno del Estado, Cuevas López, es la que
se ha apropiado de los terrenos y ha hecho negocios
con el aval del funcionario estatal.
Se trata del actual comisario Ponciano Ku
Cocom; de su hermano
Víctor y de su sobrino Pastor Ku Chalé, quienes durante seis años se han rotado el cargo
ejidal para vender tierras ejidales con la asesoría
de Cuevas López.
La familia Ku Cocom
dispone ahora de ranchos, vehículos y dinero de
sobra, producto de sus ilegales actuaciones y
traición a los ejidatarios que un momento dado
votaron en favor de ellos para que asumieran los
cargos.
La corrupción promovida por la familia Ku
con la asesoría del funcionario estatal se evidenció
luego de que los campesinos supieron que Jorge
Humberto Alcocer Peba
y José Bernardo Canul
Moo habían sido beneficiados
con 32 hectáreas de tierras ejidales que en ningún
momento aprobó la asamblea.
A raíz de esa situación, el presidente del Consejo de Vigilancia,
Rafael Uicab Angulo,
se inconformó con la directiva corrupta, lo que
ocasionó que fuera objeto de presiones y amenazas.
Como consecuencia de esa situación, la dirigencia ejidal corrupta
que encabeza Ku Cocom,
convocó a una asamblea la semana pasada para la
destitución de Uicab Angulo, la que no se llevó a cabo por falta de quórum.
Debido a que un numeroso grupo de ejidatarios decidió asesorarse
legalmente para exigir cuentas claras, comenzaron
las presiones y los intentos de compra con dos
kilos de carne y 300 pesos para que desistan de
su lucha.
La distribución de la carne y del dinero ha corrido a cargo
de la familia del comisario ejidal Ponciano Kú
Cocom, con asesoría de Cuevas López, lo que evidencia un temor
a que se investiguen las irregularidades que ha
cometido.
Hay que recordar que Cuevas López ha sido denunciado también
por asesorar a especuladores que tratan de despojar
de sus tierras a ejidatarios de Tixcacal
y de otro grupo de Conkal.
El funcionario estatal incurre en graves violaciones a la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Yucatán, ya que está impedido de
desempeñar un cargo particular en el que tenga
intereses personales y familiares. Además, su
cargo de servidor público lo obliga a asesorar
y a defender a los ejidatarios y no a afectarlos
en su patrimonio, como lo ha estado haciendo.
La operación de la mafia en el poder se corrobora al ver que
los certificados parcelarios "aprobados"
en asambleas ilegales fueron otorgados por el
entonces delegado del RAN, Antonino Almazán Arteaga,
tal como se aprecia en el documento número 00000024681/0001.
En este documento se otorga ilegalmente 11 hectáreas a José
Humberto Alcocer Peba,
quien aparece como "campesino" de 29
años, a pesar de que no vive en Conkal
y nunca ha pisado el campo.
En la documentación adicional que respalda el acta de asamblea
del 27 de diciembre de 1999 del ejido de Conkal,
aparece el sello ejidal de Buctzotz.
Acatará el GDF la sentencia acerca de Paraje San
Juan: Ruiz. (La Jornada, Ángel Bolaños,
p.web)
Domingo 5 de Febrero.2006
Buscará un acuerdo con la juez para entregar la
indemnización en partes, informa.
La SRA, en posibilidad de denunciar penalmente
por fraude al presunto dueño, según fuente de
la procuraduría capitalina.
El gobierno puede declararse imposibilitado de
pagar: diputada.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) acatará la orden de
la juez 15 de distrito en materia administrativa,
Gabriela Rolón Montaño,
de pagar al presunto propietario de Paraje San
Juan, Enrique Arcipreste del Abrego,
60 millones 481 mil 112 pesos por concepto de
indemnización. Sin embargo, buscará un acuerdo
con la juez para que el pago no tenga que realizarse
en una sola exhibición, informó el secretario
de Gobierno del DF, Ricardo Ruiz Suárez.
Arcipreste se disputa la propiedad del terreno con la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), luego de que
la dependencia federal encontró en sus archivos
que Paraje San Juan fue declarado terreno baldío
desde 1976, y como tal, propiedad de la nación,
por lo que nunca fue propiedad privada.
Ruiz Suárez señaló que el equipo jurídico que ha estado trabajando
en este asunto hablará con la juez dentro del
plazo que fijó, de 24 horas hábiles, para pagar
la indemnización, a fin de llegar a un acuerdo
respecto de la forma del pago.
Explicó que ese mecanismo está contemplado en la ley y en otros
casos el gobierno de la ciudad ha recurrido a
él para dar cumplimiento a las resoluciones de
los jueces.
Aseguró que el GDF cuenta con recursos para cumplir ese tipo
de resoluciones judiciales, aun cuando la Asamblea
Legislativa sólo autorizó un fondo de 40 millones
de pesos y suprimió los recursos que propuso en
el presupuesto de egresos de este año para otros
juicios de indemnización pendientes, como el del
predio del Parque Japón, en la delegación Alvaro Obregón, por el que sus dueños exigen la restitución
de la propiedad y el pago de 250 millones de pesos.
Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal explicaron que Arcipreste del Abrego
podrá cobrar la indemnización, a pesar de que
fue consignado por los delitos de fraude procesal
y falsificación de firmas, pues en febrero de
2005 obtuvo su libertad porque el juez consideró
que los ilícitos habían prescrito.
Sin embargo, advirtió la fuente consultada, luego de que cobrara
dicha suma, la SRA estaría en posibilidades de
denunciarlo penalmente por fraude genérico, delito
más grave que por el cual lo acusó en su momento
el gobierno de la ciudad.
Por su parte, la presidenta de la comisión de seguimiento del
caso Paraje San Juan en la Asamblea Legislativa
del DF, Aleida Alavez
Ruiz, aclaró que el plazo de 24 horas que fijó
el juzgado 15 de distrito al gobierno capitalino
es para que informe sobre las acciones o gestiones
que se llevan a cabo en torno al predio, no para
el pago de los 60 millones de pesos. "Para
el pago se establece un periodo de 30 días hábiles",
remarcó.
La legisladora local del PRD aseveró que Arcipreste del Abrego no puede recibir 60 millones de pesos por un predio
que no es suyo. "Está demostrado que para
reclamarlo se valió de argucias y falsificación
de documentos, y la Secretaría de la Reforma Agraria
señaló que Paraje San Juan nunca dejó de ser de
la Federación, por lo que se abrió un juicio civil".
Señaló que el GDF incluso podría declararse imposibilitado
de hacer el pago que se le ordena, toda vez que
en el Presupuesto de Egresos que aprobó la Asamblea
Legislativa no se considera una partida para el
pago de indemnizaciones por el caso de Paraje
San Juan.
Entrevistada al término de la reunión que los aspirantes a
diputados federales sostuvieron con el candidato
a jefe de Gobierno local, Marcelo Ebrard,
la legisladora perredista
explicó que la SRA deberá acreditar por la vía
civil la calidad de Paraje San Juan como un bien
de la nación, mientras que la PGR tendrá que realizar
las investigaciones correspondientes para proteger
el patrimonio nacional.
Sureños piden obras y empleo. (Diario del Istmo, Juan Carlos Ángulo, p.web)
Domingo 5 de Febrero.2006
En la Jornada Itinerante.
La Jornada Itinerante del gobierno de Fidel Herrera Beltrán,
llevada ayer en esta ciudad resultó un lugar propicio
para que los funcionarios del gobierno estatal
recibieran poco más de tres mil solicitudes tanto
de habitantes de este municipio como de Agua Dulce,
Moloacán e Ixhuatlán
del Sureste.
Las Choapas,
Ver.
Sobre la explanada del parque central Benito Juárez se instalaron
mesas donde funcionarios de las dependencias como
IVEA, CONAFE, DIF, Procuraduría
Agraria, Registro Agrario Nacional, CFE, Corett,
SEC, atención al migrante, Patrimonio del Estado, CAEV, SEDESOL, PROEM, Junta
Estatal de Caminos, entre otras atendieron las
demandas de la población.
Entre las peticiones que más realizó la ciudadanía se encuentran
empleo, pavimentación de calles, rehabilitación
de caminos, construcción de puentes, creación
de escuelas, introducción de agua potable, electrificación,
entrega de predios, sólo por mencionar algunas.
En lo que respecta a las peticiones hechas por el gobierno
municipal está la de la construcción de dos puentes
en la zona rural, pavimentación con concreto hidráulico
de las calles 20 de Noviembre, Teotihuacán y la planta de tratamiento de aguas residuales
que en caso de no ponerse en marcha este año habrán
severas sanciones económicas al Ayuntamiento.
Los funcionarios que estuvieron presentes por parte de gobierno
del estado se encontraban el subsecretario de
Gobierno Héctor Yunes Landa, el procurador de Justicia Emeterio
López Márquez, secretario de Seguridad Pública
general Juan Manuel Orozco Méndez y algunos directores
de varias dependencias del estado.
Sigue el proceso interno del PAN. (Diario de Yucatán, p.web)
Domingo 5 de Febrero.2006
Panistas ordenarán su lista de aspirantes por
vía plurinominal.
Reunidos en una convención estatal, los panistas
designarán hoy el orden de las posiciones que
ocuparán sus propuestas para diputados federales
de representación proporcional.
Aunque sólo son tres los candidatos que se inscribieron, la
importancia de la posición que ocupen es fundamental,
porque únicamente los que queden en los dos primeros
lugares tienen oportunidad de llegar a la Cámara
de Diputados, informa el secretario general del
PAN, Luis Montoya Martínez.
Los candidatos son la delegada regional de la Secretaría de la Reforma Agraria, Lízbeth Medina Rodríguez, y los ex diputados locales Aristeo
Catzín Cáceres y Alberto
del Río Leal.
El evento se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI
y se iniciará a partir de las 9 de la mañana,
con el registro de los 1,800 delegados que tienen
derecho a votar.
Montoya Martínez recuerda que estos 1,800 delegados fueron
elegidos en 65 asambleas municipales que se realizaron
en semanas anteriores. La última fue la de Mérida
hace 15 días.
Una vez determinado el orden de las tres propuestas en la convención,
el Comité Estatal del PAN designará a los otros
cinco que faltan para completar la lista de ocho
propuestas que le corresponde enviar a Yucatán.
A su vez, esos ocho aspirantes se mezclarán con otros que propongan
de las demás entidades de la zona sur-sureste,
que integran la III Circunscripción Electoral
Federal.
“Precisamente por esa
mezcla que se hace, intercalando los nombres de
las listas de todos los estados, resulta que sólo
los dos primeros tienen muchas posibilidades de
ser diputados federales por la vía plurinominal”,
indica Montoya Martínez.
Significativos Avances en la Reconstrucción de
las Zonas Afectadas Por STAN Y WILMA. (Todo Teotihuacan,
p.web)
Domingo 5 de Febrero.2006
La Secretaría de Reforma
Agraria asignó $105 MDP para financiar 537
proyectos productivos, beneficiando a 5 mil 467
familias campesinas de 164 municipios con Declaratoria
de Emergencia. Asimismo, se elaboró un Padrón
de Tierras susceptibles de adquisición para reubicación
de poblados e inició el Programa de Reposición
Gratuita de Documentos Agrarios, cuya cobertura
abarcará a cerca de 3 mil ejidos y comunidades
de los 510 municipios con Declaratoria. Durante
abril y mayo se realizarán jornadas estatales
de entrega de documentos. La reconstrucción está
en marcha En esta tarea, el Gobierno Federal reconoce
la valiosa cooperación de las autoridades estatales
y municipales, así como el generoso esfuerzo de
la sociedad civil.
Incumple la SRA financiamiento a 40 proyectos rurales
de la Cocyp. (La Jornada,
Emir Olivares, p.web)
Sábado 4 de Febrero.2006
La dependencia sólo tiene recursos para 18: Jacobo Femat.
Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares
(Cocyp) manifestaron
que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
no ha cumplido con el acuerdo para financiar 40
proyectos rurales de la agrupación.
José Jacobo Femat, líder de la organización,
refirió que el financiamiento para esos planes
lo ganaron en un concurso convocado el año pasado
por la dependencia federal, en el que se hicieron
acreedores a un monto de 9.5 millones de pesos,
de los cuales sólo les han proporcionado 2 millones.
Los inconformes fueron atendidos ayer por los subsecretarios
Rolando Campos, de Política Sectorial, y Gilberto
Hershberger, de Ordenamiento
de la Propiedad, quienes les comentaron que
la Secretaría de Hacienda había recortado presupuesto
"por lo que no se podían sacar los pendientes".
Los 40 proyectos de la Cocyp abarcan
rubros ganaderos, talleres artesanales para indígenas,
transformación del producto agrícola y microfinanciamientos,
entre otros.
Jacobo Femat reveló que su organización
firmó una minuta con la SRA donde se estableció
que sólo se financiará, con el presupuesto del
año pasado, a 18 de las 40 propuestas, ya que
12 serán revisadas porque los funcionarios argumentaron
que no se habían cubierto los requisitos adecuados,
"aunque nosotros cumplimos con todo".
Las 10 restantes serán apoyadas con el presupuesto
de 2006, por lo que tendrán que esperar hasta
marzo para comenzar a trabajar.
El líder de la Cocyp afirmó que los
cheques para los 18 proyectos aprobados saldrán
a partir de la próxima semana y que de inmediato
comenzarán con su labor.
Por otro lado, destacó que también exigieron a la SRA la solución
de los conflictos de varios ejidos en Chihuahua,
Sinaloa y Veracruz, donde hay problemas de regularización
de las tierras. "Algunos terrenos pertenecieron
al narcotráfico, fueron decomisados por el gobierno,
éste los asignó a algunos compañeros en 1990,
y aún no se han puesto a sus nombres".
Jacobo Femat refirió que la dependencia
federal "no tiene disposición para solucionar
nuestras peticiones. En cuatro ocasiones hemos
solicitado que el secretario Florencio Salazar
nos atienda y no ha habido respuesta".
En tanto, en la SRA se informó que la reunión de los inconformes
con los subsecretarios "fue un procedimiento
formal", por lo que no se presentó violencia
ni ocupación de oficinas.
Deberá pagar GDF más de 60 mdp
por Paraje San Juan. (La Jornada, El Universal,
El Porvenir, p.web)
Sábado 4 de Febrero.2006
El Gobierno del Distrito Federal tiene un plazo de 24 horas
para pagar por indemnización 60 millones 400 mil
pesos y no mil 810 millones de pesos.
El juzgado 15 de Distrito en Materia Administrativa con sede
en la Ciudad de México determinó que el Gobierno
del Distrito Federal tiene un plazo de 24 horas
para pagar por indemnización 60 millones 400 mil
pesos y no mil 810 millones de pesos, a Enrique
Arcipreste del Abrego
supuesto propietario del Paraje San Juan, un predio
de 298 hectáreas que se localiza en la delegación
Iztapalapa y que en
1989 fue expropiado por autoridades capitalinas
para regularizar doce colonias ahí asentadas.
La decisión judicial se hizo pública este viernes, luego de
que la juez Gabriela Rolón
Montaño, determinará el nuevo monto a pagar por
el Gobierno del Distrito Federal, con base a la
sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), en mayo del 2005, y en la
que se ordenó que la suma a cubrir tenía que modificarse.
Sin embargo, el pago que debe realizarse al supuesto propietario
del Paraje San Juan, Enrique Arcipreste del Abrego,
aún estaría en duda, pues el 27 de mayo del 2004
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reveló que el terreno era considerado
propiedad de la nación y que no se le debía cubrir
ninguna indemnización.
Además, en esa fecha la SRA solicitó a la Procuraduría General
de la República que iniciara acciones legales
en contra de Arcipreste, las cuales hasta este
momento no han sido dadas a conocer por parte
del Ministerio Público Federal.
Como se recordará, en julio del 2003 la juez Rolón Montaño ordenó inicialmente un pago de mil 810 pesos
a favor de Arcipreste del Abrego,
y el litigio se convirtió en uno de los casos
más sonados y con repercusiones políticas, luego
de que en octubre del 2003 el entonces jefe de
Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, declarara
que no acataría el fallo judicial y que asumiría
las consecuencias de su decisión.
Este caso enfrentó a López Obrador con la Suprema Corte de
Justicia de la Nación , debido a que el entonces
jefe de Gobierno rechazó una y otra vez cumplir
con la sentencia inicial se había sustentado en
actos de corrupción, y el fallo violaba las garantías
individuales de los habitantes del Distrito Federal.
La negativa de López Obrador en cuanto al cumplimiento de la
sentencia provocó que el 10 de octubre del 2003
la juez Rolón solicitara
a la PGR que actuara en contra del entonces jefe
de Gobierno por el delito de desacato a una sentencia
de amparo.
Esto constituyó el primer caso de este tipo en el cual se vio
involucrado el hoy candidato perredista
a la Presidencia de la República
, luego vendría el caso del predio El Encino.
En ese contexto, el 20 de octubre del 2003, López Obrador da
a conocer que cinco funcionarios del GDF se habrían
coludido con Enrique
Arcipreste para que lograra una indemnización
millonaria, entre ellos estaba Patricio Avila
Luna, uno de los reclamantes de la indemnización
por la expropiación del predio Paraje San Juan,
y quien el día 22 de ese mes presentó su renuncia
como director de Servicios Urbanos de la delegación
Coyoacán y supuestamente
puso a disposición del gobierno de la ciudad los
beneficios que se le otorgan como "propietario
del terreno".
Prensa Estatal
GUERRERO
Seguridad a Felipe Arriaga
y a su esposa, sólo si se comprueba que son hostigados:
Chavarría. (El Sur, Teresa de la Cruz, p.web).
Sobre el conflicto de La Parota,
el secretario de Gobierno informa que la CFE se
inconformó contra la anulación de la asamblea
que aprobó la expropiación en los Bienes Comunales
de Cacahuatepec.
Chilpancingo.
El gobierno del estado garantizará
la seguridad de los campesinos ecologista de la
sierra de Petatlán,
Felipe Arriaga y su
esposa Celsa Valdovinos,
sólo en caso de comprobar que verdaderamente están
siendo hostigados, respondió ayer el secretario
General de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, a la Coordinación Alemana por los Derechos
Humanos en México, la cual envió una carta al
gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo en la que manifiestan su preocupación
por el acoso que están sufriendo los ecologistas.
Chavarría agregó
que no conoce el contenido de la carta, ni la
fecha en que la pudo haber recibido el gobernador,
también desconoce si de parte del gobierno estatal
habrá una respuesta por escrito.
En su edición de este lunes, El
Sur publicó una nota sobre la carta que envió
la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos
en México a Zeferino
Torreblanca y a través de ella exige que garantice
la seguridad de Arriaga
y Celsa Valdovinos
quienes denunciaron que están siendo hostigados
y acosados.
Asimismo piden que se investigue
a fondo el asesinato de Abel Baustista
y se deslinde a los cuerpos policíacos de la protección
encubridora al cacique maderero Bernardido Bautista, quien habría advertido durante el proceso
de Arriaga que en caso
de que éste saliera libre, él arreglaría las cosas
a su modo.
Al respecto, abordado por reporteros
en su oficina, Chavarría
respondió: “no sé quién los hostiga, la verdad
no sé que estén siendo hostigados, de nuestra
parte pues ha habido un respeto hacia los ecologistas,
no sé si haya hostigamiento de otros grupos o
de algunas gentes, no lo sé”.
Dijo que para aclarar esa situación,
“con mucho gusto” el gobierno del estado abrirá
una investigación “y en lo que pueda contribuir
para su seguridad, nosotros no tendremos ningún
conveniente en aportarlo”.
El funcionario corrigió después
al aclarar que estarían en condiciones de brindar
seguridad a los ecologistas únicamente si lo solicitan
“y dependiendo del sustento de esto (el hostigamiento
y acoso)”.
Señaló que no sabía si el gobernador
respondería por escrito esa misiva, aunque dijo
“nosotros siempre hemos atendido de manera respetuosa
los planteamientos que nos hacen los organismos
de los derechos humanos, ya en algunas ocasiones
nos hemos reunido con ellos, aquí en la Secretaría
General de Gobierno y hemos atendido sus peticiones”.
Sobre la demanda de la ONG, para
que se deslinde a los cuerpos policíacos del estado
de la protección al cacique Bernardino Bautista,
Chavarría atajó y dijo
que los policías “no se dedican a proteger ni
a encubrir a estas gentes, todos nuestros agentes
están concentrados en la seguridad pública, muchos
de ellos en Acapulco y pues no tenemos esa actitud”.
Policías estatales no intimidan
a opositores de La Parota
Respecto a la denuncia de comuneros
opositores a La Parota, de los ejidos de Dos Arroyos
y Los Huajes, de que desde principios de enero policías estatales
los intimidan, Chavarría
negó que sea así.
“Nosotros no estamos intimidando
a nadie con la policías del estado –acotó–, lo
que hacemos en ocasiones sobre todo cuando ha
habido algunas asambleas, es tener allí al cuerpo
de seguridad para evitar que haya un hecho de
violencia. Pero no es el papel de los policías
estatales estar intimidando a la gente”.
Descartó que el gobierno del estado
haya ordenado la instalación de retenes o campamentos,
sólo en “ocasiones se hace un ‘rondín’, pero no
hay una presencia permanente y estos rondines
se están aplicando en todos los lugares, con el
programa México Seguro, no es por el hecho que
sea el espacio de La Parota sino porque lo estamos
haciendo a nivel estatal y ese no puede ser un
punto de excepción”.
Sin embargo, se ha podido comporbar que desde finales de diciembre se instaló en Altos
del Camarón, un grupo de la Policía del Estado
de unos 15 efectivos, y desde ahí se desplazan
a Los Huajes y Dos Arroyos.
Los ejidatarios opositores a La Parota han denunciado
que esos policías los hostigan, y en especial
a Julián Blanco y Mario Quiñones.
Chavarría señaló
que La Parota, es un tema que está todavía en
“discusión, nosotros hemos tratado de insistir
en la reanudación del diálogo con los opositores,
pero con el último acontecimiento de la revocación
de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
estamos enterados de que es la CFE quien está
llevando a cabo el proceso legal y hasta donde
tengo entendido ya presentó el recurso de revisión”.
Mencionó que a pesar de ello, el
proyecto sigue firme y negó que los hechos de
violencia que se han registrado en la zona de
conflicto –como el asesinato del campesino opositor
Eduardo Maya Manrique– sean atribuibles al conflicto
de La Parota, “ha habido pleitos entre personas
e individuos, pero no es en el marco del conflicto,
en mi opinión (el proyecto) no es la causa”.
Dijo que de no concretarse la construcción
de la presa en el periodo del presidente Vicente
Fox, espera que quien llegue a la Presidencia de la República
el próximo 2 de julio impulse esa propuesta, aunque
destacó que está conciente de que todo dependerá
de la visión que se tenga del proyecto.
Respecto a los efectos negativos
que pudo haber causado en el primer fin de semana
largo, los hechos de violencia que se registraron
en Acapulco en el mes de enero, Chavarría dijo que todo transcurrió de manera normal.
En dos o tres días terminará el
paro en salud
Sobre si ya determinó el gobierno
del estado cubrir el salario de los paristas
que no recibieron su pago desde hace dos quincenas,
el funcionario estatal indicó que el gobernador
“está valorando, tengo la confianza de que se
pueda resolver positivamente, pero es una cosa
que se tiene que resolver en paquete”.
Destacó que hasta este momento
“se han estado normalizando las labores en otras
dependencias, en otros hospitales; entonces hay
avances importantes ya en la mesa de negociación,
yo espero que en dos o tres días este finiquitado
el asunto”.
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