CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
VIERNES
3 DE FEBRERO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Rehúsan gasolineros controles
Deben cambiar 30 mil bombas. Clausura
organismo 17 expendios donde despachaban hasta
5 por ciento menos.
México vive círculo vicioso por el narco: EU
Situación
similar a la de Haití y Jamaica, dice. Afectaciones
al desarrollo, teme Negroponte; SRE buscará al funcionario. Las elecciones de
AL que interesan a Washington son las mexicanas.
La violencia ya preocupa a inversionistas
No basta
la estabilidad: BBVA; la delincuencia progresa
con gobiernos débiles: EU.
Corregirá Hacienda desajuste presupuestal
Carga en
sus sistemas un egreso congruente con la Ley de
Ingresos. Tiene facultades para enmendar desequilibrios:
Guillermo Bernal. Francisco Gil, a favor de utilizar
reservas para pagar deuda externa.
No nos atañe el “entierro” de los Bribiesca:
PAN
Deslinda
del asunto a su candidato presidencial. Turna
Vicente Fox a la SFP
el informe final que le remitieron diputados.
En la Cámara se insiste en que el expediente se
lleve al terreno penal.
México, tan vulnerable como Haití: Negroponte
Informe
del zar de Inteligencia de EU.
Ejecutivo cesado por gay gana juicio a Coca-Cola
Me discriminaron
y despidieron por mi preferencia sexual, expresa
el ingeniero Roberto Mendoza Ralph.
Invade México a EU
con droga, acusa Negroponte
Criminales socavan la autoridad del
Estado, se aprovechan de un “Gobierno débil”.
El jefe de la Inteligencia estadounidense lo compara
con Haití y Jamaica.
Para que Madrazo suba, Montiel debe caer: PRI
“Debe dar
la cara; no tenemos que pagar facturas de otros”:
Adame. “Se demostrará
que no se negoció este caso con el de los Bribiesca”.
Sector agrario
PAN, PRI y PRD no consideran prioritario reformar
la Ley Agraria. (La Jornada, Juan Balboa,
p.web).
Legisladores de los tres partidos acuerdan no
agendar la iniciativa
del Ejecutivo.
Organizaciones campesinas consideran letra muerta
la propuesta del Presidente.
Las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso de
la Unión desaparecieron de su agenda la propuesta
de la nueva Ley Agraria presentada por
el Ejecutivo.
Para las organizaciones campesinas dichas reformas "son
letra muerta" porque el gobierno del presidente
Vicente Fox "nunca consultó a los principales actores: los campesinos",
asegura el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), Álvaro López.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) insistió en rechazar
la propuesta de la nueva Ley Agraria que impulsa
el gobierno federal por medio del Consejo Nacional
Consultivo del Sector Agrario, porque considera
que se impulsa el rentismo
de la tierra, la venta de derechos, así como la
desintegración social y económica de los núcleos
agrarios.
Varias organizaciones campesinas lograron acuerdos con legisladores
de PRI y PRD para que la propuesta de aprobar
en el Congreso de la Unión una nueva Ley Agraria
fuera pospuesta porque, aseguran, existen serias
deficiencias técnico-jurídicas que requieren una
revisión exhaustiva, además de planteamientos
contradictorios e incongruentes.
Las organizaciones campesinas señalan que la propuesta es deficiente,
principalmente en lo que respecta al dominio pleno,
porque queda abierta la titulación y parcelación
de las tierras de orden comunal; además, falta
precisión de los conceptos de titular avecindado
y posesionario.
En las prioridades de la agenda legislativa de PRD, PRI y PAN
para el actual periodo ordinario de sesiones de
la 59 Legislatura federal -que se inició el primero
de febrero y finalizará el 30 de abril- no aparece
entre las propuestas y los pendientes la propuesta
de una nueva Ley Agraria.
Desaparecen legisladores de su agenda nueva Ley
Agraria.
(El Porvenir, p.web).
Los legisladores desaparecieron de su agenda la propuesta de
la nueva Ley Agraria presentada por el Ejecutivo
federal.
México, DF.- Las fracciones parlamentarias de los partidos
de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en
el Congreso de la Unión desaparecieron de su agenda
legislativa para segundo periodo ordinario de
sesiones del tercer año de ejercicio de la 59
Legislatura la propuesta de la nueva Ley Agraria
presentada por el Ejecutivo Federal.
Para las organizaciones campesinas dichas reformas “es letra
muerta” porque el gobierno del presidente Vicente
Fox “nunca consulto
a los principales actores, los campesinos”, asegura,
el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas (UNTA), Álvaro López.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) insistió en rechazar
la propuesta de la nueva Ley Agraria que impulsa
el gobierno federal a través del Consejo Nacional
Consultivo del Sector Agrario (Cocanosa),
porque considera que se impulsa el rentismo
de la tierra, la venta de derechos, así como la
desintegración social y económica de los núcleos
agrarios.
Varias organizaciones campesinas, entre las que se encuentra
la UNTA, CNC, UNORCA, CCC y la CIOAC lograron
acuerdos con legisladores del PRI y PRD para que
la propuesta de aprobar en el Congreso de la Unión
una nueva Ley Agraria fuera pospuesto porque,
aseguran, existen serias deficiencias técnicas
jurídicas que requieren una revisión exhaustiva,
además de planteamientos contradictorios e incongruentes.
La UNTA, la CNC y la CIOAC señalan que la propuesta es deficiente,
principalmente en lo que respecta al dominio pleno,
porque queda abierto la titulación y parcelación
de las tierras de orden comunal, además falta
precisión de conceptos al titular avecindado y
posesionario.
En las prioridades de la agenda legislativa del PRD, PRI y
PAN en el último periodo ordinario de sesiones
de la 59 legislatura federal –que inició el primero
de febrero y finalizará el 30 de abril- no aparece
entre las propuestas y los pendientes la propuesta
de una nueva Ley Agraria.
Logran arreglo en añejo conflicto por tierras en
Oaxaca. (La Jornada, Víctor Ruiz,
p.web)
La asamblea comunitaria de Santo Domingo Teojomulco,
municipio ubicado en la sierra sur de Oaxaca,
aceptó dar fin a una disputa por 6 mil hectáreas
que sostuvo durante más de 70 años con vecinos
de San Lorenzo Texmelucan, a cambio de que los gobiernos federal y estatal
le entregaran 233 millones de pesos para obras
públicas y proyectos productivos. El problema
dejó al menos 400 muertos de ambos bandos.
Se conoció que si bien San Lorenzo Texmelucan
aceptó la delimitación de la zona, y que la gente
de Teojomulco ya no
peleará las 6 mil hectáreas, los segundos se levantaron
de la mesa de diálogo por considerar que había
"muchos asuntos pendientes" en el conflicto,
entre ellos el pago de daños materiales, así como
la agilización de averiguaciones previas por homicidios
pendientes de investigar.
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame; el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la titular de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, arribaron este jueves a Santo Domingo Teojomulco, comunidad del distrito de Sola de Vega, para suscribir
un convenio con autoridades municipales y agrarias.
Sólo quedan tres focos rojos
La Secretaría de la Reforma Agraria sostuvo en la ciudad de
México que con la firma del convenio entre comunidades
zapotecas sólo quedan en todo el país "tres
focos rojos agrarios", en Chiapas, Michoacán
y Sonora.
Concluir los problemas entre San Lorenzo Texmelucan
y Santo Domingo Teojomulco
tuvo alto costo para el erario: los gobiernos
federal y estatal pagaron 93 millones para acabar
con la disputa; Xóchitl
Gálvez otorgó 100 millones de pesos a Teojomulco
para diversas obras sociales, y la administración
de Ulises Ruiz proporcionó otros 40 millones de
pesos para el mismo rubro.
Salazar Adame comentó que el dinero
que la comunidad recibió este jueves a cambio
de ceder a San Lorenzo Texmelucan los predios en disputa representa lo que el ayuntamiento
de Santo Domingo Teojomulco
recibiría en participaciones federales durante
15 años.
En presencia de Santiago Antonio González, alcalde de Teojomulco, y Javier González Ángeles, representante de bienes
comunales, ante unos 2 mil vecinos del lugar Salazar
Adame lamentó en la
explanada municipal que el conflicto dejara alrededor
de 400 muertos. "Tenemos que presenciar la
tristeza de un grupo de huérfanas y huérfanos
y de viudas para poder finalmente resolver un
problema agrario como el que han enfrentado Teojomulco
y Texmelucan", señaló.
De igual manera, atribuyó al gobierno federal propiciar el
enfrentamiento, pues entregó parcelas, pero "no
de manera adecuada", además de que "sus
errores y omisiones no los resolvió a tiempo".
Recordó que cuando el presidente Vicente Fox
aprobó un programa para lograr la reconciliación
de los pueblos campesinos "dijo 'yo quiero
que al terminar mi gobierno los pueblos estén
en paz, quiero ser el Presidente que resuelva
el problema entre hermanos, no quiero saber más
de muertos, quiero saber que la tierra se trabaja
y que el trabajo rinde a quienes son sus dueños'".
Finiquitan conflicto agrario en Sierra Sur. (El Imparcial, p.web).
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El gobernador Ulises Ruiz Ortiz, junto con
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame,
y la titular de la Conadepi,
Xóchitl Gálvez
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Santo Domingo Teojomulco.- Cerca 70 años de confrontaciones, violencia,
derramamiento de sangre, luto y dolor que vivió
este municipio de la Sierra Sur por el conflicto
social agrario con sus vecinos de San Lorenzo
Texmelucan, quedaron atrás al firmarse ayer el convenio finiquito
entre esta comunidad con los gobiernos estatal
y federal, a través del cual aceptaron ceder seis
mil hectáreas de tierra a cambio de una contraprestación
económica y proyectos productivos por un total
230 millones de pesos, con lo que se pone fin
al añejo problema que ocasionó el deceso de casi
300 personas.
El gobernador Ulises Ruiz Ortiz;
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, y
la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez Ruiz --que intervinieron en la búsqueda
de una solución pacífica al conflicto y su conciliación--,
encabezaron el histórico acto que reunió a la
totalidad de habitantes, las mujeres viudas y
huérfanos que ha dejado la pugna que data de 1940,
así como autoridades de comunidades vecinas.
El tañer de las campanas del templo
y un minuto de silencio por los hombres que perdieron
la vida durante el conflicto sellaron el compromiso
de cerrar una etapa de violencia en esta zona
“porque no es justo más derrame de sangre, más
viudas, ni heredarles a nuestros hijos odio y
rencor”, dijo en el acto el suplente de Bienes
Comunales, Efrén Pérez Sánchez a lo que se sumó
también Cira Román,
habitante de la ranchería El Limón.
Ante el presidente municipal del
lugar, Santiago Antonio González, y luego de firmar
el convenio finiquito y atestiguar la entrega
del cheque por un monto de 93 millones de pesos
a la comunidad por parte de la Secretaría de la
Reforma Agraria, el Gobernador del Estado apuntó
que este es el principio de una nueva etapa en
la sierra sur y pidió a los habitantes de Teojomulco
“aprovechar con talento el dinero que recibieron
y transformarlo en un mejor nivel de vida”.
Por su parte, el secretario de
la Reforma Agraria destacó que estos recursos
deben ser bien aprovechados para que se conviertan
en la oportunidad de Teojomulco
de alcanzar mejores alternativas de vida para
sus habitantes y reconoció el esfuerzo y voluntad
del gobernador Ulises Ruiz para alcanzar este
acuerdo.
En su intervención la titular de
CDI felicitó al pueblo de Teojomulco
por la decisión que tomaron “porque a diferencia
de lo que puedan pensar que cedieron, al contrario
ganaron en paz y que esos niños que hoy sonríen
nunca más conozcan las violencia y nunca más Teojomulco
se ponga de luto porque nos ganó el odio y el
rencor”, señaló.
Este año se resolverán los problemas agrarios:
SRA. (Imagen Informativa, p.web)
En esta administración quedarán resueltos todos los "focos
rojos" agrarios en el país, afirmó en "Imagen",
Florencio Salazar titular de la Secretaría
de de la Reforma Agraria (SRA).
En entrevista con Pedro Ferriz de
Con, Florencio Salazar precisó que hoy, con la
firma de un convenio se podrá fin a un anejo problema
de tierras entre las comunidades oaxaqueñas de
San Lorenzo Texmelucan
y Santo Domingo Teojomulco.
Agregó que a las comunidades se les entregarán varios millones
de pesos para que se realicen obras en la comunidad.
Destacó que este conflicto agrario de más de 70 años ha cobrado
la vida 249 comuneros, quienes prefieren perder
la vida a perder un pedazo de tierra.
Apuntó que ya sólo restan por resolver conflictos en Chiapas,
Michoacán y Guerrero, donde los muertos se cuentan
también por cientos.
Ponen fin a conflicto agrario en la sierra de Oaxaca.
(Canal 11, Rubén Rojas, p.web).
Enmarcadas en el corazón de la sierra sur del estado de Oaxaca,
las comunidades de San Lorenzo Texmelucan
y Santo Domingo Teojomulco
han derramado la sangre de tres generaciones por
la posesión de 6 mil hectáreas de terreno.
Tres años de negociaciones de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el gobierno
del estado, lograron que Santo Domingo Teojomulco concediera los terrenos a sus vecinos y que éstos
aceptaran una compensación económica que asciende
a 233 millones de pesos.
“La tuvo el mismo gobierno que les entregó las tierras, que
no las entregó de una manera adecuada y sus errores
y omisiones no las resolvió a tiempo”, dijo Florencio
Salazar Adame, secretario
de la Reforma Agraria.
70 años de conflicto entre las dos comunidades dejó un saldo
de más de 200 muertos, todo por la disputa de
lo más valioso de los pobladores de la sierra
sur del estado de Oaxaca: la tierra.
Ahora los 5 mil 676 habitantes de origen mixteco
y zapoteco de Santo
Domingo Teojomulco,
tendrán en sus manos el rumbo a seguir, mientras
que las viudas que desfilan por la comunidad tendrán
el consuelo de que algo se logró, aunque la sierra
de Oaxaca está lejos de la paz duradera.
“Pero lo más importante
es que puede ser la semilla para iniciar la resolución
de los pueblos de la sierra sur, que la sierra
sur a través de estos mecanismos compensatorios
pueda aspirar a mejores niveles de bienestar”,
concluyó Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca.
De 14 conflictos agrarios clasificados como urgentes, sólo
resta resolver 3 en los estados de Chiapas, Michoacán
y Sonora, aunque existen otros 450 focos amarillos
que demuestran que la paz en el campo mexicano
sigue siendo prioridad.
Pagan gobiernos 93 mdp
para terminar conflicto en Oaxaca. (El Universal, Notimex, p.web).
Por más de 70 años los
comuneros de San Lorenzo Texmelucan
y Santo Domingo Teojomulco pelearon la posesión de las seis mil hectáreas
que se encuentran en la zona limítrofe de ambas
poblaciones.
Con el pago de 93 millones de pesos los gobiernos federal y
estatal acabaron una disputa por seis mil hectáreas
que durante 70 años enfrentó a pobladores de San
Lorenzo Texmelucan y
Santo Domingo Teojomulco.
Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, explicó que el recurso entregado
a los comuneros de Santo Domingo Teojomulco
para que cedieran sus tierras a los de Texmelucan,
equivale a 15 años del presupuesto que este municipio
recibe.
Por más de 70 años los comuneros de San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco
pelearon la posesión de las seis mil hectáreas
que se encuentran en la zona limítrofe de ambas
poblaciones, y que provocaron la muerte de 240
personas en ese tiempo.
Además de los 93 millones de pesos, Xóchitl
Gálvez, comisionada nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, otorgó 100 millones
de pesos a los pobladores de Teojomulco
para la construcción de obras sociales.
En tanto el gobierno del estado otorgó 40 millones de pesos
más para los comuneros de Teojomulco,
que emitirá durante el periodo 2006-2007 y contribuya
al desarrollo de más obras.
Salazar Adame pidió a los pobladores
hacer buen uso del dinero que recibieron para
que puedan llevar a cabo las obras de infraestructura
que se necesitan en su comunidad.
En tanto, Xóchiltl Gálvez emocionada
durante su mensaje dijo: “ no
sé si llorar o gritar de alegría porque ahora
vamos a vivir en paz, porque desde que tenemos
uso de razón nos hemos dedicado a levantar a nuestros
muertos ” .
Lo anterior en alusión al mensaje que Esteban López, comunero
de Santo Domingo Teojomulco,
pronunció en una reunión previa a la ceremonia
de finiquito del conflicto agrario.
Durante esta ceremonia se contó con la presencia de 30 viudas
de los hombres que defendieron sus tierras, tanto
de ambas comunidades, así como sus huérfanos.
En este sentido, Xóchiltl Gálvez
propuso al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al presidente
municipal de Santo Domingo Teojomulco,
Santiago Antonio González, crear un fideicomiso
para asegurar la educación de los menores.
Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz agradeció la
preocupación del presidente Vicente Fox
por poner fin a este problema agrario que por
más de 70 años ha dejado cientos de muertos.
Reconoció que aún falta por signar el protocolo correspondiente
con el poblado de San Lorenzo Temexlucan
y señaló que el gobierno federal y estatal trabajan
conjuntamente para que el poblado vecino finiquite
el conflicto.
Para que jurídicamente el convenio firmado este día tenga validez
es necesario que este acuerdo se presente ante
los tribunales correspondientes y con ello otorgue
la validez jurídica necesaria.
Finaliza conflicto de 70 años y 249 muertos en
Oaxaca.
(El Sol de San Luis, p.web).
Ambas comunidades de la sierra sur del estado de Oaxaca firmaron
ayer un convenio para dar por concluida la disputa.
Con la entrega de 93 millones de pesos, concluyó el conflicto
agrario. Foto: Luis Alberto Cruz
Un desfile de viudas, un minuto de silencio y un cheque por
93 millones de pesos pusieron ayer el cerrojo
al conflicto agrario entre San Lorenzo Texmelucan
y Santo Domingo Teojomulco, que en sus 70 años de duración dejó 249 muertos.
Ambas comunidades de la sierra sur del estado de Oaxaca firmaron
ayer un convenio para dar por terminado una de
las disputas por tierras más importantes del país
y la más sangrienta de la que las autoridades
federales tengan registro.
Santo Domingo Teojomulco acordó con
la Secretaría de la Reforma Agraria ceder
las seis mil hectáreas en disputa a la comunidad
de San Lorenzo Texmelucan,
a cambio de una indemnización de 93 millones de
pesos que fueron entregados por el titular
de dicha dependencia, Florencio Salazar Adame.
El funcionario acudió ayer junto con el gobernador oaxaqueño,
Ulises Ruiz; la comisionada nacional para el desarrollo
de los Pueblos Indígenas, Xóchitl
Gálvez; y el subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger,
a la comunidad de Santo Domingo Teojomulco,
donde el anunció fue escuchado por los pobladores
entre risas y llantos.
Frente a la alcaldía, recién remozada, alrededor de 700 integrantes
de la comunidad ocuparon un sillerío
colocado sobre el piso de tierra, como cualquier
calle de ese poblado de apenas cuatro mil 334
habitantes.
Al frente, 50 viudas identificadas con un moño negro sobre
el hombro derecho escuchaban atentas a los funcionarios
federales que celebraban el fin del conflicto.
Entre ellas, Tomasa González López
se enjugaba las lágrimas y recordaba al hijo y
al sobrino asesinados mientras araban la tierra.
Muy cerca de ella, Rosa Lázarez sostenía
entre sus manos un reboso. Para ella la desgracia
y la maternidad han estado amarradas con el conflicto
que ayer prometía quedar en el pasado.
Cuando ella tenía dos meses de edad, su padre fue asesinado
y tuvo que crecer al amparo de su madre. Una vez
casada, su marido también se integró a la cuenta
de cadáveres que provocó la disputa.
Javier González Ángeles, uno de los pobladores que fungió como
orador en el evento confió en que el convenio
firmado ayer lleve a ese poblado la paz y la tranquilidad
para que ésta pueda transformarse en desarrollo.
Un minuto de silencio por los caídos dejó al descubierto a
la otra parte de los dolientes, junto al palacio
municipal la salida de los niños de la primaria,
“José María Morelos”, recordó que además de viudas,
los 19 enfrentamientos entre comunidades causaron
un sinnúmero de huérfanos.
En el evento no estuvo presente un solo poblador de San Lorenzo
Texmelucan, pero ellos
también tienen sus muertos.
Teojomulco cede seis mil hectáreas
de tierra a Texmelucan
a cambio de 233 millones de pesos; gobiernos federal
y estatal aportaran los recursos. (Olor a Mi Tierra, Víctor Ruiz, p.web).
Comuneros de Teojomulco que decidieron
ceder seis mil hectáreas de tierras a Texmelucan.
Santo Domingo Teojomulco, Oax.- La asamblea comunitaria de este municipio ubicado en
la sierra sur de Oaxaca determinó dar fin a la
disputa que sostiene con sus vecinos de San Lorenzo
Texmelucan por la posesión
de seis mil hectáreas de tierra desde hace mas
de 70 años, a cambio de que los gobiernos federal
y estatal le entreguen 233 millones de pesos para
la construcción de diversas obras publicas y proyectos
productivos.
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como la titular
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas; Xóchilt Gálvez, arribaron a esta comunidad del Distrito de
Sola de Vega para suscribir un convenio con autoridades
municipales y agrarias con la finalidad de finiquitar,
con esta parte, el conflicto, debido a que los
comuneros de San Lorenzo Texmelucan
se levantaron de la mesa de negociaciones.
Luego de varios meses de negociaciones para resolver uno de
los 14 focos rojos que en materia agraria delimitó
el gobierno de Vicente Fox Quesada, en el mes de enero pasado, se concluyeron los
trabajos técnicos que sirvieron para delimitar
las seis mil hectáreas en conflicto.
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame y el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, hicieron entrega
a la comunidad de un cheque por 93 millones de
pesos, como paga de una compensación por haber
cedido dichas tierras a los campesinos de San
Lorenzo Texmelucan, cuya disputa ha dejado más de 500 muertos de ambos
lados.
En tanto, Xóchilt Gálvez, dio a conocer
que el gobierno federal determinó entregar al
pueblo de Santo Domingo Teojomulco la cantidad de cien millones de pesos para destinarlos
a proyectos productivos que permitan detonar el
desarrollo de esta comunidad.
Mientras tanto, el gobierno del estado entregará 20 millones
de pesos durante este 2006 y una cantidad similar
para el año 2007, con el propósito de que el conflicto
por la posesión de esas seis mil hectáreas de
tierras quede resuelto en forma definitiva.
Salazar Adame expuso que los 93 millones
de pesos que la comunidad recibió este jueves
a cambió de haber cedido las seis mil hectáreas
en disputa a sus vecinos zapotecas de San Lorenzo
Texmelucan, representa lo que el Ayuntamiento de Santo Domingo
Teojomulco recibiría
por participaciones municipales durante 15 años,
debido a que durante el 2005 recibió solo seis
millones de pesos.
En presencia de Santiago Antonio González, presidente municipal
de Teojomulco y Javier
González Ángeles, representante de Bienes Comunales
y ante unos dos mil vecinos del lugar, entre hombres,
mujeres y niños reunidos en su explanada municipal,
Salazar Adame, cuestionó que hayan tenido que pasar tantos años “tuvieron
que haber tantos muertos, porque tenemos que presenciar
la tristeza de un grupo de huerfanas
y huerfanos y de viudas
para poder finalmente resolver un problema agrario,
como el que han enfrentado Teojomulco
y Texmelucan”.
Expuso que la responsabilidad la tuvo el mismo gobierno que
les entregó las tierras, “que no las entregó de
manera adecuada y que sus errores y omisiones
no los resolvió a tiempo”.
Recordó que cuando el presidente Fox
aprobó un programa para lograr la reconciliación
de los pueblos campesinos dijo “yo quiero que
al terminar mi gobierno los pueblos estén en paz,
quiero ser el presidente que resuelva el problema
entre hermanos, no quiero saber más de muertos,
quiero saber que la tierra se trabaja y que el
trabajo rinde a quienes son sus dueños”.
Dijo que para ello se buscó a los representantes de las comunidades,
se fue a las asambleas, “en asociarnos con el
gobierno del estado para que juntos pudieramos
convencerlos de que por lo menos se pudieran sentar
en la misma mesa a hablar y esto que parece algo
fácil, en el caso de ustedes fue verdaderamente
difícil”.
Añadió que durante tres años se estuvo buscando que los representantes
de Santo Domingo y San Lorenzo “pudieran dialogar
y pudiéramos revisar el problema y pudiéramos
escuchar propuestas y alcanzar un acuerdo”.
Por otra parte, se conoció que a pesar de que el pueblo de
San Lorenzo Texmelucan
aceptó la delimitación de la zona en conflicto
y que la gente de Teojomulco
ya no pelearán las seis mil hectáreas, se levantaron
de la mesa de diálogo al considerar de que hay
muchos asuntos pendientes en este conflicto como
el pago de daños materiales cometidos por los
de Teojomulco, así como
la agilización de averiguaciones previas por los
homicidios pendientes de investigar.
Escenario Político. (La Crónica de Hoy, Ubaldo Díaz,
p.web).
Coordenadas Políticas.
El titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, firmaron un
convenio con la comunidad de San Lorenzo Texmelucan,
además de entregar 93 millones de pesos, con lo
que termina un conflicto que tenía decenas de
años. En el año 2005 se dio un enfrentamiento
por estas tierras, causando más de 200 muertos…
El comisario de Texca
pretende hacer negocio con un predio del pueblo,
acusan. (El Sur (Guerrero), Cristina Sierra, p.web)
Las tres hectáreas eran para
una escuela pero como nunca se construyó las tomaron
para edificar sus viviendas y ahora los quieren
desalojar, se quejan vecinos.
Vecinos del poblado de Texca, que desde diciembre se apropiaron de un predio, denunciaron
que el presidente del comisariado
ejidal Pedro Ortiz Olea los demandó ante la Procuraduría
Agraria porque quiere negociar el terreno para beneficio
personal.
La última semana de diciembre,
algunos campesinos se apropiaron de tres hectáreas
afuera de la comunidad de Texca para construir ahí sus viviendas.
En esa ocasión, un campesino informó
a El Sur que los vecinos, necesitados de
un lugar para vivir, decidieron tomar ese predio
debido a que las autoridades de la comunidad nunca
lo usaron y querían adueñarse de él a pesar de
que es tierra comunal.
Algunos vecinos acudieron ayer
al Ayuntamiento para pedirle al alcalde Félix
Salgado Macedonio su apoyo para obtener pacas
de láminas de cartón y terminar de construir las
casas, pues “como hay gente con mucha necesidad”
no tiene el dinero suficiente para comprarlas
de su bolsillo.
El vecino Gustavo Hernández Valente
señaló que el comisariado
Pedro Ortiz pretende desalojarlos y ya enfrentan
una demanda ante la Procuraduría Agraria “porque
quiere negociar” los terrenos como propiedad privada.
Explicó que ese terreno fue donado
al pueblo hace 30 años y se sabía que ahí se construiría
una escuela, pero cuando se pidió el terreno las
autoridades no lo cedieron y por eso los campesinos
decidieron asentarse en él y edificar sus casas.
“Ese terreno lo quieren negociar
para beneficio propio, les vale un comino el progreso
del pueblo”, se quejó Gustavo Hernández.
Manifestó que Texca está reconocido como un pueblo turístico e histórico
porque ahí el general Vicente Guerrero acorraló
al español Armijo de
los Santos.
Hernández Valente denunció que
la pasada administración pretendía construir un
mirador porque hasta allá llegan los camiones
turísticos, pero durante las obras el comisariado
Pedro Ortiz y su gente no permitieron que continuaran
hasta que les dieran dinero, “desgraciadamente
ellos se han opuesto al progreso del pueblo”.
Arremeten contra el comisariado
comunal quienes lo apoyaron. (Cambio de Michoacán, Ramón
Ángeles, p.web)
PARACHO,
Aún no se ha definido fecha para celebrar la asamblea extraordinaria
y llevar a cuentas al representante de los bienes
comunales, Pedro García, quien no ha podido comprobar
más de tres millones de pesos que ingresaron a
lo largo de su administración.
A decir de los inconformes, Pedro García incumplió lo establecido
en la Ley Agraria al beneficiar únicamente
a un pequeño grupo de comuneros de la región.
«Nos sentimos defraudados con la actitud que ha asumido el
representante de bienes comunales Pedro García,
porque ni siquiera está cumpliendo con lo que
la Ley Agraria vigente dice, únicamente se está
beneficiando un grupito que ostenta el poder y
gracias a la asesoría de seudo líderes que siempre
han querido ver sumisos a los comuneros», así
lo declaró el comunero Antonio Monroy
Rocha.
Explicó que los motivos por los cuales más de cincuenta comuneros,
que en su momento, apoyaron al actual comisariado,
Pedro García, ahora «estamos luchando pero para
que se le aplique la ley y dé cuenta clara de
los recursos económicos que ha manejado en sus
15 meses de gestión, no es posible que en la Asamblea
General se informó que han manejado más de tres
millones de pesos y no nos haya dicho lo que entró
ni en que se gastó, y para colmo ni siquiera respetó
la Asamblea General al abandonarla junto con el
representante de Procuraduría Agraria, Sergio
Campos Hernández.
Los comuneros inconformes del comisariado
dijeron que la problemática va creciendo y que
los inconformes cada día son más y que en su mayoría
son gentes que lo apoyaron al comisariado.
Por su parte dicen que lo que harán en lo sucesivo será solicitar
la convocatoria para una Asamblea General y esperan
que el comisariado y Consejo de Vigilancia actúen conforme a la ley,
así como se refirieron a la Residencia de la Procuraduría
Agraria de Uruapan, que al lado de las autoridades
comunales prefieren violentar la ley vigente y
que no les importa el entallamiento de un conflicto
interno porque sus intereses son otros, sostuvo
Monroy Rocha.
Presentan ejidatarios
queja en Coddehum contra
MP de Arcelia. (Despertar del Sur, Juan
M. Robles, p.web).
Cd. Altamirano, Gro. Un grupo de
ejidatarios, entre ellos Juan Flores Pablo, Lucio
Colima Mendoza, Crispín Pineda López y varios
más, se presentaron en la oficina regional de
la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Coddehum),
en donde interpusieron una queja en contra de
un agente del Ministerio Público de Arcelia.
En su declaración señalan que son vecinos de la población de
Las Anonitas, del municipio de Ajuchitlán
del Progreso y que habían interpuesto una denuncia
de hechos en la Agencia del Ministerio Público
en contra de Romualdo
Mendoza Callo, presidente del Comisariado
Ejidal.
El representante que los atendió, y que es responsable de la
mesa de trámites número uno, le mandó un primer
citatorio con fecha 13 de enero, pero nunca se
presentó. Después le mandó otro con fecha 24 de
enero y nuevamente hizo caso omiso al mismo.
Luego, le mandaron otro el 27 de enero y tuvieron conocimiento
que pese a que no acudió al citatorio, finalmente
declaró en relación al hecho que lo están acusando
referente a una indemnización económica que hizo
la Secretaría de la Reforma Agraria por
el conflicto agrario con Villa Nicolás.
Señalan que dicho comisariado hizo
declaraciones vagas que nada tienen que ver con
las dudas que ellos tienen en relación al dinero
que recibió.
También declaró Rosendo Colima Charco, pero lo hizo igual que
el comisariado y por
ello considera que el representante social actuó
de manera parcial porque no hizo preguntas y cuando
le solicitaron una copia, se negó a ello.
El responsable de la Coddehum en
la región, Leobardo
Gómez Encarnación, será el encargado de emitir
la respectiva opinión y propuesta una vez que
tenga los elementos de juicio en sus manos.
Entregan un millón de pesos a proyectos agrarios
de mujeres. (El Tiempo de Chihuahua,
Miguel Fierro, p.web).
La Secretaría de la
Reforma Agraria y la CNC entregaron recursos
a seis proyectos encabezados por mujeres del sector
agrario, los cuales son de alrededor de un millón
de pesos.
La entrega la realizó el diputado César Duarte, líder de la
CNC en el estado.
Dichos recursos son subsidiados por la mencionada dependencia,
con la intención de poner en marcha proyectos
productivos para la generación de empleos en el
medio rural, que a continuación se detallan:
Grupo Holguín Navarrete del Ejido Empalme Aguilera, municipio
de Santa Bárbara, con el proyecto de instalación
de Cocina Económica.
Grupo La Granja, del núcleo agrario Ejido Salaices, municipio de López, con el proyecto Granja de Pollos.
Grupo Granja San Rafael, del núcleo agrario Ejido San Rafael,
municipio de Santa Bárbara, con el proyecto de
producción de pollo de engorda.
Grupo Granja Porcícola, del núcleo
agrario Ejido Miguel Hidalgo, del municipio de
Jiménez, con el proyecto de criadores de puercos.
Grupo Mujeres de Corralejo, del Ejido
Corralejo, municipio
de Allende, con el proyecto cría y producción
de borrego.
Grupo Mujeres Emprendedoras, del Ejido Corral de Piedra, municipio
de Santa Bárbara, con el proyecto de Taller de
Costura.
Cabe mencionar, que los recursos se entregaron a la mesa directiva
de cada grupo en las oficinas de la Secretaría
de la Reforma Agraria, donde además estuvieron
presentes Diana Karina Velásquez Ramírez, Secretaria
de Acción Femenil de la CNC, Yolanda Rodríguez
Sáenz, Coordinadora de los programas de la Mujer
de la CNC, Cuauhtémoc Estrada, jede del Departamento
de Organización de la SRA, Rosaelia
Martínez Estrada, auxiliar de Organización de
la SRA.
Por último, el legislador César Duarte Jáquez,
agradeció a la Secretaría la Reforma Agraria el
trato recibido y la disponibilidad de permitir
que este tipo de proyectos cuenten con el apoyo
económico que requieren para su práctica, en beneficio
del sector más desprotegido como es el campo.
Breves de Hombres. (David Páramo, p.web).
Si bien es cierto que la determinación del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito
41, Juan Rodolfo Lara Orozco, de declarar inválida
la asamblea de bienes comunales realizada el 23
de agosto en Cacahuatán,
Guerrero, se ha convertido en un freno para la
intención de la Comisión Federal de Electricidad,
dirigida por Alfredo Elías Ayub,
de construir La Parota, es previsible pensar que
no será por mucho tiempo.
Como se recordará este magistrado determinó inválida la reunión
sin considerar una larga lista de argumentos de
la defensa entre los cuales estaban actas notariales
en las que se demuestra que sí hubo segunda convocatoria
y que, además, se cumplieron con todas las formalidades
del caso; el magistrado no escuchó los argumentos
de la defensa porque no se presentaron a una audiencia,
puesto que grupos armados con machetes le impidieron
ingresar al recinto, como existen constancias
incluso notariales.
Más allá, Lara Orozco omitió pruebas que incluso solicitó un
par de veces como solicitar información al delegado
del Registro Nacional Agrario y tomó algunas
otras determinaciones muy francamente difíciles
de explicar.
Así las cosas, la CFE y el gobierno del estado de Guerrero,
encabezado por Zeferino
Torreblanca, llevarán el juicio a instancias superiores
y/o repondrán la asamblea de estos comuneros,
los únicos que faltan en estar de acuerdo con
este gran proyecto de infraestructura.
Es importante destacar que en ningún momento se dijo que había
ganado la oposición a las obras, sólo que no se
cumplieron los formalismos y, por lo tanto, la
asamblea de comuneros no tenía validez.
Será necesario estar muy pendientes puesto que por alguna de
estas dos pistas deberá encontrar la manera de
seguir adelante con La Parota. Por lo pronto,
los grupos de iniciativa privada que ya se habían
apuntado tendrán que seguir esperando un poco
para realizar esta obra. Lo deseable sería que
fueran afinando sus propuestas técnicas.
Asesinan en Guerrero a comisariado
ejidal.
(Tabasco Hoy, p.web).
El también profesor de
la escuela secundaria federal Cuauhtémoc en Ciudad
Altamirano fue privado de su vida a las 7:30 horas
por dos individuos desconocidos.
Ciudad
Altamirano, Guerrero.
Luis Pérez Mariano, presidente del comisariado
ejidal de este municipio, fue asesinado ayer de
10 balazos calibre 38 súper, cuando salía de impartir
clases.
Los reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) indican que el también profesor de la escuela
secundaria federal Cuauhtémoc, fue privado de
su vida a las 7:30 horas por dos individuos desconocidos.
Pérez Mariano también jefe del distrito de riego Hermenegildo
Galeana, tenía su domicilio en calle José Inocente
Lugo número 502, en la colonia Centro de esta
ciudad, zona de Tierra Caliente.
Fue interceptado por dos individuos cuando salía de impartir
clases a sus alumnos de la secundaria federal
Cuauhtémoc, ubicada en la calle Prolongación Cuauhtémoc
en el barrio de Tierra Colorada.
El reporte de la PGJE agrega que testigos presenciales indicaron que el comisario fue abordado por dos
personas al salir de la escuela, discutió y posteriormente
le dispararon. Los responsables huyeron en una
camioneta.
De manera extraoficial se conoció que podía ser por problemas
de conflictos
agrarios con algunos ejidatarios de ese municipio,
pues hace algunos años dos ex comisarios corrieron
la misma suerte.
Rodrigo Martínez Roque y Porfirio Mercado Vázquez fueron asesinados,
presuntamente por problemas de tierras en la zona
conocida como La Conchita.
Prensa Estatal
GUERRERO
Ejidatarios vinculan el asesinato del comisario
de Pungarabato con la
venta de un predio. (El Sur, Gregorio Urieta, p.web).
Luis Pérez recibió varias
amenazas de muerte, él nos lo dijo en una asamblea,
aseguran. En la reunión se votó la comercialización
del terreno que el Banco Rural ya había vendido
a un particular, informan.
Ciudad Altamirano.
El profesor Luis Pérez Mariano
ejecutado la noche del miércoles en Coyuca
de Catalán recibió amenazas de muerte, se informó
en la asamblea ejidal del domingo pasado, según
ejidatarios que participaron en la reunión.
Los campesinos aseguraron que el
presidente del Comisariado
Ejidal de Pungarabato habría sostenido una querella con un deudor que
este miércoles no acudió a una cita con el notario
público número 1, aunque la versión no pudo ser
conformada.
Mediante otras fuentes se supo
que antes de ser asesinado, Pérez Mariano recibió
dos llamadas a su celular en donde le pedían que
saliera de la escuela porque lo iban a matar.
Los informantes –que pidieron no
dar a conocer sus nombres–, indicaron que el domingo
pasado se realizó una asamblea en la que se decidió
la venta del terreno ubicado a un costado de la
carretera Altamirano-Coyuca
de Catalán, del cual se encuentran posesionados
desde hace algunos años.
Abundaron que el problema es que
ese predio fue vendido por el Banco Rural a un
particular, quien está reclamando los derechos.
En la asamblea del domingo, se
determinó vender el terreno a un particular originario
de Rivapalacio, Michoacán,
por el cual pagaría siete millones de pesos.
Indicaron que Luis Pérez les dijo
que tenía un comprador de Rivapalacio,
“no nos dijo el nombre, sólo que pagaría siete
millones de pesos por el terreno y nos pidió someter
a votación la propuesta de venta y el pago de
la escrituración entre todos”.
Las fuentes indicaron que a la
asamblea asistieron 150 personas, mismas que aprobaron
la venta del terreno porque la propuesta incluía
beneficiar a los ejidatarios más ancianos del
padrón, los que rebasan los 70 años.
“Imagínate como estamos todos,
después de tener esa promesa de venta. Estamos
muy indignados pero temerosos”, dijeron los informantes,
“pues en la asamblea Luis nos dijo que había estado
siendo amenazado de muerte por esa persona que
se dice propietaria del terreno”.
Aseguraron que Pérez no tenía miedo
por las amenazas, y que en la asamblea dijo: “Aquí
tengo Judas traidores. Saliendo de aquí van a
ir corriendo a decirle a esa persona lo que dije,
pero qué bueno que vayan y le digan”. Señaló directamente
quienes eran los que supuestamente informaban
al que lo amenazaba.
Otro señalamiento de las fuentes,
es que Pérez había citado ese miércoles a medio
día ante el Notario Público Aurelio Ortiz Gutiérrez
a una persona que le adeudaba 150 mil pesos.
“No sabemos quién sea, pero nos
informaron con certeza que una persona le adeudaba
esa cantidad y que ese miércoles la citó para
establecer un compromiso, pero no asistió a la
cita”, dijeron, pero el corresponsal no pudo confirmar
lo dicho debido a que no se pudo localizar al
notario.
Con Pérez Mariano son tres los
presidentes de Comisariado
Ejidal de Pungarabato que son asesinados por conflictos de tierras.
El primero fue Porfirio Mercado, después le siguió
Rodrigo Martínez Roque. Ninguno de los dos casos
se ha resuelto.
Consignan a un detenido por el asesinato de un
opositor a La Parota de Dos Arroyos. (El Sur,
Jorge Nava, p.web).
Óscar del Carmen, que está
en el hospital herido de machete, niega los cargos.
El detenido Óscar del Carmen Alemán,
acusado de matar a un ejidatario de Dos Arroyos
opositor a la presa La Parota, negó esa acusación
en su contra y dijo que el difunto comenzó la
agresión contra su familia porque andaba ebrio.
El presunto asesino de Eduardo
Maya Manrique, Óscar del Carmen Alemán, ratificó
el miércoles esa declaración que rindió a la agencia
del Ministerio Público del fuero común (MP). El
segundo secretario del juzgado tercero penal llevó
esa diligencia por el delito de homicidio, en
el hospital regional Vicente Guerrero del IMSS,
donde es atendido el acusado por lesiones de machete
que presenta en el cuerpo.
A las 4 de la madrugada del domingo
pasado, a pedradas fue asesinado Eduardo Maya
Manrique, según sus familiares por Óscar del Carmen,
Víctor Manuel del Carmen Alemán y Samuel “N”,
en el poblado Dos Arroyos.
Una fuente del juzgado informó
que Óscar del Carmen negó con el MP los hechos
que se le imputan, y dijo que que desconoce quién lo mató. Por el contrario, denunció que
luego de que había una boda ese día en ese poblado,
Eduardo Maya, en estado de ebriedad fue al domicilio
de sus padres donde gritó insultos.
El detenido mencionó que se levantó
de una hamaca, y abrió el portón de la casa de
sus padres para indicarle a Eduardo que se retirara,
que el reclamo que quisiera hacer lo hiciera al
otro día.
Detalló que Eduardo Maya se sacó
su cinturón y lo golpeó, y él optó por cerrar
el portón.
Sin embargo, declaró que Eduardo
Maya regresó con un machete con el que comenzó
a tirar golpes al portón que despertó a sus padres,
a su esposa, hijos y amigos que invitó a la boda
de ese día porque él no vive ahí.
Indicó que en ese momento regresó
de la fiesta su cuñada Bertha
Cruz, a quien escuchó discutir con Eduardo. Señaló
que volvió al portón porque vio a Eduardo con
otro individuo sin camisa, y le tiró un machetazo
a su cuñada, quien lo evitó, pero afirma Óscar
que con ese machetazo él fue herido.
Describió que salieron su esposa
y sus hijos, así como su hermano Víctor Manuel
y su papá Celso, quienes al ser vistos por Eduardo
y sus acompañantes escaparon.
Dijo que en el intento, Eduardo
tropezó afuera de la casa, donde escuchó que era
perseguido, sin saber por quiénes porque por las
heridas, su hermano Víctor y su esposa Patricia,
lo llevaron a una clínica del poblado que está
a 100 metros de la casa de sus padres.
Contó que cuando regresó a su casa,
su hermano Víctor fue a dar parte del incidente
al comisario Romualdo Alarcón, para que llamara a la Policía Municipal.
Por último mencionó que sabe que
Eduardo vive en la parte alta de donde viven sus
padres, que no tiene problemas con esa persona.
El juez tercero resolverá el próximo
domingo si declara o no preso a Óscar del Carmen
Alemán.
Este sábado 4, en el juzgado se
programaron interrogatorios a quienes reclamaron
el cadáver, informó la fuente.
El motivo, el conflicto por La
Parota: Tlachinollan
Por su parte, el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, que defiende
al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (Cecop),
al que pertenecía la víctima, dijo que el motivo
de la agresión a pedradas a Eduardo Maya Manrique
es el conflicto por la presa.
Dijo que según testigos que ya
rindieron declaración, lo que pasó es que Eduardo
Maya Manrique estaba el domingo en la madrugada
en un convivio en Los
Huajes y los agresores estaban en otro convivio
en Dos Arroyos. Agregó que cuando Eduardo regresó
a su casa, los agresores lo interceptaron en la
calle, y a pedradas le causaron la muerte.
Afirmó que los agresores apoyan
la presa La Parota, y que ese fue el motivo de
la discusión que tuvieron con el ejidatario opositor
al que mataron.
Indicó que discutieron por el plantón
que los opositores a la presa tienen en la entrada
de Dos Arroyos para impedir la entrada de la CFE
a los terrenos, y que cumplió un año.
También discutieron –dijo– por
la feria de Dos Arroyos, que cada año se celebra
del 3 al 8 de febrero, pero la mayoría del pueblo
decidió que este año no hubiera, ante las tensiones
y el riesgo de violencia por la división del pueblo
en tormo al proyecto de la presa.
El abogado informó que Óscar del
Carmen fue consignado ante el juez por el delito
de homicidio calificado.
Señaló que el testigo Doroteo Analco declaró que identificó plenamente a los tres agresores
de Eduardo Maya.
MICHOACÁN
Aceptan dialogar los comuneros de Tarecuato para solucionar conflicto. (La Jornada de Michoacán, Martha Luna, p.web).
Se reunieron con representantes
de Gobernación.
Los Reyes.- Habitantes de
la comunidad de Tarecuato,
municipio de Santiago Tangamandapio, se reunieron ayer en asamblea ante representantes
de la Secretaría de Gobierno y de la Coordinación
Interinstitucional para la Atención de los Pueblos
y Comunidades Indígenas de Michoacán (CIAPCIM),
a fin de acordar las posibles soluciones al conflicto
agrario que persiste entre esta comunidad y la
de Jesús Díaz (Tzirío), anexo de Pamatácuaro, de
este municipio, por la posesión de 62 hectáreas
y así evitar posibles confrontaciones.
En dicha reunión
se acordó que sin la intervención del gobierno
del estado y de ninguna dependencia agraria, a principios de la próxima semana se reunirán las
autoridades comunales en conflicto en un lugar
neutral para dialogar y cotejar los respectivos
documentos que avalan la posesión de las tierras,
teniendo como facilitador
y testigo a un miembro de la CIAPCIM.
Destacaron, además, que la posición
de los comuneros de Tarecuato
es respetar los acuerdos minutados el 3 de marzo
de 2003, (cuando dicho conflicto llegó a sus más
graves consecuencias); sin embargo, para evitar
confrontaciones y violencia, aceptan el diálogo
con autoridades comunales de Tzirío.
"Lo único que queremos es la tierra que nos
pertenece para gozarla, no uno en el cerro, otro
en el panteón y otro en la cárcel; no buscamos
violencia", dijo uno de los comuneros.
Acordaron además que el diálogo
se llevará a cabo con no más de cinco personas
de cada una de las partes, incluyendo a las autoridades
comunales, de lo contrario "no habrá diálogo".
Fueron contundentes al mencionar que de no lograrse
un acuerdo mediante el diálogo, procederán legalmente;
pero en caso de que el proceso judicial no derive,
la comunidad en asamblea general determinará cómo
resolver.
Con el argumento de que a los de
Tzirío se les cumplió
todo lo minutado el 3 de marzo de 2003, pero a
Tarecuato no, los comuneros
de este último señalaron que los habitantes de
Tzirío se están burlando
del gobierno, que ya les tomaron la medida y están
en espera de ver qué más le pueden pedir.
El comisario de Bienes Comunales
de Tarecuato, Roberto
Pérez Castro, aseveró que evitarán la violencia
a toda costa y para ello agotarán todos los recursos
posibles, pero en caso de que no se actúe con
justicia, la comunidad de Tarecuato decidirá en asamblea cómo hacer justicia.
Por su parte, Roberto Isidro Rangel, enlace de la CIAPCIM, apuntó que el gobierno del estado
tiene claro que su labor es salvaguardar el estado
de derecho y por ello no se permitirá que se maten
entre hermanos, por lo que él mismo será quien
acerque a las partes al diálogo.
Hay que recordar que en días pasados,
dependencias agrarias federales y gobierno estatal
mantuvieron una reunión con el representante de
Bienes Comunales de Pamatácuaro,
Jaime Alonso, y el subrepresentante
de Tzirío, José María Molina Estrada, donde acordaron una próxima
reunión para discutir la problemática bajo documentos,
para conocer la situación real de orden jurídico
y no social del predio en conflicto, y luego de
una compulsa determinarían los criterios de trabajo
con la intervención de todos los actores involucrados.
PUEBLA
Acusan a síndico de pretender extorsionar a ejidatarios
de San Baltasar Campeche. (La Jornada
de Oriente, Ignacio Juárez, p.web).
El ayuntamiento de Puebla no sólo
ha desacatado la orden de los tribunales federales
de pagar casi 78 millones de pesos a los 165 ejidatarios
de San Baltasar Campeche despojados de las tierras
donde fue construido el Bulevar Las Torres, sino
que ahora propuso a los afectados una serie de
acuerdos, algunos de ellos rayan en los delitos
de extorsión y peculado, para poner fin a un pleito
judicial de 12 años. La última ocasión, el síndico
Lauro Castillo habría pretendido extorsionar a
los campesinos al obligarlos a aceptar sólo 50
millones como pago único.
Lo anterior fue dado a conocer por Jesús González Moreno, asesor
legal de los ejidatarios, quien criticó “la pasividad”
y “parcialidad” por parte del Juzgado IV de Distrito
hacia el ayuntamiento de Puebla, lo cual ha permitido
que, a casi un año de que el Tercer Tribunal en
Materia Administrativa del Sexto Circuito fijara
definitivamente la obligación de pagar a los campesinos,
hasta la fecha las autoridades municipales no
han cumplido.
Incluso aseveró que si el Juzgado IV de Distrito se mantiene
en su postura procederían en su contra.
Asimismo, indicó que no se ha procedido contra las autoridades
municipales –actuales y anteriores– por el delito
de falsedad de declaraciones en el que incurrieron
durante el juicio. En el caso de la gestión dogerista,
explicó, a principios del trienio el síndico informó
al Juzgado IV de Distrito que el ayuntamiento
no podría cumplir con el pago debido a que no
había recursos presupuestos, pero a los pocos
meses llevaron a cabo un reajuste presupuestal
y no incluyeron el pago total.
El abogado agrario rechazó categóricamente la versión de la
Comuna sobre la escasez de recursos para cumplir
con el pago de los casi 78 millones. De entrada,
afirmó, los ejidatarios de San Baltasar Campeche
gestionaron ante el Congreso del estado que la
línea por mil 500 millones que el gobierno estatal
iba a contratar se extendiera a los municipios,
y así la Comuna de Puebla pudiera obtener un préstamo
y cumpliera con el mandato del tribunal federal.
La gestión dogerista
utilizó el dinero para otra cosa.
González Moreno subrayó que para el ejercicio fiscal 2006 el
ayuntamiento incluyó el pago de 2.5 millones de
pesos para la renta de un piso en la Torre del
Milenio, ubicada en la zona de Angelópolis,
la cual es propiedad de un pariente de Alberto
Ventosa Cohglan, coordinador
ejecutivo de la presidencia municipal, lo que
representa un pago anual de 30 millones, mientras
que para la indemnización de los ejidatarios de
San Baltasar Campeche sólo destinaron 12 millones.
“Es una vergüenza, un insulto, una falta de respeto a nuestra
dignidad y nuestro derecho a la propiedad”, acotó.
Por si fuera poco, abundó, el ayuntamiento también les propuso
pagarles con varios inmuebles, pero lo rechazaron
totalmente al comprobar que se trataba de predios
públicos propiedad de todos los ciudadanos. Aceptarlos,
dijo, haría a los ejidatarios cómplices del delito
de peculado.
La última propuesta del síndico Lauro Castillo, mencionó el
asesor legal, fue el pasado 1 de febrero. “Nos
mandó llamar y acudimos, pero nos hizo una oferta
totalmente ilegal: que nos paga no 77 millones,
sino 50 millones o 60 millones. ¿A título de qué
él va a tener la...? ¡Eso se llama extorsión y
es un delito federal! Porque cuando se obliga
a una persona a recibir algo en menoscabo de sus
derechos y patrimonio, eso es extorsión”.
“(Nos dijo) que nos da 50 millones en dos años, pero los terrenos
no nos los quitaron en dos años; nos los quitaron
de manera violenta. ¿Estos 12 años qué hicieron
los campesinos sin sus tierras? Hay gente desesperada
que pide que tapemos avenidas, que vengamos a
tapar las oficinas municipales, pero considero
que si estamos en un camino legal tenemos que
seguirlo... sí nos desesperan, porque vemos pasividad
de la justicia federal, porque vemos total parcialidad
a los intereses del ayuntamiento; si fueran intereses
confusos no diríamos nada, pero es un hecho que
nos quitaron las tierras y no pagaron nada”, aseveró.
La historia del despojo
El conflicto en San Baltasar Campeche, relató Jesús González
Moreno, quien estuvo acompañado por el comisario
Maximino Huerta Rodríguez, el tesorero Juan Francisco
Rojas, y el secretario ejidal Baltasar López Tecpanécatl, inició en el trienio 1990-1993 con Marco Antonio
Rojas Flores, quien diseñó la propuesta de construcción
del bulevar, pero a su salida de la presidencia
municipal dejó una serie de mesas de negociación
y propuestas de pago a los labriegos.
Con el arribo de Rafael Cañedo Benítez a la Comuna, agregó,
las pláticas fueron rotas de tajo. La respuesta
de la alcaldía, entonces, fue que no habría ningún
pago por las tierras, y el edil priísta procedió
a despojarlos de los predios “con lujo de violencia,
sin sustento y en un claro atropello a los derechos”
de los campesinos. Obviamente, dijo, tampoco hubo
un decreto expropiatorio
para la enajenación de los 116 mil metros cuadrados,
entre las que había 29 parcelas y áreas de uso
común.
Anteriormente, añadió el jurista, la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) también usufructuó ilegalmente predios en
el ejido de San Baltasar Campeche. El organismo,
apuntó, sólo promovió una expropiación y pagó
afectaciones para la construcción de la subestación
que allí está –conocida como Bugambilias–,
pero no así para la instalación de las torres
de alta tensión en todo el tramo que ahora comprende
el Bulevar Las Torres; es decir, casi 12 hectáreas.
La CFE, apuntó, debió realizar un proceso expropiatorio o iniciar un procedimiento para obtener el paso
de servidumbre, pero nunca lo hizo, de ahí que
la ocupación de las tierras es ilegal. El organismo,
aclaró, no pudo ser llevado a juicio debido a
que hay diferentes cuestiones jurídicas que lo
impiden; por eso decidieron proceder en contra
del ayuntamiento de Puebla.
Manifestó que la inexistencia de un decreto expropiatorio o la liberación del derecho de vía hacen imposible
que la paraestatal y la Comuna celebraran un convenio
de cesión del paso de servidumbre mediante el
cual las autoridades municipales pudieran construir
la vialidad; es más, aseveró que si el ayuntamiento
de Puebla realizara el pago de casi 78 millones
a los ejidatarios, entonces subrogaría el derecho
de propiedad de los predios y tendría la facultad
de exigir un pago a la CFE.
Incluso dijo que una vez le propusieron al síndico municipal
llevar a cabo un convenio en el que fuera planteada
una solución en el presupuesto de la Comuna, pero
también que cediera derechos a la ejidatarios
para poder demandar a la CFE. “Lauro Castillo
nunca lo aceptó”.
Jesús González refirió que el proceso jurídico por el despojo
de tierras inició en 1996 con el amparo 127/96,
tramitado ante el Juzgado II de Distrito. Allí,
las autoridades municipales aseguraron que la
enajenación fue gracias a una donación que les
hizo la Comisión para la Regularización y Tenencia
de la Tierra, pero se comprobó que era falso.
Esa situación implicaba que hubo el delito de
falsedad de declaraciones. El juicio fue rechazado
porque pedían proceder contra el presidente de
la República y él nunca tuvo ninguna relación
con el caso.
Ese mismo año, dijo, promovieron un nuevo amparo (429/96) y
lograron recabar tantas pruebas y documentales
que era inminente un triunfo. El entonces alcalde
de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero, aseguró ante
el juzgado que las tierras fueron enajenadas por
causa de utilidad pública, pero nunca cumplió
con el proceso expropiatorio.
En ese juicio, apuntó González Moreno, hubo diferentes
irregularidades, pero la más grave fue el extravío
del expediente y las autoridades federales lo
culparon a él de ser responsable de la sustracción
del documento. Al final, comprobó su inocencia,
pero el expediente nunca apareció.
En 1998, mencionó, tres ejidatarios iniciaron otro amparo,
el cual no siguió su curso debido a diferentes
movimientos en la dirigencia del ejido, pero ese
mismo año iniciaron el juicio 539/98, que por
fin les daría el triunfo. La justicia federal
ordenó la restitución de los predios y no se concretó
debido a que la vialidad ya había sido construida.
“Si hubiéramos sido obcecados se tendría que haber
derribado las construcciones, pero no se hizo
y promovimos un incidente sustituto de ejecutoria
para que nos pagaran por la tierra”, puntualizó.
Hasta la fecha, afirmó, ha habido unos 30 peritajes sobre el
valor de las tierras, pero “la justicia no ha
sido equitativa”, ya que la valuación realizada
por la Procuraduría General la República (PGR)
no incluyó algunas especificaciones importantes.
El precio real de las tierras, añadió, es de 90
millones de pesos, pero el tribunal lo fijó en
77 millones. Además, la indemnización no incluye
los gastos por el juicio ni los honorarios de
los abogados.
Ahora bien, asentó el asesor jurídico, debido a que las autoridades
municipales han incurrido en una demora para el
pago, varias leyes aprobadas a finales de 2005
plantean la posibilidad de cobrar intereses si
existe la retención de un pago; de ahí que la
cifra que deben pagar a los ejidatarios asciende
a 82 millones.
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