CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
31 DE AGOSTO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Amenaza
caos en el Informe
Advierte PRD: no habrá ceremonia. Recomienda
el PRI a Fox no dar discurso; plantea
PAN defender al Presidente.
Dejan
en suspenso ceremonia del Informe
Fox no debe acudir: PRI y PRD; caben
todas las posibilidades: AN.
Se dejará
una economía sólida: Gil Díaz
Terminará este sexenio con un crecimiento
de 4.2%, proyecta.
Crecerá
la economía 4.2% este año: Gil Díaz
Habrá ingresos abundantes; prevé recursos
extra por 260 mil mdp.
Oscura
trama en el asesinato de alto mando
de ISOSA
Fue un ''ajusticiamiento claro'', sostiene
Joel Ortega
Entregue
su sexto Informe y váyase, pide el
PRI a Fox
El PRD asegura tener 10 formas de impedir
que el Presidente dé su mensaje
Sí voy:
Fox
El presidente Vicente Fox planteó ayer
a su gabinete legal y ampliado que
acudirá a San Lázaro.
Prensa
mundial repudia el berrinche de AMLO
“Destructivo intento de golpe de López”:
Los Angeles
Times.
Leeré
mi Informe en el Congreso: Fox
Asegura que cumplirá con su deber y
pide responsabilidad a legisladores.
Caja Chica
de Fox: 190 mil mdp
en fideicomisos sin rendir cuantas
La opacidad privó en este sexenio,
al amparo del secreto fiduciario:
Senado.
Sector agrario
Manifestación pacífica de habitantes de Puerto
Arturo. (Diario de Quintana Roo,
Tony Blanco,
p.web)
José Maria Morelos,
30 de agosto.- Una protesta pacífica en el Palacio Municipal y una reunión
con autoridades municipales, Ministerio
Público, Derechos Humanos, y Procuraduría
Agraria, fue el inicio para la
búsqueda de una solución pacífica
del grave conflicto que se vive en
la comunidad Puerto Arturo, sobre
el presunto abuso de la familia Pacheco
Poot en
contra de la población. Más de un
centenar de habitantes de Puerto Arturo
arribaron a la cabecera municipal
desde la mañana de ayer, y se reunieron
frente al Palacio Municipal protestando
con carteles y exigiendo a las autoridades
correspondientes, la expulsión inmediata
de los integrantes de esta familia
que resultan un verdadero dolor de
cabeza y un serio peligro para el
resto de la población.
Una comisión encabezada por el comisariado de la comunidad Miguel Canté Chuc y el delegado Mario Meza Chan,
fueron recibidos por el Edil Pedro
Pérez Díaz, la sub
procuradora de justicia de la Zona
Centro, María Jesús Loeza
Cachón, el agente del Ministerio Público,
Cipriano Soto Ochoa, el comandante
de Seguridad Pública, Germán Pineda
Castillo, el representante de Derechos
Humanos, Evelio
Calderón García, el jurídico de la
Comuna Alberto Palma, el secretario
de la Comuna Antonio Flota y de la
Procuraduría Agraria, Brenda Sosa
Herrera. Mientras decenas de personas
esperaban abajo con su protesta pacífica,
los integrantes de la comisión manifestaron
ante las autoridades mencionadas y
a los distintos medios de comunicación,
que ya están hartos de la presencia
de esta familia compuesta por 5 hermanos,
dos de ellos actualmente en la cárcel
y exigieron su inmediata expulsión
del poblado.
Entre las mujeres presentes recordaron que parece
una burla que no les hagan caso a
sus demandas por parte de las autoridades,
ya que al parecer las quejas en contra
de esta familia no proceden y por
eso se siguen burlando de la gente
del pueblo, por lo que advirtieron
de que ya no van a tolerar más actos
que atenten contra la seguridad de
la población. En este sentido dijeron
que de no poner un alto a estos atropellos
por parte de las autoridades responsables,
no les quedará más remedio de que
el ejido va a tomar justicia por sus
propias manos, tal y como pasó el
domingo pasado cuando atraparon a
Samuel Pacheco, y advirtieron que
de no proceder su demandas esto podría
terminar en fatales consecuencias
y sobre advertencia no hay engaño.
Los inconformes recordaron que desde
que esa familia llegó a establecerse
en el poblado, han sido señalados
en múltiples ocasiones de varios robos,
agresiones, amenazas con armas, amenazas
de hechizos y hasta una violación,
pero que no se explican cómo es que
las autoridades los dejan libres luego
de unos días.
Ante esta situación los habitantes exigieron
en ese momento que sean llamados para
que se les invite a retirarse del
lugar por la buena, sino tendría que
ser de otra manera, ya que no pueden
esperar mas tiempo y dieron como plazo
24 horas para que se resuelva el problema
por la vía pacífica, de no lograrlo
ellos mimos lo harán por sus propias
manos. La familia indeseable está
encabezada por Manuel Jesús Pacheco
Ortiz padre de los hermanos, Manuel,
Ismael, Carlos, Samuel y Francisco,
todos dedicados cometer delitos en
la comunidad, Manuel está aún en la
cárcel pero saldrá en breve, y Samuel
que apenas fue consignado el domingo
podría salir libre bajo fianza.
Los habitantes de Puerto Arturo viven un verdadero
clima de terror e inseguridad mientras
esta familia siga en el lugar, ya
que todos saben que son conflictivos
y cuando están bajo los efectos de
alguna droga, cometen robos y agresiones,
incluso sacan armas a relucir, los
niños y mujeres ya no pueden transitar
con tranquilidad en las calles y los
padres de familia que salen a trabajar
al campo temen por la vida de sus
familiares.
La sub procuradora
de Justicia, María Jesús Loeza
Cachón, manifestó durante su intervención
que a esta familia no se le puede
sacar por ninguna autoridad porque
tienen su derecho, aunque se podría
buscar otros mecanismos para invitarlos
a dejar el poblado. Las autoridades
presentes mencionaron varias opciones
para que esta familia abandone el
poblado, una de ellas que se les pague
sus tierras aunque nadie cuenta con
recursos para hacerlo, la otra opción
fue que las autoridades pidieron un
límite de tiempo para solucionar de
manera pacífica con el padre de los
5 hermanos conflictivos, y por último
que se ratifiquen todas las denuncias
en contra de ellos para darles seguimiento.
Al término de la reunión, la comisión
abandonó el lugar pero no salieron
satisfechos, sin embargo confiaron
una vez más en las autoridades para
que se busque una solución pacífica
a este conflicto.
Además de todos estos abusos de esta linda familia,
los habitantes mencionaron que son
productores de marihuana, ya que en
una ocasión se encontró dentro de
sus parcelas más de 30 plantas de
la hierba, según para su consumo,
y recordaron que lo peor de todo es
que el mismo padres solapa y defiende
a capa y espada a los angelitos de
sus hijos, ya que saben como defenderse,
tanto así que en una ocasión lapidaron
a un joven, y este al poner su demanda,
resultó él ser el causante del conflicto
y tuvo que pagar una multa, un caso
para Ripley.
Mientras no se logre un solución pacífica
es un hecho que este conflicto podría
terminar con muertos, pues un campesino
recordó el lema de que “muerto el
perro se acabó la rabia”, y de ahí
que dieron un plazo a las autoridades
para resolver el asunto, de lo contrario
está previsto de que en breve se podría
dar a conocer una noticia con fatales
consecuencias, tal como los linchamientos
que se suscitaron en centro
del país.
Retienen a trece policías por conflicto agrario,
en Guerrero. (La Jornada, Sergio Ocampo,
p.web. /Información
también publicada en El Día, p.7).
Chilpancingo, Gro., 30 de agosto.
Aproximadamente 500 indígenas de La
Sabana, comunidad del municipio de
Tlacoapa, mantienen retenidos a 13 agentes de la policía preventiva
estatal desde el domingo pasado; los
labriegos demandan a los gobiernos
estatal y federal que solucionen el
conflicto agrario que enfrentan con
sus vecinos de Moyotepec,
del municipio de Malinaltepec, en la zona de la Montaña Alta, con quienes se
disputan 456 hectáreas.
Encabezados por Ismael Galeana Sixto, comisario de bienes comunales,
los campesinos advirtieron al delegado
de Gobernación del estado en la región
de la Montaña, Jorge Rodríguez Ponce,
que no dejarán libres a los policías
hasta que no se presente a la zona
de conflicto los secretarios de Gobierno,
Armado Chavarría
Barrera; de Reforma Agraria, Abelardo
Escobar Prieto, y de Protección
Ciudadana, Heriberto Salinas Altés.
Reportes extraoficiales indican que los comuneros tienen en
su poder 13 rifles R-15, propiedad
de los agentes retenidos, cuatro patrullas
de la Secretaría de Seguridad Pública,
así como al coordinador de la corporación
en la región de La Montaña, el capitán
retirado Juan Gatica Mayo. Los policías retenidos se encuentran en la comisaría
municipal de La Sabana y no han sufrido
daño.
Diario Oficial. (Notimex, p.web)
La Secretaría de la Reforma Agraria publica el Aviso de deslinde el predio
de presunta propiedad nacional denominado
Las Campanas del municipio de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Comuneros “documentan” que el padre de Fox recurrió
a EU para no entregar tierras. (La Jornada,
Martín Diego Rodríguez, p.web).
Rancho San Cristóbal, Gto., 30 de agosto. La historia documental presentada por
comuneros del ejido San Cristóbal
por el conflicto de tierras en esa
ranchería del municipio de San Francisco
del Rincón, confirman que José Luis
Fox Pont, padre del presidente Vicente Fox Quesada, pidió protección
a la embajada de Estados Unidos, por
ser ciudadano de aquella nación, para
no acatar la resolución presidencial
que dotaba de tierras a los ejidatarios.
Otro documento detalla que la hacienda
San Cristóbal fue fraccionada por
18 ciudadanos estadunidenses,
entre ellos el padre del presidente
de México, para evitar la expropiación
en favor de los sancristobalenses.
Según un documento enviado el 28
de diciembre de 1940 al delegado del
Departamento Agrario bajo el expediente
8617, José Luis Fox Pont
pidió la protección del gobierno estadunidense
para no acatar la resolución presidencial
de 1937, donde el presidente Lázaro
Cárdenas del Río dotó de predios propiedad
de la familia Fox a los comuneros
de San Cristóbal.
El documento, cuya copia tiene
La Jornada, dice: "el
C. jefe de la oficina de Rentas de
San Francisco del Rincón, en nota
número 786, Exp. 1.08.40 del 27 del
actual, dice a esta administración
general lo siguiente:
"El señor José L. Fox Jr. (apartado No. 34-León, Gto.)
en carta
que dirije
(sic) a esta oficina, dice lo siguiente:
"me han comunicado que usted
ha llamado por teléfono recordando
el pago de las contribuciones.
"El 29 de octubre p.p. los ejidatarios de San Cristóbal y El Desagüe obtuvieron
una orden para que se les dieran tierras
donde ellos quisieran, de lo que fue
hacienda de San Cristóbal.
"Dado que esta orden era contra
toda razón, pues los ejidos dados
están en planos aprobados y en las
fracciones que nos quedaron tenemos
certificados, entrevistamos al C.
Gobernador del Estado y fuimos a la
Embajada Americana en México gracias
a lo cual logramos que dicha orden
no se llevara a cabo. El Ing. González,
de la Brigada Agraria de León, estuvo
aquí los días 16 y 17 del presente
para llevar a cabo el deslinde definitivamente,
el cual no llevó a cabo por oposición
de los ejidatarios, como ya en ocasiones
anteriores ha sucedido.
"Estando en situación tan
anormal no me conviene, como vulgarmente
se dice, meter dinero bueno al malo,
y ese es el motivo por el que no les
he remitido las contribuciones."
El documento, firmado por Francisco
Alvarez
Jr. transcribe
las palabras del padre del Presidente
respecto del conflicto de tierras
en aquella localidad.
Pero también un telegrama enviado
el 14 de marzo de 1940 al secretario
general del Departamento Agrario,
Clicerio Villafuerte, detalla que
la propiedad de San Cristóbal pertenece
a José L. Fox (padre del presidente
de México) y otros 18 individuos de
nacionalidad estadunidense,
en la que aparecen seis propietarios
de apellido Fox, por lo que al contar
con protección del gobierno de Estados
Unidos, pedían estar exentos de la
resolución presidencial de 1937.
Enseguida se detalla que 3 mil
940 hectáreas eran propiedad de: Andrew
J. Walber, James Andrew Pape, Luis
A. Fox, Eduardo L. Fox, John
Walber,
Bryant Butterfield,
J.A.Brett Jr., George P. Kerl, M. Condon Kerl, L.W.
Kerl, D.
Kent, Pape,
Martha C. Fox, Ma.
Luisa Jones,
Ana Ma.
Fox, Bertha
Fox y José L. Fox Jr,
este último es quien estaba ya casado
con Mercedes Quesada Echaine,
quien era originaria de San Sebastián,
en el País Vasco y, para entonces,
habían procreado ya a sus hijos José,
Cristóbal, Javier, Juan Pablo, Martha,
Susana y Vicente, quien para entonces
tenía dos años de edad.
Dispuestos a todo por su tierra en Moyotepec. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
Malinaltepec, Gro., La
comunidad de Moyotepec
ha sido históricamente señalada por
ser una de las pocas comunidades de
La Montaña de Guerrero que tiene a
hombres bravíos, de temple y dispuestos
a todo con tal de defender lo suyo
y sobre todo defenderse si se sienten
agredidos.
Novedades Acapulco tuvo acceso a esta comunidad que disputa
con El Capulín 456 hectáreas de tierras
fértiles para sembrar y que le fueron
otorgadas a Moyotepec
por un decreto presidencial que data
desde 1883, es decir, desde hace 123
años en los que se han registrado
desalojos y enfrentamientos armados
por tres generaciones.
A tres horas de camino, la mitad de terracería,
procedentes del municipio de Tlapa
de Comonfort -corazón de La Montaña
de Guerrero-, esta comunidad se desenvuelve
con la cotidianidad “normal, pero
con cierta zozobra por los últimos
acontecimientos violentos recientes
en los que se han visto involucrados
centenares de personas.
Luego de la travesía por un tramo de la carretera Tlapa-Marquelia y de pasar el entronque que conduce al municipio
de Malinaltepec,
al llegar a Moyotepec
se puede observar en el acceso principal
a la comunidad una cerca que es cerrada
cuando cae la noche y donde se instalan
docenas de campesinos para evitar
cualquier incursión que ponga en riesgo
a sus familias.
En la comisaría municipal, de inmediato salen campesinos armados
con escopetas y rifles calibre 22
y exigen identificaciones oficiales
a las personas extrañas que llegan
al lugar. Además solicitan no fotografiar
rostros de las personas y tras un
permiso concensado
entre integrantes de la comisaría,
Policía Comunitaria y vecinos del
lugar se puede realizar cualquier
tipo de actividad. Si no hay aprobación
las personas tienen que irse lo más
pronto posible para no ocasionar ninguna
provocación.
Fue así como este rotativo pudo tener acceso a Moyotepec, donde el sábado pasado les fueron destruidas a
sus campesinos alrededor de 800 hectáreas
de milpas de maíz, sembradíos de frijol y calabaza por parte de habitantes de anexos y comunidades
pertenecientes a Tlacoapa.
El comisario municipal, Marcelino Ramírez Reyes, dio todas
las facilidades a este medio informativo
para constatar la destrucción de la
milpa y externo su preocupación porque
es el único sustento de cientos de
campesinos que ya no tendrán otra
alternativa económica hasta el próximo
ciclo agrícola.
Previa acreditación, Novedades Acapulco logró obtener el punto
de vista de los comuneros que en algunas
ocasiones hablaban en tlapaneco para poderse comunicar cosas que no querían revelar;
sin embargo, el punto medular de sus
observaciones se basaba en que están
dispuestos a dar la vida para defender
su tierra.
Ramírez Reyes añadió que no se trata de medir fuerzas de quien
es más bravo “porque nosotros somos
los más bravos. No nos rajamos” dijo,
sino que se emita lo más pronto posible
una resolución que distribuya de manera
equitativa las tierras a pesar de
que a Moyotepec
por ley le corresponden las 456 hectáreas.
Una veintena de personas que se congregaron en la Comisaría
Municipal pedían la palabra y coincidían
con su autoridad local.
“Mire señor, que nos den la mitad de las tierras y la mitad
para ellos (El Capulín) y nosotros
aceptamos. Queremos que se termine
esta disputa y no queremos dejárselas
a nuestros hijos”, señaló uno de ellos.
Mientras que otro campesino recriminó la postura de Tlacoapa, cuyas comunidades involucradas se niegan a aceptar
una división en partes iguales “y
quieren todo para ellos. Lo justo
es la mitad”.
De ahí iniciaron los comentarios en torno a su defensa, e incluso
sugerían el retiro de la Policía Preventiva
del Estado (PPE) y de la Policía Federal
Preventiva (PFP) destacados en la
zona de Tlacoapa
a fin de que “nos echemos un tiro”,
es decir enfrentarse abiertamente
entre ambos bandos “sin que nadie
se meta”, decía otro.
Poco a poco llegaban más personas a escuchar la plática en
donde dijeron que también las mujeres
están dispuestas a luchar por su patrimonio
en caso de que no sea respetada la
resolución que emitirá próximamente
el Tribunal Superior Agrario (TSA)
en torno a este conflicto.
Tras la exposición de sus inconformidades, una comisión escolta
señaló las zonas que fueron devastadas
el fin de semana pasado y que forman
parte de las 456 hectáreas en disputa,
pero se trataba de sembradíos de maíz
cosechados por Moyotepec.
A pesar de que fueron agredidos en su patrimonio, dijeron,
no hubo ninguna respuesta de represalia
con el ánimo de no avivar aún más
la problemática que se ha recrudecido
en los últimos meses.
“No vamos a responder”, dijo el comisario municipal Marcelino
Ramírez Reyes.
Servicios en normalidad
En Moyotepec sí hay clases en los
tres centros educativos que hay en
el lugar. Un Colegio de Bachilleres,
la escuela secundaria Moisés Bruno
García y en la primaria Vicente Guerrero.
En esta última formaron a los alumnos
para constatar que se trabaja con
“normalidad”, según dijeron algunos
profesores.
Pero también hubo aseveraciones en torno a la preocupación
del cuerpo de profesores y de los
padres de familia sobre el conflicto
agrario en los que se han utilizado
armas de fuego poniendo en riesgo
a los niños.
Tal es el caso de la maestra Felícitas
Mateos Pérez, quien recriminó la actitud
de “los de Tlacoapa”
que han disparado en la madrugada
sin medir las consecuencias en caso
de que resulte herido algún niño o
cualquier persona.
Su inconformidad giró en el sentido de que constantemente están
siendo bloqueadas las vías de comunicación
“y no dejan pasar a nadie”.
“No sabemos qué puede suceder en caso de un enfrentamiento.
Usted ve que aparentemente vivimos
en una situación normal, pero hay
ausentismo de los niños ya que no
duermen por las noches por la psicosis
de que puedan llover otra vez los
balazos como el sábado (pasado)”.
En el mismo sentido se refirió la profesora Teodulfa Cruz Tito, quien afirmó que “los niños andan con
temor y sus padres resguardan la zona
escolar mientras estamos en clases”.
Urgen a que se de la resolución del TSA
El comisario municipal, Marcelino Ramírez Reyes, urgió al Tribunal
Superior Agrario (TSA) informe lo
más pronto posible su resolución para
que Moyotepec
se repliegue en base a los conceptos
que se emitan en el dictamen sobre
la posesión de las tierras.
“Queremos que nos informen al respecto. Que ya nos den la solución
a esto que se ha venido prolongado
por mucho tiempo”, concluyó.
Recomiendan que Evencio Romero no
vaya a la zona
Poco antes de que Novedades Acapulco saliera de Moyotepec, los comuneros afirmaron que el líder de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) en la entidad,
Evencio
Romero Sotelo,
ha asesorado a la gente de Tlacoapa.
Incluso Marcelino Ramírez señaló que el alcalde de Tlacoapa, Lorenzo Arce Tamarit,
está desviando recursos públicos para
pagar el asesoramiento del líder cenecista y que equivale a 30 mil pesos mensuales.
“No queremos verlo por acá. Si entra ya no sale porque es un
asesino. Mandó a destruir nuestra
milpa y eso es una agresión directa
a los campesinos aquí en Moyotepec
y en donde sea”.
Los habitantes de Moyotepec recomendaron
salir “temprano”, alrededor de las
14:00 horas, de esa zona a fin de
que no hubiera complicaciones en el
camino, sobre todo por la lluvia que
se registró durante el transcurso
del día y que imposibilitaba cada
vez más el acceso a la zona de La
Montaña alta de Guerrero.
TLAPA DE Comonfort, Gro., Más de
4 mil indígenas tlapanecos
de las comunidades de El Capulín y
La Sabana, municipio de Tlacoapa;
así como de Moyotepec,
municipio de Malinaltepec,
se encuentran replegados y listos
para actuar a cualquier agresión con
armas de fuego, machetes y palos en
caso de cualquier provocación por
la disputa de 456 hectáreas de tierra.
Los indígenas de la zona en conflicto experimentan la violación
a los derechos humanos, ya que no
cuentan con servicios médicos, escuelas,
transporte público y telefonía rural,
informó el presidente del Centro de
Derechos Humanos “Tlachinollan”,
Abel Barrera Hernández.
Consultado sobre la perspectiva de Tlachinollan
en torno a la disputa de tierras en
Moyotepec
y El Capulín, el antropólogo aseguró
que “en este conflicto está a punto
de romperse el hilo que podría desencadenar
violencia” con saldos trágicos y “en
buen número”.
Aseguró que directamente unos dos mil comuneros de las tres
comunidades se encuentran vinculados
directamente con guardias permanentes,
retenes de revisión, comisiones específicas
de trabajo y otras acciones que tienden
a la defensa de sus derechos por la
tierra.
“Yo creo que contemplando que el municipio de Tlacoapa ha tomado la decisión como municipio con todos sus
anexos y sus comunidades, yo creo
que estamos hablando de más de dos
mil gentes decididas a defender su
tierra. Aunque Moyotepec
es más chico, también con otros anexos,
pueblos y comunidades igual, estamos
hablando de 4 mil personas involucradas
en el conflicto para defender la tierraÓ.
Hombres y mujeres, que según insistió el presidente de Tlachinollan, están decididas a perder la vida por defender
algo que dicen les pertenece legítimamente
y por lo que han estado luchando desde
hace más de un siglo.
Abel Barrera afirmó que ha sido tal el grado de desinterés
por partes de las autoridades agrarias
y del gobierno de Guerrero para estar
más cerca del conflicto a fin de terminar
con el en la zona y no en las oficias
gubernamentales, que ya se puede hablar
de personas fu” armas de fuego. Sabemos
que está situación ha dado para todo.
La gente tiene que defenderse. El
campesino de La Montaña usa sus escopetas
y machetes, pero también sabemos que
este tipo de conflictos hace que la
gente busque de diferentes modos y
canales armas de fuego que permitan
una confrontación de alto nivel y
eso para nadie es un secreto”, dijo.
Tlachinollan estima que en el área del conflicto
agrario están cerradas alrededor de
30 escuelas, tres centros de Salud
y una clínica integral comunitaria.
Por ello habló Abel Barrera Hernández de una violación “sistemática”
a los derechos humanos de los indígenas
al prohibírseles el derecho a la educación,
a la salud, al transporte e incluso
a la telefonía rural ya que muchos
de sus familiares se encuentran trabajando
en la Unión Americana.
“El derecho a la educación, al libre tránsito, al acceso a
la salud, acceso a la justicia, son
derechos que están cancelados por
la situación límite del nivel de conflictividad
social que se vive y entonces en un
foco rojo para la autoridad que es
la que debe proteger los derechos
de todos los ciudadanos.
“En término de la vigencia de las garantías constitucionales
y los derechos básicos están siendo
cancelados (...) Esta situación se
debe precisamente a la situación límite
donde se están vulnerando derechos
de terceros”.
Se está dejando crecer el conflicto al grado tal -aseveró-
que hay una descomposición de la vida
comunitaria porque ya la gente ya
no piensa en mandar a los hijos a
la escuela, en salir a trabar tranquilamente
al campo. Sino que está pensando en
cómo resguardarse del adversario y
cómo tienen que atrincherarse en el
cerro para poder esperar lo último,
el enfrentamiento.
Señaló que como Centro de Derechos Humanos han planteado la
necesidad de abrir las negociaciones
por la disputa de las 456 hectáreas
de tierra a las comunidades. Es decir,
que no nada más las autoridades y
los representantes comunales participen
en las reuniones con las autoridades
agrarias, sino que las mesas negociadoras
se realicen en las comunidades, aunque
justificó el temor de llegar a ser
retenidos en caso de que haya desacuerdos.
La primera semana tras el inicio del Tercer Periodo Ordinario
de Sesiones en el Congreso local,
enviará a la zona del conflicto entre
El Capulín y Moyotepec
-región de La Montaña- a una comisión
legislativa especial que dará seguimiento
puntual al conflicto agrario por la
disputa de 456 hectáreas de tierras.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Asuntos
Políticos y Gobernación de la 58 Legislatura,
Ernesto Fidel Payán
Cortinas, quien agregó que se encuentra
listo un dictamen para la conformación
de la Comisión Especial de Asuntos
Agrarios y Límites Territoriales y
que sólo están por definirse los nombres
de los diputados previo consenso de
las fracciones parlamentarias acreditadas
en el Congreso guerrerense.
“... Ya tenemos el dictamen para la primera semana y presentar
al pleno del Congreso la aprobación
de la Comisión Especial de Asuntos
Agrarios y Límites Territoriales.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo
debido a que son conflictos que se
tienen que atender de manera urgente
y que el Congreso tiene que estar
presente. Pero decimos que tiene que
estar esta Comisión Especial de Asuntos
Agrarios”.
Entrevistado en su despacho del edificio legislativo en torno
al conflicto agrario en la zona de
La Montaña entre comunidades de Malinaltepec (Moyotepec) y Tlacoapa (El Capulín), el diputado por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) lanzó un exhorto
al secretario general del Gobierno
de Guerrero, Armando Chavarría
Barrera, para que envíe seguridad
pública a ambas zonas que se disputan
la tierra luego de que el sábado pasado
se registró una intercambio de balazos
de más de cinco horas en los terrenos
que se disputan.
Particularmente sobre este conflicto agrario, Payán Cortinas reconoció que el caso no ha llegado a la 58
Legislatura, por ello reiteró que
es urgente la aprobación de la nueva
comisión especial antes de que se
lleguen a hechos que enluten a familias
indígenas de La Montaña.
También exhortó al Tribunal Superior Agrario (TSA) para que
emita el fallo que detalla en base
a información proporcionada por la
delegación estatal de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) a
fin de que se de por concluido este
conflicto que data desde hace 123
años.
“Debe haber seguridad para todas las partes, la Secretaría
de Gobierno mientras el TUA resuelva.
Mientras se dan las mesas de trabajo.
Lógicamente es preocupante que no
se esté dando la atención que se requiere
en estos conflictos”, concluyó el
diputado.
TLAPA DE Comonfort, Gro., Este martes
12 elementos de la Policía Preventiva
del Estado (PPE) y su coordinador
regional cumplieron 96 horas de permanecer
retenidos en la comisaría municipal
de La Sabana, municipio de Tlacoapa,
perteneciente a la región de La Montaña
de Guerrero.
La coordinación regional de la PPE con sede en esta cabecera
municipal, informó que los campesinos
de La Sabana exigieron el intercambio
de los retenidos por la presencia
del titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) del Gobierno
de la República, Abelardo Escobar
Prieto y del secretario general del
Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría
Barrera.
Personal de la coordinación regional de la también llamada
Policía Motorizada que se negó a proporcionar
nombres y rangos, dieron a conocer
que sus compañeros retenidos no han
sido objeto de ninguna agresión física
por parte de los comuneros que los
retuvieron a partir del sábado pasado.
Afirmaron que las armas tipo AR-15 que portaban los policías
al momento de ser retenidos se encuentran
en una vivienda particular muy cerca
de la comisaría municipal de La Sabana.
También dijeron que los 12 policías y su coordinador Juan Gatica Mayo, tienen acceso a todos los servicios.
“Se salen a bañar, les dan de comer y cuando tienen que hacer
sus necesidades deben ir escoltados
por unas 10 personas que traen machetes
y palos a fin de que no se vayan a
ir del lugar”, indicaron los informantes.
Aunque aseguraron que ninguno de los retenidos tiene la intención
de provocar a los campesinos porque
podría acarrear consecuencias graves
por parte de las más de 300 personas
que resguardan la comisaría municipal,
encabezados por el comisariado
de los bienes comunales de La Sabana,
Ismael Galeana Sixto.
Cabe mencionar que una comisión de funcionarios públicos, encabezada
por el delegado de la Dirección Estatal
de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce,
bajó de la zona alta de La Montaña
el día de ayer (martes) para dar aviso
a las autoridades correspondientes
sobre las peticiones de los campesinos
para lograr la liberación de los 13
policías, donde se corrobora la petición
de que visite la zona en conflicto
entre El Capulín y Moyotepec, el titular de la SRA federal.
CHIAPAS
Investigan los planos de creación de lsla Mujeres en el RAN. (Diario de Quintana Roo, Manuel Valdez, p.web).
Isla Mujeres.- De manera tajante el sindicato de taxistas
“Gustavo Díaz Ordaz” de Isla Mujeres,
rechazo el que se de una nueva reforma
sobre los limites municipales entre
Benito Juárez e Isla Mujeres, debido
a que de manera ventajosa el municipio
vecino se apropia del municipio isleño.
En conferencia de prensa el líder de los taxistas Eduardo Peniche Rodríguez, acompañado del abogado del gremio, califico
como una burla el proceder de las
autoridades de Benito Juárez, y es
momento de que los isleños tengan
conocimiento y levanten la voz para
no permitir que Isla Mujeres continúe
perdiendo territorio. Explico que
luego de una serie de investigaciones
en las que autoridades vecinas e isleñas
prácticamente les negaron acceso a
los planos de creación y/o Origen,
lograron obtener información en la
dependencia del Registro Agrario
Nacional (RAN). Fue entonces cuando
descubrieron que el poblado de Isla
Mujeres abarcaba hasta la avenida
López Portillo, de acuerdo a la resolución
presidencial de fecha 3 de septiembre
de 1937 por no existir inconformidad
de los núcleos agrarios.
Peniche Rodríguez agrego que evidentemente
al paso de los años Benito Juárez,
continúa apropiándose indebidamente
de territorio de Isla Mujeres ya que
a la fecha se han pronunciado dos
decretos y al parecer se pretende
un tercero. Expresó que el gremio
exige que se continué respetando el
decreto en el que el limite municipal
isleño llegaba hasta las torres ya
que de buena fuente saben que Benito
Juárez intenta promover otro para
correr su limite hasta 2.5 kilómetros
mas a dentro. Esta iniciativa ya la
tienen “fabricada” y aprobado por
el cabildo benitojuarences,
solo falta saber si el cabildo isleño
lo aprobara, ya que al no haber inconveniente
por alguna parte, el Gobierno del
Estado a través del congreso lo consuma.
Enfatizo Eduardo Peniche
Rodríguez.
En este sentido hizo un llamado a los regidores del municipio
para investigar más sobre el tema,
debido a que esto inicio con la creación
del nuevo relleno sanitario el cual
se han gritado a los cuatro vientos
que se encuentra en territorio de
Benito Juárez, cuando en realidad
sigue estando dentro de Isla Mujeres,
además de que no se les permite laborar
en espacios que como sindicato de
taxistas les corresponde. Dijo que
lo único que hicieron las autoridades
vecinas es certificar un nuevo plano
de medidas territorios a su conveniencia,
expropiando nuevo espacio de territorio
haciendo pensar que el nuevo relleno
se encuentra dentro de sus límites,
cuando en realidad continua en territorio
isleño. Enfatizo que el único interés
del sindicato en este caso es que
se respete la autonomía del
municipio y por supuesto pelear las
rutas que les corresponde cubrir ya
que de lo contrario en cada reforma
a los taxistas de Isla Mujeres los
restringen más.
Agregó que actualmente la zona continental del municipio existen
diversos problemas de índole social
que se van agravando como es el caso
del relleno sanitario; Villas Otoch
y el de los empresarios o propietarios
de de Isla Blanca, debido a que no
se encuentran precisadas las delimitaciones
de ambos municipios y del abandono
en el que se encuentra la zona continental.
Aseguro que toda esta problemática
los afecta directamente ya que se
vulnera el espacio en la cual laboran
sin que tengan el respaldo de autoridad
alguna. “Es evidente la existencia
de intereses de por medio respecto
al asunto que nos ocupa, nuestra postura
no es el de crear un conflicto social
sino de exigir respeto al espacio
en el cual laboran y del que dependen
muchas familias que habitan en la
zona continental, dejando en claro
que no estaremos dispuestos a permitir
que intereses políticos manipulen
las carencias de nuestra sociedad”
expreso el líder taxista. Para concluir
Peniche Rodríguez lanzo varias interrogantes como el de ¿Por
qué Isla Mujeres no pone resistencia
y permite que Benito Juárez avance
sobre ella?; ¿Qué recibe a cambio
nuestro municipio?; ¿Por qué en la
zona continental donde habitan más
de 8 mil ciudadanos solo existen dos
patrullas de transito?;¿Por
qué se celebran nuevos convenios?
A beneficio de ¿Quién?, respuestas
que esperan algún día obtener.
Hasta el 2007 pagará Corett
deuda a comuneros de Tejalpa. (Unomásuno Morelos, p.web).
Más de 37 millones de pesos tendrán que pagar la Comisión para
la Regularización de la Tenencia de
la Tierra (Corett)
a los comuneros de Tejalpa,
en el 2007, según palabras del propio
director general de la Comisión Estatal
de Reservas Territoriales (CERT),
Manuel Gracián
Quintero.
El terreno -que podría aumentar el monto-, cuenta con sólo
50 hectáreas consideradas como urbanas,
y la oferta que actualmente está haciendo
la Secretaría
de la Reforma Agraria de 17 millones
no será suficiente.
Gracián Quintero indicó que la oferta de la
SRA es únicamente por concepto de
950 hectáreas, no consideradas urbanas,
pero el precio se dispararía si se
toma en cuenta que este lugar está
siendo habitado.
“Como ya se sabe, en
el territorio en disputa existen asentamientos
humanos, por lo cual será Corett el encargado de indemnizar a los comuneros, como ya
ha sucedido en otros municipios”,
señaló.
Antecedente
En el año 2005 a los comuneros se les ofrecieron 37 millones
que no aceptaron en su momento, posteriormente
en este 2006 sólo se les concedieron
17 millones, entonces los ejidatarios
anunciaron que aceptarían los 37 de
2005, pero como el acuerdo no fue
realizado de manera oficial, las autoridades
se negaron a reconocer ese monto,
por lo que las inconformidades de
los ejidatarios salieron a flote.
El problema deriva de un conflicto limítrofe entre las comunidades
de Tejalpa
-en Jiutepec-
y Santa Catarina -en Tepoztlán-,
pero éste ya se resolvió mediante
la indemnización del gobierno a los
comuneros de Tejalpa, sin embargo el dinero ofrecido nunca se entregó.
Desde marzo de este año las manifestaciones, bloqueos y mítines
que han realizado los inconformes
han desembocado en que las autoridades
agrarias nieguen dar un peso más a
los 17 millones, cifra que no aceptarán
los campesinos.
Manuel Gracián Quintero consideró
que este asunto “ya sé esta tornando
un problema social –más que jurídico-,
de tal manera que Tejalpa
está en toda su libertad de aceptar
o no el ofrecimiento y seguir con
lo mecanismos que ellos crean más
prudentes.
Sector agropecuario
Campo y política no se mezclan: Mayorga. (Rumbo de México, p.7)
De ninguna manera se debe mezclar
la producción del campo con la política
pues tendrían malos resultados, señaló
el titular de la Sagarpa,
Francisco Mayorga. En entrevista,
el funcionario señaló que la siguiente
administración debe continuar sin
utilizar los programas para castigar
o premiar a las organizaciones por
su
preferencia política.
Organizaciones campesinas
Busca CNC crear seis nuevas leyes. (Unomásuno,
p.9)
La CNC inició los trámites legales
y legales para la creación de 6 nuevas
leyes que deberán ser aprobadas en
la 60 legislatura de la Cámara de
Diputados, así lo informó el diputado
César Duarte, quien señaló que estos
documentos se encuentran listos y
serán prontamente entregados a los
legisladores.
Prensa Estatal
SAN LUIS POTOSÍ
Ejidatarios de La Pila piden pago por expropiación
de tierras. (La Jornada, Hugo Becerra,
p.web).
Ahora hacen lo mismo, acusan.
Autoridades ejidales de La Pila exigieron información sobre
el pago de la expropiación de los
terrenos sobre los cuales se construyó
la carretera 57.
El consejo de vigilancia del núcleo agrario estableció que
nunca se le ha puesto en conocimiento
sobre qué tipo de procedimiento antecedió
a la desincorporación
de los terrenos del ejido sobre los
cuales se construyó la citada carretera.
Un representante del organismo indicó que ahora con la construcción
de los libramientos a Villa de Reyes,
Villa de Zaragoza, Lagos de Moreno
y Oriente, que se desarrollarán sobre
la carretera citada y en terrenos
aledaños sucede lo mismo, ya que no
han sido notificados de dichas obras
ni de la afectación a más tierras
ejidales.
Solicitaron que en caso de no existir una expropiación sobre
esos terrenos se les pague una indemnización
por la afectación a sus terrenos.
Por su parte el ejidatario Paulino Nájera
Arriaga
señaló que existe el rumor de que
el presidente Vicente Fox inaugurará
las obras citadas el próximo 5 de
septiembre. Dijo que personal de las
constructoras que ya trabajan en la
zona de la salida a la autopista a
Lagos de Moreno les pidieron que no
se manifestaran, que sólo hicieran
un escrito y que se lo llevaran ese
día al gobernador y al presidente.
“No sé por qué le tienen miedo a la gente, dijeron que si iba
gente que nada más podría arrimarse
a entregar el escrito el consejo de
vigilancia”, añadió.
Agregó que otro de los problemas es que las más de 200 hectáreas
del ejido que quedaron del otro lado
de la carretera son las más productivas
y es en donde siembran maíz, frijol
y alfalfa, por lo que requieren de
un paso a desnivel y que les expliquen
con quién trataron para construir
la carretera 57 y las nuevas vialidades.
“Somos los dueños del ejido y no sabemos nada”, refirió y sostuvo
que quieren un “diálogo con las autoridades
competentes”.