CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
29 DE AGOSTO DE 2006
OCHO COLUMNAS
Confirma el Trife ventaja de Felipe
Resuelve 375 juicios
de inconformidad: anulan 237 mil
votos a todos los candidatos.
Tribunal ratifica ventaja de Felipe
No hay cambio sustancia
con el recuento; anula 81 mil 80
votos al panista
y 76 mil 897 a López Obrador
Favorable sexenio para el sistema financiero
La recapitalización de la banca, de los mayores logros: Héctor
Rancel.
Confirma el Trife triunfo de Calderón
Resuelve recursos
de inconformidad sin modificar los
resultados del FE.
Abre el tribunal la puerta de Los Pinos a Calderón
Desecha, por improcedentes,
la mayoría de impugnaciones.
Ni dolo ni fraude: Tribunal
López Obrador desconoce
la resolución de los magistrados.
Tras el fallo del Trife, sólo 8% con AMLO
Encuesta de BGC,
Ulises Beltrán y Asociados la imagen
de López Obrador cae al nivel de
la de Madrazo antes del 2 de julio.
Fallas abogados del GDF en el tribunal: Felipe retiene ventaja
Los magistrados
rechazan juicios mal integrados;
anulan casi 250 mil votos.
Mantiene ventaja Felipe
Sin cambios significativos
en el resultado, concluye el TEPJF
revisión de impugnaciones.
“Palo” al Peje
Rechazaron los
magistrados la pretensión de contar
“voto por voto”.
Sector agrario
Reclaman propiedad del Paraje San Juan; la Corte
aún no define. (El Universal, Ella Grajeda, p.web).
Joaquín Patricio Ávila Luna, supuesto
propietario del Paraje San Juan,
predio ubicado en Iztapalapa
y donde viven 12 mil familias, presentó
ayer una demanda en contra del gobierno
del Distrito Federal y Enrique Arcipreste
ante el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal (TSJDF).
Con dos cajas llenas de documentos que contienen 171 anexos,
Ávila Luna pretende demostrar que
es el verdadero propietario del
Paraje y así poder cobrar la indemnización
que parte de una base establecida
preeliminarmente por las autoridades locales por 60 millones
de pesos.
Las autoridades judiciales están a punto de dar a conocer la
sentencia sobre a quien correspondería
pagar la indemnización de este predio
que el año pasado sirvió como base
para una solicitud de desafuero
al ex jefe de gobierno.
"Yo soy el verdadero propietario", insiste durante
una entrevista que concedió a EL
UNIVERSAL.
"Con esa denuncia voy a obligar a la autoridad para que
sancione a quienes se ostentan como
dueños del paraje, sobre todo a
Arcipreste, pues yo cuento con la
documentación que acredita mi propiedad",
subraya Avila Luna tras presentar la demanda en el juzgado 59 civil
que ingresó el trámite con el expediente
0691/2006.
Cuando inició el conflicto por el Paraje San Juan, en octubre
del 2005, el gobierno de López Obrador
detectó que había 10 personas que
se decían los verdaderos dueños.
Luego de pasar el caso por la Corte, finalmente la Secretaría
de la Reforma Agraria presentó
pruebas para demostrar que este
predio es propiedad de la nación
y no de particulares.
Pero un juzgado de distrito analiza si hay o no dueños. En
caso de acreditarse que no es un
bien nacional, se pagará 60 millones
de pesos al propietario. "Yo
incurriría en un delito grave si
miento", subraya una y otra
vez, Ávila Luna, quien ahora es
diputado local suplente por el PRD.
"Pido al juzgado de distrito que se abstenga de hacer
algún movimiento hasta que se aclare
realmente quien es el verdadero
dueño del Paraje".
Ávila Luna explicó que cuenta con un trato sucesivo de 1852
correspondiente al Paraje inscrito
en el Registro Público de la Propiedad.
"Voy a demostrar que los documentos de Enrique Arcipreste
son apócrifos. Voy a llegar más
allá porque voy a mostrar que su
papá, Arturo Arcipreste, ni siquiera
tenía personalidad jurídica en 1947",
indicó.
De acuerdo a fuentes de la Consejería Jurídica del Distrito
Federal, a finales de marzo depositó
60 millones de pesos como indemnización.
Por su parte, Carlota Botey, directora
de Regularización Territorial del
Distrito Federal, comentó que de
las 12 mil familias que viven en
el Paraje San Juan, sólo a 500 les
falta sus escrituras. "Nosotros
no hemos dado ningún título de propiedad",
subrayó.
Realizan plantones exempleados
del INEGI. (Proceso, José Palacios
Tèpate, p.web)
*Demandan su indemnización
Mérida, Yuc.- Cerca de un centenar
de exempleados
del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI)
realizaron hoy plantones en las
oficinas de esa dependencia, en
el local del PAN y en el Congreso
del estado, en demanda de sus indemnizaciones.
"Nos están engañando", afirmó Gilberto Enríquez
Soberanis,
líder local de la Coalición Nacional
de Trabajadores del INEGI, quien
añadió que, en 2000, 130 empleados
fueron despedidos injustamente y,
hasta ahora, no han sido restituidos
en sus cargos.
A las 8:30 de la mañana, con pancartas con leyendas alusivas
a "justicia ciega, sorda y
corrupta", los manifestantes
permanecieron durante media hora
frente a las oficinas del INEGI,
ubicadas en la calle 60, y luego
se trasladaron a la sede del PAN,
en la calle 58, donde obstruyeron
el tránsito y gritaron consignas
contra los dirigentes de ese partido,
debido a que tampoco cumplieron
su palabra de interceder a favor
de los desempleados.
Los extrabajadores laboraban
en diversas áreas del INEGI; la
mayoría estaba "en campo",
y algunos fueron trasladados al
Registro Agrario Nacional (RAN)
para hacer tareas de medición de
terrenos ejidales.
Soberanis dijo que los extrabajadores
tienen una antigüedad en el instituto
de 12 a 18 años de edad, y que podrían
alcanzar cada uno, si el juicio
los favorece, de 500 mil a 700 mil
pesos de indemnización.
En el ámbito nacional, el INEGI despidió a 2,300 empleados,
por lo que la manifestación fue
simultánea en 26 estados del país.
Luego, a las 10:30 de la mañana, los extrabajadores llegaron al recinto del Poder Legislativo,
donde entregaron un escrito al diputado
Luis Martínez Montoya, secretario
general del PAN, en el que recuerdan
los compromisos asumidos en la Legislatura
anterior, la cual envió un punto
de acuerdo a la Cámara de Diputado
federal.
No obstante, el asunto sigue pendiente.
Por medio de un altavoz, los extrabajadores
acusaron al presidente Vicente Fox;
al secretario de Trabajo, Javier
Salazar Sáenz, y a diputadas locales,
como Silvia América López Escoffié,
y exlegisladores,
como Gerardo Bolio Ocampo, de no
haberlos ayudado.
Anunciaron que viajarán a la capital del país para manifestarse
en ocasión del informe del presidente
Fox, este 1 de septiembre.
Ilícitos negocios sexenales en Yucatán. (Por Esto!, Edmundo Contreras, p.web).
Casos y Cosas.
En estos tiempos actuales, que
significamos constituyen la recta
final de la administración estatal
de Patricio Patrón Laviada,
resulta por demás evidente que las
autoridades han decidido lanzarse
con todo en la búsqueda de concretar
sus diversos propósitos de entredicho
que, dentro de un todo por demás
contrario a Yucatán, es innegable
nos presenta un apartado por demás
llamativo, el relativo a los ejidatarios
de la Entidad y sus tierras, mismas
que les son vil y frontalmente escamoteadas
por el gobierno en manos del panista.
En efecto, ha sido pues, este rubro
de los campesinos de Yucatán y sus
respectivas dotaciones ejidales
de tierras, comúnmente dotadas por
la vía del Decreto Presidencial
emitido para garantizarles su tenencia
y permanente propiedad, uno de los
que más "movimiento" ha
tenido en estos cinco años transcurridos
de la administración de Patrón Laviada, por las razones sabidas de que obtenerlas resulta
indispensable para darle curso a
los planes muy particulares del
Ejecutivo y de sus socios.
Planes que en los hechos ha quedado
en claro que no sólo resultan no
ser los más conveniente para Yucatán
y su derecho al desarrollo, que
en modo alguno se materializan a
favor de la Entidad y de su gente,
sino que por el contrario, hasta
acreditan daños y perjuicios superlativos,
cuya magnitud es minimizada al pretenderse
etiquetarlos como oficiales y con
presuntos objetivos positivos.
No obstante, finalmente es lo que
motiva estos trotes ilícitos de
las autoridades, que los planes
oficiales de Patricio Patrón Laviada
se asientan en monumentales dosis
de simulación gubernamental, pero
también en la parafernalia editorial
de sus voceros para ponderar bondades
que no se ven por ningún lado, misma
que conlleva el deleznable propósito
de tratar de convencer a la sociedad
de su procedencia, sin mayor sustento
que la "dorada conveniencia"
institucional de hoy: el ser parte
de los ilícitos negocios sexenales
del "cambio" en Yucatán.
Ilícitos negocios sexenales del
"cambio" en Yucatán, que
en este renglón de las tierras ejidales
que ha venido acaparando a lo largo
y ancho del territorio estatal con
base en engaños y manoseos legaloides
que cuentan con la complicidad de
las autoridades agrarias en el Estado,
nos entregan pruebas contundentes
de la felonía oficial y de que en
su consecución Patrón Laviada y asociados no se detendrán por nada y ante nada,
mucho menos lo que mande la Ley.
Pues, ¿de cuándo acá la Ley ha
sido respetada y acatada por Patricio
Patrón Laviada,
por sus operadores y por los corruptos
funcionarios del "cambio"
en Yucatán?
En la respuesta nos encontramos
el sustento a la realidad oprobiosa
para Yucatán que se tiene ahora,
esta del PAN en el Gobierno, que
se manifiesta esplendorosa, de nueva
cuenta, con los recientes sucesos
en la villa de Hunucmá
que se agregan a la cuenta del Ejecutivo,
pues es parte de esta escalada esquilmadora de tierras ejidales que se mantiene como el eje
de los ilícitos oficiales de la
administración de Patricio Patrón.
En donde, dentro de la trama espantosa
que ha sostenido e insiste en hacerlo,
para escamotearle a los ejidatarios
todas las extensiones posibles de
sus tierras, en las horas recientes
se han venido dando una serie de
acontecimientos que deben verse
como la confirmación de estos embates
oficiales sin precedente en la historia
de Yucatán.
Pero también, fundamentalmente,
como la mejor prueba de la desesperación
gubernamental ante la conclusión
de su período y la cada vez más
dificultosa concreción de sus planes
particulares, pues todo lo inherente
a esto de los terrenos para dotar
a terceros, extranjeros y "Amigos"
que, a su vez, son beneficiados
con concesiones poco lúcidas y menos
transparentes, responde a eso y
no a las conveniencias de Yucatán
y de los yucatecos.
Por eso es que ante la falta de
concreción de sus planes oscuros
y depredadores, que encuentra en
la resistencia legal y la razón
que asiste a los ejidatarios de
Hunucmá el más íntegro valladar, Patrón Laviada
recurre a sus testaferros en la
localidad y, con el deleznable apoyo
indebido e irregular de las autoridades
agrarias, copadas igualmente por
panistas, como Claudio Coello Herrera en la Procuraduría
Agraria, arremete de la peor
manera.
Azuzando a unos cuantos mareados
por el anti
Yucatán que han traicionado a sus
compañeros ejidatarios, y al Ejido
de Hunucmá
en sí, quienes incuso eligieron
a una nueva dirigencia ejidal que
ha sido agraviada por el gobierno
estatal como sucede ahora por mantenerse
no sólo ajena a los negocios de
entredicho en la materia, sino en
contra, para tomar por asalto la
sede del Comisariado
Ejidal.
Desde hace unos días inició esta
carga en contra de los ejidatarios
de Hunucmá,
misma que siendo encabezada por
quienes se aliaron con Patrón Laviada
para quedarse con los centenares
de hectáreas que le han escamoteado
al Ejido para el repudiado nuevo
aeropuerto que se pretende, como
parte de un todo a favor de intereses
y actividades ajenos y poco positivas
para la Entidad en su conjunto,
el domingo arrojó un episodio más
que confirma la desesperación oficial.
Debido a que el tiempo para lograr
que el asunto "pase" adelante
sin que lo note la sociedad se agota,
se reduce a un año apenas, de hecho
a casi 11 meses nada más, y no hay
margen para maniobrar como acostumbra
esta administración, no obstante
la complicidad de las autoridades
agrarias, cuyo silencio cómplice
avala estos probados
La CFE sigue en
Cacahuatepec y hay peligro de violencia, denuncian en el Tribunal
opositores a La Parota. (El Sur de Guerrero, Maribel
Gutiérrez, p.web)
Ante un nuevo magistrado del Tribunal Unitario Agrario, comuneros de Cacahuatepec opositores a la presa La Parota cuestionaron
que el juicio de nulidad de la asamblea
que aprobó la expropiación de las
tierras tenga que empezar de nuevo,
cuando ya lo habían ganado, y denunciaron
que mientras se alarga una resolución
legal definitiva, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) sigue entrando
al territorio de los Bienes Comunales
y sigue incitando a la violencia.
Ayer se celebró la audiencia del juicio abierto por la
demanda de los opositores a La Parota
de que se declare nula la asamblea
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
del 23 de agosto de 2005. El Tribunal
Unitario Agrario (TUA) había resuelto
el 17 de enero de este año anular
dicha asamblea, debido a múltiples
irregularidades. Sin embargo, la
parte demandada, que es el comisariado
de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
ganó un amparo para que comenzara
de nuevo el juicio, con el argumento
de que en el anterior no tuvo oportunidad
de responder a la demanda y defender
sus posiciones, debido a que había
recibido amenazas de los opositores.
En la audiencia, los opositores se encontraron con la
sorpresa de que el magistrado Juan
Rodolfo Lara Orozco, quien había
anulado la asamblea, fue sustituido
por Luis Ponce de León Armenta.
Antes de que el abogado de los opositores, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan,
presentara nuevamente la demanda
y la ampliara, el magistrado Ponce
de León se presentó y solicitó a
toda la comunidad: “cuiden su Tribunal,
que es el medio idóneo para solucionar
los conflictos”, aseguró que en
su labor se conducirá con objetividad,
y dijo que el Tribunal es autónomo
y “no acepta presiones de ninguna
especie y de ningún nivel de gobierno”.
Por la parte demandada estaban presentes los integrantes
del comisariado
de Bienes Comunales oficialmente
reconocido, encabezado por el presidente
Jesús Crisanto
Arellano, aunque no tiene el reconocimiento
de los opositores, que por su parte
nombraron un comisariado
paralelo con respaldo de la mayoría
de los pueblos Cacahuatepec.
Al comisariado le correspondía
responder a la demanda, pero el
abogado de Crisanto
pidió que se aplazara la audiencia,
pues necesitaba tiempo para estudiar
la demanda con su ampliación y darle
respuesta.
El magistrado acordó diferir la audiencia para el 25
de octubre.
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (Cecop),
Marco Antonio Suástegui,
manifestó su inconformidad cuando
el magistrado resolvió diferir la
audiencia, y dijo al magistrado:
“Así nos traen, aplazando la resolución,
¿cuándo se va a resolver?, ya estaba
resuelto a favor de nosotros, y
ahora un nuevo juicio. Mientras
la CFE sigue entrando a Cacahuatepec, sigue incitando a la violencia a la gente”.
Advirtió al magistrado: “Si usted
sigue aplazando la resolución, va
haber más muertos. Le informo que
ya ha habido tres muertos, ha habido
encarcelados entre ellos yo, hay
mucha gente que fue golpeada por
la policía. Llevamos tres años en
este conflicto cuerpo a cuerpo con
la policía, con el gobierno. El
magistrado anterior ya había dicho
que esa asamblea es ilegal. Venimos
de un pueblo marginado, a padecer
hambre y sed para defender nuestras
tierras”.
Dijo también que Crisanto “no
es el comisariado
de Cacachuatepec,
no vamos a permitir que se ostente
como comisario porque lo desconocemos”.
El magistrado dijo que no es su intención retrasar el
juicio, y explicó las razones formales
de la nueva fecha.
El comunero José Venus Hernández le pidió que dictara
las medidas cautelares poara
que quedaran suspendidas las obras
de la CFE mientras haya conflicto
en Cacahuatepec
y los ejidos de Los Huajes,
Dos Arroyos y La Palma, cuanto antes
“porque hay peligro de violencia”.
El magistrado dijo que después de que tenga la contestación
de la demanda por el comisariado,
resolverá si dicta las medidas cautelares
o no.
María Suástegui pidió: “que
se pare la CFE de estarnos hostigando,
es una cizaña que llegó a Cacachuatepec y nos dividió, pasó por mi parcela sin mi consentimiento
y me mandó un cheque de 4 mil pesos.
La CFE no nos respeta. Ya estamos
cansados, pdimos
que nos respete la CFE, por el amor
de Dios”.
Un comunero mostró un documento y dijo que es la invitación
que hizo la CFE a la asamblea del
14 de agosto y que ofreció 100 pesos
en pago para quien asistiera.
Formalmente la audiencia había terminado, pero los comuneros
opositores, el comisariado,
sus abogados, y el magistrado y
funcionarios del Tribunal seguían
en la sala. Suástegui pidió nuevamente la palabra y advirtió: “La Parota
es una papa caliente que dejaron
en sus manos. Pedimos que resuelva
conforme a derecho, vamos a pensar
que usted no se va a dejar influir
ni por el gobierno ni por el dinero.
Pero ningún magistrado va a resolver
nuestras vidas, somos 36 comunidades
y 17 mil hectáreas afectadas”.
Decenas de comuneros de Cacahuatepec
y ejidatarios de Los Huajes,
Dos Arroyos y La Palma, que se concentraron
durante la audiencia afuera del
Tribunal, para respaldar a sus representantes,
esperaban la salida del comisariado
oficial. Querían decirle a Crisanto
Arellano que no tiene derecho a
vender a la CFE las tierras de los
comuneros, y que no lo reconocen
en el cargo. Pero no pudieron, porque
Crisanto
pemaneció
dentro del Tribunal, y salió después
de que los manifestantes se habían
retirado.
Presentan más pruebas de que la asamblea fue ilegal
El abogado de los opositores a La Parota, Vidulfo Rosales, expuso en la audiencia las razones de la
demanda de nulidad de la asamblea
del 23 de agosto. Dijo que el comisariado de bienes comunales no publicó la convocatoria
para esa asamblea que se realizó
en San Marcos, ni para la previa
que se hizo en El Campanario el
14 de agosto, y amplío la demanda
con otras seis causas de nulidad.
Presentó oficios de 12 comisarios de poblados anexos
a los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
que afirman que en esos lugares
no se dio a conocer la convocatoria
a la asamblea. También, presentó
a cinco testigos a quienes les va
a preguntar si en sus comunidades
se publicó la convocatoria.
Además, pruebas de las violaciones a los derechos de
los comuneros opositores y el uso
de la fuerza pública contra ellos
para impedirles su participación
en la asamblea del 23.
Presentó también recibos originales que dio la CFE del
pago a los comuneros que asistieron
a las asambleas del 14 y 23 de agosto
de 2005.
En la demanda también se plantea que no se cumplieron
los requisitos de ley como la emisión
de la convocatoria con un mes de
anticipación, porque se trata de
una asamblea en la que se va a resolver
la pérdida del dominio sobre los
bienes de la comunidad, y la asistencia
de tres cuartas partes de los comuneros
(pero sólo asistieron 800 de un
total de 7 mil 200) y que debía
hacerse dentro del territorio comunal,
pero la sacaron a San Marcos.
Asimismo, como lo hizo en el juicio anterior, demandó
que el Tribunal decrete medidas
cautelares, para que la CFE no entre
al territorio de Cacahuatepec
mientras no se resuelva el juicio,
es decir, que se abstenga de realizar
convenios de ocupación previa, cambio
de uso del suelo, y el trámite del
proceso expropiatorio.
El cambio no es
por La Parota, dice el nuevo magistrado;
sería grave si tiene motivos políticos:
Tlachinolan. (El Sur de Guerrero, Maribel Gutiérrez, p.web).
El nuevo magistrado encargado del Tribunal Unitario Agrario 41 con sede en Acapulco, Luis Ponce
de León Armenta,
en su primera audiencia en este
cargo accedió a la petición de los
comuneros opositores a La Parota
de que la audiencia sea pública,
como dice la Constitución.
En audiencias anteriores sólo se permitía el ingreso
a la sala de los testigos, de los
representantes y de unos pocos ejidatarios
y comuneros.
Luego de que el magistrado se presentó, el vocero del
Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota
(Cecop), Marco Antonio Suástegui,
le preguntó por qué la audiencia
no es pública, por qué no se deja
entrar a la gente, y pidió que entraran
los comisarios. El magistrado dijo
que todos los que caben en la sala
podían entrar.
Después de la audiencia, Ponce de León dijo que el cambio
de magistrado no tuvo que ver con
el caso La Parota, y afirmó que
fue una decisión del Tribunal Superior
Agrario para que tanto Lara Orozco
como él estén más cerca de su familia.
Consideró que el cambio no afectará el juicio de Cacahuatepec, porque en un día él puede conocer el expediente.
Opinó que como en todos los casos difíciles, lo importante
es escuchar a las partes, mantener
la objetividad, la imparcialidad,
la equidad y la justicia.
Indicó que antes fue magistrado del Tribunal Agrario
en Zacatecas y Aguas Calientes,
donde fue trasladado su antecesor
en Acapulco, Juan Rodolfo Lara Orozco.
Es doctor en derecho, y presidente
de la Academia Mexicana de Derecho
Agrario, originario de Chihuahua,
tiene 58 años.
Destacó que fue el primer secretario general de acuerdos
del Tribunal Superior Agrario, cuando
se fundó en 1992, luego fue magistrado
visitador y desde el año 2000 ha
estado a cargo de los tribunales
de Querétaro, Cuautla
y Toluca.
En un boletín de prensa, el Centro de Derechos Humanos
de La Montaña Tlachinollan,
representante legal de los comuneros
opositores, manifestó su preocupación
sobre el cambio del magistrado,
y agregó: “Sería sumamente delicado
que este cambio se deba a motivaciones
de índole político o a la imposición
de un nuevo magistrado de consigna,
toda vez que si los tribunales no
son lo suficientemente independientes
y autónomos para resolver en estricto
apego a derecho estos casos, los
campesinos y campesinas serán obligados
a defender sus derechos en la vía
de los hechos”.
Difieren a octubre la audiencia por la asamblea
de La Parota. (Diario de Guerrero, p.web. /Información
también publicada en Diario Pueblo).
Nuevamente se anunció que la audiencia
donde se definiría si la asamblea
de Cacahuatepec
que se realizó en San Marcos, en
agosto del año pasado, y donde se
autorizó a la CFE iniciar los trámites
para la expropiación de las tierras
afectadas por el proyecto de La
Parota fue válida o no, se pospuso
para el 25 de octubre.
La determinación la tomó el magistrado
del Tribunal Agrario Unitario
Ponce de León Armenta, luego de que los comuneros presentaron nuevas pruebas
de que la Comisión Federal de Electricidad
pagó a los comuneros que votaron
en su favor, para que asistieran
a San Marcos y sufragaran de esa
manera.
Un comunero mostró una convocatoria
para la asamblea hecha con papel
membretado
de la CFE y con el logotipo de la
paraestatal. En tanto, el abogado
Vidulo Rosales Sierra, señaló que entre las pruebas presentadas
están además recibos por pagos de
cien pesos que la CFE hizo a los
campesinos.
Otras pruebas documentales exhibidas
fueron listas de la paraestatal
en la que se documenta cómo se les
proporcionó transporte, dinero y
alimentos a cada grupo que asistió,
los cuales tenían un coordinador.
La audiencia se llevó a cabo sin
contratiempos, salvo un momento
en que los ánimos se encendieron
un poco, cuando el secretario del
Tribunal Agrario Unitario anunció
que no se daría resolución este
día sino hasta el 25 de octubre
a las diez de la mañana, en que
se continuaría la diligencia para
que la contraparte pudiera dar respuesta
a las pruebas presentadas.
En ese momento el vocero del Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositores
al Proyecto La Parota (CECOP), Marco
Antonio Suástegui,
preguntó al juez si de esa manera
se iba a continuar todo el proceso,
siempre dándole largas. En todo
caso, pidió que se dicten las medidas
cautelares para que la CFE no siga
con los trabajos que realiza en
la zona de conflicto.
Advirtió que ningún juez va a decidir
lo que le corresponde a los comuneros
dueños de la tierra.
Por su parte, el magistrado Ponce
de León, que este mismo día asumió
el cargo, señaló que la audiencia
se pospuso porque es necesario que
la parte demandada dé una respuesta
a las pruebas, y ofreció garantías
para que con las limitaciones que
la ley establece, se respete el
derecho de todas las partes, principalmente
de los afectados.
El magistrado aseguró que si dentro
del procedimiento hay una formalidad
que no se cumpla y obstruya el conocimiento
de la verdad, ésta será superada
con base en las facultades de los
propios magistrados, para conocer
la "verdad verdadera, y no
la verdad formal" de las cosas.
Finalmente, se llevó a cabo un
pequeño mitin informativo en el
zócalo, a un lado del Tribunal Agrario,
donde los campesinos que no pudieron
entrar a la audiencia fueron informados
de lo que ahí sucedió
Entrega SRA apoyos económicos por más de 33 mdp a Emprendedores. (Diario del
Yaqui, p.web)
Proporciona la dependencia financiamiento por 300 millones
de pesos a proyectos productivos,
durante el presente año.
La
Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) entregó, durante la última
semana, más de 33 millones de pesos
en apoyos a proyectos productivos
en cuatro entidades del país, como
parte de los programas Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras.
Así lo informó el
titular de la dependencia, Abelardo
Escobar Prieto, durante una
gira de trabajo por el Estado de
Sonora, en donde hizo entrega de
recursos por ocho millones 92 mil
pesos, destinados al apoyo de 17
proyectos productivos emprendidos
por 140 jóvenes.
Detalló que con la
representación de las instituciones
agrarias del país, la directora
general del Fideicomiso Fondo Nacional
de Fomento Ejidal (FIFONAFE), Maribel
Méndez de Lara, hizo entrega
de 14 millones de pesos a beneficiarios
de los estados de San Luis Potosí
y Zacatecas, en tanto emprendedores
rurales de Sinaloa, recibieron más
de 11 millones de pesos por parte
del Director en Jefe del Registro
Agrario Nacional (RAN), Rolando
Ocampo Alcántar.
En el acto de entrega
de recursos, que se llevó a cabo
en el Municipio de Caborca, Escobar
Prieto explicó que durante el presente
año, la SRA invierte 300 millones
de pesos en sus programas de apoyo
a la capacitación y la productividad
en el campo.
Se manifestó en favor
de que estas acciones en beneficio
del medio rural que ha implementado
el Gobierno del presidente Vicente
Fox Quesada, se conviertan en política
de Estado, mediante la cual el campo
deje de ser símbolo de pobreza para
convertirse en espacio para el desarrollo.
En compañía del secretario
de Gobierno de Sonora, Roberto Ruibal
Astiazarán, el secretario de la Reforma Agraria recordó que
esta Entidad fue una de las ocho
en las que en 2004 iniciaron, en
su etapa piloto, los programas Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras.
Entre diciembre de 2005 y agosto
del presente año, la SRA ha financiado
en Sonora proyectos productivos
por un monto de 62 millones 750
mil pesos.
Los programas Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras
son un ejemplo claro de que con
responsabilidad y acciones compartidas
entre Gobierno y sociedad, se puede
construir el desarrollo, expresó
el funcionario federal.
Indicó además que la
generación de oportunidades de desarrollo
en el campo, fortalece el arraigo
de los jóvenes del medio rural a
sus lugares de origen y reduce la
migración hacia los grandes centros
urbanos y el extranjero.
Previamente, beneficiarios
de los programas externaron al titular
de la SRA, a la directora general
del FIFONAFE y al director en jefe
del RAN, su reconocimiento al Gobierno
Federal por el apoyo a sus proyectos
y mediante los cuales esperan consolidar
un patrimonio y su fuente de ingresos.
Durante esta jornada
de trabajo en Sonora, el secretario
de la Reforma Agraria visitó el
proyecto productivo encabezado por
el joven José Guadalupe Celaya,
quien con el apoyo del programa
Fondo de Tierras compró diez hectáreas
a su abuelo y con el financiamiento
otorgado por el programa Joven Emprendedor
Rural, hoy se dedica a la crianza
de ganado y a la producción lechera.
A su vez, el secretario
de Gobierno de Sonora, Roberto Ruibal
Astiazarán, en nombre del gobernador, Eduardo Bours Castelo, hizo un reconocimiento
al Gobierno del presidente Vicente
Fox Quesada, el cual, dijo, transformó
la atención a la agenda agraria
del país. Destacó que para la implementación
de sus programas, la SRA ha desplegado
un gran esfuerzo para mantener una
estrecha comunicación con el Poder
Legislativo y con los gobiernos
estatales....
El Gabinete “Del cambio”. (El Economista, p.40).
Durante el sexenio de Vicente Fox se realizaron múltiples sustituciones
y enroques en las Secretarías de
Estado, entre ellas la Secretaría
de la Reforma Agraria, mencionando
a María Teresa Herrera, Florencio
Salazar y Abelardo Escobar.
Llama Reforma Agraria mantener tranquilidad. (Novedades, p.web).
Luego del enfrentamiento que protagonizaron el sábado campesinos
de las comunidades de Ocoapa
y Tlacoapa, el delegado estatal de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Natividad Salas,
hizo un llamado a los grupos
en conflicto para que mantengan
la tranquilidad y demandó el gobierno
estatal su intervención para ofrecer
garantías de seguridad en la zona,
en lo que se entregan los trabajos
técnicos sobre la línea que marca
el convenio de 1883.
Protestan campesinos frente a palacio. (La Opción de Chihuahua, Luis Leonardo Padilla, p.web)
Lunes 28 de Agosto, 06.
Chihuahua.- La Organización agraria, Unión del Pueblo resaltó
que el gobierno estatal, debe responder
por las necesidades del sector
agrario y no recargar la responsabilidad
al poder federal. Valiéndose en
esto, dijo que hay una base legar
para encarcelarlos: el artículo
27.
Dicha organización se parapetó frente
al palacio de gobierno, exigiendo
justicia, pues aseguran que "los
ricos" tienen grandes porciones
de tierra, además de exhortar al
gobierno a que cumpla con su parte
de proporcionar herramientas de
trabajo, a los campesinos de escasos
recursos. “Inmediata justicia agraria,
siempre negada sin razón por gobiernos
corruptos de ayer y hoy, cómplices
de latifundistas acaparadores de
tierras y aguas que a los campesinos
pobres nos pertenecen desde 1917.
En la cárcel los meteremos”, afirma
la organización agraria Unión del
Pueblo, En sus pancartas.
José de Jesús Luján Luján, líder
de dicho organismo, dio a conocer
su inconformidad, argumentando que
desde el 5 de febrero de 1917, se
legisló el artículo 27, entrando
en vigor el 1 de mayo de aquel año.
“La tierra es para los jodidos”,
manifestó el ejidatario en mención.
Así mismo comentó que las tierras siempre han sido poseídas
por los millonarios, y que sí existe
una base legal para proceder en
su contra, por medio de penas privativas
de la libertad. “La obligación del
gobierno es suministrar las herramientas
para el trabajo en el campo… que
nos paguen sueldos para sostener
a la familia. No queremos ser sanguijuelas
del pueblo”, aseveró Luján.
Por último resaltó que el gobierno estatal, debe responder
por las necesidades del sector agrario
y no recargar la responsabilidad
al poder federal.
Sector agropecuario
Programas dobles y dispersión de recursos afectan
al campo. (El Financiero, p.12).
En el trance del cambio de gobierno,
la Sagarpa,
puso sobre la mesa una discusión
con los representantes agrícolas
una pregunta: ¿se está asignando
adecuadamente el presupuesto?
Sagarpa violará la Ley de Bioseguridad si autoriza el cultivo de maíz transgénico. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.22).
La experimentación con maíz transgénico
programada para octubre próximo
-en el comienzo del ciclo otoño-invierno-
por instituciones públicas es un
mero trámite para "cumplir
la ley" y luego dar paso al
cultivo comercial de estas semillas,
cuyo mercado mundial es controlado
por la trasnacional Monsanto,
señaló Silvia Ribeiro del Grupo
ETC.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa)
sometió a consulta pública el Proyecto
Maestro de Maíz, pero fue cancelado
a principios del año porque no cumplía
con todos los requisitos para su
realización, pues no existían todavía
el régimen especial para ese grano
y el consejo consultivo de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem),
como lo ordena la Ley de Bioseguridad.
Aunque ninguno de esos requisitos ha sido cumplido hasta ahora,
la dependencia puso en marcha la
consulta pública y sólo espera concluir
ese trámite para autorizar los permisos
experimentales de maíz transgénico, que se realizarán con semillas propiedad de Monsanto, Dow Agrosciences
y Pioner.
Tanto la Sagarpa como la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat)
"decidieron" que no es
necesario elaborar el régimen especial
de maíz, lo cual contraviene la
Ley de Bioseguridad.
Es decir, aseguró Ribeiro, están
haciendo una interpretación discrecional
de esa norma.
La especialista indicó que es "incomprensible" que
se insista en cultivar maíz transgénico
en México -centro de origen y diversidad
genética del grano-, ya que sólo
habrá perjuicios y ningún beneficio
para los productores. Además, alertó,
se han vuelto a someter a consulta
pública las solicitudes que ya fueron
rechazadas.
"No hay razón para esto, porque aún no está listo el régimen
especial de maíz y tampoco el Reglamento
de la Ley de Bioseguridad", indicó.
Ribeiro insistió que no hay sustento legal para otorgar las
autorizaciones a la trasnacional.
"Parece que quieren aprovechar
la situación política del país para
que este hecho pase desapercibido."
Además, aseguró, "lo más terrible es que estos planes
de cultivo de maíz genéticamente
modificado los quieran hacer pasar
como un proyecto de investigación,
cuando en realidad se utilizarán
semillas de estas empresas".
"Amenaza" de Monsanto
Monsanto declaró a principios de año que se
iría del país si sus planes de cultivo
no son autorizados. Ribeiro recordó
que esta empresa controla 90 por
ciento del maíz transgénico
sembrado en el mundo. "Hay
una presión enorme para asentarse
en México, porque es el lugar paradigmático",
al ser centro de origen del maíz.
Mencionó que luego de la compra de firmas como Seminis y Delta Pine Land (la empresa
de semillas de algodón más grande
del mundo), Monsanto
ha se convertido en la industria
dominante en semillas de todo tipo.
Frente a este panorama, "pensar que México podrá desarrollar
sus propias semillas es ingenuo,
porque abrir paso a los transgénicos significa abrir la puerta a las trasnacionales",
señaló Ribeiro. Además, dijo, "se
ha probado que los rendimientos
son pobres; si acaso serán iguales
al cultivo tradicional, pero la
semilla será más cara y las ganancias,
menores".
Organizaciones campesinas
La CNC determinará en consulta si deja el PRI. (La Jornada, Ciro Pérez,
p.web. /Información también publicada en Excélsior, p. 8, Rumbo de México, p.1)
"No actúa por principios, sino
por conveniencia".
Ramírez López: el partido no entendió
el mensaje de 2000.
El sector campesino del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) anunció que realizará una
consulta popular masiva para determinar
si se separa de manera definitiva
del tricolor o si participa
activamente para rescatarlo y reorganizarlo,
ello bajo consignas de "¡muera
el PRI!" y las rechiflas a
Mariano Palacios Alcocer, dirigente
nacional priísta.
Heladio Ramírez López, dirigente de ese sector
priísta, consideró que el centro
ideológico que pretende ocupar su
partido es una "aberración".
Durante la clausura del Congreso Nacional de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Ramírez
López adelantó que "ante la
disyuntiva de seguir a un partido
que se aleja de las causas populares
y se deja contaminar por el ilusionismo
neoliberal, o seguir junto a los
campesinos, encabezar sus luchas
y defender nuestra dignidad, hemos
escogido sin duda este último camino".
Ante más de mil congresistas reunidos en la Casa del Agrarista,
el dirigente cenecista
fue enfático al advertir que "no
podemos convertirnos en un degradado
partido pragmático, que no actúa
por principios, sino por conveniencia.
Pero mucho menos podemos aceptar
el papel de cómplices en la discusión
de iniciativas que ponen en riesgo
los grandes recursos de nuestra
nación".
Sostuvo que el Revolucionario Institucional no debe dejarse
seducir por las tesis de quienes
los ven como una "simple bisagra"
en la actual confrontación por el
control del poder político.
Reconoció que su partido no ha tenido la "humildad"
ni la visión para comprender el
mensaje que le envió el electorado
desde 2000, cuando exigía una renovación,
y aseveró que el tricolor
nunca será fuerte si en esta hora
decisiva no se discute a fondo cómo
se quiere la nueva casa priísta.
En la retórica que lo identifica, Ramírez López conminó a sus
correligionarios a no seguir "inmolándose
en el fuego" de "sus propios
errores", y sostuvo que "los
intereses del viejo PRI no pueden
matar al nuevo partido que debemos
imaginar para volver a conquistar
el poder presidencial".
Frentes campesinos se alistan para la convención. (La Jornada, Gabriel León Zaragoza, p.web)
Anuncian que participarán 150 mil
delegados; lamentan el fallo del
tribunal electoral.
Los frentes agropecuarios del país que simpatizan con el movimiento
de resistencia civil pacífica de
la coalición Por el Bien de Todos
anunciaron que en septiembre emprenderán
una movilización desde los 31 estados
del país para participar en la convención
nacional democrática (CND), a la
que pretenden acudir con más de
150 mil delegados de los sectores
productivos del campo y pesqueros.
Lamentaron el fallo de ayer del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a cuyos
integrantes culparon de la probable
"extensión y radicalización"
de los movimientos políticos y sociales
que podrían desatarse en el país
de mantener sus decisiones en contra
del movimiento que encabeza la coalición.
Los líderes campesinos llamaron a las fuerzas progresistas
del país, a las organizaciones no
gubernamentales, a los partidos
y actores políticos, así como a
la población en general a convertir
la CND en "un instrumento real
de lucha y resistencia ante la intención
de imponer a un presidente ilegítimo".
Proponen también rechazar en el foro popular las reformas estructurales
que pretenden reducir los derechos
de los trabajadores, luchar por
la renovación y democratización
de las instituciones del Estado
y a "movilizarnos por una política
social de Estado", que impulse
el desarrollo nacional, desenterrando
el clientelismo, la dádiva y el
corporativismo". Las dirigencias
de El Barzón y de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala (CNPA) informaron
en sendas conferencias que los contingentes
agrarios se instalarán el 14 de
septiembre en los cinco principales
accesos carreteros del Distrito
Federal, donde pernoctarán para
marchar al siguiente día hacia la
Plaza de la Constitución, en una
entrada a la capital, que dijeron,
será "similar a la que en su
momento protagonizó" Emiliano
Zapata.
Ambas agrupaciones precisaron que sus movilizaciones serán
pacíficas y a su llegada a la metrópoli
no bloquearán la circulación vehicular
ni impedirán el funcionamiento de
las casetas de peaje.
Indicaron que acompañarán al candidato de la coalición, Andrés
Manuel López Obrador, en la arenga
popular que encabezará en el Zócalo
con motivo del inicio de la Guerra
de Independencia.
Prensa Estatal
CHIAPAS
Empeoraría crisis agraria, prevé CNC. (Cuarto Poder, Cinthya Vasconcelos,
p.web).
Con un sucesor del
actual gobierno, los campesinos
emigrarán por la política excluyente.
Dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC)
de las regiones Centro y Fraylesca
recalcaron que la continuidad del
actual gobierno representaría el
abandono total del campo, y el incremento
de la emigración de campesinos,
que son los más afectados por la
falta de apoyos y recursos.
Tras recalcar que los cenecistas
dieron su apoyo en las urnas al
candidato de la Alianza por Chiapas,
José Antonio Aguilar Bodegas, comisariados
ejidales de Ocozocoautla, Villaflores y Venustiano Carranza, coincidieron en que el sexenio que está
por concluir tuvo como principal
característica la falta de apoyo
al sector rural y semirural,
por lo cual cientos de chiapanecos
emigraron a otros estados.
Además de la indiferencia hacia las demandas de los campesinos,
la exclusión de los priístas de
los pocos programas gubernamentales
así como de los escasos recursos,
fue otra de las características
del Gobierno del Estado y de la
Federación, subrayaron.
Por lo anterior, aseguraron que el campo chiapaneco no
resistiría seis años más de abandono
de seguir el mismo proyecto de gobierno;
"el panorama que ofrece un
sucesor del gobierno actual es de
impulso a la migración, porque la
gente se irá de sus comunidades
en busca de empleo", puntualizaron
los ejidatarios.
Remarcaron que el único candidato que ofreció en campaña
el rescate del agro fue Aguilar
Bodegas, y fue por ello que recibió
el respaldo de los electores el
pasado 20 de agosto
GUERRERO
Diputados improductivos se embolsan 4 millones
al mes. (Novedades de Acapulco,
Francisco Javier Flores, p.web).
Próxima a cumplir diez meses de gestión, la Quincuagésima octava
Legislatura del Congreso local se
destaca como la más improductiva
de las últimas décadas, con una
larga lista de iniciativas de ley,
decretos y puntos de acuerdo que
se encuentran actualmente en la
congeladora.
En todo este tiempo, y esto lo reconocen los mismos integrantes,
ni un solo asunto importante ha
sido aprobado por el pleno, en una
Cámara de Diputados que le cuesta
al erario público, tan solo en sueldos
y compensaciones a los representantes
populares, tres millones 220 mil
pesos al mes, más casi un millón
que se va en el pago a dos asistentes,
un asesor y un chofer para cada
uno.
Aunado a la manifiesta falta de capacidad para dictaminar por
parte de la Comisión de Gobierno,
órgano en el que tienen presencia
todas las fracciones parlamentarias,
pero que por ley es presidido por
un representante del Partido de
la Revolución Democrática, que por
primera vez ostenta la mayoría,
en este caso Carlos Reyes Torres,
esta especie de parálisis legislativa
tiene también su origen en el hecho
de que se ha desdeñado el trabajo
en comisiones, mientras que la mayoría
de los legisladores han tomado los
periodos de receso, como el actual,
como meras vacaciones, cuando deberían
aprovechar ese tiempo en que sólo
sesiona la Comisión Permanente para
desahogar los asuntos pendientes,
hacer gestoría o al menos recorrer
sus distritos recogiendo la demanda
ciudadana.
Un ejemplo es más que ilustrativo: A principios de la actual
legislatura, cuando se encontraban
en su apogeo serios conflictos agrarios
en diversos puntos de la geografía
guerrerense, con saldo incluso de
varios muertos y heridos, en el
Congreso local fue presentada una
iniciativa para constituir una comisión
especial que le diera seguimiento
a esos casos; esa iniciativa fue
turnada a la Comisión de Gobierno
como un asunto de extrema urgencia
y es la fecha que no logra salvar
esa aduana.
Continúa la tensión entre Malinaltepec
y Tlacoapa. (Diario Pueblo,
Francisca Santiaguez,
p.web).
Comuneros de éste último mantienen
retenidos a siete policías.
A tres días del enfrentamiento
armado entre ejidatarios de Moyotepec,
Malinaltepec, y El Capulín, Tlacoapa,
la tensión continúa por la disputa
de las 456 hectáreas de tierras.
Ismael Galeana Sixto, presidente
de Bienes Comunales de Tlacoapa,
informó que por tercer día consecutivo
los ejidatarios de ese núcleo agrario
como medida de presión mantienen
retenidos a siete policías preventivos
estatales, en La Sabana.
Los agentes fueron retenidos desde
el pasado sábado en las cercanías
de la cabecera municipal de Tlacoapa y trasladados a La Sabana, pero su integridad física
ha sido respetada por los ejidatarios
inconformes, aseguró.
Recordó que los siete agentes fueron
retenidos tras el enfrentamiento
que sostuvieron los vecinos de Moyotepec y El Capulín en la zona de conflicto, cuyo saldo
fue de tres heridos, el pasado sábado.
Justificó que los agentes fueron
retenidos, porque al ser revisados
en los puntos de información que
ubicaron los ejidatarios sobre la
carretera a Tlacoapa,
proporcionaron información falsa
de su identidad, pero además porque
también efectuaron disparos durante
el día del enfrentamiento.
Galeana Sixto precisó que los ejidatarios
de su núcleo agrario no comenzaron
la agresión, sólo respondieron a
las provocaciones de sus vecinos
de Moyotepec,
quienes anteriormente les destruyeron
14 casas en La Sabana e invadieron
los traspatios de El Capulín.
El representante de los ejidatarios
informó que ayer tuvieron un acercamiento
vía telefónica con el secretario
general de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, quien les pidió que liberen
a los siete policías retenidos.
Pero no accederán a la petición,
advirtió, porque de lo contrario
no tendrán respuesta a su solicitud
de que las autoridades agrarias
emitan una resolución definitiva
sobre el conflicto.
SAN LUIS POTOSÍ
Comuneros acusan a la familia Abud Koury de invasión de tierras
en San Juan de Guadalupe. (La Jornada de San Luis,
Hugo Becerra, p.web).
Las exclusiones mediante las que
justifican la propiedad no tienen
validez: Covarrubias
La zona en la que los Abud Koury tienen propiedades hay
más terrenos cercados que forman
parte de la misma familia. Foto:
Aarón Cadena
La representación legal de la comunidad
de San Juan de Guadalupe acusa de
invasión de predios comunales a
la familia Abud
Koury.
En entrevista, Carlos Covarrubias Rendón indicó que la familia mencionada, con un
largo historial de invasiones en
la comunidad, actualmente ocupa
un terreno a un costado del Periférico,
en donde tienen un negocio de domos
y de renta y venta de carros antiguos.
Covarrubias Rendón
señaló que extrañamente en la zona
se están levantando postes de Teléfonos
de México, por lo que suponen que
se están proyectando más invasiones
y desarrollos mayores.
Dijo que las exclusiones mediante
las cuales la familia citada justifica
la propiedad de terrenos comunales
no tienen validez y que exigirán
a las autoridades la salida de los
invasores del núcleo agrario.
De acuerdo a esta información,
en la zona se está proyectando la
creación de hoteles, también sin
consultar a los comuneros.
El representante legal de la comunidad
señaló que los predios conocidos
como La Campana, La Ladrillera,
Casa Blanca y La Tiendita, son predios
que el gobierno y acaparadores de
la tierra le disputan a la comunidad.
Advirtió que pueden probar la propiedad
a favor del ejido y la serie de
irregularidades que se cometieron
en las décadas pasadas para despojarlos
de esas superficies.
Agregó que en la zona en la que
los Abud
Koury
tienen propiedades hay más terrenos
cercados que podrían ser obra de
la misma familia o de otros invasores.
Presuntos dueños reclaman terrenos en que el ayuntamiento
pretende trabajar. (La Jornada de San Luis,
Rosa Elena `Pedraza, p.web).
Al menos tres predios se encuentran en litigio, dice Juárez
Alejo.
Se está tornando frecuente que aparezcan presuntos propietarios
de predios en los que el ayuntamiento
capitalino pretende realizar varios
proyectos, que aumentan la plusvalía
de los terrenos, denunció la primer síndico del ayuntamiento de la capital, Dora Patricia
Juárez Alejo.
La funcionaria indicó que en este caso están las superficies
de los predios colindantes a la
comandancia Sur, el terreno de Milpillas
donde se pretende construir el nuevo
panteón y una superficie donde se
construye las nuevas oficinas de
Alumbrado Público. No obstante aclaró
que el ayuntamiento tiene la certeza
de la propiedad en todos los terrenos
reclamados.
Sobre el predio en donde se planean construir las oficinas
de la dirección de Alumbrado Público
y que al parecer está en litigio
por encontrarse en la Garita de
Jalisco, la síndico explicó que
en el terreno mencionado sólo presenta
problemas de escrituración, ya que
apareció un supuesto ejidatario
que reclama indemnización por considerarse
afectado en una parte de su propiedad.
Comentó que el predio en mención fue adquirido por el ayuntamiento
capitalino a través de una donación
“en su momento el fraccionador de esa zona dejó el terreno como área de donación,
dijo, sin embargo no presenta otro
problema más que el de escrituración”.
Indicó que el gobierno de la capital tiene la seguridad de
que la propiedad forma parte de
los bienes municipales por lo que
se llevará a cabo la obra de construcción
sin ningún tipo de problema.
La permuta del rastro quedó sin efecto.
Una vez que el Congreso del Estado autorizó al ayuntamiento
de la capital la construcción del
Rastro Tipo Inspección Federal (TIF)
en la comunidad de Peñasco, el decreto
anterior que aprobaba esta obra
quedó sin efecto, por lo que la
actual administración no está obligada
a pagar indemnización alguna al
propietario de los terrenos, en
donde, en un principio se tenía
contemplado edificar este centro
de producción y distribución de
carne.
Juárez Alejo explicó que el primer decreto que expidió el Congreso
en donde autorizaba esta operación,
especificaba que en caso de no llevarse
a cabo el proyecto, éste no generaría
derechos ni obligaciones entre las
partes involucradas en esta negociación.
Aclaró que nunca existió dolo y mala fe por parte de las autoridades
para cancelar el proyecto ya que
desde un principio se mantuvo un
diálogo con el propietario del predio,
en el cual se dejó en claro que
en caso de no concretarse esta obra,
los terrenos serían devueltos, sin
la necesidad de pagar algún tipo
de indemnización o derecho alguno,
por resarcimientos de daños.
En el proyecto original del Rastro TIF la alcaldía previó que
se construyera en terrenos de la
delegación de La Pila, sin embargo,
por inconformidades de los vecinos
de esa demarcación, se determinó
cambiar su ubicación de construcción,
por lo que se eligió la comunidad
de Peñasco.
La funcionaria municipal comentó que una vez que se cancelaron
las operaciones de permuta y compra
- venta entre las autoridades y
el particular, las propiedades que
se encontraban en ese momento en
la transacción regresaron a sus
respectivos propietarios, con lo
cual se anuló el proceso de escrituración.