CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
8 DE SEPTIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Coletea “Katrina” a petroquímica
Prevén alzas a precios por daños a
refinerías
Estabilidad no basta; hay que crecer: Slim
“no hay macroeconomía buena sin desarrollo”
Más gasto corriente y menos inversión
Servicios personales y nómina devorarán
los recursos este año y el próximo
Prudencia presupuestal, pide SHCP al Congreso
La propuesta de petroprecios se calculó con base en la ley, dice
México, un fracaso en desarrollo, dice la ONU
Más pobreza con la globalización
Se dan los diputados un “bono de retiro”
102 millones
del erario por trabajo de 16 meses
Detienen a la esposa de Ponce
Esperanza González es acusada de lavado
Confianza mutua,
base de las relaciones intercoreanas:
Roh
La cooperación deja atrás tensiones
Gasolinas importadas podrían subir de precio
El 80% de las importaciones provienen
de Estados Unidos
Sector agrario
Perderían Tlalnepantla
y Axochiapan 8 mil has. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. El estado de Morelos
está a punto de perder más de 8 mil 500 hectáreas de Tlalnepantla y Axochiapan por la
burocracia e ineptitud de la Procuraduría Agraria, acusó
Julio Padilla Trujano, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
en el estado.
El líder campesino lamentó que la entidad podría perder más
de 8 mil hectáreas de su territorio, debido a la negligencia
con que han actuado autoridades federales, para resolver conflictos
agrarios limítrofes con el estado de Puebla y Distrito Federal.
De acuerdo al dirigente campesino, el poblado de Milpa Alta
perteneciente al Distrito Federal, que colinda con el poblado
de Tlalnepantla en el estado de Morelos, ha ganado un amparo
para adjudicarse más de 6 mil hectáreas, situación que además
de complicada para los comuneros, podría reactivar el conflicto
que por más de dos años ha padecido este poblado.
La otra localidad en conflicto agrario, apuntó, es Marcelino
Rodríguez, que se ubica en el municipio de Axochiapan,
colinda con el estado de Puebla y está a punto de perder más
de mil 800 hectáreas por una seria de corruptelas del ex delegado
de la Procuraduría Agraria, Arturo Nicolás Rodríguez Gutiérrez.
Puntualizó que por la negligencia e ineptitud de funcionarios
de la Procuraduría y la Secretaría de la Reforma Agraria
que no han peleado los asuntos en beneficio de los campesinos
de Morelos, “han dejado pasar diversos plazos de resoluciones
que permitieron a las comunidades de los estados vecinos ganar
las resoluciones en los tribunales federales”, situación por
la cual comenzarán una jornada de movilizaciones para rechazar
esta actitud de los delegados.
Expresó que los campesinos en Morelos, “de plano estamos en
una actitud de encabronamiento, por
la falta de voluntad y del actuar de quienes según son los encargados
de solucionar la situación legal agraria en los ejidos”.
Intensa lucha del RAN contra la corrupción y rezago:
Escobar. (Meridiano de Nayarit, p.web)
* Anteriormente
los trámites tardaban infinidad de tiempo debido a la corrupción
de funcionarios, a la fecha se han reducido el tiempo de trámites
gradualmente, afirmó
* Al inicio de este
sexenio los funcionarios no sentían la responsabilidad del servicio
a los campesinos, ejidatarios y comuneros que son nuestra razón
de ser, afirmó el director del RAN
Soy panista,
si señor, contesta Abelardo Escobar Prieto, chihuahuense
que se desempeña como Director en Jefe del Registro Agrario
Nacional "donde desarrolla un trabajo muy interesante
porque arroja resultados rápidos; no hay cosa más hermosa que
entregarle al campesino el certificado parcelario que esperó
desde hace 30 o 40 años".
Sobre el motivo de su visita a Nayarit
en entrevista exclusiva para Meridianot,
el funcionario federal explicó que "las visitas a Nayarit
y entidades del país se deben al propósito de ampliar el quinto
informe del Presidente Vicente Fox, la idea es difundir a la ciudadanía lo realizado por
el gobierno federal en política social donde está inmerso el
aspecto agrario.
Como se sabe, cambió el formato del
informe presidencial, por tanto nuestra misión es transmitir
de manera específica datos e información concreta, hoy Nayarit
enseguida estaremos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas".
El Agrónomo Abelardo Escobar Prieto
es una persona agradable, suave en la conversación y el trato,
nativo de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde y durante 20 años,
de 1957 a 1977, fue maestro y tres años director de la Escuela
Superior de Agricultura "Hermanos Escobar", cuyo fundador
fue su abuelo. De allí es egresado.
Cuenta que también fungió como Secretario
del Ayuntamiento de Ciudad Juárez con Francisco Villarreal,
quien fue aquel alcalde que puso las casetas en el puente internacional
para que los recursos se quedaran allí y de esa manera evitar
que se los llevara el gobierno federal. Por ello fue a la cárcel.
"Fui diputado federal en la anterior
legislatura como miembro de la Comisión de Hacienda, la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública y fui secretario de la Comisión
de Desarrollo Rural. Al terminar la legislatura el señor Presidente
de la República me hizo el favor de invitarme como Director
en Jefe del Registro Agrario Nacional".
CERTEZA JURÍDICA
El Agrónomo Abelardo Escobar Prieto,
no cree que dependencias como el Registro Agrario Nacional
(RAN), puedan desaparecer al paso del tiempo por haber cumplido
la función para la cual fue creada.
"Si hablamos de la Secretaría
de la Reforma Agraria pudiera ser el caso, pero no el RAN
porque es el encargado de conservar documentación y dar certeza
jurídica a la tenencia de la tierra, de la tierra de propiedad
social que son los ejidos y las comunidades. Ejidos y comunidades,
como consecuencia del reparto agrario, están en posesión del
53% del territorio nacional (103 millones de hectáreas). Hacemos
el papel de los registros públicos de la propiedad en cada una
de las entidades federativas nadamás
que aquí es un solo registro, llevamos todo el control documental
desde la época inmemorial de los virreyes hasta la actualidad.
Entonces, es la nuestra una función demasiado importante porque
damos certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra".
GENEROSIDAD DE PROCEDE
Entre campesinos hay reticencia para
formar parte del Programa de Certificación de Derechos Ejidales
(PROCEDE). Incluso en la sesión de la Cámara de Diputados
local del martes anterior, el diputado del PRS Dionisio Arroyo
llegó a tribuna para denunciar que comuneros de Acaponeta
se quejan de ser presionados por el RAN, Procuraduría Agraria
e INEGI para ingresar al Procede, programa con el cual no están
de acuerdo. ¿Cómo le hacen para convencer al campesino de las
bondades de Procede?
- "A base de acercarnos a ellos,
tratar de comunicarnos con los verdaderos ejidatarios y comuneros;
porque muchas veces hay intermediarios que no les conviene que
se terminen los conflictos agrarios, de la tenencia de la tierra,
porque de eso viven. Nosotros nos aproximamos a los campesinos
para explicarles las ventajas sobre el hecho que no hay mayor
seguridad que tener un documento que ampare la propiedad de
tu tierra, que tenga la absoluta libertad de hacer lo que él
quiera con esa tierra: explotarla, venderla, rentarla o heredarla.
Antes no tenían la propiedad de la tierra, no tenían nada, no
podían asumir decisiones en relación al uso que se le deba,
no podían inclusive contratar a una persona como peón para que
lo apoyara en el cultivo de la parcela pues era causal de despojo.
En algunos casos, hemos encontrado
actos de corrupción y despojos a campesinos que emigraron a
los Estados Unidos a trabajar, a lo mejor porque la tierra no
les producía o no tenían los recursos para explotarla, pero
al paso de los años cuando regresaron se encontraron a otras
personas en posesión de sus tierras.
En el caso de Procede, cuando tiene
su certificado parcelario, certificado de derecho de uso común
o su título de solar urbano -yo les llamo títulos de libertad-
jamás nadie lo puede despojar de esa tierra porque nosotros
damos certidumbre jurídica a la propiedad al tiempo que integramos
el patrimonio familiar, incluso incrementa su valor.
A mucha gente no le ha llegado la información
correcta. El Procede es un programa gratuito y voluntario. Si
los ejidatarios o el ejido no quieren incorporarse al Procede,
no se incorporan y ya. Nosotros hacemos un esfuerzo por hacerles
sentir las ventajas de tener un certificado parcelario que establece
los límites de la propiedad, misma que la pueden heredar, vender
o hacer lo que ellos quieran. Nadie los puede despojar".
CIERRE DE PROCEDE
El Director en Jefe del Registro Agrario
Nacional considera que la condición indispensable para que haya
inversión en el campo es la certidumbre jurídica en la tenencia
de la tierra.
-"Eso lo tiene que entender la
gente. Desgraciadamente hay algunos núcleos que no se han incorporado.
Afortunadamente de las 103 millones de hectáreas en el país
como propiedad social, llevamos certificadas 83 millones, nos
faltan 20. No va hacer el 100% porque se registran casos de
conflictos en los tribunales y mientras no se definan no podemos
entrar a medir, a certificar, pero en algunos casos tenemos
el 95% de avance y cerraremos el Procede. En Nayarit ya declaramos
el precierre, que es la primera llamada, pues cerraremos en
diciembre. Recuérdese que es voluntario y gratuito, pero después
del cierre algún núcleo agrario que quiera ingresar al Procede
tendrá que hacer la medición por su cuenta y medir un ejido
el gasto mínimo puede ser de un millón de pesos. Por eso exhortamos
a la incorporación porque no les cuesta un centavo.
El Presidente de la República, Vicente
Fox, ha determinado crear el próximo
año un fondo de apoyo técnico para aquellos núcleos que por
alguna razón justificada - por conflicto de límites o estaba
en el tribunal, etc.- puedan incorporarse al PROCEDE después
que se cerró y para ello con esos recursos haremos los trabajos
técnicos".
REGULARIZAR TERRENOS INVADIDOS
Al tocar el tema sobre el avance de
la certificación del suelo social en zonas urbanas, el Agrónomo
Abelardo Escobar Prieto indicó que en las zonas urbanas la propiedad
se ha encarecido bastante porque las absorbe el crecimiento
de las ciudades.
- "Como no existía la regularización
de Procede en muchas ciudades resulta que se han desarrollado
en forma irregular. En 1992 se cambió el artículo 27 Constitucional
y ya se podía hacer venta de la tierra, pero antes del 92, aunque
estaba prohibido, se hacían las ventas, tanto los ejidos conurbados
les vendían a intermediarios y realizan desarrollos todos chuecos,
malhechos y sin servicios públicos, pero quienes ganaban eran
los intermediarios y no los campesinos. Resulta que los ejidatarios
pobres que tenían tierra se convirtieron en ejidatarios pobres
pero sin tierra y los que se enriquecieron fueron los que maniobraron
para quedarse con esas tierras y venderlas de manera irregular.
Hemos firmado convenios con algunos
ayuntamientos para establecer un programa de regularización
de las zonas que están invadidas donde la gente vive desde hace
15 o 20 años, donde hay casas y calles, pero no está regularizada
la tierra, con el objeto de apoyar a los municipios en el sentido
de darle orden para que entren los servicios públicos y que
el colono tenga la certidumbre de poseer el pedazo de tierra
al amparo de un documento".
AVANCE EN DOMINIO PLENO
- El dominio pleno es un paso adicional,
después que se entregaron los certificados parcelarios la comunidad
o el ejido pueden asumir el dominio pleno. Hacen asambleas,
se ponen de acuerdo y solicitan al Registro Agrario Nacional
los títulos de propiedad, los cuales nosotros expedimos y los
ubicamos en el registro público de la propiedad y en consecuencia
deja de ser propiedad social y se convierte en propiedad privada.
¿Cuánto se ha avanzado en este sentido?
Si lo comparamos con las 103 millones de hectáreas que es la
superficie de la propiedad social, a pasado a dominio pleno
solamente el 1%, es decir, un millón de hectáreas en todo el
país. Si lo comparamos con la superficie que ocupan las parcelas
nadamás, y no la superficie de uso
común, porque en un ejido tenemos la zona parcelada y luego
la de uso común, en las comunidades generalmente es pura zona
de uso común porque así la explotan...si comparamos cuantas
parcelas han pasado de manos del total de parcelas que se generaron
en el Procede, andamos cerca del 25 por ciento de la propiedad
a nivel nacional. No tengo el dato particular de Nayarit, pero
es muy similar en los estados al total nacional. Quiere decir
que el 25 por ciento de las parcelas han tenido movimiento,
mismo que es positivo para la economía de la región. De ese
25 por ciento la mitad es a título oneroso, hubo venta, y el
resto es a título gratuito, fueron herencias, donaciones, entre
familias de la comunidad.
Esa es una medida que nos pidió hiciéramos
la Auditoría Superior de la Federación
que supervisa nuestra aplicación de recursos al Procede. Y no
dice ¿cómo vamos a saber si tuvo un efecto positivo el Procede
en la comunidad? ¿Cómo se mide la reducción de conflictos agrarios?
Es una forma muy difícil de determinar ¿Cómo vamos a medir el
movimiento de tierras? Eso lo pudimos hacer fácilmente, simplemente
sacamos la superficie total de las parcelas, en unas cuantas
ya habíamos generado el dominio pleno, y nos dio esa cifra del
25 por ciento de la propiedad parcelada.
Procuraduría Agraria desconoce a la nueva dirigencia
ejidal de La Peñita. (Express (Nayarit), Donkey, p.web)
La Peñita de Jaltemba,
Nayarit. Septiembre 6 de 2005- En punto de las 13: 00 horas
de anteayer, el presidente del comisariado
ejidal de La Peñita de Jaltemba, Antonio Navarro Barajas, acompañado por el presidente
del consejo de vigilancia, Fausto Cruz Rodríguez y una comisión
de ejidatarios integrada por Jorge Eduardo Gómez, Pedro Jiménez
y Bonifacio Bernal, se reunieron en la ciudad de México con
el Subprocurador Agrario
Nacional, en donde le expusieron la problemática que viene
enfrentado este núcleo agrario como resultado de la falta de
actuación de autoridades locales y federales en actos que violentan
la vida interna de este ejido, como el caso de asamblea que
en forma ilegal un grupo minoritario de ejidatarios celebrara
el pasado domingo 28 de agosto en el auditorio ejidal en donde
haciendo caso omiso de la orden de un juez de distrito y burlándose,
convocaron, celebraron y eligieron ilegalmente a una nueva mesa
directiva que es representada por Adalberto Peña Peña,
Gabino Rendón, Gilberto Hernández y Rafael Aguilar, en calidad
de presidente, secretario, tesorero y presidente del Consejo
de Vigilancia.
En el encuentro estuvieron presentes
tres abogados del departamento jurídico de la Procuraduría
Agraria Nacional, quienes luego de analizar el fallo de
suspensión definitiva, emitido por la Jueza Segundo de Distrito,
María Lucelia López Ramírez, en donde
ordena que la autoridad responsable se abstenga de celebrar
una asamblea general de ejidatarios tendiente a la elección
de nuevos representantes, afirmaron que la actual mesa directiva
representada por Antonio Navarro Barajas, cuenta con vigencia
hasta en tanto no se convoque a una nueva elección en los términos
que marca la Ley Agraria de quienes votaran en esa asamblea
y en donde se tiene que respetar la decisión que tomó la asamblea
general de sancionar a un grupo de personas que cedieron sus
derechos, que se ausentaron y que nunca volvieron, así como
al grupo de los 44 que mentirosos que sorprendieron con una
sarta de pruebas falsas al Magistrado del Tribunal Unitario
Agrario de Nayarit, Francisco García ya que los que mantienen
sus derechos vigentes son 369 ejidatarios.
En este sentido el subprocurador Agrario Nacional, Rogelio Parra se comprometió
a parar a la brevedad la acción ilegal que esta llevando un
grupo minoritario de ejidatarios por lo que ya solicitó al RAN
se abstenga de inscribir y dar validez a una supuesta acta de
asamblea que se celebró para el cambio de representantes ejidales.
Ante ello la dirigencia ejidal,
interpondrá una demanda penal por el hecho de que dichas personas
al irrumpir y tomar las oficinas ejidales, la empresa gasolinera
y otros negocios del ejido, están ursupando
funciones, causando un daño del cual tendrán que responder con
encarcelamiento por un acto que no alcanza fianza.
Por otro lado manifestaron ante
el Subprocurador Agrario que el ejido
no responderá ha estas provocaciones, pues faltan 12 días para
que el apoyo que tienen de parte del gobernador del estado se
termine.
Cabe destacar que entre ellos,
autonombraron como administrador a Rodolfo Muñoz
Salazar, quien cuenta con malos antecedentes, pues cuando
estuvo a cargo de la gasolinera tuvo que ser corrido por malos
manejos, también esta un expresidiario que hace escasas dos semanas salio de la penal
de las Islas Marías, de nombre Juventino
Rodríguez, el “Locochón” Adrián Villanueva
Salgado (compadre del todavía gobernador Toño
Echevarría).
Esta claro que los “porros” del
gobernador, desobedecieron la determinación de una Jueza Segunda
de Distrito y esto no es un juego, los jueces no están pintados
ya que le concedieron a los representantes ejidales, un amparo
para que no se genere ninguna asamblea para el cambio de mesa
directiva hasta que se lleve la audiencia constitucional que
será celebrada el día 8 de septiembre, por lo que tendrán dar
cuentas a la investidura de dicha autoridad federal, quien de
no proceder quedará en evidencia definitiva.
Por otro lado ejido Peñita de Jaltemba, está tomando acciones legal ante la Secretaria
de la Administración de reciente creación para que se investigue
a funcionarios estatales y federales ya que se rumora que algunos
están inmiscuidos en actos ilegales, como son Ricardo Lyle
Fricht, de la Procuraduría Agraria, el ingeniero José Luis
Domínguez del RAN y Ezequiel Chirino Valero, quien no ha respondido
a las expectativas para intervenir en la solución de los problemas
que aquejan a este ejido.
La dirigencia de este núcleo agrario
confía en que el Secretario de Gobernación los escuchará y evitará
que el conflicto que han generado los porros del gobernador
se termine y se les ponga un hasta aquí.
Los ejidatarios en breve darán
a conocer más actos de defensa a la ciudadanía por lo que piden
que estén atentos al desenlace final.
La Peñita es una bomba de tiempo. (Realidades de Nayarit, Javier Rojo, p.web).
Tepic, Nayarit, 06 de Septiembre.-
Un polvorín, así está considerado el problema interno que existe
en el ejido de la Peñita de Jaltemba,
por las pugnas internas que traen los miembros de ese núcleo
poblacional que “andan de la greña” están dándose hasta con
la cubeta, los unos contra los otros, y no es para menos ya
que están en juego muchos millones de pesos y otros más.
El caso es que hace apenas unos
días cansados de que nadie les hacía cuentas claras el grupo
de ejidatarios que comanda el actual Presidente de dicho Comisariado,
Alberto Peña Peña, se pusieron en
su papel y obligaron a la anterior mesa directiva que encabezaba
el desaparecido Manuel Gaytán, a que convocará a elecciones porque su período se
le había culminado terminado desde abril próximo pasado y al
no acudir al llamado de los ejidatarios, estos por sus pistolas
y contando con el apoyo desinteresado del Procurador Agrario
en la entidad Licenciado Ricardo Lyle Erich, llevaron a cabo
dicha elección logrando ganarla con un total de 308 votos de
un padrón de 510 ejidatarios el campesino Alberto Peña Peña,
quien prácticamente sin enemigo enfrente, porque nadie del otro
grupo se presentó a la asamblea y mucho menos a la elección,
se erigió como el nuevo Presidente del Comisariado
Ejidal de la Peñita de Jaltemba y ahora están esperando que el excomisariado
ejidal Manuel Gaytán les diga donde
están los varios millones de pesos que salieron de la venta
de gasolina y de los productos del mini súper que también
es de ellos y que está pegado a la gasolinera de la Peñita de
Jaltemba.
“Nosotros ya nos quedamos aquí
a cuidar que nadie venga a “meter mano” nos decía el campesino
Adán Galarza González en calidad del segundo Secretario del
Presidente de vigilancia de dicho ejido, quien se veía preocupado
porque advertía que “no crea esto no es fácil, puede haber muchos
problemas porque nuestros opositores no quieren venir a entregarnos
las llaves ni las cuentas que estamos exigiéndoles.
La Procuraduría Agraria enfrenta más de 10 conflictos
por posesiones irregulares. (El Golfo Info, p.web).
Puerto de Veracruz
El titular de la Procuraduría Agraria en Veracruz, Fernando
Santamaría Prieto, informó la existencia de más de 10 conflictos
agrarios en la delegación, mencionó que en El Tronconal
hay problemas entre pequeños propietarios por posesiones irregulares,
en Coatepec también se tienen conflictos por tenencia de tierras
y señaló que Cosamaloapan y Tihuatlán
son de los más prioritarios a resolver en este año.
El funcionario, agregó que de esos, unos seis están señalados
como focos amarillos, ya que los focos rojos se terminaron desde
hace más de un año.
Actualmente la Procuraduría Agraria atiende los casos de Cujuliapan, Alto Lucero, Alto Tío Diego, Chichicuaxtla y otros, de los cuales el primero en mención
es el más delicado, ya que los presuntos afectados tomaron las
instalaciones de la delegación en Xalapa, pero manifestó que
ya se tienen importantes avances en la disputa de 500 hectáreas
entre la UCD y la UGOCEP.
Sobre la corrupción, Santamaría Prieto, declaró, “se han tomado
medidas al respecto, incluso se ha cesado a algunos malos elementos”,
sin embargo recomendó a los campesinos que estén sufriendo este
tipo de atropellos que lo denuncien, para que se revise y se
proceda en consecuencia.
En cuanto al monto de recursos que habrán de destinarse este
año para solucionar algunos conflictos, el delegado de la Procuraduría
Agraria no quiso dar cifras para evitar que quienes están
en espera de una resolución empiecen a presionar las negociaciones.
Finalmente Santamaría Prieto, mencionó que el dinero que se
reciba será destinado para atender unos 12 asuntos de los 16
que se tienen registrados.
Exigen se investigue una compra de terrenos. (Diario de Yucatán, p.web).
Una comisión de ejidatarios de Oxcum,
municipio de Umán, solicitó ayer a
los coordinadores de las fracciones del PRI y del PRD en el
Congreso del Estado una investigación de la polémica compra
de terrenos aledaños al del proyecto aeroportuario.
Los diputados Federico Granja Ricalde
(PRI) y Eduardo Sobrino Sierra (PRD) escucharon las quejas de
los campesinos por el presunto engaño en la compraventa de terrenos
ejidales.
—Una de dos: si el comprador Antonino Almazán no engañó al
gobernador, entonces el gobernador está engañando a los yucatecos
porque a nosotros nos pagaron a 70 centavos el metro cuadrado
y Patrón Laviada asegura que nos pagaron a $6.50 el metro cuadrado
—indicó Augusto Hoil Canché, uno de
los inconformes.
En punto del mediodía, el grupo llegó al Congreso acompañado
de su asesor Wílliam Santos Sáenz
para entregar un escrito a la Oficialía Mayor y a las tres fracciones
parlamentarias. En el documento solicitan la intervención de
los diputados para que investiguen el fondo que utilizó el Ejecutivo
en la compra de terrenos de ese ejido.
—Aprovechándose de nuestra pobreza, Antonino Almazán nos pagó
a 70 centavos el metro cuadrado en una superficie de 1,000 hectáreas
—indicó Gustavo Uc.
Los ejidatarios indican que la Procuraduría Agraria
ha “pasado agachada” en la polémica venta de tierras a Almazán,
pero el hecho es que no se cumplieron los plazos ni condiciones
que establece la Ley Agraria en esa venta.
Los diputados ofrecieron investigar el caso.
Pendientes por resolver ocho conflictos agrarios. (Milenio Veracruz, Ivonne Méndez, p.web).
No existen conflictos agrarios considerados como focos rojos
en la entidad veracruzana pues estos quedaron resueltos el año
pasado, afirmó el delegado de la Procuraduría
Agraria, Fernando Santamaría Prieto, quien agregó que actualmente
los problemas que existen son considerados amarillos.
Entrevistado al encabezar la guardia de honor al monumento
a Don Miguel Hidalgo y Costilla detalló que son entre 6 y 8
conflictos agrarios considerados como importantes, los cuales
se están atendiendo; entre los que se encuentran las comunidades
de Cocoliapan, Chichihuaxtla, Alto Tío Diego, Alto Lucero entre otros.
Al referirse al problema agrario en la comunidad de Cocoliapan que provocara que en días pasados campesinos tomaran
las instalaciones de la dependencia a su cargo y la Reforma
Agraria, Santamaría Prieto apuntó que las resoluciones están
muy adelantadas pues ya cuenta con la ficha técnica y el acuerdo
además del compromiso tanto del gobierno federal como del estado
para resolver el problema, el cual es una disputa entre campesinos
de la UCD y la UGOCP por la repartición de 500 hectáreas.
El delegado de la Procuraduría Agraria comentó que con la finalidad
de resolver 12 de los 16 problemas agrarios se invirtieron alrededor
de 50 millones de pesos; pero en este año se desconoce cuál
será la cantidad ya que se tiene que firmar un acuerdo entre
el Gobierno del Estado y la Reforma Agraria.
El funcionario federal indicó por otra parte que la Procuraduría
Agraria cuenta con un órgano de control interno para abatir
la corrupción en la dependencia a su cargo; aunado a ello, manifestó
que efectúa un recorrido en las 12 residencias que tiene la
dependencia en el estado en donde asiste a las asambleas y las
reuniones que llevan a cabo los núcleos agrarios, además de
que lleva a cabo una revisión de los expedientes.
Expropiarán tierras en “La Parota” hasta que CFE
pague. (El Despertar de la Costa, José Manuel Benítez,
p.web)
Chilpancingo,
Gro.- El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Florencio Salazar Adame advirtió
que no llevarán a efecto la expropiación de las tierras donde
se construirá la hidroeléctrica “La Parota” hasta en tanto la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) no pague las indemnizaciones
a los campesinos o el recurso se entregue a una institución
financiera.
Sostuvo que se trata de evitar
lo ocurrido en la hidroeléctrica de Tierra Colorada, de lo cual
apenas la SRA ha venido a entregar indemnizaciones de una obra
que se realizó hace 40 años, y que los recursos los han recibido
los hijos o los nietos de los campesinos afectados en aquella
época.
Además, con el fin de que el patrimonio
de los campesinos no se pierda, el avalúo del valor de sus tierras
debe ser justo, le responda también el pago inmediato, y aseguró
que sí fue legal la segunda asamblea realizada por los campesinos
en el municipio de San Marcos, donde aprobaron la realización
del proyecto. Explicó que estuvieron presentes en la asamblea
funcionarios de la Procuraduría Agraria que validaron
los trabajos conforme a la ley.
Dijo que el proceso de negociaciones
fue accidentado y se trata de expropiar alrededor de 17 mil
hectáreas, y el vaso de la presa va a ser igual a tres veces
más la bahía de Acapulco, lo que da una idea de su magnitud,
y la CFE ha trabajado junto a los campesinos.
Aseguró que ha estado atento, como
guerrerense, a un proyecto tan importante para el estado y el
país, de cómo se han desenvuelto los trabajos de negociación
con los campesinos, y las asambleas se han realizado con la
presencia mayoritaria de los que tienen derechos agrarios, los
que están acreditados como ejidatarios.
Salazar Adame
explicó que hay personas en un ejido viven los avecindados mediante
la aceptación de una asamblea, que les permiten que se asienten
en el ejido, no tienen derecho sobre la tierra, pero que pueden
realizar otra actividad económica, no tienen derechos sobre
el ejido, no participan en las decisiones.
Tampoco participan los que son
extraños al ejido y que concurren en actos de solidaridad de
otras entidades de la República. “Esto es importante porque
de pronto pareciera que hubiera un grupo muy numeroso que se
opone a la obra de ‘La Parota’, cuando que en realidad es un
grupo bastante minoritario, y lo que le da cuerpo a esta movilización
de inconformes, son los que se adhieren en actos de solidaridad”,
añadió.
Afirmó que la ley es muy clara,
en una asamblea los que determinan son la mayoría, y la minoría
debe de someterse a los acuerdos de la mayoría, y los simpatizantes,
en este caso, los que se oponen a “La Parota” tampoco tienen
voz ni voto en las decisiones de la asamblea.
Agregó que de pronto parece que
hay una fuerte oposición al proyecto hidroeléctrico y la gran
mayoría que se oponen nada tienen que ver con los ejidos, ni
tienen derechos agrarios ni son ejidatarios.
Del proceso de expropiación de
las 17 mil hectáreas se inicia luego de que se celebran las
negociaciones y conciliaciones con los núcleos agrarios, cuando
ya tengan las actas de aprobación de las asambleas, ellos, la
CFE, habrán de presentar su proyecto de la construcción de “La
Parota”, y cuando la SRA conozca el destino de la tierra, los
avalúos para el pago de la tierra, ésta comenzará el proceso
de expropiación, con la solicitud expresa de la CFE.
Por otro lado, Salazar Adame reconoció que todavía existen cuatro focos rojos, en
cuanto a conflictos agrarios, en Chiapas, en la Selva Lacandona;
el de la comunidad yaqui en Sonora; el de la meseta Purépecha
en Michoacán, y conflictos agrarios en el estado de Oaxaca.
Dijo que tienen previsto este año resolver lo correspondiente
a Oaxaca y Sonora, y para el 2006 el de Chiapas y el de la meseta
Purépecha de Michoacán.
> Conflictos en Guerrero
En el caso de Guerrero afirmó que
no hay ningún foco rojo pendiente y se han atendido 161 focos
amarillos a nivel nacional, pero en Guerrero están pendientes
por resolver 13, que están comprometidos a desahogarlos este
mismo año.
Manifestó que han reforzado el
equipo de negociaciones, han comisionado a funcionarios en los
estados de Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, el Distrito Federal,
y todos ellos han sido delegados federales en varios estados,
o han sido directores generales de la propia SRA y han hecho
acopio de experiencia y capacidad, porque les importa que los
focos amarillos pendientes de esos lugares sean resuelto en
este año.
Mencionó que la conflictividad
agraria está situada en las zonas más pobres del país, justamente
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que son las entidades con mayores
niveles de pobreza extrema, de tal manera que al desahogar los
temas va a permitir que se instrumente el desarrollo rural donde
hay disputa por ejidos entre comunidades.
Precisó que tienen una bolsa de
900 millones de pesos para atender conflictos agrarios en el
presente año, sean focos rojos o amarillos; de esa bolsa dispondrán
lo que se necesite para resolver lo de Guerrero, pero no fijó
una cantidad, pero hay los fondos necesarios para resolver esos
conflictos.
Aparte, indicó que ya no hay tierras
para repartir, se declaró el fin del reparto agrario en el año
de 1993 o al menos no tiene conocimiento de que haya latifundios
en el país. La tierra que se repartió es equivalente al 52 por
ciento del territorio nacional, se entregaron 103 millones de
hectáreas, que es igual a 50 veces el territorio de la República
de El Salvador.
De “La Parota”, insistió en que
de acuerdo a la ley, lo que les corresponde es una vez que los
ejidatarios den su consentimiento conforme a las asambleas que
para el efecto se hayan realizado, tendrán a su cargo la realización
del acto expropiatorio.
La expropiación, para fines de
utilidad pública que realiza el gobierno federal, siempre está
a cargo de la Reforma Agraria, independientemente de la utilidad
pública que los promueva, para puentes, carreteras, hidroeléctricas,
de nuevos centros de población, a ellos les compete la parte
de la expropiación.
> Los logros presidenciales
Por otro lado habló del gobierno
del presidente Vicente Fox Quesada,
de quien reconoció que los primeros tres años fueron difíciles
en materia de crecimiento y empleo. No obstante, los mejores
fundamentos de la economía, un entorno internacional más favorable
y la consistencia en las políticas públicas permiten visualizar
que la última parte del sexenio sin duda será mejor en esta
materia
Añadió que en los últimos cuatro
años, la Inversión extranjera directa en México creció en 25
por ciento, mientras que a nivel mundial se ha registrado una
disminución, y los esfuerzos en el combate a la pobreza permitieron
que en los primeros cuatro años de este gobierno, 5.6 millones
de mexicanos salieran de la pobreza alimentaria.
Salazar Adame
resaltó que 25 millones de mexicanos de zonas rurales y urbanas
marginadas cuentan con apoyo del programa oportunidades, con
el cual se incrementó en 65 por ciento el número de familias
beneficiarias en Guerrero, respecto del año 2000.
Además, Oportunidades incrementó
en 85 por ciento el número de becas otorgadas en Guerrero, respecto
del año 2000, de 186 mil 681 a 346 mil 239 en 2004, y el número
de familias protegidas por el Seguro Popular de Salud en Guerrero
casi se duplicó respecto de su primer año de operación, de seis
mil 940 en 2002, a 13 mil 804 en el primer semestre del presente
año.
Que pague la CFE a comuneros antes de expropiar
tierras para La Parota: SRA. (El Sur (Guerrero), Teresa
de la Cruz, p.web).
Florencio
Salazar afirma que la asamblea de San Marcos es válida, aunque
si el tribunal la anula se tendría que hacer otra. Insiste en
que la aceptación del proyecto es mayoritaria
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) comenzará
el proceso de expropiación de las tierras para la construcción
de la presa La Parota únicamente si la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) paga de manera “anticipada” a los comuneros o por lo menos
deposita en una institución bancaria el recurso, para evitar
que años después reciban la indemnización los nietos o familiares
de los comuneros afectados, como ocurría en el pasado.
Informó lo anterior el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
en una conferencia de prensa que ofreció ayer en el restaurante
Los Cedros en Chilpancingo, para exponer los resultados que
ha tenido la administración de Vicente Fox,
con motivo del quinto informe de gobierno.
Más tarde, en una conferencia de
prensa en Acapulco, Salazar Adame
dijo que está enterado del recurso de anulación de la asamblea
del 23 de agosto que presentó en el Tribunal Unitario Agrario
(TUA) una comisión de comuneros opositores a la presa, unas
horas antes de su conferencia, llamó a los inconformes “un grupo
minoritario”, y adelantó que la audiencia se va desahogar a
finales de este mes o principios del siguiente.
Explicó: “Si se anulara la asamblea
se tendría que convocar a una tercera o bien, si se da lo contrario,
ya se procederá a complementar lo relacionado para que se pueda
realizar la expropiación”, aunque aclaró que hasta el momento
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha solicitado la
expropiación de las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
A la pregunta sobre riesgos de
enfrentamiento, el funcionario respondió: “Nosotros no vemos
el riesgo de que se dé un desbordamiento social, de acuerdo
a la información que hemos conocido, la población de Acapulco
está de acuerdo en la ejecución de este proyecto. Hay un grupo
activo de muy pocos ejidatarios, bastante menor en relación
con el padrón de ejidatarios, que se oponen a la obra”.
En el conflicto, hay presiones
de personas ajenas a Guerrero, afirma.
Por la mañana, en la capital, el
político chilpancinguense,
descartó que el conflicto de La Parota sea el problema de tierras
más fuerte que tenga registrado la SRA en la entidad y resaltó
que más bien “lo que hay ahí es una movilización de grupos que
se oponen al proyecto pero que no tiene derechos como ejidatarios…y
no puede tomarse una decisión en base a la presión de personas
ajenas al estado”.
De igual modo, advirtió que de
no construirse la presa, Acapulco corre el “riesgo” de enfrentar una “gravísima crisis de agua”, en
un plazo no mayor a 10 años y “tendría serios problemas para
mantenerse como el destino turístico como lo es hoy…si no hay
agua en los hoteles, el turista ya no viene a Acapulco y se
va a caer nuestra principal fuente de ingresos y los guerrerenses
vamos a seguir viviendo en condiciones de mayor atraso”.
Otro justificante para la construcción,
según Salazar Adame, es el caso de
Chilpancingo, en donde “ya no hay fuentes de abastecimiento
de agua, se intentó el proyecto del Río Azul y resultó un fracaso,
Acahuizotla resultó insuficiente,
Omiltemi está agotada y del río Balsas por ser las aguas extremadamente
duras por sus residuos industriales, sería costoso procesarla
para hacerla de consumo humano”.
Salazar Adame
también resaltó que por tener a su cargo la realización del
decreto expropiatorio de los Bienes Comunales de Cacahuatapec, “nosotros llevaremos a cabo este proceso de
expropiación siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad
pague anticipadamente las tierras a los campesinos o bien el
recurso se entregue a una institución financiera”.
Indicó que esa medida es “para
evitar que ocurra como con la hidroeléctrica de (La Venta en)
Tierra Colorada, por la que hemos venido a entregar indemnizaciones
de una obra que se realizó hace 40 años y el recurso lo han
recibido los hijos o nietos de campesinos y para que el patrimonio
de los campesinos no se pierda necesitamos que al avalúo de
las tierras, le responda (la CFE con) el pago inmediato”.
Aún no entrega la CFE la solicitud
de expropiación
A pregunta expresa, el funcionario
federal dijo que por las “accidentadas” negociaciones que aún
existen entre los comuneros y la CFE, ésta todavía no ha entregado
la solicitud de expropiación de las tierras que implicarían
la construcción del vaso de la hidroeléctrica, aunque precisó
que aproximadamente unas 17 mil hectáreas, serían el total de
tierras a expropiar.
Agregó que si el proceso es largo,
en tres meses tendrá el dictamen la SRA y si no en 35 o 40 días
estará listo.
Salazar Adame
indicó que a pesar de que un acto expropiatorio,
“es potestad del Estado, y no se requiere que haya asambleas
de aceptación porque se supone que las obras son de utilidad
pública…las asambleas son necesarias para que haya una conciliación
social, para que no haya un acto impositivo, no autoritario…si
no se hacen asambleas se puede correr el riesgo de que sí haya
un conflicto social”.
–¿Y si no
hay aceptación en el caso de La Parota, se va a hacer la expropiación
sin consentimiento? –se le preguntó
–No, en este caso hay la aceptación
mayoritaria y quien esté inconforme, entiendo que está presentando
recursos de inconformidad ante tribunales agrarios.
En otro momento consideró que la
asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
que se realizó en San Marcos fue legal, debido a que fue avalada
por un “grupo mayoritario” e incluso enfatizó que estuvo avalando
esa reunión la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN).
Consideró que el aspecto que “le
da cuerpo” a las movilizaciones de los comuneros opositores
en contra del proceso realizado en la reunión, “son los grupos
que se adhieren en acto de solidaridad, pero aquí la ley es
muy clara: en una asamblea los que determinan son la mayoría
y la minoría tiene que someterse a la mayoría, los avecindados
y los simpatizantes a favor de los que se oponen a La Parota
tampoco tienen voz ni voto”.
Dijo que por la presencia de “extraños
en el ejido” que pertenecen a otras entidades “de pronto pareciera
que hubiera un grupo muy numeroso que se opone a la obra de
La Parota, cuando en realidad es un grupo bastante minoritario…la
gran mayoría de opositores nada tiene que ver con los ejidos,
ni son ejidatarios”. Por eso, indicó que “no puede tomarse una
decisión en base a la presión de personas ajenas al estado”.
El funcionario federal también
habló de las características del proyecto y sobre esto refirió
que la obra “es importante para el estado y para el país, en
cifras sabemos que es una inversión de mil millones de dólares,
que se va a construir a lo largo de 10 años y va a generar dos
mil 500 empleos indirectos además de cinco mil directos”.
Señaló asimismo que la CFE ha ofrecido
crear un distrito de riego para los campesinos y ha prometido
dar concesiones para realizar actividades productivas relacionadas
como proyectos acuícolas, granjas camaroneras y turismo, además de que ha
hablado de “construir nuevas casas, escuelas, sacar a los muertitos
del panteón y hacerles sus panteones, ha ofrecido servicios….como
se puede ver este proyecto va a dar un gran beneficio a la zona
y el pago de sus tierras”.
Precisó que del total de la inversión,
250 mil millones de dólares van a tener repercusión directa
en Acapulco “esto implica una reactivación de las actividades
económicas, pero además La Parota representa para Acapulco,
la viabilidad de tener un suministro de agua por todo el tiempo
que lo quiera”.
Salazar Adame,
indicó que como en cualquier obra en el caso de la presa también
hay afectados.
Los ecologistas buscan protagonismo,
dice.
El secretario consideró que pareciera
que las agrupaciones de ecologistas sólo “están buscando aquellos
lugares que les dan un protagonismo nacional e internacional
y se ponen la bandera de la defensa a ultranza de la ecología
y me refiero no a ecologistas serios, responsables que revisan,
–que hacen exámenes, que estudian y hacen estudios de impacto
ambiental y que hacen recomendaciones que el gobierno toma en
cuenta, sino a estos grupos que de ecologistas tienen el nombre,
que buscan esta presencia ruidosa”.
A preguntas insistentes de reporteros,
no quiso precisar nombres de organizaciones de ecologistas en
particular, sólo dijo que tenía conocimiento de que había estudiantes
apoyando a los opositores al igual que los campesinos de San
Salvador Atenco en el estado de México “que no son guerrerenses y que
no tienen derechos a agrarios en al zona”.
Se enviaría mal mensaje a los inversionistas
Salazar Adame
mencionó de igual modo que de no construirse el proyecto, además
de que dejaría a Guerrero en verdaderas condiciones “precarias”,
Guerrero enviaría a los inversionistas extranjeros un mensaje
de que en el estado “no hay certidumbre para invertir”.
Agregó que los guerrerenses “estaríamos
demostrando que no somos capaces ni siquiera de acoger un proyecto
federal…en la época del gobernador Raymundo Abarca Alarcón se
intentó instalar la Nissan, no le
dimos las facilidades y por eso Iguala está como está, sin infraestructura,
sin servicios, sucia y triste…hemos tenido talento para no aprovechar
oportunidades que nos ayuden a ser un estado desarollado, y eso nos va pasar con La Parota en el supuesto
de que se fuera esta obra”.
Para el gobierno federal, según
Salazar Adame, “no va a ser problema
cambiar el proyecto, el problema va a ser para nosotros los
guerrerenses y va a ser un problema serio”.
En Acapulco, Salazar Adame reiteró que los que se oponen al proyecto no son ejidatarios
e informó que el expediente de la asamblea del 23 de agosto
ya fue registrado en RAN, pero, dijo, que de cualquier manera
la Reforma Agraria no puede proceder a ningún acto expropiatorio
en tanto la institución pública correspondiente no formule la
solicitud, y en este caso no hay solicitud de la CFE.
A pregunta expresa de qué es lo
que se debe hacer para destrabar el conflicto, consideró que
: “La CFE debe ampliar su capacidad de negociación con
los campesinos, explicar con la mayor claridad los posibles
alcances y beneficios que recibirán y desde luego el impacto
benéfico para el estado”.
Demandan nulidad de la asamblea que aprobó la expropiación
de tierras para La Parota. (El Sur (Guerrero),
Karina Contreras, p.web)
Acuden comuneros
opositores al Tribunal Unitario Agrario y entregan la petición
con el respaldo de 3 mil 282 firmas. Solicitan además al magistrado
medidas cautelares para que la CFE, la SRA y los representantes
de lo Bienes Comunales de Cacahuatepec impugnados se abstengan de avanzar en las gestiones
y trabajos para la presa
Con el respaldo de 3 mil 282 firmas,
comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota presentaron
ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 la demanda
de anulación de la asamblea del 23 de agosto, que autorizó a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciar los trámites
de expropiación de 17 mil hectáreas de Bienes Comunales de Cacahuatepec
en los que se pretende hacer la obra.
Además, en la demanda los opositores
piden tres medidas cautelares al magistrado del TUA, Juan Rodolfo
Lara Orozco, fundamentándose
–dicen– en el artículo 166 de la Ley Agraria para
que con estas se mantenga la situación de hechos que existe
en los Bienes Comunales de Cacahuatepec
y se protejan los derechos individuales y colectivos de los
suscritos “ya que de no ser así se podrían suscitar hechos
violentos que alterarían la paz social del estado”.
La primera medida cautelar que
piden es que el TUA gire oficio a la CFE para que se “abstenga
de realizar gestorías tendientes al proceso expropiatorio
de los terrenos destinados para la construcción de la presa
La Parota, así como trabajos de obras complementarias como son
los caminos de acceso a la obra, convenios de ocupación temporal,
cambios de uso de suelo y la construcción de la línea de transmisión.
Dicen que esto –al menos– hasta
que no se resuelva el juicio por sentencia debidamente ejecutoriada,
pues de no hacerse así causaría severos daños de propiedad,
posesión y disfrutar de los bienes agrarios.
La otra medida sería para la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), para que se abstenga de realizar
trámites tendientes al proceso expropiatorio
y la tercera medida cautelar sería para los representes impugnados
para que se abstengan de realizar gestiones tendientes al proceso
expropiatorio, así como evitar hacer
convenios para que se efectúan accesos a las obra.
La demanda va contra las autoridades
de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
encabezadas por Crecencio Jerónimo
Aparicio, así como el comité de vigilancia.
El abogado de los opositores, Raymundo
Castro Aparicio, precisó que demandan la nulidad de acta de
asamblea del 23 de agosto que autorizó a la CFE iniciar los
trámites de expropiación de tierras, cambio de uso de suelo,
debido a que el procedimiento –dijo– no se ajustó a los lineamientos
de la Ley Agraria.
“Por lo que pedimos la nulidad
de todos los actos, convenios y documentos que dan la aprobación
en acta de asamblea del 23 de agosto. Como pruebas se narra
todo lo que ocurrió en ambas asambleas, se presentan pruebas
testimoniales, documentales, privadas (padrón de comuneros)”.
Agregó que además se exhiben documentos
de recibos con credenciales originales que la CFE manejó en
ambas asambleas para pagar y sobornar a los comuneros que estuvieron
a favor de la construcción del proyecto La Parota, y que fueron
quitados a funcionarios de la paraestatal en la vereda de Amatillo,
apenas dos horas después de que se aprobó la expropiación de
las tierras de los campesinos.
Castro Aparicio dijo que es claro
que los comuneros fueron privados de sus derechos agrarios,
que no se pasó lista, que no se verificó el quórum legal, que
se movió la asamblea sin causa justificada, por lo que
“sin duda hay causales suficientes para nulificar la
asamblea”.
Atención especial al conflicto,
pide Suástegui
Los comuneros opositores se reunieron
alrededor de las 11 de la mañana por algunos minutos con el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, en su oficina,
con quien dialogaron sobre la nueva demanda que presentan ante
ese Tribunal y le informaron que la demanda de anulación de
asamblea del 23 de agosto va respalda por 3 mil 282 firmas.
El magistrado Lara Orozco les dijo
que los campesinos siempre son bienvenidos al Tribunal y señaló
que recibía “de manera virtual” el expediente, pues para recibir
las demandas estaba una oficialía de partes, para que se integre
y se le dé la audiencia sujeta a la programación del TUA. Lara
Orozco dijo que en ese Tribunal las causas se resuelven conforme
a derecho y los tiempos de la ley serán respetados.
En la breve reunión, el vocero
de los opositores, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, pidió al magistrado Juan Rodolfo Lara una “atención especial
al conflicto de La Parota”, porque se corre el riesgo de derramamiento
de sangre.
Dijo que sabe que hay más conflictos
agrarios, pero piden que se agilice su demanda.
Recordó que hay otra demanda de
anulación de la asamblea del 25 de abril de 2004, “de la cual
no vemos resultados. Por eso pedimos que agilice porque es nuestro
patrimonio”.
El comunero de Salsipuedes, Facundo Hernández, le dijo que el gobierno se
ha prestado al juego de la CFE para las asambleas amañadas y
dijo que lo que están expropiando son sus tierras, el único
patrimonio que le van heredar a sus hijos.
El campesino de Arroyo Verde Adolfo
García Vázquez le dijo que las medidas cautelares que decretó
no fueron obedecidas por la paraestatal y por ello le piden
las medidas cautelares para que la CFE ya no entre a la zona
del conflicto.
El comunero de Agua Caliente José
Venus manifestó al magistrado Lara Orozco que si la CFE llega
a entrar a la zona va “haber derramamiento de sangre”, y dijo
que se lo advierten porque la paraestatal “nunca ha respetado
nada. Usted ha sido neutral y actuará como marca la ley, le
decimos que esa asamblea fue amañada”.
El magistrado dijo que estudiará
el caso y que pondrá fecha para la primera audiencia donde vayan
las partes, y dijo que necesita estudiar el acta de asamblea,
a lo que los opositores respondieron que “el acta la tiene la
CFE, pero ya la estamos solicitando”.
Aunque no es su costumbre dar declaraciones,
Lara Orozco accedió a responder a algunos reporteros y dijo
que las demandas de nulidad interpuestas por los opositores,
la del 23 de abril del 2004 y las del 23 de agosto del 2005,
son procesos distintos y así se va seguir, porque “no necesariamente
rebasa el proceso anterior”.
Agregó que los dos casos “son autónomos,
independientes que tiene que resolverse mediante una sentencia
separada, ni siquiera puede darse la vinculación porque son
actos impugnables distintos. Deben seguir separadas y respetar
las etapas procesales”.
Comuneros exigen anular expropiación de tierras
donde se construirá La Parota. (La Jornada, Misael Hababa, p.web)
Solicitan que se impida a la CFE que comience a laborar en la
zona en litigio
Acapulco, Gro., 7 de septiembre.
Comuneros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La
Parota (CECOP) solicitaron hoy ante el Tribunal Unitario Agrario
(TUA), con sede en este puerto, la anulación de la asamblea
realizada el pasado 23 de agosto en el municipio de San Marcos
en la que se aprobó la expropiación de las 17 mil hectáreas
para la construcción de la presa hidroeléctrica.
Mediante un documento avalado por 3 mil 282 firmas -de un total
de 7 mil 200 personas que conforman las comunidades agrupadas
en el CECOP-, que entregó al TUA el abogado de los comuneros,
Raymundo Castro Aparicio, éstos exigieron, además, la aplicación
de medidas cautelares contra la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) para que no pueda realizar obras en la zona donde se pretende
construir La Parota.
Asimismo, exigen que se impida que la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) comience el proceso de expropiación, y que
se ordene a los miembros del Comisariado
de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
(CBCC), favorables al proyecto, se abstengan de celebrar convenios
temporales con la paraestatal.
Cabe recordar que los miembros del CECOP impugnaron ante el
tribunal agrario la primera asamblea realizada por el CBCC,
que preside Crescencio Jerónimo Aparicio, el 23 de abril de 2004, en la
que se autorizó a la CFE iniciar los trabajos de investigación
del proyecto con firmas apócrifas de los comuneros opositores,
de acuerdo con la denuncia.
Mientras, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, dijo que la dependencia a su cargo no dará trámite
al proceso de expropiación de las 17 mil hectáreas en donde
la paraestatal pretende construir la presa, si antes la CFE
no indemniza a los campesinos o deposita, con ese fin, los recursos
en alguna institución financiera.
En entrevista en este puerto, Salazazr
Adame reconoció que la CFE no ha realizado
ninguna solicitud a la dependencia que encabeza para iniciar
la expropiación de las tierras en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Agregó que tal vez la paraestatal saldará este requisito cuando
"termine todo el proceso de negociación y tenga las actas
de aceptación de las asambleas".
Salazar Adame aseguró que "llevaremos
a cabo este proceso siempre y cuando la CFE pague anticipadamente
la indemnización a los campesinos o bien entregue los recursos
a una institución financiera", señaló el funcionario.
Con ello se pretende evitar lo que ocurrió con la presa hidroeléctrica
de La Venta, ubicada en Tierra Colorada, cerca de Acapulco.
"Hemos venido a entregar indemnizaciones de una obra que
se realizó hace 40 años y los recursos los recibieron los hijos
o los nietos de quienes fueron dueños de la tierra", indicó.
El titular de la SRA se comprometió a que el avalúo del precio
de la tierra será justo y que el pago se hará de manera inmediata.
Salazar Adame dijo que la construcción
de la obra tardará 10 años, en la cual se invertirán mil millones
de dólares, generará 2 mil 500 empleos directos y 5 mil indirectos.
Interponen demanda de nulidad al proceso expropiatorio “La Parota”. (El Despertar
de la Costa, Nereo Galindo, p.web)
Acapulco, Gro.-
Comuneros opositores interponen demanda de nulidad, ante el
Tribunal Unitario Agrario, de la asamblea general que autoriza
el proceso expropiatorio de los terrenos
para la construcción del proyecto hidroeléctrico “La Parota”
por considerar que existen irregularidades que violentan los
artículos 23 al 27 de la Ley Agraria.
En conferencia de prensa, Raymundo
Castro Aparicio, abogado defensor de los comuneros opositores,
explicó que en los hechos se narran todos los incidentes registrados
como son, el privar a los comuneros asistir a la asamblea general
el pasado 23 de agosto del 2005.
Y agregó: “Donde los privan de
sus derechos constitucionales y derechos agrarios, sobre todo,
los derechos individuales y colectivos, que son causales suficientes
para nulificar esta asamblea”, expresó.
Acompañado de comuneros opositores,
poco antes de entregar la demanda ante el Tribunal Unitario
Agrario en este puerto, Castro Aparicio precisó que en los hechos
se señalan todas las fuerzas policiales que asistieron, la intimidación,
compra y coacción que hubo del voto de cada uno de los comuneros
que aprobaron todo.
Insistió al respecto: “Y sobre
todo, las formalidades que no se cumplen en los artículos
del 23 al 27 de la Ley Agraria, donde no hubo pase de lista
y donde no se verifico el quórum legal, además de realizar la
asamblea en un lugar distinto al acostumbrado”.
El abogado defensor de los comuneros
opositores, dejó claro que todas las causales son causas para
decretar la nulidad de la asamblea general efectuada el pasado
23 de agosto del 2005.
Durante la conferencia de prensa,
la defensa se refirió a recibos que presuntamente entregó Comisión
Federal de Electricidad (CFE) a comuneros y aseguró que son
recibos pagados a cada comunero, cantidades que van desde 2
mil 800, 2 mil, mil, 500, 400 y hasta 200 pesos.
Aclaró que los recibos que ofrecen
como pruebas son un total de 20 recibos y que la demanda presentada
ante autoridades agrarias está firmado por 3 mil 282 comuneros
de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
municipio de Acapulco, sitio en donde se pretende construir
la presa “La Parota”
El abogado defensor solicitó al
Tribunal Unitario Agrario (TUA) girar oficio a CFE para que
éstos se abstengan de realizar gestiones tendientes al proceso
expropiatorio de los terrenos destinados
a la construcción del proyecto hidroeléctrico “La Parota”, obras
complementarias, convenios de ocupación temporal con la comunidad
de Bienes Comunales de Cacahuatepec
y realizar trámites de cambio de uso de suelo ante la Semarnat.
Finalmente, la defensa de los comuneros
pide que el TUA gire oficio a la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) para que se abstenga de realizar trámites
tendentes al proceso expropiatorio de los terrenos destinados para el proyecto
hidroeléctrico “La Parota”, hasta en tanto, se resuelva el presente
juicio por sentencia ejecutoria.
Impugnan La Parota ante Tribunal Agrario. (Novedades de Acapulco, p.web).
Comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota presentaron
ante el Tribunal Unitario Agrario la demanda de nulidad de la
asamblea del 23 de agosto en la que se aprobó el inicio de la
expropiación de sus tierras, apoyada con 3 mil 282 firmas de
inconformes que piden como medida cautelar que la Comisión Federal
de Electricidad, la Secretaría de la Reforma Agraria
y el Comisariado de Cacahuatepec se abstengan de realizar trabajos o celebrar
convencios en la zona de afectación.
Raymundo Castro Aparicio, abogado de los opositores, comentó
que la privación de los derechos constitucionales y agrarios
individuales y colectivos de los campesinos que fueron impedidos
de acudir a votar en contra de la presa mediante retenes policíacos
que los entretuvieron los 20 minutos en que se aprobó el proyecto,
“son causales suficientes para nulificar esa asamblea”.
Así como el haberse realizado la misma en otro municipio, lo
cual mencionó incumple las formalidades de los artículos del
23 al 27 de la Ley Agraria, “donde no hubo pase de lista, no
se verificó el quórum legal, se realizó la asamblea en un lugar
distinto al acostumbrado y no hubo causa justificada para sacarla
de la jurisdicción de los Bienes Comunales”.
Copias fotostáticas de 20 recibos por 2 mil 800 a 400 pesos
supuestamente pagados a los campesinos que votaron a favor y
que fueron recogidos por los opositores cuando impidieron ese
pago realizado a orilla de carretera rumbo a San Marcos, donde
a quienes vendieron el voto se les colocaron distintivos fosforescentes
en el pecho.
Como medidas cautelares a decretar por el tribunal piden en
su demanda que se gire oficio a la Comisión Federal de Electricidad,
para que se abstenga de realizar gestiones tendientes al proceso
expropiatorio de los terrenos destinados
para la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota,
así como para que se abstenga de realizar obras complementarias,
embalses y todos los caminos necesarios de acceso a la obra
y se abstenga de realizar convenios de ocupación temporal con
la comunidad de Cacahuatepec, realice trámites de uso de suelo ante la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Otra medida cautelar es dirigida a la Secretaría de la Reforma
Agraria, -para que se abstenga de realizar trámites tendientes
al proceso expropiatorio-, y al Comisariado
de Bienes Comunales de Cacahuatepec,
para que se abstengan de realizar convenios con la Comisión
Federal de Electricidad.
Luego de dar lectura al contenido de la demanda en el zócalo
porteño, los comuneros la entregaron simbólicamente al magistrado
presidente del Tribunal Agrario, Jorge Lara Martínez, quien
les indicó que luego que hicieran entrega formal ante la Oficialía
de Partes -lo que aconteció cinco minutos después- se agendaría
la audiencia de derecho aunque de acuerdo a la agenda del tribunal
que está algo saturada.
Ante lo cual, el vocero de los opositores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, le pidió dar celeridad al proceso debido
al riesgo de que se desate la violencia en Cacahuatepec.
Altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
encabezados por el subcordinador de
Proyectos Especiales de la paraestatal Eugenio Laris
se reunieron a puerta cerrada _sin la presencia de medios de
comunicación de ningún tipo_ con el alcalde porteño Alberto
López Rosas, y de lo que ahí se trató poco se dio a conocer.
Por su parte, Francisco Luna Dorantes,
secretario particular del presidente municipal, negó que el
alcalde sostuviera una reunión relacionada con el caso La Parota;
sin embargo, los funcionarios de la paraestatal al ser abordados
reconocieron que sí fue uno de los puntos a tratar en la reunión.
El subcordinador general de Proyectos
Especiales a nivel nacional de la CFE, Eugenio Laris
(quien era acompañado por el encargado del proyecto La Parota,
Víctor Hugo Chávez Chávez), al ser
abordado por Novedades Acapulco al salir de la reunión privada,
mencionó que los asuntos tratados con el alcalde fueron relacionados
con el desabasto del vital líquido
en la zona de Punta Diamante.
Pero, ante la insistencia del equipo de esta casa editora,
Eugenio Laris reconoció que sí trataron
con el primer edil acapulqueño el asunto de la construcción
de la hidroeléctrica La Parota, aunque no quiso entrar en detalles.
“Fue uno de los muchos puntos que se abordaron en la plática
que acabamos de tener con el alcalde”, atajó.
Asimismo, la Dirección de Comunicación Social del Gobierno
Municipal en la agenda del alcalde no informó de la reunión
y cuando a la titular de la dependencia se le preguntó si dicha
asamblea sería dada a conocer por medio de algún boletín, asentó
que no, pues citó que era tan privada la reunión que ni siquiera
a los de Comunicación Social se les permitió el acceso.
En la reunión no estuvo ni siquiera el secretario particular
del alcalde, Luna Dorantes, quien
durante el tiempo que duró la reunión se le observó dando vueltas
por las regidurías y pasillos del Palacio municipal.
La CFE debe pagar a comuneros de La Parota. (Milenio, Zacarías Cervantes, p.web).
La Secretaría de la Reforma
Agraria dijo que iniciará el proceso de expropiación de tierras.
Chilpancingo
El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
dijo ayer en Chilpancingo que esa dependencia no iniciará el
proceso de expropiación de las tierras en donde se va a construir
la presa hidroeléctrica La Parota, si antes la Comisión Federal
de Electricidad no indemniza a los campesinos o deposita los
recursos en una institución financiera.
El funcionario federal explicó que de acuerdo con la ley, lo
que corresponde a la SRA, después de que los ejidatarios den
su consentimiento en las asambleas que se están llevando a cabo,
es el acto expropiatorio. “La expropiación
para fines de utilidad pública siempre están a cargo de la SRA,
independientemente de la entidad pública que los promueva”,
dijo.
Sin embargo, informó que hasta ahora la Comisión Federal de
Electricidad no ha presentado ninguna solicitud a la SRA para
dicha expropiación, “porque seguramente será cuando termine
todo el proceso de negociación y cuando tengan las actas de
aceptación de las asambleas”, indicó Salazar Adame.
“Y sobre esto quiero
mencionar que nosotros llevaremos a cabo este proceso de expropiación,
siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad pague anticipadamente
la indemnización a los campesinos o bien entregue el recurso
a una institución financiera”.
Explicó que con ello se pretende evitar lo ocurrido en el caso
de la presa hidroeléctrica de La Venta, ubicada en Tierra Colorada,
“en donde hemos venido a entregar indemnizaciones de una obra
que se realizó hace 40 años, y el recurso lo han venido a recibir
los hijos o los nietos de quienes fueron dueños de la tierra”.
Indicó que en esta ocasión se pretende que los campesinos reciban
el avalúo que sea justo, pero que además el pago por sus tierras
sea inmediato. Informó que la expropiación que se realizaría
implica aproximadamente 17 mil hectáreas.
El titular de la SRA opinó que la obra es importante para el
desarrollo económico de Guerrero, pues se tiene contemplada
una inversión de mil millones de dólares y que se va a construir
a lo lago de 10 años; va a generar 2 mil 500 empleos directos
y 5 mil indirectos, y que del total de la inversión, 250 millones
de dólares, se van a aplicar directamente en la zona de Acapulco,
“lo que implica la reactivación de las actividades económicas
y representa para Acapulco la viabilidad de tener suministro
de agua por todo el tiempo que lo requiera”, explicó el funcionario
federal.
Vigila SRA La Parota. (Diario 17, Cindy Pacheco, p.web).
El titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame
advirtió que esta dependencia será vigilante, para que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) pague puntualmente las expropiaciones
que se realizarán para la construcción de la presa hidroeléctrica
La Parota.
El funcionario federal afirmó que
antes de que se inicien los trabajos de edificación de la presa,
la paraestatal deberá hacer los pagos correspondientes en cuentas
bancarias, a fin de crear un acceso económico directo para los
campesinos por la expropiación de sus tierras.
“Pugnaremos y cuidaremos que a
través de la Procuraduría Agraria que es el órgano defensor,
se les pague de manera puntual sus tierras y consecuentemente
que se cumplan todos los compromisos que hizo la Comisión Federal
de Electricidad con los grupos agrarios”.
Del recurso de nulidad interpuesto
por los inconformes ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA),
explicó que deberá desahogarse a finales del presente mes y
que tras este veredicto se sabrá lo procedente, es decir, se
convocaría a una tercera asamblea o se iniciarían los trabajos
de edificación.
Agregó que por el momento, la Reforma
Agraria no puede proceder a ningún acto expropiatorio,
ya que la Comisión Federal de Electricidad no ha formulado esta
solicitud.
El funcionario federal juzgó la
intromisión de personas externas al conflicto de aceptación
del proyecto de la CFE, al considerar que estas muestras de
rechazo han sido efectuadas porque “no conocen el alcance de
una inversión de este naturaleza que tendrá una repercusión
muy importante para los guerrerenses y para los acapulqueños”.
De acuerdo al Registro Agrario
Nacional –remarcó- se tiene un padrón de los comuneros que
son dueños de las parcelas que serían afectadas tan sólo en
los Bienes Comunales de Cacahuatepec,
donde se registran 7 mil 285 verdaderos ejidatarios.
“Todos lo que se oponen o la mayoría
de los que se oponen al proyecto de La Parota, no son ejidatarios,
consecuentemente, no tiene derecho a participar en la asamblea,
no tienen capacidad de opinión y no tienen porque intervenir
en un asunto que les compete estrictamente a los ejidatarios”.
Aseguró que el gobierno federal
no prevé un posible desbordamiento social, ya que –indicó- en
la asamblea del pasado 23 de agosto, los “verdaderos” titulares
de los derechos agrarios aprobaron a que se procediera a la
expropiación de tierras mediante un pago correspondiente.
“El problema de La Parota es un
conflicto suscitado por dos grupos, unos mayoritario y otro
minoritario en razón de este proyecto de la CFE, como ustedes
saben en una segunda asamblea, los titulares de los derechos
agrarios aprobaron que se procediera como expropiación de las
tierras”.
Asimismo, consideró que la Comisión
Federal de Electricidad debe ampliar su capacidad de negociación
con los campesinos y explicar con mayor claridad los alcances
de las propuestas y beneficios que traería esta obra para el
estado y preferentemente sobre Acapulco.
Nayarit insiste
en llevarse la presa
Florencio Salazar refirió que en
reuniones con el gobierno de Nayarit, se insiste en trasladar
el proyecto hidroeléctrico a esa entidad, que daría paso a edificar
la presa La Yesca
“Venimos de Nayarit, estuvimos
en reuniones de trabajo con el gobernador de aquél estado, y
me comentaba que quería se la llevaran allá, que aquí si queremos
la inversión”.
Afirmó que la intención de edificar
La Parota en Guerrero “no se trata de una actitud de que tiene
que hacerse a fuerza en Acapulco puede hacerse en otra parte
del país”; no obstante, calificó como “grave” que este proyecto
no se contrete en este entidad “que se está peleando el segundo
lugar como estado más pobre”.
El funcionario federal estuvo en
el puerto para asistir a la exposición La Política del Gobierno
de la República 2000-2005, a cargo de Maribel Méndez de
Lara, coordinadora de asesores de la SRA.
Durante la ponencia, se explicó
que el gobierno federal ha resuelto
10 focos rojos y pretende desactivar en lo que resta del sexenio
cuatro conflictos agrarios más, que actualmente representan
el único problema y que están encendidos a nivel nacional.
Se precisó que dos
de los conflictos están en vía de solución, podrían disolverse
antes de que finalice el año, mientras que el resto quedaría
pendiente para el 2006. y Refirió que los cuatro focos rojos a nivel nacional se ubican
en los municipios de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, en la parte
de la selva lacandona.
En cuanto al estado
de Guerrero, la SRA recientemente solucionó el conflicto agrario
en las comunidades de Acatepec y Zapotitlán
Tablas y se tiene el avance de 27 conflictos resueltos.
Sin embargo, existen
15 focos amarillos en diversos puntos de Guerrero y para los
cuales la federación destinará poco más de 200 millones de pesos
para su solución.
Solo un “grupo minoritario” se opone a La Parota:
SRA; ¡ajá!. (Diario de Guerrero, p.web).
El Secretario de la Reforma
Agraria -SRA-, Florencio Salazar Adame
descalificó a quienes han manifestado su oposición al proyecto
hidroeléctrico de La Parota, al afirmar que son un grupo minoritario
de campesinos con derechos de ejidatarios quienes son apoyados
por gentes externas a las decisiones comunales de Cacahuatepec.
El funcionario estuvo ayer en la
capital del Estado donde habló del proyecto La Parota y la polémica
que ha generado entre campesinos de Cacahuatepec,
que se oponen a la construcción de la presa sobre unas 17 mil
hectáreas.
“...Hemos estado atentos, interesados
en un proyecto tan importante para el Estado y el país, de cómo
se han desenvuelto los trabajos de negociación con los campesinos,
las asambleas que se han realizado con la presencia mayoritaria
de los que tienen derechos agrarios”, sostuvo de entrada.
Para el titular de la SRA, quienes
tienen derechos agrarios en la zona que se verá afectada no
han protestado contra el proyecto, “...porque pareciera que
hubiera un grupo numeroso que se opone a la obra de La Parota,
cuando en realidad es un grupo bastante minoritario y lo que
le da cuerpo a la movilización de opositores, son otros grupos
que se adhieren en solidaridad con los que están inconformes
con el proyecto aprobado”.
En ese sentido, explicó que la
SRA intervendrá luego de que los ejidatarios afectados lleguen
a un acuerdo de indemnización con la Comisión Federal de Electricidad
-CFE-, “...una vez que los ejidatarios den su consentimiento
conforme a las asambleas que para su efecto se hayan realizado,
nos hacemos cargo de la realización del acto expropiatorio, la expropiación a partir de la utilidad pública
que realice el gobierno federal siempre está a cargo de la SRA,
independientemente de la entidad pública que los promueva para
escuelas, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, nuevos centros
de población, a nosotros nos compete la parte de la expropiación”.
“...Sobre esto, quiero mencionar
que la SRA llevara a cabo el proceso de expropiación, siempre
y cuando la CFE pague anticipadamente las tierras a los campesinos,
o bien el recurso se entregue a una institución financiera”,
dijo el funcionario federal.
Están pendientes de resolver 13 conflictos agrarios
en Guerrero: Salazar Adame. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
En los cinco años
de Fox, el estado ha recibido 140
millones de pesos para solucionar 27 disputas de tierras, informa
el secretario de la Reforma Agraria
Chilpancingo
En los cinco años de gobierno del
presidente Vicente Fox, Guerrero ha
recibido cerca de 140 millones de pesos para dar solución a
27 conflictos agrarios que se generaron “desde hace cientos
de años” entre campesinos, por la disputa de 203 mil 644 hectáreas
de tierra, dijo el titular de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
durante la conferencia de prensa La Política Social del Gobierno
de la República 2000-2005, a la que convocó ayer en Chilpancingo.
Sin embargo, el guerrerense reconoció
que aún estan pendientes por resolver
otros 13 conflictos –que han sido ubicados dentro de la categoría
de focos amarillos–, pero que para ellos el gobierno federal
dispone de una bolsa de 900 millones de pesos.
El objetivo de la conferencia de
prensa que ofreció Salazar Adame,
fue para informar los resultados de la administración del presidente
Fox en el marco de su quinto informe,
tarea que realizan los secretarios federales en todo el país.
Primero, la coordinadora de asesores
de la SRA, Maribel Méndez de Lara, resumió el informe y resaltó
que en los cinco años de administración de Fox,
han tenidos “dos logros principales, que tienen que ver con
el aceleramiento del proceso democrático y el establecimiento
de una política social de estado”.
Méndez de Lara precisó que entre
los resultados más relevantes en la entidad es el haber logrado
que 315 mil 952 familias se encuentren dentro del programa Oportunidades,
en comparación con las 197 mil que se registraron en el año
2000.
En cuanto al Seguro Popular, informó
que hay 13 mil 804 personas afiliadas; mientras que en créditos
para la vivienda, de los 22 mil 500 que recibió Guerrero en
la administración pasada, “se entregaron 28 mil 196, que significan
un 25 por ciento más”.
Resaltó que de los 430 conflictos
que se resolvieron en el país durante los cincos años de gobierno
de Fox, 27 se ubicaban en Guerrero,
involucrando 203 mil 644 hectáreas, de las cuales se han compensado
27 mil 169, con una inversión de 140 millones de pesos.
En su intervención, Florencio Salazar
informó que de los 161 conflictos que estaban ubicados dentro
de la agenda agraria de la entidad, sólo falta solucionar 13
casos que son señalados como focos amarillos, “y que pretendemos
resolver antes de que acabe este año”.
Dijo que en el caso de Guerrero,
la federación está conformando un equipo de negociación que
integrarán ex delegados de la SRE en Oaxaca, San Luis Potosí,
Michoacán y el Distrito Federal.
A pregunta expresa sobre si los
conflictos agrarios que han resurgido en los últimos días se
han convertido en focos rojos, Salazar Adame
explicó que “estamos llegando a acuerdos para evitar hechos
sangrientos”; sin embargo, dijo que no descarta que pudieran
convertirse en focos rojos, “porque en el campo nadie puede
asegurar lo que va a pasar, siempre es una posibilidad”.
Recordó que el problema de las
tierras se generó en gobiernos anteriores, debido a que repartieron
cerca del 52 por ciento del territorio, “esto es 103 millones
de hectáreas, y obviamente cuando se hace un reparto masivo
se generaron muchos problemas, porque una misma tierra se entregó
a dos o más ejidos, y en las últimas décadas se entregaron tierras
de muy mala calidad, y en otros casos ni siquiera fueron recibidas
por los beneficiarios”.
El funcionario federal mencionó
que para corregir esos errores, el gobierno federal aplicó el
Procede; sin embargo, contó que en el caso de Guerrero ha habido
“resistencia” y precisó que unas de las organizaciones renuentes
es el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena,
“pero a nadie se le obliga, es un programa voluntario”.
A preguntas de otros reporteros,
Salazar Adame informó que el presupuesto
que podría asignar la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
a la SRA para ejercer en el 2006, será cercano a tres mil millones
de pesos.
En otros temas dijo que en cuanto
a transparencia, el gobernador Zeferino
Torreblanca “tiene cero de calificación”, debido a que la entidad
aún no cuenta con una Ley de Acceso a la Información “ojalá
que el gobernador, mande una propuesta de ley, sobre todo por
que Guerrero es un estado en donde se debe informar a la gente,
que se está comprando, dónde se está comprando o lo que se está
licitando”.
En la conferencia también estuvieron
el director general del Registro Agrario Nacional (RAN),
Abelardo Escobar y el procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez.
Fox dejará un campo en paz:
Florencio Salazar. (Diario Guerrero, Francisca
Santiaguez, p.web)
Los opositores
a La Parota son minoría, asevera el secretario de la Reforma
Agraria en conferencia.
El secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame
aseguró que al término de la administración del presidente Vicente
Fox Quesada, se contará un campo ordenado,
socialmente en paz, en condiciones propicias para invertir y
para un desarrollo sustentable integral en México.
En el marco del quinto informe
de labores del titular del Ejecutivo federal, Salazar Adame
ofreció ayer una conferencia de prensa, para hablar sobre los
avances en materia agraria en el país, y aseguró que se han
tenido resultados importantes.
Indicó que en lo que va de la administración
federal, se han atendido 107 mil conflictos agrarios considerados
como focos amarillos. Aunque dijo que en Guerrero aún faltan
por atender 13 más de esa consideración, pero se prevé solucionarlos
a más tardar este año.
De acuerdo a la explicación, en
la actual administración han invertido alrededor de 3 mil 600
millones de pesos para la solución de los conflictos, a través
de ejecución de proyectos productivos, compra de tierra, o indemnizaciones
en algunos casos.
En el país sólo quedan pendientes
cuatro focos rojos, los cuales se ubican en la Selva lacandona
de Chiapas, en la comunidad yaqui, en Sonora; la meseta purépecha
de Michoacán y otro más en Oaxaca.
Según dijo, para este año se tiene
contemplado solucionar los conflictos agrarios de Oaxaca y Sonora,
para que en el próximo queden resueltos los de Chiapas y Michoacán,
de acuerdo a las previsiones de las instancias agrarias.
En el último escalón del gobierno
federal, dijo, buscará la construcción de puentes para establecer
mejores acuerdos con los legisladores federales, para sacar
adelante las reformas estructurales para el país, y entre las
que se contemplan beneficios para el campo.
Aseguró que la administración del
presidente Fox Quesada dejará un campo
ordenado en materia agraria, y en condiciones para generar un
desarrollo integral sustentable.
Pues a decir del funcionario federal,
en esta administración se le ha dado un impulso importante a
la solución de los conflictos agrarios. Se han resulto 257 conflictos
individuales, 14 focos rojos ubicados en 14 estados; 10 conflictos
agrarios de extrema complejidad, lo que permitió poner fin a
las controversias por la disputa de 88 mil 900 hectáreas de
tierras.
Aseguró que para este año, existe
una bolsa de 900 millones de pesos para la atención a los conflictos,
lo representa una cantidad suficiente para su atención.
Aunque reconoció que en las entidades
más pobres del país –Chiapas, Oaxaca y Guerrero– la solución
de los conflictos ha sido más complicada, “siempre le apostamos
a los acuerdos y a la conciliación con los campesinos”.
Informó que en la presente administración
se han certificado 20 millones 211 mil 881 hectáreas de tierra,
y se han entregado de manera gratuita más de 1.9 millones de
documentos agrarios, acciones con las cuales se les otorga certeza
jurídica en la tenencia de la tierra a 974 mil sujetos de derecho.
La CFE debe negociar
el precio de las tierras
En la conferencia de prensa, tras
la presentación de los avances en el país en materia agraria,
Florencio Salazar consideró que para evitar nuevos conflictos,
y enfrentamientos, la Comisión Federal de Electricidad, debe
primero negociar el precio de las tierras antes de buscar su
expropiación, para darle a los campesinos
garantías del pago.
Lo anterior, con la finalidad de
evitar conflictos posteriores durante la ejecución del proyecto,
por el temor de algún incumplimiento por parte de la CFE hacia
los campesinos.
Además, advirtió que la Reforma
Agraria iniciará la expropiación de tierras de los 19 ejidos
involucrados hasta que lleve la validación total de los propietarios,
y junto con ello, el proyecto de obra.
Aun con la validación de la mayoría
de los ejidos involucrados y de los campesinos de Cacahuatepec,
Acapulco, donde se ubicarán las cortinas de La Parota, continúa
la oposición de algunos campesinos, que a decir del funcionario
federal, se trata de personas ajenas a las comunidades.
“Lo que hay ahí es una movilización
de grupos que no tienen derechos agrarios en los núcleos y comunidades
involucradas; y la verdad es un número minoritario el inconforme
a la ejecución del proyecto”.
Para Salazar Adame,
el permitir que el proyecto se vaya de Guerrero significaría
que los guerrerenses no son capaces de garantizar inversiones
de desarrollo en el estado. “Porque finalmente al gobierno no
le sería difícil cambiar de lugar el proyecto”, sentenció.
La instalación del proyecto hidroeléctrico
implica una inversión de mil millones de pesos, que generarán
2 mil empleos permanentes, 5 mil indirectos, y la posibilidad
de abasto suficiente de agua potable durante los próximos años
para Acapulco y Chilpancingo.
Se trata, dijo, de un polo de desarrollo
importante; y de no aplicarse, para el puerto de Acapulco implicaría
un problema grave, porque no tendrá opción de abasto de agua
potable para atender la infraestructura turística.
Realizará gira
de trabajo por Oaxaca
El secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, realizará
este jueves 8 de septiembre, una gira de trabajo por el estado
de Oaxaca, donde efectuará las siguientes actividades:
A las 12:20 horas, Florencio Salazar
Adame sostendrá conferencia de prensa,
con medios de comunicación locales, en el salón Las tres Marías,
del restaurante Altos Terranova, ubicado en el Portal Benito
Juárez número 116 altos, Zócalo, colonia Centro.
A las 19:20 horas, ante universitarios
del estado, Florencio Salazar Adame
dictará la conferencia magistral: La política social del gobierno
de la República 2000-2005, en la sala De Profundis,
del ex convento de Santo Domingo de Guzmán.
En Guerrero, cero
transparencia: Salazar Adame. (El Despertar del Sur, Jaime Israel Irra,
p.web).
Chilpancingo, Gro.-
“En Guerrero no hay transparencia ni rendición de cuentas”,
en este renglón la calificación es de ‘cero’”, sostuvo hoy por
la mañana Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria en el gabinete
del presidente Vicente Fox Quesada.
El ex alcalde de Chilpancingo en el
sexenio de José Francisco Ruiz Massieu
y secretario general de Gobierno en la administración de René
Juárez Cisneros, entrevistado por periodistas locales en el
restaurante Los Cedros, al sur de esta ciudad, dijo que
es necesario que el poder Ejecutivo y el Legislativo promuevan
la elaboración de una ley bajo la cual se obligue a los gobiernos
del estado y a los municipales a informar sobre el
uso y el destino de los recursos presupuestados, sobre los sueldos
de los funcionarios y la asignación de la obra pública, entre
otros renglones.
En lo que se consideran inusuales declaraciones,
el alto funcionario federal comentó que la inexistencia de una
Ley de Transparencia y Acceso a la Información, limita el combate
a la corrupción. Consideró que es indispensable “que sepamos
cuánto ganan los servidores públicos, cómo se asignan las obras
públicas, quiénes son los proveedores, a quién se le compran
los lápices, en qué se gastan todos y cada uno de los pesos
del gobierno estatal” – y de los municipios.
Guerrero es una de las seis entidades
federativas del país en donde aún no se legisla para obligar
a un manejo transparente de los fondos públicos y en relación
al acceso a la información gubernamental no clasificada, lo
que consideró como una promesa incumplida. En la actualidad
23 estados de la República ya cuentan con legislación sobre
esta materia y en otras tres ya está avanzado el proceso para
que dé esta normatividad, refirió Salazar Adame.
Consideró que la rendición de cuentas
obliga a que “seamos responsables frente a la sociedad como
funcionarios públicos”, y que también se permita que los ciudadanos
vigilen la aplicación escrupulosa de los recursos.
Se trata, añadió, de evitar complicidades,
que haya eficacia administrativa, que la gente sepa qué empresas
concursan para la construcción de una obra determinada y cómo
se desarrollan los proyectos. Por esto es importante que el
gobernador, en este caso Zeferino Torreblanca Galindo, y el Congreso de Guerrero, asuman
la iniciativa de legislar sobre la materia.
La transparencia en el manejo de los
asuntos públicos frente a la sociedad, es uno de los logros
más importantes de la administración de Vicente Fox
Quesada, subrayo Salazar Adame, porque
hoy mismo “cualquier persona puede consultar en Internet
cuáles son los salarios de los funcionarios federales y
si se trata de programas de Gobierno, cómo se están desarrollando
en cada entidad federativa y quiénes y cuántos son los beneficiados”.
Después el también ex diputado local
y federal por Guerrero, señaló que es una irresponsabilidad
que las autoridades locales sigan tolerando colonias y fraccionamientos
ubicados en zonas de alto riesgo, que atentan contra la naturaleza,
contra el medio ambiente de Chilpancingo, al que se lo están
acabando, e invitó a los ecologistas que ahora protestan contra
la construcción de la presa La Parota para que vengan aquí para
parar el deterioro ecológico.
Salazar Adame
anunció desde ayer que vendría a Chilpancingo y a Acapulco,
que en esta ciudad daría una conferencia de prensa y otra en
Acapulco en el hotel El Cano. También que por la tarde noche
en Acapulco se reuniría con la comunidad estudiantil y el profesorado
de la Universidad Loyola para dictarles una conferencia con
el tema “La política social del gobierno de la República 2000-2005”.
Surrealismo político. (Diario Guerrero, Martín Martínez, p.web).
Cortesía obliga y nosotros acusamos
de recibido y como positiva la reunión convocada por el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
con los medios de comunicación de la capital.
Por cierto, las cifras, los avances,
los planteamientos de lo que realizó en la SRA el equipo del
guerrerense nos parecen buenos y estos cobran más relevancia
cuando se sabe poco del Quinto Informe del Presidente Fox.
Este acercamiento es pues significativo y no cabe duda que Don
Florencio sabe su chamba de operador político, está sembrando y esta
elección es un parámetro para lo que viene después.
Que en el equipo estatal del PRI
nos dicen que se mira con preocupación el estado que guarda
hasta el momento la campaña en el puerto de Acapulco. Agregan
que está claro que hasta este corte su candidato Emilio Vizarretea
pueda levantar la votación de un priismo
que se siente huérfano ante la falta del poder estatal y cuya
reacción es aislarse.
Protestantes de la Gringa dan plazo de 24 horas
al gobierno y a la SRA. (Diario de Chiapas, Eduardo
Grajales, p.web)
A casi setenta y un días de haberse plantado en
el Parque Central de esta ciudad, campesinos del pueblo San
Isidro La Gringa dieron un plazo de menos de veinticuatro horas
al Gobierno Federal y a la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), para dar solución a sus peticiones
y les otorguen una respuesta favorable sobre las tierras que
demandan, ya que de lo contrario volverán a manifestarse en
las dependencias, y que posiblemente tomen las más de 40 mil
975 hectáreas donde estaban.
El vocero de San Isidro La Gringa, Álvaro Velázquez Coronel, dijo la mañana de ayer que hasta este momento
los plantonistas han soportado las
inclemencias del tiempo como la lluvia, el calor y que han padecido
también enfermedades mayores, pero que ya están cansados y no
van a permitir que el tiempo siga pasando aunado a que "si
quieren seguirle dando largas al asunto, a ellos se les va a
complicar".
Asimismo, destacó que es necesaria la presencia
del Gobierno Federal para que se llegue a un punto de acuerdo
y que ellos están en total disposición, por eso han aceptado
la reubicación siempre y cuando les den la oportunidad de seguir
adelante, pero que si la petición no se lleva a cabo "vamos
a acordar con los compañeros entrar a las tierras donde fuimos
expulsados".
En su boletín de prensa los inconformes destacaron
que lo único que los campesinos han recibido es "el engaño
caprichoso como el desprecio arrogante y diplomático y no solo
eso sino la exclusión y el derecho de audiencia con el Ejecutivo
del Estado", y que "le darán una oportunidad más al
gobierno, quizás se radicalicen pero ya no se dejarán humillar
más ante la soberbia e indiferencia del Ejecutivo estatal".
Por último, Velázquez
Coronel indicó que en la zona quedaron alrededor de cuarenta
personas armadas vestidos de civil, y que actualmente desconocen
cuantos elementos son los que se encuentran ahora pero que aun
permanecen en ese lugar.
Podría desaparecer la Secretaría de la Reforma
Agraria.
(El Tiempo de Nayarit, p.web).
Sus competencias
ya están muy limitadas reconoce su titular.
El titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
estableció que como funciona actualmente esta dependencia, sus
atribuciones ya son muy limitadas, por lo que en un futuro podría
desaparecer.
En ese orden de ideas dijo que
actualmente esta dependencia tiene la función de regularizar
colonias agrícolas y ganaderas y terrenos nacionales, la atención
a las situaciones jurídicas ineludibles, en donde hay juicios
de núcleos agrarios que la involucran porque se expropian tierras
y no se pagan y porque se entregaron tierras de núcleos que
no eran afectables, como son las pequeñas propiedades rurales.
En esas condiciones la SRA atiende
a quienes en su momento les fueron arrebatadas sus tierras de
manera indebidas, de acuerdo al criterio de los tribunales,
para restituirles el daño. Asimismo, esta dependencia incursiona
en programas de apoyos productivos.
Pero, estableció Salazar Adame, quien ayer estuvo de gira por esta entidad, que si
la SRA no tiene para el próximo gobierno mayores atributos,
que se le asignen tareas más amplias que tengan que ver con
el desarrollo rural, se verá más limitada y probablemente ya
no se justificara su presencia.
“Yo personalmente pienso que debería
continuar la permanencia de la SRA, por una sola razón, por
ser una institución con la que mejor se identifican los campesinos
del país con la que tienen una relación de mayor confianza y
que contribuye a revolver muchos de los problemas que se dan
en los núcleos agrarios”, precisó el funcionario.
Pero reconoció que eso no es suficiente
para mantener todo un aparato administrativo burocrático en
la federación. Pues por ejemplo, apuntó, a partir de la reforma
del Artículo 27 Constitucional en 1992, se crearon nuevas instituciones
como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria,
de tal suerte que si la SRA no recibe más apoyos y si no es
objeto de un proceso de re-ingeniería que le de más atribuciones
y mayores facultades para el desarrollo rural, ya no se justifica
su permanencia.
Dijo que el tema de la posible
desaparición de la SRA, se ha manejado como una medida contra
los campesinos, lo cual es absolutamente falso, lo que pasa
es que sus atribuciones ya las pueden cumplir el Registro Agrario
Nacional y la Procuraduría Agraria y ante esa desaparición,
entonces habría que fortalecer a estas dos instituciones.(
Cero y va una contra los Chapur
Zahoul. (Por Esto!, José Hugo Trejo, p.web).
Chetumal, 7 de septiembre.- Aún cuando sólo les costó dinero,
la pérdida del juicio que les interpuso la señora Martha Santacruz
de Bremond, mediante el que se nulificó el título que les emitió
quien fuera su socio y jefe político, el ex gobernador Víctor
Cervera Pacheco, es el primer palo que la justicia les aplica
a los hermanos José Antonio y Roberto Chapur
Zahoul, de los muchos que les esperan
por las triquiñuelas que realizaron para apoderarse ilegalmente
de miles de hectáreas de la zona costera de la Riviera Maya y de la parte continental de Isla Mujeres.
Sin embargo, para que se ejecutara la sentencia que obligaba
a los hermanos Chapur Zahoul
a reintegrar a la señora Santacruz de Bremond
las 20 hectáreas del predio Xpu Ha,
en donde edificaron el hotel Xpu Ha
Palace, pasaron dos años, dadas las
relaciones con el poder central que todavía mantienen los que
fueran prestanombres del desaparecido ex titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria SRA, Cervera Pacheco.
Esas relaciones con el poder político que mantienen los hermanos
Chapur Zahoul,
aún con un gobierno emanado de un partido diferente al que fue
miembro distinguido Cervera Pacheco, no sólo impidió durante
dos años que se ejecutara la sentencia en el caso del predio
Xpu Ha, sino que también influyen
en otros juicios que sobrellevan los empresarios yucatecos por
causas similares a las que los llevaron a perder su pleito con
la señora Santacruz de Bremond.
Y es que la influencia de los hermanos Chapur
Zahoul en el sector agrario oficial
y en la Presidencia de la República es tal, aún en el gobierno
foxista que el propio titular de la
Secretaría de la Reforma Agraria, SRA, Florencio Salazar
Adame, tuvo que venir a Quintana
Roo hace 28 días, el 12 de agosto pasado, a negociar con los
demandantes la ejecución de la sentencia que ya se emitió sobre
el predio Xpu Ha a favor de la señora
Martha Santacruz de Bremond.
Esa negociación fue fundamental para que los hermanos Chapur Zahoul no perdieran el hotel
Xpu Ha Palace,
ya que en vez de resarcir con la devolución de la tierra despojada
a la señora Santacruz de Bremond,
pagaron con dinero y otros inmuebles el valor del mencionado
predio.
Sin embargo, vulnerada la impunidad de que venían gozando,
los hermanos Chapur Zahoul
tendrán que afrontar las resoluciones contrarias a sus intereses
que dicten los juzgados sobre los diferentes juicios de nulidad
de títulos que interpusieron los legítimos posesionarios
de las miles de hectáreas de las que se hicieron ilegalmente
mediante títulos que les emitió Cervera Pacheco en 1994 a favor
de sus empleados.
Están pendientes por ejemplo el juicio de nulidad de títulos
que sobrellevan en contra de los hermanos Chapur
Zahoul, los señores Elías Siqueff
Moisés, Elías Siqueff Simón y Miguel
Angulo y Angulo, por más de 4 mil 700 hectáreas que Cervera
Pacheco tituló indebidamente para favorecer a sus prestanombres.
Vienen además contra los Chapur Zahoul resoluciones judiciales que pudieran ser más palos,
si es que sus relaciones con el poder no se imponen a la justicia.
Y esas resoluciones serán de juicios que están instaurados por
los títulos de propiedad que emitió Cervera Pacheco sobre predios
que han terminado en manos de quienes fungieron como sus prestanombres,
los cuales son los siguientes:
1.- Predio "San Enrique", solicitado como "Playa
III", con título de propiedad número 585523, expediente
509281, emitido el 9 de noviembre de 1994 a nombre de Enrique
Margarito Robles Blanco, con superficie de 892-71-87 hectáreas,
el que quedó inscrito bajo el número 124, fojas 534-535 Tomo
III, Isla Mujeres, Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad de Cancún, Q. Roo el 19 de noviembre de 1996.
2.- Predio "Rancho Socorro", solicitado como "Playa
IV", con título número 509282, del 9 de noviembre de 1994
a nombre de Daysi del Perpetuo Socorro
Uicab Chalé, con una superficie de 824-34-37 hectáreas, inscrito
también hasta el 19 de noviembre de 1996, bajo el número 128,
fojas 542-543, Tomo III, Isla Mujeres, Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad de Cancún, Quintana Roo.
3.- Predio "La Flor", solicitado como "Playa
V" con título número 585558, expediente 509283 del 11 de
noviembre de 1994, a nombre de Flor Ileana
López Puga, con una superficie de 1004-43-75 hectáreas, el cual
también se registró, de manera coincidente con los otros, hasta
el 19 de noviembre de 1996, bajo el número 127, fojas 540-541,
Tomo III, Isla Mujeres, Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad.
4.- Predio "El Carmen", solicitado como "Playa
II", con título número 585590, expedientes 50092 del 14
de noviembre de 1994 a favor de Jesús Poot
Carrillo, con una superficie de 1004-12-50 hectáreas, también
inscrito hasta el 19 de noviembre de 1996 bajo el número 126,
fojas 538-539, Tomo III, Isla Mujeres, Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad de Cancún, Quintana Roo.
5.- Predio "San Julián", solicitado como "Playa
I", con título número 585522, expediente 509279, del 19
de noviembre de 1994, a nombre de Julián Jesús Chan
Martínez, con una superficie de 986-12-50 hectáreas, inscrito
también hasta el 19 de noviembre de 1996 bajo el número 125,
fojas 536-537, Tomo III, Isla Mujeres, Sección Primera del Registro
Público de la Propiedad de Cancún, Quintana Roo.
6.- Predio "San Manuel", expediente 127524 a favor
de Benigno Billavez Ramírez, con superficie
de 1274-15-00 hectáreas.
7.- Predio "Los Corraleros", expediente 127525 a
favor de Luz Ma. Mares González, con
superficie de 1251-73-20 hectáreas.
8.- Predio "La Herradura", expediente 127526 a favor
de Guillermo Silva Martínez con una superficie de 1258-21-00
hectáreas.
9.- Predio "La Esperanza", expediente 127527 a favor
de Raúl Moguel Eroza
con superficie de 1282-72-00 hectáreas.
10.- Predio "Las Arenas I", a nombre de Cinthia Gaber Fernández Montiel, municipio de Isla Mujeres, con superficie de 773-40-72
hectáreas, expediente 509196 y título 574729 del 25 de octubre
de 1994.
11.- Predio "Las Arenas II" a nombre de Roger Efraín Rodríguez Acevedo, municipio de Isla Mujeres,
con superficie de 386-10-00 hectáreas, expediente 509196 y título
574698 del 25 de octubre de 1994.
12.- Predio "Las Arenas III", a nombre de Patricia
Salazar Domínguez, municipio Isla Mujeres, con superficie de
386 hectáreas, expediente 509196, título 574728, del 28 de octubre
de 1994.
De ahí pues que los hermanos Chapur
Zahoul, de terminarse la impunidad
de que han gozado hasta ahora, tendrán que mermar considerablemente
su mal habida riqueza una vez que impere la justicia en cada
uno de los casos anteriores. Por lo pronto, cero y va una...
Acusan a representante de la familia Alemán de
despojo.
(La Jornada, Raymundo León, p.web).
La Paz, Bcs. El representante legal
de la familias Alemán Velasco y Alemán Magnani
en esta ciudad, Alfonso Trasviña Taylor,
fue denunciado ante el Ministerio Público del fuero común por
el delito de despojo de 163 hectáreas localizadas en la zona
de Balandra en agravio de la sociedad Pacífico Inmobiliaria,
la cual reclama la propiedad de esas tierras de acuerdo con
el título de propiedad 629, expedido el 23 de noviembre de 1964
por la Secretaría de la Reforma Agraria y firmado
por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos,
informó Concepción Arredondo Flores, abogada de la empresa.
Recortan gasto de 16 dependencias; Sectur, la más afectada. (El Sol Zacatecas,
p.web).
Cd. Juárez
México.-
De las 24 dependencias que integran los “Ramos Administrativos” del Gobierno federal, 16 de ellas sufrirán recortes
en su gasto programable del 2006. Las más castigadas son las
secretarías de Turismo, con una contracción real en sus erogaciones
de 45.3 por ciento; de Comunicaciones y Transportes, con 34.5
por ciento; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 32.1
por ciento.
Por el contrario, las más beneficiadas con alzas en su presupuesto
son las secretarías de Seguridad Pública (21.0 por ciento más),
Salud (20.1 por ciento) y Desarrollo
Social (15.7 por ciento), así como la Procuraduría General de
la República (14 por ciento), de acuerdo con el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el Ejecutivo
federal al Congreso de la Unión.
Asimismo, en la Secretaría de la Reforma Agraria el gasto en 2006 será de 2 mil 868.8 millones de pesos
(-24.4 por ciento real); en la Sagarpa
de 37 mil 479.3 millones (-17.8 por ciento); en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público de 4 mil 530.7 millones (-16.8
por ciento), en la Secretaría de la Función Pública de mil 420.6
millones (-16.6 por ciento), en la Secretaría de Energía de
mil 150.9 millones (13.9 por ciento).
Abren Abascal y Cerisola
la glosa del V Informe. (Milenio, p.web).
Septiembre 7, 2005
Además de 16 secretarios de Estado, los titulares de la PGR,
CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE, los diputados
acordaron citar a comparecer a Xóchitl
Gálvez, Nelson Vargas y Sara Bermúdez.
Con las comparecencias de Carlos Abascal y Pedro Cerisola, respectivos secretarios de Gobernación y de Comunicaciones,
la “pasarela” de 24 funcionarios del gabinete presidencial comenzará
hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el fin de discutir
el contenido del V Informe de Gobierno de Vicente Fox.
El legislador perredista Pablo Gómez,
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara
de Diputados, detalló que las presentaciones de los funcionarios
se harán ante comisiones, aunque Francisco Gil, titular de la
Secretaría de Hacienda, se presentará dos veces, una de ellas
ante el pleno para exponer el próximo 20 de septiembre los alcances
del Proyecto de Ingresos y Egresos para 2006.
Además de 16 secretarios de Estado y el titular de la Procuraduría
General de la República, así como los directores generales de
la CFE, de Pemex, el IMSS y el ISSSTE, la Cámara de Diputados acordó
citar también a comparecer a los responsables del Conaculta,
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y de la Comisión de Cultura Física y Deporte.
La Junta de Coordinación Política aprobó ayer el calendario
de comparecencias, entre el 7 y el 27 de septiembre, hasta con
cuatro presentaciones simultáneas en algunas fechas.
Después de las presentaciones de Abascal y Cerisola este miércoles, mañana asistirán al Palacio de San
Lázaro Rodolfo Elizondo, secretario
de Turismo; Luis Ramírez, director general de Pemex;
y Sara Bermúdez, responsable del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes.
A su vez, el jueves 22 están citados Ramón Martín Huerta, secretario
de Seguridad Pública; Josefina Vázquez, secretaria de Desarrollo
Social; José Luis Luege, secretario
de Medio Ambiente; Florencio
Salazar, secretario de la Reforma Agraria, y Fernando Canales,
secretario de Economía.
Cierran la “pasarela” el martes 27 Reyes Tamez,
secretario de Educación, y Nelson Vargas, director de la Comisión
de Cultura Física y Deporte.
Lo que no sea electorero, a la tiznada. (El Sol del Centro, p.web).
Juego
de Palabras
El "Negro" Elizondo es
un operador político astuto y fino. Según mis orejas en Presidente
Masaryk, a él se debe la campaña para que sea la embajada
de los Estados Unidos la que se encargue de hacer toda la publicidad
que necesita México para convertirse en una potencia turística
y captar cada día más visitantes, especialmente en la franja
fronteriza.
Gracias a eso, el presidente pudo amputarle el 50 por ciento
de su presupuesto, con lo cual la ya raquítica actividad de
Sectur se contrae a la noexistencia
práctica, y sólo seguirán cobrando sus sueldos, a partir del
primero de enero, el secretario Elizondo y los "Ángeles Verdes".
Le quitan 10 mil millones al "Chatanoga"
Cerisola Weber,
y se nos hace poco, porque en cinco años no se ha sabido de
una mala terracería que haya construido
y todos se acuerdan de cuando quiso construir un aeropuerto
para la capital. Le sacaron los machetes, se le arrugó toditita
la aristocacia y desde entonces no
ha vuelto a dar golpe.Que le recorten el presupuesto a dependencias que no
hacen nada, como la mencionada Comunicaciones y Transportes,
como la Reforma Agraria y Trabajo, es justo y
necesario.
Pero ensañarse con la SEP, con Medio Ambiente y con Agricultura,
es un crimen. Ojalá en San Lázaro capten esto, y no dejen pasar
esta barbarie.
Sector agropecuario
Exigen productores al gobierno evitar importaciones
de maíz. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web)
Provocarán colapso de magnitudes inesperadas, dicen
El déficit creciente de maíz, que el año pasado fue de 25 por
ciento con respecto a la producción nacional, se debe al aumento
de la demanda para consumo humano y a la política del gobierno
de inclinarse por la importación para cubrir las necesidades
de la industria sin tomar en cuenta el impacto negativo en el
empleo y en las cadenas productivas, dijo Efraín García Bello,
presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas
de Maíz de México.
Por ello exigió al gobierno federal elaborar una política que
vuelva a incluir todos los productores de autoconsumo y a los
que contribuyen a cubrir la demanda industrial, para evitar
el incremento de las importaciones del grano.
En el contexto de la discusión por la apertura comercial total
a partir de 2008, el dirigente campesino advirtió que los más
de 3 millones de campesinos que siembran maíz emprenderán una
lucha para evitar su desaparición.
A los industriales, comercializadores, proveedores de insumos
agrícolas y consumidores les hizo un llamado para que "tomen
conciencia" de la importancia del grano, y que "las
actividades comerciales en el proceso de globalización ya no
permiten ganancias irracionales; el concepto de utilidad justa
no rebasa 10 por ciento de los costos totales".
Insistió en la urgencia de que el gobierno establezca una estrategia,
conjuntamente con los campesinos, ante dicha apertura comercial.
"Los productores de maíz, caña de azúcar y frijol
representamos casi 70 por ciento de los agricultores y estamos
en víspera de que la apertura total se dé, lo que puede provocar
un colapso de magnitudes inesperadas."
Lamentó que el gobierno de Vicente Fox
no haya cumplido el compromiso del numeral 50 del Acuerdo Nacional
para el Campo, firmado en 2003, el cual apunta que el Ejecutivo
federal iniciaría de inmediato consultas con los gobiernos socios
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para revisar
los productos de maíz y frijol, conviniendo
un mecanismos permanente de administración de importaciones
o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses
de los productores nacionales, la soberanía y la seguridad alimentaria.
Agregó que, ante ese incumplimiento, los campesinos están realizando
un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República
para que incorporen a sus programas la propuesta de los maiceros;
"quien así lo haga nos tendrá como aliados, pero los compromisos
no se limitan al proceso de 2006. Pero si no atienden nuestras
demandas, no podrán detener las manifestaciones de inconformidad
y de protesta, ya que los productores de maíz no estamos dispuestos
a desaparecer ni menos a perder la cultura e identidad".
Prensa Estatal
Ejidatarios y CFE, agredidos a palos. (Cuarto Poder, Enrique Romero, p.web).
Trataban de alcanzar
un arreglo.
Un grupo de ejidatarios encabezados por el comisariado de la comunidad Belisario Domínguez, municipio
de Salto de Agua, denunció este martes ante la Subfiscalía
de Justicia Zona Selva en la ciudad de Palenque, que por intentar
llegar a un arreglo con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en cuanto a sus rezagos, fueron atacados con piedras y
palos junto con cuatro empleados de la paraestatal, por un grupo
de ejidatarios en resistencia que se autodenominan "bases
zapatistas" del mismo ejido.
El saldo fue de 10 lesionados, entre ellos algunas mujeres
y un anciano de 78 años.
Agresión
Los ejidatarios agredidos señalaron que alrededor de
las 13:00 horas, tenían programada una asamblea ejidal con una
licenciada de la CFE que acudió junto con otros tres empleados
y una camioneta tipo "pick-up" de la paraestatal.
La intención era negociar con CFE el rezago que algunos
ejidatarios tienen en el pago de su recibo de electricidad.
Asamblea
Sin embargo, refirieron, cuando se dirigían al lugar
donde se realizaría la asamblea les salieron al paso unos ejidatarios
que se niegan a pagar su consumo de energía y se autodenominan
"bases zapatistas", los cuales pretendieron abortar la asamblea,
pero como la mayoría quería realizarla, comenzaron a tirar piedras
y golpear con palos a los ejidatarios que quieren pagar su recibo.
"Ellos piensan que si como ejido llegamos a un acuerdo
con la Comisión, ellos tendrán que pagar forzosamente, por eso
no querían que tuviéramos la reunión", explicó Arturo López
Sánchez, ejidatario que resultó lesionado de un ojo, producto
de una pedrada.
"Dicen ser bases zapatistas
para hacer lo que se les da la gana y que nadie se meta con
ellos, pero no es cierto; en realidad son asaltantes carreteros,
tienen armas, pero la gente no dice nada para no meterse en
problemas. Hasta lagunas mujeres están con ellos", denunciaron
algunos de los agredidos, mientras que el comisariado
ejidal, Daniel Sánchez Montejo, declaraba
los hechos ante el Ministerio Público en Palenque.
Heridas
La mayor parte de los lesionados registran impactos de
piedras en la cabeza, incluso un anciano de 78 años, Sebastián
Arcos Sánchez, recibió una fuerte pedrada en la cabeza, en tanto
que los empleados de CFE se salvaron de ser lesionados pues
se refugiaron en la camioneta en la que fueron al ejido, "pero
la camioneta quedó destrozada de tanta pedrada y palo que recibió",
relataron los ejidatarios agredidos
GUANAJUATO
Irreal pago que buscan campesinos: alcalde. (El Correo, Vicente Ruiz, p.web).
José Rivera Carranza asegura que están fuera de lugar los precios que proponen por sus tierras.
Celaya
Los avalúos de las
tierras a un costado del río La Laja que tienen los dueños de
los terrenos "están fuera de la realidad", dijo el
alcalde José Rivera Carranza, y que "sólo hay un caso concreto"
de los terratenientes que falta por vender que podría recurrir
al recurso de amparo.
"Seguimos en pláticas
con él" señaló el presidente municipal y que “continuarán
las negociaciones con los demás dueños, para analizar las opciones
viables como marca la ley" y llegar a un acuerdo que permita
la conclusión de la primera etapa del malecón y "el crecimiento
ordenado de Celaya", ya que "es lamentable" que
un asunto de desarrollo para la ciudad "se haya convertido
“en una situación de carácter político”.
Respaldó las palabras
del director jurídico del Ayuntamiento, Trinidad García Venegas,
publicadas ayer en correo, en el sentido que "se tienen
que agotar los recursos para el convencimiento de los dueños
de las tierras antes de tomar una decisión".
En ese sentido, el
edil comentó que no es tiempo de hablar del Indabin,
(Instituto Nacional de Administración de Bienes e Inmuebles
Nacionales) porque su administración sigue buscando agotar el
dialogo y "haciendo una serie de ofertas" con los
terratenientes que faltan por vender.
Acotó que en su momento
seguirá el diálogo para que la gente sepa que "la obra
es necesaria, porque significa la construcción de nuevas vialidades,
un parque lineal como lugar de esparcimiento para los celayenses
y la prevención de futuras inundaciones cuando el río eleve
su cause".
Puntualizó que los
precios por metro cuadrado que piden los terratenientes y que
aparecen en los avalúos técnicos que tienen ellos (los dueños)
no están apegados a la realidad, "seamos profesionales...debemos
actuar en base a la legalidad -para concluir- satisfactoriamente
-las negociaciones de compra de los terrenos- por el bien de
Celaya”.
Feria de Navidad
Por otra parte el alcalde
José Rivera Carranza calicó de "satisfactoria" la
reunión que sostuvo el lunes con el secretario de Finanzas,
Luis Mario Aguilar y Maya porque se "notó" un gran
interés por parte de Gobierno del Estado para apoyar financieramente
el proyecto de la Feria de Navidad.
El alcalde señaló que
el municipio apuesta por la gestión, y no por adelanto de participaciones
para la obtención de recursos, ya sean estatales o federales,
para la remodelación de las ex instalaciones de Celanese, nuevo
hogar de la feria, que son reserva territorial de Celaya para
el ordenamiento de la ciudad. Añadió que se analizan con el
gobierno estatal los mecanismos de financiamiento, ya que en
este momento no se pueden saturar las finanzas municipales "por
que no tenemos recursos" por los compromisos de deuda adquiridos
previamente.
El conflicto
El malecón será un
parque natural de 6 kilómetros a orillas del río Laja que incluiría
zonas de esparcimiento y que -según el alcalde José Rivera Carranza-
serviría para evitar inundaciones en Celaya. Sin embargo, el
pago de afectaciones por la obra ha despertado un conflicto
entre el municipio y los propietarios a indemnizar, quienes
consideran que lo que ofrecen las autoridades por sus tierras
no es justo ni parejo.
El 23 de agosto correo
publicó que había una diferencia de al menos 463 pesos entre
el valor comercial unitario del metro cuadrado en la margen
derecha del Laja y el monto máximo que ofrecía el municipio.
Ese día el director de Obra Pública, Daniel Mireles admitió que el valor comercial del metro cuadrado
en esa zona era parecido al catastral; sin embargo, el alcalde
advirtió el 30 de agosto que solicitarían la intervención del
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin)
si no lograban liberar las márgenes del Laja a tiempo.
Agregó que el Indabin podría fijar precios aún más bajos que los ofrecidos
por el municipio lo que avivó la inconformidad de los afectados.
Legalidad
“Seamos profesionales...debemos
actuar en base a la legalidad -para concluir- satisfactoriamente
-las negociaciones de compra de los terrenos- por el bien de
Celaya (...) continuarán las negociaciones (...). José Rivera
Carranza, alcalde de Celaya.
GUERRERO
Con La Parota habrá trabajo para todos, dice Walton a líderes cetemistas. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).
En El Bejuco y
Tres Palos y las colonias Libertadores, Frontera, López Portillo
y Simón Bolívar piden ayuda al candidato de Convergencia para
enfermos y para obras
En su recorrido por colonias de
la periferia de Acapulco y en reunión con transportistas, el
candidato a alcalde de Convergencia, Luis Walton
Aburto, escuchó críticas al trabajo del alcalde Alberto López
Rosas y varias peticiones para solucionar el problema de servicios
públicos, de transporte y de la inseguridad.
Además ante algunos líderes cetemistas Walton Aburto consideró que con el proyecto de La Parota habrá trabajo
“para todos” y ya en entrevista el candidato afirmó que va “uno
y medio, dos” puntos arriba sobre el aspirante de la coalición
del PRD-PRS, Félix Salgado Macedonio aunque no proporcionó nombre
de la encuestadora ni la fecha de la encuesta pues argumentó
que no puede dar cifras.
Walton recibió
el respaldo del Frente Político Ciudadano del Estado de Guerrero
integrada por varios secretarios cetemistas,
además visitó los poblados de El Bejuco, Tres Palos, el fraccionamiento
Libertadores, las colonias Frontera, José López Portillo y Simón
Bolívar y se reunió transportistas del sitio uno de La Zanja.
Acompañado del diputado local de
Morelos, Jaime Álvarez Cisneros, Walton
visitó la colonia Frontera que se encuentra a un costado del
poblado de La Sabana donde se reunió con unos 100 vecinos quienes
le pidieron desde lentes, un centro de salud, pavimentación
de calles, drenaje, agua potable, policías, hasta ayuda para
operaciones y regularización de la tenencia de tierras.
Para poder llegar a la colonia
se pasa por un puente de metal cuyas columnas están llenas de
basura y ramas de árboles.
Después de cruzar el puente hay
un camino de terracería muy estrecho
y del lado derecho se observa la construcción de nuevas casas
de material muy rudimentario de la colonia Alborada.
Con más de siete años de su fundación
la colonia Frontera tiene en su mayoría casas de lámina, cartón
y palos de palmera.
Ayer por la tarde mientras se efectuaba
el mitin del candidato una camioneta de pasajeros con más de
15 personas asustadas, entre ellas alumnos de la secundaria
cercana, adultos mayores y niños, estaba atorada en el río mientras
la corriente iba creciendo.
Según el chofer Alejandro tenía
unos 30 minutos en el lugar y fue hasta después de que un camión
de la CFE los auxilió que pudieron salir del río.
En el mitin la señora Susana Vinalay Balbuena le pidió un centro de salud y que no les
falle porque “ya estamos hartos de tantas mentiras” y advirtió
que ella es capaz de ir al Ayuntamiento a protestar pues recordó
que en una ocasión pateó una oficina de un funcionario, “usted
no me conoce” expresó lo que provocó la risa de los asistentes.
Varias personas se le acercaron
para pedirle ayuda para enfermos, sobre todo quienes tienen
alguna discapacidad entre ellos la señora Rita Jiménez, quien
hace dos meses sufrió un accidente en la pierna y tiene que
operarse.
En su primer acto del día con integrantes
del Frente Político, Adrián Rivera Ortega, del Sindicato de
la Construcción, pidió terminar con la corrupción y anarquía
en el transporte, y del Sindicato de Trabajadores de la Industria
de la Construcción, Choferes, Transportes y Casas Comerciantes del estado, Benigno
Salgado pidió gestionar más hoteles para crear más fuentes de
empleo y que se aboque al proyecto de La Parota porque “ayudará
al estado”.
También estuvo el hotelero Javier
Saldívar, muy ligado al PRI, quien
pidió mayores recursos para la promoción del puerto, mejorar
imagen urbana como terminar con las fugas de drenaje en algunas
partes de la Costera pues “es vergonzoso que un destino como
Acapulco apeste en algunas zonas”.
Arturo Pérez Acosta se quejó de
la inseguridad porque “nos ha hecho sentir desamparados” pues
tienen miedo de salir a la calle.
Rosi Rayo
pidió que con el proyecto de la presa sean los acapulqueños
quienes trabajen en la presa porque “no queremos gente de otros
estados, arribistas”.
En este aspecto luego de reiterar
que se debe cuidar a quienes “van a ser afectados” Walton
pidió que no se preocupen porque habrá “trabajo para todos”,
incluso mencionó que algunos transportistas deberían invertir
en estos momentos para “que tengan chance de trabajar ahí”.
Mencionó que la actual administración
hizo cuatro plantas tratadoras aunque algunos han dicho que
no funcionan lo importante es su construcción “vamos a hacerlas
que funcionen o que trabajen correctamente, pero Acapulco necesita
10 plantas más de esas, es un proyecto que hay que darle continuidad
a ese proyecto, no porque lo inició el actual presidente municipal
ya no se va a seguir”.
Después Walton
visitó el mercado del poblado de Tres Palos donde le pidieron
ayuda para el arreglo del lugar pues está en malas condiciones
su techo de lámina y luego caminó por el lugar para saludar
a los vendedores del tianguis.
A su salida se encontró con el
señor Jorge Galeana, padre del director general de promoción
Comercial y Abasto de la Secretaría de Desarrollo Económico
del gobierno zeferinista, Jorge Galeana
Vaca, a quien saludó y le preguntó a qué había ido a ese lugar,
“a apoyarte”, fue la respuesta al tiempo que mostraba su camisa
naranja.
Consultado sobre su presencia expresó
que apoya a Walton porque considera
que al tener dinero no lo robará del Ayuntamiento sino que trabajará
como lo hizo Zeferino Torreblanca.
De ahí el candidato se trasladó
a la comisaría de El Bejuco donde le expresaron su apoyo pero
también le pidieron que se comprometa a trabajar porque han
ido otros candidatos a prometer y no regresan.
La directora de la escuela primaria
del lugar, Carlota Juárez Hernández le pidió que ayude en la
construcción de una parte de la barda, además de que está “inundada”
de agua y carecen de mobiliario escolar.
Walton contestó
que es una persona responsable que no puede andar ofreciendo
cosas que no se van a cumplir como lo han hecho ya otros candidatos
sino que habla de lo que sí puede hacer.
Mencionó que cuando sea alcalde
habrá desayunos gratis para los niños de preescolar “ya los
tenemos” respondió la directora quien molesta esperaba una respuesta
a su petición.
Presenta la CFE a López Rosas el resultado de la
asamblea que aprobó la presa. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).
El director de Proyectos Financiados
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eugenio Laris Alanís, y el residente de
Asuntos Sociales, Víctor Hugo Chávez Chávez,
presentaron al alcalde Alberto López Rosas los resultados de
la asamblea de la comunidad de Cacahuatepec
del 23 de agosto, que se realizó en San Marcos, donde la CFE
consiguió la anuencia de un sector de los comuneros para expropiar
las tierras para construir el proyecto hidroeléctrico La Parota.
En declaraciones por teléfono,
el alcalde comentó que la reunión se trató de “una cortesía
política” en la que no hubo ninguna petición para que el Ayuntamiento
apoye a la CFE para que ésta comience los trabajos de la construcción
de la presa La Parota.
López Rosas se dijo satisfecho
de la visita de los funcionarios de la CFE y aseguró que planteó
a ambos funcionarios que continúen los acercamientos con los
opositores al proyecto para que el conflicto no se radicalice.
“Radicalizar la postura en este conflicto no beneficia a nadie”,
dijo.
Llama la CFE al diálogo al vocero de los opositores
a La Parota. (El Sur, Karina Contreras,
p.web).
Insiste Laris en que Marco Antonio Suástegui
representa a una parte menor de los afectados
El director de Proyectos de Inversión
Financiada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Eugenio
Laris Alanís, hizo un llamado al
portavoz de los comuneros opositores a La Parota, Marco Antonio
Suástegui Muñoz, para sentarse al diálogo y platicar sobre
el auténtico desarrollo que va dejar la hidroeléctrica a Guerrero.
El alto funcionario de la CFE y
responsable directo del proyecto La Parota estuvo ayer en Acapulco
donde sostuvo una reunión privada en un restaurante de La Condesa
con el gerente de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Roberto
Valenzuela Cepeda, y el gerente de estudios y proyectos de esa
dependencia, Antonio Fernández Esparza, y estuvieron otros funcionarios
de la CFE.
De acuerdo a la información que
se pudo obtener, Laris Alanís
habría reconocido que Suástegui Muñoz
“es un líder que tiene una buena capacidad de convocatoria,
pero que lo estamos invitando, el señor gobernador lo ha invitado
a que esa capacidad de liderazgo que tiene la use para promover
el desarrollo de la región”.
El funcionario federal habría dicho
que Suástegui Muñoz no debe impedir
el desarrollo de esta obra que, sin lugar a dudas, estamos convencidos
todos que es en beneficio para toda la región.
Agregaría Laris
Alanís que la obra significa que Acapulco
siga teniendo agua para que no se pare su crecimiento, pues
ya los acuíferos del puerto están a punto de llegar a su límite
y no se podrá esperar más agua de los acuíferos.
Entonces –diría– el abastecimiento
de Acapulco está centrado en el río Papagayo y La Parota es
la garantía, un gran depósito de muchos millones de metros cúbicos
que le garantizará agua en 50 años que no tendrá Acapulco de
más de 10 millones de habitantes.
En la reunión habría dicho Laris Alanís que “ojalá y con Marco
Antonio se pueda convenir en qué hay que hacer para impulsar
el desarrollo de esta zona, no cómo impedir el desarrollo. Que
las comunidades de Cacahuatepec y sus comunidades regionales tengan esta oportunidad
de mejores condiciones de vida. Hay que convenir para que sean
mejores, tenemos que platicar qué hay que hacer para que esta
zona crezca más y haya mejores obras para todos. No hay que
parar obras ni desarrollo sino hay que impulsarlos”.
Luego declaró a algunos reporteros:
“invitamos a Marco Antonio para que podamos dialogar de cómo
hacemos para que el grupo de opositores, que es una parte menor
de todos los afectados, se sume a este proyecto”.
Les recuerdo –dijo– que el vaso
de La Parota tiene 14 mil hectáreas y de Cacahuatepec
solamente son mil. Con todos los demás ya hemos dialogado y
han aceptado que sigan las obras y cada una de ellas se han
consensuado. Queremos que Marco Antonio y nosotros nos sentemos
para que pensemos cómo él y los habitantes de la región tengan
un crecimiento sostenido hacia delante”.
Insistió en que están abiertos
al diálogo con él para buscar cómo hacer para llevar beneficios
de la zona y no cómo frenarlos. Con los auténticos afectados,
no con gente de otro lado que han venido a sumarse.
“Estoy seguro que los universitarios
son gente entusiasta siempre en todos los proyectos sociales,
pero queremos sumarlos para decirles cómo hacemos las cosas
para que salgan bien las cosas”, dijo.
NAYARIT
Defenderá el ejido de San José sus tierras: Cervantes. (Express, Navar Araiza, p.web).
Bahía de Banderas, Nayarit.-
“Las tierras propiedad del ejido de San José del Valle no
se politizan, son un patrimonio de todos, y por decisión de
la asamblea, haremos con ellas lo que mejor convenga a los intereses
de todo, no permitiremos más intromisiones de nadie en los asuntos
ejidales” afirmó categórico para Express, Rafael Cervantes Padilla,
presidente de la mesa directiva del Comisariado
Ejidal de San José del Valle.
Esta aclaración del dirigente ejidal,
luego de que en la asamblea del pasado domingo, el señor Carlos
Ochoa, anterior propietario de un predio, y que vendió al mismo
ejido, para que se construyera ahí una unidad deportiva, y una
escuela técnica, que finalmente se fue a San Juan, ahora quiere
según él, recuperar sus terrenos porque dice que él no los vendió
para que se les destinara a otro fin, y argumentando que ahora
ya cuestan más.
Situación que afirman la mayoría
de los ejidatarios, ya no es de su incumbencia, pues en su momento,
él fue el que fijó el precio del predio, dinero que se le pagó,
y que ahora quiere más, amenazando, impulsado por gentes ajenas
al ejido, con intereses políticos en otro lado, para crear problemas
y evitar que un ejido sin recursos como lo es el de San José,
venda por lo menos en unos 7 millones de pesos estos lotes.
Cervantes Padilla informó a Express,
que recibió todo el respaldo de la asamblea para defender jurídicamente
estos terrenos, que se encuentran en un lugar ya urbanizado
y céntrico, por lo que son de gran cuantía en su valor, pero
que desafortunadamente, anteriores directivas, nunca tramitaron
la pequeña propiedad, lo que está motivando, que por la ambición
del dueño original, quiera desconocer la venta que ya hizo al
ejido.
MICHOACÁN
Resistencia de indígenas, dificulta solución en
conflictos agrarios: EBV. (Mi Morelia. Com, Ramillete García, p.web).
7 de Septiembre de 2005
Morelia, Mich., 7 de septiembre.-
Tras los últimos enfrentamientos que se han registrado en la
Meseta Purépecha debido a los conflictos por la tenencia de la tierra,
este miércoles el Secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas
indicó que la resistencia de los comuneros para arreglar los
problemas, ha obstaculizado encontrar una solución definitiva.
Explicó que la administración estatal ha intentado buscar los
acercamientos entre las comunidades para aminorar los enfrentamientos
que resultan en asesinatos, pero la falta de acuerdos con los
habitantes impiden que el conflicto se resuelva mediante el diálogo y
en base a la legislación agraria correspondiente.
Incluso, el funcionario precisó que tras los homicidios que
se han registrado en la Meseta Purépecha,
los comuneros no permiten que las autoridades realicen el levantamiento
del cuerpo ni que se aplique la autopsia requerida para el esclarecimiento
de los problemas, además de que las comunidades ni siquiera
aceptan las determinaciones de la autoridad encargada para el
trato de la tierra.
No obstante, Bautista Villegas precisó que los tres niveles
de gobierno aún mantienen el diálogo para construir propuestas
y coadyuvar a la búsqueda de la solución, en las que incluso
ya se han firmado convenios que los mismos habitantes no han
cumplido, tales como la construcción de obras y la declaración
de reserva territorial en beneficio de la región.
En este sentido, agregó que la serie de enfrentamientos que
se generan en la Meseta no ponen en riesgo la gobernabilidad,
ya que además no son hechos generalizados sino que están localizados,
aunque no descartó que de cualquier manera estos hechos generan
una percepción negativa y dañan a todos por igual.
Finalmente, el funcionario estatal confió en que los tiempos
electorales no obstaculizarán el trabajo que se intenta realizar
para el combate a los conflictos por la tenencia de la tierra,
pero no dudó en que exista gente que quiera usufructuar con
tal situación buscando un beneficio propio.
En este tema, precisó que actualmente en la entidad michoacana
existe tranquilidad, concordia y buena disposición de los partidos
políticos y funcionarios de los tres poderes de gobierno de
cara al proceso electoral presidencial que iniciará oficialmente
el próximo mes.
MORELOS
Prepara SDUOP negociación con ejidatarios. (La Unión de Morelos, Daniel Alcazar,
p.web).
Ante la inminente contratación de 220 millones para liberar
el trayecto en la construcción de la autopista Siglo XXI, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas (SDUOP) iniciará
las negociaciones y pláticas con los ejidatarios, comunidades
y propiedades privadas que se verán afectadas por esta vialidad,
indicó el titular de la dependencia, Pedro Leetch Balcázar.
El Secretario de Finanzas y Planeación, Alejandro Villarreal Gasca señaló al respecto
que antes del 15 de septiembre se contratará el empréstito,
ya se tiene la decisión tomada, pero Leetch
Balcázar aclaró que "nosotros comenzaremos a actuar cuando
nos indiquen en que cuenta se encuentra depositado el dinero
para poder cerrar los tratos con los campesinos".
No obstante, informó que ya se cuenta con los cálculos y cuantificaciones
respecto a los espacios a indemnizar, siendo unas 375 hectáreas
en promedio, si es que se logra respetar el proyecto original.
El costo del metro cuadrado, abundó, será conforme a los avalúos
que realicen las instancias federales en esa materia y los acuerdos
con los interesados.
Consideró que a finales de este año se estaría en condiciones
de someter a licitación el reinicio de la siglo XXI y entre
las condicionantes, se encuentra la petición de que la empresa
que se adjudique el contrato, se haga cargo de la devolución
a Gobierno de los 220 millones de pesos, ya que el gobernador
Sergio Estrada quiere cubrir el adeudo en diciembre para que
no represente una carga en los índices de la deuda estatal.
El titular de Obras Públicas comentó que el plan contempla
concluir la autopista a finales del 2007, "pero esta administración
dejará amarrados los compromisos y un grado de avance significativo",
puntualizó
YUCATÁN
Ejidatarios exigen justicia. (Tribuna de Campeche, p.web).
Plantón en el Congreso
Un numeroso grupo de campesinos acudió al Congreso del Estado
para acusar a Antonio Almazán Arteaga de presionarlos para que
vendieran a 70 centavos el metro cuadrado de sus tierras, las
cuales él revendió al Gobierno del Estado en 6.50 pesos.
Acompañados de su asesor jurídico, William Santos Sáenz, los
ejidatarios de la Comisaría de Oxcum,
Municipio de Umán, solicitaron la intervención del Congreso del Estado
para acabar con la especulación de tierras en Yucatán.
El asesor jurídico manifestó que los ejidatarios, que en cuatro
años no recibieron apoyos de la Secretaría de Desarrollo Rural
para que trabajen mil hectáreas, fueron tentados para venderlas.
"Es lógico, no tienen trabajo, no tienen dinero y pasan
apuros para sacar adelante a sus familias, por ello el prestanombres
del Gobierno del Estado, Almazán Arteaga, los visitó y les compró
las mil hectáreas en 70 centavos el metro cuadrado", acotó.
ENGAÑOS DE ALMAZAN
Un total de 96 ejidatarios de Oxcum
vendieron sus mil hectáreas bajo engaños del especulador Almazán
Arteaga, de los cuales 52 presentaron su denuncia ante el Tribunal
Agrario de Yucatán ayer mismo, acusando al prestanombres del
Gobierno del Estado de haberlos timado.
Santos Sáenz advirtió que los defraudados realizarán un plantón
de protesta en Palacio de Gobierno en estos días, porque sin
duda alguna Almazán Arteaga trabaja al amparo de Alejandro Patrón
Laviada, así como de familiares y amigos del gobernador.
Ese aeropuerto internacional, que el Gobierno quiere construir
en Hunucmá, sería a costa de ejidatarios
a quienes se les despojó miles de hectáreas, dejándolos sin
patrimonio para sus hijos, sostuvo.
FACILMENTE TIMADOS
"El proyecto, que sería la magna obra del mandatario estatal,
estaría asentado en terrenos que le pertenecen a los productores
que, sin recursos para trabajar, fueron timados fácilmente por
especuladores", añadió.
Hay que hacer algo porque el despojo de tierras ejidales está
a la orden del día en esta Administración Pública Estatal, indicó,
pues ya sucedió en Caucel, en Valladolid, Tizimín,
Hunucmá y ahora en Oxcum, Comisaría
de Umán.
Pidió a los diputados de los partidos Revolucionario Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática
(PRD) que analicen ese problema y hagan una investigación al
respecto, para que se haga justicia a los campesinos y se castigue
al prestanombres del mandatario estatal.
Advirtieron que realizarán manifestaciones de protesta en varios
municipios e incluso paralizarán al Estado si continúan los
especuladores despojando de sus tierras a los campesinos.
Por su parte, la fundadora de Pronatura
Peninsular, Joan Andrews, demandó
al Gobierno del Estado que sea cuidadoso en su proyecto de construir
un nuevo aeropuerto en Hunucmá, ya que podría atentar contra el entorno natural.
Además, dijo, no se debe olvidar que en esa región hay sitios
arqueológicos muy importantes de la época Preclásica, que contiene
información muy valiosa de la cultura maya.
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