CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Gastan sin control las universidades

Audita la SEP sólo 6% de recursos de instituciones públicas

 

 

Salud viola pacto con OMS sobre tabaco

Negoció regulación con cigarros. Las empresas “interfirieron” para evitar leyes antitabaquismo

 

Retrasa el PRI régimen fiscal de Pemex

Debe analizarse más la minuta y no hay presión del sindicato: Jackson

 

Aprueban diputados paquete fiscal de 2006

La Ley de Ingresos contempla un billón 973 mil 500 mdp.

 

Decreta Fox pleno apoyo fiscal para la Riviera Maya

No olvidamos otras zonas como Chiapas, asegura

 

Alerta policiaca nacional por un chisme fantasioso

Movilización a causa de un e-mail sobre la pandilla Sangre

 

Extorsionador organiza proselitismo de Ebrard

Misael Morales, ex director jurídico de Tláhuac, estuvo preso por extorsionar a empresario gasero. Ahora, Marcelo lo pone en primera fila. La reunión, en casa de otro ex reo.

 

Presupuesto de ingresos: 1.973 Billones

92,000 mdp más de lo propuesto por el Ejecutivo

 

Aprueban la Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos

Programan diputados recaudación de $1 billón 973 mil 500 millones en 2006

 

Hamdan y Fidel Herrera, maiceados por tabacaleras

Doce legisladores del PRI y PAN aceptaron viajes de British American Tobacco

 

Sector agrario

 

Sigue el lío contra un comisario. (Diario de Yucatán, José Cob Chay, p.web).

Diligencias de líderes ejidales para lograr la destitución.

Hunucmá.- El caso de la permanencia en el cargo de Pedro Puc Canul como comisario ejidal ya se ventila en la Procuraduría Agraria, luego de que simpatizantes del representante “reventaron” la asamblea que se realizó el día 16 pasado en la que supuestamente se definiría su futuro.

Juan May Chay, quien aspira al cargo, y sus seguidores, entre los que se encuentran los dirigentes de los grupos ejidales 3, 7 y 11, así como ex directivos ejidales, están acudiendo a la Procuraduría a fin de hacer válido el proceso que se realizó el día 16 pasado, cuando 118 ejidatarios votaron a favor de la remoción de Puc Canul y 27 lo hicieron en contra.

El comisario ejidal indicó, por su parte, que acudiría directamente al Tribunal Agrario, pues duda de la imparcialidad de la Procuraduría Agraria.

Incluso, acusó al jefe de visitadores de la Procuraduría Agraria, Manuel Ontiveros Sosa, y al Visitador Agrario, Roberto Buenfil Pool, de estar coludidos con los ejidatarios que quieren destituirlos.

 

Grupo de Toño controla el comisariado de La Peñita. (Express de Nayarit, p.web).

Compostela, Nayarit.- Para el ejidatario Lalo Gómez, quienes realmente deben ser considerados como autoridades del Comisariado Ejidal de La Peñita de Jaltemba son el presidente Antonio Navarro Barajas y presidente de la comisión de vigilancia Fausto Cruz Rodríguez, de quienes dijo son los suplentes de los anteriores titulares, ya que el grupo apoyado por el ex gobernador Antonio Echevarría para desmembrar el ejido, no permitieron que se realizara de manera legal la asamblea de cambio de mesa directiva.

Explicó el ejidatario que días antes de que terminara el periodo de la anterior mesa directiva, tomaron a la fuerza y haciendo destrosos al edificio ejidal, un grupo de personas encabezados por Adrián Villanueva, quien siempre ha presumido de ser compadre de Antonio Echevarría y tener vara alta en el gobierno estatal, apoderándose también de todo lo que pertenece al ejido entre otras cosas de la gasolinería.

Al ver esta situación, dijo que un buen grupo de ejidatarios, acudieron a solicitarle a la Procuraduría Agraria a nivel nacional que fueran ellos quienes convocaran a cambio de mesa directiva, sin embargo en vez de que desde el nacional se realizara dicha convocatoria se le dio poder para que lo hiciera el delegado en Nayarit, por lo que Ricardo Lyle Fritch, de quien dijo que expuso una convocatoria amañada la cual ni siquiera fue firmada por él, y que entre otros puntos señala que por ser primera convocatoria “los trabajos de esta asamblea serán válidos mediante la presencia del 50 más uno de los que asistan”.

Señaló además que esta es una total incongruencia, ya que quienes tienen el derecho de votar son sólo las personas que se encuentren en el padrón ejidal y no “cualquier” gente puede decidir los destinos de una asamblea ejidal, sentenció.

Al ser cuestionado sobre si los ejidatarios de La Peñita, han interpuesto alguna querella por esta situación que se vive en aquel ejido, Lalo Gómez dijo que por el momento, los ejidatarios tienen la confianza en que las autoridades estatales pongan en su lugar a quienes desde el sexenio anterior tanto daño le han causado al mencionado núcleo ejidal, por sentirse apoyados por el gobernador anterior.

Explicó que ya han sostenido alguna plática con el gobernador Ney González y el mandatario estatal demostró buenas intenciones de que las cosas se hagan de acuerdo a la ley, por lo que giró instrucciones tanto a la Secretaria general de Gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso, como al subsecretario Roberto Lomelí Madrigal, para que investiguen cuál es la situación que priva en La Peñita de Jaltemba.

El ejidatario terminó diciendo que esperan que en breve se dé solución a este conflicto que tanto preocupa a los ejidatarios de la Peñita debido a que “los sancionados encabezados por el compadre de Echevarría, Adrian Villanueva, están cometiendo un grave saqueo, principalmente a la gasolinera ejidal”, concluyó.

 

Se enfrentan ejidatarios de Agua de Correa con la AFI en el Palacio de Zihuatanejo. (El Sur (Guerrero), Brenda Escobar, p.web).

Los agentes detienen a dos ejidatarios y luego pretendía arrestar a otro, pero los vecinos que esperaban al alcalde impidieron la acción. Hoy se prevé otro intento de desalojo en Playa Larga.

Zihuatanejo

Ejidatarios de Agua de Correa en Zihuatanejo se enfrentaron con policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el Palacio Municipal, para evitar que detuvieran a un ejidatario. Ayer horas antes, los agentes habían detenido ya a dos ejidatarios.

Desde la una de la tarde de ayer, ejidatarios de Agua de Correa y propietarios de terrenos ubicados en 6.2 hectáreas de Playa Larga llegaron al Palacio Municipal portando pancartas en las que pedían que no se ejecute la séptima orden de desalojo de ese terreno ordenada por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) a favor del particular Alejo Maldonado Cuevas.

Hoy se prevé que de nueva cuenta el TUA pretenda desalojar a los 198 propietarios de las 6.2 hectáreas que perdieron en un juicio ante ese tribunal.

Ayer antes de que los ejidatarios se organizaran para acudir a manifestarse al ayuntamiento, policías de la AFI detuvieron a los campesinos Jesús García González y Jesús Maganda Orbe por el delito de desobediencia a un mandato judicial.

Maganda Orbe fue liberado más tarde, y dijo a reporteros que cuando él llegó a la subsede de la Procuraduría General de la República (PGR), ya estaba ahí su compañero Jesús García, quien le relató que los agentes, además de decirle que estaba detenido por esa orden, lo interrogaron sobre el conflicto que prevalece en Playa Larga y que lo mismo hicieron con él.

Expuso que desconoce porqué a él lo liberaron y a Jesús García no, quien se quedó detenido, y en la AFI no le explicaron nada al respecto.

Mientras esperaban a que el alcalde Amador Campos Aburto recibiera a una comisión de ejidatarios, que les solicitarían que interviniera ante el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para que el conflicto se solucione sin llegar a la violencia, dos policías de la AFI vestidos de civil detuvieron a Ofer Reglado Rincón, quien es ejidatario y trabaja en el departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento.

Los dos agentes entraron al Palacio Municipal por el estacionamiento en un Tsuru rojo placas 691-SUU, del Distrito Federal, y cuando pretendían subirlo al vehículo, los ejidatarios manifestantes literalmente se les fueron encima para impedir que se lo llevaran.

Los policías mostraron el oficio en el que se ordenaba su detención, junto con Jesús García y Jesús Maganda, pero los ejidatarios y los trabajadores del Ayuntamiento ya estaban molestos, estos últimos son compañeros de Ofer Reglado, y por la fuerza trataron de arrebatárselo.

A gritos, los dos policías de la AFI pidieron refuerzos por radio y teléfono celular a sus compañeros, quienes llegaron vestidos de civil, incluso en bermudas, para retirar a la gente y sacar al detenido.

Los familiares del ejidatario les gritaban a los agentes: “¡No se lo van a llevar, no se lo van a llevar!”; y los demás les decían que no se subiera al carro, varias mujeres abrazaron al detenido y fueron jaloneadas por los agentes, quienes a su vez les gritaban a los preventivos: “¡Apóyenos seguridad pública, apóyennos!”.

A la discusión se sumaron inicialmente los preventivos, quienes a puñetazos sacaron del pleito a Javier Rodríguez Rocha, quien es avecindado en Playa Larga y se lo llevaron detenido y después lo pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) del fuero común por alterar el orden.

Ni la intervención del secretario general del Ayuntamiento, Gonzalo Castro Reyes, ni del secretario particular del alcalde, Cristóbal Aburto Pineda, lograban que los policías de la AFI se desistieran de su intento por llevarse a Reglado, por eso ya molestos, ambos funcionarios municipales dijeron: “¡De aquí no se llevan a nadie!”, “¡No tenían por qué venir a detenerlo aquí al ayuntamiento!” y éstos dieron la orden a los preventivos de que no agredieran a los ejidatarios.

Los inconformes aprovecharon entonces para agarrar a coscorrones a los agentes; algunos se les fueron encima e intentaron ahorcarlos, por eso también ellos respondieron a golpes.

Llegó entonces el nuevo comandante de la AFI, Noel Salvador Márquez Espinoza, y el recién designado agente del MP federal, Jesús Acevedo Román, quienes se encerraron a platicar con el alcalde en su despacho y más tarde salieron por una puerta de emergencia conocida como “el túnel”, sin dar la cara a los ejidatarios.

Algunos de ellos comentaron que la detención de sus compañeros a un día de que se ejecute la séptima orden de desalojo, no fue casualidad, y atribuyeron este hecho al hijo de Alejo Maldonado, Aquiles Maldonado, de quien dijeron, trabaja en la PGR.

Más tarde, entrevistado por reporteros sobre el acto de violencia, el alcalde dijo que el exceso de los policías de la AFI se debió a una falta de comunicación, porque no era el lugar ni el momento para hacer la detención del ejidatario, pues era lógico que sus compañeros lo impidieran, y además lo tomaron como una provocación.

Acerca de la entrevista que sostuvo con el comandante de la AFI, reveló que éste ofreció disculpas en nombre de sus agentes, porque él no tenía conocimiento del mal actuar de ellos.

Luego, informó que habló con Torreblanca Galindo y que le dijo que ya tenía conocimiento del conflicto y que de su parte trataría de evitar enviar a policías del estado a apoyar al actuario del TUA, y que estarían aquí hoy representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria para informar que este problema estaba por entrar al programa Focos Amarillos.

Fuentes policíacas explicaron sin especificar el lugar, que ya están listos 12 grupos de la policía del estado, es decir, 120 agentes en un municipio de la Costa Grande, para proceder hoy en apoyo al desalojo de los ejidatarios.

 

Se enfrentan AFI’s y ejidatarios de Agua de Correa. (El Despertar de la Costa, Noé Domínguez, p.web).

*Se querían llevar por la fuerza a uno del interior del ayuntamiento *Hubo golpes, jaloneos e insultos; mañana desalojo inminente.

Agentes Federales de Investigación (AFI), se enfrentaron a golpes contra ejidatarios de Agua de Correa en el interior de las instalaciones del Palacio Municipal cuando trataban de ejecutar una orden de aprehensión en contra del jefe del Departamento de Servicios Generales, Ofer Reglado Rincón, quien también es ejidatario, derivado del conflicto de tierras de Playa Larga, en donde hoy habrá desalojo con la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP).

En vísperas al desalojo de terrenos de Playa Larga, al filo de las 14:50 horas, al menos cinco AFI’s se introdujeron al edificio municipal, donde los ejidatarios realizaban un mitin para exigir que se evite que corra sangre en dicha ejecución ordenada por un juez de distrito, y estaban a punto de reunirse con el presidente municipal, Amador Campos Aburto, quien tras los hechos se comunicó con el gobernador para que tomara cartas en el asunto y se evite un hecho lamentable.

A bordo de un auto Nissan, tipo Tsuru color guinda, sin logotipo, así como otros dos vehículos los agentes federales llegaron e ingresaron al estacionamiento y tras ubicar al ejidatario Reglado Rincón, quien junto con Jesús Maganda López y Jesús García González, enfrenta una orden de aprehensión por desobediencia a un mandato judicial, procedieron a querérselo llevar por la fuerza iniciándose un acalorado altercado entre unos cincuenta manifestantes.

Sin embargo, de los jaloneos pasaron a los insultos y golpes, cuando al sitio acudieron varias patrullas de seguridad pública para apoyar a los AFI’s, en donde fue detenido Javier Rodríguez Rocha, ex comandante de la policía preventiva y posesionario de Playa Larga, siendo llevado a seguridad pública, para lo cual los preventivos le rompieron la playera y perdió sus sandalias, siendo liberado poco después.

>Intervención de funcionarios municipales.

Mientras tanto y al ver el zafarrancho intervinieron el oficial mayor del Ayuntamiento, David Hernández Torres, el secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Castro Reyes y el secretario particular del alcalde, Cristóbal Aburto Pineda, quienes exigían a los agentes que mostraran la orden de aprehensión en medio de la trifulca, pero los federales no mostraron nada por lo que los funcionarios decidieron que no se llevarían a nadie pues no podían irrumpir así nada más en ese recinto oficial.

Ante la postura de los funcionarios, los aproximadamente 20 policías municipales, cambiaron de actitud y de estar apoyando a los de la Federal de Investigación, procedieron a apoyar a sus jefes, en tanto el secretario del Ayuntamiento ordenó que se cerraran los accesos principales del inmueble y que nadie saliera, por lo que en medio de la revuelta y casi arrastras fue llevado Ofer Hernández al vestíbulo del edificio, en donde finalmente los AFI’s lo soltaron.

Tras una reunión entre el mandatario Campos Aburto y el Agente del Ministerio Público Federal, Jesús Isaac Acevedo Román, quien este día tomó posesión, y el comandante de la AFI, Noel Márquez Espinosa, se llegó al acuerdo que no sería detenido Reglado Rincón y Jesús Maganda López, para lo cual se dio la oportunidad que se ampararan y después comparecerían de manera voluntaria.

> Intimidatorio el procedimiento de la AFI.

Esa actuación de la AFI la calificaron de intimidatorio ante el desalojo de este viernes, pues horas antes alrededor de las 11:00 horas de la mañana los mismos agentes detuvieron a Jesús Maganda Orbe, cuando salía de su huerta ubicada sobre el bulevar al aeropuerto, siendo llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se aclaró que no era la persona y que el asunto era otro, por lo que fue dejado en libertad.

Mientras tanto el ejidatario Jesús García González, no corrió con tanta suerte pues los agentes lo detuvieron saliendo de su casa, ubicada en la colonia Agua de Correa, y fue trasladado a las instalaciones de la PGR, acusado de desacato a una orden de un juez, quien hasta el cierre de esta información continuaba preso.

> Probable intervención de la SRA.

Al término de la reunión el presidente Amador Campos dijo que se comunicó con el gobernador del estado y mencionó que es probable que intervenga la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), y el conflicto se pueda resolver a través del programa de “Focos Amarillos”.

Aunque dijo que el ayuntamiento no podría garantizar que no se desate la violencia pues la ejecución se va a dar, añadiendo que la policía local no intervendrá al igual que la policía estatal preventiva, pero trascendió que en el desalojo programado para este viernes a las 10:00 horas participará únicamente policías de la PFP que participan en el programa “México Seguro”, y que tampoco participará la AFI.

Por su parte, la tesorera del ejido, Leticia Sotelo Testa, dio a conocer al grupo de inconformes que el dirigente ejidal Bernardo Solís Radilla, quien se trasladó a México a la SRA, le dijo que este viernes estarán en el punto del desalojo personal del programa de “Focos Amarillos”, y de la Procuraduría Agraria para tratar de que se evite el desalojo y se desate la violencia.

Al respecto hizo un llamado a que se organizaran desde la tarde de ayer jueves y estén preparados para la resistencia civil, aclarando que Ofer Reglado no podrá participar en las acciones de este viernes en tanto no haya comparecido ante el Ministerio Público Federal, al igual que Jesús Maganda López.

> Se concentrará el mayor número de personas en Playa Larga.

El ex presidente municipal, Armando Federico González Rodríguez, quien por primera vez participa en este conflicto, pues su esposa es hija de ejidatarios, propuso que se concentre el mayor número de personas en Playa Larga para que la resistencia sea mayor “entre más gente haya menos van  a poder ejecutar el desalojo, la unión hace la fuerza”.

La movilización comenzó a las 2 de la tarde cuando los ejidatarios inconformes se concentraron en la explanada del acceso principal al ayuntamiento, para posteriormente entrar al vestíbulo en espera que una comisión se entrevistara con el alcalde para pedirle su intervención a fin que se evite una masacre.

Cabe destacar que en el momento en que el munícipe Campos Aburto ya los iba a recibir, se generó el enfrentamiento en el área del estacionamiento entre los AFI’s, la policía municipal, funcionarios y manifestantes quienes en la trifulca hubo jaloneos e intercambio de golpes entre la confusión.

 

Se enfrentan ejidatarios contra agentes de la AFI. (Novedades de Acapulco, p.web).

Eran las dos de la tarde cuando los ejidatarios de Agua de Correa se plantaron en el acceso principal del ayuntamiento con mantas y pancartas con mensajes alusivos al problema ejidal que viven en Playa Larga, donde el día de hoy se espera que las autoridades judiciales acudan a desalojarlos, sin embargo los ejidatarios se dicen afectados, ya que tienen años en esa franja de 6 hectáreas frente a la playa donde han construido restaurantes y casas, pero Alejo Maldonado Cuevas promovió un juicio y lo ganó.

Los ejidatarios aún esperan que la Secretaría de la Reforma Agraria declare la zona como “foco rojo” para que se le indemnice a don Alejo y no se les desaloje, “porque vamos a defender Playa Larga con nuestra propia sangre”.

Los manifestantes caminaron y se plantaron en el vestíbulo del ayuntamiento mostrando sus pancartas; ahí denunciaron ante los medios de comunicación que dos de sus compañeros: Jesús García González y Jesús Maganda Orbe, fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación y aseguraron que lo anterior “obedece a una intimidación para que los ejidatarios no hiciéramos la manifestación ya que el hijo de Alejo Maldonado, Aquiles Maldonado, que está promoviendo el juicio, trabaja en la PGR en la capital del estado”.

Jesús Maganda Orbe asegura que estuvo detenido por espacio de 40 minutos en las instalaciones de la PGR, donde fue cuestionado sobre el caso de Playa Larga, aun cuando su detención estaba relacionada con un juicio de hace un año en que le encontraron la posesión de un arma. Jesús García sigue detenido y según los ejidatarios es una injusticia, ya que él no tiene tierras del ejido de Agua de Correa.

Asimismo, ya tenían programada una audiencia con el alcalde, Amador Campos Aburto, para exponerle el asunto como autoridad responsable de la paz social y se encontraban esperando cuando unos tres agentes federales entraron al edificio del ayuntamiento hasta la planta alta y detuvieron al expresidente del comisariado ejidal, Ofer Reglado Rincón, quien también es trabajador del ayuntamiento, y lo bajaron por las escaleras y al llegar al estacionamiento la gente manifestante se les fue encima y comenzó el jaloneo.

La hija de Ofer Reglado y otros ejidatarios agarraban al detenido y lo abrazaban para que los agentes no pudieran subirlo a ninguna unidad, mientras los de la AFI gritaban a los policías municipales que los apoyaran, en ese momento llegó más personal de la PGR y los policías municipales en un principio estaban apoyando a la AFI hasta que entre el gentío vieron a varios funcionarios municipales defendiendo a Ofer, entre los que se encontraban el secretario particular del presidente, Cristóbal Aburto Pineda; y el oficial mayor, David Hernández, que se llevó varios golpes , entre otros.

La gente gritaba que mostraran la orden de aprehensión, pero que además no permitirían que se lo llevaran detenido; cuando estaban a punto de subirlo a una unidad, el secretario del ayuntamiento, Gonzalo Castro, ordenó a los policías municipales que cerraran la salida del estacionamiento, por lo que los agentes trataron de llevarse al detenido por la otra puerta, pero la gente no se los permitía, además Ofer Reglado Rincón, gritaba que lo estaban lastimando.

Los ánimos se calentaban cada vez más y los policías municipales tuvieron que detener al manifestante Javier Rodríguez Rocha, que le dio unos golpes a un agente de la Agencia Federal de Investigación. Ante tal presión los agentes de la PGR dejaron a Ofer en libertad y éste se fue a refugiar a un cubículo de la planta alta del ayuntamiento. A pesar de que les seguían gritando los agentes no se retiraron y entraron a dialogar a puerta cerrada con el Alcalde Amador Campos.

Finalmente los agentes se retiraron y una comisión de ejidatarios se quedó dentro de la oficina del presidente municipal Amador Campos.

 

Turnan caso ‘Pino gordo’ a Semarnat. (Frontanet (Chihuahua), Camelia Chávez, p.web).

La Polaka

Chihuahua.- El Secretario General de Gobierno, Fernando Rodríguez Moreno, recibió a los representantes rarámuris de 200 familias de los ejidos Pino Gordo también conocido como “Choreachi” y Juaripa, quienes solicitaron el apoyo del Gobierno del Estado para solucionar un problema legal que enfrentan ante los tribunales agrarios de competencia federal.

Debido a que estos problemas no son de competencia estatal, Rodríguez Moreno convocó de inmediato a una reunión con el Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quienes solicitó que de manera inmediata y en tanto se da solución al caso, se envíen brigadas inspectoras y detenga la explotación del bosque en aquella región, por parte de un grupo de ejidatarios que invaden sus tierras y que se dicen con ciertos derechos por contar con un permiso de explotación entregado por Semarnat y comandados por Raúl Aguirre.

La demanda de estas familias rarámuris, es que se les reconozca su posesión y se fijen los límites, que actualmente están empalmados por diversas resoluciones agrarias, entre los ejidos de Coloradas de los Chávez y Pino Gordo, resolución que ya lleva varias sentencias a favor y en contra de ellos y que se encuentra en un amparo indirecto pendiente de resolver promovido por la Procuraduría Agraria en contra de la Reforma Agraria, por una resolución que emitió y que afecta a éstas 200 familias.

A nombre de Gobierno del Estado ofreció además, todas las facilidades como son alimentos, hospedaje para su permanencia en la ciudad de Chihuahua los días que sean necesarios, en tanto se da una solución, en la inteligencia de que el trámite de amparo, posiblemente se resuelva en las audiencias del 5 de noviembre.

La superficie afectada es de aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque, que se empalman entre los ejidos de Coloradas de los Chávez y Pino Gordo.

 

 

 

Negocia Gobierno situación de indígenas de Pino Gordo. (Omnia Chihuahua, p.web).

El Secretario General de Gobierno, Fernando Rodríguez Moreno, recibió a los representantes rarámuris de 200 familias de los ejidos Pino Gordo también conocido como “Choreachi” y Juaripa, quienes solicitaron el apoyo del Gobierno del Estado para solucionar un problema legal que enfrentan ante los tribunales agrarios de competencia federal.

Debido a que estos problemas no son de competencia estatal, Rodríguez Moreno convocó de inmediato a una reunión con el Delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a quienes solicitó que de manera inmediata y en tanto se da solución al caso, se envíen brigadas inspectoras y detenga la explotación del bosque en aquella región, por parte de un grupo de ejidatarios que invaden sus tierras y que se dicen con ciertos derechos por contar con un permiso de explotación entregado por Semarnat y comandados por Raúl Aguirre.

La demanda de estas familias rarámuris, es que se les reconozca su posesión y se fijen los límites, que actualmente están empalmados por diversas resoluciones agrarias, entre los ejidos de Coloradas de los Chávez y Pino Gordo, resolución que ya lleva varias sentencias a favor y en contra de ellos y que se encuentra en un amparo indirecto pendiente de resolver promovido por la Procuraduría Agraria en contra de la Reforma Agraria, por una resolución que emitió y que afecta a éstas 200 familias.

A nombre de Gobierno del Estado ofreció además, todas las facilidades como son alimentos, hospedaje para su permanencia en la ciudad de Chihuahua los días que sean necesarios, en tanto se da una solución, en la inteligencia de que el trámite de amparo, posiblemente se resuelva en las audiencias del 5 de noviembre.

La superficie afectada es de aproximadamente 20 mil hectáreas de bosque, que se empalman entre los ejidos de Coloradas de los Chávez y Pino Gordo.

 

Sin avances, construcción de 8 mil viviendas. (Milenio, José María Mena, p.web).

Matamoros

Nulo avance registra a la fecha la construcción de 8 mil viviendas en terrenos del ejido San Miguel mediante una inversión de 200 millones de dólares, según informó meses atrás el alcalde Felipe Medina Cervantes, mientras presidía el evento marco del inicio de la ampliación de la calzada Cárdenas.

La edificación de ese desarrollo habitacional, generador de empleo y de actividad comercial, según informara en su momento el edil, está paralizada, de acuerdo a lo informado por Francisco Lara Medina, comisariado del ejido San Miguel, conformado por un centenar de campesinos.

Entrevistado sobre el caso, expuso: “Ese asunto ya se enredó porque es una copropiedad, (de los ejidatarios de San Miguel). Oscar Gutiérrez del Bosque adquirió allí una superficie. No tengo el dato exacto, pero fueron arriba de 150 hectáreas”.

Respecto al costo dijo que “lo ignoro porque para empezar yo no les vendí mi superficie. No sé cómo hayan tratado; Oscar Gutiérrez del Bosque compró a los ejidatarios, a la comunidad ejidal”.

El problema fue que no todos estuvieron de acuerdo: “Allí es donde se atoró. A nosotros nos llegaron del Registro Agrario Nacional certificados en copropiedad, que quiere decir que una misma superficie es para 100 ejidatarios, simultáneamente”.

 “Ese señor, (Oscar Gutiérrez del Bosque), se retiró de las negociaciones y posteriormente supimos que hubo otra inversión por parte de un señor Madero, no sé cómo se llama. Es de Samsara, (constructora). No recuerdo su nombre”, agregó el comisariado.

 “Por ahí un grupo de ejidatarios, 29, se inconformó con esa situación y presentaron denuncias en la Procuraduría Agraria porque consideraron que no estuvo bien el procedimiento de compra-venta”. Por eso el asunto se ha estado alargando. Creo que indefinidamente, porque no se le ve por dónde se vaya a solucionar el problema”.

Al preguntarle desde cuándo está paralizado, el proyecto, señaló que desde que se adquirió la superficie, hace aproximadamente unos dos años. Los inversionistas se han retirado de las negociaciones y no han mostrado interés. “Si ellos no tienen interés, nosotros tampoco”.

Asimismo, comentó que el gobierno municipal no ha intervenido para tratar de ventilar el problema. “De hecho es un problema entre los que compraron la superficie y los ejidatarios. En todo caso, si acudiéramos a alguna instancia sería a tribunales agrarios o a la Procuraduría Agraria. No tiene intervención el municipio en esas negociaciones”.

Por tanto, no hay visos de solución. “Los señores (inversionistas) no se han acercado y nosotros no nos vamos a andar acercando a ellos”.

 

De la Yerbabuena a sus amigos. (Indymedia (Chiapas), p.web).

Al Pueblo de Colima y de México.

A los Medios de Comunicación.

A los Organismos de Derechos Humanos.

A la Comisión Sexta del EZLN.

Nosotros los habitantes de la comunidad de la Yerbabuena, junto al volcán de Colima, nos dirigimos respetuosamente a todo el pueblo de Colima y de México, a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y a los organismos que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos en México y en el mundo, para informarles lo siguiente:

1.- Desde junio de este año, después de la visita de Fox a Colima, empezaron a citarnos y a subir a nuestra comunidad los delegados Lic. Eloy no sabemos su apelativo y el Ing. Ramón del Toro de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Lic. María de la Luz Rodríguez Mendoza de la Procuraduría Agraria y una delegada del Registro Agrario Nacional que no sabemos su nombre. Ellos y ellas se dijeron enviados del Secretario de la Reforma Agraria por orden del presidente Fox, con la intención de negociar con nosotros, los habitantes de La Yerbabuena, ofreciendo la reubicación de todos, con grandes beneficios (casa, tierras, proyectos productivos).

2.- Cuando la comunidad se dio cuenta que, a unos les ofrecían unas cosas y a otros otras, y nos pedían que fuéramos muy discretos y que no les comunicáramos a los demás las ofertas que nos hacían individualmente. Nosotros acordamos colectivamente, volver a rechazar juntos todas sus ofertas.

3.- Después de nuestro rechazo, visitaron a nuestros familiares para convencerlos de que hablaran con nosotros para que aceptáramos lo que nos ofrecían.

4.- Ahora vienen a “pedirnos nuestra ayuda” argumentando que sus jefes no les creen y nos piden un documento en el se diga nuestra decisión de rechazar nuestra reubicación.

5.- Nos han informado que el viernes 28 de octubre a las 5 de la tarde van a subir con un notario público que dé fe de nuestra decisión de quedarnos a vivir en nuestra comunidad.

6.- Nosotros no confiamos en los delegados mencionados ni en las instituciones gubernamentales que los envían, menos en los notarios públicos o privados que ellos traigan.

7.- Nosotros, los pobladores de La Yerbabuena, en asamblea reafirmamos nuestra decisión de quedarnos a vivir en paz en nuestra comunidad, porque es nuestro derecho.

Nosotros, nos dirigimos al pueblo de Colima que siempre nos han apoyado, a los medios de comunicación, a los organismos de derechos humanos y a la Comisión Sexta del EZLN para su conocimiento y atención.

La Yerbabuena, Comala, Colima a 25 de octubre de 2005.

Por la comunidad de La Yerbabuena en resistencia.

Antonio Altamirano Ramos

Leandro Cuellar Altamirano

Olga Cuellar Méndez

 

Persisten condiciones para que se den conflictos agrarios: Reforma Agraria. (El Sol de Zacatecas, Patricia Torres, p.web).

México.- Más allá de la solución de los conflictos agrarios identificados como “focos rojos y amarillos” y la conclusión del Procede; aún persisten condiciones para que conflictos dados por concluidos se reactiven y se generen otros nuevos y la movilidad en la tenencia de la tierra exija acciones permanentes de regularización, consideró el diputado Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

Mencionó que hay aspectos de la problemática agraria insuficientemente atendidos, como son la organización de los sujetos agrarios, el relevo generacional ordenado que permita que los jóvenes encuentren en el campo alternativas productivas y perspectivas de empleo e ingresos decorosos, la atención adecuada a la mujer productora, la atención de la demanda focalizada de tierra y un aspecto fundamental, que es la recuperación de la función social de la producción y la tenencia de la tierra. García Corpus habló de los temas pendientes, como son también lo relativo a la reorganización del sector agrario para darles la atención debida y que es parte fundamental del Programa Sectorial Agrario.

“Tema del que tenemos la duda de que se quiera llevar a cabo, pues fuera de reportar año con año, de que hay menos servidores en las dependencias del sector, no vemos ninguna referencia a la reingeniería prometida, ni propuestas que permitan apreciar que se están reasignando funciones entre las dependencias del sector, para fortalecerlas; al contrario, a veces se aprecia que la intención es desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria, añeja pretensión de algunas corrientes de opinión”. Mencionó el diputado priísta que el legislativo ha asignado recursos al sector agrario en cantidades muy superiores a lo solicitado por el Ejecutivo, con la intención de que los asuntos agrarios que hemos mencionado tengan la atención debida.

Los cambios experimentados en el medio rural a raíz de las reformas de 1992, las características de lo que se ha llamado la nueva ruralidad de México y otros países con similares condiciones, hacen necesario que el marco jurídico agrario sea revisado, tal como se consigna en el Acuerdo Nacional para el Campo y que las instituciones del sector público se transformen para que contribuyan al desarrollo rural sustentable y a la soberanía alimentaria, señaló el presidente de la Comisión de Reforma Agraria.

 

Comuneros acusan a comisario de Yoloxóchitl. (Pueblo (Guerrero), p.web).

Pretende obligarlos a ceder un terreno de casi 45 hectáreas, que es propiedad del pueblo.

Habitantes de la comunidad de Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán, denunciaron que el comisario Herminio Brígido Santiago trata de obligarlos para que un terreno de casi 45 hectáreas, que es propiedad del pueblo, sea utilizado para uso común, cuando desde hace años se ha ocupado para la siembra.

En caso de ceder casi 45 hectáreas para uso común, se verían afectadas 200 personas.

El integrante del comité de gestoría, Arturo Ramírez, detalló que desde hace 23 años, en 1982, se cercó el terreno para utilizarlo como parcela, pero ahora el comisario asegura que no tienen ningún derecho de utilizarlo y que podría quedar para uso común.

Arturo Ramírez relató que desde hace muchos años los abuelos cooperaron para comprar un tramo de terreno que se sumó al que ellos ya tenían y se comenzó a utilizar para la siembra.

Ante esta situación, los comuneros de Yoloxóchitl enviaron un oficio al subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca; pero fueron atendidos por el director de Asuntos Agrarios Noé Gamboa Cruz, quien les explicó el procedimiento del programa Procede, que es el que se encarga de atender estos asuntos.

Finalmente señalaron que no se llegó a una solución, por lo que los comuneros de Yoloxóchitl acordaron reunirse con funcionarios de la Procuraduría Agraria y la dirección de Asuntos Agrarios el próximo viernes cuatro de noviembre.

 

Definen solución a conflictos agrarios. (Milenio, Sandra García, p.web).

VERACRUZ / XALAPA

El Gobierno Federal liberará 200 millones de pesos para solucionar 19 problemas agrarios que están considerados como focos amarillos en el estado. El subsecretario de Gobierno, Héctor Yunes Landa, informó que la Secretaría de la Reforma Agraria ya comprometió recursos para que se desactiven los conflictos antes de que concluya el sexenio del presidente Vicente Fox.

Entrevistado tras la apertura de los Jueves de puertas abiertas, el Subsecretario de Gobierno explicó que los gobiernos federal y estatal aportarán los recursos, en su mayoría de la Federación, para que se firme el convenio de resolución de conflictos agrarios que ya se programaron con la Secretaría de la Reforma Agraria.

De acuerdo con Yunes Landa, se espera que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, asista a la firma del convenio en el estado, pero si no se concreta su visita, el Secretario de la Reforma Agraria signaría el documento

Explicó que la Reforma Agraria ya definió los conflictos agrarios que se desactivará, entre ellos Chichicoaxtla, así como el monto de los recursos que se asignará a los ejidatarios y la forma como se habrán de entregar las sumas.

¿Con esto se puede decir que se acabarían de manera definitiva los conflictos en el estado?

Nunca pueden concluir los problemas agrarios en un estado como Veracruz, que tiene una gran extensión de tierra, pero con esto lo que hacemos es solucionar los focos amarillos que hemos convenido la reforma agraria y el Gobierno del Estado, que son los conflictos agrarios que potencialmente pudieran complicarse.

 

 

 

 

 

Cerro de la Campana Mirón y Cía. (El Imparcial de Sonora, p.web).

Pues si se tratara de ver quién prendió más de los políticos invitados al Quinto Foro Sonora Siglo XXI, que ayer concluyó, Felipe Calderón resultaría el más favorecido.

El llamado “Hijo Desobediente” trae una racha ganadora impresionante y eso lo está transmitiendo a propios y extraños.

El público que tuvo ayer en el auditorio del Centro de las Artes fue en verdad heterogéneo en cuanto a las preferencias políticas se refiere.

Había empresarios ligados al PRI de toda la vida, que no perdían detalle.

Claro que había uno que otro perredista por ahí escondidón, discreto para no hacer mucho ruido.

Y la gran mayoría, jóvenes universitarios.

De los tres políticos que estuvieron en el Foro: Andrés Manuel López Obrador, Patricia Mercado y él, Felipe es el que logró más interrupciones de aplausos, a pesar de que la hora, 16:00 horas, no era precisamente la mejor para escuchar un discurso de más de una hora.

Y usted dirá, pues sí, cómo no le iban a aplaudir si estaba lleno de panistas. Y sí, había muchos albiazules, pero igual había muchos perredistas en el acto de Andrés Manuel y no tuvo la misma comunicación.

Eso sí, a Felipe no le permitieron acercarse mucho al pueblo, a la gente, como lo hizo con bastante éxito el candidato del PRD en su visita relámpago a Hermosillo.

Pero en cambio, lo que le faltó a López Obrador, de conectarse mejor con el público asistente al Foro, Calderón Hinojosa lo hizo bastante bien.

Muy claro en sus respuestas; muy preciso en sus conceptos, fue específico cuando había que serlo y general cuando lo ameritaba. Además, traía apoyo de “PowerPoint” para su exposición y eso lo hizo menos aburrido.

Y luego, sus respuestas a las preguntas, la mayoría de ellas muy directas, las remató casi como discurso, poniéndole énfasis donde había que hacerlo y siendo más relajado como había que serlo.

Quienes han conocido a Calderón Hinojosa desde hace años, aseguran que ha mejorado muchísimo en su forma de hablar, de plantear los problemas. Se maneja ahora con más seguridad, con más contundencia.

Le falta quizá sudar un poco más la camiseta en la calle, quitarse el traje y la corbata e irse a tomar un café al Mercado Municipal o a comerse un menudo con pata.

Quienes desayunan, comen y cenan caliente y sabrosa grilla, se la pasaron ayer la mitad del tiempo viendo y escuchando a Felipe, y la otra mitad investigando entre el público.

¿Qué buscaban?

El desafío era poder contar cuántos seguidores de Santiago Creel había en el Centro de las Artes o siendo más específicos, cuántos burquistas estaban ahí, lo que daría una señal más o menos de cómo andaba la “operación cicatriz” en el PAN después de la paliza que les pusieron en la elección interna, tanto en Sonora como a nivel nacional.

La mera verdad, fueron muy pocos, pero eso sí, muy representativos.

María Dolores del Río le mandó un carnet al panista que más votos le consiguieron a Santiago Creel, es decir, a Jesús Félix Holguín, quien se dejó venir desde Cajeme a platicar con el michoacano.

Llegó tarde pero llegó. Junto a él estaban otros dos burquistas de hueso azul: Francisco García Gámez, alcalde de Cananea, el presidente municipal más exitoso en popularidad en todo Sonora y Carlos Quiroz Narváez, actual delegado del Registro Agrario Nacional.

Sentado se vio también por ahí a Carlos Tapia Astiazarán, pero en este caso hay que decir que también estuvo en la conferencia de López Obrador y en algunas otras de los empresarios.

Pero volviendo a “Chuy” Félix, vago como es él, alcanzó a Felipe antes de subirse a su Suburban, lo abrazó, se tomó una foto y le dijo en voz alta, para que todos los escucharan: “Ahora sí, ya pasó la interna, de ahora en adelante todo el apoyo”.

Y como a Calderón lo que le urge es unir al PAN, gustoso lo aceptó y el senador Carlos Villalobos Organista hasta lo subió al carro para que platicaran más en corto.

 

ASF revisará uso de fondos en compra de tierras ejidales. (Tribuna de Campeche, David Alponte, p.web).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue instruida por la comisión del ramo en la Cámara de Diputados para revisar "el uso de los fondos federales y asignaciones derivadas de los excedentes petroleros" por parte del Gobierno de Yucatán en la adquisición de terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto.

El 22 de septiembre la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación dio la instrucción a la SAF a petición de la diputada Beatriz Mojica Morgan, del Partido de la Revolución Democrática.

La legisladora anunció ayer que junto al diputado Emiliano Ramos (PRD) presentarán en los próximos 15 días una denuncia penal en contra del gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, por utilizar recursos públicos y la intermediación de un ex funcionario federal, para la compra de esos terrenos, cuando el protocolo administrativo plantea adquirir propiedades o servicios vía expropiación o licitación.

Aunado a ello, la denuncia penal se interpondrá por el perjuicio causado a los ejidatarios de la comunidad de Hunucmá, que aseguraron ayer que sus tierras fueron adquiridas mediante engaños y que seguirán con un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario 34 de la ciudad de Mérida.

La diputada Mojica Morgan expuso: "Tenemos elementos para decir que las ganancias en las operaciones realizadas por el gobernador Patricio Patrón Laviada, a través de un intermediario de nombre Antonio Almazán Arteaga, ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria, alcanzan entre nueve millones y 27 millones".

Explicó que algunos de los ejidatarios tienen documentos en los que se informa la compra-venta del metro de terreno en 70 centavos, cuando la Almazán Arteaga informó que costó 1.30 pesos por metro cuadrado y fue vendida al Gobierno Estatal, en 1.60 pesos. Las dimensiones del predio implicado ascienden a más de dos mil hectáreas.

Los diputados perredistas son los mismos que en agosto pasado interpusieron una demanda de juicio político en contra del gobernador Patrón Laviada.

Al respecto, el diputado Emiliano Ramos dijo que la información que recopilan sobre la adquisición irregular del predio para la construcción de un aeropuerto servirá de base para ampliar la demanda de juicio político.

En el documento demanda se lee: "El gobernador insistió en que recurrió a los servicios de Antonio Almazán porque era el que estaba comprando y tenía contacto con los ejidos de Hunucmá. Además, ofreció entregar los títulos de propiedad y garantizó la legalización y ocupación de las tierras sin ningún problema... También reveló que Antonio Almazán le informó que estaba pactando la compra con nueve grupos ejidales a 90 centavos el metro cuadrado, porque antes hubo otros compradores que pagaron a 70 centavos... De acuerdo con su versión, Almazán ofreció que con todo el trabajo topográfico y legalización vendería al Gobierno a 1.20 o 1.30 pesos el metro, según como cerrar el trato con los campesinos".

 

Imperio de especulación de los Patrón. (Tribuna de Campeche, David Alponte, p.web).

Manejan prósperos negocios.

El Gobierno Estatal, encabezado por Patricio Patrón Laviada, especula con terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto, según partidos de oposición.

Consideran "irregular" la adquisición de predios y cuestionan el proyecto debido a que Alejandro Patrón Laviada, hermano del mandatario, posee dos cascos de haciendas en la zona aledaña a donde pretende construirse la nueva terminal aérea.

Para la adquisición de los terrenos ejidales el Gobierno utilizó los servicios de un ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Antonino Almazán Arteaga, documentó el diputado local del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

El legislador afirmó que en los documentos de compra-venta aparece incluso personal de servicio de Almazán.

El ex servidor público compró a 1.30 pesos el metro cuadrado y vendió a 1.60 pesos al gobernador Patrón Laviada, añadió.

Para concretar el proyecto, Patrón Laviada busca el aval del Congreso local. Pretende que la entidad solicite un crédito de mil 48 millones 800 mil pesos, dejando en prenda las participaciones federales.

En la documentación enviada al Legislativo local, el gobernador señaló que "el costo total de la compra-venta (de tierras) descritas sería de 31 millones 637 mil 798 pesos por una superficie total de 2 mil 141 hectáreas, de las cuales mil una (de los ejidos de Hunucmá y Huncanab) se destinarán para la construcción del nuevo aeropuerto y sus servicios alternos...".

Por esa operación, los diputados federales del PRD, Beatriz Mojica Morga y Emiliano Ramos Hernández, interpusieron el 23 de agosto del presente año una demanda de juicio político en contra del mandatario yucateco con el propósito de que el Congreso de la Unión "le sancione con la destitución e inhabilitación, sin perjuicio de las sanciones penal y administrativa, que en su caso lleguen a determinarse por las autoridades correspondientes".

De acuerdo con los promocionales colocados en la capital yucateca, el proyecto es más ambicioso que una terminal aérea: se prevén zonas habitacionales, vialidades, comercios, universidades y hasta un zoológico.

El diputado Ramírez Marín señaló que Alejandro Patrón Laviada tiene al menos dos predios aledaños al lugar donde se pretende levantar el nuevo aeropuerto.

"En diciembre de 2004, Alejandro Patrón Laviada contrató a la empresa de Antonino Almazán Arteaga (Terra Internacional), para la regularización de tierras y propiedades anteriormente ejidales compradas para el ex banquero Roberto Hernández", según una tarjeta informativa del legislador.

Alejandro Patrón ha adquirido muchos terrenos alrededor de Mérida y "coincidentemente sus compras van de la mano de proyectos oficiales", destacó el priísta.

De manera adicional, los terrenos donde se ubica el actual aeropuerto del cual sólo se utiliza 30 por ciento de su capacidad serían destinados a zonas habitacionales y comerciales.

Con lo anterior, el Gobierno local tendría más de 600 hectáreas para ponerlas a la venta.

Negocio Voraz.

El Gobierno Estatal compra tierras ejidales mediante un ex funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria y especula con terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto rodeado de una metrópoli, al Poniente de la entidad.

La clase política local ha cuestionado el plan Metropolisur por la "irregular" adquisición de los predios y debido a que uno de los hermanos del gobernador posee dos cascos de haciendas en la zona aledaña, elegida por Patrón Laviada.

El mandatario estatal pretende la autorización del Congreso local para un endeudamiento millonario que saque adelante el proyecto de la nueva terminal aérea, dejando en prenda las participaciones federales.

Sobre este punto, Ramírez Marín documentó que el Gobierno del Estado utilizó los servicios del ex funcionario del Registro Nacional Agrario, Antonino Almazán Arteaga, para la compra de terrenos ejidales.

El PRD interpuso una demanda de juicio político contra el mandatario yucateco, con el propósito de que el Congreso de la Unión lo sancione con su destitución o inhabilitación.

El proyecto del Gobernador

La historia del proyecto de Patrón Laviada salió a la luz pública desde junio de este año, con la información de que el gobernador compraba tierras ejidales. El 21 de septiembre, el Ejecutivo Estatal envió al Congreso local una solicitud de endeudamiento por mil 48 millones 800 mil pesos para financiar el plan denominado Metropolisur.

"El costo total de las compraventas (de tierras) descritas sería de 31 millones 637 mil 798 pesos por una superficie total de 2 mil 141 hectáreas, de las cuales mil una (de los ejidos de Hunucmá y Huncanab) se destinarán para la construcción del nuevo aeropuerto y sus servicios alternos...", escribió Patrón Laviada en la documentación enviada al Legislativo.

El plan es más ambicioso que una terminal aérea: La zona tendría zonas habitacionales, vialidades, comercios, universidades y hasta un zoológico, de acuerdo a los promocionales colocados en la ciudad de Mérida.

Adicionalmente, los terrenos del actual aeropuerto que sólo se utiliza al 30 por ciento de su capacidad serían destinados a zonas habitacionales y comerciales. El Gobierno local tendría más de 600 hectáreas para ponerlas a la venta.

Los políticos opositores han vinculado este nuevo proyecto con los negocios de compra-venta de tierra de Alejandro Patrón Laviada, hermano del gobernador, con la especulación de grandes extensiones de tierra que realizan familiares del mandatario estatal.

El diputado priísta Ramírez Marín dice que Alejandro tiene al menos dos predios aledaños al lugar donde se pretende construir el nuevo aeropuerto.

"En diciembre de 2004, Alejandro Patrón Laviada contrató a la empresa de Antonino Almazán Arteaga (Terra Internacional) para la regularización de tierras y propiedades anteriormente ejidales compradas para el señor Roberto Hernández", de acuerdo con una tarjeta informativa del legislador.

Patrón Laviada ocupó los servicios de Almazán Artega para la compra de los terrenos ejidales para el proyecto del nuevo aeropuerto. Este nexo aumenta las sospechas de legisladores y políticos del PRI y PRD.

"Hay una relación político familiar de Roberto Hernández con los Patrón Laviada, que se estrecha y comienza el boom de los Patrón Laviada, como es el caso de Alejandro que funge como intermediario del Grupo Plan para comprar viejos cascos de haciendas y convertirlos en hoteles, con una extensión de tierra mayor", explica el diputado Ramírez Marín.

Alejandro Patrón ha adquirido muchos terrenos alrededor de Mérida y "coincidentemente sus compras van de la mano de proyectos oficiales", considera el priísta.

El diputado del PAN Jimmy Ambrosio Camargo, defiende la actuación del gobernador con el argumento de que compró las tierras para evitar la especulación y otro Atenco, que los habitantes se opusieran al proyecto.

La oposición señala que el señor Almazán compró a un precio y le vendió más caro al Gobierno.

"Sí, yo sé que obtuvo alguna parte de ganancia por la compra de las tierras, pero el señor se fue a meter ahí a litigar con los ejidatarios, que no son gente muy tranquila. Tuvo que obtener alguna ganancia".

Deslinde de Presidencia

Por su lado, la Presidencia de la República señaló que deben ser los órganos judiciales los responsables de investigar y en su caso castigar prácticas ilícitas en Yucatán sobre la presunta compra por parte del gobernador Patricio Patrón Laviada, de terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto.

El portavoz presidencial, Rubén Aguilar, comentó en conferencia de prensa en Los Pinos que no corresponde a la Presidencia indagar sobre este asunto porque no es Ministerio Público.

"Si hay algo que investigar, pues que haya una denuncia y que sean los órganos correspondientes los que actúen, la Presidencia de la República no es Ministerio Público, es la Presidencia de la República", respondió tajante el vocero de Los Pinos, cuando se le preguntó sobre este tema.

De acuerdo con una investigación, el Gobierno Estatal, encabezado por Patricio Patrón Laviada, especula con terrenos ejidales para la construcción de un nuevo aeropuerto, según partidos de oposición, que consideran "irregular" esta adquisición de predios y el proyecto ya que Alejandro Patrón Laviada, hermano del mandatario estatal, posee dos cascos de haciendas en la zona aledaña a donde pretende construirse la nueva terminal aérea.

Sobre este asunto, el portavoz presidencial insistió en conferencia de prensa en Los Pinos, que la Presidencia de la República no es Ministerio Público y que por ello "no puede investigar", que esa es una tarea de las instancias correspondientes en Yucatán y que en todo caso, se presenten las denuncias correspondientes.

 

Galardonado. (Pueblo (Guerrero), Foto, p.web.)

 

 

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, durante la entrega de premios al mérito civil; en la gráfica, Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria, recibe su premio en la terna al mérito político.

 

 

Florencio Salazar recibió el Premio Civil José Francisco Ruiz Massieu. (Pueblo (Guerrero), Francisca santiagués, p.web.)

Al recibir anoche el premio civil al mérito político José Francisco Ruiz Massieu, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame se pronunció por el respeto a la ley y generar condiciones de prosperidad, “si no lo hacemos, seremos una sociedad anarquizante”.

Al guerrerense se le premió por sus aportaciones al desarrollo político del estado, al igual que otros once guerrerenses más por sus destacadas participaciones en el rubro social, económico, político, académico, científico y en salud.

Los galardones fueron entregados en el marco del 156 aniversario de la creación del estado de Guerrero, cuya ceremonia fue encabezada por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; esta se llevó a cabo en el auditorio José Joaquín de Herrera del palacio de gobierno.

Entrevistado al recibir el galardón, Salazar Adame dijo que los guerrerenses necesitamos tener una visión de hacia dónde queremos ir y que todos valoren el amplio margen de libertades que se goza como mexicanos.

El funcionario federal se pronunció además por respetar las leyes, generar condiciones de prosperidad para los guerrerenses y evitar las confrontaciones sin razón ni imponer criterios que lleven al dispendio de los recursos públicos.

“La cerrazón, el querer imponer criterios sólo lleva al dispendio de recursos, lo hemos visto en el pasado, se organizan grupos sociales y presionan y consecuentemente se les otorgan recursos”.

Para Salazar Adame se debe evitar la asignación de recursos a través de las presiones, porque eso provoca que el presupuesto no se ejerza para lo cual es autorizado y tampoco se resuelven las demandas prioritarias.

Al recibir el premio, el político guerrerense se dijo comprometido con el desarrollo del estado y ofreció contribuir más para su avance.

“Esto me compromete a mantenerme en la línea independientemente de cual sea mi trinchera política, yo siempre he tratado de contribuir al desarrollo del estado, he procurado coadyuvar con los demás guerrerenses para que Guerrero tenga mejores condiciones y que verdaderamente incorpore el desarrollo”.

Recordó que a él, en su momento como funcionario estatal, le correspondió proponer la presea José Francisco Ruiz Massieu “y ahora recibirla, para mí me generan muchas emociones”.

 

Alejandra Cárdenas, Florencio Salazar y Jaime Castrejón Diez, entre los galardonados. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web. /Información también publicada en Novedades de Acapulco)

El gobernador Zeferino Torreblanca entregó anoche los Premios al Mérito Civil en el auditorio José Joaquín Herrera ubicado en la parte posterior del Palacio de Gobierno a la ex presa política durante la guerra sucia, Alejandra Cárdenas Santana que recibió el premio a la mujer denominado Antonia Nava de Catalán; también fue condecorado el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame con el premio José Francisco Ruiz Massieu.

El premio Juvenil José Azueta fue para las ganadoras del Premio Nacional del Agua y galardonadas en Estocolmo, Suecia, Itzel García Silva y Liliana Vargas Meneses, por su proyecto de captación de agua Calcita y Hematita: cazadores de almas de agua; mientras que la presea Vicente Guerrero por actos históricos fue para el ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Diez; y la condecoración Juan N. Álvarez, la recibió el biólogo, Bernardo Villa Ramírez.

La presea indigenista Cuauhtémoc, fue para el párroco, Mario Reynaldo Campos Hernández, a quien se le identifica por ser uno de los impulsores de la creación de la Policía Comunitaria en la región de La Montaña; mientras que el premio Ignacio Manuel Altamirano lo recibió la asociación Amigos de Acapulco, Asociación Civil por sus servicios prestados al estado.

El premio en Ciencia y Tecnología Guillermo Soberón fue para la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la UAG, Berenice Illades y la presea Manuel Meza Andraca lo recibió el agrónomo, José Reyes Sánchez.

La condecoración al mérito municipal Moisés Ochoa fue para el ingeniero José Calderón Vilchis, y el premio Juan Ruiz de Alarcón lo recibió el escritor tixtleco José Gómez Sandoval; en tanto que el premio Eva Sámano de López Mateos, fue para el ex alcalde de Chilpancingo, Alberto Saavedra Ramos.

En los discursos, en nombre de los galardonados, habló el ex rector de la UAG, Jaime Castrejón Diez, quien centró su discurso en recordar la lucha de los personajes con que fueron nombradas las condecoraciones.

 

Falso que los opositores a La Parota sean minoría, responde ambientalista a Florencio. (El Sur (Guerrero), p.web)

Son 3 mil comuneros, más que los 2 mil 385 que asistieron a la asamblea donde votaron por la expropiación, critica la abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental al secretario de la Reforma Agraria.

 El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) respondió al secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, que es falso que los comuneros opositores al proyecto La Parota sean minoría, como lo declaró al Diario Mural, de Guadalajara, del grupo Reforma, el 10 de octubre y el 25 de octubre, respectivamente.

En un boletín de prensa, la abogada del CEMDA, Priscila Bribiesca, indicó que las declaraciones de Florencio Salazar son como de vocero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de un desconocedor de las leyes agrarias.

Asimismo, acusó a la CFE de violar los derechos agrarios de los comuneros y de sus tierras.

Xavier Martínez Esponda, otro abogado del CEMDA, dijo que “la minoría como le llama Florencio Salazar son tres mil comuneros –más al menos tres integrantes de familia de cada uno–, que no se han cansado de manifestar su desacuerdo con el proyecto”.

Manifestó que la “minoría” es mayor que los 2 mil 385 de comuneros que asistieron a la asamblea donde votaron por la expropiación de sus tierras.

Martínez Esponda se preguntó cómo metieron a 2 mil 385 comuneros en un espacio de 600 metros cuadrados. “En realidad sólo asistieron mil personas y no es claro que todas hayan sido comuneros legítimamente acreditados”.

“La autoridad agraria y las autoridades estatales impidieron de manera violenta la participación de los 3 mil comuneros opositores, violando sus derechos de participar en ella”, acusó.

Agregó que la asamblea se llevó a cabo en el municipio de San Marcos, fuera de la zona de Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde debió ser.

“Es normal que dentro del Estado mexicano los funcionarios de primer nivel no estén enterados ni les interese informarse del número oficial de los comuneros que supuestamente aceptaron la expropiación en una asamblea que no tiene sustento legal, porque el artículo 23 de la Ley Agraria, en sus fracciones VI a XIV –que se refieren a los cambios que la asamblea, como órgano superior del ejido, puede adoptar respecto del régimen de sus tierras– no hay la posibilidad de celebrar una asamblea así, pues le corresponde al Estado”, refirió.

Lo anterior, dijo, hace notar que la CFE en realidad lo que busca es legitimar el proyecto a costa de dividir a la comunidad, lo cual –aunque el secretario de la Reforma Agraria diga lo contrario– es un conflicto social.

Priscila Bribiesca consideró que Florencio Salazar incurre en la violación a Ley Agraria y a la Constitución.

Explicó que el artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, determina que el secretario de la Reforma Agraria está obligado a hacer cumplir los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos; y de acuerdo con la fracción VII del mismo artículo, párrafo cuarto de la Constitución, las autoridades agrarias deben actuar “con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos”.

Mencionó que ahora Florencio Salazar Adame dice que el proyecto de La Parota se podría trasladar a Nayarit, donde la presa El Cajón está bajo procesos judiciales.

Informó que Chiapas y Guerrero son los estados donde más presas se han construido y donde se presentan los índices de mayor pobreza en el país, y después de preguntó ¿para quién es el desarrollo? ¿quiénes son los que asumen los altos costos socioambientales de estos megaproyectos? .

 

Se mantendrá presa La Parota en Guerrero: Presidencia. (El Universal On Line, p.web).

Señala la vocería de Los Pinos que hasta el momento el Gobierno federal está firme en la decisión de que la hidroeléctrica se construya en dicho estado pese a los conflictos agrarios que se registran en éste 

10:30 El vocero presidencial, Rubén Aguilar Valenzuela, dijo que la construcción de la presa La Parota, hidroeléctrica planeada para el estado de Guerrero, se mantendrá en dicha entidad.

Lo anterior, aclaró el funcionario federal, ante las insinuaciones del secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, de que la presa pudiera trasladarse al estado de Nayarit como lo había dejado ver el presidente Vicente Fox por los conflictos agrarios.

 

Visita presidencia municipal Florencio Salazar Adame. (En Línea Directa.Info, p.web).

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, afirmó que el Gobierno de la República que preside Vicente Fox Quesada rinde cuentas y es transparente, asimismo califico al presidente de Reynosa, Francisco García Cabeza de Vaca como un buen líder político.

Lo anterior ocurrió en el marco de un convivió realizado con empresarios y funcionarios ofrecido por el Presidente Francisco García Cabeza de Vaca al Secretario de Estado, y que fue rubricado con una visita que efectuara Salazar Adame a la presidencia municipal.

"El gobierno de hoy es transparente y rinde cuentas, si se hizo un escándalo por lo del toalla-gate, es por que en Internet, en las cuentas de la Presidencia de la Republica, estaba que se habían comprado unas toallas y que habían costado cuatro mil pesos, cualquier ciudadano revisó y vio y encontró que esto podía ser significativo y lo mandó a la prensa y ocurrió todo lo que ustedes ya saben.

"Pero ocurrió a partir de que este gobierno rinde cuentas y que todo lo que hace, lo hace público, antes...¿ quien sabia cuanto se gastaba, cuanto gastaba una oficina como la de Los Pinos?, ¿quien sabía cúanto ganaba un secretario o un sub-secretario, un oficial mayor o un director general?...

El día de hoy cualquiera de ustedes puede acceder a la pagina de Internet y saber cuanto gana cada uno de nosotros, y todo este permite que no haya actos de corrupción".

Explicó que la democracia que vive el país no es un proceso terminado, es un proceso en transito y que de acuerdo a las ciencias políticas, esta es unan verdadera trancisión democrática.

Explico que el presidente renunció a las llamadas facultades meta constitucionales, es de decir aquellas que no estando consagradas por la constitución el ejecutivo, las asumía como facultades propias, consecuentemente se erigían en el vértice de los poderes, en el jefe máximo de la federación y ejercía una seria de acciones que no estando consagradas por las leyes justamente imponían los criterios del mandatario en turno a las diferente acciones, actividades o ejercicios que se pudieran hacer en el país.

Fox Quesada ha sido respetuoso de los criterios de todos los ciudadanos y acepta la críticas de sus gobernados vengan de donde vengan, y dijo que esto no se veía antes.

Agregó que los gobernadores van y vienen, se reúnen, salen al extranjero, promocionan sus estados, hacen declaraciones, incluso escriben artículos en contra del presidente y no pasa nada, por que?, por que no tiene que pasar nada, por que esto es parte de la vida democrática, pero es parte de los cambios que ha habido a partir de que Vicente Fox es Presidente de México.

Antes, como se decía en el pasado, los gobernadores no movían la hoja de un árbol si no se los permitían desde el centro. Hoy mueven los bosques completos, no sé si para bien o para mal, el hecho es que es su responsabilidad y es parte del cambio que estamos viviendo.²

Salazar Adame estuvo en Reynosa después de que entregara junto con el gobernador Eugenio Hernández Flores títulos de propiedad a más de 700 productores agropecuarios en la vecina ciudad de Río Bravo.

 

Sigue sin prosperar la declaración universal de los derechos indígenas. (La Jornada, Carolina Gómez, p.web).

Solecito Hay riesgos infundados de que amenazaría integridades territoriales: Stavenhagen

Pese a que es indispensable contar con una declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas, pues serviría de referente para reformar las legislaciones y adecuar las instituciones en los países que cuentan con dichas comunidades, a casi diez años de discusiones sobre el tema "sigue infelizmente atorado en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)", lamentó Rodolfo Stavenhagen, relator especial para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de dicha instancia internacional.

Al ofrecer la conferencia magistral Los pueblos indígenas y los derechos humanos, la agenda pendiente, durante la realización del 20 Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos, Stavenhagen resaltó que México ha pugnado por que pronto se tenga este instrumento internacional. Dijo que por ello encabezó una reunión internacional en septiembre pasado en Pátzcuaro, Michoacán, para "desbloquear la discusión" y preparar un terreno más propicio para la reunión de trabajo de diciembre.

Sobre esto último confió en que en dicha junta se den pasos importante para contar con la declaración en 2006. "Ojalá en esta reunión prevalezca lo que hemos llamado el espíritu de Pátzcuaro", comentó Stavenhagen, quien criticó que en muchos países aún no se hagan modificaciones para mejorar y respetar los derechos de los pueblos originarios y que en otros, "como México -en 2001-, se hayan hecho mal".

En cuanto a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el país -a poco más de dos años de la visita que realizó a México, producto de la cual elaboró un informe con 42 recomendaciones al gobierno-, el relator refirió que sólo ha habido "avances en algunos campos", pero se mantiene como gran pendiente la mejora de los servicios básicos para este sector; atribuyó esta situación "al presupuesto y al tiempo insuficientes".

En entrevista, se negó a ahondar sobre los pendientes hacia ese sector de la población, porque -dijo- actualmente se está aplicando un instrumento de "evaluación y de seguimiento de las recomendaciones" de la ONU, del cual en breve se darán los resultados.

Stavenhagen explicó que la renuencia de muchos países a contar con la declaración radica principalmente en lo que estipula el artículo tercero de esta propuesta, que se refiere a la libre determinación de los pueblos indígenas, pues según los inconformes establecerlo "abriría una caja de Pandora, ya que se pondrían en entredicho, pero sobre todo en riesgo algunos principios básicos la integridad territorial".

Se plantea que en virtud de la libre determinación algunas comunidades quieran independizarse de la nación de la que forman parte, lo cual para el relator es sólo una "declaración retórica sin fundamento, ya que en la práctica ninguno de los pueblos indios reclama ese derecho con esa finalidad ni se ha dado en la práctica ningún caso de este corte".

Asimismo señaló que contar con la declaración también sentaría bases respecto a la propiedad intelectual de los conocimientos de estos grupos, ya que actualmente muchas farmacéuticas intentan adueñarse de los saberes medicinales ancestrales de los indígenas, y también daría lineamientos sobre el control y la explotación de los recursos naturales, los cuales también han sido arrebatados a esos pueblos.

 

Prensa Estatal

 

GUERRERO

 

Pleito comunitario por disputa agraria. (Cuarto Poder, Juan Sánchez, p.web).

OCOSINGO

Juan Sánchez  CP. Líderes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) han comenzado con acciones que pretenden desestabilizar a los indígenas que no comparten la misma ideología, señaló en Ocosingo la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ).

OCEZ acusó a Orcao de proteger a grupos que están provocando enfrentamientos entre los habitantes del ejido El Carrizal, tras responsabilizar directamente a José Pérez Gómez, tercer regidor plurinominal perredista del Ayuntamiento ocosinguense, de las consecuencias que pudieran traer el conflicto comunitario, por las diferencias agrarias que prevalecen desde hace más de 10 años.

De acuerdo con la denuncia de la organización, han sido diversos los encuentros que han sostenido con su contraparte para solucionar las diferencias que sostienen con un grupo que identifican como "paramilitar" y que está encabezado por los hermanos Jacinto y Pedro López Sántiz y por los hermanos Pedro y Martín López Rodríguez, lamentablemente los resultados han sido nulos, dicen.

El grupo al que acusa la OCEZ de provocar encono en el seno ejidal, optó por sumarse a las filas del EZLN, posteriormente al no encontrar el apoyo y la protección que necesitaban se adhirieron a la Orcao, posición que hoy utilizan para intentar despojar de los derechos agrarios a por lo menos unos 12 indígenas. Ahora, al observar que el clima social del ejido se enrarece, optan por denunciar esta situación a la opinión pública.

 

 

 

GUERRERO

 

LA PAROTA

 

Sí he visitado los pueblos afectados por La Parota, aclara el alcalde a Félix Salgado. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

Sobre las declaraciones que el alcalde electo Félix Salgado Macedonio hizo en la sesión del Grupo ACA, acerca de que ni el presidente Fox, el gobernador Zeferino Torreblanca, ni Alberto López Rosas habían visitado las comunidades que serían afectadas con la construcción de la presa de La Parota,  el alcalde de Acapulcoo aseguró que en su agenda de trabajo sí ha visitado los pueblos.

Por otro lado, debido a la brevedad de la visita del presidente Vicente Fox Quesada, el alcalde no pudo solicitarle los 35 millones de pesos extras que se requieren para reparar la red de drenaje que fue afectada por las lluvias de Stan.

El martes, al ser consultado por reporteros después de la sesión del grupo Solidaridad, a la que López Rosas fue invitado para recibir un reconocimiento, el alcalde declaró que aprovecharía la visita del presidente de la República para plantearle que la Comisión Nacional del Agua (CNA) destine 35 millones de pesos para reparar el drenaje.

Pero ayer, en la develación de la estatua de Vicente Guerrero, López Rosas informó que no pudo hacer la petición a Vicente Fox debido a que su estancia en el puerto fue breve.

Adelantó que en la visita que haga el gobernador hoy al puerto tendrá la oportunidad de “establecer algunos acuerdos” con Zeferino Torreblanca en relación a esta petición.

Vicente Fox acudió ayer por la mañana al puerto, a la inauguración de la 32 Convención Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, ahí también estuvieron el alcalde y el gobernador Zeferino Torreblanca, quien ofreció 100 mil dólares para ayudar a la reconstrucción de Cancún.

No quiero polemizar con Félix Salgado, dice

Sobre las declaraciones que el alcalde electo Félix Salgado Macedonio hizo en la sesión del Grupo ACA, López Rosas no quiso opinar, y sólo dijo que “no quiero polemizar”.

Al respecto, el alcalde comentó: “yo tengo una agenda muy completa para todo el medio rural, no he rehuido a ninguna comunidad y por tanto yo respeto sus expresiones, pero no voy a entrar en contravención”.

Insistió en que “todos” deben contribuir a mejorar el ambiente en esa zona y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a dar toda la información que corresponda para dar “plena claridad” al proyecto.

En relación a la crítica que Salgado Macedonio hizo de la administración de López Rosas, en el sentido de que algunos de sus funcionarios tienen un salario de 5 mil pesos pero gastan en teléfono celular más de 25 mil pesos, el alcalde dijo que es información tergiversada que se aclarará cuando concluya el proceso de entrega-recepción.

 

Hay complicidad del TUA para retardar demandas en contra de la CFE, dicen opositores. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

Mientras no haya curso legal, la paraestatal puede seguir construyendo la casa muestra, asegura el abogado de los comuneros Raymundo Castro.

El representante legal de los comuneros opositores a La Parota, Raymundo Castro Aparicio, denunció que “hay complicidad del Tribunal Unitario Agrario (TUA), los gobiernos y todas las instituciones involucradas” en el proyecto de la presa de La Parota, para que las demandas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no avancen; mientras tanto, la paraestatal insiste en seguir con esa obra y con la casa muestra.

En entrevista con El Sur, el abogado informó el avance de las demandas que interpusieron en el TUA número 41 –para la nulidad de la asamblea del 25 de abril, que autorizó a la paraestatal realizar los estudios preliminares; y la del 24 de agosto en San Marcos, que permitió la expropiación de las tierras– las cuales no tienen avances concretos.

Sobre la demanda del 25 de abril –precisó– están pendientes las pruebas de dactiloscopía y grafoscopía, y sólo es cuestión que el perito les dé trámite, analice las firmas y rinda su dictamen; mientras que la de San Marcos, la primera audiencia de ley para desahogar pruebas será el 9 de noviembre.

Al preguntarle a Raymundo Castro la razón del estancamiento, respondió que “en lo legal debería avanzarse, pero siento que es una estrategia precisamente por la complejidad del asunto, es una estrategia porque mientras dura lo legal, la CFE no se detiene, insiste en las obras.

“Hay complicidad del Tribunal, de los gobiernos, hay complicidad de todas las instituciones que están involucradas en este asunto”, denunció.

Al preguntarle si la CFE actúa legalmente al construir la casa muestra, cuando hay medidas cautelares vigentes de la primera demanda, Castro Aparicio dijo que “legalmente no se puede hacer, pero aquí habría que analizarlo porque lo hacen aparentemente en propiedad de un particular, de un comunero que está de acuerdo y por lo tanto tiene sus derechos a salvo. Hay una complejidad, porque como es bien comunal deben abstenerse de cualquier acción, pero aprovechándose del permiso de un particular, donde tienen derecho tratan de avanzar”, finalizó.

 

YUCATÁN

 

PPL niega acusaciones en su contra. (Tribuna de Campeche, p.web).

Como respuesta a las acusaciones que un periódico nacional publicó ayer en que señalan que los hermanos del gobernador del Estado, Patricio Patrón Laviada, se han convertido en hombres de negocios durante la presente administración, el titular del Ejecutivo aseguró que "son falsas esas declaraciones, es el precio de la corrupción contra la lucha del crimen organizado".

Como publicó ayer TRIBUNA, el periódico nacional El Universal realizó un reportaje sobre la vida y propiedades de los hermanos Patrón Laviada.

En conferencia de prensa, Patrón Laviada expresó que dichas declaraciones sólo son falsos documentos que se hicieron con dolo por un grupo de socios que laboran en México y que lo único que desean es continuar con "sus campañas de difamación".

Aseguró que sus pertenencias y gastos pueden ser comprobados en cualquier momento, al igual que puede comprobar que las propiedades que sus hermanos poseen, son desde hace 25 años.

"Todo lo que mis hermanos tienen lo adquirieron mucho antes de que iniciara la administración, son datos sin sustento, ya que las personas involucradas sólo desean difamar al Gobierno".

Informó que las haciendas y hoteles que los ranchos y haciendas que se dice son de Alejandro Patrón Laviada, el Ejecutivo Estatal aseguró que pertenecen "al Grupo Plan, todo mundo lo sabe, no es nuevo, son socios públicos".

"Todo eso es mentira, sólo le quieren achacar a mis hermanos propiedades que no tienen y hacernos quedar mal".

Al preguntarle que si tomaría cartas en el asunto, Patrón Laviada dijo que "no, porque son personas que siempre van a estar difamando a la gente, en mi Gobierno podemos esperar más de esas personas, son las que no están de acuerdo en que se erradique la corrupción".

"Todo lo que poseemos, es de hace más de 20 años, en lo que va de la administración mis hermanos y yo, no nos hemos beneficiado en nada, ni hemos comprado tierras con dinero del país".

 

Sigue el lío por la finca Xkekén. (Diario de Yucatán, Héctor Aguilar Rivero, p.web).

Judiciales investigan a los comisarios que apoyarían a Dzitnup.

Valladolid.- La Policía Judicial del Estado visitó ayer a varios comisarios municipales, entre ellos los de Ebtún, Yalcón, Popolá y Tesoco, para interrogarlos sobre si en verdad participarían en una presunta retención del empresario Carlos Cámara Sosa, tal como dejó entrever su homólogo de Dzitnup.

Cámara Sosa es el dueño de la finca rústica Xkekén, donde hay dos cenotes que administran vecinos de la comisaría de Dzitnup.

El comisario municipal Félix Moo Poot dijo que reuniría a más de 1,000 vecinos para impedir que los despojen de esas tierras y que cuenta con el apoyo de comisarios de la región.

El licenciado Luis Rivero Correa, abogado de Cámara Sosa, declaró que los comisarios municipales dijeron no saber nada del lío en que los pretende involucrar su homólogo de Dzitnup.

El Ministerio Público ya envió un citatorio a Moo Poot para que se presente a declarar ante la denuncia por amenazas que interpuso en su contra el empresario.

En tanto, los vecinos de Dzitnup insisten en que los cenotes son patrimonio de la comunidad y lamentan que se utilice la ley, que debe proteger sus derechos, para favorecer a un particular.

Insisten en que el gobierno del Estado y el Ayuntamiento deben promover una expropiación de esas tierras a favor de todo el pueblo.

 

El gobernador Patrón Laviada, sin dinero para damnificados. (La Jornada, Luis E. Bonfil, p.web).

Solecito Las finanzas están secas, justifica el mandatario yucateco.

Mérida, Yuc., 27 de octubre. El gobierno estatal tiene la intención de apoyar a los damnificados que dejó el huracán Wilma en municipios rurales de la región oriente de Yucatán, pero carece de dinero suficiente para la reconstrucción de viviendas o para otorgar insumos a campesinos y pescadores que perdieron cosechas y embarcaciones.

"Las finanzas están secas", admitió el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien espera que la Federación remita recursos con los cuales se auxilie a los afectados por el meteoro en 18 comunidades de Yucatán.

La crisis económica del Ejecutivo estatal tiene relación directa con su deuda pública, de casi mil millones de pesos, contratada en buena parte durante los cuatro años de la gestión del panista Patrón Laviada.

El proyecto soñado

No obstante el débito actual, el gobernador pretende contratar, antes de que termine 2005, un empréstito de mil 48 millones de pesos para iniciar el que considera su gran proyecto: el plan Metropolisur, que tiene por pivote la construcción de un nuevo aeropuerto para Mérida, en terrenos del municipio rural de Hunucmá.

Por lo pronto, y a consecuencia de la falta de liquidez, el mandatario sólo ha podido enviar alrededor de 8 mil despensas a los casi 20 mil afectados por Wilma en la entidad, y espera que la Federación le remita 70 mil despensas, así como láminas de cartón para cubrir viviendas dañadas en la región costera y en áreas agrícolas.

La tesorera estatal, Elsy Mezo Palma, confirmó que no hay recursos suficientes para enfrentar la contingencia derivada de los huracanes, y menos para aportar el porcentaje equivalente respecto al dinero del Fondo Nacional para Desastres Naturales. Esto es, no hay actualmente 30 millones de pesos, el 10 por ciento de los 300 millones que el Fonden dispondría otorgar a Yucatán.

Como una manera de recolectar los 30 millones de pesos, Patrón Laviada giró instrucciones para que se efectúen recortes en diversas dependencias estatales. "Hay que apretarnos el cinturón, no hay de otra", dijo.

División en el Congreso local

Pero el gobernador yucateco omitió que su administración está dispuesta a invertir 300 millones de pesos para su proyecto Metropolisur, y sumarlos a los mil 48 millones que espera conseguir si cuenta con el voto de la mayoría de los 25 diputados locales, aunque éstos, al menos por ahora, están divididos: los 12 del Partido Acción Nacional dan su aval, pero los 10 priístas, dos perredistas y uno del Verde Ecologista de México, 13 en total, están abiertamente en contra.

 

 

 

 

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