CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
18 DE OCTUBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Cubre
Historial clínico
Opera red anti-
Actúa con
Restricción
Las causas
Descalifica
Son propuestas
“
Ganarán
Las erogaciones
de
Sólo con el
Por lo menos 18
de los.
López se burla
Lamentan que
Obras de arte
Expertos deploran
Alerta en
Pasó por Quintana
Píldora
Secretarios de
Sector agrario
Una victoria contra la confusión agraria que divide
comunidades. (La Jornada, Suplemento
Ojarasca, p.web).
San Pedro Yosotato, Tlaxiaco, Oaxaca
El 2 de septiembre pasado, el ejido
de San Pedro Yosotato obtuvo una
nueva victoria agraria (en un conflicto que lo ha enfrentado
durante años con San Juan Nopalera por la confusión agraria provocada por las propias
autoridades) cuando el Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan
de León, Oaxaca, declaró nulo el convenio firmado con un
pequeñísimo grupo de ejidatarios para vender las tierras
ejidales a los invasores. Esta instancia declaró también
que la Secretaría de Reforma Agraria (sra)
carece de personalidad jurídica y por lo mismo de interés
legítimo para decidir sobre el destino de las tierras, además
de que realizó actos inconstitucionales que lesionaron los
derechos de San Pedro Yosotato.
Por último, enfatizó que el ejido de San Pedro Yosotato
no está vinculado por las consecuencias legales de un acto
jurídico en donde no expresó libremente su voluntad. Presentamos
a continuación el comunicado de las autoridades del ejido
de San Pedro.
A los medios de
comunicación
A las autoridades
gubernamentales
A la opinión pública
Los que suscribimos, autoridades
municipales, suplente del presidente y secretario del comisariado
ejidal, así como la mayoría de los ejidatarios de San Pedro
Yosotato, perteneciente al municipio
y distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, nos dirigimos a todos ustedes
para informarles lo siguiente:
1. En un
acto sin precedente, el 2 de septiembre del presente año,
el Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Huajuapan
de León, dictó resolución sobre un convenio firmado por
la Secretaría de la Reforma Agraria y una representación
ilegítima de nuestro ejido, declarando que dicho convenio
carece de toda validez ya que la Secretaría de la Reforma
Agraria no es parte en el conflicto y por el contrario,
San Sebastián Nopalera, que sí
lo es, no aparece como suscriptora, sino únicamente como
beneficiaria de las gestiones de la Secretaría de la Reforma
Agraria.
2. En el
considerando cuarto de la resolución, el magistrado del
Tribunal Unitario Agrario expresa de manera categórica que
"el convenio plantea la desaparición del ejido de Yosotato,
contraviniendo las posiciones de Ley Agraria, y del articulo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sin que se observe el procedimiento previsto para sustraer
tierras de un régimen ejidal y cambiar su naturaleza y destino,
resultando con ello inconstitucional e ilegal el referido
convenio, además de lesivo y desproporcionado, al conceder
la totalidad de las tierras al ejido de San Sebastián Nopalera
y la indemnización al presidente y tesorero del comisariado
ejidal de San Pedro Yosotato.
3. En el
siguiente considerando concluye que: "En tales circunstancias,
este tribunal arriba a la conclusión de que el convenio
de mérito no califica de legal, por no ajustarse conforme
a derecho. Es claro que el ejido de San Pedro Yosotato fue dotado de tierras por Resolución Presidencial
el dieciséis de abril de 1931, concediéndoles una superficie
de 493 mil hectáreas para beneficiar a 95 personas. Este
fallo presidencial fue ejecutado el 24 de diciembre de ese
mismo año, por lo que no es dable jurídicamente que enajenen
sus tierras a través del convenio sujeto a estudio, toda
vez que no ha adquirido el dominio pleno de las mismas conforme
al procedimiento establecido por los artículos 56 y 92 de
la Ley Agraria y los relativos del Reglamento de la Ley
Agraria en Materia del Ordenamiento de la Propiedad Rural,
así como la protección a las tierras estipulado por el articulo
74 de la Ley Agraria, y la fracción VII del articulo 27
constitucional".
4. El convenio
declarado nulo fue suscrito entre la sra
y una representación ilegítima de nuestro ejido por presiones
de la primera, como una forma de dar fin al conflicto derivado
de la invasión de nuestras tierras ejidales, que desde el
año de 1998, hiciera San Sebastián Nopalera.
De esa manera, la sra pretendía
que nuestro ejido, que es el que se ha visto perjudicado
con la invasión, entregara todo su patrimonio a los invasores,
sólo para que ellos pudieran anunciar otro conflicto resuelto.
5. Para
hacerlo no dudaron en simular asambleas generales en donde
ni siquiera a la Procuraduría Agraria dejaron estar presente,
porque en ella firmaron los muertos, los emigrantes, personas
no acreditadas como ejidatarios legalmente, aunque vivan
en el ejido y algunos ejidatarios que habitan ya en otros
lugares, a quienes les arrancaron las firmas prometiéndoles
que recibirían una fuerte cantidad de dinero. Ante esta
situación la mayoríade ejidatarios
inconformes con esa actitud solicitamos el amparo de la
justicia federal y después la nulidad del acta que ha sido
declarada como tal, dándonos la razón, por lo que en este
acto vemos la posibilidad de no perder nuestro patrimonio.
6. Se ha
ganado una batalla pero todavía quedan más. Está pendiente
la sentencia definitiva del juicio para que el Tribunal
Unitario Agrario ordene se nos restituyan nuestras tierras,
porque nos pertenecen legalmente.
* Esperamos
que en los próximos días el Tribunal se pronuncie sobre
el fondo del asunto porque estamos seguros que nos volverá
a dar la razón.
* Esperamos
que la sra no insista en intervenir
en el asunto ya que en cada ocasión que lo ha hecho solo
ha llegado a entorpecerlo por querer anunciar grandes triunfos.
* Esperamos
que con esta resolución San Sebastián Nopalera
entre en razón y acepte que las tierras que tienen en posesión
de manera ilegal no le pertenecen y nos las devuelva, por
ser sus propietarios legítimos.
* Esperamos
que los compañeros que propusieron vender las tierras comprendan
que no tienen derecho a decidir sobre la mayoría de los
ejidatarios.
Seguiremos luchando por defender
nuestro patrimonio y porque la paz vuelva a la región
Respetuosamente
Secretario del Comisariado de Bienes Ejidales, Pánfilo Ramírez Santiago.
Suplente del presidente del Comisariado,
Marcial López Castro. El agente municipal, Herculano
Castro García. Los ejidatarios del núcleo agrario de San
Pedro Yosotato, Tlaxiaco, Oaxaca
Qué bueno que se den cuenta de las mentiras de
la CFE sobre La Parota, dice Suástegui
Muñoz. (El Sur (Guerrero), Karina Contreras, p.web)
La dependencia
no ha dicho que desaparecerán comunidades como Rancho Las
Marías o Las Parotas, cuyos habitantes han apoyado la presa,
asegura el vocero de los opositores. Una comisión de ejidatarios
participa en Guatemala en el Cuarto Foro Latinoamericano
contra las Presas, informa.
El portavoz de los opositores a
La Parota, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, dijo que es bueno que los ejidatarios que están a
favor del proyecto se vayan dando cuenta de las mentiras
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aseguró que
el movimiento en contra de la presa se ha ido fortaleciendo
y que “poco a poco el proyecto se va alejando de los Bienes
Comunales de Cacahuatepec”.
Entrevistado afuera de las oficinas
del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41, Suástegui
Muñoz también informó que el problema que se ha generado
por La Parota, con “el hostigamiento y el asesinato de Tomás
Cruz”, será dado
a conocer por una comisión de opositores durante el Cuarto
Foro Latinoamericano contra las Presas, en Guatemala.
Antier, un grupo
de comisarios ejidales simpatizantes de La Parota responsabilizaron
al gobierno estatal y municipal de cualquier enfrentamiento
entre campesinos de la zona, reconocieron que el movimiento
opositor está creciendo y se quejaron de que la CFE no les
ha dado suficiente información sobre el proyecto de la presa.
Consultado al respecto, Suástegui Muñoz dijo que “efectivamente, la CFE ha ocultado
información. Por otro lado, qué bueno que vayan reconociendo
las diferentes autoridades que vamos creciendo. Hay algunos
comisarios que están con la CFE por la compras de conciencia,
hay que ser realistas, eso no quiere decir que tienen al
pueblo de su lado”.
Explicó que el movimiento ha ido
creciendo porque se han ido solidarizando (los comuneros)
por la falta de información y por los engaños de la CFE,
que no ha dicho que desaparecerán comunidades como Rancho
Las Marías o Las Parotas, cuyos habitantes han apoyado la
presa “porque creen que no serán afectados, cuando es todo
lo contrario.
“A la CFE se la hecho fácil –siguió
Suástegui Muñoz– decir que no
ha cumplido con las obras sociales a las comunidades por
culpa de los opositores, cuando los comuneros de San Isidro
Gallinero y San José Cacahuatepec
–comunidad del promotor del proyecto, Gumersindo Joaquín
Prudencio– desde hace varios meses quitaron el plantón porque
a la paraestatal le urgía hacer las obras, y no ha hecho
nada.
“Entonces es una falsedad, es una
mentira la promesa de la construcción de las obras, porque
muchas (comunidades) desaparecerán y no pueden tirar el
dinero a la basura. A pesar de la situación, vamos a aguantar
hasta que se vaya la CFE y después veremos”.
Sobre las declaraciones del secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
de que no es indispensable que la presa se quede en Guerrero,
pues hay condiciones similares en Nayarit, Suástegui
dijo que “esa es una estrategia del seudo guerrerense, lo
único que quiere es que los opositores se confíen y mermar
el movimiento. Si fuera cierto ya hay razones suficientes
para que salga del estado, pero se ve clara la intención
de que nos quieren imponer el proyecto”.
Se le preguntó también sobre la
declaración de Salazar Adame en
el sentido de que la muerte de Tomás Cruz –el ejidatario
opositor a la presa– se debió a la “intransigencia” del
grupo, Suástegui Muñóz respondió que “definitivamente el crimen lo han maquillado,
y se ve que hay intervención de los abogados de la CFE en
las declaraciones de Cirilo Cruz,
pero hay más de 100 testigos que están dispuestos a declarar
para que se castigue también a los autores intelectuales.
Este crimen no puede quedar en el olvido, ni se le debe
dar carpetazo como si hubieran matado a un animal”, finalizó.
Pie de Foto. (Periódico
Pueblo, p.web).
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame clausuró los trabajos del XLII Pleno Agrario Nacional de la Central Campesina Independiente, acompañado por el líder de esa organización, Rafael Galindo
Rec. (La Jornada,
Enrique Méndez, p.web)
De. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
Rec. (La Jornada,
Enrique Méndez, p.web)
De. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
Rec. (La Jornada,
Enrique Méndez, p.web)
De. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
Sector agropecuario
Anuncian cañeros otro bloqueo a la sede de Sagarpa para este miércoles. (La Jornada,
Matilde Pérez U., p.web)
Incumplimiento de cambios acordados a la Ley de Desarrollo
Sustentable, la causa
Resuelven mantener tomados 48 ingenios, pero se abstendrán
de bloquear carreteras
El secretario de Agricultura sigue la misma estrategia de
Javier Usabiaga, aseguran
La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA),
de la Confederación Nacional Campesina (CNC), advirtió que
volverá a bloquear este miércoles la sede de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) ante la negativa de
su titular, Francisco Mayorga Castañeda, de cumplir con
la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Los dirigentes cañeros de la CNC y la Confederación Nacional
de Propietarios Rurales se reunieron ayer con representantes
de la Secretaría de Gobernación y legisladores para analizar
el avance del compromiso oficial de respetar y aplicar la
ley cañera. A la reunión no acudieron los propietarios de
ingenios a pesar de que fueron convocados.
El diputado Lázaro Arias Martínez, integrante de la UNPCA,
indicó que en la mesa instalada en la Secretaría de Gobernación
se esperaba superar las diferencias que generaron que la
Procuraduría General de la República interpusiera ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad
contra la ley cañera.
"Se está avanzando, pero necesitamos ver disponibilidad
del gobierno y de los propietarios de ingenios para que
se respete el mecanismo que fija el precio de la caña y
la instalación de los comités regionales de producción y
calidad cañera en cada agroindustria", abundó.
Incumplimientos de la Secretaría de Agricultura
En entrevista telefónica, Arias Martínez habló del disgusto
de los productores porque Sagarpa
no ha instalado los comités, la junta permanente de arbitraje
de la caña de azúcar ni el centro de investigación científica
y tecnológica.
Precisó que los cañeros acordaron no bloquear carreteras en
los 15 estados del país donde se produce la gramínea y se
localizan los 58 ingenios, pero resolvieron mantener las
tomas en 48 ingenios cuyos propietarios, incluida
la Sagarpa, interpusieron amparos
contra la ley en la materia.
Por la tarde, en un comunicado, el dirigente de la UNPCA, Daniel
Pérez Valdés, apuntó que los 160 mil agremiados de esta
organización se declararon nuevamente en "pie de lucha",
por lo que realizarán un plantón permanente a partir de
mañana frente a la Sagarpa, debido
a que "las autoridades se niegan a cumplir con la ley
cañera"
La decisión se tomó, dijo, porque "el secretario de Agricultura,
Francisco Mayorga Castañeda, mantiene una postura igual
a la de su antecesor, Javier Usabiaga
Arroyo, de negarse a instalar el comité de producción y
calidad cañera en cada uno de los 58 ingenios, incluidos
los 22 que maneja el Fideicomiso de Empresas Expropiadas
del Sector Azucarero (FEESA)".
Pérez Valdés exigió la destitución de José Manuel Tapia Gutiérrez,
director de FEESA, pues -aseguró- sigue tratando de obligar
a las organizaciones locales a firmar convenios individuales
para la zafra 2005-2006, "procedimiento ilegal, ya
que ningún convenio deberá estar por encima de la ley".
Aseguró que en cuanto Sagarpa instale
los comités regionales de producción y calidad previstos
en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar,
los productores de 15 estados retirarán los plantones que
mantienen en las instalaciones de las agroidustrias.
Por la noche los dirigentes cañeros se reunieron con el subsecretario
de Agricultura, Francisco López Tostado, y adelantaron que
hoy continuarán las negociaciones en la Secretaría de Gobernación
en busca de un acuerdo.
De. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
De. (El Sol de México, Gerardo
Román, p.web).
Organizaciones campesinas
Demandan. (La Jornada, Matilde Pérez U, p.web)
Prensa Estatal
BAJA CALIFORNIA
El p. (La Jornada, Bertha Teresa Ramírez, p.web)
CHIAPAS
Alertan zapatistas de
agresión al municipio rebelde Olga Isabel. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web).
Organización priísta atacaría en las próximas horas
La junta de buen gobierno (JBG) Corazón del arcoiris de la esperanza, cuyas oficinas se localizan
en el ejido Morelia (municipio rebelde 17 de Noviembre,
Chiapas), denunció hoy amenazas contra el municipio autónomo
Olga Isabel por parte de la priísta Organización para la
Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), que podrían concretarse en las próximas horas.
Desde el caracol Torbellino de nuestras palabras, la
junta zapatista de la llamada
región Tzotz Choj, denunció que el pasado
14 de octubre miembros de la Opddic
realizaron una asamblea en la comunidad Chak
Akoljá (municipio oficial de Chilón),
en la que participaron la dirigencia de la organización,
encabezada por el secretario general Leonardo Moreno Jiménez;
el comisariado ejidal de Mukul Lim Bachajón,
Barrio San Sebastián; el presidente del Consejo de Vigilancia,
Jerónimo Demeza Jiménez, y el secretario del mismo, Domingo García
Pérez.
En la reunión, los prístas planearon
abrir nuevamente la brecha y tomar posesión de las tierras
recuperadas por los zapatistas
en 1994, en las que se encuentra el municipio rebelde Olga
Isabel.
Según la denuncia, la Opddic "también
planea desmantelar el municipio autónomo, desbaratar las
casas, oficinas, bodegas, escuelas, casa de salud, casa
de artesanía de compañeras y detener a las autoridades autónomas
más conocidas".
Los prístas señalan que "si
se les impide realizar estas acciones, hay 35 personas que
poseen armas de fuego de alto poder decididas a abrir fuego
en contra de los compañeros zapatistas, bases de apoyo de ese municipio. Para realizar
estas acciones se agruparán unas 300 personas procedentes
de varias comunidades o ejidos, como Jetja'
y Nuevo Joto Aquil".
Otros más "vendrán por la selva" (presumiblemente
de la zona de Taniperla, donde
la Opddic tiene su base desde
su fundación, en tiempos del gobernador Roberto Albores
Guillén).
En los meses recientes, en particular a raíz de la alerta roja
declarada por el EZLN el 19 de junio, la organización priísta
-repetidamente señalada como paramilitar- ha llevado a cabo
reuniones y actos de fuerza para amenazar a los municipios
zapatistas San Manuel, Ricardo
Flores Magón y Olga Isabel.
De acuerdo con el concejo autónomo de este último municipio
rebelde -confirmado por la JBG-, "los dirigentes de
Opddic acordaron cooperar con
el transporte de quienes viven lejos, con 50 pesos por persona,
y luego repartir láminas para la reposición del dinero".
La acción se planea realizar el 17 o 18 de octubre, agregan
las autoridades zapatistas. La
concentración de los grupos que efectuarían el ataque "se
hará en el mero municipio".
Al menos desde junio del este año, las bases de apoyo de Olga
Isabel han corroborado las amenazas de la organización,
encabezada por el ex diputado del PRI Pedro Chulín
Jiménez. La Opddic también ha hostigado a la comunidad La Unión, del municipio
rebelde San Manuel, y ha realizado incursiones en la zona
norte, donde operan la organización paramilitar Paz y Justicia
y los grupos priístas y perredistas
derivados de ella.
La denuncia de la JBG fue avalada por los municipios autónomos
Vicente Guerrero, Primero de Enero, Lucio Cabañas, Che Guevara,
17 de Noviembre, Olga Isabel y Miguel Hidalgo.
DISTRITO FEDERAL
SCJN: debe pagar el gobierno local $40 millones
por indemnización. (La Jornada, Alfredo Méndez,
p.web).
Litigio por expropiación de predio donde se ubica la ENAH
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer
al Gobierno del Distrito Federal (GDF) que en los próximos
30 días indemnice con 40 millones 640 mil pesos a los herederos
de Angel Veraza Villanueva, quienes
reclamaron la expropiación indebida de un predio de 18 mil
metros cuadrados ubicado en el Pedregal de Carrasco, donde
se encuentra la Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH).
Por unanimidad de nueve votos -dos ministros no estuvieron
en la sesión-, el pleno de la Corte determinó modificar
el fallo emitido el 11 de octubre de 2004 por la juez federal
en materia administrativa, Silvia Cerón, quien en esa ocasión condenó al GDF al pago de 14 millones
de pesos por concepto de la indemnización.
Como la resolución de la Corte es inapelable, en caso de que
el jefe del Gobierno del DF incumpla la sentencia los ministros
estarían en posibilidades de solicitar a la Procuraduría
General de la República que ejercite acción penal en su
contra por la eventual inejecución de sentencia, lo cual
implicaría su destitución del cargo.
Una de las dos quejas resueltas ayer por la Corte era el último
recurso jurídico con que contaba el gobierno local para
reducir el monto que fijó la juez Cerón.
Sin embargo, los ministros determinaron aumentar el monto
de 14 a poco más de 40 millones.
Hace 30 años el entonces presidente de la República, Luis Echeverría
Alvarez, decretó la expropiación
de los terrenos, por lo que los propietarios se ampararon.
El litigio que los herederos iniciaron contra el GDF tardó
varios años en desahogarse en tribunales federales, pero
fue a principios del actual gobierno local cuando la juez
federal conminó a las autoridades a pagar 176 millones de
pesos.
No obstante, Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de
Gobierno, se negó a cumplir el mandato judicial con el argumento
de que había sido irregular el avalúo del predio. La decisión
del ex funcionario lo dejó al borde de un castigo judicial,
pero demostró que había una "excusa" jurídica
para su desobediencia.
En marzo de 2004 el pleno de la Corte determinó que el primer
avalúo fue realizado de manera incorrecta, y por ello concluyó
que el desacato de López Obrador fue excusable. En el primer
avalúo se había incluido el valor de vialidades y edificios
que fueron construidos con recursos públicos, lo cual hubiera
significado un "enriquecimiento indebido" en favor
de los herederos del predio en litigio.
Tras llegar a esa resolución, los ministros exigieron a la
juez que ordenara un nuevo peritaje a partir del valor que
tenía el predio en 1975 más la inflación acumulada. Por
ello, la juez fijó la indemnización en 14 millones de pesos.
Los ministros consideraron que el avalúo ordenado por la
juez fue incorrecto y que el cálculo real ascendía a más
de 43 millones de pesos, pero debido a que el GDF depositó
2.6 millones al juzgado primero, en 2000, la cifra final
que adeuda es de 40 millones 640 mil pesos.
GUERRERO
Colonos de Acapulco acusan a soldados y policías
de invadir sus terrenos. (La Jornada, Misael Habana, p.web).
Por el uso de vehículos particulares, suponen que fue un
encargo del jefe de la 9 zona militar
Acapulco, Gro., 17 de octubre. Elementos
del Ejército y efectivos de la policía motorizada derribaron
cercas y ocuparon unos 2 mil 500 metros cuadrados, aledaños
a la 9 Zona Militar, pertenecientes a particulares, denunciaron
habitantes de la colonia Cumbres de Llano Largo.
Perfecto Benítez Santibáñez y Celia Barrera Mendoza, colonos
afectados, señalaron que los militares llegaron al terreno
en un vehículo Hummer artillado, número 0856031, y en una camioneta negra
marca Chevrolet de cuatro puertas,
con placas del estado de México (LUH-38-68), la cual era
conducida por el mayor J.G. García P., según los quejosos, de acuerdo con el nombre
que vieron grabado en la casaca verde olivo del uniforme.
Los efectivos motorizados arribaron al predio en dos camionetas
de la policía del estado y derribaron las cercas de los
propietarios, presuntamente obedeciendo órdenes del secretario
de Seguridad Pública del estado, general Heriberto Salinas
Altez, militar retirado y ex comandante
de la novena Región Militar.
Por el uso de vehículos particulares en la operación, los afectados
suponen que tal vez la invasión de sus terrenos obedeció
a "algún encarguito del actual comandante de la novena
Región Militar, general Salvador Cienfuegos Zepeda,
en estrecha colaboración con el general Heriberto Salinas
Altez, para beneficio de algún
otro militar, aunque los comandantes anteriores había respetado
nuestras propiedades y reconocido los documentos que las
acreditan".
Benítez Santibáñez, quien mostró documentos y escritura que
lo acreditan como propietario de los 19 lotes colindantes
con la 9 Zona Militar, dijo que el predio se lo compró a
la ex síndica municipal María
de La Luz Núñez Ramos, esposa del político Arturo Martínez
Nateras.
Los quejosos interpusieron hoy denuncias por colusión de funcionarios,
allanamiento de propiedad privada, despojo, amenazas y todo
lo que resulte contra los soldados y policías que intervinieron
en la acción, así como contra los generales Salinas Altéz
y Cienfuegos Zepeda.
Niegan en Dos Arroyos la asamblea para expropiar
las tierras; fue una reunión informativa, dicen. (El Sur,
Cristina Sierra, p.web).
Aseguran
que fue en la Protur y confirman
que la CFE financió el traslado de los ejidatarios en autobuses.
Según el presidente del Consejo
de Vigilancia de la comisaría de Dos Arroyos, Carlos Manzanarez
Nava, los campesinos de esa comunidad trasladados en camiones el viernes pasado fueron
llevados a una “reunión informativa” a las oficinas de Protur y no a una asamblea para autorizar la expropiación
de las tierras afectadas por la presa en ese ejido.
Por su parte, el presidente del
Consejo de Vigilancia, Carlos Manzanarez,
confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) financió
el traslado de los ejidatarios de Dos Arroyos a la Promotora
Turística (Protur) para hablarles
sobre la presa y sus afectaciones. Aseguró que no ha sido
la única asamblea con ese fin, y que habrá más.
En su edición del pasado viernes,
El Sur publicó información en el sentido de que campesinos
de Dos Arroyos que simpatizan con La Parota se reunieron
–en secreto y apoyados por la CFE– en una asamblea para
autorizar la expropiación de las tierras afectadas.
Según el encargado del plantón
en Dos Arroyos, Julián Blanco Cisneros, el presidente del
comisariado ejidal, Juan Zapata
Jiménez, y el oficial del Registro Civil de la comunidad,
José Manso, coordinaron la salida de autobuses para llevar
a los ejidatarios a una asamblea secreta fuera del pueblo,
que se habría realizado en Acapulco o Tierra Colorada.
Confundidos, ayer los encargados
del plantón en Dos Arroyos también dijeron que dicha reunión
aún no se lleva a cabo, pero que podría realizarse en las
próximas semanas en la comunidad de Altos del Camarón y
acusaron de nuevo a Juan Zapata de organizar reuniones informativas
sobre la presa fuera de la comunidad.
Sin embargo–en ausencia del presidente
del comisariado, Juan Zapata–
el presidente del Consejo de Vigilancia, Carlos Manzanarez,
reconoció que se han hecho varias juntas informativas sobre
La Parota, “porque la gente piensa que el pueblo va a desaparecer
y no es así”.
Confirmó que la CFE financió el
traslado de los ejidatarios de Dos Arroyos a la Protur
para hablarles sobre la presa y sus afectaciones. Reveló
que no ha sido la única reunión con ese fin, y que habrá
más.
Por su parte, los campesinos que
están en plantón a la entrada del poblado denunciaron que
Juan Zapata “anda de casa en casa”, e invita a la gente
para que vaya a las reuniones. Aseguraron que ha pagado
hasta 700 pesos a cada ejidatario y que ahora el rumor es
que en la próxima reunión darán mil pesos por persona.
Por otro lado, los paristas exigieron que la asamblea se realice en Dos Arroyos,
que no sea “en secreto y amañada”, como fue la de Bienes
Comunales de Cacahuatepec, en San Marcos, y que la votación sea por una
convocatoria pública y con voto abierto, para que todos
sepan quién apoya el proyecto y quién no.
La CFE necesita la aprobación de
19 asambleas comunales para poder iniciar la expropiación
de las tierras que serán afectadas. Hasta el momento, faltan
las de Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes.
Los plantonistas
no quisieron dar su nombre para no propiciar la violencia
en la comunidad, dijeron, pues también su pueblo “está muy
dividido” por la presa.
Se quejaron que personas afines
a Juan Zapata los han amenazado con demandarlos y golpearlos,
porque “estorban con su movimiento”, y que la gente que
simpatiza con la presa les ha dicho que ya está cansada
del plantón.
MORELOS
Desmiente Villarino Pérez
un acuerdo en pugna de la CNC. (La Jornada
de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavaca, Mor. El conflicto en
la Confederación Nacional Campesina (CNC) aún no concluye,
por tanto, Arturo Villarino Pérez, delegado del Comité Central, desmintió que
haya algún acuerdo con los grupos a cambio de la destitución
de Albino Franco Escobar, tal como lo señalaron representantes
de los inconformes.
Entrevistado en las instalaciones de la CNC, recién entregadas
por un grupo quejoso que las mantuvo tomadas durante meses,
exigiendo la salida del que era su titular y respaldados
por la dirigencia priísta, como lo acusó Franco Escobar,
Villarino Pérez destacó que desde
su llegada, ha existido un diálogo permanente y de puertas
abiertas con todas las partes.
Incluso comentó que “venimos a incorporarnos al cenecismo en Morelos, a escuchar todas la voces de los integrantes
de la central, desde la estructura del partido y de sus
comisariados municipales, así como de sus comités municipales,
de los ex secretarios de los comisarios ejidales y de todas
aquellas personas que se involucran en la vida de la liga
de comunidades agrarias y sindicatos campesinos en Morelos,
con el fin de no sólo solucionar la disputa, sino fortalecer
al PRI de cara a las elecciones de 2006, porque a nadie
le conviene que el partido esté dividido”.
Manifestó que realizan un diálogo abierto con el objetivo de
que las actividades en la CNC se normalicen, para poder
tener la fuerza tradicionalmente del sector del campo a
través de las ligas agrarias.
Villarino Pérez planteó que programan una serie
de reuniones, “para que escuchemos de viva voz qué es lo
que ellos piensan, cómo ven la situación actual de la liga
y sobre todo qué es lo que ellos proponen”, para mejorar
la situación interna.
Así, a pesar de las declaraciones que emitiera hace unos días
el subsecretario de Acción Agraria, Abran Jiménez, de que
se acordó de manera discreta entregar las instalaciones
porque existía el compromiso de que en un plazo de 10 días
se resolvería la destitución de Franco Escobar, Villarino Pérez negó que haya un acuerdo, “no vamos hacer
caso de lo que dice cualquier gente que esté interesada
en este proceso, porque lo único que no buscan fortalecer
a la institución
ZACATECAS
Evi. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).
Cartones
Muchos caminos · Magú
Discutiendo jubilaciones · El Fisgón
Jubilando el sexenio · Rocha
Jubilaciones · Hernández
A lo grande Naranjo
¡Fuera máscaras! Helioflores
