CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Pide SEP autonomía limitada

Proponen dotar a escuelas públicas de recursos económicos para su operación

 

 

El PRI inicia purga de opositores a Madrazo

El candidato electo exige “lealtad total” a sus correligionarios

 

Finanzas “inmejorables” frente al 2006

La economía seguirá estable; saber quién será el próximo Presidente, la incógnita

 

Se acentúa el riesgo de contracción económica

El BM alerta sobre desequilibrios en la cuenta corriente de EU

 

Sacrifican cultura y a damnificados en el presupuesto

Vázquez Mota pedirá explicaciones a legisladores. Se esperaba alza sustancial en el fondo para desastres naturales.

 

El PAN le abre la puerta a Elba

Quiere entendimiento rumbo a 2006

 

El 2º piso sur-norte no bajará al Periférico

El diseño se respetará “tal y como está”, por lo que no habrá rampa de descenso; Encinas

 

Vocifería” y escándalo atan al País

De Fox, separación “sin agravios”: Felipe Calderón. Pemex y CFE continuarán bajo rectoría del estado.

 

Suspende el PRI derechos a Elba

Atentó contra la unidad y ofendió al candidato electo, declara la Comisión de Justicia

 

Gobierno del DF pide investigar a Bortolini

Asegura Bortolini que los funcionarios fueron contratados por su experiencia profesional y no por compromisos personales.

 

Sector agrario

 

Entrega Procuraduría Agraria reconocimientos a investigadores y estudiosos del medio rural. (El Universal, p. A23, p. , Milenio Diario, p.19).

Las políticas públicas que en materia agraria ha establecido el gobierno del presidente Vicente Fox se fundamentan en dos claras estrategias para alcanzar y preservar la paz social en el campo: la regularización de la tenencia de la tierra, a través del Procede, y la solución con gran decisión, imaginación y esfuerzo, a los graves y añejos conflictos agrarios.

Es en ese sentido que el Sector Agrario, coordinado por el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, ha abordado esta problemática lográndose la solución definitiva en 10 de los 14 focos rojos y un alto número de focos amarillos en el país, entre los que destaca el caso de Bernalejo de la Sierra y la comunidad de Santa María de Ocotán, donde no hubo perdedores absolutos ya que los indígenas tepehuanos de Durango fueron beneficiados con la tierra y los ejidatarios zacatecanos, compensados económicamente.

Así lo aseveró el Procurador Agrario, Isaías Rivera Rodríguez, durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a los ganadores del X Premio Estudios Agrarios y VIII Certamen Investigación Agraria 2005 “Dr. Arturo Warman Gryj”, que encabezó en el Salón Juárez de Palacio Nacional en compañía del Subsecretario de Política Sectorial de la SRA, Rolando Ocampo Alcántar, y funcionarios de las instituciones agrarias.

Rivera Rodríguez señaló que este acto representa “una oportunidad para reunir a la comunidad estudiosa de la cuestión agraria”, cumpliendo así una obligación legal y un compromiso social para estimular la investigación y la divulgación de los trabajos, pero dejó en claro que ante la complejidad y la pluralidad de los temas expuestos esta institución no comparte pronunciamientos vertidos por algunos participantes.

En el marco de esta ceremonia, la Procuraduría Agraria también presentó el Disco Compacto Estadísticas Agrarias 2005, con el cual los interesados y estudiosos del campo mexicano disponen de valiosa información sobre diversos tópicos de la realidad agraria en nuestro país.

En esta edición, los miembros del Jurado Calificador, conformado por especialistas, estudiosos e investigadores de prestigiadas universidades e instituciones académicas, determinaron otorgar el primer lugar del Premio a Francisco Javier López Bárcenas, por su trabajo Territorios indígenas y conflictos agrarios en México.

El segundo lugar correspondió a Fortino Silva Cruz Gaytán, con el tema Breve y sumario estudio de la comunidad indígenas y la comunidad agraria en la nueva legislación agraria y la aplicación supletoria y analógica del Procede; en tanto que José Alfredo Gutiérrez Mata, se adjudicó el tercer lugar, con su investigación Exégesis del juicio de amparo en materia agraria.

En la categoría del Certamen “Dr. Arturo Warman” 2005, el primer lugar fue declarado desierto por los miembros del Jurado; el segundo lugar correspondió al trabajo presentado por Moisés Flores Hernández, intitulado De la controversia a la firma del convenio entre los ejidos El Charco y La Codorniz, municipio de Moctezuma, San Luis Potosí; y el tercer lugar se otorgó a José Bernabé González Camargo, por su estudio Un Procede a la medida de la historia (el caso de los pueblos mancomunados Mixes).

 

Ejidatarios alistan plantón. (Tribuna de Campeche, p.web).

"Congelan" denuncias contra Almazán.

Los ejidatarios de Oxcum preparan un plantón ante la Procuraduría Estatal Agraria, cuyo titular, Claudio Coello Herrera, se ha negado a darles respuesta a sus denuncias contra el prestanombres del Gobierno del Estado, Antonino Almazán Arteaga, declaró el representante de los afectados, Isidro García Dzul.

Manifestó que en la Procuraduría Estatal Agraria hicieron varios planteamientos sin que tuvieran respuesta alguna e incluso les congelaron sus denuncias contra los compradores de tierras ejidales, encabezados por Almazán Artega.

Por ello vamos a hacer un plantón a Coello Herrera en los próximos días, para sacudirlo y exigirle una respuesta a nuestras demandas, pero sin descuidar la vigilancia de nuestras mil cuatro hectáreas, porque el Gobierno del Estado en dos ocasiones ya trató de darnos un madruguete, enviando maquinaria pesada, sostuvo.

Acuerdo interno

En reunión de ejidatarios en esa comisaría, se acordó no aceptar los 22 mil pesos que el comisario ejidal Anselmo Canul Uc ofreció a cada uno de los 63 productores, con la intención de que desistan de su lucha y permitan los trabajos de introducción de agua potable y energía eléctrica.

"Que lo sepa la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Junta Estatal de Electrificación y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), no permitiremos realizar trabajos en nuestras mil cuatro hectáreas, porque los terrenos son nuestros e impediremos que nos despojen de ellos para la construcción del nuevo aeropuerto", abundó.

Reconoció que hay 33 campesinos que vendieron sus tierras y están de acuerdo en la operación, e incluso ellos recibieron 22 mil pesos cada uno a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y están a favor de la construcción del aeropuerto.

García Dzul aclaró que los 63 ejidatarios que defienden sus terrenos hacen guardias para evitar ser sorprendidos, y los otros 33 campesinos conformes con haber vendido sus ejidos, se encuentran en el centro de la población, pero no se acercan a ellos "porque de hacerlo nos caemos a machetazos y a pedradas".

Al Gobierno del Estado le urgen los trabajos de introducción de agua potable y energía eléctrica y la construcción de la planta potabilizadora Mérida IV, que abastecerá a las viviendas de Ciudad Caucel y al aeropuerto proyectado, aclaró.

 

Realizará el Registro Agrario precierre del Programa de Certificación de Ejidos. (La Jornada de Michoacán, Cynthia Angélica Ayala, p.web)

Por los conflictos, la Meseta Puépecha es la zona con mayores rezagos.

De no aprovecharse, la certificación tendrá que ser solventada por los propietarios.

La Meseta Purépecha es la zona en la que menos certificación se ha realizado en la entidad, ya sea por conflicto de tierras o localidades, indicó el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Jorge Zárate Magdaleno, quien adelantó que en la primera quincena de diciembre próximo se realizará un precierre del programa federal de Certificación de Ejidos y Comunidades, mismo que en la entidad han logrado darle certeza jurídica a 178 mil 412 michoacanos.

Señaló que este primer precierre se realiza con el objetivo de informarle a los mexicanos que el programa está por concluir, por lo que de no aprovecharse, la certificación de sus tierras tendrá que ser solventada por ellos mismos y no así por el gobierno federal.

Tras referir que esta alternativa de legitimación terrenal es opcional, el funcionario indicó que en la entidad, por medio del Programa de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) se han certificado mil 596 núcleos de un total de mil 833.

Para este año, agregó Zárate Magdaleno, se ha planteado un cierre de mil 700 ejidos certificados, y hasta el momento, mil 596 son los que ya se han regularizado.

Precisó que si bien en la Meseta Purépecha es donde, por los problemas de tenencia de la tierra, casi no se han certificado los núcleos ejidales, ello no representa un problema, ya que ellos pueden hacer uso de este derecho cuando así lo deseen.

Zárate Magdaleno refirió que no obstante a que en la costa michoacana se había presentado poca solicitud de regularización, este año se ha puesto especial énfasis en atender esta demanda, por lo que se espera que haya importantes avances en la zona costera.

Por último, señaló que el próximo sábado se hará la entrega de documentos ya regularizados a cinco núcleos ejidales ubicados en los municipios de Parácuaro, Buena Vista y Tangancícuaro.

 

Exigen ejidatarios a Procede que certifique tierras de familia Fox Ejidos. (Correo de Guanajuato, Rafael Zamora,  p.web)

En reunión, policías y algunos opositores cercaron el lugar para impedir el paso a los inconformes en SFR.

San Francisco del Rincón.

Divide a los pobladores de San Cristóbal, lugar de residencia del presidente Fox, la posible aplicación del programa de Procede sin considerar 350 has. que un grupo de ejidatarios señala, están ilegítimamente en propiedad de la familia Fox.

Ayer, bajo un fuerte clima de tensión, con vallas facilitadas por el Estado Mayor Presidencial, policías armados de este municipio y varios conatos de bronca, se realizó una asamblea en la que se trató el tema y en la que sólo se acordaron modificaciones al reglamento del Ejido, que contempla el retiro de derechos de voz y voto a los que no acudan a las reuniones.

Reclamo por justicia

José Guadalupe Cruz Pacheco, regidor y representante de “Derecho Ejidal”, declaró que los ejidatarios reclaman que se considere en la certificación de derechos las has. que están en manos de los Fox, o que en su defecto la federación a través de la SRA, reponga terrenos iguales para resarcir a 52 ejidatarios los derechos que declaran no tener satisfechos.

En respaldo de Cruz, se pronunció Augusto Juárez Lugo, representante de la CNC para Conflictos Sociales en el estado de Guanajuato. El comisariado ejidal Gilberto Ruiz, la abogada Beatriz Dionisio, Lidio Ruiz y Ezequiel Sánchez Gutiérrez, visitador de la PA, condujeron la asamblea y pidieron a correo que se retirara.

Álgida y hermética

La asamblea iniciaría a las 5 de la tarde a unos metros del cuartel del Estado Mayor Presidencial. En la entrada del local, a diferencia de una asamblea regular, se colocaron vallas y custodiaban la entrada tres agentes de la PP de San Francisco.

Minutos después, los mismos policías junto con algunos ejidatarios, pretendieron impedir el acceso a José Guadalupe Cruz Pacheco y se vino el primer conato de bronca en medio de camionetas y tractores de los ejidatarios.

Al interior

En el interior, relataron algunos, la asamblea se realizó entrecortada con intervenciones de los conductores y de los opositores. Mientras que los policías vigilaban las afueras, allí estaban también los representantes de la CNC a quienes no se les permitió el acceso al lugar de la asamblea. En tanto los ejidatarios vertían su opinión a correo, otros tachaban de mentirosos a los primeros y en un par de ocasiones se insultaron mutuamente. Después de las ocho de la noche concluyó la asamblea. Salió Beatriz Dionisio, asesora del comisariado, para dialogar algunos minutos con el representante de la CNC.

Historial

Augusto Juárez Lugo, representante de la CNC para Conflictos Sociales en el estado de Guanajuato, respaldó la versión del grupo inconforme. Para ello se refirió al expediente del conflicto que está en la SRA. Señaló que en 1937 se dotó de tierras a los campesinos de San Cristóbal por decreto presidencial para la formación del ejido y en ese mismo año se entregó en acta la posesión de tierras para 225 ejidatarios. Refirió que en 1942 un grupo de campesinos fueron desplazados de sus tierras y posteriormente entre 1972 y 74 se desplazó a otro grupo. Los terrenos de los que fueron retirados son las 350 has. que quedaron en propiedad de la familia Fox. Informó que en 1989 se abrió un juicio (449-89) para determinar la propiedad de la tierra en el Juzgado Tercero de Distrito. El proceso se resolvió hasta 1993 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia por vía del amparo a favor del ejido. Juárez Lugo concluyó que en 2002, la SRA "pretendió" dar cumplimiento a la resolución de dicho juicio, pero que al acudir a realizar la certificación de las propiedades del ejido, no consideró esas 350 has que causaron la disputa. Validó el hecho de que en la posible aplicación del Procede se puede seguir sin respetar a los 52 inconformes.

 

Entrega hoy PA documentos en Huajes de Ayala. (Despertar del Sur, Juan M. Robles, p.web).

Cd. Altamirano, Gro. El residente de la Procuraduría Agraria (PA), Jesús González García, informó que a las 12 del día de hoy jueves se entregarán documentos básicos en el ejido Huajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán.

Dijo que son un total de 314 documentos para igual número de beneficiados y que no son otras cosa que certificados del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).

Esos documentos son certificados de uso común por tratarse de un área forestal y por lo tanto común para los ejidatarios de esa zona, quienes deberán de reunirse en la Comisaría Ejidal para llevar a cabo la entrega de dichos documentos.

El funcionario mencionó también que en la comunidad de El Chivo, perteneciente al municipio de Zirándaro de los Chávez se hizo entrega de certificados parcelarios complementarios, pero además se dio un informe de una controversia que existe en el Tribunal Unitario Agrario (TUA).

En dicha controversia, los ejidatarios dicen ser propietarios de una parte de donde está asentada la presa “La Calera” y la otra parte, que es la Comisión Nacional del Agua argumenta lo contrario.

Sobre ello, será el TUA el que finalmente determine la controversia.

 

Hoy habría acuerdo con comuneros por el conflicto agrario de Xitopontla. (Diario de Guerrero, p.web).

La Subsecretaría de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado, dio a conocer que hoy podrían llegar a un acuerdo entre comuneros de San Martín Obispo-Xitopontla, municipio de Ahuacotzingo y el ganadero de Olinalá, René Rodríguez Cerrajín, para concluir el conflicto agrario en esa zona de la montaña.

Lo anterior, luego de que un centenar de comuneros de Xitopontla, encabezados por el ex dirigente del PRD, Ranferi Hernández Acevedo invadieran las tierras de Rodríguez Cerrajín la mañana del martes.

En total, los comuneros de Xitopontla reclaman 800 hectáreas de tierras cultivables que son propiedad de siete ganaderos de Olinalá; hasta el momento, la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno del Estado han convencido a seis propietarios de esas tierras de vender y/o ceder esas tierras, faltando por llegar a un acuerdo con René Rodríguez Cerrajín.

El Subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca dio a conocer que hoy sostendrán una reunión con René Rodríguez Cerrajín donde se espera llegar a un acuerdo para que sus tierras sean cedidas a los comuneros de Xitopontla, a cambio de una indemnización.

“...El grupo de trabajo de autoridades federales y estatales ha avanzado en la solución del conflicto, el cual consideramos que se encuentra controlado; como es normal, los propietarios de la tierra analizan las propuestas de indemnización de la SRA, pero creemos que podremos llegar a un acuerdo hoy”, afirmó el funcionario estatal.

Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal dieron a conocer que se han enviado policías preventivos estatales para evitar que se vaya a producir un enfrentamiento entre comuneros de Xitopontla azuzados y acelerados por Ramboferi y trabajadores del propietario de esas hectáreas invadidas por los campesinos de Ahuacotzingo

 

Los de Ocuapa confían en el Ran para destrabar conflictos. (Diario de Guerrero, p.web).

Campesinos de Ocuapa, municipio de Copanatoyac, confían en que los trabajos de medición que hacen técnicos del Registro Agrario Nacional -RAN- ponga fin a la disputa de las tierras en conflicto con sus vecinos de El Capulín del municipio de Tlacoapa, pero advierten que no están dispuestos a otorgarles las 456 hectáreas en disputa.

Señalaron que los comuneros de Ocuapa y El Capulín se mantienen tranquilos mientras el RAN hace la medición como se acordó la semana pasada con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria -SRA-, “...que sepan que no estamos dispuestos a ceder las tierras en donde se encuentra asentada la población de Capulín, si quieren que se queden con las tierras de labor”, señaló el abogado de los comuneros de Ocuapa, Jesús Escobedo González.

Explicó que el próximo martes las comunidades en conflicto se reunirán por separado con los funcionarios federales y estatales agrarios, para que se les informe después de medir las tierras, cuánto corresponde a cada población.

Resaltó que el mismo Secretario de la Reforma Agraria reconoció que existe un exceso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la resolución donde se les concede la propiedad de las hectáreas en disputa.

Indicó que será el martes de la próxima semana cuando el RAN presente, por separado, a los dos grupos en disputa, los resultados de esos trabajos técnicos de medición de la zona en conflicto, “...estamos tranquilos, porque simplemente se van a delimitar los trazos de la zona y, luego hablaremos de las indemnizaciones”.

Escobedo González aseveró que los comuneros de Moyotepec del municipio de Copanatoyac, tienen lista una propuesta en el sentido de que se les respetará unas 70 hectáreas a los habitantes de El Capulín, municipio de Tlacoapa, para que puedan vivir en ese lugar, a cambio, dijo de una indemnización de las autoridades federales.

Señaló que la tregua pactada entre los dos grupos con autoridades federales y estatales, se ha respetado y por el momento descartó que se vayan a presentar una confrontación.

 

Comuneros de El Capulín no cumplieron acuerdos con la SRA, dicen los de Moyotepec. (El Sur (Guererro), Teresa de la Cruz, p.web).

 Niegan la acusación que hacen sus vecinos de que entraron a la zona de conflicto.

Chilpancingo

El dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y asesor de los comuneros de Moyotepec, Jesús Escobedo González, negó que éstos hayan ingresado a las 456 hectáreas que se disputan con campesinos de El Capulín y aseguró que son ellos quienes violaron el acuerdo que firmaron con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al proponer que se midan puntos que no estaban previstos en la negociación.

Dijo que es “prácticamente imposible” que los comuneros de Ocuapa continúen invadiendo la zona en conflicto, porque “ahí hay más de 150 policías del estado y un destacamento del Ejército, son como 400 militares lo que están ahí, vigilando la zona”.

Según declaraciones del martes, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tlacoapa –a donde pertenece El Capulín–, Ismael Galeana Sixto, campesinos armados de Moyotepec habían incursionado en la zona de conflicto para sustraer madera y consideró que con ello se violaba el acuerdo que pactaron con la Reforma Agraria la semana pasada.

Abordado ayer en uno de los pasillos del Palacio de Gobierno, el asesor del pueblo vecino, Jesús Escobedo, afirmó que “esto es una mentira, ahí no podemos entrar, porque está todo vigilado por policías y soldados, nosotros hemos respetado la tregua”.

Resaltó que quienes no han acatado a “cabalidad” ese pacto “son los de Tlacoapa, porque señalaron otros puntos de medición que no estaban en la negociación, recorrieron la zona limítrofe, propusieron que se mida un punto que se llama Fondo de la Barranca, otro que es Calzoncuahui y Cerro Quince”.

Escobedo González aseguró que a pesar de esa situación, “nosotros no hemos hecho nada, ahorita hemos estado tranquilos, tenemos confianza en que el Registro Agrario Nacional va a medir emitir un dictamen apegado a la legalidad y eso lo vamos a conocer el próximo lunes a la 11 de la mañana en el Palacio de Gobierno”.

Expuso que la solución del conflicto no ha sido por falta de voluntad de los comuneros de Moyotepec, sino de sus vecinos, “nosotros hemos hecho dos propuestas, en una aceptábamos ceder la zona urbana de El Capulín y en la otra decíamos que le dejábamos todo, pero que serían un anexo de Ocuapa, sin embargo, no quisieron, ellos quieren todo”.

 

Niega Esaú Tapia negligencia oficial en el conflicto de tierras en Ahuacuotzingo. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia Abarca, rechazó que el gobierno del estado y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se nieguen a resolver el conflicto agrario entre campesinos de Xitopontla y pequeños propietarios de Olinalá que existe desde hace 60 años y aseguró que si ha habido tardanza en la solución de ese problema es porque las instituciones no pueden imponer el monto de las indemnizaciones, sino que “se tienen que concertar” con los afectados.

El dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), Ranferi Hernández Acevedo, informó que el pasado lunes cien campesinos de Xitopontla, municipio de Ahuacuotzingo tomaron 700 hectáreas del ejido de San Martín Obispo, en protesta porque el gobierno del estado y la Secretaría de la Reforma Agraria “se niegan a resolver el conflicto agrario que mantiene con el ganadero priísta René Rodríguez Cerrajín, toda vez que éste se niega a firmar el convenio con la dependencia federal”.

A ese respecto Tapia Abarca negó que haya desatención por parte del gobierno estatal y federal en ese conflicto, incluso resaltó que las negociaciones “están muy avanzadas” al grado de que “ya se tiene firmados convenios con seis de los siete pequeños propietarios que tenía en su poder las tierras” que reclaman los campesinos.

“Ya se habló con el propietario (René Rodríguez), le pedimos que tenga paciencia, mañana va a haber reunión con el grupo de trabajo (de la SRA) y con él en lo particular, para ver el asunto de la firma de convenio. Entonces, estamos en la mesa, en la etapa de concertación, negociación y conciliación, y siento que este jueves va a haber otro avance significativo”, aseguró.

Recordó que el conflicto entre los campesinos del Ejido San Martín Obispo anexo de Xitopontla, “es muy antiguo y como grupo de trabajo (con la SRA) lo programamos para su atención, precisamente para buscar alternativas de solución a través del diálogo”.

Indicó que se debe estar concientes que hay dos formas de resolver los conflictos, “una que es a través de los tribunales agrarios y a éste le apostamos nosotros como grupo de trabajo, queremos encontrar una solución ahí en el diálogo, en la concertación, en la conciliación platicando. Tenemos confianza de que este jueves puede lograrse un avance todavía más importante”.

A pregunta expresa sobre si el diálogo no funcionaba porque el conflicto se estaba agravando, el funcionario estatal respondió que “todos los asuntos nosotros los estamos atendiendo y vamos a garantizar que no se van a levantar de la mesa, son situaciones ya personales”.

Agregó que asuntos como el de Xitopontla “requieren voluntad y hay voluntad institucional y de los campesinos, lo que pasa es que hay momentos en que los ánimos se calientan un poquito. Pero nosotros tenemos confianza y le apostamos a resolver este conflicto a través del diálogo, porque aquí no hay perdedores todos ganamos, en cambio en los tribunales, con todo respeto y creemos en la administración de justicia, pero en los tribunales agrarios siempre habrá un perdedor y un ganador”.

Respecto al total de hectáreas que están en disputa, Esaú Tapia indicó que “se hizo una bolsa de tierras y se está tratando de comprar lo más que se pueda para los campesinos, la meta es llegar a 800 y tantas hectáreas, ahorita llevamos un buen número, pero falta una propiedad nada más que es la de René Rodríguez”.

Más adelante reveló que la estrategia del gobierno estatal y federal consiste en “comprar las tierras y, en ese sentido, hay que concertar los valores de la tierra, por eso a veces uno se tarda como institución porque no se puede decir aquí está esto acéptalo, sino que tiene que ser concertado, de acuerdo a avalúos oficiales.

“En esa etapa estamos, aunque ya seis propietarios firmaron el convenio e inclusive pronto la Reforma Agraria entregará las escrituras al líder del Ejido de San Martín Xitopontla que es Ranferi Hernández Acevedo”.

 

En marzo, todos los ejidos regularizados. (Milenio, p.web).

Guadalajara

En Jalisco, el Procede tiene un avance de 85.63 por ciento, informó Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario.

En marzo de 2006 todos los núcleos agrarios de Jalisco estarán certificados, prometió Isaías Rivera Rodríguez, procurador agrario de México, tras una reunión con el secretario general de Gobierno de Jalisco, Gerardo Solís Gómez.

Ambos funcionarios participaron el pasado martes en la ceremonia oficial de notificación y firma del acuerdo de precierre operativo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en el estado de Jalisco.

Rivera Rodríguez señaló que a poco más de doce años de actividades, el Procede en el estado de Jalisco ha dado seguridad jurídica a 1,257 ejidos y comunidades de la entidad, que representan 85.63 por ciento de avance, en beneficio de 197,146 familias campesinas que ahora disponen ya de tranquilidad y certeza documental en su patrimonio.

Ante funcionarios federales, estatales y municipales, dirigentes de organizaciones campesinas y representantes de las instituciones agrarias, Rivera Rodríguez subrayó que el Procede es un instrumento de política pública agraria que ha sentado las bases para garantizar seguridad jurídica, gobernabilidad y paz social en el campo mexicano, así como para impulsar el desarrollo rural sustentable de nuestro país.

El titular de la Procuraduría Agraria puntualizó que con este acto Jalisco se convierte en la vigésima séptima entidad que cumple formalmente esta etapa operativa en el gobierno del Presidente Vicente Fox, y al mismo tiempo detalló que a la fecha 16 entidades federativas han concluido en definitiva los trabajos técnico-operativos del Procede en todo el territorio nacional.

Resaltó la importancia de la notificación y firma del precierre operativo del Procede en Jalisco, ya que, dijo, “representa la última llamada que realiza el gobierno de la República, a través de las instancias del sector agrario, para que los ejidos y comunidades, en plena libertad, decidan incorporarse y beneficiarse de las bondades que otorga este programa”.

Agregó: “Podemos señalar que tanto el presidente Vicente Fox, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar y el gobernador Francisco Ramírez Acuña, tendrán la certeza de anunciar al pueblo de Jalisco que a la conclusión del Procede, en marzo de 2006, 100 por ciento de los núcleos agrarios habrán sido atendidos e invitados para beneficiarse de los alcances del Procede”.

 

Entregan certificados parcelarios a ejidatarios. (Diario del Istmo, Juan Carlos Ángulo, p.web).

La mañana de ayer personal del Registro Agrario Nacional (RAN), estuvo presente en las instalaciones de la Procuraduría Agraria entregando certificados parcelarios, títulos de propiedad a ejidos de municipios como Ixhuatlán del Sureste, Moloacán y Las Choapas. 

Las Choapas, Ver.

Entre los ejidos que estaban pendientes de que se les entregara documentación por trámites pendientes de realizar se encuentran el municipio de Ixhuatlán del Sureste, El Túnel, Esfuerzo del Trabajo, Amatitlán, El Paraíso.

En lo que respecta a las entregas masivas de documentos agrarios, ayer se entregaron 101 de éstos en el ejido Tacoteno de Minatitlán, hoy se entregarán a las 10:00 horas en el ejido Las Palomas de Ixhuatlán, en lo que respecta al municipio de Minatitlán a las 16:00 horas en la localidad Las Limas y mañana viernes a las 10:00 horas en Adalberto Tejeda de donde son 700 certificados parcelarios y 400 títulos de propiedad.

Otros ejidos a los que se les entregará documentación son Alto de Uxpanapa, Nuevo Ixtacomitán, Remolino, Ignacio López Rayón, Santa Teresa, Revolución, NCPA Progreso, todos éstos de este municipio y de Minatitlán serán El Progreso, Emilio Carranza, Gustavo Díaz Ordaz, Alto de Uxpanapa y de Moloacán del ejido Cuichapa.

Cabe hacer mención que esta entrega culmina el viernes 18 del presente y a las personas que no acudan con su documentación comprobatoria no les será entregado su documento, hasta en una próxima visita del Registro Agrario Nacional.

Estanislao Trinidad Domínguez fue una de las personas que recibieron ayer su certificado parcelario y señaló que con este documento agrario tendrá certeza jurídica y así poder acceder a otros programas de gobierno.

Ejidatarios de agua dulce dicen que no les llegó su certifcado.

Por su parte Ciro Valenzuela Fuentes y Eva Hernández Castro, ejidatarios del ejido Gavilán Norte del municipio de Agua Dulce, comentaron a Diario del Istmo que a ellos no les llegó su documentación.

Agregaron que tienen cerca de 7 años de que iniciaron su trámite, pero que desconocían el porqué no les entregaban su certificado, por lo que solicitarían una asesoría a los integrantes del RAN para poder obtener su documento.

 

Impulsa PRI pacto por la unidad ante pleito entre Madrazo y Gordillo. (Hechos TV Azteca, p.web).

Adelanta líder del tricolor que el acuerdo se firmará el próximo domingo.

Insiste Gordillo en que hará "todo" para que Madrazo no sea presidente.

México, DF, 17 de noviembre de 2005 (FIA).- En medio de la confrontación abierta entre Elba Esther Gordillo Morales y Roberto Madrazo, los priistas firmarán este domingo 20 un pacto nacional por la unidad y la fortaleza, para saber con quiénes cuentan.

En un encuentro de más de cuatro horas con dirigentes estatales priistas, reprocharon que su candidato electo a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo haya caído en una agenda mediática por su confrontación con la ex secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No obstante, cerraron filas en torno al tabasqueño y ratificaron su lealtad a los principios y valores del PRI.

Madrazo Pintado pidió a los dirigentes estatales promover también en cada uno de los estados el pacto de unidad de los priistas, para saber de una vez por todas con quiénes cuenta.

En un acto previo, el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, informó del recorrido que iniciará Madrazo para agradecer el voto a la militancia, y anunció la realización de foros para construir la propuesta más visionaria del México moderno del siglo XXI.

Precisó que el abanderado priista se reunirá la próxima semana con el sector agrario en Veracruz; con el obrero, en Jalisco; con el popular, en Nuevo León, con las mujeres, en el estado de México, y con los jóvenes, en Colima.

También con el Movimiento Territorial, en Baja California; con los alcaldes, en Puebla; con los legisladores locales, en Yucatán, y con los empresarios, en León, Guanajuato.

El dirigente priista precisó que la unidad es la que se da con generosidad y desprendimiento, en la que se entiende que los intereses personales no se imponen ni compiten con los del partido.

 

Necesario aumentar defensa de ecosistemas: Ricardo García. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Villahermosa, Tab.- A 13 años de la Conferencia de Río la elaboración de esquemas legales para defender los ecosistemas debe fortalecerse, pero también hay que tener jueces con mayor capacidad jurídica para que resuelvan en forma eficiente los problemas que los propietarios de la tierra enfrenten, dijo el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos. Previo al inicio de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe de Jueces y Magistrados en Defensa de los Recursos Naturales, comentó que en esta globalidad del siglo XXI los países latinoamericanos deben intercambiar experiencias para asumir las obligaciones adquiridas y hacer una evaluación cuidadosa de la capacidad que se tiene conjuntamente para atender temas como el saqueo de recursos genéticos, los efectos del cambio climático, la relación entre comercio y medio ambiente, así como el uso y conservación de la tierra y el agua.

 

Deben fortalecerse esquemas legales para defender ecosistemas: García. (El Sur de Campeche, p.web)

Villahermosa, Tab., 16 de noviembre (La Jornada).- A trece años de la Conferencia de Río, la elaboración de esquemas legales para defender los ecosistemas deben fortalecerse para hacerlos cumplir, pero también hay que tener jueces con una mayor capacidad jurídica para que resuelvan en forma eficiente los problemas que los propietarios de la tierra enfrenten, dijo el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.

Agregó que está globalidad del siglo XXI los países latinoamericanos deben intercambiar experiencias para asumir las obligaciones adquiridas y hacer una evaluación cuidadosa de la capacidad que se tiene conjuntamente para atender temas como el saqueo de recursos genéticos, los efectos del cambio climático, la relación entre comercio y medio ambiente, así como el uso y conservación de la tierra y el agua.

Previo al inicio de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe de Jueces y Magistrados en Defensa de los Recursos Naturales, García Villalobos comentó que en el caso de México hay un grave deterioro de las zonas rurales que debe atenderse y que no solamente implica una relación comercial sino una situación ambiental.

Comentó que ya "estamos entrando a las campañas presidenciales por lo que es necesario que el sector campesino exija a los candidatos de los partidos políticos presenten su proyecto para el campo, pero que éste involucre estrechamente al sector ambiental, ya que en esta administración no se ha visto ninguna mejoría en el agro".

Urgió a los magistrados a actualizarse en todas las leyes internacionales sobre derecho ambiental, así como en las leyes y normas que rigen en el país para elaborar esquemas legales en defensa de los ecosistemas. "Esta es una llamada de atención para todos, jueces, políticos y campesinos, tenemos que actuar para encontrar una solución al fenómeno de la degradación en el campo y lograr tener una economía rural agrícola bien ordenada", acotó

 

La@Red. (El LíneaDirecta.info, Ruben Dueñas, p.web)

Tamaulipas

Los que andan un tanto cuanto “aviolentados” son los campesinos de la Central Campesina Cardenista (CCC) porque en la Reforma Agraria no les resuelven una docena de conflictos agrarios “empalmados” y en una plática que tuvimos con el líder estatal de la organización Mario Reyes Cantú, nos advirtió que de no ser escuchados “puede haber violencia”. Y para atenderlos ya vino a Victoria Benjamín Serrano Aguilar de la Dirección General de Concertación Agraria de la SRA. Aguas con los campiranos.

 

Sector agropecuario

 

Anuncia la Sagarpa medidas para evitar presencia de la gripe aviar. (La Jornada, Juan Balboa, p.web)

Solecito Aumentará el control de productos avícolas y se trazará un mapa de aves migratorias.

El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Mayorga Castañeda, anunció una serie de medidas para evitar la presencia en México de casos de influenza aviar de alta patogenicidad -de la cepa tipo H5N1, que afecta actualmente a Asia-, entre las que destaca la regularización de la movilización y comercialización de productos avícolas, el fortalecimiento del control en puertos y aeropuertos para evitar el ingreso de productos procedentes de países afectados, y se establecerá un mapa de ruta de aves migratorias.

En una plática con corresponsales extranjeros, el titular de la Sagarpa confirmó que México estudia implementar una norma para redoblar la lucha contra la gripe aviar y aseguró que México estaría libre de la variante de baja patogenicidad -cepa H5N2, detectada en empresas avícolas de Durango y Coahuila- a más tardar en diciembre de 2006.

Mayorga Castañeda insistió que en México no se ha registrado ningún caso de gripe aviar de alta patogenicidad, y el gobierno del presidente Vicente Fox se dispone a redoblar los controles para prevenir cualquier brote. En diciembre, confirmó el funcionario, entrará en vigor la llamada Norma Oficial Mexicana sobre gripe aviar, que contendrá mecanismos para intensificar la lucha contra ese mal, en cualquiera de sus variantes.

El secretario de Agricultura señaló que las autoridades mexicanas se mantienen en comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos para coordinar las acciones contra la gripe aviar, que afecta a varios países de Asia y Europa.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) detectó en 31 granjas avícolas de la Comarca Lagunera, entre Coahuila y Durango, casos de influenza aviar de baja patogenicidad (H5N2), que no pone en riesgo la vida del consumidor. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación confirmó que la detección del virus H5N2 provocó, hace algunos meses, el sacrificio de alrededor de 50 mil aves.

El Senasica decretó un cerco de 110 kilómetros de diámetro para evitar que el virus se extienda. Cabe recordar que en el año 2000 la enfermedad de Newcastle velogénica viscerotrópica (ENVV, por sus siglas en inglés) afectó severamente a la Comarca Lagunera, pues obligó al sacrificio de 14 millones de aves y dejó desempleados a 5 mil trabajadores de las granjas avícolas.

 

Organizaciones campesinas

 

Insuficientes, los fondos para el campo: CCC.  (La Jornada, Carolina Gómez, p.web)

Para la mayoría de las organizaciones campesinas afiliadas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) el presupuesto asignado al sector, el cual asciende a 152 mil millones de pesos, ''no es suficiente'', porque no responde cabalmente a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo ni se apoya de manera especial a los programas para combatir la pobreza en las zonas rurales.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), una de las organizaciones pertenecientes a la UNT, la cual ayer celebró una reunión plenaria, dijo que el presupuesto en lo que se refiere al apoyo al sector social, es decir, a ejidatarios y comuneros, es "raquítico", ya que no está orientado al fomento de actividades productivas que logren arraigar a los campesinos y a sus familias a la tierra.

Alvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), hizo hincapié en que haber logrado casi 20 mil millones más de lo que estipulaba la propuesta del Ejecutivo debe valorarse como un "paso importante", y agregó que aunque siempre hacen falta más recursos para el campo, lo logrado no está tan lejos de lo que las organizaciones campesinas pactaron solicitar en el Congreso Agrario Permanente: 156 mil millones de pesos.

''Las organizaciones campesinas nos fuimos a una pelea por 156 mil millones de pesos; de esos logramos tener 152 mil millones. Creo que debe ser importante valorar que logramos ventaja respecto a la propuesta", comentó, tras hacer notar que lo que no se logró fue definir "candados" para evitar posteriores recortes al gasto.

Sobre esto último Correa sostuvo que las agrupaciones campesinas deben estar "muy atentas para que no se ejerzan recortes al presupuesto del campo" y recordó que este año han ajustado "más de 9 mil millones de pesos a los programas, además de que hay un subejercicio de casi 6 mil millones de pesos en Sagarpa, Reforma Agraria, Sedeso y Energía".

El tema del presupuesto al campo es uno de los más sensibles, máxime cuando durante este sexenio la población rural ha disminuido 25 por ciento y uno de cada tres artículos agrícolas que se comercializa es de procedencia extranjera.

Las remesas se han convertido en la principal forma de sustento del sector, mientras 18 millones de labriegos sobreviven con menos de dos dólares al día.

Grandes productores, los ganones

Correa consideró que el presupuesto del sector rural está encaminado, básicamente, a "subsidiar a los grandes agricultores", a través, por ejemplo, de los apoyos a la comercialización.

''Nuevamente en el presupuesto los que más van a ganar son los grandes empresarios agropecuarios del noroeste del país y del Bajío y los grandes ganaderos; el presupuesto para los campesinos del sector social es raquítico, al grado que no les va a permitir enfrentar los retos hacia 2006, año en que entra en vigor el libre comercio de granos con Estados Unidos y Canadá.''

 

Prensa Estatal

 

CAMPECHE

 

Gobierno soluciona problema entre SCT y ejidatarios de Atasta. (El Sur de Campeche, Humberto Burgos, p.web)

Ante el acuerdo firmado ayer, entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los ejidatarios de la comunidad de Nuevo Campechito, que se manifestaban estar siendo afectados por la modernización de la Carretera Carmen-Villahermosa, con el cual se adquiere el compromiso del pago de derecho de vía así como de los bienes distintos a la tierra por parte de la citada secretaría, y con el convenio de desistimiento por ambas partes ante el problema legal que enfrentan, quedó solucionada la protesta que había derivado la suspensión provisional de los trabajos, por lo que a partir del lunes serán reanudados.

Entrevistado al respecto el Subsecretario C de Gobierno expresó que ayer se dio un acto de buena voluntar tanto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) así como de los propietarios de los terrenos que se encuentran en la orilla del tramo carretero Nuevo Campechito-Nuevo Progreso, que es donde se están realizando los trabajos de modernización de la carretera, por lo que como resultado de esta reunión tomaron el acuerdo donde se desistieron tanto del amparo que favorecía a los propietarios de los predios, como de la demanda que interpusiera la instancia federal en su contra.

Añadió quw va a permitir el entablar de manera directa un compromiso de que en este año se les va a efectuar el pago de los bienes distintos a las tierras y que para ello se va a entregar una documentación para integrar los expedientes y se firme un contrato de compra-venta, esto es lo que va ha permitir a la SCT tener el derecho de vía para estos trabajos.

Indicó que con esto ayer se dio un gran paso, ya que como Gobierno del Estado, se ha estado al pendiente de este asunto, porque es un interés del Gobernador del Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdés, ya que estos recursos forman parte de ese apoyo que se gestionó para los tramos carreteros de todo el estado, por lo que el mandatario estatal, insistía en que se acortaba el tiempo para cumplir con el compromiso de este recurso y hoy se está permitiendo por acuerdo de ambas partes, concluir con este compromiso, y para ello se va ha reiniciar la obra.

Externó que hoy se continuará con los trámites de desistimiento tal y como lo establece el acuerdo, y con toda seguridad a partir del lunes 21 de noviembre, una vez que se cumplan con los compromisos que establece la ley, sin embargo, para poder determinar a cuanto ascenderá la indemnización que recibiera la parte afectada aclaró, que sea una instancia especializada en el avalúo de predios, la que pueda determinar el pago, pero esto deberá ocurrir el próximo, y esto es debido a que la instancia especialista en ello ya ha cerrado sus operaciones este año.

Señaló que esto se les explicó a los ejidatarios, que sería hasta el 2006 cuando se lleve a efecto el evalúo del predio, en tanto firmaron el acuerdo correspondiente y también están de acuerdo en firmar el contrato de compra-venta y acordar el precio tan pronto se tenga el avalúo, de los terrenos de los 21 propietarios que están siendo afectados con esta primera etapa de los trabajos de ampliación de la carretera, pero conforme estos vayan avanzando, este beneficio se dará a quienes vayan demostrando que también vayan presentando el mismo problema.

Camejo Mena expresó que espera que con la firma de esta minuta respeten los acuerdos, ya que esto se está haciendo con gran esfuerzo y se esto debe darse ya que ambas partes aceptaron renunciar tanto al amparo como al desistimiento de la denuncia que presentó la SCT, por lo que con esto se puede corroborar la buena voluntad de ambas partes, con quienes se llegó a un acuerdo para dar solución a este problema, ya que el hecho de que les paguen los daños distintos a la tierra y se firme un contrato dará seguridad a ello, y con esto se tiene la seguridad que se va a cumplir este requisito

 

Piden regularizar tierras. (Tribuna de Campeche, p.web)

Escuela perdería 100 has.

Padres de familia y maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 2 de Escárcega, pidieron la intervención del Congreso del Estado para la regularización de 100 hectáreas que el ejido pretende vender en dos millones de pesos, y denunciaron que el alcalde, Pedro Alfonso Moreno Mora tiene metidas las manos.

Encabezados por el subdirector, Delmer Francisco Aguilar Aldecua y Benito Pacheco Arévalo, coordinador de Asistencia Educativa y representante de los paterfamilias, se reunieron los diputados, José Concepción Urióstegui Urióstegui, Aníbal Ostoa Ortega, Margarita Nelly Duarte Quijano y Róger Enrique Hernández Pérez, el subsecretario "A" de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, y autoridades agrarias y educativas.

Expusieron que desde hace 40 años que se fundó la escuela, las autoridades no le dieron importancia a la necesidad que el ejido de Escárcega, les done o venda un predio de 100 hectáreas donde se trabajan proyectos productivos y con relación a los estudios de los jóvenes.

Se platicó con el alcalde Moreno Mora, y se inició la negociación con los ejidatarios que ofrecieron venderlo en 200 mil pesos, pero en forma extraña cambiaron de opinión y ahora exigen dos millones de pesos, y si no se les paga antes de la asamblea general a celebrarse entre el 11 y 18 de diciembre, serán despojados del predio.

Moreno Mora se lavó las manos y se negó a darle continuidad a las negociaciones. Los ejidatarios ya recuperaron 50 de las 100 hectáreas, y en días pasados, otras 18 hectáreas, lo que crea un clima de intranquilidad y conflicto social en Escárcega.

El director ya se jubiló y los maestros y padres de familia son los que cargan con el problema, por lo que urgen una pronta solución a fin de evitar enfrentamientos.

Por su lado, Urióstegui Urióstegui, exigió al Gobierno del Estado, tomar medidas para evitar un estallido social, y denunció corrupción entre las actuales autoridades municipales con los ejidatarios.

 

CHIAPAS

 

Funcionarios desoyen demanda de rebeldes. (Cuarto Poder, Carlos Herrera, p.web).

Las Margaritas.

Ante la falta de capacidad de funcionarios del Gobierno del Estado, autoridades rebeldes del municipio autónomo San Pedro Michoacán con sede en La Realidad, informaron que están buscando la solución a un conflicto en el ejido El Suspiro, municipio de Las Margaritas.

En una carta que los zapatistas envían a un grupo de ejidatarios de El Suspiro, les informan que "ya está en nuestro conocimiento su demanda, por eso les decimos si ustedes quieren venir hablar pueden venir", pero "sabemos que se están metiendo gentes de gobierno porque muy bien saben que es zona de conflicto y no habiendo más que agregar se da por termino la carta" (sic).

Julio Cesar Hernández Cano, representante de los campesinos de El Suspiro, dijo que dieron parte a los rebeldes del problema que sostienen con comuneros de la localidad de Espíritu Santo y el lunes pasado recibieron una respuesta por escrito del Consejo Municipal Autónomo para estudiar el caso que en julio pasado derivó en un enfrentamiento con saldo de un muerto.

Con esta carta de los zapatistas, los campesinos de El Suspiro esperan una pronta solución a este problema agrario que enfrentan desde hace meses con militantes de la CIOAC-Histórica por la disputa de unas 400 hectáreas ubicadas en esa localidad del municipio de Las Margaritas.

El escrito difundido por el representante de El Suspiro, con un sello que dice "Presidencia Municipal San Pedro Michoacán.

 

ESTADO DE MÉXICO

 

Evi. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).

 

 

GUERRERO

 

 

LA PAROTA

 

Prometen obras públicas y pago justo a afectados por La Parota. (La Jornada, Misael Habana, p.web).

Solecito Soslaya Elías Ayub los efectos ambientales y sociales del proyecto hidroeléctrico

Solecito La inversión en la zona será de 8 mil millones de pesos en los próximos cinco años, según CFE

Solecito Xóchitl Gálvez asegura a las mujeres que recibirán préstamos para poner fondas y ''tienditas''

Acapulco, Gro., 16 de noviembre. Ante ejidatarios que apoyan el proyecto hidroeléctrico La Parota, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, ofreció una indemnización justa a los dueños de los bienes comunales de Cacahuatepec cu-yos predios resultarán expropiados, y anunció obras sociales para los próximos cinco años.

El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y la encargada de la oficina de la Presidencia para el desarrollo de los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, en representación del presidente Vicente Fox, declararon ''zona de atención prioritaria'' la región que se encuentra a las márgenes del río Papagayo.

Frente a unos 2 mil campesinos provenientes de los 19 núcleos agrarios que serán afectados por la presa y que fueron llevados al Centro Internacional de Acapulco, las autoridades mostraron maquetas de la presa, carreteras, poblados y casas modelo para los habitantes de 15 poblados que serán reubicados.

Luego de explicar los beneficios de la obra, el funcionario ofreció una conferencia de prensa con Zeferino Torreblanca. Elías Ayub sostuvo que en cinco años se invertirán en la zona 8 mil millones de pesos,''una derrama económica posiblemente nunca vista en Guerrero en un proyecto de este tamaño'', dijo.

Esta inversión incluye un presupuesto aún no cuantificado para indemnizar a los 19 núcleos agrarios afectados, de los cuales, aseguró, 16 apoyan la construcción de la represa.

En la primera etapa de inversión se prevé reubicar 800 viviendas y nueve escuelas públicas, además de capillas, caminos y servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado, agregó.

En las maquetas por primera vez se marca la zona de inundación en los municipios de Acapulco, Tierra Colorada y San Marcos. También están las casas modelos que hizo la Universidad Autónoma de Guerrero.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cristóbal Jaime Jáquez, detalló que en la zona se invertirán 61 millones de pesos en obras de agua potable, construcción de calles y alcantarillado.

Entre los beneficios para la zona destaca el abasto de agua garantizado para 50 años y la generación de energía para la red nacional, comentó.

En esa zona, donde los niveles de pobreza son similares a los observados en la Montaña, la CFE anunció la creación de 6 mil hectáreas de riesgo, programas ganaderos y agrícolas, e incluso se comprometió a brindar capacitación agropecuaria con la supervisión de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyas autoridades apoyan el proyecto.

Xóchitl Galvez, responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prometió a las mujeres presentes a que la CFE les dará créditos para que compren utensilios de cocina y monten pequeños restaurantes para atender a miles de trabajadores y poner ''tienditas''.

Elías Ayub dijo a los campesinos -cada uno de los cuales recibió un paquete con dos hamburguesas, una cocacola, un bote de agua y una fruta- que se creará una bolsa de trabajo en coordinación con el gobierno del estado para dar empleo primero a los afectados y a otros guerrerenses.

Interrogado sobre los costos sociales y ambientales del proyecto, señalados por el Programa Universitario de Medio Ambiente, de los cuales no se informó a los presentes, a los opositores ni a los grupos ambientalistas, Elías Ayub les restó importancia y desstacó la calidad de la empresa que realiza la obra.

 

Listos los recursos para construir La Parota, anuncia Elías Ayub. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Ante comuneros simpatizantes y sin la presencia de opositores a la presa, Zeferino Torreblanca y el director de la CFE presentan proyectos sociales para los afectados. Estarían condicionados a la aprobación de la hidroeléctrica, aclaran. Declaró el gobierno federal zona de atención especial a Bienes Comunales de Cacahuatepec, dice Xóchilt Gálvez.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, anunció que los recursos para construir La Parota están listos y con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo firmaron un convenio de compromiso para obras sociales, aunque algunas estarán condicionadas a que se construya la presa.

Como testigo del convenio firmó la comisionada para el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchilt Gálvez Ruiz, quien anunció que la comunidad de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue declarada zona de atención especial por el Gobierno federal, y tendrá acceso a 15 millones de pesos para el mejoramiento de viviendas.

A pesar del convenio y de mostrarse optimista con la viabilidad de la obra, Elías Ayub reconoció que tienen un plan B: “Necesitamos hacer una presa, hacemos primero la de Guerrero y luego la de Nayarit –Yesca– pero si no se puede hacemos primero la de Nayarit  y luego la de Guerrero”.

Ante unos 800 comuneros –todos simpatizantes de la presa– que fueron trasladados en camiones urbanos, ayer se llevó a cabo una reunión informativa sobre el proyecto de La Parota en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco (CIA), que fue convocada por el gobierno estatal.

Además de Torreblanca Galindo y Elías Ayub, estuvieron la comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, y el director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Cristóbal Jaimes Jacques.

Como sucede en las reuniones que tienen que ver con La Parota, el lugar fue resguardado por policías del estado.

Antes de la firma del convenio, por una hora a los comuneros que ya están convencidos de la presa se les mostraron algunos detalles técnicos, beneficios, alcances y el avance del proyecto.

Los encargados fueron el director de Proyectos Financiados de la CFE, Eugenio Láris Alanis; el residente de obras sociales, Víctor Hugo Chávez; y el encargado de los estudios socioeconómicos de la UAG, Alfonso Gómez.

Para la segunda parte del programa subieron al presidium el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo; el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub; la comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, y el director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Cristóbal Jaimes Jacques.

Ahí, Jaimes Jacques informó que para el área que sería afectada se tienen previstos 61 millones de pesos para la introducción de agua potable y drenaje y aclaró que hay obras que serán construidas se haga o no la presa.

Dijo que las comunidades están divididas en grupos y que el primero de los beneficios será el agua potable para los vecinos de Cruces de Cacahuatepec, Apalani, Barrio Nuevo de los Muertos, El Campanario y Cacahuatepec del Progreso, aunque reconoció que en este lugar se encuentran parados los trabajos por los opositores, quienes insisten que son recursos de la CFE, “lo cual no es así”.

Comentó que se tiene otro proyecto para las comunidades de Las Ollitas y San Isidro, y un tercero para Cacahuatepec, Cantón, Espinalillo y Huamuchitos, asimismo el alcantarillado para Aguas Calientes.

Jaimes Jacques añadió que también tienen proyectos para introducir sistemas de riego en unas cuatro mil hectáreas y proyectos productivos.

En su intervención, Alfredo Elías Ayub explicó que ya cuentan con los estudios sociales y ambientales de la UNAM, la UAG y el Instituto Politécnico Nacional, así como el proyecto técnico y dinero para el pago justo de la tierra, para comenzar las obras y mejorar áreas públicas con la aprobación de 16 núcleos agrarios.

Admitió que aún faltan tres asambleas en La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, así como la convocatoria a los consorcios que pondrán el dinero para la construcción y quizá lo más importante, el libre acceso a los trabajadores y técnicos a la zona.

De acuerdo con el funcionario, el acceso les permitirá determinar el monto que se pagará por la tierra y los bienes intrínsecos a ella, empezar con las obras y acciones que traerán los beneficios directos a las comunidades.

Elías Ayub reiteró que la presa generará beneficios como empleo, agua, caminos, puentes y pavimentación de calles, mejoras a áreas públicas y viviendas, así como electrificación.

Precisó que las obras que construirá la CFE beneficiarán a 20 comunidades y estás serán nueve escuelas, dos albergues, una casa de salud, siete canchas, siete capillas  y dos comisarías.

Se ampliarán los programas sociales, anuncia Xóchitl

Por su parte, la comisionada Xóchilt Gálvez Ruiz dijo que su presencia ahí se debía que por instrucciones del presidente de la República Vicente Fox, se ampliarían los programas sociales no sólo para los afectados sino para los vecinos de otras comunidades pues se declaró zona de prioridad.

Explicó que se mejorarán las viviendas con pisos, muros y techos, se constituirán grupos de mujeres para que manejen las cocinas y den de comer a los trabajadores del proyecto, pues lo que se busca es que los habitantes de la región sean los beneficiados.

Dijo que estos planes deben comenzar a la brevedad posible y aclaró que hay dos visiones: la primera que es la del progreso, y la segunda, la visión del radicalismo, al no querer ver en algo nada positivo.

Informó que el compromiso de su oficina es sumarse con recursos económicos para que se haga un plan y se organice a las comunidades.

Será garante de que las promesas se cumplan, dice Zeferino

En su turno, el gobernador Zeferino Torreblanca comentó que esa reunión surgió de otra anterior con comisarios, y era para que las dependencias involucradas comprometieran su palabra más que hablar de las bondades del proyecto.

Confirmó que su presencia era para reafirmar la convicción de que el gobernador será garante de que las promesas se cumplan, “pues ya no debe haber más engaños ni demagogia, no más mentiras, no más vueltas, sino hablar con claridad de los que se puede hacer y lo que no”. Aclaró que hay varias obras que se harán aunque no se construya la presa.

Informó que el jueves, en una reunión con el presidente Fox, le solicitó que el margen izquierdo del río Papagayo –que es una de las zonas más pobres del país, casi equiparable a La Montaña– se declarara como zona de atención prioritaria, es decir que en la ley de Desarrollo Social se le conceda un tratamiento especial.

La conferencia de prensa

Al finalizar el acto los funcionarios federales y el gobernador dieron una conferencia de prensa.

Elías Ayub reconoció que si no se dan las condiciones la presa se podría cancelar por el momento y empezar con La Yesca, en Nayarit.

Se dijo complacido con la reunión –donde acudieron sólo comuneros a favor de la presa– y dijo que se veía un avance importante. Reiteró que una vez que se lleven a cabo las tres asambleas que faltan estarán listos para la obra.

El funcionario dijo que se tienen disponibles 8 mil millones de pesos para que se inviertan en los próximos años en obras sociales como el agua potable, caminos y escuelas que se van hacer en la zona.

Agregó que los recursos se consiguen empaquetados para ejercerlos juntos y listos para hacerlo, es decir que son obras que están condicionadas a que se haga la presa.

Sobre los rumores de que la inversión se irá a Nayarit, el funcionario señaló que la CFE necesita llevar a cabo las dos presas, es decir en Guerrero La Parota y La Yesca, en Nayarit, pues se tienen los recursos para llevar a cabo una de las dos, “aunque nuestra preferencia es la de Guerrero”.

Explicó que esto porque la de Nayarit está en una zona donde prácticamente no hay habitantes y entonces no se generaría ese beneficio social a la zona, por lo que se hará todo lo posible para que sea en Guerrero.

Se dijo optimista de que se puede llevar a cabo el proyecto  en el estado y aseguraba: “primero va Guerrero y después va Nayarit”.

Pero minutos después, Alfredo Elías Ayub reconoció que tenían un plan B por si las cosas no funcionaban. “Como decía,  necesitamos hacer una presa, hacemos primero la de Guerrero y luego la de Nayarit, pero si no se puede hacemos primero la de Nayarit  (Yesca) y luego la de Guerrero”.

Cuando se le preguntó si ya se han planteando una nueva estrategia para acercarse a los opositores, el funcionario respondió: “la relación con los opositores nos ha ofrecido llevarla el gobernador. Nosotros sentimos que es la autoridad política en la entidad y compartimos plenamente el camino del diálogo como el camino para solucionar el problema”.

Mientras que Torreblanca Galindo dijo que era un gobernador de los que están a favor o en contra de la Parota y su obligación es, precisamente, hacer valer el principio básico de la política que es el diálogo, el convencimiento y la razón para tratar de hacer entender, “pero también se tiene que recordar que aquí es imposible la unanimidad y lo que buscamos es que los que no estén de acuerdo respeten el interés de quien tenga la razón y la mayoría”.

Señaló que su gobierno ha sido paciente, tolerante, y que incluso la tolerancia ha rayado en la omisión para aplicar la ley, “pero la política es saber utilizar la inteligencia no la fuerza. Esperemos que jamás tengamos que utilizar la fuerza pública para encontrar el interés mayoritario de la población”.

 

Convencer a los convencidos que además son “amigos” del representante de la CFE. (El Sur, Arturo Solís, p.web).

 Crónica de una reunión informativa con tintes de mitin priísta.

El problema de informar tarde sobre cualquier asunto de interés público es que cuando se intenta corregir la omisión ha pasado demasiado tiempo y la enorme mayoría de los receptores del mensaje tienen ya una opinión concreta acerca del tema, aunque la hayan construido a partir de rumores, datos parciales o verdades a medias.

Ya no se trata de una audiencia virgen –por llamarla de alguna manera– sin fracturas, disensos ni bandos, abierta a escuchar los argumentos de una propuesta específica. Ahora se enfrenta a un público duro y dividido que traduce con prejuicios, suspicacias y críticas, acumulados con el paso del tiempo. Muy poco pueden cambiar para entonces las percepciones, tanto de los que simpatizan como de los que rechazan una idea.

Con ese handicap a cuestas empezó la reunión informativa a la que convocaron el gobierno del estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las bondades de La Parota, a casi tres años de que se anunció el proyecto de la presa hidroeléctrica.

A las 11 de la mañana, unos 800 comuneros estaban ya en el salón Teotihuacan del Centro de Convenciones; todos, o casi todos, simpatizantes de la presa, porque los opositores “no se enteraron o no quisieron ir”.

¿Para qué tratar de convencer a quien ya está convencido? Esa pregunta fue lo primero que pensé al entrar al salón.

Aunque los convocantes representan a gobiernos no priístas (el estatal, postulado por el PRD, y el federal, encabezado por el PAN), el ambiente es muy parecido a un mitin político del PRI: en el estacionamiento se acomodaban cerca de 30 camiones urbanos en los que llegaron los campesinos, con pulcras cartulinas anaranjadas pegadas en el parabrisas, sobre las que escribieron un número para identificar a cada autobús.

Afuera del salón deambulaban algunos comuneros cargando una bolsita de plástico que contenía una manzana, una botella de agua, un jugo Boing, una Coca Cola de lata y dos tortas.

Pero la mayoría estaban ya sentados en una de las mil 500 sillas, mirando un video promocional de La Parota presentado, en su papel de anunciante, por el brodi Jorge Campos en una de las seis pantallas gigantes colocadas al frente y en la parte trasera del lugar; u observando alguna de las siete maquetas que llevó la CFE –de la cortina de la presa, de la trayectoria del río, de las casitas que les ofrecen, de las zonas en donde serían reubicados; o las más de 20 láminas ilustrativas –con datos técnicos y cifras potenciales del proyecto hidroeléctrico.

A las 11 y 20 subieron al estrado el director de proyectos financiados de la CFE, Eugenio Laris Alanís; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal, Guillermo Torres Madrid; representantes de la UAG, y el encargado residente de proyectos sociales de la paraestatal, Víctor Hugo Chávez Chávez.

Éste último confirmó la impresión sobre la identidad de la concurrencia, cuando saludó a los comuneros al tomar el micrófono: “Veo por ahí muchas caras amigas”, dijo con candor mal disfrazado.

Después, tanto él como el representante de la UAG y Laris Alanís hablaron sobre los principales beneficios de la presa, apoyados con láminas que se proyectaban en las pantallas gigantes, más como mero recurso escenográfico que como verdadero respaldo informativo.

Primero, porque el tamaño de letras y números era tan pequeño que ni los de las primeras filas podían distinguir bien, pero sobre todo porque –según cifras oficiales– el índice de analfabetismo en esa zona es de casi 70 por ciento; o sea que 7 de cada 10 comuneros no podían descifrar lo que veían.

“Cabrón, ni que fuera águila para alcanzar a ver. Parecen puros pinches puntitos de colores”, se quejó un viejo campesino de Lomas de Chapultepec. Pero ninguno de los que estaban sentados alrededor reaccionó, porque tres se aventaban un coyotito, otro leía un TV Notas y tres señoras se preguntaban preocupadas a qué hora regresarían a su pueblo: “Ando con el pendiente de los chamacos que se quedaron solos”, dijo una.

Hasta adelante, en las primeras filas, estaban muy atentos los 35 comisarios municipales que asistieron, de los 56 que representan alguna de las comunidades que serían afectadas por la presa.

Después de la presentación de los funcionarios, el maestro de ceremonias presentó otro video, éste sobre la construcción de las casas muestra, y anunció que en pocos minutos llegarían el gobernador Zeferino Torreblanca, el director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cristóbal Jaimes, y la encargada de asuntos indígenas del gobierno foxista, Xóchitl Gálvez.

Aprovechando la proyección del video, algunos comuneros recogían del suelo latas vacías de Coca Cola, las compactaban con el pie y las guardaban en la misma bolsita de plástico en que les dieron el lunch.

Triste paradoja: los de enfrente hablando de proyectos millonarios y los de acá buscando la manera de ganar unos pesitos.

En cuanto finalizó el video entraron al salón Zeferino, Elías Ayub, Jaimes y Xóchitl y los que coyoteaban se espabilaron un poco.

–¿Y usted cómo ve lo de la presa? –le pregunté a un señor sentado al lado mío.

–¿No vamos a firmar nada en ésta? –me respondió preguntando.

–No, nada más es para informar sobre la presa, no es asamblea.

bueno. Mejor, porque en la (asamblea) de la otra vez hubo madrazos.

–Pero usted está de acuerdo con la presa? –insistí.

–Pues se ve bien, pero la mera verdad no sé mucho de cómo va a estar la cosa.

Mientras, Elías Ayub hablaba de los beneficios de la hidroeléctrica explicando proyectos, cifras y datos que hace tres años hubieran seducido a más de un férreo opositor de 2005. También dijo lo que la mayoría de los comuneros quería oir: se comprometió a un pago justo y oportuno de las tierras y los bienes afectados.

Enseguida el director general de la Conagua logró despertar a varios distraídos cuando explicó los proyectos para la creación de zonas de riego y desarrollo de cultivos aprovechando el agua que captaría la presa.

Después tocó el turno a Xóchitl Gálvez, quien muy a su estilo trabajó primero la empatía con el respetable: “Vengo de un pueblo como el de ustedes. De joven me hice dos propósitos. No casarme con uno de mi pueblo porque madreaban a sus mujeres; y no dedicarme a la política, porque pensaba que todos los políticos eran mentirosos y rateros. Eso me pasa por hocicona.

“De mis padres aprendí el valor de la palabra y para eso estoy aquí, para asegurarme de que las palabras se cumplan al pie de la letra”.

Siendo justos, Xóchitl alivianó un poco el sopor que se sentía en el salón, lo que debió agradecer el gobernador, el siguiente al micrófono.

Zeferino Torreblanca sabía que más que de proyectos, dinero y beneficios de la presa, los comuneros necesitan estar seguros de que las promesas de la CFE son serias y que el gobernador va a vigilar que se cumplan.

Culminó su discurso preguntando a los comuneros: “¿Estamos o no estamos? Con ánimo, ¿estamos o no estamos?”. Con menor entusiasmo del que buscaba, los comuneros repitieron disparejos: “Estamos”.

Algo logró, sin duda. Algo lograron todos los que ayer hablaron. Cuando menos que los que de por sí apoyaban la presa estén un poco más seguros de que tienen la razón.

Pero no parece suficiente para resolver lo que falta, lo mismo que faltaba antier y faltará mañana: convencer a los opositores.

Dejaron pasar tres años y con tanto tiempo perdido, una reunión informativa no basta.

 

Después de 12 años de construida la presa, la CFE entrega obras en Petacalco. (El Sur, Brenda Escobar, p.web).

 “Para que no digan que no cumplimos los compromisos”, dice la gerente regional. No es una estrategia por La Parota, aclara.

Petacalco

Después de 12 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a construir obras de beneficio social en la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, donde se instaló la planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles, la que de acuerdo a los vecinos afectó no sólo al medio ambiente, sino también al desarrollo social y económico del lugar.

Ayer miércoles, la gerente de Desarrollo Social de la CFE, Margarita Pérez Gavilán Torres, entregó al Ayuntamiento un paquete de obras sociales con una inversión de 33 millones de pesos.

Pérez Gavilán rechazó que esta entrega sea parte de una estrategia de la paraestatal ligada al proyecto hidroeléctrico La Parota, como para que no haya señalamientos de que la CFE no cumple con sus compromisos cuando construye presas.

Dijo que las obras entregadas —que consisten en pavimentación de calles, la rehabilitación de una planta tratadora de aguas negras, la construcción del plantel del Colegio de Bachilleres número 35, de una unidad deportiva en Petacalco; una planta de tratamiento en la cabecera municipal de La Unión y la electrificación de 14 comunidades rurales—, “obedece a una necesidad y a una responsabilidad social, no a ninguna estrategia”.

Las obras entregadas son parte de un convenio que el ahora diputado local, Carlos Reyes Torres, siendo presidente municipal consiguió con la CFE para que reparara parte del deterioro que ha ocasionado la planta termoeléctrica desde su construcción en 1989 e inicio de operaciones a partir de 1991 y cuyas acciones de mitigación no han terminado de entregar.

Margarita Pérez Gavilán, acompañada de la alcaldesa suplente, Celia Mata Espino, cortó de manera simbólica el listón inaugural de la pavimentación de 18 calles; después, supervisó la rehabilitación de la planta tratadora de aguas negras y la construcción de un espacio deportivo que consta de sanitarios, una cancha de futbol soccer y una de futbol rápido.

También en Petacalco, la representante de la CFE inauguró lo que llamó “la obra más prioritaria”, el plantel del Colegio de Bachilleres número 35, para cuya construcción, la paraestatal entregó a la administración municipal anterior que encabezó el ahora alcalde electo Cervando Ayala Rodríguez, la cantidad de 5 millones de pesos pero no se edificó.

En el corte de listón estuvo presente el director de los Colegios de Bachilleres en la entidad, Carlos Payán Torres, quien agradeció el apoyo dado a la institución y el director del plantel, Miler Cruz Cal y allí solicitó a la funcionaria que le ayudara a gestionar mobiliario y equipo para la escuela.

En el convenio se contempló también la electrificación a 14 comunidades rurales, pero éstas serán concluidas a más tardar el 31 de diciembre próximo, y hoy jueves, Pérez Gavilán entregará la planta de tratamiento de aguas negras que la CFE construyó en la cabecera municipal de La Unión y además, abanderará a 46 planteles educativos de nivel preescolar y medio superior.

Al término del recorrido, la gerente de Desarrollo Social de la CFE rechazó que estas obras sean una estrategia de la paraestatal ligada al proyecto de la hidroeléctrica La Parota.

Dijo que cuando ella asumió el cargo, la planta termoeléctrica Plutarco Elías Calles en el municipio de La Unión fue uno de las primeras instalaciones que visitó, “y me percaté de las necesidades; de cómo se había trabajado, de qué cosas se habían dado, de cómo se había tenido la relación con los líderes de la comunidad.

“Creo —acotó— que la CFE por ser una empresa pública, una empresa de gobierno, tendría que tener coordinación no solamente con los líderes que en su momento serán formadores de opinión dentro del municipio; creo que tendremos que acercarnos a los niveles de gobierno correspondientes que son el estatal y el municipal”.

Sostuvo que “el proyecto de La Parota no es mi responsabilidad, no sé realmente qué problemas haya, qué es lo que están haciendo, cómo se han manejado las negociaciones, no le puedo decir porque no lo sé, no está bajo mi responsabilidad”.

Y abundó que “definitivamente la entrega de estas obras a Petacalco y al municipio de La Unión no es ninguna estrategia, porque cuando llegué a la CFE yo no sabía que iba a ser construida La Parota, y sin embargo estas obras se gestionaron por parte de la CFE por la sensibilidad (y) por la necesidad que tenía la comunidad de Petacalco; porque se viera la responsabilidad social y de cambiar la cultura en una nueva relación de confianza, en donde realmente los recursos llegaran en beneficio de la población”.

 

Visitan representantes de Cáritas a opositores a La Parota y les dan su apoyo. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).

 Ningún beneficio les ha tocado a los pobres con esos proyectos, les dicen a comuneros de Amatillo.

Representantes internacionales de la asociación Cáritas de la Iglesia Católica anunciaron su apoyo a los comuneros que se oponen a la presa La Parota y los convocaron a seguir con sus movilizaciones, debido a que pelean por su vida.

Asimismo, les platicaron a los inconformes sus experiencias con proyectos similares, en los que los beneficios no han llegado a los pueblos afectados.

Aun cuando el vocero de los opositores al proyecto La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, rechazó la intervención de la Iglesia Católica en este conflicto –ofrecida por el arzobispo Felipe Aguirre Franco–, la tarde de ayer, en el poblado de Amatillo, representantes de las comisiones episcopales de cuatro países de América y uno de Europa se reunieron con los comuneros.

En la reunión estuvieron representantes de las asociaciones Cáritas, de Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay y Suecia, e integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de Guadalajara, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas.

Suástegui Muñoz convocó a los opositores a mantenerse en la lucha y acudir a las reuniones y manifestaciones que se organicen contra la presa, porque “puede venir la militarización y no hay que dormirnos”.

En la cancha de baloncesto, frente a la comisaría municipal del poblado, asistieron unos 150 comuneros de los poblados afectados por la construcción de la presa, así como integrantes del Frente Zapatista de Liberación Nacional, ejidatarios de Plan de los Amates y del Frente de Estudiantes Normalistas del Estado de Guerrero (FENEG).

Edin Ortiz Lara, de Pastoral de la Tierra de Guatemala, aseguró que el desarrollo “no es bienvenido” cuando es impuesto y convocó a los comuneros a participar en la oposición al proyecto para demostrar que el rechazo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no es capricho o el antojo de unos cuantos, sino la lucha de todos”.

Por su parte, Norma Valiente González, de la Comisión Episcopal de Paraguay, relató a los comuneros que hace 20 años en su país se construyeron dos presas: una en los límites con Brasil y otra en la frontera con Argentina, pero las familias que fueron desalojadas siguen exigiendo la reubicación de sus viviendas y sólo han encontrado represión en el gobierno.

Agregó que en Paraguay, de los cinco millones de habitantes 30 por ciento no tiene el servicio de energía eléctrica, por lo que los beneficios que prometen con esas obras no son para las mayorías.

Norma Valiente pidió a los comuneros que sigan unidos en la defensa de sus tierras.

Mientras que Pedro Landa Landa, de Cáritas Honduras, dijo que el “el gobierno está aliado con el capital” y que los ciudadanos sólo son útiles en la medida en que generan dinero o de los contrario se convierten en “un estorbo”.

Exhortó a los comuneros a que entre más unidos, firmes y convencidos de su lucha “nadie” los va a vencer.

“La lucha no es por parar una presa sino que es una defensa por la vida”, reiteró.

Cecilia Tollemark, de Cáritas Suecia, que desde hace un año sigue el conflicto de la presa La Parota, comentó que en la obra en lugar de desarrollo violenta la naturaleza, y en lugar de traer una vida digna a los comuneros se ha convertido en una amenaza.

Víctor Hugo Peña Peña, de Cáritas Colombia, propuso a los campesinos que continúen con el proceso de reinvindicar los derechos al bienestar y al bien común.

Por su parte, Julia Huari Valencia, de la Comisión Episcopal de Acción Social de Perú, los convocó a discutir los pros y los contras del proyecto y a mantenerse unidos aunque haya represión.

Cindy McCallingn, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de Guadalajara, señaló que el agua es un bien público que no debe quedar en manos de unos cuantos, y narró que en la localidad de Arcediano el gobierno pretende construir una presa en un río de agua contaminada.

Un representante de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro afirmó que respaldaban la lucha de los comuneros.

Después de escuchar a los representantes de Cáritas, Suástegui Muñoz advirtió “a los que vienen de fuera” que deben de hacer el movimiento contra La Parota como suyo “y si no para afuera”.

Al concluir su discurso, llamó a los comuneros a “rendir tributo” a los caudillos como Villa, Sandino o el Che Guevara; “ya es hora de que el movimiento de izquierda campesino se levante” y aclaró que no debe ser con la violencia sino con la razón.

Antes de la participación de los representantes internacionales de Cáritas, Marco Antonio Suástegui hizo un recuento de lo ocurrido entre los opositores, la CFE y el gobierno del estado.

Contó la forma en que fue detenido, acusado de secuestro y robo de tres vehículos por parte de la CFE, y como se derrumbaron las mentiras que decía la paraestatal a los comuneros para que aceptaran el proyecto.

Los representantes internacionales estarán en el puerto de Acapulco esta semana, en un seminario organizado por ellos. Ayer fue el único día que dedicaron a la presa La Parota.

 

Sabino Palma regaló cinco hectáreas ubicadas en Punta Diamante. (Pueblo, Juan José Guadarrama, p.web).

Prefiere donarlas a familias necesitadas que venderle al gobierno estatal, señaló.

César Sabino Palma Salinas, quien se dice legítimo propietario de una extensa zona de tierras en Punta Diamante, regaló ayer cinco hectáreas, en lotes de 120 metros cuadrados a más de 300 familias que no cuentan con vivienda en Acapulco, mismas que están actualmente establecidas en asentamientos irregulares y de alto riesgo.

En conferencia de prensa, en el lugar ubicado entre el hotel Quinta Real y la laguna de Puerto Marqués, Palma Salinas —quien se ha manifestado en múltiples ocasiones exigiendo la devolución de sus tierras expropiadas por la Promotora Turística (Protur) de Guerrero y ante el presidente Vicente Fox- dio a conocer que prefiere entregar sus tierras “a los más necesitados” que dejárselas al gobierno para ser vendidas entre 60 y 100 millones de dólares la hectárea.

La lotificación, que han denominado colonia Paraíso Diamante, inició con la limpieza de la maleza y una relación de los primeros 300 nombres de los jefes de familia que serán beneficiados con la utilización de la tierra con fines públicos y no de lucro, expresó el dirigente campesino.

Agregó: “Yo las voy a regalar a la persona que realmente tenga necesidad para que tenga un patrimonio y esto sí es utilidad pública; no es comprar en 16 pesos el metro cuadrado como el gobierno me ofrece y posteriormente lo venden en 60 millones de pesos la hectárea”.

Los seguidores de Sabino Palma Salinas advirtieron que defenderán con sus machetes la porción de tierra obsequiada, aun cuando hay un gran número de ancianos, mujeres y niños, además, responsabilizan a las autoridades estatales de lo que les llegara a ocurrir en caso de ser desalojados por la fuerza pública.

Advirtió Sabino Palma: “Aquí el único responsable de lo que nos pase es el gobierno de Guerrero, porque he buscado alternativas de solución y porque estoy abierto al diálogo para llegar a un acuerdo o arreglo positivo. Quiero que personalmente me reciba y se siente a platicar conmigo”.

Palma Salinas dejó claro que en caso de que no llegar a un acuerdo en cuanto al pago de sus tierras, exige que estas le sean devueltas, además dijo que continuará regalando las 70.5 hectáreas que dice le heredó su abuelo Sabino Palma, a las familias necesitadas de Acapulco.

 

Si Sabino tiene alguna propiedad y la quiere regalar, lo puede hacer, dice el gobernador. (El Sur, Karina Contreras, p.web).

 Si no es de él tendremos que actuar, advierte Zeferino Torreblanca.

El gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que si César Sabino Palma tiene alguna propiedad y la quiere regalar, lo puede hacer, pero si no es de él evidentemente el gobierno tendrá que actuar en consecuencia, por lo que lo invitó actuar por los cauces legales.

Al gobernador se le preguntó su opinión sobre la acción tomada por Sabino Palma, quien este martes anunció que regaló unas 5 hectáreas de Punta Diamante a campesinos de escasos recursos que necesitaban una vivienda, argumentado que prefería que les quedara a ellos que al gobierno.

Incluso los beneficiados con los predios en las tierras que Sabino Palma reclama como suyos, pues asegura que nunca se le pagó la indemnización luego de que fueron expropiados, el mismo martes empezaron a limpiarlos de la maleza. Los terrenos miden 120 metros cuadrados.

Sobre la toma de predios en la exclusiva zona, Torreblanca Galindo respondió que si Sabino Palma tiene propiedad y tierras y las quiere regalar, lo puede hacer, pero advirtió que si no son de él “evidentemente el gobierno tendrá que actuar en consecuencia”. Agregó que por ello lo invitaba –a Sabino– a que se conduzca por el cauce legal y que si tiene un asunto que dirimir, espera que lo presente ante los tribunales correspondientes y reiteró que su gobierno no entiende ni a presiones ni a chantajes.

Aseguró que si el inconforme tiene la razón, inclusive, el gobierno que representa se convertirá en el vehículo para resolver la situación, pero que ellos no tienen ninguna información de alguna denuncia, ningún juicio que haya de por medio ni nada que se le parezca para que mi gobierno –dijo– tenga que indemnizar y que además es un asunto que ni siquiera le corresponde.

El gobernador dijo que está dispuesto a escuchar “todas las veces que sea necesario, pero no estamos dispuestos a ceder a que nos hagan plantones, manifestaciones y este gobierno no entiende de esa manera, entiende con la razón y si el señor la tiene, reitero que nosotros le ayudaremos”.

Pero también advirtió que si hay una trasgresión de la ley el gobierno tendrá que actuar en esta invasión y en cualquier otra dentro del marco del derecho.

 

Por segundo día, unos 50 campesinos lotifican terrenos en Punta Diamante. (El Sur, Xavier Rosado, p.web).

 Dice César Sabino que no teme ser desalojado porque como propietario tiene derecho a modificar el predio. El conflicto  afecta la imagen que se quiere dar a los inversionistas, señala el director general del hotel Quinta Real.

Por segundo día consecutivo, cerca de 50 campesinos limpiaron y lotificaron ayer los terrenos de Punta Diamante que les regaló César Sabino Palma Salinas, quien los reclama como suyos.

El ejidatario solicitó al gobernador Zeferino  Torreblanca Galindo que se hagan las mediciones de sus predios para aclarar que su propiedad ha quedado fuera de toda expropiación.

Por su parte, el director general del exclusivo hotel Quinta Real –ubicado en ese lugar– Alfredo Rosas, dijo que el gobierno estatal tiene la responsabilidad de resolver este conflicto que afecta la imagen que se quiere dar a los inversionistas potenciales de esa zona.

En entrevista, Sabino Palma comentó que no necesita intermediarios como la Promotora Turística (Protur) para vender sus terrenos, por los que –dijo– debe recibir por lo menos 96 millones de pesos.

Por segundo día, familias enteras acampan a la entrada del fraccionamiento Punta Diamante, para limpiar la maleza de la colina y delimitando los terrenos que les regaló el ejidatario. Sin embargo, en todos es evidente la preocupación por un posible desalojo por parte de la fuerza pública.

En un recorrido por los terrenos que reclama como suyos Sabino Palma, después de que el martes comenzó a regalar cerca de cinco hectáreas a unos 100 campesinos, el ejidatario aseguró que no teme el uso de la fuerza pública porque tiene derecho como propietario de modificar el predio de acuerdo con su criterio.

“Si viene la fuerza pública el gobernador sabe que es sin razón, ese sería un error grave porque para que venga necesito hacer la denuncia de despojo como propietario. Pero como no la voy a hacer, no puede actuar ninguna autoridad en mi contra.

“Creo que el gobernador es inteligente y no va a cometer ese gravísimo error, porque la autoridad que está más arriba de él me daría la razón y ya los abogados que tiene a su alrededor saben que si me desaloja de ahí procede un amparo, entonces saldrían perdiendo el gobierno del estado, los inversionistas, los empresarios y él, como gobernador, quedaría mal ante la opinión pública”.

Al preguntarle cómo interpretó lo que Zeferino Torreblanca le dijo durante la protesta que encabezó hace dos semanas en la inauguración del condominio Ocean Front (“yo no soy René Juárez”), Sabino Palma respondió que como lo sintió como una agresión a su persona y amenazado por él.

“¿Qué otra cosa puede ser? Al estarme diciendo que él no es René Juárez, ¿qué me quiere decir? ¿Que él no es más tonto que René, que él es más listo? Entonces suena a amenaza o sea me está dando a entender que me ponga bien o los cuetes me truenan. Eso es una amenaza, porque está acostumbrado a usar la ley del garrote, porque ya lo agarró de costumbre que a todo mundo llega y lo garrotea, esa es su línea”, comentó.

Agregó que su familia y amigos votaron por Zeferino porque confiaron en él, “votamos por un cambio y sí nos lo dio, pero al revés porque ahora somos más pobres y con más hambre”.

Por último, advirtió que “si me quitan la vida, si yo llego a aparecer muerto, el único responsable es el gobernador Zeferino Torreblanca, todo su gabinete y las personas involucradas en la venta fraudulenta de mis tierras”.

Al preguntarle si ha recibido amenazas, sólo comentó que ha visto a personas extrañas rondándolo y coches sin placas.

 

 

 

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