CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MARTES 24 DE MAYO DE 2005 

OCHO COLUMNAS

 

Reina opacidad en lo incautado 

Denuncian industriales que se desconoce paradero del 50% de decomisos 

  

Ofrece AMLO rigor económico

Entrevista con FT: cautela fiscal; ni más impuestos ni más deuda

 

Economía, resistente a choques externos

La contienda de 2006, factor de riesgo, advierte Guillermo Ortiz

 

Desperdicia el país su potencial económico

La competitividad, estancada; falta modernización: Guillermo Ortiz

 

Fox acusa: la violencia es culpa del Congreso

Actitud esquizofrénica: diputados

Culpa Fox a la oposición por la inseguridad

El Ejecutivo federal envió esta iniciativa de ley el 29 de marzo del año pasado, pero se encuentra “congelada” en el Senado.

GDF endosa a Gutsa obras millonarias... que no hizo 

Le atribuye puentes por 88 mdp en Av. del Taller, pero sólo edificó el de Fray Servando 

 

IP a AMLO: trabajo, no futurismo

Abandonados, los grandes problemas de la ciudad

 

Zeferino sostiene a su jefe policial

Seguirá encargado, asegura su vocero

 

Culpa Fox a PRI y PRD por ola de violencia

Les recrimina no haber votado Ley de Seguridad que envió hace más de un año

 

Sector agrario

 

En territorio zapatista se educa de acuerdo con la realidad campesina. (La Jornada, Hermann Bellinhagusen, p. web)

Salud, educación y agroecología se complementan en proyecto de JBG

Roberto Barrios, Chis. 23 de mayo. La junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, que agrupa los municipios rebeldes de la zona norte, expone los trabajos de construcción de la autonomía en las difíciles condiciones que caracterizan a las tierras del pueblo chol y sus alrededores.

"En educación, los pueblos están trabajando. Damos mucha importancia a eso. Cada municipio se organiza para llevarla a cabo. Estamos apenas en el primer paso. Necesitamos mejorar para tener una escuela secundaria. Lo que sí tenemos ya son promotores en toda la zona. Pero muchos enseñan en casas prestadas o en la propia casa del promotor. En algunas comunidades sí hay escuelas construidas", que en todos los casos son llamadas "centros culturales".

Los zapatistas de la zona norte cuentan con casi 300 promotores, formados en cursos aquí en el caracol Que habla para todos. La mayor parte son choles, pero también hay tzeltales y zoques. "En la zona norte se encarga de esto el proyecto Semillita del Sol", dice la JBG, y notifica que actualmente se construye, dentro del caracol, el Centro de Educación Tecnológica Autónoma, cuya misión será "preparar a los jóvenes estudiantes de acuerdo con su realidad campesina en la teoría y la práctica". El proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones Operación Jornada y Foro Internacional Infantil, de Dinamarca.

La junta zapatista, presidida ahora por una elocuente mujer que expone la situación durante una entrevista en común con otros de sus compañeros, señala la paradoja de que en estos días "las escuelas zapatistas son las únicas que trabajan en la zona norte", mientras las del gobierno llevan dos semanas sin funcionar debido al paro magisterial.

Un hombre de la JBG destaca que los maestros zapatistas no cobran sueldo. Algunos son apoyados por sus comunidades, tanto para sus labores en el campo como para su alimentación. En otros casos la conciencia de los pueblos respecto al trabajo de los promotores aún se debate con las necesidades inmediatas de mano de obra familiar en el campo.

La JBG repite el concepto de los tres ejes, escuchado ya en las demás juntas rebeldes: salud, educación y agroecología (en relación con la producción comunitaria). "Para avanzar, cada uno debe estar integrado con los demás. Sin alimentación no hay salud ni educación. Es la batalla que tenemos que dar para integrar esos ejes. No es fácil.

"Otros pueblos de la región están acostumbrados a la educación teórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mientras que en la autonomía pensamos que para aprender los niños deben trabajar en algo productivo. Hay un cambio de frente a la SEP: aquí, el niño campesino aprende como campesino, se le da teoría pero la aplica en el cuidado del medio ambiente y el trabajo comunitario en el campo."

La parte de la comercialización de productos "está por verse", agrega otro miembro de la junta. "Cuando apenas tenemos para comer, qué vamos a vender. Si algún día producimos excedentes, entonces sí. Ahora, hablar de comercialización es puro buen deseo aquí en la zona norte. Primero está nuestro propio estómago. Hay que trabajar más para pensar en comercio."

Esta JBG agrupa los municipios autónomos Vicente Guerrero (II), El Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez y Francisco Villa (II). "También los trabajos de salud caminan con dificultad. Hay que empezar evitando la desnutrición, la falta de higiene. Se dan pasos de aprendizaje en la escuela, la casa y la milpa. En toda la zona hay promotores de salud. Toman cursos. En cada municipio se organizan los compas. Tenemos seis clínicas, pero no todas funcionan por completo. Faltan equipo, medicamentos y personal.

"Los promotores trabajan en prevención y primeros auxilios. Pero médicos sólo tenemos en Jolnixtié, San Marcos y Roberto Barrios." Se trata de pasantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, dentro del programa Salud y Desarrollo Comunitario (Sadec).

"Falta mucho, pero ya estamos trabajando en esos rubros del trabajo autónomo", agrega la instancia de gobierno rebelde.

"Dentro de los trabajos del campo se trata de recuperar la fertilidad de las parcelas y reforestar los bosques, algunos muy dañados. Muchos campesinos hemos dejado de crecer algunas parcelas para permitir su reforestación. Promovemos métodos de no quema para la milpa y la mejora de suelos sin químicos ni quemas.

"Cuesta trabajo. Está enraizado en las cabezas quemar bosque para criar vacas o sembrar. Hay que cambiar. Algún día lo vamos a lograr. Eso es seguro", confían los gobernantes civiles zapatistas. "La JBG promueve la reforestación y el trabajo técnico para producir con las semillas de la región. Tenemos, pues, los programas de agroecología."

Además "tenemos planes de organizar encuentros de los promotores de salud, educación y agroecología. Si conseguimos ese intercambio, el avance va a ser muy grande. Queremos que los niños se formen en otro modo de ver las cosas. Hay padres y abuelos que ya entendieron, otros no. Debemos ir haciendo la conciencia de todos los compañeros campesinos".

Por último, la JBG denuncia los efectos negativos del Procede en la comunidad de Joljá (en Tila), donde a instancias del gobierno federal ya se están parcelando los terrenos ejidales. Esto provoca nuevas diferencias entre priístas y zapatistas y ahonda la tensión entre la población chol del lugar. Pero también, como en el caso de los proyectos ecoturísticos, el Procede "a la fuerza" lleva a que los ejidatarios superen sus diferencias políticas y se unan para defender el ejido.

De diversas maneras, la autonomía zapatista empieza a ser percibida por muchos indígenas oficialistas (de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática) como un muro de contención contra el despojo, la corrupción de las estructuras comunitarias, los cobros abusivos por impuesto predial y suministro eléctrico. En la zona norte la dañina política oficial contrainsurgente empieza a morderse la cola.

 

“Fox, buen matador, pero sin cuadrilla”. (El Sol de Zacatecas, Juan Castro, p.web).

El Partido de la Revolución Democrática le ha comido el mandado a Acción Nacional en Zacatecas, admitió el aspirante a la candidatura presidencial, Felipe Calderón Hinojosa, quien estableció que se ha hecho repitiendo las prácticas priístas.

 “El monrealismo vino a ser una reedición que no podía extrañarnos, del PRI, de los de (Ricardo) Monreal, de un PRI que era tramposo y abusivo cuando Monreal era uno de los mapaches más reputados del PRI”, dijo Felipe Calderón.

En el encuentro con militantes de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, estuvieron presentes algunos delegados como Juan Manuel Solís Villa de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto Zapata Fraire, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Arturo Ramírez Bucio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y José Ramón Medina Padilla, de la Secretaría de Economía, como coordinador del evento.

Estuvo también el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joel Arce Pantoja.

Felipe Calderón Hinojosa indicó que el PAN no se puede detener en la lucha, y más que repetir el esquema, hay una propuesta que promueve entre los militantes, basada en cosas como la búsqueda del estado de derecho.

Mientras México no sea un país de leyes, haga cada quién lo que se le da la gana, no se va a avanzar. La ley debe ser pareja, y no porque alguien sea muy poderoso, sea rico o tenga muchas palancas, no se le va a aplicar.

 “No porque alguien sea muy popular en las encuestas tampoco se le aplica la ley, yo la verdad estoy cansado de eso como panista y como mexicano” indicó Felipe Calderón.

No es posible que llegue El Barzón a caballo, se meta a la Cámara no les hagan nada, se presentó una denuncia legal, y el autor de eso, Alfonso Ramírez Cuéllar, en ser castigado en términos de ley, terminó como castigo recibiendo una diputación del PRD en la Cámara de Diputados.

Felipe Calderón dijo querer un país de leyes, y se requiere firmeza y claridad del gobierno para hacerlo, aparte de muchas reformas que se deben hacer.

Se necesita igualdad de oportunidades, y se concentraría el gobierno en educación de calidad, en cobertura universal de salud, y se haría que fueran los ejes de la política, infraestructura en carreteras y servicios básicos, y seguridad pública.

Dijo que se buscará el desarrollo humano sustentable, que propone Acción Nacional y que tiene un compromiso claro con el medio ambiente, con los acuíferos de México, con las selvas, con los bosques, lo cual está provocando un desorden en el clima.

Se requiere una política que no solamente sea electoral, sino que la democracia rinda cuentas a los ciudadanos, para lo cual hay que trabajar.

 

Inaugura el Presidente Fox la IV Reunión Nacional del Sector Agrario. (Excélsior, Luis Navarro, p.12. /Información también publicada en La Prensa, p.58).

El Presidente Vicente Fox inaugurará hoy la IV Reunión Nacional del Sector Agrario donde se realizará una evaluación de los avances de la política en este rubro de la presente administración, informó la Secretaría de la Reforma Agraria. Indicó que tras la inauguración del encuentro, con duración de tres días, habrá una serie de reuniones de trabajo, paneles de estudio con funcionarios y representantes estatales y federales, donde se evaluarán las acciones emprendidas por el sector agrario para resolver la conflictividad en este reamo, el Programa de Certificación de Ejidos y Titulación de Solares Urbanos (Procede), además e los avances de programas como Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag).

El objetivo, se precisa, es impulsar el desarrollo rural integral sustentable a través de la procuración de la paz social en el campo, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la inversión en el sector para que éste sea productivo y competitivo.

 

Peligra expansión del campus UAZ. (Imagen (Zacatecas), Francisco Reynoso, p. web).

El proyecto Ciudad Universitaria enfrenta el peligro de quedar trunco, reconocen autoridades de la propia institución educativa.

Y es que para la obtención del terreno de 100 hectáreas, identificado como reserva estratégica, no hay negociaciones con el Ejido La Escondida, su legítimo propietario.

Sin recursos económicos, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) carece de posibilidades para hacer ningún trato, lamenta el coordinador jurídico, Octavio Macías.

Los ejidatarios, destaca, quieren dinero.

El gobierno del Estado, en el sexenio pasado, tuvo algún tipo de acercamiento con los ejidatarios, aunque sin concretar compromisos.

Y desde el cambio de presidente en el comisariado ejidal, en febrero, no hay noticias de negociaciones.

Los ejidatarios, previene Lorena Oropeza, delegada del Registro Agrario Nacional, recibieron, el viernes 13 de mayo, sus nuevas escrituras del terreno.

Ya consignan, destaca, el redestino de la tierra. Antes las 100 hectáreas eran superficie de labor. Ahora son aptas para asentamientos humanos.

El Ejido La Escondida, resume la delegada del RAN, está en posibilidades de vender al mejor postor.

DE “PANZASO”

El proyecto Ciudad Universitaria, superficialmente, está dividido en dos partes.

La primera que abarca 43 hectáreas. La segunda, de expansión, en las 100 hectáreas de reserva.

La propiedad jurídica de las primeras, dice Lorena Oropeza, quedó definida.

Desde el 13 de mayo el propietario es el Comité para la Construcción de Escuelas de Zacatecas (Cocez).

Y aunque ningún funcionario se presenta aún al RAN para recoger los títulos, éstos ya están a disposición del gobierno estatal para que inicie el trámite, ante el Congreso local, de donación a favor de la UAZ.

La gestión, cuenta la funcionaria federal, no fue fácil.

El dictamen para el cambio de propietario, del Ejido La Escondida a Cocez, regresó de México con leyendas dantescas: “No pasa”, “Inconsistencias jurídicas”, “Desapego a la normatividad”, “Insuficiente información técnica”.

Lorena Oropeza, dice ella, habló directamente con Abelardo Escobar, director en jefe del RAN.

Y afortunadamente tuvo una gran sensibilidad política y voluntad para zanjar, uno a uno, los problemas. Hasta que el expediente pasó.

INCERTIDUMBRE

El proyecto de Ciudad Universitaria, dicen autoridades de la UAZ, ha tenido en el subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP, Julio Rubio Oca, a uno de sus más entusiastas apoyadores.

Pero en el 2006, una vez que cambie el gobierno federal, es imposible adivinar si la SEP podrá o querrá respaldar los esfuerzos de la UAZ.

La primera etapa, concebida en 43 hectáreas, concluye en agosto de 2006 con el cambio de la Unidad Académica de Ingeniería.

Para entonces deberán estar instaladas las áreas de la Salud.

 

A proyectos productivos los 4 millones 500 mil que dio la SRA a El Calvario, dicen. (El Sur (Guerrero), Ezequiel Flores, p. web).

 Autoridades ejidales de la comunidad El Calvario, en Chilpancingo, afirmaron que los 4 millones 500 mil pesos que entregó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se repartieron entre 20 ejidatarios legalmente reconocidos, para la aplicación de proyectos productivos.

Esto en respuesta a lo que denunció José Ortiz Amado, quien aseguró que se desconocía el uso que se le dio al recurso económico y responsabilizó a autoridades federales y a integrantes de la organización, Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor de desviar el dinero.

En conferencia de prensa, Genaro Esteban Ortiz, miembro de la comisión negociadora que el año pasado aceptó el acuerdo mediante el cual el ejido de Llanos de Tepoxtepec de 2 mil 112 hectáreas se subdivide, creó el ejido de El Calvario al que se le otorgan 826 hectáreas.

Aseguró que las autoridades de la SRA entregaron 4 millones 500 mil pesos, los cuales fueron repartidos entre 20 ejidatarios de El Calvario y el resto se utilizará para instalar y operar una fábrica de mezcal.

“Por razones de seguridad no podemos dar a conocer el monto que se le otorgó a cada ejidatario y menos a gente que no pertenece al pueblo”, expresó en referencia a Ortiz Amado.

Afirmó que en ningún momento el recurso fue desviado y aseveró que el inconforme pretende usar un beneficio que no le costó, porque es originario de esa comunidad, pero vive en esta capital.

 

Esperan en Plan de los Amates que Zeferino cumpla y no sean desalojados. (El Sur (Guerrero), Redacción, p. web)

 Demostrarán que hubo compra de conciencias de ejidatarios que aceptaron vender a Tres Vidas, dice la representante de los inconformes María Luisa Campos. Le reprocharon al gobernador que haya ratificado a Esaú Tapia

La representante de los ejidatarios inconformes con la venta de sus tierras a la empresa Tres Vidas, María Luisa Campos Aparicio, dijo que confían en la palabra del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de respetar la suspensión provisional dictada por un juez, con la que evitarían ser desalojados del predio que, asegura, les sigue perteneciendo.

Consultada vía telefónica, Campos dio su versión de lo que ocurrió en la reunión de más de una hora del domingo pasado con el gobernador, y dijo que allí le reprocharon que haya ratificado a Esaú Tapia Abarca como subsecretario de Asuntos Agrarios, porque este funcionario actúa “siempre a favor de los empresarios”.

Pero, dijo, el gobernador respondió que Tapia “es bueno” en las cuestiones agrarias.

La representante dijo entonces que espera que el gobernador “no se conduzca con el doble discurso como el ex gobernador René Juárez Cisneros y nos quiera reprimir”, y recordó que el grupo al que pertenece tiene 31 de las 49 hectáreas en litigio con la empresa Tres Vidas, que ganaron la suspensión provisional de un amparo federal que solicitan, y que ello les permite seguir en sus predios, y que demostrará que la venta de los predios ejidales por 80 millones de pesos se logró mediante “la compra de conciencias de los ejidatarios”.

Adelantó que los ejidatarios inconformes no van a permitir que los inversionistas vengan y “nos despojen de nuestras tierras”, y pidió a Torreblanca que investigue a la anterior administración para saber dónde quedó el dinero que se pagó por la expropiación de ejidos decretada en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. Al respecto dijo que no se cumplió con el decreto expropiatorio de destinar los predios a un interés público.

Campos dijo que en la reunión, a la que acudieron porque el gobernador los mandó llamar, éste les dijo que su política es que los dueños de las tierras se hagan socios de los empresarios inversionistas para evitar problemas como el del ejido de Plan de los Amates, y que lo demostrará en el proyecto de la autopista Zihuatanejo-Acapulco.

Torreblanca Galindo, siguió, se comprometió “a no desalojarnos y reconoció que desconocía algunos planteamientos que hicimos durante la reunión”.

También que hace unos días las autoridades ejidales y los empresarios de Tres Vidas retiraron el dinero de la Notaría donde fue depositado para que cobraran los que estuvieron a favor de la venta, y que no fue puesto en algún juzgado para su resguardo.

La representante de los ejidatarios dijo que lo que le informaron al gobernador es que, supuestamente, el caso era cosa juzgada porque en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 se aseguró que ya se había entregado el predio, “lo cual no es cierto y hay fe notarial”.

Campos Aparicio señaló que uno de los casos graves es que cualquier pariente de los afectados puede cobrar los 500 mil pesos y eso le sucedió al señor Venustiano Campos Zúñiga, quien de la impresión se enfermó.

El reclamo para el gobernador –indicó la ejidataria– fue que ratificara al subsecretario de Asuntos Agrarios, Esaú Tapia, porque siempre actúa a favor de los empresarios y sin atender la razón ni la justicia. (Con información de Karina Contreras).

 

SRA no da solución a conflicto agrario. (Tribuna de Campeche, p.web).

Campesinos tomarían de nuevo las calles

El Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata (Freciez) emplazó ayer a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a agilizar la solución al conflicto agrario y firmar el acuerdo de no invasión en 15 días o nuevamente tomarán las calles en señal de protesta, advirtió su dirigente Luis Antonio Che Cu, quien denunció nuevas invasiones en esa región.

Tras reunirse con el subsecretario B de Gobierno y el director de Gestoría Institucional, Carlos Torres Melken y José del Carmen Soberanis Rodríguez, respectivamente, le notificaron la decisión de los ejidatarios de Pomuch de fijar un precio para la expropiación de las ampliaciones forestales, lo cual consideraron un avance.

Atribuyó ese avance a la gestión del Gobierno del Estado porque intermediaron y conciliaron con los habitantes, ahora falta que la SRA decida enviar a los evaluadores y disponer de los recursos para concretar la expropiación.

Dijo que funcionarios dialogaron con los ganaderos de Juan de la Cabada, que tienen ganado suelto en los terrenos en posesión de los ejidatarios; la intención es verificar y dialogar.

Lo lamentable, dijo, es que la siguiente fase le corresponde a la SRA; debe aportar los recursos para la expropiación y es precisamente esta institución la que actúa con lentitud en todo los trámites y el argumento es falta de recursos.

Esa dependencia, insistió, es responsable de todas las manifestaciones de protesta porque promete resolver los problemas en determinada fecha y no cumple, argumenta falta de recursos, "pero si en 15 días no hay respuesta favorable reiniciaremos la protesta".

Exhortó al Gobierno del Estado a hacer presión ante esta dependencia federal porque los campesinos están cansados de gastar en pasajes, de mentiras y vueltas, por ello el último recurso por el que optan es la protesta.

También denunció la apatía de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque en los últimos dos meses han denunciado la llegada de nuevos asentamientos en la ampliación forestal de Pomuch y no hay el mínimo interés por investigar.

Acusó como promotor de estas invasiones al dirigente del Frente Campesino Democrático 19 de Octubre, Armando García Jiménez; las autoridades se han negado a frenar esa actividad irregular, tan es así que la autoridad federal ha pospuesto la firma del acuerdo de no invasión.

Che Cu ponderó la disposición de diálogo de las autoridades estatales y lamentó la cerrazón del Gobierno Federal, por ello tendrán que tomar las calles nuevamente, para ser escuchados y que les ofrezcan alternativas reales de solución.

 

No están certificados siete núcleos ejidales. (Tribuna de Campeche, p. web)

Unas tres mil hectáreas pertenecientes a siete núcleos ejidales de la zona maya del Estado aún no están certificadas en el Procede, reveló el representante de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Hau Dzul, e informó que en julio se tendrá el precierre del programa y en noviembre concluirá, por lo que aún se puede solicitar ante la dependencia la regularización de esas tierras.

Explicó que para el próximo año la certificación será requisito para accesar a programas federales como el Procampo y el Progran.

Dijo que el avance del Procede es del 94 por ciento, es decir, 375 ejidos constituidos en el Estado; siete no tienen certificación y están ubicados en los municipios de Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén.

Hau Dzul reveló que viajaba a la Ciudad de México a una reunión en la SRA para dar seguimiento a los asuntos del sector agrario, ante el cierre del 2006. Destaca el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos en el cual se tiene un avance de casi un 94 por ciento. En julio se tendrá un precierre en el Estado de Campeche.

"De ahí que se esté haciendo el exhorto a los núcleo agrarios que por mala información o porque no conocen el procedimiento del Procede no se acercan a las instituciones del sector agrario a efecto de que se les brinde la información correspondiente y acceder a este programa que concluirá en el mes de noviembre en forma definitiva".

Hau Dzul dijo que la mayoría de los terrenos no certificados se debe al desconocimiento de los beneficios de acceder al Procede y que tiene la finalidad de brindar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, pues aunque son ejidos constituidos legalmente en algunos casos ya han sido rebasados, entonces se tiene que dar los lineamientos actuales.

Quedan unos siete ejidos por registrar y están ubicados en la región maya, en el área donde a lo mejor por etnia cultural o desconocimiento del Procede no han querido acceder y se ha estado trabajando para sensibilizarlos.

"Porque ha ocurrido en otros estados al cerrar el Procede, vienen y dicen yo quiero o no vaya a ser que al llegar al cierre formal ante el Presidente digan: no me dijeron o no se hizo. Queremos evitar esto".

Enfatizó que el riesgo es que es un procedimiento bastante caro e involucra varias instituciones. "Ahora se está dando de forma gratuita y luego del cierre formal no podrán acceder a otros proyectos como Procampo o Progan, que tendrán como requisito estar inscrito al Procede".

 

Retraso en apoyos del Procampo. (Tribuna de Campeche, p. web).

Desesperados los campesinos: Calán

TENABO.-- Los campesinos están desesperados por el retraso en la entrega de apoyos del Gobierno Federal, destinados a las actividades del campo, esto a pesar de las gestiones de las autoridades ejidales que hasta la fecha no obtienen resultados positivos porque al parecer no existe el menor interés por parte de los responsables de la aplicación de los programas.

Indicó lo anterior, Edilberto Calán Canul, presidente del Núcleo Ejidal de Tenabo, quien pidió al director general de Aserca, Enrique Escalante Semerena, dejar de mentirle a los campesinos y que informe cuándo se entregarán los recursos que tanta falta hacen para las labores agrícolas.

Manifestó que es necesario que agilicen la entrega de los apoyos porque no están dispuestos a esperar y escuchar más mentiras que en nada ayudan. Es por ello que en la próxima asamblea decidirán si realizan un plantón frente a las oficinas de Escalante Semerena.

Sobre el atraso de este programa, Calán Canul sostuvo que más de 910 productores que conforman el Núcleo Ejidal, no cuentan con recursos para el proceso de preparación de suelos, la adquisición de semillas y fertilizantes, por lo que desconocen a qué se debe tanto retraso por parte de la Oficina Regional del Programa Procampo y Procede, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán.

"Es inconcebible que a estas alturas del año, en que estamos a punto de iniciar el proceso de siembra del maíz, no contemos con los recursos para la compra de los insumos básicos para la actividad".

Por último, aseguró que es poco el apoyo con el que cuentan para llevar a cabo las primeras labores del campo para este nuevo ciclo primavera-verano

 

Acusan a Profepa de persecución. (Ecos de la Costa, Arturo Aguilar, p. web).

Alrededor de 100 colonos de Cuyutlán denunciaron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interpuso denuncias ante el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de despojo, por lo que están temerosos y preocupados por una situación que ellos no generaron al afirmar tener escrituradas sus propiedades, haber construido casas y pagar sus impuestos ante el ayuntamiento de Armería. 

Colonos y vecinos de Cuyutlán denunciaron ante legisladores del Congreso local que son objeto de una persecución instrumentada por las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplicada por el agente del Ministerio Público, acusados del cargo de despojo, a pesar de que señalan que no han cometido ningún delito.

La situación, de acuerdo como la plantearon Justino Carvajal Rodríguez, Olivia Ramírez Serrano, Rocío Torres Espinosa y un numeroso grupo de colonos que habitan frente a la playa, se generó cuando la Profepa modificó de manera arbitraria la denominada Zona Federal.

Los denunciantes señalan que cuando la dependencia marcó una línea de Zona Federal diferente a la existente, sus casas quedaron automáticamente asentadas dentro ésta, razón por la que perderían sus propiedades, a pesar de tenerlas plenamente escrituradas por decretos firmados por los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, a partir de 1994.

Sin embargo, a pesar de tener perfectamente legalizadas sus propiedades, haber construido casas y pagar sus impuestos ante el ayuntamiento de Armería, la Profepa interpuso denuncias ante el Ministerio Público por la comisión del delito de despojo a cerca de 100 colonos, quienes ahora cuentan en su mayoría con órdenes de aprehensión en su contra, situación por la que están temerosos y preocupados por una situación que ellos no generaron.

Advirtieron que la Profepa los acusa de ocupar irregularmente la Zona Federal marítimo-terrestre, a pesar de que tienen muchos años instalados en esa área y compraron sus terrenos de manera regular y legal.

Justino Carvajal Rodríguez leyó un documento que posteriormente entregó a los diputados, en donde además señala que la Profepa los acusa de no contar con estudios de impacto ambiental para la construcción de sus casas, sin tomar en cuenta que para iniciar estas edificaciones fue necesario delimitar cada terreno de acuerdo al plano que cumple con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Agraria, así como las normas técnicas para la delimitación de las tierras al interior del ejido, información publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1992 por la delegada del Registro Agrario Nacional, Susana Ramírez Galván.

Otra afectada, Olivia Ramírez Serrano, a nombre de los hoteleros de Cuyutlán, insistió en que se trata de terrenos que desde 1994 se lotificaron, privatizaron, tienen sus escrituras y pagan sus impuestos.

 Le pedimos a la autoridad que analice el daño que puede hacer; queremos que se acerquen a nosotros, somos cerca de 80 personas afectadas y este es un freno que le están poniendo al desarrollo de la economía. Queremos seguir con todos nuestros papeles legalizados y que todo se haga como es justo”, enfatizó.

Finalmente, refirió que los afectados se han acercado a la delegación local de la Profepa, pero hasta la fecha no les han señalado alguna manera de solucionar el asunto, y subrayó: “parece ser que no tienen conocimiento pleno de lo que están haciendo”.

 

Peligra una de las regiones más frágiles del ecosistema con el proyecto turístico. (La Jornada, Angélica Enciso, p. web)

Mar de Cortés, del gobierno foxista, persigue crear desarrollos como en Acapulco

La zona alberga unas 4 mil especies de flora y fauna: algunas son de las más vulnerables

La región del Mar de Cortés y la porción del océano Pacífico que bordea la península de Baja California son las zonas más singulares del mundo, sitios frágiles, donde la regeneración es lenta, donde las ballenas azul y gris se recuperaron de sus crisis de extinción y se pueden encontrar las imágenes más esplendorosas.

Así resumen investigadores el área seleccionada por el gobierno de Vicente Fox para desarrollar su proyecto turístico Mar de Cortés, y dejar huella en el espectro de los planes que destruyeron paisajes en Acapulco, Huatulco y Cancún, señaló La Jornada Ecológica en marzo de 2002, un año después de que se anunciara el desarrollo conocido inicialmente como Escalera Náutica.

La zona es tan especial que la vaquita marina únicamente existe en el Golfo de California y su presencia ahí fue uno de los factores que llevaron a que la región fuera decretada por el gobierno federal área natural protegida. Ahí se alberga a 3 mil 700 especies de plantas vasculares, 463 especies de pájaros y 169 de mamíferos -entre ellos diferentes clases de cetáceos-, así como tortugas marinas. Hay 30 especies de mamíferos marinos y se sostienen los arrecifes coralinos del norte del continente.

La circulación de los vientos y las corrientes oceánicas son el mecanismo fundamental que ha generado y mantiene "los increíbles ecosistemas de la región: la corriente de California es impulsada hacia el oeste por el movimiento rotacional de la Tierra para formar la corriente ecuatorial", indica Exequiel Ezcurra, ex presidente del Instituto Nacional de Ecología en el suplemento de Internet de La Jornada.

Destaca que las aguas oceánicas frías son causa de la aridez de la tierra, porque los vientos provenientes del océano se calientan y secan cuando penetran en los desiertos costeros. La riqueza de la biodiversidad de la región se manifiesta en la cantidad de áreas naturales protegidas: Cabo San Lucas, Cabo Pulmo, Islas del Golfo de California, Alto Golfo de California, El Vizcaíno, Isla Guadalupe, Bahías de Loreto, Valle de los Cirios y el complejo insular de Espíritu Santo.

Cada una de ellas se encuentra bajo categoría de protección especial por su importante diversidad biológica.

Ezcurra dice que "pocos lugares en el mundo muestran la extraordinaria heterogeneidad ambiental del Golfo de California y los ecosistemas terrestres que lo circundan. Los climas regionales varían desde el mediterráneo, con lluvias de invierno, al norte, hasta el tipo monzónico, con lluvias de verano, al sur. Las inclinadas laderas de cadenas montañosas generan algunos de los gradientes ambientales más dramáticos de la tierra".

Señala que, fiel a su etimología, la "península de Baja California es realmente una isla biológica. El aislamiento evolutivo ha mantenido su flora y su fauna separadas del territorio continental por tiempos tan largos que casi 30 por ciento de su riqueza biológica es privativa de la región".

Resalta que como la península se encuentra aislada del territorio continental mexicano por el Golfo de California, y "éste en sí es una especie de 'península marina', aislada del resto del océano Pacífico por sus más de mil kilómetros de largo".

Agrega que se trata de una región donde se localizan los organismos más vulnerables: la ballena gris en bahía Magdalena, las aves marinas de isla Rasa, el borrego cimarrón, el berrendo, los cirios, los torotes y las palmas azules. "Durante 6 millones de años estas plantas y estos animales evolucionaron sin la presencia de los modernos humanos y se las arreglaron para sobrevivir con un espectacular conjunto de formas y funciones. Han estado allí desde siempre, con adaptaciones cada vez más maravillosas, diversidad de formas sin fin."

Vacíos en las autorizaciones

Luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del plan maestro de Escalera Náutica, ésta lo rechazó porque incluía infraestructura que no podía ser evaluada en un solo estudio y en cambio autorizó un análisis regional.

Cuando Alberto Cárdenas Jiménez ocupó la titularidad de la Semarnat, en noviembre de 2003, enseguida se autorizó el estudio y se le impusieron 18 condiciones, entre ellas la prohibición de que las embarcaciones fondeen en áreas críticas; que cada MIA particular de las escalas defina las medidas para atenuar los impactos acumulativos, y apoyar y financiar las operaciones de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

En la conferencia de prensa en la Semarnat, donde se anunció la autorización del estudio, Cárdenas Jiménez consideró el hecho "como un ejemplo de que cuando hay algo importante en que se puede coincidir es posible concretar". En ese momento se anunció que en 2004 se pondría en marcha el desarrollo, con la construcción de 17 de las 29 escalas programadas, pero hasta ahora nada de esto se ha concretado.

Se aprobó un documento que no incluía obras o actividades para identificar los impactos ambientales que pueden ser prevenidos o atenuados, por lo que era difícil tener elementos para el análisis, señaló la organización Conservación Internacional (CI), y advirtió que no puede "ser evaluado conforme al procedimiento establecido en la ley".

El artículo 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que se deben detallar los posibles deterioros ambientales de las obras para que la autoridad pueda evaluar el impacto ambiental del proyecto; no se mencionan planes maestros o de desarrollo, como es el caso de Mar de Cortés o Escalera Náutica.

CI consideró que "hay un error primordial del promovente, cuando parece suponer que el carácter regional de una MIA le permite hacer planteamientos ambiguos o abstractos sobre obras, actividades y medidas de prevención, mitigación y compensación, basándose sólo en conceptos o en especulaciones infundadas".

Destacó que no se documentaron experiencias del promotor o de otras regiones que pudieran ilustrar de manera apropiada la particular situación de la región comprendida por la MIA, a pesar de "que es reconocida como de extrema fragilidad ambiental y con un carácter relativamente prístino de acuerdo con estándares mundiales de desarrollo de la zona costera".

En su favor, la Semarnat señaló que se autorizó un gran "plan maestro" que evaluó el efecto de la navegación en la zona y en las áreas naturales protegidas. Participaron organizaciones no gubernamentales, "llegamos a la conclusión de que si la actividad se desarrolla suelta, sin restricciones, obviamente puede haber muchos problemas, por eso en el resolutivo se establecieron medidas, como evitar que en ciertos lugares haya desembarcos y para vigilar esto llevan un chip", explicó Ricardo Juárez, director de Impacto Ambiental.

Escasez de agua

Las organizaciones ambientalistas han planteado, entre algunos de sus temores, que los sitios más visitados de la región puedan tener el mismo destino de Cabo San Lucas, donde el crecimiento poblacional es de 9 por ciento y no hay suficientes servicios, además de que es una zona donde el agua potable es escasa.

Entre los posibles conflictos ambientales que se podrían generar en la región están el abastecimiento de agua a mediano y largo plazos en las localidades ligadas con las escalas náuticas y sus potenciales áreas de influencia, indicó CI. También consideró que el aprovechamiento de los recursos pesqueros puede ser un impacto no identificado por el agotamiento de las especies y porque las embarcaciones turísticas podrían realizar esta actividad, mientras que hay ejidos y comunidades que tradicionalmente viven de la pesca.

 

Discriminación y anonimato de los pueblos indígenas. (La Jornada, Magdalena Gómez, p. web).

En días pasados se anunciaron los resultados de una encuesta oficial nacional sobre discriminación. También se difundieron el resumen y las conclusiones de un estudio del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina (1994-2004). Ambos aportan elementos sobre la profundidad de la negación y distorsión de la demanda de los pueblos indígenas, pues no hay mayor discriminación que la exclusión histórica y jurídica a que han sido sometidos.

En el primer caso, la encuesta es consecuente con la discriminatoria ley vigente en materia de discriminación, que aborda la cuestión indígena sólo desde la lógica de los derechos individuales y no considera los derechos colectivos. Así que, sin demérito de la agresión oprobiosa que sufren hombres y mujeres indígenas, se deja una vez más de lado a los pueblos indígenas discriminados, por ejemplo cuando se pretende imponerles las formas de participación política propias de la democracia representativa antes que reconocerles la autonomía que demandan y sus modalidades vigentes de democracia directa; tampoco se considera que la libertad religiosa para los pueblos indígenas pasa por el reconocimiento pleno a sus lugares sagrados en sus tierras y territorios y que sólo de esa manera se podrá ejercer el derecho individual a la libertad de creencias. Así, podemos recorrer todos los derechos individuales para dar cuenta de las dimensiones colectivas de la discriminación.

Por su parte, el estudio del Banco Mundial, elaborado por Gillette Hall y Harry Anthony Patrinos, trae a cuento otra forma de discriminación que tiene que ver con el anonimato de los pueblos indígenas y de sus demandas, porque a ello conduce el que se pretenda homogeneizar los conceptos que a los organismos internacionales les parecen adecuados para enfocar ¿y financiar? proyectos y políticas dirigidos a estos pueblos. Pero no sólo eso, también se pretende mostrar que están atentos a sus movilizaciones y demandas. En el caso de México se cita entre los cambios "la rebelión de Chiapas en 1994", o los fenómenos que se dan en Ecuador y Bolivia.

Convertidos esos temas en meras "efemérides", se pasa al estudio y se advierte que se tratará la pobreza en términos "cuantitativos". Aclara que por ello "resultan familiares y significativos para los encargados de formular políticas nacionales e internacionales y en esta medida es posible esperar que lo que aquí se plantea tenga impacto directo en las decisiones que toman tales autoridades", agrega el estudio sin rigor alguno y con un mecanicismo ilimitado, "lo que a su vez tiene gran impacto en las vidas de los pueblos indígenas".

El análisis se tropieza con sus propias afirmaciones, pues por supuesto parte de reconocer lo obvio: los pueblos indígenas no tienen acceso a los indicadores básicos de "desarrollo humano", después en sus conclusiones sigue el camino monocultural y anota la insuficiente presencia indígena en los espacios de la democracia representativa y en seguida se afirma algo que en el país nos es tan evidente: el reconocimiento de que los cambios legislativos no han producido cambios, que ser indígena es sinónimo de ser pobre. ¿Y cómo era eso de que "las políticas cuantitativas" tienen gran impacto en la vida de los pueblos? Pero no se deja de lado que ese sesgo no representa del todo a su objeto de estudio y aclara que tienen tradiciones culturales distintas, pero ésas son cualitativas y por ello no se pueden medir.

Donde no se midieron los autores del estudio es en la propuesta de sus "acciones". La primera se refiere a la educación "bilingüe y bicultural" a fin de que se garanticen mejoría y acceso; luego viene "la igualdad de oportunidades" y pasan a "mejorar la responsabilidad y la rendición de cuentas en la prestación de servicios sociales para los pueblos indígenas". Concluyen que se deben "mejorar los datos relativos a la identificación de los pueblos indígenas" y se basan en un hecho creíble: sus dificultades para encontrar información. Si la tendencia ha sido promover el anonimato, ésta es la forma ligera de expresar el etnocidio.

Los pueblos, por su parte, pelean de cara a sus estados, pero con la mira puesta en las trasnacionales y en los aparatos metaconstitucionales en que se han convertido organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, entre otros.

En fin, no es noticia que al gobierno foxista le interesa tratar con "los pobres y discriminados" antes que con los pueblos y, al igual que el Banco Mundial, promueve "beneficiarios" antes que titulares de derechos.

 

Sector agropecuario

 

La amarga cosecha cafetalera. (La Jornada, Luis Hernández Navarro, p. web).

Los productores mexicanos de café se encontraron al culminar la última cosecha con una noticia buena y otra mala. La buena es que los precios del aromático subieron hasta niveles no vistos desde hace años. La mala es que la producción nacional ha disminuido sensiblemente.

Los precios del grano se han recuperado sostenidamente durante todo 2005. En marzo su nivel en la Bolsa de Nueva York fue de alrededor de 1.40 dólares la libra. En cambio, entre los ciclos 1999/2000 y 2003/2004 la producción decreció 32 por ciento, al pasar la cosecha de 6.1 millones de sacos de 60 kilos a 4.2 millones de sacos. Este año -según Fernando Celis Calleja, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras- difícilmente alcanzará 3.8 millones de sacos. La más baja de las últimas tres décadas.

Simultáneamente, las exportaciones cafetaleras se han reducido 62 por ciento, mientras su valor se desplomó 70 por ciento. El país ha perdido 472.7 millones de dólares.

El incremento en los precios se debe a dos causas fundamentales: caída de la producción y especulación financiera. Existe un déficit de casi 8 millones de sacos, pues el consumo mundial es de cerca de 114 millones de sacos, pero la oferta alcanza solamente 106 millones. Mientras, los fondos de inversión han colocado sus activos en el mercado de futuros del aromático.

Los bajos precios han ocasionado que varios cultivadores hayan sido incapaces de renovar la inversión en la planta productiva del café. Algunos países centroamericanos han reducido el volumen de su cosecha casi a la mitad. Otras naciones viven dificultades climáticas. Eso sucedió a Vietnam -el Estado productor emergente que alteró el equilibrio de los mercados mundiales con financiamiento de organismos multilaterales-, quien disminuirá casi un millón y medio de sacos. Casi 5 millones de sacos de los 22 millones que se trasladaron a las bodegas de los países consumidores ya han sido utilizados.

Los fondos de inversión han apostado por el café ante las bajas tasas de interés y el escaso atractivo que otras ramas productivas tienen en el casino de las finanzas internacionales. Sin embargo, esas inversiones, claramente enmarcadas en una lógica especulativa, pueden ser liquidadas en cualquier momento.

El derrumbe de los precios del aromático comenzó en 1989, cuando se deshizo el sistema de cuotas de la Organización Internacional del Café (OIC) que regulaba producción y consumo, y permitían alcanzar cotizaciones del grano en el mercado internacional estables y por arriba de los costos productivos. Desde entonces, y salvo en ciclos como el de 1994, los precios han permanecido por debajo de los costos de producción, causando la ruina de los caficultores y el abandono de las huertas.

Más allá del comportamiento del mercado mundial, la caída de la producción cafetalera en México ha sido causada en parte por una política gubernamental sin pies ni cabeza. Ejemplo vivo de las "virtudes" de este gobierno gerencial del "cambio", Roberto Giesemann, el gran productor cafetalero que dirigió el Consejo Mexicano del Café, se vio obligado a renunciar a comienzos de este año ante el descubrimiento de irregularidades administrativas por 929 millones de pesos. Se han documentado tanto casos de emisión de cheques reportados como extraviados que luego fueron cobrados, como un cuantioso daño patrimonial por los recursos del Fondo de Estabilización que no fueron ejercidos y no se invirtieron en Certificados de la Tesorería de la Federación.

Pero, más allá de las culpas gubernamentales, los precios altos ocasionan, también, dificultades para los proyectos de comercialización alternativa. Cuando los precios suben, los coyotes se abalanzan sobre los pequeños inventarios de los productores para garantizar el abasto a sus clientes. Dotados con líneas de crédito más baratas que las que tienen que contratar los pequeños cultivadores, pueden pagar en campo cantidades superiores incluso a las que otorgan los mercados solidarios.

Los buenos precios pueden servir a los caficultores en lo individual, pues obtienen ocasionalmente un ingreso mayor al acostumbrado, pero usualmente no sirven a sus organizaciones. Esto es así porque al incrementarse el valor del aromático, para adquirir las cosechas, las organizaciones de consumidores y las cooperativas que trabajan con ellos en el primer mundo se topan con la necesidad de contar con más dinero que antes. Y conseguirlo cuesta.

Surge así un dilema dentro del movimiento sobre la conveniencia de otorgar el bono de solidaridad a los pequeños productores, en una situación de precios altos. Si se les paga, se castiga a los consumidores solidarios, pues se eleva excesivamente el costo del café; si no se paga, los campesinos entregan su café a los coyotes, quienes les adelantan dinero cuando lo necesitan o les liquidan la transacción en un solo desembolso, sin tener que esperar a que se venda el producto y el sobreprecio llegue a la comunidad.

Las uniones de pequeños productores pueden padecer severos problemas de acopio, y no es difícil que compitan entre sí, mucho más de lo que ya lo hacían antes, porque se vuelve mucho más arduo enfrentarse al mercado real en esas circunstancias. Aunque exista mucha solidaridad entre sus socios, mantener funcionando la cadena virtuosa que un proyecto así requiere se vuelve muy difícil. Los integrantes de la cooperativa dejan de ver a su organización como una opción y pasan a verla como una carga. No son pocos los miembros que rompen con ella y establecen trato directo con los coyotes.

Con la producción derrumbada, el desorden y la abdicación gubernamental de sus responsabilidades de fomento y resdistribución, la acción devastadora de los mercados y las dificultades organizativas, la cosecha cafetalera puede ser muy amarga. Que lo digan, si no, quienes han tenido que dejar sus huertas para emigrar sin papeles a Estados Unidos.

 

Organizaciones campesinas

 

Revisar programas de apoyo al agro, no eliminarlos.  (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)

Centrales de agricultores

Dirigentes de la Central Campesina Cardenista (CCC), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se pronunciaron por la revisión y restructuración de los programas de apoyo al campo, ya que han beneficiado fundamentalmente a empresarios y agroexportadores.

Sin embargo, dijeron estar contra la desaparición de programas como Alianza para el Campo, Procampo y Desarrollo de Infraestructura de Irrigación, como propuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). "Lo que el país necesita es que los recursos destinados al campo realmente fortalezcan la producción de básicos y que las políticas se reorienten al sector social", apuntó el dirigente de la CCC, Max Correa.

El CEESP consideró urgente revaluar los programas de apoyo al campo para determinar si contribuyen al desarrollo equilibrado de éste y ayudan a combatir la pobreza; en caso contrario deben ser eliminados.

Los dirigentes de las organizaciones campesinas apuntaron que durante esta administración la demanda campesina ha exigido el replanteamiento de la política para que el país recupere su soberanía alimentaria, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el fortalecimiento del sector social.

"No pedimos que el gobierno desampare a los agroempresarios, sino que actúe con mayor equidad; no puede dejar a su suerte a éstos ni a los ejidatarios, comuneros y parvifundista, debe desplegar una política que reconozca la estrategia del campo y su necesidad de subsidios", abundó Correa.

Alvaro López Ríos, de la UNTA, insistió en que el gobierno federal debe acabar con los "rescates a las empresas privadas, como ha hecho con los ingenios azucareros, los cuales, una vez saneados, nuevamente serán entregados a la iniciativa privada".

Es absurdo que se pretendan eliminar los subsidios al campo, ya que -recordó- hasta los países desarrollados apoyan a sus productores. "Lo que debe hacerse es replantear su entrega, que los apoyos se entreguen a los pequeños productores y no a los grandes de Sinaloa, Sonora, Guanajuato."

Eliminar los programas de apoyo para el campo sería agudizar las condiciones de pobreza de los campesinos, dijo Marco Antonio Ortiz, de la Coduc. "Esa situación sólo beneficiaría a unos cuantos agroempresarios. Nosotros hemos propuesto modificaciones a los programas orientados a la producción, pues 75 por ciento de los recursos son acaparados por los que tienen mayor poder adquisitivo."

A su vez, el presidente de la CNC, Heladio Ramírez López, asentó que el gobierno federal no ha dado respuesta a la exigencia de impulsar una política de Estado para el campo. "La modernización está llegando lenta y tarde, por una vía no adecuada a nuestras necesidades y problemas", dijo.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Habrá más movilizaciones. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web)

Mientras directivos de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) se reservan "razones de peso" que llevaron a la expulsión del secretario de Relaciones Políticas, Saraín Osorio Espinosa, el legislador local los califica de "arbitrarios".

Cuidadosos para no entorpecer el "proceso jurídico" contra Osorio Espinosa, -sin conceder identidad- directivos cioacistas aceptaron este lunes que se trató de la voluntad del pleno estatal y no de intereses mezquinos.

Sin embargo, después de celebrado tal pleno cioacista el pasado viernes 20, incluso aún sin ser notificado oficialmente esa misma noche, el también diputado perredista Osorio Espinosa se defendió y en comunicado de prensa calificó tal acción como "una votación manipulada y proveniente de algunos dirigentes estatales de la CIOAC Chiapas".

Mientras la directiva oficial de la CIOAC cuidó sus declaraciones para evitar sean usadas en su contra o contaminar el proceso de expulsión, por su parte el también ex secretario de Relaciones Políticas de la CIOAC Chiapas lamentó abiertamente que en tal pleno estatal sólo hayan asistido los incondicionales del ex diputado perredista Luis Hernández Cruz, inhibiendo una votación transparente.

Finalmente, esperan los días 27 y 28 de agosto realizar el VII Congreso Estatal CIOAC, y en un plazo de 30 días podrían reactivar su plan de movilizaciones.

 

Con las manos vacías se van organizaciones. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web)

Sin acuerdos concretos, organizaciones campesinas y sindicatos levantaron el plantón que mantuvieron 21 días en los alrededores del Palacio Estatal, pero seguirán en busca del cumplimiento de sus demandas, aseguraron los dirigentes.

Sergio Zamudio, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana e integrante de los sindicatos y organizaciones de Chiapas, explicó que la movilización que iniciaron es muy necesaria para la sociedad, dado que es la única forma en que pueden ser escuchados y se conozca la situación en que se encuentra la clase marginada.

"Aunque no se consiguieron acuerdos, la movilización fue necesaria para la sociedad, porque cada día el poder adquisitivo y los salarios para los obreros se pulverizan, por lo que debe existir unidad entre las organizaciones para dar a conocer nuestras demandas", dijo.

En el inicio del plantón, la Sección 7 aseguró que no levantaría el paro laboral hasta que se resolvieran las demandas del sindicato de salud y de las organizaciones sociales, que paralelamente habían instalado tres mesas de negociación. La Promotora se desmovilizó desde las primeras horas de este lunes.

Los campamentos de las organizaciones como la OPEZ-ONPP, Coaech, Mocri, Opez-Histórica, Unión de campesinos hermanos sol, y sindicatos del INEGI, Conalep, IDH, Telmex, Sagarpa, entre otros, fueron desinstalados del Parque Central, tras la instrucción de la dirigencia de la Sección 7.

 

COAHUILA

 

Denuncian anomalías e la entrega del Procampo. (La Opinión Milenio, Domingo López, p.web)

Torreón, Coahuila.- Ejidatarios de Santa Fe denunciaron ayer una serie de anomalías que se vienen registrando en el Centro de Atención para el Desarrollo Agropecuario (CADER) de esta ciudad, puesto que los cheques del Procampo que llegan a sus nombres, el representante de esta dependencia de la Sagarpa, se los entrega a particulares que rentaron o compraron tierras cultivables. “Los que no rentamos ni vendimos nuestras tierras, batallamos mucho, nos piden infinidad de requisitos: recibos de luz o de agua, credencial de elector y otros documentos personales, y desde su escritorio, Socorro (el encargado del Cader, ubicado a un lado de las oficinas de FIRCO en esta ciudad), les hace señas de que no les ha llegado nada, que regresemos hasta la semana entrante o hasta dentro de 15 días, mientras que a los que tienen terrenos rentados, basta con un recibo o cualquiera de los documentos antes citados para entregarles no uno, sino un hartero de cheques que no vienen a sus nombres”, expresaron los ejidatarios, Hipólito Avila González y su hermano Juan.

Comentó la señora Antonia Contreras, que su padre José Pilar Contreras está cieguito y que hasta el año pasado le dieron cheque del Procampo, este año no. “Desde hace cuatro años yo he acompañado a mi padre, porque está cieguito a cobrar su cheque, pero este año no le dieron, no sabemos por qué”.

Por su parte el señor Andrés Silva de 78 años de edad, en forma lúcida y con gran energía indicó, a la pregunta expresa de que si los campesinos pierden sus derechos al rentar o vender sus parcelas o terrenos laborables: “El artículo 156 de la Nueva Ley de la Reforma Agraria, ampliada y modificada explica que el ejidatario es hasta que pierde completamente sus derechos tanto de agua como de tierras de uso común (sus parcelas)”.

“Los 157 ejidatarios de esta comunidad rural ya somos personas de la tercera edad, que no tenemos con qué hacerla para comer, por eso consideramos que es injusto que ni siquiera nos den lo del Procampo, además de que los que rentaron o vendieron sus tierras, acordaron con quienes se las compraron, que los cheques del Procampo que se expiden desde hace como seis años íban a ser para ellos”.

Denunciaron la actitud despótica y prepotente del encargado del Cader en Torreón, de nombre Socorro (no recordaron sus apellidos), para con ellos y con los primordiales del 36; pero eso sí, si llega a la oficina una persona bien vestida o con traje y corbata, deja de hacer lo que está haciendo para atenderla.

El día de mañana (martes) van a tener una reunión con el titular del Cader en esta ciudad y un representante del gobierno municipal para atender caso por caso con respecto a la entrega de los cheques del Procampo. Dijeron estar bajo la incertidumbre, sobre todo los que no rentaron ni vendieron sus tierras y que en este año ya no les llegó dicho apoyo, porque en el próximo ejercicio del 2006 ya van a cobrar a través de tarjeta de débito, para lo cual, recientemente se levantó un censo o registro.

 

COLIMA

 

Colima: ejidatarios y hoteleros exigen frenar hostigamiento. (La Jornada, Verónica González, p.web)

Armería, Col., 23 de mayo. Unos 80 ejidatarios e inversionistas pesqueros y hoteleros de la playa de Cuyutlán solicitaron la intervención del Congreso local para que frene el hostigamiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Agencia Federal de Investigación, quienes los acusan de invadir la zona federal de playa y amenazan con meterlos a la cárcel. Olivia Ramírez, propietaria del hotel Fénix, explicó a los diputados que en 1992 unas 80 personas compraron terrenos ubicados cerca de la playa, a distancia prudente de la zona federal, pero que las autoridades de la Profepa quieren desalojarlos con el argumento de que en los últimos años "el mar se recorrió" y ahora sus propiedades están en la zona federal de playas.

 

ESTADO DE MÉXICO

 

Vigilan policías zona ejidal de Espíritu Santo. (El Universal, Rebeca Jiménez, p.web).

Reclaman Atizapán y Jilotzingo la posesión del predio de mil 270 hectáreas

Atizapán , Méx. Policías de Jilotzingo resguardan con armas de alto poder la construcción de una caseta de vigilancia en la entrada al ejido de Espíritu Santo, zona que el alcalde jilotzinguense Eleuterio César Solís reclama como parte de su territorio.

En tanto, el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Salvador Vázquez Herrera, pidió vigilancia de la policía estatal en la zona del conflicto en donde indebidamente el alcalde de Jilotzingo ejerce actos de autoridad, "pues se trata de territorio atizapense".

El ejido de Espíritu Santo ubicado junto a la exclusiva Zona Esmeralda pertenece en su mayoría al municipio de Atizapán de Zaragoza, pues mil 190 hectáreas están en este municipio y sólo 80 hectáreas son de Jilotzingo, apuntó el alcalde Salvador Vázquez.

Pese a esto, autoridades de Jilotzingo han permitido la construcción de 58 edificaciones en el ejido, tanto en zona boscosa como en el área natural protegida, modificando ilegalmente el uso del suelo; entre ellas, la escuela privada Monte Sión, una agencia de autos de la Escudería Italiana, centros de capacitación y un centro agroturístico, apuntó el director municipal de Desarrollo Urbano, Roberto Aguilar Salazar.

Acusación que fue rechazada por el alcalde de Jilotzingo, quien indicó que si las construcciones han proliferado en Espíritu Santo "es porque el Ministerio Público no ha actuado, pues he interpuesto ocho denuncias" por fraccionamiento ilegal.

La transferencia de tierras ejidales a particulares ha estado solapada y permitida por el alcalde de Jilotzingo y por el presidente del comisariado ejidal de Espíritu Santo, Isabel Mayén Sánchez actualmente preso en el penal de Barrientos, apuntó el director de Desarrollo Urbano de Atizapán.

El pasado viernes la disputa por la jurisdicción municipal de Espíritu Santo se incrementó y llegó al enfrentamiento entre Atizapán y Jilotzingo, luego de que policías jilotzinguenses custodiaron la construcción de un módulo de vigilancia

 

GUERRERO

 

Debe avanzar el proyecto La Parota, dice gobernador Torreblanca. (El Sur, Teresa de la Cruz, p. web).

Llama a los comuneros opositores a la presa a que razonen su postura, y advierte que no puede permitirse que “los menos tengan contra la pared a los más”. Ofrece ser garante para que la CFE les pague sus tierras

La construcción de la hidroeléctrica La Parota es un proyecto que debe “avanzar” en la actual administración, dijo ayer el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo, y llamó a los comuneros opositores a la presa que razonen su postura, porque dijo que a pesar de que en una democracia no todos pueden estar de acuerdo, tampoco puede permitirse “que los menos tengan contra la pared a los más”.

De igual modo Torreblanca señaló que buscará reunirse con los comuneros opositores al proyecto para decirles que él será el “garante” de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “les van a pagar sus tierras” y también el primero en “reclamar” cuando estén siendo afectados sus intereses.

Según versiones extraoficiales, la semana pasada, Torreblanca Galindo sostuvo una reunión privada en la ciudad de México con el director general de la CFE, Alfredo Elias Ayub, para platicar sobre el futuro de la hidroeléctrica La Parota.

Aparentemente ese encuentro se dio en el contexto de las declaraciones que hicieron hace dos semanas empresarios interesados en el concurso de la presa, cuando afirmaron que “si no se licita la construcción de la central, a más tardar en dos semanas se dará marcha atrás” el proyecto; el mismo Elias Ayub también mencionó que la idea era el construir La Parota, pero que ante la resistencia de comuneros estaban impulsando el proyecto de La Yesca en Nayarit.

En declaraciones a reporteros, luego del Festival del Estudiante, en donde entregó reconocimientos a estudiantes (de esta capital) de nivel medio superior y superior que tienen buen promedio, Torreblanca confirmó que se reunió la semana pasada con el director de la CFE y dijo que en ese encuentro acordaron dar “seguimiento” al proyecto de La Parota.

Precisó que para continuar con el desarrollo del proyecto, en próximos días se va a reunir con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Villa Rivera, mientras que a nivel local el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, empezará a programar una serie de reuniones con los comuneros que están a favor y en contra de la construcción de la presa.

Asimismo aseguró que estará atento a la forma en que se desahoguen las reuniones, “para después intervenir, (porque) la intención es que el gobernador actúe como verdadero árbitro y que escuche a las partes, es mi obligación, el gobernador cree que La Parota debe avanzar pero sin atropellar los intereses de muchos de los ejidatarios”.

Torreblanca también indicó que una vez que Chavarría se haya reunido con las dos partes en conflicto, él buscará una reunión con los comuneros inconformes para expresarles que como gobernador se convertirá en el “garante” de que serán indemnizados por sus tierras” y que “quiere ponerse de su lado”, además de que será el “principal defensor” para reclamar a la CFE cuando estén afectando los intereses de los campesinos.

En respuesta a la pregunta de un reportero, Torreblanca afirmó que vigilará que la CFE pague un precio justo a los comuneros por la expropiación de sus tierras, incluso enfatizó que “el gobernador quiere ser apoyo de los campesinos, quiere ser quien garantice que la CFE, no recurrirá a prácticas del pasado, cuando venían y hacían lo que querían y los dejaban olvidados, hoy el gobernador no lo va a permitir, será el principal defensor de los intereses de campesinos”.

–¿Afectaría mucho que este proyecto se fuera de Guerrero? –se le preguntó.

–Yo creo que sí, tenemos que razonarlo. En una democracia no todos podemos estar de acuerdo, pero tampoco podemos permitir que los menos tengan contra la pared a los más, son decisiones por mayoría. Entonces hay que alentar para tratar de convencer y agotar la parte de la conciliación y el arbitraje que le corresponde al gobierno.

–Sin embargo sigue habiendo renuencia de los campesinos opositores e insisten en defender sus tierras.

–Bueno, es igual que en las elecciones, no todos votaron por Zeferino Torreblanca y en núcleos agrarios las decisiones se toman por mayoría.

–En este sentido los comuneros opositores manifestaron haberlo apoyado (el 6 de febrero) pensando en que no les iba a imponer el proyecto.

–Bueno me apoyaron a mí, pero eso no es para darle el gusto a cada quién, me apoyaron a mí para tomar medidas generales. Pero también estoy seguro de que algunos que están a favor de La Parota votaron por mí y muchos otros no votaron.

Debe renovarse el Acafest, plantea

A preguntas de reporteros tras el desayuno organizado por la Sejuve, el gobernador insistió en que su propuesta para el Acafest es “renovarlo” por el costo que implica al estado, y a cambio impulsar una “agenda turística” en donde se atienda a Taxco y Zihuatanejo y se explote el turismo ecológico así como el turismo histórico.

“Lo más cómodo es que yo no me enfrentara y dijera que todo está bien, pero la realidad es que tenemos que entrar a la renovación tanto por parte de la empresa que presta servicios (Televisa), como a nosotros en el estado de Guerrero”.

También se refirió a temas vinculados con el problema del transporte, y dijo que la aplicación de descuentos para el pago de tenencias que ellos demandan, “no es una solución” para mejorar el transporte, “a lo mejor el gobernador quedaba bien con transportistas, pero eso no soluciona el problema grave que tiene ese sector”.

 

Protestan campesinos en el Ayuntamiento y exigen la entrega de proyectos productivos. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web. /Información tambiçén publicada en Novedades, p. web

Integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UTA) se manifestaron ayer en el Ayuntamiento para exigir la entrega de proyectos productivos y que las autoridades “cumplan” con la construcción de obras en las comunidades rurales.

Encabezados por Pilar Campos, los más de 100 manifestantes, entre comisarios, mujeres e integrantes de comités y las comunidades Kilómetro 39, 42, La Providencia y Piedra Imán llegaron después del mediodía al Palacio Municipal con pancartas.

Por unos momentos agentes de Gobernación cerraron las puertas del edificio y a varias señoras les impidieron el paso. La protesta fue apoyada por jóvenes encabezados por Inti Calderón, quien estaban en el Ayuntamiento.

Allí fueron recibidos por el secretario general Francisco Javier Larequi Radilla y al no obtener –dijeron– una respuesta favorable a sus demandas pidieron la presencia de coordinador de Planeación y Control Presupuestal, Ernesto Mastache Manzanarez, quien llegó cerca de las 4 de la tarde.

 

El gobernador no entiende la pobreza porque nació en pañales de seda: Ponce. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

 Buscar beneficios para la gente no es lucrar con ella, responde el dirigente del Frente Popular Tierra Digna a Torreblanca

El dirigente del Frente Popular Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, rechazó las descalificaciones que hiso el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, quien lo acusó de lucrar con los más pobres, y dijo que si hacen manifestaciones es porque el gobierno no cumple para satisfacer las necesidades del pueblo.

“No creo que buscar beneficios para la gente sea lucrar con ellos”, manifestó.

En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, donde estuvo acompañado por el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez, Ponce Radilla manifestó que el gobernador no sabe del dolor ni de la pobreza porque tuvo la suerte de “nacer en pañales de seda”, y añadió que todos los gobernantes a través de la historia siempre han llamado a los luchadores sociales “bandoleros o delincuentes”.

Reiteró que el gobierno de Torreblanca es represor, incluso más que los anteriores gobiernos priístas y lo describió como: “un gobierno enano y de poca visión social, gobierno miope que ha perdido el rumbo y ataca a las organizaciones sociales como si fueran los enemigos de Guerrero”.

Mientras –agregó Ponce Radilla– “protege a comandantes represores como Rafael Salinas Orbe, quien con prepotencia me agredió el día de mi detención. Por ello lo responsabilizó de lo que me pase, pues me amenazó de muerte”.

El dirigente del Frente Popular Tierra Digna desmintió que lucre con la gente marginada, como lo declaró Torreblanca en una de sus giras por Acapulco el viernes pasado, y dijo que los gobernantes en toda la historia han llamado a los que luchan por los más marginados “bandoleros, roba vacas”; eso no es nuevo.

Precisó que el gobernador no entiende el dolor de la pobreza porque nació en pañales de seda, que le permitió no conocer las carencias. “Le recuerdo –dijo– que llevamos a cabo las manifestaciones porque demandamos la entrega de 600 toneladas de fertilizante para mil 500 campesinos que no tienen recursos para comprarlo y trabajar sus tierras.

Otra de las demandas es la regularización de la tenencia de la tierra para darle certidumbre a cientos de familias, por lo que no creo que buscar beneficios para la gente sea lucrar con ellos.

Dijo que es una persona con convicción y por lo tanto seguirá en la lucha en alianza con otras organizaciones que también sienten el “clima de hostigamiento policiaco y de terrorismo del actual gobierno”.

 

Un gobernador que se aleja de su base. (El Sur, Juan Angulo Osorio, p.web)

El gobernador Zeferino Torreblanca sigue acumulando frases, y anunciando decisiones, que de no darse en algún momento un golpe de timón terminarán alejándolo por completo de la base social que permitió su triunfo en las elecciones del 6 de febrero.

Ayer, en lo que puede considerarse ya como un apoyo abierto al proyecto de presa hidroeléctrica La Parota, el gobernador dijo que será garante ante la Comisión Federal de Electricidad para que a los ejidatarios y comuneros les paguen sus tierras.

Eso quiere decir que Zeferino Torreblanca no cree en lo que han venido diciendo todo este tiempo los comuneros opositores al proyecto: que no quieren vender sus tierras; que no quieren la presa porque causará un gran daño ambiental en toda la región en que se asentará, incluidas las playas de Punta Diamante; que en lugar de una gran presa pueden construirse otros proyectos sustentables, que son una alternativa viable y no destructiva; que el proyecto es una imposición del Banco Mundial, y que los principales beneficiarios serán grandes empresas del país y de Estados Unidos.

El gobernador cree simplemente que con una buena oferta por sus tierras los opositores se doblegarán. Que sólo es cuestión de que les lleguen al precio. Dice que será el primero en reclamar cuando estén siendo afectados en sus intereses, y no imagina que al mismo proyecto de La Parota lo ven contrario a sus intereses. Que, en todo caso, quieren que el gobernador reclame junto con ellos para que no se construya la presa.

Y ya que se terminó el discurso del dinero, el gobernador decreta que quienes se oponen al proyecto son una minoría y que no se vale “que los menos tengan contra la pared a los más”. Un gobernador demócrata, en lugar de amenazar a los opositores a un proyecto que recibe críticas de ambientalistas de todo el mundo, estaría proponiendo organizar una amplia consulta popular sobre el mismo en el que se escucharan no sólo las razones de la CFE, la CNC del PRI, las autoridades federales, estatales y municipales, los representantes de las cámaras empresariales. También que se escucharan –y con el mismo espacio en los medios– las razones de los comuneros opositores, de los ecologistas, de especialistas independientes.

Parafraseando a Renato Ravelo en su artículo de ayer aquí en El Sur, un estadista –como le gusta autodefinirse Zeferino Torreblanca– se preocuparía por conocer los daños que podría traer un proyecto como La Parota para las generaciones futuras, y no ver solamente el beneficio inmediato de algunos miles de empleos que le ayuden a construir la estabilidad suficiente para terminar bien sus seis años de gobierno.

Un razonamiento similar al que aplica para La Parota sigue Zeferino Torreblanca para el caso de los bosques de la sierra. Dice que no defiende a los caciques madereros, pero tampoco a los ecologistas a ultranza, a quienes llamó fundamentalistas. ¿Qué asesor le sugirió usar este término? ¿Por qué no le pregunta el gobernador al alcalde de Petatlán, su compañero de partido, de lo que pasa allá arriba?

Pone el ejemplo de Canadá –un país donde rige un Estado de derecho– para decir que es posible la explotación racional de los bosques, y al mismo tiempo dice, con desdén, que su gobierno no puede ofrecer una vigilancia particularizada en la sierra, es decir, que no hay tal Estado de derecho acá. Cree que la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán miente, y que no se enfrenta a caciques violentos y depredadores del bosque.

El trabajo de acercamiento del que habló apenas anteayer el gobernador se complicará si arranca con descalificaciones hacia una de las dos partes, señaladamente la más afectada con persecuciones, encarcelamientos y muertes en la sierra.

Tampoco contribuirá a generar confianza su declaración de que el caso del ecologista preso, Felipe Arriaga, está en manos de un juez. De nuevo Torreblanca acude a un lenguaje despectivo cuando se refiere a un luchador social y a sus defensores. Dice en lenguaje lamentable que a diario recibe correos electrónicos “sobre esta persona”, como si se refiriese a un delincuente común.

Además, no es cierto que todo depende del juez. Eso es lo que le dice el subprocurador que ratificó. ¿Por qué no ordena simplemente al procurador que elabore conclusiones no acusatorias en el caso que se le sigue a Felipe Arriaga? ¿O cree realmente el gobernador que el campesino ecologista preso mató al hijo del cacique Bernardino Bautista, que es la acusación que lo mantiene en la cárcel? ¿Cree que Amnistía Internacional si no tuviera todas las pruebas lo declararía preso de conciencia?

 

MICHOACÁN

 

Conflicto entre comuneros de Capacuaro y Paracho difícil de resolver: EBV. (Mi Morelia. Com, Yamilete García, p. web).

Lunes 23 de Mayo de 2005

Morelia, Mich., 21 de mayo.- El Secretario de Gobierno, Enrique Bautista Villegas, reconoció que los problemas forestales y agrarios, como el conflicto que prevalece entre los habitantes de Capacuaro y Paracho, serán difíciles de resolver antes de que termine la actual administración estatal, debido a la problemática histórica que presentan.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que la administración del Gobernador, Lázaro Cárdenas Batel cuenta con un proyecto para atacar y resolver los conflictos agrarios y forestales de la entidad, por lo que “no es cuestión de capacidad sino de voluntad de todos para resolver los problemas” puntualizó el Secretario de Gobierno.

Agregó que en el caso de Capacuaro municipio de Uruapan, es una comunidad que desde hace mucho tiempo es conocida por explotar los bosques debido a la falta de fuentes de empleo, por lo que al agotar los bosques aledaños, han optado por invadir otros más cercanos, provocando el descontento entre comuneros.

En los últimos días, los habitantes de Paracho y los de Capacuaro han protagonizado diversos enfrentamientos por la lucha de los bosques, problemática que el Secretario de Gobierno Enrique Bautista Villegas reconoció y añadió que “se ha estado trabajando con la Comisión Forestal y Seguridad Pública del Estado para implementar estrategias que permitan ofrecer alternativas de empleo a los que se dedican a dichas actividades”.

Sin embargo señaló que también se ha intentado trabajar con los comuneros para intentar crear soluciones que permitan disminuir los enfrentamientos entre los habitantes de las regiones.

Asimismo Bautista Villegas indicó que aunque se ha puesto atención a la solución de conflictos, “sería aventurado decir que los problemas forestales o agrarios, quedarán resueltos antes de que finalice la actual administración estatal”.

 

SAN LUIS POTOSÍ

 

No ha procedido denuncia ejidal por despojo. (Pulso, Rosa María Morales, p.web).

Afectados de Real de Catorce deben presentar pruebas: Fernando Lemoine

 El Subprocurador de Justicia en esta zona dio a conocer que la denuncia que pusieron los representantes del Pentatlón Deportivo en Real de Catorce, en contra de la autoridad ejidal no ha procedido, puesto que los afectados no entregaron un documento jurídico que los avale como tales, quedaron en regresar los presuntos afectados. acudieron a la Agencia del Ministerio Público a presentar una denuncia por el despojo de propiedad privada del Pentatlón Catorceño.   Precisó que estas personas fueron atendidas por él mismo, ya que era un grupo que se presentó a levantar la querella, aunque no mostraron convenio alguno, tampoco fe notarial y la acreditación como tal, entre otros documentos que les hacían falta, por lo tanto estas personas quedaron en regresar para presentar dicha documentación y darle seguimiento a su denuncia.   “Ya una vez que nos presenten la documentación requerida, de inmediato vamos a realizar las investigaciones para que se   En lo que se refiere al señor Higinio Pérez, esto fue por la vía civil a través de un interdicto de retención de la posesión.   La denuncia que se presente de inmediato se les da su curso, esto con el fin de que no existan los rezagos.   Los Ministerios Públicos tienen órdenes muy precisas de agilizar las denuncias presentadas en la AMP y en determinado tiempo a rendir un informe de cómo avanzan las investigaciones.

 

SONORA

 

Yaquis piden a la ONU intervenir en conflicto por tierras. (La Jornada, Cristóbal García, p.web).

Hermosillo, Son., 23 de mayo. Autoridades tradicionales de la tribu yaqui acudieron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para solicitar su intervención en el conflicto por la tenencia de la tierra que la etnia mantiene con particulares, "porque en México no hay voluntad política del gobierno para solucionar el problema", informó el gobernador de Tórim, Octaviano Jécari Espinosa. Señaló que la semana pasada asistió al Foro Permanente sobre los Pueblos Indios celebrado en la sede de la ONU -en la ciudad de Nueva York--, donde expuso que los yaquis fueron despojados de unas 45 mil hectáreas, a partir de un decreto que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León emitió en 1997. Destacó que el asunto necesita una resolución de la Corte Internacional.

 

VERACRUZ

 

Exigen indígenas de Abasolo del Valle, Veracruz, castigar a “viejo cacique”. (La Jornada, Guadalupe López, p.web).

 

Ha cometido atropellos durante 20 años, aseguran

Jalapa, Ver., 23 de mayo. La Unión de Pueblos Indígenas de Santiago Sochiapan (UPISS) denunció una "nueva oleada de graves atropellos en la población de Abasolo del Valle, municipio de Playa Vicente, donde desde hace ya más de 20 años el viejo cacique Abundio Osorio López impone su voluntad".

La organización señaló que las arbitrariedades más recientes cometidas por Osorio López ocurrieron el pasado 17 de abril, cuando varios individuos se introdujeron de forma violenta en varios predios, donde destruyeron viviendas y cortaron árboles y alambres.

Además están "las graves amenazas contra la vida del abogado René Chávez Palestina", asesor legal de dos campesinos indígenas, señalaron.

De acuerdo con la denuncia, estos actos fueron cometidos por personas encabezadas por Teodoro Bautista Sánchez, Cornelio Cervantes Sánchez y Abacucid Arellano López en terrenos que son propiedad de Primo Zapata Rodríguez, Pedro Sánchez Onofre, Antonio Bautista Paz, Tomasa Sánchez López y Emilio López Galindo.

Inocencio Santiago, integrante de la UPISS, explicó que la Colonia Agrícola y Ganadera Abasolo del Valle fue fundada hace 50 años por colonizadores mixtecos que se establecieron en tierras de este municipio veracruzano y desde hace ya más de 20 años la familia Osorio López ha acaparado las tierras, por lo que cuenta actualmente con más de 2 mil 500 hectáreas.

Agregó que este clan ha manejado a su antojo a las autoridades del pueblo y perseguido a los inconformes. Citó como ejemplo que en 1998 vecinos dirigidos por Vicente Zapata denunciaron un fraude cometido por Osorio López, quien en aquel entonces era presidente del patronato que ejecutaba la obra de introducción de agua potable. Pocos días después, el cuerpo del líder de los colonos apareció descuartizado y su crimen sigue impune hasta la fecha, señaló.

Asimismo, ha hostigado e intimidado a los inconformes con su cacicazgo, quemándoles su casa, como ocurrió a Marcelina López Cruz, o despojándolos de sus viviendas y terrenos, como sucedió a Aurelio Velasco Cruz, Isidro Velásquez Ramos y a Juan Chávez Gómez.

El integrante de la UPISS manifestó que todos estos hechos han sido denunciados ante el Ministerio Público de Playa Vicente, pero los responsables no han sido castigados, ya que Osorio López dice tener amigos en el gobierno estatal "y que tiene compradas a las autoridades".

Ante esta nueva oleada de despojos, los vecinos agraviados se han organizado y solicitaron apoyo de la UPISS, la cual denunció también las "graves amenazas contra el defensor Chávez Palestina, asesor legal de los campesinos indígenas Casimiro Santiago Cipriano y Gregorio Chávez López, quienes son testigos de estos hechos de violencia".

La organización demandó al gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de estos hechos; se restituyan los bienes despojados y se brinden medidas cautelares en favor del abogado Chávez Palestina, y a los campesinos Casimiro Santiago y Gregorio Chávez "cuya vida se encuentra en peligro".

 

Cartones

 

 

No pintan · Magú

 

El poder del narco · El Fisgón

 

Vapuleado · Rocha

 

 

 Jauja Naranjo

 

 

 El Chapito Helioflores

 

 

Madrazo Efrén