CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
2 DE MAYO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Arrumba IMSS equipos nuevos
Descubre auditoría que embodegan
más de 6 años miles de aparatos
e instrumental
Reanudan gobierno y PRD diálogo
Cota: factible, un encuentro esta semana
Potencial de México para crecer 4.0%: Cox
Requiere el país reformas
y mejorar el entorno de
inversión, advierte
Envía Fox señales de debilidad
Las acciones del Ejecutivo pueden provocar inestabilidad social:
IP y politólogos
Gana la mitad de empleados menos de 80 pesos diarios
En el Día del Trabajo, repudio a las políticas laborales
La transición no terminará en este sexenio, afirma Vicente Fox
En la residencia oficial de Los Pinos, ante los principales
líderes patronales y sindicales
de México, el presidente
Vicente Fox Quesada.
Más violaciones en DF que en NY, LA o Bogotá
Denuncian 3.3 violaciones sexuales diariamente aquí
Cayó el PRI en trampa de la derecha
“Evitemos alianzas vergonzantes”: José Murat
Cacería de brujas en el Ejército
La Procuraduría Militar interroga y vigila a los altos mandos
Fox: la transición no se
concretará este sexenio
Quizá no se logre madurez democrática en toda una generación,
asegura
Invasión china
Crecieron importaciones más de 500 por ciento en sólo cuatro
años
Sector agrario
¡¡Se acabó Procede!!;
el año próximo los pueblos
pagarán: visitador agrario. (Noticias, Voz de Imagen e Oaxaca, Gabino Sánchez Vasquez,
p. web).
30
Abril,05
SAN
PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA,
MIXE
PRIMERA
DE DOS PARTES
“Los habitantes de las comunidades mixes
Ixtlán, Villa Alta y Choapan
piensan que regulando sus
tierras comunales con el
Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulaciones de Solares en Zonas
Urbanas (Procede), el
gobierno
se los quitará o
pagarán impuestos. Esto no es cierto, por el contrario
tendrán
mayor beneficio y mejor control con sus comuneros, parcelas y de sus tierras comunales
y todo es gratuito, pero
el siguiente año puede que
los pueblos paguen las mediciones
topográficas, pero
serán muy costosas”,
advirtió el visitador agrario
Abimael
Aguilar Barranco.
En entrevista con NOTICIAS ( El Número
Uno), Aguilar Barranco sugirió
que todos los municipios
y agencias deben aprovechar
el Procede y
regularizar sus derechos
agrarios tanto de la comunidad
en general como de cada
comunero, sus ríos, carreteras
y
zonas urbanas, “porque esto en pocos meses se va a acabar”, confirmó.
Además de estos beneficios, también podrán computar el padrón
de comuneros que aparecen
en la Resolución Presidencial,
las cuales la mayor parte
recibieron los mixes,
en los años 1960-1970, aseguró.
“La Ley Agraria en su
artículo 16, señala que
para ser comunero deben
tener certificados de derechos
parcelarios, certificado
de uso común o una sentencia
del Tribunal Agrario que
demuestre que la persona
es comunera. Estos son los
documentos que deben tener
los campesinos”, indicó.
“La mayoría de los comuneros no están anotados en el padrón de la Resolución Presidencial,
ellos no están
reconocidos legalmente.
En su
pueblo sí están registrados,
pero esto es internamente,
porque el ciudadano ha cumplido
con sus obligaciones, desde
antes de los 18 años, pero
sigue siendo desconocido
para la Ley”, dijo.
Señaló que precisamente el programa es para regularizar los derechos tanto de los comuneros que no están
reconocidos o que tienen
un certificado que daba
antes la Reforma Agraria.
Todos aquellos comuneros
que de hecho lo son, pero
legalmente no tienen el
reconocimiento, “la función
de Procede es identificar
los ausentes, los ya fallecidos
y los que viven; además
de corregir los nombres,
porque muchos se llaman
por decir Pedro Juan, sin
apellidos y en la actualidad
ya tienen nombres y apellidos
completos. Esto sucedió
porque antes, no se les pedía sus actas de nacimientos”, puntualizó.
Una vez cumplidos los requisitos, finalmente se les entrega
un certificado nuevo y actualizado
con todos los datos generales
y les servirá no sólo en
el interior, sino también
en el exterior. “De esta
manera pueden
cumplir con la Ley
Agraria”, precisó.
Dijo el entrevistado que estos trabajos lo hacen cuatro instituciones: la Secretaría
de la Reforma Agraria, que
es la que proporciona copias
certificadas de la carpeta
básica del pueblo en que
se está trabajando. La Procuraduría
Agraria, que asesora a los
habitantes durante el programa.
INEGI, porque realiza los trabajos técnico de medición y
se encarga de actualizar
el plano. Finalmente, interviene
también Registro Agrario
Nacional el que expide los
certificados de cada comunero.
“Es por ello que todos trabajamos
coordinadamente”, subrayó
el visitador.
Con estos trabajos de campo se actualiza también el plano, porque nuevamente se mide el terreno;
con base al plano definitivo,
se van marcando con estacas,
en cada línea divisoria,
como en terracería
en cada quiebre se van marcando.
Así como la zona de crecimiento
urbano para que en el futuro
sea ordenado. Todo
esto es gratuito, ni siquiera
los molestamos con alimentos”,
dijo.
Agregó que actualmente la medición ya no se hace con el aparato
llamado
Teodololito,
ni el estadal ni la baliza
que en su momento fueron modernos. Ahora se ocupan dos métodos. El método
directo al campo y
a través de los Sistemas
de Posicionamiento Global
o el llamado también técnicamente
GPS. “Es un aparato que
realiza la medición
vía satélite”, indicó.
“Para conectarse al satélite, primeramente se colocan dos placas en el centro de la comunidad,
y la otra en el campo, las
cuales tienen todos los
datos de la comunidad, así
como la ubicación geográfica
técnica del mundo en que
está localizada la población,
dichos discos deben conservarse
eternamente por el pueblo”,
explicó.
“Estas placas son las que reciben la señal de tres satélites.
El primero tiene que enviar
la información de ubicación
de la comunidad, cuya investigación
debe estar confirmada con
los otros dos satélites,
y una vez ratificado el
lugar, entonces se inicia
la medición satelital”,
abundó.
No permiten a jóvenes votar en elección de comisariado ejidal. (La Opinión
Milenio
, Eulogio Flores,
p. web).
2-mayo-05
Jóvenes vecinos del ejido Lequeitio, dieron a conocer que no se les permitió participar
en el proceso eleccionario
para elegir a los nuevos
miembros del Comisariado Ejidal, pese a que el crecimiento de su comunidad,
que ha sido elevada al rango
de congregación, ya amerita
que en la toma de decisiones
se dé su lugar a todos los
que viven en ese poblado.
Solicitando no mencionar sus nombres
en forma pública, los informantes,
quienes trabajan en una
dependencia municipal, dieron
a conocer que otra presunta
irregularidad que tiene
lugar en Lequeitio, es que en el puesto de presidente del comisariado ejidal se alternan en forma sucesiva los hermanos
Martín y Ramón Marrufo
Alvarez.
Señalan que los comicios para elegir
a los nuevos integrantes
del comisariado
se efectuaron este 30 de
abril, y que el que acaba
de cumplir con su periodo
es Martín Marrufo
Alvarez,
y que el único candidato
fue su hermano Ramón.
Aunque fueron entrevistados a las
13:00 horas de este 30 de
abril, y en ese sentido
no se conocía aún el resultado
de la votación, adelantaron
que “se puede asegurar que
el ganador va a ser Ramón
Marrufo
Alvarez,
porque es el único candidato”.
Los dos hermanos ya tienen varios
periodos en que se alternan
en ese cargo, lo que ocurre
debido a que ambos son dueños
de varios títulos ejidales,
que han ido comprando y
acaparando con el tiempo,
y además tienen seguros
40 votos de igual número
de ejidatarios.
Agregan los jóvenes inconformes,
que otra presunta anomalía
que parece que no es tomada
en cuenta por las autoridades
agrarias, es el hecho de
que Ramón no reside en Lequeitio,
sino en Las Mercedes.
En otros procesos se le ha impugnado
por esto, exhortándolo a
que se cambie su lugar de
residencia, pero se ha negado
enfáticamente. En cuanto
a la negativa de las autoridades
ejidales a permitir que
los jóvenes participen en
las elecciones para renovar
al Comisariado Ejidal, sostienen que su poblado ya dejó de ser
un ejido pequeño, para convertirse
en una congregación, lo
que implica que su crecimiento
hace necesario que den su
opinión otros sectores de
Lequeitio, no sólo los ejidatarios.
Lequeitio tiene
una población de alrededor
de 2 ó 3 mil personas, y
entre éstos los ejidatarios
son 50 ó 100, de tal forma
que no es correcto que ese
número de campesinos decidan
por todos.
Por último, enfatizaron su extrañeza
de que la Procuraduría Agraria
no haya dado importancia
a estas irregularidades.
Se reúne la Procuraduría Agraria con ejidatarios
de Soteapan. (Diario del Istmo, Mirna Hernández, p. web).
28 de Abril del 2005
Representantes de los ejidatarios de Soteapan encabezados
por su dirigente Reynaldo
Pantaleón Hernández, se
reunieron aquí la mañana
de ayer con representantes
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y de
la Procuraduría Agraria
con sede en la ciudad de
Acayucan, para tratar temas
de la colindancia entre
terrenos entre ambas instancias.
Jáltipan, Ver.
-Mónica Sandoval
Barojas,
residente de la Procuraduría Agraria indicó que aun cuando ya se tienen definidas
las superficies que corresponden
al ejido de Soteapan
como las que corresponden
a la empresa eléctrica,
necesario es que quede constancia
de ello para evitar alguna
otra situación que ponga
en duda las colindancias
entre ambas partes.
La funcionaria manifestó que son
un total de 2 mil 600 hectáreas
las pertenecientes al grupo
de ejidatarios que encabeza
el señor Reynaldo
Pantaleón.
Abundó que posterior a ello se
podrá iniciar la entrega
de los certificados parcelarios
regularizando la situación
jurídica, pues aunque son
un total de 173 los ejidatarios,
el problema es que habían
personas que aunque tenían
años de estar detentando
las parcelas en calidad
de titulares, no habían
regularizado sus tierras.
“Lo anterior indica que
al darse esta regularización,
el número de ejidatarios
también se modificará”,
dijo.
Jáltipan, en manos
de Tribunal Unitario
La residente de la Procuraduría
Agraria, Mónica Sandoval
Barojas,
indicó que en lo que corresponde
a Jáltipan
en donde existen problemas
entre el grupo de ejidatarios
que encabeza Vidal Morales
Morales
y el que lidera Jerónimo
Ortiz de la Cruz, el caso
se encuentra en manos del
Tribunal Unitario Agrario
con sede en San Andrés Tuxtla.
Se trata ésta, de una controversia
de carácter interno, pues
la regularización de la
tenencia de la tierra es
lo que se está desahogando
en el Registro Agrario Nacional,
es lo que dijo la representante
de la dependencia agraria.
Instala la Reforma Agraria la Comisión de seguimiento
a problemática campesina
de Las Cañadas, Chiapas. (La Jornada, p. web)
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame,
aseguró que el presidente
de la República, Vicente
Fox
Quesada, al resolver los
problemas del ampo a través
de la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la solución de
los conflictos agrarios,
ha puesto el primer piso
en la construcción de una
nación donde que de erradica
la problema.
Exigen pago de tierras invadidas por el EZLN. (Proceso, Isaín Mandujano, p. web).
30-04-2005
* Demandan a la SRA les indemnice por el despojo de
24 mil hectáreas de tierra
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de abril
(apro).-
Tras haber perdido sus tierras
por las invasiones desatadas
tras el levantamiento armado
zapatista,
más de 340 pequeños propietarios
exigieron hoy al gobierno
estatal y federal el pago
de unas 24 mil hectáreas,
en el marco de la instalación
de la comisión especial
para atender la demanda.
Ante el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Florencio Salazar Adame,
y del gobernador Pablo Salazar,
los líderes de los ganaderos
y “pequeños propietarios”,
como se autodenominan, pidieron
no que se les devuelvan
sus tierras, sino que se
les pague por ellas y por
el tiempo que no las han
usufructuado, todas ellas
ubicadas en los tres principales
municipios de la zona del
conflicto armado, Ocosingo,
Las Margaritas y Altamirano.
Hoy Salazar Adame, instaló, en su
calidad de presidente, la
comisión de seguimiento
para atender la problemática
que enfrentan estos pequeños
propietarios rurales desplazados
en la zona de las cañadas
(Ocosingo, Altamirano y
las Margaritas) desde 1994.
Esta comisión fue creada a raíz de un punto de acuerdo aprobado
el pasado 14 de marzo en
sesión plenaria de las comisiones
unidas de Reforma Agraria
y de Asuntos Indígenas de
la Cámara de Diputados con
el propósito de buscar solución
a las demandas de los 341
pequeños propietarios rurales,
quienes solicitan el pago
indemnizatorio de 24 mil
528 hectáreas.
Se recordó en este acto que en la pasada administración federal,
un grupo de pequeños propietarios
localizados en la zona de
las cañadas de esta entidad
sureña no aceptaron acceder
al Programa de Aparcería
Bovina y Proyectos Productivos
Agropecuarios (Fuappar)
constituido por el gobierno
federal para atender dicha
problemática por considerar
que el esquema no cubría
sus demandas.
A través del Fiappar, aplicado de
1996 a 1997, se destinó
un presupuesto de 167.3
millones de pesos bajo un
esquema de crédito y amortización
a 5 años, y se atendió a
441 pequeños propietarios
de igual número de predios
con una superficie total
de 42 mil hectáreas.
La Comisión que hoy se instaló fue para atender a pequeños
propietarios no incluidos
en el Fiappar,
y quedó integrada por el
titular de la SRA, Salazar
Adame,
en su calidad de presidente;
la representante especial
de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Martha Cecilia
Díaz Gordillo, como secretaria
ejecutiva; el secretario
de Gobierno de Chiapas,
Rubén Velásquez López, como
secretario técnico; y como
vocales fungirán tres representantes
de los pequeños propietarios
de cada municipio (Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas).
Estos vocales son los líderes Jorge Manuel Pimienta Calvo,
del grupo de Ocosingo; Agenor
Hernández Torres, líder
de los ganaderos de Altamirano;
y Miguel Aguilar Aguilar,
de Las Margaritas.
Se dijo hoy que la comisión de seguimiento tendrá las funciones
de investigar que los predios
no han sido objeto de afectación
agrario o sujetos a expropiación,
verificar la veracidad de
la información proporcionada
por los propietarios rurales
y constatar que el predio
no esté incluido en el Fiappar,
así como realizar inspecciones
oculares para verificar
la existencia de los terrenos
y la situación actual de
los mismos.
En el acto, además de los líderes que reclamaron el pago de
sus tierras, Manuel de Jesús
Alcázar subió al estrado
para arrebatar el micrófono
y exigir a ambas autoridades,
estatal y federal, que ésta
no sea una reunión más de
las que han tenido en los
últimos 11 años, y que espera
resultados concretos.
Alcázar recordó cómo a raíz del levantamiento armado zapatista muchos simpatizantes y bases de apoyo del grupo
armado se apoderaron de
sus tierras, por lo que
prácticamente quedaron en
la calle, sin patrimonio
alguno.
Dijo que de las 600 hectáreas que tenían en conjunto, su esposa
y sus tres hijos, nada tienen
ahora, por lo que han tenido
que emplearse en otras actividades
para poder sobrevivir.
Hoy, Salazar Adame dijo que antes
de que culmine el sexenio
del presidente Vicente Fox,
al igual que otros conflictos,
habrá una solución.
Se instaló la Comisión de Seguimiento a la problemática
de pequeños propietarios
de las Cañadas, en Chiapas. (Excélsior, p. web)
Publicado: 29/04/05
México, 29 abril.- El Secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame,
instaló hoy, en su calidad
de presidente de este órgano,
la Comisión de Seguimiento
para atender la problemática
que enfrentan los pequeños
propietarios rurales desplazados
en 1994 de la zona de las
cañadas (Ocosingo, Altamirano
y las Margaritas).
La Comisión nace como resultado de un punto de acuerdo votado
el pasado 14 de marzo en
sesión plenaria
de las Comisiones
Unidas de Reforma Agraria
y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados
con el propósito de buscar
solución a
las demandas de 341
pequeños propietarios rurales
quienes solicitan el pago
indemnizatorio de 24 mil
528 hectáreas.
En la pasada administración, un grupo de pequeños propietarios
localizados en la zona de
las Cañadas de esta entidad
sureña no aceptaron acceder
al Programa de Aparcería
Bovina y Proyectos Productivos
Agropecuarios (FIAPPAR)
constituido por el
Gobierno Federal para atender
dicha problemática por considerar
que el esquema no cubría
sus demandas.
A través del Programa
de Aparcería Bovina y Proyectos
Productivos Agropecuarios
(FIAPPAR), aplicado de 1996 a 1997, se destinó un presupuesto de 167.3 millones
de pesos bajo un esquema
de crédito y armortización
a 5 años y se atendieron
441 pequeños propietarios
de igual número de predios
con una superficie total
de 42 mil hectáreas.
La Comisión que se instaló para atender a pequeños propietarios
no incluidos en el FIAPPAR,
quedará integrada por el
titular de la SRA, Florencio
Salazar Adame,
en su calidad de presidente;
la representante especial
de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Martha Cecilia
Díaz Gordillo,
asumirá como secretario
ejecutivo; el Secretario
de Gobierno de Chiapas,
Rubén Velásquez López,
como secretario técnico
y
vocales fungirán tres representantes de los pequeños propietarios
de cada municipio (Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas).
Esta Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
investigar que los predios
no han sido objeto de afectación
agrario o sujetos a expropiación,
verificar la veracidad de
la información proporcionada
por los propietarios rurales
y constatar que el predio
no esté incluido en el FIAPAR
así como
realizar inspecciones
oculares para verificar
la existencia de los predios
y la situación actual de
los mismos.
El Secretario de la Reforma Agraria en su calidad de presidente
de la Comisión Evaluadora,
informará de los trabajos
a las Comisiones de Reforma
Agraria y de Asuntos Indígenas
de la Cámara de Diputados.
El campo, prioridad para el gobierno del presidente
Vicente Fox:
Florencio Salazar Adame. (Excélsior,
p.web).
Publicado: 29/04/05
Chiapas, 29 abril.- El Secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame,
aseguró que el Presidente
de la República, Vicente
Fox
Quesada, al resolver los
problemas del campo a través
de la certeza jurídica en
la tenencia de la tierra
y la solución de los conflictos
agrarios, ha puesto el primer
piso en la construcción
de una nación donde quede
erradicada la pobreza.
En el marco de la firma del acta de instalación de la Comisión
de Seguimiento de para atender
la problemática que enfrentan
los pequeños propietarios
rurales desplazados en la
zona de Las Cañadas (Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas)
en Chiapas, el funcionario
foxista
sostuvo que la actual administración
busca para el campo mexicano
la paz social y el desarrollo
rural integral sustentable
de ahí la importancia de
aplicar acciones encaminadas
a dar solución a los conflictos
agrarios mediante el diálogo
y la conciliación.
Acompañado del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, el Secretario de la Reforma Agraria aseguró que en esta entidad sureña los gobiernos
federal y estatal son “dos
brazos, dos piernas y una
cabeza para resolver los
conflictos agrarios para
que el campo chiapaneco
viva en paz”.
El político guerrerense aseguró que la instalación de la Comisión
de Seguimiento para resolver
los problemas de los pequeños
propietarios rurales desplazados
de la zona de Las
Cañadas, busca dar resultados
concretos a un asunto que
lleva más de una década,
ya que es de elemental justicia
reintegrar a los propietarios
de tierras invadidas, el
recurso que les permita
crear un nuevo patrimonio
para mejorar sus condiciones
de vida.
Salazar Adame, quien durante su estancia
en la
entidad también asistió
a la VI Sesión Extraordinaria
de Comité Técnico de Fideicomiso
Fondo ´95, informó a los pequeños propietarios rurales
que el Presidente de la
República le instruyó a
que dentro de la Comisión
de Seguimiento exista especial
cuidado para concretar resultados
exitosos pues es prioridad
el campo para la presente
administración.
Ante los asistentes, el titular de la SRA destacó que en este
gobierno la política agraria
ha permitido avanzar en
la certeza jurídica de la
tenencia de la tierra, garantizar
la solución de conflictos
agrarios y caminar hacia
una reforma a la ley agraria
que beneficiará a millones
de familias campesinas.
Por su parte, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien firmó el acta de instalación de la Comisión
de Seguimiento para la atención
de los pequeños propietarios
desplazados de la zona de
Las Cañadas, afirmó que
el gobierno de Vicente Fox es responsable y democrático porque resuelve los problemas
agrarios del país por muy
añejos que éstos sean.
Salazar Mendiguchía añadió que tanto
el Primer Mandatario como
el Secretario de la Reforma
Agraria han demostrado que
no tienen miedo para atender
los conflictos agrarios
y dan solución a problemas
que se generaron en otras
administraciones federales
con tal de llevar la paz
social al campo, especialmente
a Chiapas.
Los representantes de los pequeños propietarios desplazados
de los municipios de Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas,
Agenor
Hernández Torres, Jorge
Manuel Pimienta Calvo y
Miguel Aguilar Aguilar, agradecieron
el interés del Gobierno
Federal por atender sus
demandas pues a diferencia
de otros sexenios, en esta
ocasión se han abierto las
puertas “para que se nos
liquiden nuestros predios”.
En tanto, fuera de programa, Manuella de Jesús Alcazar González, pequeña propietaria rural del municipio
de Ocosingo, solicitó al
Secretario de la Reforma
Agraria le permitiera decir
unas palabras ante los asistentes,
y expresó su confianza en
que el gobierno actual resolverá
su problemática a fin de
que, dijo,
“nuestros hijos tengan un
patrimonio y puedan ser
buenos patriotas”.
Aún se espera pago de tierras. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p. web).
Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y que
presuntos zapatistas
y perredistas
no vuelvan a volcarse -con
su voracidad en tiempos
electorales-, contra la
pequeña propiedad, es la
principal necesidad de la
Federación de Pequeños Propietarios
del Estado, de acuerdo con
el dirigente Fidel Enrique
Culebro Trejo.
Conocedor de la historia negra contra el patrimonio de
pequeños propietarios y
grupos desplazados por el
conflicto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Ocosingo, Altamirano
y Las Margaritas, Culebro
Trejo dijo ver la reciente
instalación de una comisión
de seguimiento en la entidad.
"Ya estuvo bueno de tantas fregaderas contra el
patrimonio de los chiapanecos
dedicados al trabajos y
hacer producir la tierra,
a pesar de tantos pesares
y calamidad provenientes
de muchas partes".
Argumentó que "habría que darse una 'vueltecita' por tantas miles de hectáreas que antes de 1994
eran orgullo en producción
para Chiapas y que ahora
lucen inservibles, acabadas,
olvidadas y lo que es peor,
ociosas, con tanta gente
que hoy en día se muere
de hambre o andan mendigando
por las calles de cualquier
ciudad, eso no puede ser
orgullo para nadie ni incluso
"trofeo de una guerrilla".
SRA
Culebro Trejo, de la reciente instalación
de una comisión para la
atención de grupos desplazados
o pequeños propietarios
afectados por las invasiones
de tierras en Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas,
de entrada confesó su gusto
por que nuevamente sean
tomados en cuenta, ya que
"muchos de nosotros
tuvimos que cambiar de giro
y actividad, después que
nuestro patrimonio se convirtió
en refugio de gavilleros
y ladrones".
Reconoció que tendrán que actualizar sus estimados con
respecto a sus "tierras
invadidas". Parece
ser que la Reforma Agraria
sólo quiere reconocer 270
propiedades, mientras existe
un concentrado de por lo
menos 370 ranchos afectados
de mil maneras", según
señaló.
Finalmente, Culebro Trejo,
quien no pudo precisar el
número real de hectáreas
afectadas, adelantó que
no será fácil que los pequeños
propietarios vuelvan a tener
confianza en la autoridad,
por ello lo que esperan
es la indemnización
Reclaman a Pablo Salazar tierras invadidas por
el EZLN.
(El Orbe, p. web).
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 29 de abril.- Tras haber perdido
sus tierras por las invasiones
desatadas tras el levantamiento
armado zapatista, más de 340 pequeños propietarios exigieron hoy
al gobierno estatal y federal
el pago de unas 24 mil hectáreas,
en el marco de la instalación
de la comisión especial
para atender la demanda
Ante el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Florencio Salazar Adame,
y del gobernador Pablo Salazar,
los líderes de los ganaderos
y “pequeños propietarios”,
como se autodenominan, pidieron
no que se les devuelvan
sus tierras, sino que se
les pague por ellas y por
el tiempo que no las han
usufructuado, todas ellas
ubicadas en los tres principales
municipios de la zona del
conflicto armado, Ocosingo,
Las Margaritas y Altamirano.
Hoy Salazar Adame, instaló, en su
calidad de presidente, la
comisión de seguimiento
para atender la problemática
que enfrentan estos pequeños
propietarios rurales desplazados
en la zona de las cañadas
(Ocosingo, Altamirano y
las Margaritas) desde 1994.
Esta comisión fue creada a raíz de un punto de acuerdo aprobado
el pasado 14 de marzo en
sesión plenaria de las comisiones
unidas de Reforma Agraria
y de Asuntos Indígenas de
la Cámara de Diputados con
el propósito de buscar solución
a las demandas de los 341
pequeños propietarios rurales,
quienes solicitan el pago
indemnizatorio de 24 mil
528 hectáreas.
La Comisión que hoy se instaló fue para atender a pequeños
propietarios no incluidos
en el Fiappar,
y quedó integrada por el
titular de la SRA, Salazar
Adame,
en su calidad de presidente;
la representante especial
de la Secretaría de la Reforma
Agraria, Martha Cecilia
Díaz Gordillo, como secretaria
ejecutiva; el secretario
de Gobierno de Chiapas,
Rubén Velásquez López, como
secretario técnico; y como
vocales fungirán tres representantes
de los pequeños propietarios
de cada municipio (Ocosingo,
Altamirano y Las Margaritas).
Estos vocales son los líderes Jorge Manuel Pimienta Calvo,
del grupo de Ocosingo; Agenor
Hernández Torres, líder
de los ganaderos de Altamirano;
y Miguel Aguilar Aguilar,
de Las Margaritas.
Se dijo hoy que la comisión de seguimiento tendrá las funciones
de investigar que los predios
no han sido objeto de afectación
agrario o sujetos a expropiación,
verificar la veracidad de
la información proporcionada
por los propietarios rurales
y constatar que el predio
no esté incluido en el Fiappar,
así como realizar inspecciones
oculares para verificar
la existencia de los terrenos
y la situación actual de
los mismos.
En el acto, además de los líderes que reclamaron el pago de
sus tierras, Manuel de Jesús
Alcázar subió al estrado
para arrebatar el micrófono
y exigir a ambas autoridades,
estatal y federal, que ésta
no sea una reunión más de
las que han tenido en los
últimos 11 años, y que espera
resultados concretos. (Apro)
Obtiene el Registro Agrario Nacional de BCS primer
lugar nacional en metas
cumplidas durante el 2004. (Identidad, Edgar Salazar, p. web)
02 de Mayo, 2005.
El personal del Registro Agrario
Nacional (RAN) delegación
de Baja California Sur (BCS)
recibió un reconocimiento
público, por obtener el
primer lugar a nivel nacional
de haber cumplido y superado
las metas del programa operativo
anual, así como de todos
los programas que el RAN
maneja.
Lo anterior lo dio a conocer en
entrevista la delegada federal
en BCS, Shasllely
García Guillen, quien dijo
que durante el 2004 se atendió
en micro-regiones tres mil
solicitudes, se expidieron
2,500 más, en constancias
un promedio de 550. Sobrepasando
así en un 300% las metas
de ese año, por lo que en
el 2004 se requirió más
de los servicios del RAN
en BCS.
Señalo que el tiempo de respuesta
es de dos días, en las principales
solicitudes como son, copias
certificadas de planos,
inscripciones de acta de
asamblea, traslado de derechos
de sucesión.
García Guillén dijo que se recibió
la certificación ISO-9001-2000
por el cual se certifica
a la delegación en Baja
California Sur, en siete
procesos donde se brinda
la seguridad de que son
atendidos con calidad en
los servicios.
Dentro de los siete procesos certificados
se encuentra la expedición
de copia certificada de
planos, de constancias,
la apertura de lista de
sucesión, la inscripción
de diversos acuerdos de
asamblea entre otros.
Finalmente dijo que están inversos
en una mejora continua de
calidad en el servicio,
la cual se tendrá que revalidad
cada año.
Sector agropecuario
Aprueba el Senador reforma que reconoce a “jornaleros”. (La Crónica de Hoy, José
Contreras, p. web)
En su último día de sesiones del
periodo ordinario, el Senado
aprobó una propuesta del
priista
Carlos Rojas Gutiérrez de
reformas a la Ley Federal
del Trabajo, para establecer
la figura de “trabajador
del campo” y garantizar
los derechos laborales y
sociales de este tipo de
trabajadores, conocidos
también como “jornaleros”.
Las reformas aprobadas establecen
la jornada máxima de cuatro
horas para trabajadores
del campo o jornaleros menores
de 16 horas, y obligan a
los empleadores y/o intermediarios
(los que enganchan a los
jornaleros) a pactar y estipular
por escrito las condiciones
de trabajo.
El dictamen aprobado, que fue enviado
a la Cámara de Diputados,
implica reformas a los artículos
280 y 283, y la creación
de los artículos 280 A,
280 B y 282 A de la Ley
Federal del Trabajo.
El artículo 280 quedó así: “la
relación laboral con los
trabajadores del campo se
entenderá que es por tiempo
indeterminado salvo que
se estipule por escrito
que se trata de una relación
por tiempo determinado.
En todo caso, si la duración
es mayor de tres meses,
se considerará al trabajador
de planta.
“Los trabajadores menores de 16
años sólo podrán prestar
sus servicios en jornadas
de cuatro horas continuas
al día, debiendo ser compatibles
sus horarios de trabajo
con los de estudio. No podrán
ser contratados si no se
acredita que se encuentran
cursando la educación básica”.
El 280-A dice: “las personas que
funjan como intermediarios
en la contratación de trabajadores
del campo deberán inscribirse
en el Registro que a tal
efecto haga la Secretaría
del Trabajo y Previsión
Social. Sin ese requisito
serán considerados patrones,
independientemente de lo
previsto en los artículos
12 al 15 de esta Ley.
El artículo 280-B se refiere a
las “obligaciones” de los
intermediarios: “pactar
por escrito las condiciones
generales de trabajo, los
descuentos en caso de anticipos
de salario y la duración
del contrato de trabajo,
el cual deberá ser depositado
en la junta de conciliación
y arbitraje más próxima
al lugar de contratación.
“El documento generado será entregado
a cada uno de los trabajadores,
con la finalidad de que
tengan conocimientos de
las condiciones de su actividad
laboral”.
Los intermediarios también deberán
“sufragar los gastos de
traslado y alimentación
de los trabajadores y brindarle
protección contra accidentes
desde el momento de embarque,
los cuales deberán ser informados
al empleador”.
Además, “no (deberán) cobrar al
trabajador retribución alguna
o comisión con cargo a sus
salarios, y el transporte
para el traslado de los
trabajadores debe ser de
los autorizados para pasajeros
por el gobierno federal”.
Los empleadores, según las reformas
aprobadas, deberán entregar
al empleador un recibo de
honorarios por el monto
de sus servicios, así como
cumplir con las obligaciones
fiscales que se deriven
de su actividad.
LOS PATRONES. Las reformas mencionan
como “obligaciones de los
patrones” las siguientes:
“proporcionar a los trabajadores
alimentación sana y nutritiva,
y agua potable durante la
jornada de trabajo; transportar
en forma gratuita a los
trabajadores de su domicilio
al lugar de trabajo y regreso”.
Precisa que cuando el traslado
de los trabajadores implique
como mínimo un día, el inicio
y la terminación de la jornada
de trabajo se computará
a partir de la salida del
domicilio del trabajador
y de su regreso al mismo
domicilio.
En el caso de que el trabajador
no se encuentre inscrito
en el Seguro Social, agrega,
el patrón deberá contratar
un seguro contra accidentes
a favor de sus trabajadores.
Los patrones también están obligados
a “brindar servicios de
guardería y educación a
los hijos de los trabajadores”
y “proporcionar a la Comisión
Nacional para la Participación
de los Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas,
la relación de trabajadores
con derecho a reparto de
utilidades”.
Cuando alguno de los trabajadores
con derecho a pago no cobre
su participación una vez
transcurridos noventa días
contados a partir de la
fecha en que debió realizarse
el pago, el patrón o empleador
realizará el pago respectivo
a través de la forma que
para tal efecto le indique
el trabajador.
En la exposición de motivos, el
senador Carlos Rojas afirmó
que las condiciones laborales,
salariales y de vida de
los jornaleros agrícolas
exigen una respuesta eficaz
del Estado para garantizar
el pleno ejercicio de sus
derechos humanos y el acceso
a una calidad de vida digna.
CIFRAS. En México, dijo, más de
la mitad de los trabajadores
del campo, tres millones
de personas, se emplean
como jornaleros y dos terceras
partes de éstos lo hacen
de manera permanente.
Mencionó que el 40 por ciento de
estos trabajadores proviene
de pueblos indígenas y en
los campos de labor, en
conjunto, se hablan 26 lenguas
diferentes. Junto con sus
familias salen de sus comunidades
hacia 23 zonas agrícolas
distintas, la mayoría ubicadas
en el noroeste, en busca
de un empleo que les permita
obtener un ingreso que les
permita sobrellevar su condición
de pobreza.
Sin embargo, acotó, hay sitios
como La Laguna en donde
más del 80 por ciento de
los jornaleros agrícolas
es indígena.
Agregó: “en los estados del noroeste,
los grupos de jornaleros
indígenas son, de manera
predominante, mixtecos, zapotecas y nahuas; en tanto que, en la Región Lagunera,
la mayoría procede de la
Huasteca
Potosina”.
El trabajo de los jornaleros requiere
de grandes esfuerzos físicos,
conlleva los mayores riesgos
para la salud y, generalmente,
también es el peor retribuido.
Esta situación implica que
todos los integrantes de
la familia se vean obligados
a participar en el trabajo
y puedan completar sus ingresos,
señaló el senador Rojas.
Organizaciones campesinas
La reforma al sistema de justicia, gran pendiente. (La Jornada, Ángeles Cruz,
p. web).
La Coalición por la Reconstrucción Nacional -que se creará
el próximo 2 de julio con
representantes de organizaciones
sociales, sindicatos, partidos
políticos e Iglesia católica-
se planteó como parte de
sus actividades impulsar
una reforma al sistema judicial
y de impartición
de justicia, con el propósito
de garantizar su autonomía,
y pugnar por leyes laborales
que garanticen la competitividad,
la sindicalización y la
contratación colectiva.
En el ámbito agropecuario, el organismo aboga por el cumplimiento
cabal del Acuerdo Nacional
para el Campo (ANC) y la
renegociación del capítulo
agropecuario del Tratado
de Libre Comercio de América
del Norte, para excluir
de éste maíz y frijol.
Además se manifiesta por promover que el Congreso de la Unión
conozca, apruebe, evalúe
y revise los acuerdos comerciales.
El viernes representantes de la Coalición por la Reconstrucción
Nacional emitieron una declaración
conjunta en la que expresan
su compromiso con diversos
temas pendientes de la agenda
social.
Señalaron que esos tópicos ya han sido planteados por la ciudadanía
sin que a la fecha el gobierno
federal haya dado respuesta.
Son cuestiones relacionadas
con la seguridad, la democracia
y la transparencia. Tienen
que ver sobre todo con el
reconocimiento de derechos
básicos de los trabajadores,
tales como la sindicalización,
la contratación colectiva
y la democracia sindical.
La declaración menciona entre los pendientes el cumplimiento
del ANC y los acuerdos de
San Andrés, así como mayor
impulso a los derechos de
las mujeres y la ausencia
de acciones que garanticen
la sustentabilidad
ecológica.
En materia de soberanía, los firmantes del documento plantean
su rechazo a los privilegios
que se dan al capital trasnacional
y el mantenimiento de condiciones
de relación económica externa
sin proyecto nacional propio.
Luego de la decisión presidencial, el miércoles pasado, de
rectificar en el caso de
Andrés Manuel López Obrador,
desaforado el 7 de abril
por la Cámara de Diputados,
los firmantes de la coalición,
promovida por la Unión Nacional
de Trabajadores, resaltaron
que el diálogo, la tolerancia,
la concordia y la pluralidad
son virtudes republicanas
que obligan a construir
un espacio de generación
de consensos, el cual debe
ser institucional, público
y transparente. Debe estar
regido por el respeto a
las leyes y a las normas,
pero además ''no puede ser
sólo para y por los intereses
de la clase política''.
En este punto, el texto destaca que "la movilización de
cientos de miles de mujeres
y hombres que creen en la
libertad, en la democracia
y en la necesidad de que
México cambie" motivó
el viraje en la estrategia
presidencial. Son, apunta,
"mexicanos y mexicanas
a los que no se les puede
asignar el papel de contingentes
electorales o de masas para
constatar popularidades,
cuando son la base y la
fuerza de la democracia
y de la gobernabilidad de
cualquier régimen no autoritario''.
A partir de estas consideraciones fue emitida la declaración
conjunta suscrita por el
obispo Sergio Obeso, presidente
de la Comisión de Pastoral
Social de la Conferencia
del Episcopado Mexicano;
José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral;
organizaciones campesinas,
de trabajadores, de mujeres,
y los partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo,
Convergencia, y Alternativa
Socialdemócrata y Campesina.
En el texto resaltan la urgencia de concretar un acuerdo nacional
para la transición en el
que participen las fuerzas
y los actores políticos,
así como el gobierno federal
y la sociedad civil organizada.
Respecto de los otros temas pendientes de la agenda social,
mencionan la reforma a la
seguridad social, la cual
tiene que ser integral y
con participación de los
trabajadores.
En materia de equidad de género, indican que deben corregirse
los sesgos discriminatorios
de la legislación y las
políticas públicas con especial
énfasis en la situación
de las trabajadoras asalariadas
y no asalariadas, las mujeres
rurales, campesinas, indígenas
y de las migrantes.
Apremia igualmente a establecer un programa emergente para
el crecimiento económico
y el empleo. Además propone
dotar de autonomía a Petróleos
Mexicanos y al sector eléctrico,
e impulsar un programa de
reconversión del sector
energético.
El manifiesto incluye el respeto al Estado laico y el principio
de no discriminación por
sexo, edad, situación social,
estado de salud, orientación
sexual o cualquier otra
causa.
El respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, el fortalecimiento fiscal del Estado mediante la
eliminación de todos los
regímenes de privilegio
y el esclarecimiento de
los crímenes políticos y
financieros son otros tópicos
que la Coalición por la
Reconstrucción Nacional
incluirá entre sus prioridades.
“Se perdieron 500 mil empleos en el campo”. (El Universal, Carlos Velasco,
p. web)
Al conmemorarse un aniversario
más del Día Internacional
del Trabajo, la Confederación
Nacional Campesina denunció
que 3.5 millones de jornaleros
agrícolas ganan menos de
un salario mínimo de 46.80
pesos diarios, 95 por ciento
del total (cinco millones)
no tienen prestaciones y,
por si fuera poco, en la
administración del presidente
Vicente Fox
se han perdido 500 mil puestos
de trabajo en el sector
rural.
Por ello, durante el evento conmemorativo
de la gesta obrera, el dirigente
de la CNC, Heladio
Ramírez López, dijo que
exigirá participar en el
debate de la nueva Ley Federal
del Trabajo, a fin de actualizar
el "obsoleto y casi
inexistente" capítulo
referente a los trabajadores
del campo.
Luego de manifestar la solidaridad
de los cenecistas
con el movimiento obrero
mexicano, Heladio
Ramírez López dijo que legislar
sobre una nueva ley laboral
sin tomar en cuenta a los
jornaleros del campo "sería
una aberración histórica,
al desconocerse la realidad
del país".
Igualmente, señaló el líder cenecista que más de tres millones de niños de entre seis
y 14 años realizan actividades
agrícolas al margen de cualquier
protección laboral. Aportan
alrededor de 30 por ciento
del ingreso familiar",
indicó.
Demandó que se castigue la explotación
laboral infantil, pues muchos
niños y adolescentes son
obligados a trabajar en
condiciones infrahumanas.
Denunció que la explotación
laboral de los menores en
el campo, llega al grado
de que en el mejor de los
casos perciben dos dólares
20 pesos por jornada de
trabajo.
De acuerdo con el Instituto Mexicano
de la Competitividad, el
país registra un déficit
de empleo acumulado que
supera los cuatro millones,
lo cual quiere decir que
México transita por una
compleja situación laboral,
ya que en la presente administración
la planta productiva no
ha generado las fuentes
de trabajo necesarias.
Criticó que en el siglo XXI el
pueblo viva en condiciones
similares a las de hace
100 años; que, según reportes
de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el Banco
Mundial (BM), México se
encuentre entre los países
con el peor salario mínimo
de América Latina, apenas
rebasado por Haití.
Heladio Ramírez denuncia el abandono
de jornaleros agrícolas. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p. web).
Setenta por ciento de 5 millones de campesinos obtienen menos
de un salario mínimo y 95
por ciento carecen de prestaciones
sociales. Además en el agro
se han perdido medio millón
de empleos y la migración
se incrementó hasta dejar
comunidades prácticamente
desoladas, afirmó el presidente
de la Confederación Nacional
Campesina, Heladio
Ramírez López.
En el marco del Día Internacional del Trabajo, el ex gobernador
de Oaxaca informó que la
CNC exigirá participar en
el debate de la nueva Ley
Federal del Trabajo para
"actualizar el obsoleto
y casi inexistente capítulo
referente a los trabajadores
del campo, ya que legislar
en ese rubro sin tomar en
cuenta a los jornaleros
sería una aberración histórica
porque implica desconocer
la realidad del país".
Lamentó que el gobierno federal "insista en maquillar
las cifras del desempleo
y la pobreza por decreto,
desafiando la realidad y
el sentido común, a pesar
de la crisis económica y
la falta de crecimiento
sostenido.
"En el siglo XXI alrededor de 10 millones de indígenas
sobreviven con 20 pesos
al día y hay una oleada
de más de 400 mil migrantes anuales hacia Estados Unidos en busca de empleo
y mejor ingreso, a pesar
de que sus condiciones laborales
en ese país serán de discriminación
social, laboral y económica".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Reforma Agraria
de la Cámara de Diputados,
Manuel García Corpus, propuso
constituir una coordinación
integrada por diputados
de los congresos locales
y del Palacio Legislativo
de San Lázaro para que los
recursos del campo no se
reduzcan ni sean manejados
con discrecionalidad.
Explicó que los legisladores del sector rural trabajarán mediante
el formato de conferencia
parlamentaria para elaborar
una agenda legislativa en
favor del campo. Con dicho
mecanismo, dijo, los legisladores
locales y federales tratarán
de salvaguardar los recursos
destinados al sector rural
en caso de que la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación dictamine en contra
de la determinación de los
diputados de aprobar mayores
recursos para ése y otros
programas para beneficio
de la población.
Agregó que los legisladores iniciarán los trabajos preparativos
del presupuesto rural 2006
para "construir desde
abajo y con el concurso
de todas las regiones una
política de Estado para
el rescate del campo".
A su vez, el diputado Miguel Luna, presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, comentó
que existe una minuta de
proyecto de decreto del
Senado que adiciona dos
artículos a la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, con el
propósito de otorgar a los
consejos municipales para
el desarrollo rural sustentable
el carácter de órganos técnicos,
asesoría y gestión en materia
de planeación del desarrollo
rural municipal.
En caso de aprobarse dicho proyecto de decreto, puntualizó,
esos consejos también podrán
celebrar acuerdos de coordinación
con las autoridades federales
y estatales, así como con
los sectores social y privado.
La intención de la iniciativa, aclaró el legislador, es fortalecer
la federalización
y otorgar un mayor respaldo
a la municipalización.
Prensa Estatal
GUERRERO
No se parará la obra de la presa El Gallo; habrá
diálogo con la empresa:
alcalde. (El Sur, Gregorio Urieta, p. web).
El presidente municipal de Cutzamala, Isisdro Duarte Cabrera,
informó que “por el momento”
se suspende la clausura
de los trabajos de construcción
de una central hidroeléctrica
en la cortina de la presa
El Gallo, como anunciaron
que harían este lunes con
los comisarios y comisariados
ejidales de siete localidades
aledañas a la obra la semana
pasada.
Vía telefónica, detalló que se
comunicó con Manuel Castañeros,
representante de la empresa
Estrella Blanca, que construye
la hidroeléctrica, aunque
éste no le dio los nombres
de los inversionistas, pero
le dijo que se invierte
capital extranjero.
Duarte Cabrera expuso que Castañeros
se comprometió a asistir
a una reunión con él y los
campesinos el miércoles
en la mañana en las oficinas
de la Presidencia Municipal
y lo acompañarán otras dos
personas, mientras que las
comunidades del municipio
estarán representadas por
el alcalde y una comisión
de comisarios y comisariados ejidales.
De esta manera, dijo, se cancela
“por el momento” la suspensión
de los trabajos de la empresa
Estrella Blanca, planeado
por los campesinos desde
la semana pasada. “Dependerá
de los acuerdos a los que
lleguemos con las personas
que asistan a la reunión
el miércoles”, agregó.
Más de 60 hectáreas fueron expropiadas en diciembre
pasado. (El Sur, p.5).
Los predios en disputa se ubican entre la discoteca
B&B
y la Casa de Tres Picos.
En total son tres secciones con
60 polígonos que habían
permanecido desocupados
y algunos habitados desde
hace más de 30 años.
El documento de expropiación fue
publicado en el Diario Oficial
del Estado el 21 de diciembre
de 2004, en plena campaña
electoral, como parte de
otras regularizaciones en
el mismo sentido que ocuparon
al ex delegado de Invisur
Alejandro lópez Salgado, quien fue señalado de actuar así con fines
electorales.
SIn embargo, el documento en poder
de El Sur indica que desde
hace 10 años se venía demandando
la expropiación, y se especifica
que los terrenos afectados
serán pagados por Invisur a quienes acrediten la propiedad.
En el mismo documento se lee que
la expropiación se hace
por causa “de utilidad pública”
a favor del Invisur “para la regularización de la tenencia de la tierra”.
Las secciones expropiadas en el
decreto son Justo Sierra,
con 11 mil 701 metros cuadrados,
que está en el barrio de
Tambuco;
Rancho Grande, por la avenida
Gran Vía Tropical, con una
extensión de 27 mil 773
metros cuadrados, y Genaro
Vázquez, por la zona de
Las Américas,
que cuenta con 20 mil 684
metros cuadrados.
Opositores a La Parota desconocen como autoridad
al comisariado
de Cacahuatepec. (El Sur, Karina Contreras, p.web)
Comuneros opositores al proyecto
de la presa La Parota desconocieron
como su autoridad al presidente
de los Bienes Comunales
de Cacahuatepec,
Crecencio
Jerónimo Aparicio, a quien
acusan de haber falsificado
las firmas de los campesinos
para validar la asamblea
del 25 de abril de 2004,
que autorizó a la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) que continuara con
los estudios preliminares.
En una asamblea de ayer, que duró
más de cuatro horas, los
casi 200 campesinos, de
24 comunidades, acordaron
que hoy comenzarán un plantón
en la comisaría municipal
de Cacahuatepec
para “dar el tiro de gracia
a la CFE y dejarla fuera
de la jugada”.
Otro pacto fue hacer el último
llamado al diálogo al gobernador
Zeferino
Torreblanca Galindo –a quien
en los opositores respaldaron
en sus aspiraciones– para
que defina sus
postura: “si está
con los ricos o con los
pobres”.
Por primera vez, luego de más de
un año que se llevó a cabo
en Cacahuatepec
la asamblea en la que aceptaron
que continuaran los estudios
preliminares del proyecto,
los opositores se reunieron
por más de cuatro horas
y trataron varios puntos,
entre ellos la resistencia
de Torreblanca Galindo a
recibirlos; aclarar el asunto
de que varios opositores
recibieron dinero de la
CFE; la instalación del
nuevo plantón y analizar
la actitud que tomó el presidente
del comisariado, Crecencio Jerónimo,
ante el conflicto.
Primero los opositores se mostraron
alegres de que los comuneros
de Cacahuatepec
se unieran a su movimiento,
pues –dijeron– hasta hace
poco eran incondicionales
de la paraestatal y el único
acceso a la zona de conflicto
para ésta.
El comunero de Parotillas, Demesio Valeriano, llamó
a los todavía indecisos
a unirse al movimiento y
dejar atrás el miedo, “pues
les corresponde a cada quien
defender sus tierras y no
dar un paso atrás en la
lucha”.
“Tenemos que mantenernos firmes
en un no a la presa”, manifestó.
Al finalizar se escuchó
el grito de: ¡Fuera la Comisión!
o ¡No a la presa!.
Luego intervino quien desde hace
dos años comenzó el movimiento
y ha sido uno de los portavoces,
Marco Antonio Suástegui Muñoz, el cual no pudo ocultar su alegría por el
apoyo de algunos habitantes
de Cacahuatepec,
a quienes inmediatamente
llamó “la cabeza del movimiento”.
Recordó que en esa comunidad no
eran bien recibidos y se
comprometió a dar todo el
apoyo para mantener el plantón
indefinido en Cacahuatepec,
con el cual cierran todos
los accesos a la CFE, aunque
–aclaró– cada quien lucha
por lo suyo.
Suástegui Muñoz
indicó que para los opositores
las autoridades comunales
no existen debido a las
“irregularidades” en las
que cayeron en la asamblea
del 25 de abril, y además
las acusó de quedarse con
4 millones de pesos que
la CFE entregó para comprar
los votos. Llamó a los comuneros
a dar el “tiro de gracia”
a la empresa.
Manifestó que luego de que la CFE
salga de sus tierras buscarán
a los tres ámbitos de gobierno
para que les den las obras
sociales que necesitan,
como agua potable, carreteras
y puentes.
Ejemplificó que los de San Salvador
Atenco
–donde se suspendió la construcción
de un aeropuerto– conservan
sus tierras a pesar de que
estaban expropiadas, “nosotros
todavía estamos a tiempo”.
Mientras que un comunero, quien
dijo ser de San José Cacahuatepec,
aclaró que no todos en esa
comunidad están “vendidos”
y que querían apoyo para
instalar un plantón en el
lugar –según él– porque
han sido engañados por la
paraestatal. “Sólo han sido
unos cuantos los beneficiados”.
Esta comunidad es una de las que
serán inundadas en su totalidad
si se construye la presa.
De allí es originario el
ex dirigente del movimiento
opositor, Gumersindo Joaquín
Prudencio, quien levantó
a la gente luego de que
acordó con la CFE obras
sociales, mientras otros
dicen que recibió dinero,
cosa que él ha negado.
Mientras que el comunero de Arroyo
Verde, Alfonso Vázquez,
llamó al gobernador Zeferino
Torreblanca a poner atención
al conflicto porque no los
están respetando, y advirtió
que están dispuestos a defender
las tierras aun sobre las
autoridades de los Bienes
Comunales.
Posteriormente varios comuneros
desconocieron sus firmas,
que aparecen en el acta
de asamblea levantada el
25 de abril, y otros dijeron
que sus familiares tienen
años en Estados Unidos,
incluso unos estaban muertos.
Por lo que se acordó llamar a asamblea
a Crecencio
Jerónimo Aparicio para que
explique las irregularidades
y lo desconocieron como
autoridad comunal, por lo
que –advirtieron– cualquier
documento que firme con
las autoridades sobre las
tierras será desconocido.
En el punto 4 de la minuta de acuerdos
se especifica que se le
hace el último llamado a
Torreblanca Galindo para
que se sienten a dialogar
y poner fin al problema,
pues de lo contrario lo
que pase será responsabilidad
de las autoridades.
Asimismo se aclara que los pagos
que ha hecho la CFE son
sólo por las afectaciones
a las huertas.
PUEBLA
Ocho organizaciones campesinas nacionales se unifican. (Diario Cambio, p. web).
Hipólito Contreras/ Ocho organizaciones
campesinas nacionales, entre
ellas el Barzón, la UNTA,
UNORCA, CODUC, Central Campesina
Cardenista, determinaron
integrar un frente nacional
campesino, el objetivo es
terminar con la pulverización
del sector, lograr unidad
de acción y emprender acciones
a favor del sector.
Rogelio Carvajal Lozano, dirigente
estatal del Barzón, informó,
que la primer reunión de
las dirigencias de esas
organizaciones se realizó
en el auditorio del Seguro
Social Siglo XXI de la Ciudad
de México, se acordó en
unos meses se realizará
la primera convención nacional
constitutiva, una más se
realizará en Axoxuxtla
de Zapata.
El campo, afirmó, no está lo suficientemente
organizado para emprender
acciones de defensa, acciones
para promover su desarrollo,
la organizaciones luchan
de manera aislada, el campo
necesita una agenda para
atender temas prioritarios
como lograr un presupuesto
multianual, aprobar una agenda legislativa en la que se analicen
temas como una ley de energía
de apoyo al campo, una mejor
ley para el uso eficiente
del agua, impulso al financiamiento
para el desarrollo de proyectos
productivos generadores
de empleos.
Las organizaciones, afirmó, debemos
trabajar fuerte para que
se desarrollen acciones
y políticas de gobierno
tendientes a frenar la migración
del campo a las ciudades
y Estados Unidos.
Carvajal Lozano precisó que este
Frente Nacional agrupa las
organizaciones campesinas
más importantes del país,
representa, afirmó, un
esfuerzos importante
para exigir atención al
sector más olvidado y marginado
del país, el campo.
Una de las demandas que deben de
atenderse ya, advirtió,
es la renegociación del
Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá
en el capítulo agropecuario
para evitar que en el 2008
ingrese maíz, frijol
y otros productos libres
de arancel, ya que estos
representará
un fuerte daño para millones
de campesinos.
El dirigente barzonista
afirmó que una inconformidad
de las organizaciones campesinas
es el incumplimiento del
gobierno federal al Acuerdo
Nacional para el campo firmado
hace ya dos años y en el
que se contemplaron recursos
para proyectos productivos,
vivienda rural, tercera
edad, incentivos, subsidios,
etc., la organización, afirmó,
es la única forma para exigir
respuestas.
La migración, afirmó, es un fenómeno
que está dañando el tejido
social del país,,
por que si bien es cierto
las remasas son muy altas,
el costo social es alto,
porque los jefe de familias,
están lejos de de sus hogares,
además de que esos recursos
no siempre son bien utilizados.
Cartones
Recuento de daños · Magú
Precandidato cuestionado · Helguera
Roberto el rabioso · Rocha
Día del Trabajo Naranjo
Final semifeliz Helioflores
PG
Efrén
