CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MARTES 29 DE MARZO DE 2005

OCHO COLUMNAS

 

 

Tensa ambiente juicio de AMLO 

Afloran diferencias en el PAN; chocan Macedo y Bátiz, y los perredistas convocan a marcha

 

Enfrenta desafuero a Bátiz y Macedo

No hacemos política con la persecución de delitos, señala titular de PGR

 

Pactan unión aduanera para la zona del TLCAN

El primer paso será cambiar las reglas de origen de 5 industrias

 

Crecerá la economía, en el corto plazo

En el transcurso del año habría una desaceleración por los problemas de EU

 

"Estoy listo para lo que sea", dice López Obrador

"Si van a cometer el atropello, de una vez", declara

 

Madrazo reveló la negociación hace dos semanas

“Absolutamente falsa”: Creel

 

Guiaré la resistencia civil contra desafuero: López 

“Por supuesto que sí”, la movilización de mañana es una presión para que la Cámara no desafuere, anuncia el PRD

 

Advierten PRI y PRD de Riesgos por el Desafuero

Incidiría “Peligrosamente” en las Elecciones de 2006

 

Pifia de la ALDF enreda a la Cámara

Diputados se hacen bolas con la nueva ley

 

Chocan Bátiz y Macedo por desafuero

Reprocha el procurador del DF al titular de PGR por querer descalificar a López Obrador

 

Investigan a Calderón

Contraloría Interna de la Cámara de Diputados recopila información sobre presuntas irregularidades

 

Sector agrario

 

En agonía, la zona ecológica juarense. (El Diario (Chihuahua), Horacio Carrasco, p. web)

Considerado como un espacio de naturaleza viva que debía heredarse a las futuras generaciones, dada su abundante vegetación y las múltiples especies animales que la habitaban, la Zona de Integración Ecológica se encuentra hoy al borde de la extinción.

La gigantesca área verde se ha convertido en un esparcido conjunto de fraccionamientos entre parcelas agrícolas, comercios, establecimientos de servicios y en un proyecto para atraer industria.

De siete mil 200 hectáreas que medía 40 años atrás, la zona tiene hoy unas mil 600 que representan apenas el 22.2 por ciento de ella, casi la quinta parte.

Nada más mil 100 hectáreas se cultivan en la actualidad, contra las más de cuatro mil que se sembraban originalmente. Otras 500 están baldías y se vendieron a inmobiliarias que esperan el momento de construir.

De hecho, Pedro Cital, director técnico del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), informa que desde el 2001 se contempla en la zona un polígono de 77.8 hectáreas para crear un parque industrial, justo alrededor de la planta de tratamiento de aguas residuales Norte.

El punto elegido es la intersección de los bulevares Francisco Villarreal y Cuatro Siglos, donde existe un proyecto de crear un cruce internacional que comunicaría con la calle Yarbrough de El Paso.

Grupos ecologistas piden que los últimos espacios verdes se declaren área protegida, y lanzan una advertencia: pronto desaparecerán la actividad agrícola y la cultura campesina de esta zona, así como un pulmón para la ciudad.

Sin embargo, las autoridades dicen que nunca fue un área de reserva intocable, sino de “integración” a la urbe juarense y ya hasta se asignó un destino para cada suelo disponible en el sector.

Sergio Acosta del Val, director de Obras Públicas del Municipio, dice que no se puede frenar el desarrollo de una zona, sobre todo cuando la misma dinámica de la ciudad se dirige allá.

Lo que procede, dice, es regular el desarrollo, como se ha hecho en los últimos planes directores.

Cital agrega que la zona nunca fue un área intocable, pues el concepto es integración y sí se permite su ocupación.

La palabra final es de los agricultores, los dueños de la tierra, quienes se hallan sumidos en una aguda crisis y recurren a una opción que sentencia a muerte a la zona: vender sus parcelas a los desarrolladores inmobiliarios, lo que resulta más redituable que producir frutos agrícolas.

Avanza la urbanización

Jesús Chávez García, presidente de la Asociación de Usuarios de la Primera Unidad del Distrito de Riego 009, que corresponde a la Zona de Integración Ecológica, recuerda que eran siete mil 200 hectáreas allá por 1965, de las cuales se cultivaban más de cuatro mil.

Ahorita tenemos alrededor de mil 200 hectáreas o menos, como agrícolas, nada más”, agrega.

Aparte hay 500 hectáreas baldías que compró gente que “está especulando con ellas, son reservas de gente con dinero”, señala.

En el 2005 se estima que la zona mide apenas mil 600 hectáreas, de las que sólo mil 100 se cultivan y 500 están baldías, en espera de su ocupación por el crecimiento de la ciudad.

Todo esto muestra que en 40 años el tamaño de esa área verde se redujo al 22.2 por ciento, es decir, casi la quinta parte de su extensión original. Y la superficie de cultivo disminuyó al 27.5 por ciento.

Una gran pérdida: ecologistas

Félix Leonardo Pérez, vocero de la Alianza Internacional Ecologista del Bravo, dice que la urbanización de la Zona de Integración es una gran pérdida por el sacrificio de miles de hectáreas pobladas de árboles, vegetación y múltiples especies animales que ya desaparecieron.

Además, es una de las áreas más valiosas de la región porque es la única que puede permitir autosuficiencia alimentaria en el futuro, agrega.

Nunca fue protegida: IMIP

Pedro Cital Beltrán, director técnico del IMIP, dice que el lugar nunca fue un área intocable, “cuando se decía Zona de Integración Ecológica muchos pensaban que era una zona de reserva, protegida, pero no es tal”.

Lo que se definió desde el inicio y que se ha ido depurando es que “aquí se debe dejar un mayor número de espacios abiertos, respetar las acequias y los árboles”, expresa.

Para crear un fraccionamiento en la Zona de Integración hay normas “más estrictas”, pero sus hectáreas “sí son ocupables, urbanizables”, expresa.

Por ejemplo, el constructor debe destinar a áreas verdes el 9 por ciento del total del predio a fraccionar, mientras que en el resto de la ciudad es del 6 por ciento.

Aquí el lote mínimo es de 130 metros cuadrados, cuando en el resto de la ciudad es de 120 metros.

Que se proteja: ambientalistas

Félix Pérez, portavoz de la Alianza Internacional Ecologista, considera que la ocupación de la zona debe detenerse para rescatar lo que queda de patrimonio ambiental.

De otra manera, dice, este lugar se perderá definitivamente y se causará un daño irreversible.

Manuel Robles, presidente de la Coalición Binacional contra Basureros, dice que las pocas hectáreas que quedan deben conservarse como área protegida.

Mario Chávez Albíztegui, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), dice que desgraciadamente a los agricultores les resulta más redituable vender sus parcelas que seguir cultivándolas.

Muchos ya vendieron y “son puros fraccionamientos”, y aunque hay algunas parcelas entre los desarrollos inmobiliarios, ya no se siembran, es mucha la superficie que ahora está ociosa, agrega.

No hay nada que impida vender la tierra de cultivo, pues conforme a las reformas al Artículo 27 Constitucional, ya se puede comercializar con sólo seguir un procedimiento de acuerdo con el Procampo, indica.

“Hay un anexo llamado Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) en el que INEGI mide los predios, los somete a asamblea y si ésta acepta, les emite un certificado parcial con las medidas”, explica.

“Y al cabo de un tiempo, si los ejidatarios así lo deciden, pueden convertir el ejido en pequeña propiedad y pueden vender la parcela, siempre y cuando la asamblea lo autorice”, comenta.

Planean parque industrial

Pedro Cital, director técnico del IMIP, informa que desde el 2001 se contempla en la Zona de Integración Ecológica un polígono de 77.8 hectáreas para crear un parque industrial.

Esta zona industrial tiene una restricción adicional en dotación de equipamiento, pues debe donar para área verde un 18 por ciento del predio, mientras que en otras partes de la ciudad es del 12 por ciento.

Se contempla también un parque metropolitano pegado al río Bravo, desde el área industrial hasta Waterfill, que sería de corte temático, pero es sólo una idea que no se ha podido aterrizar, informa.

Con la ciudad encima

Jesús Chávez, presidente de la Asociación de Usuarios, explica que la venta de parcelas en la zona ecológica está relacionada con la crisis que vive la agricultura, tan dañada por la sequía, los precios de la electricidad y del diesel, y el Impuesto Predial.

Hay que agregar el Tratado de Libre Comercio, que “al campo le puso en la torre, no podemos competir con los vecinos”, agrega.

Explica que “los precios bajaron mucho, mucho, mucho, el año pasado vendimos a 65 dólares el quintal de algodón (unidad de 45 kilogramos), y este año se vendió a 36 dólares”, es decir, bajó 44.6 por ciento.

Al aproximarse la ciudad hasta las parcelas y recibir ofertas de compra, muchos productores prefieren vender. “Ya tenemos la ciudad encima”.

 

Acuden ejidatarios de Omitlán al Tribunal Agrario a exigir que se agilice sentencia de pago. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

Acusan que la CFE pagó la indemnización de 3 millones de pesos por la afectación de la Presa La Venta a un ex comisariado que los repartió sólo entre sus allegados  

Alrededor de 30 ejidatarios de Omitlán (comunidad del municipio de Tierra Colorada) acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para pedir al magistrado, Juan Rodolfo Lara Orozco, agilice la sentencia en el juicio de pago-  indemnización que está bajo el expediente 454/2003 contra el ex comisariado, Agustín Sánchez Analco, a quien acusan de quedarse con 3 millones de pesos que pagó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la afectación de la presa La Venta, los cuales los repartió entre sus allegados.

El representante de los ejidatarios y secretario general de la CNC disidente, Evencio Romero Sotelo, informó que los inconformes sostuvieron una reunión con el magistrado Lara Orozco, quien les respondió que por el momento no puede dictar sentencia en el caso, porque hay un amparo ante el juez cuarto de distrito que promovieron los ejidatarios que fueron beneficiados con el recurso.

Dijo que Lara Orozco les explicó que el amparo es contra una posible sentencia que pueda salir contra ellos (los beneficiados), y por lo cual no puede por el momento dictar sentencia, pero en cuando se resuelva la dará.

En una improvisada conferencia de prensa en el Zócalo, Romero Sotelo, informó que los manifestantes eran sólo una comisión que acudió al TUA con el objetivo de solicitar al magistrado que agilice la sentencia del juicio de pago indemnizatorio contra el ex comisariado Sánchez Analco, para que regrese el dinero que pagó la CFE y que no fue distribuido de manera equitativa a los 125 ejidatarios de Omitlán, sino sólo a los “cuates del ex comisariado”.

El líder comentó que están agotados todas las pruebas, pues han demostrado jurídicamente y con documentos que les asiste la razón a los ejidatarios y que los 3 millones fueron dispuestos de manera indebida por el ex comisariado Sánchez Analco.

Sobre el amparo, Evencio Romero dijo que están seguros que el juez cuarto sobreseerá el amparo promovido, aunque pueden transcurrir tres meses más, en el juicio que comenzó en 2003.

Dijo que los campesinos están desesperados por los actos de corrupción que se dieron en Omitlán por parte de las ex autoridades ejidales, empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria, quienes –acusan– se prestaron al fraude contra los ejidatarios.

Pero también confían que el magistrado va a condenar a Agustín Sánchez a que regrese los cerca de 3 millones de pesos, que la CFE pagó –luego de 40 años– por las afectaciones a las tierras de esa comunidad por la presa La Venta.

 

Con créditos la Reforma Agraria financiará la compra de tierras. (El Hidrocálido (Aguascalientes), p. web)

A través del programa Fondo de Tierras, la Secretaría de la Reforma Agraria ejercerá líneas de crédito de hasta 250 mil pesos para la compra de tierras, y de 150 mil pesos para iniciar una empresa a jóvenes campesinos que en este momento participan en programas de capacitación empresarial, señaló Obed Arellano Gutiérrez, representante en el Estado de la Secretaría de la Reforma Agraria. Es notable el interés que han demostrado jóvenes que viven en el medio rural por participar en este programa enfocado básicamente a promover el arraigamiento de las nuevas generaciones de campesinos en el medio rural, así como para promover la generación de fuentes de empleo en esas zonas, destacó el funcionario. Repuso que en este momento participan en programas de capacitación más de medio millar de jóvenes campesinos hombres y mujeres, quienes han mostrado interés por adquirir o por rentar la tierra de sus mayores para en ellas emprender proyectos productivos de muy diversa índole, destacando sin embargo la producción e industrialización de la leche, así como unidades de producción de cerdos, ovinos, entre muchos otros proyectos. Dijo que son exactamente 575 muchachos y muchachas de esta Entidad quienes asisten a los cursos de capacitación, de entre los cuales serán seleccionados los proyectos que presenten y que tengan mayor viabilidad de éxito. El funcionario aclaró que no todos podrán tener acceso a los recursos disponibles, que en todo caso son limitados para atender la demanda que se presentará. Arellano Gutiérrez dijo que es de notarse que hay mucha gente que en realidad no quiere emigrar de su lugar de origen y que lo hace orillado por la falta de oportunidades. Mencionó el caso de una pareja de jóvenes que vivieron 11 años en los Estados Unidos y que han vuelto al terruño, pero lo hacen con la intención de iniciar un proyecto productivo porque saben que esa es una mejor oportunidad que la que podrían tener en la Unión Americana para obtener su medio de vida. Por otra parte, dijo que a raíz de este programa, ejidatarios de todo el Estado han mostrado interés por venderles o rentarles la tierra a sus descendientes, «de esa manera ellos no quedan desprotegidos económicamente, y las tierras se quedan en manos de quienes tienen real interés en trabajarlas», señaló Arellano. Dijo que la Secretaría de la Reforma Agraria dispone de millonarios recursos que destinará como créditos a los jóvenes del campo para la compra o renta de tierras, así como para apoyarlos a iniciar una empresa en el medio rural.

 

Campesinos rechazan propuesta de la SRA. (Tribuna de Campeche, p. web)

HECELCHAKAN.-- Durante asamblea celebrada en la Comisaría Ejidal de Pomuch, numerosos campesinos rechazaron las propuestas gráficas de la expropiación de los terrenos de la ampliación que expuso el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Hau Dzul.

Los más de 200 campesinos encabezados por el comisario ejidal Julio Pech Canché dieron un no rotundo a la propuesta de Hau Dzul, quien presentó un modelo de tres polígonos de los nuevos asentamientos irregulares ubicados en las ampliaciones de la jurisdicción de Escárcega, pero ante la inconformidad el funcionario abandonó el local sin decir adiós.

Entonces la propuesta fue analizada por una mesa de debates representado por el campesino Alfonso Euán Uc, quien refirió que el rechazo de los campesinos es porque la SRA no acepta que la expropiación de las 13 mil 500 hectáreas de tierras se haga en una zona compacta.

Cabe decir que en reuniones anteriores habían aceptado esta propuesta, pero al parecer los de la SRA cambiaron de idea y la adecuaron a su manera.

Por su parte, el comisario Pech Canché dijo que no están dispuestos a arriesgar el patrimonio de sus hijos y tampoco aceptarán los nueve asentamientos diseminados por los paracaidistas, que mucho daño están ocasionando a la madre naturaleza, que es la selva, porque la están explotando en forma irracional y quieren que les regularicen las superficies dentro del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC).

La expropiación tiene que ser en zona compacta o no habrá acuerdo, remarcó.

 

Invaden nuestras tierras. (Por Esto!, José Luis López Quintal, p. web).

HUNUCMA, Yucatán, 28 de marzo.- El comisario municipal de la población de Texán de Palomeque explicó al corresponsal del POR ESTO! que una comisión de ejidatarios de Texán se está encargando de realizar trámites y demostrar con documentos que los ejidatarios de Hunucmá están invadiendo las tierras de Texán, "por lo que en el Registro Agrario Nacional, de la ciudad de Mérida, estamos defendiendo lo que sabemos que es de nosotros".

A través del POR ESTO!, dijo el entrevistado, nos hemos enterado de que los ejidatarios de Hunucmá han vendido grandes extensiones de tierra y que con ello han demostrado el poco cariño que sienten por la tierra y a su vez se han olvidado del futuro, porque la venta de las tierras sólo beneficia a unos cuantos, en cambio cuando pertenece al ejido, beneficia a toda la comunidad.

Nosotros en Texán -continuó el representante agrario- estamos conscientes de que la tierra es de gran importancia, pues la población está creciendo rápidamente y esos terrenos serán para nuestros hijos y nietos. La tierra no se vende a ningún precio y tampoco permitiremos que los que vendieron sus tierras, ahora invadan la nuestra.

Por último, el comisario municipal de Texán dijo que en la comisaría prácticamente todo está en orden y que en el aspecto de atención a la comunidad se está llevando a cabo con regularidad, ya que esta comisaría realiza sus gestiones en forma oportuna ante la primera autoridad del municipio de Hunucmá, C. Delio Jaime Pérez Quintal.

 

El México que todos queremos. (El Día, Juan Manuel Mejía Domínguez, p. 2)

Las declaraciones del subprocurador Carlos Vega Memije, sobre la acción plural que obsesiona a la PGR, ejercer contra el jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, sólo demuestra la incapacidad que la dependencia que dirige Rafael Macedo de la Concha sobre este asunto.

Para nadie es un secreto que López Obrador no violó ningún amparo; al menos las pueblas así lo indican. Sin embargo, el presidente Vicente Fox ha violado, reiteradamente, en cinco ocasiones un amparo a favor de la empresa Parques Conmemorativos, en la que el juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa del DF, ya dio vista al Ministerio Público Federal para que actúe contra el Presidente.

Empero, la PGR no ha dicho nada, inclusive se mantiene como secreta la averiguación previa contra Fox y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, quien es la autoridad responsable, ahí sí no actúa Macedo de la Concha en congruencia con su dicho, “sin importar de quien se trate se aplicará la ley”.

Si la justicia que pregona Macedo de la Concha se cumpliera al pie de la letra, sin distingos partidistas o fueros, el escándalo por la violación del amparo a Parques Conmemorativos ya sería del dominio público y se encontraría en una disyuntiva, ya que tendría que iniciarle una averiguación previa a su jefe.

Salinas Altés, González de la Vega, Ríos Pitter y Villaseñor, en el gabinete. (El Sur, Redacción, p. web).

El ex comandante de la Novena Región Militar, Juan Heriberto Salinas Altés está confirmado para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, que inicia el próximo viernes 1º de abril con el cambio de mando en Chilpancingo, según fuentes cercanas al gobernador electo.

Desde que surgió el nombre del divisionario como probable secretario del nuevo gabinete, el único que lo ha apoyado públicamente es el gobernador saliente René Juárez Cisneros, quien dijo que es un militar honrado y eficiente y miembro de una institución que es pilar del país.

Por el contrario, ese eventual nombramiento ha recibido críticas de representantes de organizaciones de derechos humanos y de diputados federales del PRD, que han recordado la recomendación de la ONU de que los militares deben ser ajenos a las tareas de seguridad pública. Asimismo, han señalado que en diversos momentos críticos de la historia de Guerrero los militares han sido llamados para reprimir con violencia las luchas populares, y en particular recuerdan la guerra sucia de los años 70 y 80 que dejó más de 500 desaparecidos en el estado.

Salinas Altés fue el comandante de la Novena Región durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari, periodo en el cual –y coincidiendo con el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu– fueron asesinados más de 100 integrantes del naciente PRD en conflictos poslectorales o en la lucha política contra caciques de diversos municipios.

Asimismo, siempre según versiones recogidas en fuentes cercanas al gobernador electo Zeferino Torreblanca, como secretario de Educación en Guerrero será nombrado el acapulqueño José Luis González de la Vega Otero, y como secretario de Desarrollo Rural, el tecpaneco Armando Ríos Pitter.

Asimismo, la actual diputada local Yolanda Villaseñor Landa será secretaria de la Juventud.

Por otro lado, el ex rector de la Universidad Loyola, Enrique Pasta Muñúzuri, sería considerado para ocupar la contraloría estatal o alguna área importante en la Secretaría de Administración y Finanzas, como la Subsecretaría de Ingresos.

José Luis González de la Vega Otero es actualmente director de la Unidad de Vinculación Institucional del IMSS, ubicada en el cuarto puesto de importancia en el organigrama del Seguro Social, sólo debajo de la Dirección General, la Dirección de Inversiones Financieras y el órgano Interno de Control.

Ahora ocuparía la Secretaría de Educación Guerrero, una de las dependencias clave en la administración estatal y que Zeferino Torreblanca prometió limpiar de conflictos políticos y de aviadores.

González de la Vega Otero es originario de Acapulco, cuenta con licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana. En el IMSS también fue coordinador de Subdelegaciones. En Chihuahua fue asesor del gobierno estatal en 1999 –en la gestión del priísta Patricio Martínez– y director general del centro SCT en ese estado.

Fue secretario de Administración y Finanzas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de febrero de 1995 a enero de 1999, cuando el director era Juan Carlos Hinojosa Luelmo, secretario de Coordinación (supersecretario) del gobernador José Francisco Ruiz Massieu.

Sin embargo, se le identifica más con el recientemente finado Netzahuacóyotl de la Vega, sempiterno líder nacional priísta de los locutores de radio y televisión, quien lo habría recomendado para entrar al IMSS como parte de la representación obrera en ese organismo.

A su actual cargo fue invitado por el propio director general Santiago Levy, representante de uno de los sectores más duros de la tecnocracia en México, a la que agrupaciones de trabajadores y la oposición perredista acusa de atacar las prestaciones sociales y de intentar la privatización de la seguridad pública.

En el sector privado, González de la Vega fue secretario particular de Mario Vázquez Raña, presidente y director general de la Organización Editorial Mexicana (OEM), editora de la cadena de los Soles, a la que pertenece El Sol de Acapulco.

Otro miembro de esta organización editorial vinculado al gobernador electo es el vicepresidente de Relaciones Públicas, Carlos Salomón Cámara, quien habría colaborado con Torreblanca para establecer lazos con medios de comunicación de la ciudad de México. Refuerza esta versión el hecho de que quien se encarga de esa tarea es Mario Pintos Soberanis, que es parte del grupo de Salomón Cámara y que por un corto tiempo fue director de Comunicación Social del gobierno de René Juárez Cisneros.

El anterior cargo público que tuvo en Guerrero Pintos Soberanis fue el de director general de CAPAMA, en los tiempos en que ésta era conocida como “la caja chica” del PRI, y a la que Zeferino Torreblanca se refería con frecuencia críticamente en sus tres campañas por la alcaldía de Acapulco.

En la Secretaría de Desarrollo Rural estaría Armando Ríos Pitter, quien actualmente es subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma Agraria del gobierno de Vicente Fox, cuyo titular es el guerrerense Florencio Salazar Adame.

Ríos Pitter es originario de Tecpan de Galeana, es licenciado en Economía por el ITAM y tiene estudios de posgrado en las universidades de Harvard, en Boston, y de Georgetown, en Washington.

En Guerrero fue subsecretario de Asuntos Políticos en 1999 en los primeros meses del gobierno de René Juárez Cisneros, cuando el secretario general de Gobierno fue Florencio Salazar Adame.

No se sabe que haya renunciado al PRI y se le identifica también con el grupo de los tecnócratas de este partido, a quienes se reprocha su creencia ideológica de que todo lo resuelve el mercado y de que, en consecuencia, hay que adelgazar al Estado y reducir su papel en la solución de problemas sociales.

La diputada perredista Yolanda Villaseñor es presidenta de la Comisión de la Juventud en el Congreso local y ocupará la Secretaría de la Juventud, una de las que no son consideradas por Torreblanca como prioritarias en el gobierno, según lo dejó ver durante su campaña.

Apoyó desde la precampaña a Zeferino Torreblanca. En la marcha del 12 de junio en Acapulco fue oradora en el mitin, además de que después organizó un foro juvenil en el Instituto Tecnológico de Acapulco.

Fue regidora durante el periodo como alcalde de Acapulco de Zeferino Torreblanca, cargo al cual renunció meses antes de concluir para buscar la diputación local por el distrito 18 de Acapulco para el periodo 2002-2005.

Se le identifica como parte del sector combativo de la fracción parlamentaria del PRD, que en diferentes momentos se enfrentó a iniciativas del gobernador René Juárez Cisneros, en particular en lo que se refiere al manejo de los recursos públicos.

A estos nombramientos se suman otros conocidos con anterioridad, como el del priísta Ernesto Rodríguez Escalona para continuar en la Secretaría de Fomento Turístico, y la diputada local del PRD, Gloria Sierra López, como secretaria de Desarrollo Social. (Con información de Adalberto Valle, Aurelio Peláez y Hugo Pacheco).

 

 

Desechará Corte juicios del caso Paraje San Juan. (El Siglo de Torreón, p. web).

28 de marzo de 2005

El pago o no de la indemnización Enrique Arcipreste del Ábrego por el predio conocido como Paraje San Juan pasará a ser responsabilidad de la PGR.

México, (SUN-AEE).-El pago o no de la indemnización que se le debe a Enrique Arcipreste del Ábrego por el predio conocido como Paraje San Juan pasará a ser responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR) a partir del miércoles próximo, pues a partir de esta fecha el procurador Rafael Macedo de la Concha tendrá que demostrar, ante otras instancias judiciales que no sean la Corte, que el terreno en cuestión es propiedad de la nación y no de Arcipreste.

Ello, porque este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechará, de manera definitiva, el recurso que interpuso el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para evitar que a Enrique Arcipreste del Ábrego se le pague dicha indemnización, por estimar que la impugnación se presentó cuando el amparo que ganó Arcipreste ya era cosa juzgada, es decir fuera de tiempo.

Ese mismo día, los ministros de la Primera Sala de la Corte también desecharán otros 11 juicios relacionados con el caso del Paraje San Juan, entre ellos los que promovieron otras personas que también se dicen dueñas de este terreno, de acuerdo con fuentes del máximo tribunal del país.

Tras esta decisión, tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como las demás personas que también se dicen dueñas del terreno tendrán la oportunidad de demostrar ante otras instancias judiciales que Enrique Arcipreste no es el dueño del predio, porque la Corte no decidirá quien es el propietario del Paraje San Juan.

Las otras instancias judiciales a las que se puede acudir para impugnar la propiedad del Paraje San Juan son diversas, en virtud de que se pueden promover distintos tipos de recursos legales para este fin ante juzgados locales o federales, pero la opción que más se comenta es la promoción de un juicio civil ante autoridades del Poder Judicial del Distrito Federal.

Para la Corte, el hecho de que Enrique Arcipreste haya ganado un amparo contra la expropiación del terreno en todas sus instancias no significa que se le haya reconocido como dueño del predio.

La titularidad del terreno se tiene que dirimir por medio de otros juicios y ante otras instancias, que los interesados en este caso tendrán que definir.

En el caso concreto del procurador Macedo de la Concha, lo que intentó ante la Corte, en su calidad de abogado de la Federación, fue demostrar que el terreno es propiedad de la nación, con base en información que le proporcionó la Secretaría de la Reforma Agraria.

Pero la SCJN rechazará este miércoles la petición de Macedo de la Concha bajo el argumento de que el juicio de amparo que ganó Enrique Arcipreste, en todas sus etapas, ya es cosa juzgada y que por lo mismo ya no se puede hacer nada. No sin antes aclarar que durante el juicio que ganó Arcipreste, en el anterior sexenio, las autoridades federales tuvieron la oportunidad de participar e impugnar la decisión, pero no lo hicieron.

La decisión que adoptarán el miércoles próximo ya se preveía desde hace un par de meses, cuando el pleno de la Corte declaró que, a partir de que se considera un juicio de amparo como cosa juzgada, no se puede hacer nada para revertir la sentencia.

Mientras la PGR y los demás presuntos dueños del Paraje San Juan determinan la estrategia legal que emplearán para impugnar la propiedad del predio, seguirá en curso la decisión que adoptó la Corte en la primera semana de marzo, cuando le ordenó a un juez que revise el monto que tiene que pagar el Gobierno del Distrito Federal por la expropiación del Paraje San Juan.

En esa ocasión, a propuesta del ministro Juan Silva Meza, el pleno de la SCJN resolvió modificar la sentencia que emitió un juez para obligar al gobierno capitalino a pagarle mil 810 millones de pesos a Enrique Arcipreste como indemnización por la expropiación del Paraje San Juan.

Los ministros de la Corte concluyeron que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, tenía razón al impugnar la sentencia del juez, porque éste fijó de manera errónea el valor del terreno. Dicha medida se reflejará en una reducción "considerable" de la indemnización a pagar por el predio expropiado.

Pero por el momento, el beneficiario de la indemnización sigue siendo Enrique Arcipreste, pues es quien obtuvo el amparo para el efecto de que se le pagara la expropiación del terreno.

 

Considera el gobierno que inhibe éxodo de migrantes. (El Universal, Carlos Velasco, p. web).

Domingo 27 de marzo de 2005

En este año el gobierno federal pudo arraigar en sus lugares de origen a cerca de 5 mil jóvenes campesinos, originarios de 10 estados del país, y evitar que emigraran a Estados Unidos gracias al programa Fondo de Tierras y Joven Emprendedor, que ejercen de forma conjunta un presupuesto cercano a los 300 millones de pesos.

Armando Ríos Piter, subsecretario de Política Sectorial de la Reforma Agraria, dijo que ha tenido éxito dicho programa; tan así es, que en este año se sumaron dos estados más: Yucatán y Zacatecas.

El objetivo del programa es apoyar a los jóvenes que desean permanecer en los núcleos agrarios para que realicen una actividad productiva de manera individual o en grupo, adquiriendo o rentando una parcela y realizando un proyecto productivo.

Participan jóvenes de entre 18 y 39 años de edad, sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados de los núcleos agrarios seleccionados.

Para esto el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), organismo desconcentrado de la SRA, ofrece financiamientos accesibles a tasas muy bajas, con largos periodos de amortización junto con un apoyo adicional en asistencia técnica para la puesta en marcha y operación de los proyectos productivos.

Los apoyos consisten en un financiamiento a una tasa de Cetes a 28 días, préstamos para compra de derechos parcelarios hasta por 250 mil pesos, para renta de parcelas hasta 27 mil pesos por todo el tiempo que abarque el contrato de renta y para el proyecto productivo, hasta 150 mil pesos.

Uno de esos proyectos exitosos fue visitado por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, en la población de Las Vigas, municipio de San Marcos, en el estado de Guerrero. Ahí un grupo de 30 jóvenes, hombres y mujeres de 19 a 38 años, tiene un proyecto porcino liderado por el ingeniero agrónomo Ramón Eduardo Mun Magaña.

Para adoptar el proyecto, Mun Magaña hizo una encuesta entre sus propios compañeros para conocer su interés. Todos estuvieron de acuerdo con iniciar el proyecto porcino, El 17 de diciembre pasado nos dieron una beca de capacitación por mil 896 pesos y nos entregaron un cheque por 300 mil pesos para el proyecto de escuela. Compramos el ganado porcino en Toluca, estado de México; aquí en Las Vigas lo criamos, lo engordamos y luego lo comercializamos en Acapulco".

 

Organizaciones campesinas

 

La sequía puede ser asunto de seguridad nacional: CNC.  (Tribuna de Campeche, p. web)

El problema de la sequía puede traducirse en los próximos meses para unos 13 mil productores de la región Sur de la entidad en un asunto de seguridad nacional, en caso de que no llueva, aunque hasta el momento no hay fundamento para solicitar apoyos emergentes, aseveró el dirigente de la Liga de Comunidades, Agrarias y Sindicatos Campesinos, Sergio Ramírez González.

Precisó que en el sector social los más propensos a las afectaciones son los que dependen del cultivo de temporal, porque si no llueve simplemente no cosechan, por lo que recomendó al Gobierno Federal estar preparado para tramitar apoyos emergentes.

En la entidad el sector social trabaja más de 100 mil hectáreas, y de no favorecerles el temporal se estima que unos 13 mil productores de la región de Calakmul y parte de Candelaria se verían afectados de manera directa, lo que sería el acabóse, porque otras de las fuentes alternas de ingreso como es la apicultura también está afectada.

Campeche, a diferencia de entidades del Norte, aún está en la fase de quema. Ni siquiera ha iniciado la preparación de tierras, y por ello no pueden adelantarse a solicitar apoyos emergentes aún cuando vislumbran un panorama difícil.

"Sabemos que la sequía nos va afectar muchísimo; estamos viendo lo que ocurre en otros sectores, como la ganadería y la apicultura, pero en el caso de los productores tenemos que esperar después de la temporada de siembra".

Ramírez González expuso que a nivel nacional la Confederación Nacional Campesina considera que la sequía en el país es un problema grave que puede convertirse en los próximos meses en un asunto de seguridad nacional en estados como Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chihuahua y Veracruz.

Por ello urgen al Gobierno Federal a preparar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), y agilizar su liberación, porque en ocasiones tardan un año después del siniestro para los pagos, como ocurrió en Calakmul, donde aún cubren los daños por la contingencia climatológica del año pasado.

Exhortó a las secretarías de Gobernación, Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Social a que apliquen los recursos del Fonden en beneficio de ganaderos y pequeños agricultores que ya reportan daños por la escasez de lluvias.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Claman indígenas expulsados reubicación en un solo lugar. (Diario de Chiapas, Perla Sibaja, p. web)

Indígenas de diversas regiones, se apostaron ayer en Palacio de Gobierno para dialogar con funcionarios estatales, a fin de resolver la petición que se hiciera sobre su reubicación en un solo lugar, ya que dicen, por motivos religiosos han sido expulsados o se han visto en la necesidad de dejar sus hogares

Lorenzo Pérez Jiménez, representante de la Sociedad Religiosa, destacó que buscaron el acercamiento con las autoridades estatales, para saber del adelanto en las peticiones que anteriormente realizaran, con respecto a su reubicación en un lugar común.

Y es que comentó que están esperando una pronta respuesta por parte del gobierno del estado, luego de que el grupo, compuesto por 120 familias solicitantes de los municipios de San Pedro Chenalhó, Tenejapa, Huitiupán y Simojovel, unidos por la misma problemática de lesión a su derecho a profesar libremente la religión que deseen, se han organizado en una organización y desean vivir en una sola comunidad.

Destacó que anteriormente, las familias sufrieron en sus lugares de origen, especialmente de los grupos que se dicen ateos, presión para no realizar sus cultos religiosos, así que por temor, tuvieron que abandonar sus hogares.

Dio a conocer que dentro de la agrupación se encuentran feligreses del Pentecostés, la Iglesia Presbiteriana, Evangelista y la del Séptimo Día, quienes como Sociedad Religiosa se han unido para demandar el respeto a sus respectivas creencias teológicas.

Manifestó que se encuentra en gestión la posesión de los predios Las Cabañas y Samanguino, para formar la comunidad de Nuevo San Pedró Chenalhó, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en donde dicen, la primera acción será la edificación de su templo.

Aclaró que buscan que se les otorgue el derecho sobre aproximadamente mil hectáreas de terreno, a fin de que cada solicitante tenga derecho a por lo menos cinco hectáreas en donde poder asentarse y trabajar, aunque reconoció que no sabe si los terrenos que tienen en mira pertenecen a la federación, por lo que, de acuerdo a los datos que les proporcionaran los funcionarios estatales, el asunto se encuentra en investigación.

Refirió que además, los campesinos indígenas también buscan la obtención de proyectos productivos para trabajar la tierra, pues es el oficio que los ha sostenido durante décadas.

Exaltó el compromiso de la organización a lograr la reforestación de los predios en caso de serles adjudicados, como prueba de buena fe y propósito de trabajo, por lo que dijo, esperan una pronta respuesta de las autoridades estatales, pues han visto ánimo de resolución por parte de estos.

 

GUERRERO

 

Vecinos de la colonia Atlixco exigen la regularización de un predio invadido. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

 Se quejan de hostigamiento de policías y líderes de otras colonias. Quieren provocar enfrentamientos para controlar la colonia, dice Héctor Ponce Radilla, dirigente de Tierra Digna

Alrededor de 200 personas se manifestaron en el Zócalo para exigir la regularización de un predio de 9 hectáreas sobre el que se encuentra asentada la colonia Lucio Cabañas Barrientos –antes Atlixco–, la cual fue invadida hace cuatro meses, y en donde en las últimas semanas ha habido enfrentamientos entre colonos por el control de la misma.

También solicitaron una audiencia con el gobernador electo, Zeferino Torreblanca Galindo, para tratar el problema de la regularización de la tierra, que es –dijeron– un problema muy grave.

Encabezados por el dirigente de Tierra Digna, Héctor Ponce Radilla, los inconformes llegaron al zócalo alrededor de las 11 de la mañana, en donde primero dieron una conferencia de prensa para denunciar además que están siendo hostigados por policías judiciales y dirigentes de otras colonias.

Los inconformes invadieron un predio de nueve hectáreas, el cual se encuentra ubicado a un costado de la caseta de La Venta, propiedad de Miguel Rodríguez Granado quien interpuso una denuncia por despojo en la quinta agencia del Ministerio Público, especializada en ese delito.

El terreno fue ocupado por unas 500 familias, quienes están dispuestas a dialogar –dicen– para llegar a un acuerdo con el propietario y pagarlo.

Los colonos portaban pancartas con algunas leyendas como: “Exigimos la regularización de la tierra. Campamento Lucio Cabañas Barrientos” y “Todos tienen derecho a una vivienda digna y decorosa”; también gritaban “No queremos represión, exigimos solución”.

Ponce Radilla explicó que los vecinos de la colonia –rebautizada con el nombre del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos–, piden la regularización del predio y la introducción de los servicios públicos.

Además dijo que desconocen a Álvaro Díaz Castro como su portavoz, porque no tiene la representatividad debido que no es vecino de la colonia.

Agregó que en próximos días acudirán a la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett) para tratar el asunto, porque quieren llegar a un acuerdo y pidió que cese el hostigamiento de los judiciales contra las familias.

Por su parte, el colono Mario Peralta Carmona, acusó a la ex líder Aldegunda Navarrete Guzmán “de buscar el enfrentamiento entre compañeros”, y de extorsionarlos con una cooperación de 20 pesos semanales, para gestiones de la colonia “pero nunca hizo nada”.

Rechazó las acusaciones de corruptos y estafadores que les hizo Álvaro Díaz, porque “no hemos pedido ni un solo peso”, y ellos sí han buscando el enfrentamiento y advirtió que al predio no puede entrar ya ningún desconocido.

Por último, Peralta Carmona informó que la colonia será representada ante las autoridades por un comité que fue nombrado este domingo 27, encabezado por Francisca Navarrete, como presidenta; Adriana Navarrete Sepúlveda, como secretaria; Severo Chopín Abarca, tesorero; y como vocales, Leonarda López Prudente y Elizabeth Sorella Cortés.

 

Ofrece Fideaca regularizar a ejidatarios de Cumbres de Llano Lrgo si pagan sus predios. (El Sur, Jorge Nava, p. web).

El Fideicomiso de Acapulco (Fideaca) ofreció ayer a los hijos de ejidatarios de Cumbres de Llano Largo la regularización de sus predios y el retiro de una denuncia penal por despojo, a cambio de que paguen 40 mil pesos por cada predio.

En una reunión entre representantes del Fideaca, ejidatarios y ocupantes de los terrenos de la colonia Ampliación Cumbres de Llano Largo, que se llevó a cabo en la Agencia del MP, los campesinos no se comprometieron a nada y pidieron tiempo para analizar si les conviene la propuesta, informó Magdalena Galindo Rojas.

Los ejidatarios y los hijos de ejidatarios aseguran que ellos no son invasores, sino que están en posesión de los 200 metros cuadrados desde 1971; terrenos se ubican en la primera curva de la avenida Heroico Colegio Militar, que va a la Universidad Loyola del Pacífico.

Por ese hecho, el Fideicomiso presentó una denuncia ante el MP, bajo la averiguación previa Tab/V/82/2003.

En declaraciones a El Sur al concluir la reunión, Magdalena Galindo explicó que volverán a reunirse con los representantes del Fideca, pero aclaró que no tienen la disposición de aceptar la propuesta porque no llevaban planos y rechazan el cobro que les hace el organismo.

 

QUINTANA ROO

 

Reclaman 150 campesinos recursos de Sagarpa. (Novedades, p. web).

Cerca de 150 campesinos no han recibido el apoyo del programa Alianza para el Campo debido a que el Gobierno del Estado no ha entregado cerca de seis millones de pesos que le corresponde aportar para dicho programa, lo cual ha retrasado la entrega desde noviembre pasado.

Entrevistado frente a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, el caprinocultor Pablo Martínez Gómez, quien iba acompañado de otros productores, manifestó que desde hace seis meses junto con otros ganaderos están en busca del apoyo del programa Alianza para el Campo; sin embargo, a pesar de que los recursos fueron autorizados desde el pasado mes de noviembre, hasta la fecha no han sido liberados.

Destacó que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le han informado que la dependencia federal ya depositó la parte de recursos que le corresponde, pero falta que el Gobierno del Estado deposite su porcentaje para que el dinero pueda ser entregado a los campesinos y ganaderos. Al ser cuestionado sobre qué informan las autoridades estatales, el ganadero contestó que "trámites burocráticos, supervisiones, falta de documentos, cuestiones muy vagas".

Explicó que él está en espera del 50 por ciento de un recurso económico que alcanza la cantidad de 90 mil pesos, que será repartido entre seis productores.

Asimismo, señaló que según la Confederación Nacional Campesina (CNC), alrededor de 150 productores son afectados por la no entrega de los apoyos provenientes de Alianza para el Campo.

"No sabemos hasta qué punto podamos tomar medidas de presión, pero sabemos que existen canales por los cuales se puede ejercer presión para que se nos pague el recurso económico", agregó.

Finalmente, aseguró que los campesinos y ganaderos "poco a poco" se han alejado de las dependencias de gobierno, puesto que son desesperantes las vueltas que les hacen dar para conseguir un apoyo, como en su caso, toda vez que vive en la comunidad de Chacchoben y ha tenido que viajar infinidad de ocasiones para atender su trámite que aún no se ha podido resolver, lo cual representa dinero, tiempo y esfuerzo.

 

ZACATECAS

 

Exigen barzonistas aclarar el asesinato en 2003 del negociador en Bernalejo. (La Jornada, Alfredo Valadez, p. web).

Zacatecas, Zac., 28 de marzo. Integrantes de El Barzón y familiares de Manuel Ortega González, funcionario de la administración monrealista y negociador del gobierno del estado en el litigio de tierras de Bernalejo de la Sierra, asesinado en marzo de 2003, presentaron un escrito en la Secretaría General de Gobierno de Zacatecas para exigir a Amalia García Medina, actual gobernadora, la creación de una fiscalía especial que resuelva el homicidio.

Durante un mitin en la Plaza de Armas, Cresencio Morales, de El Barzón Metropolitano, señaló que su Comité Ejecutivo Nacional no cesará en su demanda de justicia por la muerte de Manuel Ortega, y advirtió que de no ser atendido su reclamo, esa organización tomará diversas carreteras del país, para que sean detenidos los autores del homicidio, presumiblemente ligados al narco y al ex gobernador Ricardo Monreal.

La noche del 27 de marzo de 2003, afuera del departamento donde vivía con su familia, Ortega González murió a las 22:15 horas al recibir nueve impactos de bala de alto calibre, en la avenida González Ortega de esta ciudad, frente a las oficinas del Poder Judicial de la Federación. Cinco minutos después de abandonar su oficina en palacio de gobierno -a cuatro cuadras del lugar-, en pleno centro histórico de la capital, dos sicarios que nunca fueron detenidos, le habrían disparado a quemarropa y huyeron en dos autos robados que luego abandonaron.

"El dictamen pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado menciona la intervención de un tirador y de un arma, pero la necropsia practicada a nuestro compañero asesinado, tiene impactos de varios calibres. Fueron encontradas varias pistolas regadas en el lugar de los hechos. También averiguamos que la salida de los asesinos fue cubierta por la policía estatal. Eso demuestra que hubo un claro contubernio con el gobierno del estado. Que el anterior procurador estuvo involucrado con el operativo que le costó la vida a nuestro compañero", afirmaron.

Pero además, señaló Cresencio Morales por los altavoces "eso demuestra la falta de decisión del anterior gobernador para esclarecer la muerte de Manuel Ortega. Hoy queremos anunciar el inicio de una serie demovilizaciones, no solamente en el estado de Zacatecas. Esperamos que la gobernadora sea sensible y nos reciba el documento que le vamos a entregar".

Indicó que "el próximo jueves, en la ciudad de México, realizaremos un mitin afuera de la Procuraduría General de la República. Queremos entregar al señor Rafael Macedo de la Concha un documento anónimo, que nos hicieron llegar, relacionando al anterior gobernador y al procurador de Justicia en los hechos violentos que le costaron la vida a Manuel Ortega".

 

Cartones

 

 

Aprendices de brujos · Magú

Cargando cartón...

 

Bajo la mesa · El Fisgón

Cargando cartón...

 

Instrucciones a la instructora · Rocha

Cargando cartón...

 

 

 Grupo selecto Naranjo

 

 

 Alta suciedad Helioflores

 

 

Que quede claro Efrén

 


Para consultar fechas atrás >>>

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx