CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
28 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Inquieta
desafuero a los gobernadores
De 21 mandatarios, sólo
6 apoyan a López Obrador; 11 piden legalidad
Por
daño ecológico, cargos a Pemex
Sólo en enero y febrero,
17 multas por 1.9 mdp
y 3 clausuras: Semarnat
La
meta inflacionaria, al alcance de México
La reforma estructural
aliviaría los costos sociales: Juan José
Toribio
Condenaría
a México una izquierda retrógrada
Si AMLO y el populismo
llegan al poder, habría crisis sexenal:
Claudio X. González
Calderón:
el arribo al poder minó al PAN
"Espino no trunca
mis aspiraciones"
Desafuero
por Pemexgate
y por dinero, negocian Creel y Madrazo
El líder priista pide al secretario de Gobernación inmunidad para Beatriz
Paredes, Humberto Roque y Emilio Gamboa.
Propició
el mismo López el proceso de desafuero
En 2001, a 4 años de que
iniciara la contienda de 2006, AMLO violó
el amparo que protegía a El Encino: PGR
Condena
iglesia manipulación política de la Pasión
Rompió esencia religiosa
de dicha representación
IFE;
bajo fuego de los partidos
PRD, PRI y PAN encabezan
118 recursos de apelación
AMLO en cuenta regresiva
Prepara conclusiones la
Sección Instructora; PRI y PAN dicen que
se apegarán a derecho
Infonavit inició despojo
Ahora son 2 mil, ya están
a la venta, pero recuperarán 40 mil
Sector agrario
Urge reformar las leyes sobre la tenencia de la
tierra: Isaías Rivera. (El Sol de México, Patricia
Torres, p. web).
El esquema de inseguridad y falta de certeza jurídica en la
tenencia de la tierra generó "caldo
de cultivo" para que hubiera muchos
conflictos y enfrentamiento en los ejidos
y comunidades, y con la reforma en 1992
del artículo 27 constitucional, no sólo
se han ido superando sino que se garantiza
la seguridad de la tenencia de la tierra
y se estimula a los sujetos agrarios para
que se integren en unidades productivas.
Sin embargo, ante las lagunas y vacíos de la ley agraria vigente
para dar cauce a los juicios agrarios derivados
de la falta de seguridad jurídica, que se
han tenido que subsanar a través de la consulta
a otras leyes e interpretación de los tribunales
agrarios, se hizo necesario revisar el marco
jurídico secundario en materia agraria -el
cual podía ser aprobado durante este periodo
ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados-
que dará mucha mayor claridad en los alcances
de derechos y obligaciones de los sujetos
agrarios, de los ejidos y comunidades.
En entrevista con OEM, el procurador agrario, Isaías Rivera
Rodríguez, habló de los problemas del
campo y los programas que se han implementado
para darles solución en esta administración,
a través de dos grandes vertientes: el Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y
Titulación de Solares identificado como
Procede, y la solución de los conflictos
agrarios en el campo, identificados como
"focos amarillos" y "focos
rojos".
Para la solución de estos últimos, señaló que hay voluntad
política para establecer soluciones definitivas,
porque antes eran sólo soluciones temporales
o paliativos y
en consecuencia se postergaban la soluciones
por un tiempo y luego volvían a resurgir.
Isaías Rivera Rodríguez hizo comentarios en torno al proyecto
de iniciativa de modificaciones a la Ley
Agraria, así como el beneficio que alcanzará
el campo mexicano.
-Este trabajo es derivado del Acuerdo Nacional para el Campo
en el que se estableció el compromiso del
gobierno del presidente Fox de revisar el marco jurídico secundario en materia agraria.
Recordemos que nació en 1992 esta legislación
y a 13 años de su expedición y aplicación
se hace evidente la necesidad de introducir
reformas. Es una propuesta de instrumento
legal bajo un consenso político, cosa prácticamente
no vista en nuestra experiencia política.
¿Cuáles son esas lagunas?
-Este proyecto de iniciativa si cubre una importante serie
de lagunas, de vacíos que en la ley vigente
no se ha venido considerando y ha tenido
que ser subsanada a través de consultar
otras leyes e interpretación de los tribunales.
Pero hay un "océano" que cubre,
que es la parte procesal. En la actual ley
el juicio agrario y todo lo que esto reviste
se concentra en unos cuantos artículos y
se remite a otras series de leyes de carácter
civil. Con el proyecto actual lo que se
hace es subsanar por completo ese inmenso
espacio, estableciendo un libro segundo
en la ley agraria que es un equivalente
a un Código Procesal Agrario, donde ya se
dan normas especiales para la materia agraria
en el juicio agrario.
¿Estas lagunas que se subsanarán qué era lo que estaban provocando?
-Provocaban una interpretación demasiado amplia por parte de
las autoridades administrativas y judiciales
que aplicaban la ley, en muchos de los casos
provocaban hacer los puntos de vista más
civiles que agrarios, de tal suerte que
desvirtuaban los conceptos. Por ejemplo,
en régimen civil se aplica a la propiedad
privada, en régimen agrario se aplica a
los ejidos y comunidades. Lo que nos estaba
pasando es que se perdía lo agrario confundiéndolo
con lo civil. Esto se cubre con el proyecto
de ley. Va a dar mucha mayor claridad en
los alcances de derechos y obligaciones
de los sujetos agrarios, de los ejidos y
comunidades.
¿Y en qué beneficia a la Procuraduría Agraria?
-Lo que se hace es fortalecer a la Procuraduría Agraria en
su parte esencial, es decir, como defensor
de los derechos de los sujetos agrarios.
Se plantea la ampliación de sus facultades
para asesorar y representar en juicio a
los sujetos agrarios en materias y ante
autoridades que tengan que ver directamente
con los derechos agrarios. Es decir, ya
no limitarnos sólo a cuestiones exclusivas
de tenencia de la tierra, sino que cualquier
otro aspecto que tenga que ver con los derechos
agrarios de los sujetos.
¿Nos puede hacer un balance de la actuación de la Procuraduría
Agraria con relación a la solución de los
problemas del campo?
-El 2004 fue un año muy intenso en la atención de la problemática
del campo bajo dos grandes vertientes: la
primera es el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares,
identificado como el Procede; y una segunda
parte, que es la solución de los conflictos
agrarios en el campo, a través del programa
de "focos rojos" y "amarillos".
Nosotros participamos en la coadyuvancia,
en la solución de los conflictos y el avance
es importante, de 14 "focos rojos"
identificados se han resuelto 10, y cuatro
están en proceso que se estima sean resueltos
entre éste y el próximo año.
Y en el caso de la primera parte que le decía del Procede,
de la regularización de tierras ejidales,
cumplimos la meta, la meta se estimó en
6 millones de hectáreas a regularizar y
se cumplió.
¿Los conflictos violentos puedan volver a surgir en algunos
lugares?
-Lo que nosotros venimos haciendo es ir buscando una solución
definitiva. Los que ya se resolvieron tenemos
plena certeza que no van a volver a resurgir,
eso sin lugar a dudas porque hay una solución
de fondo, de carácter social y de carácter
económico.
Más del 90 por ciento de los ejidos del estado,
regularizados: Procuraduría Agraria. (La Unión
de Morelos, Daniel Alcaraz, p. web)
Mediante un trabajo permanente e intenso en todo el estado,
la Procuraduría Agraria (PA) ha logrado
regularizar el 90% de los ejidos, sin embargo,
subsisten "focos rojos" en los
que la problemática en materia de tenencia
de la tierra impide avances, indicó el titular
de la dependencia, Arturo Rodríguez Gutiérrez.
La pretensión, abundó el funcionario, es ir eliminando conflictos
y disputas de la tierra mediante la delimitación
y documentación a cada uno de los poseedores,
pero hay sitios en los que el trabajo no
ha sido fácil.
Explicó que "el restante 10% que falta se ubica en la
zona norte de Cuernavaca, además de los
municipios de Tepoztlán,
Huitzilac, Tetela
del Volcán y Tlayacapan".
"La situación es clara, en esos lugares las luchas por
la posesión territorial son permanentes,
pero aclaramos que no ha sido falta de voluntad
de la PA, se ha intentado por todos los
medios al alcance, aterrizar los programas,
no obstante, el éxito ha sido escaso".
Rodríguez Gutiérrez recordó que Yautepec
fue un punto difícil, por la ausencia de
comisariado ejidal
varios años, a pesar de ello ya se logró
casi la solución total.
Otro de los problemas recurrentes es que el ejidatario original
no deja lista de sucesores preferentes en
las parcelas, y ello lleva a enfrentamientos
entre miembros de la misma familia.
Ante ello, este año la Procuraduría Agraria destinó un importante
recurso para apoyar la regularización sucesoria
del campesino antes de morir, con base en
ello se eliminan obstáculos. Se elabora
un testamento ante el Registro Agrario
Nacional (RAN), que es respetado por
el resto de las instituciones en caso de
que el campesino llegue a faltar.
Agua, contaminación y pobreza. (CMI Chiapas, Gustavo Castro, p. web)
En una comunidad indígena una persona gasta hasta el 17.5%
de su salario mínimo diario que es de 40
pesos por el jornal de 8 horas de trabajo
(si le va bien, ya que por lo general el
jornal se paga entre 25 y 35 pesos al día).
Esto equivale a gastar $2, 555 pesos (232
dólares aproximadamente) al año en puras
cocacolas que
consume por día (dos mínimo en promedio
a $3.50 pesos cada refresco). Pero hay quienes
gastan hasta el 88% del salario mínimo para
poder consumir las cocacolas que bebe diariamente (diez al día). En las ciudades
no hay tampoco mucha diferencia.
Con esta cantidad un joven puede comprarse una bicicleta para
transportarse, abonar para un molino, pagar
deudas, apoyar un proyecto productivo, pagar
el flete para vender su mercancía u otras
necesidades de estudio. Los $2,555 pesos
al año pueden equivaler a lo que el gobierno
le da a un campesino en el año bajo el programa
“Procampo” u “Oportunidades”
financiado por el Banco Mundial (BM) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Si en un municipio indígena al menos 10 comunidades gastaran
esta mínima cantidad, mas
de 15 millones de pesos se iría a las arcas
de la transnacional. ¿Qué haría un municipio
con esta cantidad? Y si lo multiplicamos
por al menos 10 municipios indígenas significa
que gastan más de 153 millones de pesos
al año (14 millones de dólares) en consumir
cocacolas, lo
suficiente para generar con ese dinero una
alternativa económica regional frente al
neoliberalismo. Y eso que estamos hablando
de un promedio de consumo personal, familiar,
comunitario, municipal y regional muy bajo.
Estas cifras sustentan con suficiente razón
la lucha entre la Coca-Cola y la Pepsi
por ganarse el mercado, el corazón y las
mentes de los pueblos. Es la guerra de las
colas. Sus alianzas abarcan desde organizaciones
ambientalistas hasta con presidencias municipales
regalando escuelitas indígenas para lograr
concesiones de agua.
La demanda de la Coca-Cola es tal que divide y confronta a
las familias; genera un mercado propio y
un sistema de coerción política y social.
Por ejemplo, en una comunidad de Tenejapa,
Chiapas, un padre no visita a sus hijos
porque no le ofrecen de tomar cocacola y para el es signo de tacañería o falta de respeto.. En otra comunidad las autoridades ejidales imponen por delitos
comunes cometidos por alguna persona un
castigo de hasta 10 rejas de cocacolas (moldes de plástico que contienen 24 refrescos)
que luego son repartidas entre las mismas
autoridades. Mientras, en el municipio de
Teopisca se encuentran
indígenas desplazados provenientes de otro
municipio. A algunos les fueron quemadas
sus casas por no aceptar consumir una cierta
cantidad de rejas de cocacolas a la semana para beneficiar a las autoridades que
distribuyen el refresco como un gran negocio.
En una comunidad de Chenalhó otras familias que reciben en su bodega las cocacolas para luego distribuirlas en las comunidades amenazaron
con no dejar entrar al camión repartidor
de la transnacional que pretendía distribuir
directamente las aguas negras embotelladas
y saltarse el negocio de los intermediarios.
Muchas historias hay de la Coca-Cola en las comunidades.
La Coca-Cola Company no solo esta
acusada de intimidación a sindicalistas
y asesinatos como en Colombia; o de torturas
en sus bodegas y hasta desplazamientos de
población indígena en Chiapas como ya lo
hemos explicado anteriormente, sino que
además ha vendido agua contaminada y contamina
el medio ambiente.
México es el segundo país en el mundo que mas consumen Coca-Cola
y Chiapas uno de sus estados de mayor consumo
en el país mientras la pobreza tortura a
las comunidades campesinas e indígenas.
A final de cuentas la empresa Coca-Cola
Company es la
que gana empobreciendo más la precaria situación
rural. Por ello creemos que un boicot a
la Coca-Cola revolucionaria la vida económica,
política y cultural de las comunidades indígenas
de cara a buscar nuevas alternativas de
vida.
LA COCA-COLA Y EL AGUA
Mientras que existen conflictos comunitarios por el acceso
al agua en los municipios indígenas de Chamula,
Zinacantán y Tenejapa, entre otros
muchos, en el 2002 Coca-Cola Femsa
abrió otra línea de producción y aumentó
su consumo de agua. Por si fuera poco el
gobierno aleja el agua de las tierras indígenas
una vez que los ejidatarios privatizan sus
tierras por medio del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales (PROCEDE). Así,
el agua de los ríos ya no forma parte de
sus tierras o simplemente se les aumentan
los impuestos.
En el 2004 en Zinacantán, indígenas
simpatizantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se enfrentaron con indígenas
bases de apoyo del EZLN en la disputa por
el acceso al agua. Mientras tanto, en el
mismo cerro en San Cristóbal de Las Casas,
la cantidad de agua consumida tan solo en
la producción de botellas de Coca-Cola de
2.5 litros con 2 turnos en ambas líneas
de la planta es de 823,500 litros de agua,
que equivale al consumo que tienen 223 familias
de la ciudad. Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que de toda el agua que consume
la planta, solo el 60% de ella es usada
para la fabricación de los productos de
Coca-Cola y el 40% para otros usos como
limpieza de la infraestructura y equipos,
por lo que el equivalente al consumo de
casas habitación habría que incluirle un
40% más.
Muchas transnacionales como la Coca-Cola y Cervecería Modelo
han acaparado el uso del agua en los distritos
de riego. En "contubernio" con
autoridades locales han adquirido los derechos
de los pozos de agua de los ejidatarios
y campesinos. Esto ha sido denunciado por
los dirigentes nacionales del Congreso Agrario
Permanente (CAP) y de la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC),
Margarito Montes
y Federico Ovalle. Para ellos los grandes
propietarios "manipulan" el uso
del agua por medio de la renta de tierras
ejidales. Cuando los ejidatarios resisten
a la privatización de sus tierras los inversionistas
cortan el agua por medio del control de
los módulos y los distritos de riego. "A
menos que el ejidatario se asocie y rente
sus derechos de agua con los empresarios,
entonces si tiene derecho al agua, pero
las tierras ya no están en manos del comunero,
sino del inversionista". Denunciaron
que la distribución del agua es inequitativa:
mientras un gran empresario puede tener
agua para 100 hectáreas de riego, a un ejidatario
solo le dan para dos hectáreas. En Zacatecas,
más de 50 derechos de pozos ejidales han
sido entregados a la Cervecería Modelo con
apoyo del gobierno.
Conflictos agrarios, peligroso polvorín. (El Financiero, Alejandro Mendoza, p. web)
En Guerrero existen
por lo menos 26 conflictos agrarios serios,
de los cuales 16 demandan la pronta intervención
de las autoridades porque "son verdaderos
focos rojos"
CHILPANCINGO, Gro., 27 de marzo.- El dirigente de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) democrática, Evencio
Romero Sotelo, señala que un ejemplo es la disputa que mantienen
comuneros de los municipios de Copanatoyac
y Tlacoapa en la región de la Montaña.
Éste se complicó recientemente
cuando 11 comuneros de El Polvorín y La
Sabana, municipio de Tlacoapa, fueron retenidos por campesinos de Ucuopa, quienes los acusaron de invadir sus terrenos.
La disputa es por 460 hectáreas
en la agreste región de la Montaña guerrerense.
Esta zona se caracteriza por pendientes
y laderas pronunciadas, terrenos escarpados
y abundantes ríos, que en temporada de lluvia
"bajan" con mucha agua. Tres cuartas
partes de la población son indígenas que
todavía hablan mixteco
y náhuatl.
Justicia comunal
El asesor jurídico de la comunidad
de Tlacoapa, Bernardo
Rayo Mendoza, advierte el grave riesgo de
enfrentamientos entre los dos grupos de
comuneros. Más aún porque recientemente
11 campesinos de El Polvorín y La Sabana
fueron detenidos por la Policía Judicial
de Tlapa, acusados de robo y delito al medio
ambiente.
Afirma que el 11 de febrero, los
campesinos de Tlacoapa
fueron "secuestrados" junto con
el auxiliar del Ministerio Público de Malinaltepec, el delegado de Gobierno y un perito del Ministerio
Público por campesinos de Ucoapa,
municipio de Copanatoyac,
y luego de varios días fueron entregados
a la policía acusados de robo y delito al
medio ambiente.
Rayo Mendoza sostiene que los campesinos
fueron "secuestrados de sus tierras
de cultivo en El Polvorín y La Sabana, que
pertenecen a Tlacoapa".
El conflicto se mantiene sin solución,
por lo que el líder de la CNC, Evencio
Romero Sotelo, responsabiliza a las autoridades de la Secretaría
de la Reforma Agraria.
La realidad, dice, es que no han
atendido los conflictos.
"Son conflictos sin resolver
en la Montaña, en Costa Chica, en Tierra
Caliente y en la zona norte, y si no son
atendidos provocarán una crisis en Guerrero.
El próximo gobierno perredista debe atender el caso con seriedad; nosotros estamos
en contacto con los comuneros de El Capulín,
La Sabana y Tlacopa, pero en cualquier momento puede surgir la violencia."
Los conflictos no son de ahora,
algunos tienen más de 200 años. Por ejemplo,
indica, existe el convenio de Tlacoapa, que data de 1883.
El origen de la disputa, como en
casi todos los casos, fue la falta de límites
definidos porque en 1850, cuando se creó
Guerrero, Copanatoyac
pertenecía al municipio de Tlapa y en 1860
se erigió como municipio con personalidad
propia.
Copanatoyac limita
al norte con Tlapa y al sur con Malinaltepec
y Tlacoapa.
Soluciones de buró
El líder cenecista
afirma que los conflictos agrarios se analizan
en reuniones en gabinete "y desde allí,
en el escritorio, se pretenden resolver
los conflictos", sin ir a las tierras
en disputa.
"Así no se hacen las cosas",
añade Romero Sotelo.
Acompañado del dirigente cenecista, Rayo Mendoza insiste en que los terrenos pertenecen
a Tlacoapa, según
una resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación del 12 de noviembre de 1963.
"Existe un convenio que reconoce
esas tierras como de Tlacoapa;
después los comuneros de Copanatoyac
lo impugnaron, pero la Suprema Corte ratificó
la posesión de Tlacoapa."
Los campesinos de Copanatoyac se niegan a acatar la decisión de la Corte, por
lo que el líder campesino pide la intervención
de las autoridades de la Reforma Agraria
y del gobierno estatal.
Padrón ejidal adulterado. ( Por Esto!, José L. López, p. web)
HUNUCMA, Yucatán, 27 de marzo.- El profesor Luis Paulino León Cob entregó al POR ESTO! un escrito
y comentó que acude a este rotativo porque
hasta el momento, es el único periódico
de la entidad que publica las denuncias
contra las ventas de terrenos ejidales,
porque defiende los principios del ejido,
ya que un ejido sin tierra no tiene razón
de existir, la tierra es el único patrimonio
de los ejidatario y éstos, al venderla,
quedan completamente desamparados.
El documento, escrito a máquina, señala la importancia de que se revise el
padrón ejidal, ya que afecta al quórum legal
para la validez de asambleas y expresa que
aparecen nombres repetidos en el padrón
archivado en el RAN, quien debe de
aclarar varias cosas, por ejemplo, el porqué
existen nombres que aparecen hasta 3 veces;
por ejemplo, Enrique Chan
Uicab con número de orden 340, 341 y 342, y Francisco Durán
Pat, con números
505, 506 y 507.
También manifiesta el escrito que no se está de acuerdo con la venta de terrenos
y menos, que exista impunidad absoluta contra
este acto que afecta al patrimonio territorial
de Hunucmá; comenta
que este hecho resulta contrastante con
la actitud de los ejidatarios de las comisarías
de Texán y Huncanab,
quienes siguiendo con el lema de Emiliano
Zapata, han demostrado su alto sentido y
responsabilidad, así como previsión del
futuro al no vender tierras ejidales, ya
que la tierra es de quien la trabaja, no
de quien la vende y es la misma sociedad
la que, en lo futuro, agradecerá la actitud
de estos auténticos campesinos, en contra
de lo que han hecho los lideres corruptos
y vivales para consumar el despojo en Hunucmá.
Cabe comentar que al documento, se anexó un listado que, según dice, los datos
son del padrón ejidal de Hunucmá
actual y aparecen 29 nombres con números
de inscripción repetidos, así como que asegura
que en el padrón se incluyen 400 nombres
de personas ya fallecidas.
Dinero escondido. (Por Esto!, Manuel Acuña, p. web).
La falta de dinero para invertir en obras de desarrollo, en infraestructura
o para generación de empleos brilla por
su ausencia debido a varias razones: la
ineficiencia tan conocida de este gobierno
y sus administradores: la corrupción, pues
montos destinados a unos fines acaban aprovechados
por los funcionarios en sus empresas particulares
y por desconocimiento de su existencia por
parte de los alcaldes, quienes no reciben
una información oportuna, sencilla y adecuada
de parte de los delegados de las dependencias
federales encargadas de su promoción y distribución.
Esta situación crea como consecuencia estancamiento en los municipios, falta
de apoyos para la gente pobre, confusión
en los alcaldes que tienen que ir de una
dependencia a otra hasta que, a veces, muy
de vez en cuando, atinan en una de sus gestiones
o encuentran al personal enterado que desea
ayudarlos en sus gestiones. En síntesis,
la crisis en Yucatán no es más que consecuencia
de una mala administración y no sólo por
insuficiencia de recursos.
Muchos de los programas federales deben ejecutarse en coordinación con los
alcaldes y éstos no encuentran la manera
de hacerlo porque los apoyos no se promueven,
se aplican discrecionalmente o a propósito
se ocultan, según se desprende de las declaraciones
de los alcaldes de Motul
y Conkal, Juan
Centeno y Sánchez y Miguel Ángel Salazar
Catzín.
Ambos ediles coincidieron al declarar su desconocimiento de muchos de los
programas federales y se limitaron a hablar
de un Consejo de Desarrollo Rural Municipal
con el que inició su proceso de municipalización,
pero en el caso de Motul, sólo se instaló en diciembre y "está estancado",
no funciona porque se quedaron en la elaboración
de programas y mientras esto no ocurra,
los recursos no se liberan y obviamente
la gente no puede recibir los apoyos para
su desarrollo económico.
El primer edil de Conkal por su parte dijo que,
"aquí se instaló el año pasado (el
Consejo de Desarrollo Rural). Vino Roger González Herrera. Sólo nos falta la firma del convenio".
Añadió que a través de ese Consejo a medias
"se reciben las demandas y se analizan".
El recurso -dijo-, lo ejercen ellos, nosotros
sólo supervisamos, no ejercemos recursos".
El equipo de POR ESTO! revisó las profundidades de
cada una de las Secretarías, donde encontró
la obligada participación ciudadana, y descubrió
que todos los programas de apoyo federal
que existen deben publicitarse, cosa que
no se hace. Esto explica el por qué cuando
se recorren los municipios de la entidad
se observa la pobreza que campea en plenitud
en el campo yucateco y cómo el común denominador
lo representa la gente humilde que padece
hambre, como en Tahdziú.
Tahdziú,
el rostro brutal de la pobreza
El pasado viernes 25 de marzo publicamos amplio reportaje de Rafael Gómez
Chi sobre Tahdziú
que mostró el rostro brutal de la pobreza,
donde los habitantes del lugar, sin trabajo,
son víctimas de la desnutrición, sin perspectivas
de un mejor futuro, donde sobreviven en
condiciones de marginalidad extremas.
Rafael encontró que en Tahdziú viven los más pobres
del estado, que no tienen trabajo y el único
ingreso es el campo que ahora "está
seco" porque no ha llovido. El reportero
vivió momentos de esa desgracia de los habitantes
de Tahdziú que
está tan alejada del desarrollo y de la
mano de Dios que la Iglesia del pueblo ni
cura tiene. Los programas de crianza intensiva
de borregos y de siembra de maíz del Gobierno
del Estado están ausentes ahí. Nuestro compañero
reportero narró ampliamente cómo la falta
de atención ha originado entre los pobladores
una pobreza tal, que ha ocasionado distanciamiento
y una cerrazón en sus comportamientos sociales.
Hay dinero pero hay pobreza
Este es un fenómeno que la autoridad estatal y los delegados federales están
obligados a explicar: por qué millones de
pesos de programas productivos descansan
en los bancos, no se ejercen y corren el
riesgo de tener que devolverse, como ocurrió
en el año 2004.
Lo preocupante es que todo esto lleva a que son los delegados federales los
que no cumplen cabalmente con la promoción
de las bondades de los programas de sus
dependencias entre los alcaldes, tal y como
los facultan sus Secretarías de Estado.
En Yucatán hay representaciones de todas las Secretarías de Estado. Hay delegados
federales de Economía, Sedesol,
Sagarpa, Reforma Agraria, Semarnat,
Gobernación, Profeco
- aquí el titular con cinismo aceptó que
es gasolinero,
aunque sabe perfectamente bien que no puede
ser juez y parte, precisamente porque los
avisos de inspección a los centros de abasto
de combustible a los primeros que se les
informa es a los delegados -; Comunicaciones
y Transporte, Turismo, entre otras dependencias,
y lo curioso del caso es que los alcaldes
no los han visto por sus municipios y mucho
menos llegan a publicitar sus programas.
Si acaso la SAGARPA, a través de su enlace
en Motul, es la
que más relación ha tenido con el Ayuntamiento
de ese municipio, como asegura su titular,
Juan Centeno y Sánchez.
Cabe señalar que tanto el alcalde de Motul -Centeno
y Sánchez- como el de Conkal
-Salazar Catzín- no supieron responder muchas de las interrogantes
del reportero porque "no conocen los
programas".
Un intenso y minucioso trabajo de investigación nos mostró las facultades
con que cuentan las diferentes delegaciones
de las Secretarías de Estado y todas coinciden
en la promoción y ejecución de sus programas
en coordinación con las autoridades municipales,
pero con las respuestas negativas de los
alcaldes de Motul
y Conkal, es fácil
deducir que los delegados no están cumpliendo
cabalmente sus funciones. De ahí que surjan
varias dudas:
¿Por qué en Yucatán las delegaciones federales y el Gobierno del Estado no
promueven los programas de apoyo como debería
ser? ¿Es omisión? ¿Ignorancia? ¿Asignación
discrecional? ¿Guardan hoy los recursos
para liberarlos mañana en tiempos electorales?
Los ejemplos los hemos denunciado aquí en
POR ESTO!, una y otra vez. Hay fondos de seguridad que no son aprovechados,
recursos de los que incluso ni se enteran
los alcaldes de su existencia y mucho menos
se les pide su opinión sobre las necesidades
del municipio en esa materia.
No hay información
Ayer cuando entrevistamos a los alcaldes, nos encontramos con que el problema
es el mismo: no hay promoción ¿Qué sucede?
¿Por qué no les informan a los alcaldes
para que éstos a su vez hagan lo propio
con sus gobernados? El no saber, el no informar,
el no promocionar lleva a las autoridades
municipales a pensar que contrario al espíritu
del Artículo115 Constitucional, ellos requieren
el apoyo del Gobierno del Estado para solicitar,
aplicar y obtener apoyos de los diversos
fondos federales y volverse observadores
o "coadyuvantes", limitándose
a "poner solamente a la gente",
porque el Gobierno del Estado es el que
ejerce el recurso, una tutela incomprensible
sobre todo en aquellos que, como oposición,
demandaron siempre la autonomía de los proyectos,
presupuestos y programas y que hoy como
autoridades hacen todo lo contrario.
Se pudiera pensar que se trata de errores, de desconocimiento de las facultades
de los delegados y de los derechos de las
autoridades municipales, pero nada más alejado
de la realidad, porque hay muchos estados
de la república que han logrado eso y más,
demostrando capacidad, eficiencia y competitividad
en el uso y aprovechamiento de los recursos
federales. Aquí en Yucatán sucede todo lo
contrario.
Desechará Corte juicios del caso Paraje San Juan. (El Universal, Carlos Áviles, p.
web).
El pago o no de la indemnización
que se le debe a Enrique Arcipreste del
Ábrego por el predio conocido como Paraje
San Juan pasará a ser responsabilidad de
la Procuraduría General de la República
(PGR) a partir del miércoles próximo, pues
a partir de esta fecha el procurador Rafael
Macedo de la Concha
tendrá que demostrar, ante otras instancias
judiciales que no sean la Corte, que el
terreno en cuestión es propiedad de la nación
y no de Arcipreste.
Ello, porque este miércoles, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
desechará, de manera definitiva, el recurso
que interpuso el procurador general de la
República, Rafael Macedo de la Concha, para evitar que a Enrique Arcipreste
del Ábrego se le pague dicha indemnización,
por estimar que la impugnación se presentó
cuando el amparo que ganó Arcipreste ya
era cosa juzgada, es decir fuera de tiempo.
Ese mismo día, los ministros de
la Primera Sala de la Corte también desecharán
otros 11 juicios relacionados con el caso
del Paraje San Juan, entre ellos los que
promovieron otras personas que también se
dicen dueñas de este terreno, de acuerdo
con fuentes del máximo tribunal del país.
Tras esta decisión, tanto la Procuraduría
General de la República (PGR) como las demás
personas que también se dicen dueñas del
terreno tendrán la oportunidad de demostrar
ante otras instancias judiciales que Enrique
Arcipreste no es el dueño del predio, porque
la Corte no decidirá quien es el propietario
del Paraje San Juan.
Las otras instancias judiciales
a las que se puede acudir para impugnar
la propiedad del Paraje San Juan son diversas,
en virtud de que se pueden promover distintos
tipos de recursos legales para este fin
ante juzgados locales o federales, pero
la opción que más se comenta es la promoción
de un juicio civil ante autoridades del
Poder Judicial del Distrito Federal.
Para la Corte, el hecho de que
Enrique Arcipreste haya ganado un amparo
contra la expropiación del terreno en todas
sus instancias no significa que se le haya
reconocido como dueño del predio.
La titularidad del terreno se tiene
que dirimir por medio de otros juicios y
ante otras instancias, que los interesados
en este caso tendrán que definir.
En el caso concreto del procurador
Macedo de la Concha,
lo que intentó ante la Corte, en su calidad
de abogado de la Federación, fue demostrar
que el terreno es propiedad de la nación,
con base en información que le proporcionó
la Secretaría de la Reforma Agraria.
Pero la SCJN rechazará este miércoles
la petición de Macedo
de la Concha bajo el argumento de que el
juicio de amparo que ganó Enrique Arcipreste,
en todas sus etapas, ya es cosa juzgada
y que por lo mismo ya no se puede hacer
nada. No sin antes aclarar que durante el
juicio que ganó Arcipreste, en el anterior
sexenio, las autoridades federales tuvieron
la oportunidad de participar e impugnar
la decisión, pero no lo hicieron.
La decisión que adoptarán el miércoles
próximo ya se preveía desde hace un par
de meses, cuando el pleno de la Corte declaró
que, a partir de que se considera un juicio
de amparo como cosa juzgada, no se puede
hacer nada para revertir la sentencia.
Mientras la PGR y los demás presuntos
dueños del Paraje San Juan determinan la
estrategia legal que emplearán para impugnar
la propiedad del predio, seguirá en curso
la decisión que adoptó la Corte en la primera
semana de marzo, cuando le ordenó a un juez
que revise el monto que tiene que pagar
el Gobierno del Distrito Federal por la
expropiación del Paraje San Juan.
En esa ocasión, a propuesta del
ministro Juan Silva Meza, el pleno de la
SCJN resolvió modificar la sentencia que
emitió un juez para obligar al gobierno
capitalino a pagarle mil 810 millones de
pesos a Enrique Arcipreste como indemnización
por la expropiación del Paraje San Juan.
Los ministros de la Corte concluyeron
que el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López
Obrador, tenía razón al impugnar la sentencia
del juez, porque éste fijó de manera errónea
el valor del terreno. Dicha medida se reflejará
en una reducción "considerable"
de la indemnización a pagar por el predio
expropiado.
Pero por el momento, el beneficiario
de la indemnización sigue siendo Enrique
Arcipreste, pues es quien obtuvo el amparo
para el efecto de que se le pagara la expropiación
del terreno
Piden postura a PL en venta de cenotes. (Tribuna de Yucatán, p.
web).
El diputado local del PRI, Mario Peniche
Cárdenas, señaló que los habitantes de la
Comisaría de Dzitnup,
Valladolid, están en la espera de que el
Gobierno del Estado resuelva el problema
de los cenotes
Xkekén y Sacmulhá
que fueron vendidos por 33 mil pesos a un
empresario.
Según el legislador del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) del Congreso local, los vecinos de
esa comunidad ya quieren saber si la postura
de las autoridades estatales es a favor
del empresario Carlos Cámara Sosa, quien
compró ambos ojos de agua, o piensa expropiarlos
y devolverlos a la población.
Indicó que en caso de expropiarse, los habitantes ya consideran
la posibilidad de crear un comité administrativo
que opere ambos cenotes porque actualmente está manejando por el alcalde perredista de Valladolid, Jesús Chacón Vivas, "que buenos
ingresos mensuales obtienen por la visita
de turismo nacional e internacional".
Agregó que los dos lugares no deben ser administrados por "vivales"
que aprovechan el conflicto para manejarlos
a su antojo.
Por eso, es importante que un grupo de ciudadanos se haga cargo
del dinero que dejan los visitantes por
recorrer estos atractivos.
Sostuvo que el Gobierno del Estado debe de solucionar este
conflicto y confirmar si efectivamente Cámara
Sosa es el dueño legítimo de ambos cenotes
para que tome posesión de lo que le pertenece
según escritos del notario público número
36, Orlando Paredes Lara.
"Aunque en lo personal veo difícil que Cámara Sosa pueda
entrar a administrar lo que según el señor
notario le pertenece legalmente, porque
la población no permitirá jamás su entrada",
indicó.
Advirtió que eso puede provocar la intervención de la fuerza
pública lo que originaría un grave conflicto
social en esa localidad.
El legislador del Revolucionario Institucional insistió en
que legalmente el empresario es propietario
de los dos ojos de agua, pero es el Gobierno
del Estado el que debe de resolver este
asunto, pues tiene facultad para expropiar
las tierras y sus atractivos naturales y
pagar una indemnización al propietario.
HECHO SIMILAR
Por otra parte, Peniche Cárdenas
recordó que un problema similar se presentó
con el cenote
de Chichimilá,
del cual se apropió el ex alcalde panista José Edilberto Tzab Ortiz, quien reclama como suyo este ojo de agua que en
verdad le pertenece a la comunidad.
"En este caso, es la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) quien no ha resuelto el problema,
pero desde mi punto de vista el río subterráneo
está en el centro de la comunidad y le pertenece
a la población y se debe de investigar al
ex alcalde del PAN porque de manera fraudulenta
se hizo dueño de este recurso natural",
especificó.
Sostuvo que el ex alcalde abusó de su cargo para alterar papeles
administrativos y explotar comercialmente
el cenote, por
ello los habitantes están molestos y dispuestos
a defender lo que le pertenece a la comunidad
y no a un particular.
El crecimiento poblacional está demandando alrededor
de 95 mil has. de
suelo urbano para vivienda y desarrollo. (El Sol de Zacatecas, Patricia
Torres, p. web)
Publicado: Sábado, 26 de Marzo
de 2005 8:03 AM
De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y
Ordenación del Territorio, de 2001 a 2006
el crecimiento poblacional está demandando
alrededor de 95 mil hectáreas de suelo urbano
para vivienda y desarrollo. Lo anterior
sugiere que se incorporarán a suelo urbano
en este lapso, en promedio anual 15.8 mil
hectáreas a partir de 2001, así lo da a
conocer en sus estadísticas agrarias la
Procuraduría Agraria.
Establece que en los ejidos conurbados
se presenta una intensa presión sobre la
tierra debido al crecimiento de grandes
centros urbanos, lo que ocasiona, entre
otros problemas, venta ilegal de tierras
ejidales y conflictos agrarios.
La incorporación de suelo social al desarrollo y crecimiento
de las ciudades se estima que seguirá realizándose
a costa de la propiedad social como un hecho
inevitable, aun cuando se modifico el marco
normativo-institucional -artículo 27 constitucional
y las correspondientes legislaciones agraria
y urbana-, sin embargo, se tendrán que realizar
adecuaciones legales para que en el mediano
o largo plazos se pueda dar respuesta a
estos requerimientos de planeación y ordenamiento
territorial para promover de manera más
ordenada el desarrollo urbano en condiciones
de equidad para los grupos involucrados.
Durante el 2001 se incorporaron a suelo urbano alrededor de
21 mil hectáreas de suelo social; esto significa
que de una demanda de 74 mil hectáreas para
satisfacer necesidades de vivienda, equipamiento
urbano y desarrollo regional, aproximadamente
dos terceras partes es ejidal o comunal.
La desincorporación de tierras de
uso común registrada durante el periodo
1995-2002, así como la adopción del dominio
pleno de tierras parceladas, la regularización
de tierras por vía de la expropiación y
las regularizadas por los gobiernos estatales
y municipales a través de la expropiación
para la reserva territorial, va desde las
cinco mil hasta cerca de las 25 mil hectáreas.
Es importante mencionar que en el país existen mil 191 núcleos
agrarios que se consideran urbanos o comprendidos
dentro de la mancha urbana y 6 mil 194 que
presentan asentamientos irregulares.
Con base en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación
del Territorio (Pnduyot)
las ciudades enfrentan un rígido acordonamiento
regulatorio a
su expansión, ya que dos terceras partes
de las tierras que circundan los polígonos
urbanos son propiedad social.
Las reservas territoriales, propiedad de los gobiernos estatales
y municipales, así como de los organismos
de vivienda que pudieran aplicar para atender
la demanda de vivienda tipo básica y social,
suman cerca de 17 mil hectáreas.
Al comparar esta reserva con el requerimiento de suelo por
entidad federativa se determinó que Aguascalientes,
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán,
Quintana Roo y Zacatecas tienen reserva
suficiente para cubrir la demanda de suelo
urbano de los próximos tres años; en contraste,
en Baja California, Distrito Federal, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí,
Sonora, Tamaulipas y Veracruz, la reserva
no es suficiente.
Esto ha generado una acumulación de la demanda de suelo para
la vivienda y desarrollo urbano desde el
2001 y previendo hasta el año 2006. Así,
los estados de Aguascalientes, Coahuila,
Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana
Roo, Zacatecas, Sinaloa, son los que mayor
demanda de vivienda tienen.
El Pnduyot 2001-2006 incorpora un
diagnóstico sobre el suelo libre que opera
la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (Corett),
que representa una alternativa para intentar
frenar las invasiones de tierras y asentamientos
humanos irregulares en México.
Hasta el momento, las sociedades mercantiles inmobiliarias
no han logrado constituirse en verdaderas
opciones para la incorporación de suelo
social al desarrollo urbano de manera ordenada
y con menores costos para la sociedad, toda
vez que persisten problemas como el desconocimiento
de la normatividad aplicable (Ley Agraria,
Ley General de Sociedades Mercantiles, entre
otras) y de las oportunidades que se abrieron
con las modificaciones al artículo 27 constitucional.
Esto no es privativo para el caso de los ejidatarios, sino
también para los empresarios del sector
privado. Las tierras de evidente utilidad
urbana se convierten en elemento de disputa,
por lo que los grupos involucrados buscan
por todos los medios -generalmente ilegales-
su enajenación y la posibilidad inmediata
de recibir el importe en efectivo para hacer
frente a sus elementales necesidades.
Si bien es cierto no hay escenario macroeconómico propicio
para generar flujos de inversión hacia el
campo mexicano; al contrario, la inversión
privada se ha retraído y las restricciones
presupuestales
a todos los órdenes de gobierno han sido
un obstáculo para la consolidación de este
tipo de proyectos. A pesar de eso, algunos
inversionistas han realizado negociaciones
con los núcleos agrarios y gestiones ante
las autoridades competentes para adquirir
parcelas con dominio pleno; otros, más que
los anteriores, han realizado negociaciones
con los núcleos agrarios obteniendo documentos
y realizando pagos a ejidatarios sin hacer
ninguna gestión ante las autoridades, colocando
esas operaciones en condiciones de nulidad.
Prensa Estatal
COAHUILA
Representante de la CNC acusa a regidor de realizar
proselitismo. (Vanguardia, Jesús Jiménez,
p. web)
RAMOS ARIZPE, COAH. MARZO 25, 2005 (VANGUARDIA).- El regidor
David Hernández no sólo engaña a campesinos
de las comunidades más abandonadas del municipio
con falsas promesas sobre programas que
no van a salir en este 2005, también realiza
proselitismo a favor de Tomás Gutiérrez.
Así lo reveló a Vanguardia el representante del Comité Municipal
Campesino de la CNC, Miguel Alvizo
Cano, quien dejó en claro que durante dos
años y medio de la actual administración,
dicho edil se olvidó de la gente del campo.
“David anda desvirtuando información y engañando a los campesinos,
diciéndoles que les va a llevar proyectos
y programas, cuando tuvo dos años y medio
para hacerlo y no hizo nada por el área
rural, tiempo en el cual ni siquiera salió
a los ejidos.
“Estamos hablando de que él, David, es surgido del campo y
está puesto por nosotros los campesinos,
por la CNC, de la cual ya está fuera, porque
ya lo sacamos, ya que no trabajó por la
gente que lo necesita y no conforme con
eso, ahora anda candidateando
a Tomás Gutiérrez”, dijo Alvizo
Cano.
“Anda buscando seguir colgado de las administraciones municipales
y no se vale, porque anda diciendo a los
campesinos que va a hacer muchas cosas por
los ejidos, cuando no tiene ni la manera
ni el tiempo para hacerlo.
“También les anda diciendo que Tomás Gutiérrez les va a ayudar
cuando ese señor no tiene ninguna relación
con ninguna organización que tenga que ver
con el campo, con las familias campesinas,
y por lo único que la gente puede relacionarlo,
es por el apellido”, expresó.
Dijo que en estos tiempos los campesinos de Ramos Arizpe necesitan
de hechos, de realidades, no de falsas promesas,
ni de candidatos que jamás han recorrido
el área rural del municipio. “Necesitamos
ser sinceros con la gente del campo y que
le hablen claro, porque ahora somos nosotros
los que los juzgamos locos”.
Alvizo Cano dijo que la mejor opción que
tiene el PRI, y el único que puede asegurar
un triunfo sobre Ricardo Gutiérrez, “se
llama Ramón Oceguera,
quien tiene ya un buen número de años al
pendiente de los campesinos, gestionando
programas y apoyos y viendo por el bienestar
de la gente del área rural”.
EJIDOS TIENEN SERIAS CARENCIAS
“Las autoridades tienen que entender que atender a un municipio
no sólo es limpiar bulevares y regar camellones
aquí en la ciudad, no. Se requiere arreglar
caminos, electrificar ejidos, llevar centros
de salud y también transporte a la gente
del área rural”, afirma Miguel Alvizo.
“Cuando necesitan el voto a los primeros que buscan es a los
campesinos, somos quienes les damos el margen
y la lealtad a ellos, pero nunca cumplen
con sus compromisos de campaña.
“La actual administración —agregó— prometió llevar la energía
eléctrica al Ejido Plan de Guadalupe y no
ha cumplido, tampoco llevó las pilas para
la luz solar al Ejido Yucatán, donde aún
los están esperando. Ojalá ahora que vaya
‘Richie’, se digne a llevarlas, porque vaya
que hacen falta.
“Hay caminos rurales que parecen norias de tantos y tan profundos
pozos y para ejemplo el camino que va de
Paredón a Fraustro, el cual está intransitable y completamente deteriorado”,
dijo el representante de la CNC, quien enumeró
una serie de carencias en muy diversas comunidades
rural de Ramos Arizpe.
GUANAJUATO
Molesta A ejidatarios desazolve
de Ibarilla. (A.M José Trino Méndez, p. web).
Lo que fue la presa de Ibarrilla ahora es un terreno seco, rodeado de algunos charcos
verdosos, un pequeño arroyuelo y montones
de tierra lama, arena y grava.
Paradójicamente cerca de la zona
de lo que fuera el embalse, letreros del
Municipio advierten que está prohibido nadar
en la presa, que lo único que conserva es
una vieja cortina y un bordo.
Mientras algunos ejidatarios aseguran
que se secó para desazolvarla,
otros están en contra de la situación.
Según los vecinos de la zona, desde
1978 la familia Cisneros Gómez tiene la
concesión de la presa.
“La CNA nos autorizó la concesión
del agua. Desde hace tres años no se abría
la compuerta para desazolvarla. El año pasado se hizo, pero ya se cerró para
que comience a almacenar agua de los escurrimientos
de los veneros bajan de la sierra”, señaló
José de Jesús Cisneros Gómez.
Cisneros Gómez admitió que es poca
el agua de la presa que utilizan para regar
parcelas, porque ya casi nadie siembra.
“La agricultura no deja y para
subsistir explotamos los bancos de arena,
de la presa”, dijo José de Jesús Cisneros.
Sin embargo aclaró que ellos buscan
que la presa tenga agua, y puso como ejemplo
que cuando se secó la presa de El Palote,
el Municipio pretendía trasvasarle el agua
de la presa de Ibarrilla.
“Los ejidatarios se opusieron porque
es nuestra agua”, dijo Cisneros Gómez.
Los ejidatarios de Ibarrilla utilizan agua que traen por tubería de 8 pulgadas,
desde la presa de El Ojo de Agua de los
Reyes, a 4 kilómetros de distancia para
regar sus parcelas.
Refugio Rivera, presidente del
Comité de Vigilancia del Ejido de Ibarrilla
aseguró que el ejido comprende cerca de
900 hectáreas, de las cuales, 600 son cerro
o ‘comunales’ y el restó está repartida
entre 22 ejidatarios.
“La mayoría ya ha vendido sus terrenos
para fraccionar”, dijo Refugio Rivera.
MICHOACÁN
Desempleo rural por crisis en agro. (La Voz de Michoacán, Socorro Díaz, p. web).
Zamora, Mich.-
Las tierras de cultivo de este municipio
pertenecientes al ejido y comunidades agrarias
están abandonadas en un 70 por ciento, ya
que los campesinos han sido víctimas de
diversos aspectos en contra de sus intereses,
por lo que la tierra se ha convertido en
cerril ante lo incosteable que resulta trabajarlas.
Así se refirió Guillermo Servín, dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina
y titular de la dirección de Desarrollo
Agropecuario en este municipio, quien aseguró
que las tierras de cultivo han sido abandonadas
por cuestiones cuya solución no está al
alcance de los hombres del campo, pero sí
de una autoridad más comprensiva y con verdaderos
deseos de ayudar a quienes generan mano
de obra en el campo y surten de productos
al mercado nacional, lo que permite establecer
precios que están al alcance del bolsillo,
hasta de las clases más humildes, pues el
traer productos del campo de otros estados
incrementaría su costo.
Elevadas tarifas cobra la CFE
El líder de la Confederación Nacional
Campesina, Guillermo Servín
Gallegos, acusó a la Comisión Federal de
Electricidad de aplicar tarifas muy elevadas
al campesinado, el cual tiene que pagar
un consumo muy alto cada mes por regar sus
tierras, toda vez que extraen el agua de
pozos profundos, lo que genera un importante
consumo de energía cada tercer día.
Son pocos los campesinos que cultivan
sus tierras y que necesitan el agua para
sus cultivos, por lo tanto, no pueden cubrir
el costo de la energía eléctrica, por lo
que se ven obligados a pedir prestado con
altos intereses, dinero que se comprometen
a pagar al vender sus cosechas, por lo que
cuando llega la venta de la cosecha, el
dinero que obtienen ya lo adeudan.
Sufren el robo de equipo
Lamentó que a pesar de las múltiples
demandas puestas en la Subprocuraduría
Regional de Justicia y del apoyo que han
solicitado a los tres niveles de gobierno,
los labriegos continúan siendo víctimas
de ladrones que se apoderan de su equipo
de bombeo, switch
y alambre de cobre.
Dijo que no ha habido respuesta
a pesar de que desde hace varios años levantaron
la voz en busca de justicia, pero que ésta
no ha llegado debido a que la autoridad
policiaca no hace
recorridos por el campo, no investiga los
robos, ni va en busca de los ladrones, aunque
también roben caballos, ganado vacuno y
hasta burros.
Pozos desaprovechados
A pesar del alto costo que representa
la perforación de un pozo profundo, Guillermo
Servín Gallegos
aseguró que un total de 13 pozos no están
siendo aprovechados en esta región debido
al gasto de energía eléctrica y demás factores
que existen en contra del campesinado que
prefiere rentar sus tierras o hacerlas producir
únicamente en temporada de lluvia que es
cuando no gastan nada en el riego de sus
cultivos.
Bajos precios en el mercado
Otro de los factores por lo que
el campo no ha sido redituable para el agricultor
son los bajos precios que prevalecen en
el mercado nacional, lo que no les impide
recuperar la inversión realizada.
Aseguró que desde hace casi dos
décadas el maíz ha venido observando el
mismo precio y que las motivaciones que
los gobiernos federal y estatal otorgaban
a quienes hacen producir sus tierras, simple
y sencillamente desaparecieron, por lo que
cuando se presentan siniestros no recupera
absolutamente nada.
Prefieren irse de braceros
Servín Gallegos
aseveró que los hijos de campesinos ven
cómo sufren sus padres para obtener dinero
que les permita verlos crecer y darles educación,
por lo que éstos prefieren seguir estudiando
hasta alcanzar la mayoría de edad que les
permita emigrar hacia Estados Unidos en
busca de empleo y a consecuencia de ello
ya no hay quién trabaje las tierras, puesto
que las manos jóvenes deciden emigrar y
son los viejos los que continúan tratando
de que éstas produzcan, pero sólo en temporadas
de lluvia, cuando no les cuesta el bombeo
del agua para el riego de sus parcelas.
Falta comercialización
“Los hombres del campo somos buenos productores,
pero lamentablemente también somos malos
comerciantes, es decir, no sabemos vender
nuestros productos, por lo que quien eternamente
se ha llevado la mejor tajada es el acaparador,
el intermediario que nos compra a un precio
ridículo nuestras cosechas, pero vende a
precios mayores”, subrayó Servín
Gallegos
QUINTANA ROO
El otro Cancún, enorme cuarterío de miseria. (La Jornada,
Blanche Petrich,
p. web).
Cancun, QR. La glorieta del Ceviche,
conocida popularmente con ese nombre por
las esculturas de caracoles y estrellas
de mar hechas de tosco cemento pintado,
es una encrucijada de grandes avenidas.
Una lleva a la larga franja -22 kilómetros-
de playas privadas, hoteles, discotecas,
condominios de lujo, plazas comerciales,
marinas y campos de golf que captan más
de 2 mil millones de dólares al año. Las
otras avenidas llegan hasta los confines
del "otro" Cancún, donde viven
los trabajadores que mantienen activa esa
industria sin chimeneas.
Un letrero en una cartulina indica hacia la izquierda: "Zona
Hotelera". En esa dirección, el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) ha registrado la presencia de 10
idiomas habituales, entre europeos y asiáticos.
Hacia la derecha, el ingenio popular asignó
otra nomenclatura: zona atolera.
En esa zona, conformada por capas de cinturones
de miseria que se han ido asentando en los
últimos 35 años, desde la fundación de Cancún,
se hablan 52 lenguas indígenas de las 62
que se cuentan en México, también según
el INEGI. Cada semana llegan 3 mil nuevos
buscadores de empleo en pos de un espacio
dónde vivir en ese extenso cuarterío que es el "otro Cancún".
Valle Verde es una de las regiones -como le llaman localmente
a los barrios- que quedan en uno de los
extremos de esa zona atolera. Como
otras 300 de su tipo, es un asentamiento
irregular, sin servicios. Ni calles ni agua
entubada, electricidad o drenaje. Ahí vive
Luis Cárdenas en una palapa;
un solo espacio que comparte con su mujer,
sus hijos, su madre, sus tíos y algunos
parientes más, todos emigrantes de Tierra
Blanca, Veracruz. Cada día, antes del alba,
sale hacia su trabajo. Ilumina con una linterna
la caminata de media hora por el monte hasta
que llega a la carretera, donde aborda un
pesero. Otros trabajadores que cubrieron
turnos nocturnos caminan en sentido contrario
por la vereda. Ya con la luz de día llega
al crucero donde se arremolinan cientos
como él para tomar los autobuses que, llenos
a las seis de la mañana, los transportan
a la zona hotelera. Dos horas después de
salir de su casa llega a las puertas del
hotel donde labora.
Santa Cecilia es otra de esas colonias. A la altura del kilómetro
21 -de fama dudosa, pues ahí fueron reubicados
los antros de la zona roja- hacia la derecha,
se encuentra el extenso ejido Alfredo Bonfil, fundado durante el movimiento de colonización de los
años de Luis Echeverría. Hace mucho tiempo
que los antiguos ejidatarios, importados
de Durango, abandonaron la agricultura.
La reforma agraria salinista les permitió fraccionar sin regulación alguna
sus enormes terrenos para venderlos.
En los confines de Cancún
La civilización termina a la orilla de la carretera, donde
el ex ejidatario Juan Martínez -sombrero
norteño y troca
del año- edificó su casa, grande, aparatosa
y de muchos colores. Selva adentro, a lo
largo de más de 10 kilómetros de calle de
tierra, se han asentado algunas de las últimas
oleadas de migrantes,
atraídos por promesas de empleo seguro para
un mercado laboral cada vez más restringido.
Y sobre todo por letreros como los que se
han clavado en algunos árboles a la orilla
del camino de tierra: "Vendo terreno,
10 por 50, 20 mil pesos".
Las regiones Sientomiedo
La comunicadora maya Mari Cobá, de
la Unión de Mujeres Indígenas de Quintana
Roo (UMIQR), conoce casi todas las calles
de este otro Cancún, y en cada manzana
tiene amigos y conocidos. Explica que, como
Santa Cecilia, hay al menos otras 300 regiones
irregulares en la ciudad. Todas sin servicios.
Las más pobladas son Valle Verde, Reyes,
Avante. Tienen menos de 10 años de asentamiento.
Otras, más antiguas, que datan de los 60,
son las Sientomiedo.
Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que la
mitad de los 800 mil habitantes de Cancún,
ciudad de apenas 35 años, viven en condiciones
de marginación o alta marginación. Hace
algunas décadas Cancún protagonizó lo que
en su momento fue la mayor explosión demográfica
del país. Aun hoy la tasa de crecimiento
sigue siendo de 5 por ciento anual.
Reciben ejidos $180 mil para certificación forestal
Tres ejidos de Felipe Carrillo
Puerto resultaron beneficiados con la entrega
de recursos por el orden de 180 mil pesos
del programa "Sello verde", promovido
por las instancias forestales del gobierno
estatal, afirmó el coordinador de esa área
en la actual administración, José Roque
Alamina, al hacer la entrega de los recursos
para los ejidos de X-Pichil,
Chunhuas y Betania.
Los presidentes del comisariado ejidal de aquellas comunidades acudieron para
recibir diferentes cantidades. Para el ejido
de X-Pichil el
programa forestal destinó 70 mil pesos,
para Chunhuas
60 mil y para la comunidad de Betania
una cantidad igual, con lo que se suman
los 180 mil que el gobierno estatal destinó
para beneficiar a los ejidatarios que se
han preocupado por el cuidado de sus selvas
y las reservas forestales con que cuentan.
El responsable de la actividad
forestal vinculada al gobierno del estado
sostuvo que en promedio se están destinando
en el primer trimestre del año recursos
por una bolsa igual a 400 mil pesos, los
cuales se destinan también a los ejidos
de Noh Bec,
San Francisco Botes y Laguna Om,
estos dos últimos en el municipio de Othón
P. Blanco.
En estas comunidades se ha fomentado
la cultura por el cuidado de la selva y
los propios campesinos son los vigilantes
de que sus reservas forestales no sean saqueadas
por taladores furtivos que llegan para descremar
la selva.
Aseguran protección
Aseguró que aunque parezcan pocos
los recursos que se destinan a esas tareas
de cuidado y preservación de las áreas forestales
en los ejidos ya mencionados, en total este
año se está cerrando el ejercicio con una
superficie de 240 mil hectáreas de selvas
certificadas, las cuales se encuentran en
posibilidad de recibir mayor apoyo proveniente
de fuentes internacionales interesadas en
el cuidado y la preservación del medio ambiente.
Con esos recursos se otorga una
total garantía de que los bosques y las
selvas en los ejidos que se benefician estarán
totalmente resguardadas, pero más que eso,
representan la rentabilidad que hoy día
tienen los montes y las selvas para los
propios campesinos que en el cuidado y la
vigilancia de sus zonas forestales tienen
ya una ingreso asegurado y no en el saqueo,
la anulación y exterminio de las especies
que ahí se encuentran", dijo el funcionario
estatal.
Inician la expropiación de un terreno. (Por Esto!, Luis Roel, p.web)
COZUMEL, 27 de marzo.- El H. Ayuntamiento
reunido en Sesión de Cabildo celebrada el
día miércoles pasado, aprobó por unanimidad
la propuesta realizada por el edil Carlos
Hernández Blanco, de iniciar los trámites
de expropiación del terreno situado sobre
zona federal a la altura del complejo Parque
del Sol, Playa Caletita.
Dicho terreno, cuya superficie
asciendo a nueve mil 528 metros cuadrados,
se encuentra ubicado sobre la franja costera
entre el Parque del Sol y la zona de los
hoteles que están hacia el norte, con casi
450 metros de extensión lineal, una vegetación
arbolada en su interior, la cual jamás ha
registrado pago alguno de impuesto predial
y al día de la fecha presenta un adeudo
de más de 35 millones de pesos.
Habiéndose cumplido los mecanismos
jurídicos, basándose en las facultades legales
que tiene el municipio para iniciar este
proceso y sumado a los deseos de la comunidad
de preservar las áreas verdes, el alcalde
manifestó que la recuperación de esa porción
de tierra, brindará la posibilidad de extender
el espacio público del complejo Parque del
Sol que se ubica en un costado del balneario
público Caletita, mismo que será un gran
beneficio para los ciudadanos y del mejor
aprovechamiento de nuestro desarrollo sustentable.
Como se recordará el edil Carlos
Hernández Blanco, es quien encabeza la lucha
por mantener limpia de construcciones la
rada de Cozumel
bajo el lema de "Ventanas al mar"
cuya longitud es del balneario público "Las
Casitas" hasta el restaurante El Acuario.
Dicha lucha se debió a la constante
petición de la ciudadanía, a la que se unieron
posteriormente empresarios, comerciantes,
asociaciones civiles y no gubernamentales,
sindicatos y colegios de profesionistas,
quienes apoyaron la iniciativa del presidente
municipal Carlos Hernández Blanco, de luchar
por mantener libre de construcciones el
malecón de la ínsula.
El cual hasta la fecha se ha logrado
ya que se detuvo la construcción de un restaurante
en el muelle de Punta Langosta, sin embargo,
el alcalde no desea concluir su gestión
sin dejarle a la isla y sus habitantes un
espacio mucho mayor y de ahí el interés
de expropiar el terreno que se ubica entre
el parque del sol y conocido hotel hacia
el norte.
Finalizó diciendo que ante esta
situación que apremia a los habitantes de
la isla, estos ya no se deben de preguntar
¿Qué puede hacer Cozumel
por nosotros? Si no, ¿Qué podemos hacer
nosotros por Cozumel?
Asegurando que quienes viven en la ínsula
desean un Cozumel
vivo, no en la nostalgia de las tarjetas
postales.
SAN LUIS POTOSÍ
Venden terrenos ejidales en “tandas”. (Pulso, Verónica Cruz, p. web).
Un verdadero problema para administraciones futuras es el que
está ocasionando la venta de terrenos ejidales
sin autorización por parte del dirigente
de la Confederación Nacional Campesina,
avalados por funcionarios de esta administración.
En donde las ventas son denominadas como
“tandas” a costos que no avalan la propiedad
hasta no ser liquidados, careciéndose de
escrituración o de un documento de Catastro
o Registro Público de la Propiedad , son
lotes sin ningún servicio ubicados en las
cercanías del Basurero Municipal en El Jabalí.
Como parte de un programa de la CNC y el Ayuntamiento de Rioverde, el líder de los campesinos y funcionarios de esta
administración están llevando a cabo la
venta de terrenos al por mayor en predios
del ejido El Jabalí, lotes que no han sido
autorizados por el Cabildo o cualquier dependencia
de Gobierno. Carecen de los servicios de
vital importancia como lo son: Agua, luz
drenaje, y urbanización; se venden como
programas de “tandas” por el ex director
del Rastro, Lucio Rojas y funcionarios del
Ayuntamiento, entre los que destacan el
director de los Servicios Municipales, Arturo
Román Godínez
y el titular de Reclutamiento así como otros
funcionarios
Cartones
Dato inédito · Magú
Pagar el agua · Rocha
Los
grifos Naranjo
Fox a uno Efrén
Juez
y parte Helioflores
