CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
1 DE MARZO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Busca PRI evitar que Elba lo dirija
Si renuncia Madrazo durante
una sesión del Consejo Político, elegirán
al sucesor en ese momento
Persisten corrupción e impunidad, afirma EU
Reporte sobre derechos
humanos en México
El IPAB arrastrará déficit durante 5 años
Hasta 2010 se revertirá
el saldo negativo del fondo de reserva
Fox ya se dio cuenta de
que falta competitividad
Anuncia la creación de
un pacto nacional y llama a tomar medidas
inmediatas
Pobre clima de derechos humanos en México: EU
El reporte, "sin
validez": SER
El crimen controla las cárceles de México: EU
Informe del Departamento
de Estado
PGR halla que Nahum sí filtró datos ''delicados''
Debieron cancelar gira
de Fox en Reynosa
México: 3 mil secuestros, corrupción e impunidad
Difunde Departamento de
Estado reporte sobre DH
Korrodi: Fox
nos lleva al precipicio por el caso AMLO
“Un riesgo”, que el Ejecutivo
cargue los dados hacia Creel
Nueva alerta de EU por narcoviolencia en México
Identifica como zonas
críticas a la frontera norte y al suroeste
de la República
¿Corrupción en AICM?
Comisión de diputados
tiene "sospechas fundadas" que se
intenta "tapar alguna irregularidad"
Sector agrario
En la línea. (El Universal,
Félix Fuentes, p.web).
El ex jefe policiaco de Guerrero Humberto Sevilla está ensoberbecido porque fue socio del gobernador electo del estado, Zeferino Torreblanca, y pretende vender 80 hectáreas a un consorcio turístico a pesar de que son propiedad de Playa Encantada. Por un manejo oscuro de la Reforma Agraria y el aún mandatario René Juárez Cisneros fue realizado el despojo de esas tierras a favor del ejido El Podrido. Todo está ídem.
Focos Rojos
Guerrero: pide la SRA policías en zona de conflicto
agrario. (La Jornada, Jesús Saavedra
Lezama, p.37. Información
también publicada en Excélsior,
p. 20A)
La Secretaría de la Reforma Agraria pidió al gobierno
estatal que envíe policías a la zona del conflicto
agrario entre comuneros de Copanatoyac y Malinaltepec, en la
región de la Montaña, para evitar que se produzcan
hechos violentos, luego de que este miércoles
está programada una reunión a la que asistirán
campesinos de Ocuapa,
municipio de Copanatoyac,
y Tlacoapa, municipio
de Malinaltepec, para
buscar llegar a acuerdos. Gilberto Hershberger,
subsecretario de la dependencia, explicó que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
envió el expediente al Tribunal Agrario donde
le pedía solucionar la disputa de tierras
con base en un acuerdo que data de 1883, “pero
no hemos podido hacer los estudios, porque
los puntos que marca el mismo no están del
todo claros”.
Piden la SRA a Léon Aponte
que envíe policías a la zona de conflicto
en Tlacoapa:. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web.)
El subsecretario
de la Reforma Agraria, Gilberto Heshberger,
dice que la petición es para que trabajadores
de esa dependencia midan el terreno bajo “las
medidas de seguridad necesarias” y así evitar
“algún enfrentamiento”
El subsecretario de la Reforma
Agraria, Gilberto Heshberger
Reyes, pidió ayer por escrito al secretario
General de Gobierno, Luis León Aponte, que
para el miércoles envíe a unos policías a
la zona de conflicto que resurgió hace unos
días entre comuneros de Tlacoapa
y Malinaltepec, a consecuencia de una resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que
favoreció a los primeros.
La solicitud, según Heshberger Reyes, es para que trabajadores de esa dependencia
federal midan el terreno en disputa bajo “las
medidas de seguridad necesarias” y también
para evitar que pueda haber “algún enfrentamiento”
por la inconformidad que esa acción pueda
generar entre los comuneros.
El 21 de febrero, habitantes de
Moyatepec (que es anexo de Ocuapa,
municipio de Malinaltepec)
detuvieron a 11 campesinos de las comunidades
de El Capulín y La Sabana (municipio de Tlacoapa)
así como a tres funcionarios de la Procuraduría
Agraria (PA) y de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), que recorrían la zona de conflicto.
Según el delegado de la PA, Fernando
Jaimes Ferrel,
los comuneros de Tlacoapa
(que resultaron afectados con la resolución)
y los funcionarios de las dependencias federales
se encontraban en el lugar en disputa para
ubicar los puntos que dividen a los dos Bienes
Comunales, como ordenó la SCJN, a partir de
los trabajos de los peritos.
Ayer en conferencia de prensa en
el restaurante El Toronjil de esta capital,
Heshberger Reyes
adelantó que de acuerdo con una minuta de
trabajo que firmó la SRA con las dos partes
en conflicto “se asumió el compromiso de que
a partir del 2 de marzo se reanudarían los
trabajos de medición”.
Dijo que para “garantizar” a los
trabajadores de la SRA “medidas de seguridad”,
unas horas antes de la conferencia entregó
un oficio a León Aponte, para que envíe a
policías que permitan “establecer un clima
de armonía, que sea propicio para que la Reforma
Agraria continúe con sus trabajos de conciliación
y resolver en definitiva este añejísimo conflicto”.
Heshberger Reyes
indicó que el compromiso de la SRA es “continuar
con las pláticas conciliatorias”, porque “estamos
seguros de que la solución de este conflicto
es que las dos partes concilien”.
Recordó que el conflicto comenzó
hace 122 años (en 1883), cuando las autoridades
comunales firmaron un convenio donde pactaron
en aquella época “la manera en que se iba
a delimitar sus tierras”.
Agregó que por distintos acuerdos
presidenciales a Ocuapa
le excluyeron 456 hectáreas que le había
reconocido una resolución de 1948 y jurídicamente,
“la superficie en conflicto le pertenece,
aunque es importante destacar que esa superficie
siempre ha estado en posesión de comuneros
de Tlacoapa”.
Heshberger Reyes
aseguró que el conflicto ha permanecido en
los tribunales, debido a que ambos las autoridades
siempre impugnan los puntos resolutivos, incluso
manifestó que la reciente respuesta que reavivó
el problema fue porque Tlacoapa
rechazó la última resolución, y nuevamente
la SCJN ordenó ubicar los puntos que dividen
a los dos Bienes Comunales.
Expuso que a partir de que entre
las dos comunidades “no ha habido conformidad”
para determinar los puntos de medición, “nosotros
hemos hecho un análisis muy detallado del
convenio de 1883 para determinar los puntos
para llevar a cabo los trabajos, pero ese
convenio no los precisa”.
Añadió que desde el “punto de vista
legal no tenemos forma de identificar la superficie,
y por eso necesitamos entrar con nuestro equipos
y técnicos para medir la totalidad del terreno,
para que a partir de ahí se establezcan mecanismos
de conciliación con los grupos”.
Criticó las advertencias del dirigente
de la disidencia de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, porque “es
una persona que apenas intervino en el asunto”.
Señaló que Romero Sotelo promovió el último amparo de la resolución que favorecía
a Tlacoapa, provocando
con esto que un juez “ordenará que suspendieran
los trabajos”, “y ahora son ellos los que
acusan que no queremos medir, pero cómo vamos
a medir sí el juez nos ordenó parar los trabajos”.
Justificó que la presentación de
los 11 comuneros ante el Ministerio Público
fue porque enfrentaban “el riesgo de que pudiera
ser ajusticiadas por gentes de Ocuapa,
se tenían que poner a resguardo”.
Heshberger Reyes
relató que en 2004, la SRA solucionó 16 conflictos
agrarios en la entidad, en tanto que quedaron
pendientes 11 casos más para resolver en este
año, pero dijo que el gran número de problemas
agrarios vienen desde 70 años atrás, y fueron
generados bajo “muchas irregularidades” durante
los periodos de gobiernos priístas.
En la conferencia estuvieron, el
delegado de la PA, Fernando Jaimes
Ferrer; el coordinador de Focos Rojos, Juan
Gática; el delegado
de la SRA, Everardo Vázquez Ruíz; el delegado
del Registro Agrario Nacional (RAN), Jaime
Gutiérrez Robles; y el director de unidad
Técnica Operativa de la SRA, Manuel Cifuentes.
Piden a la Secretaría de la Reforma Agraria resolver
conflictos en Guanajuato. (El Sol de Irapuato, Irma
Hernández, p.web).
La Secretaria de la Reforma Agraria tiene cuatro conflictos
pendientes de resolución en Guanajuato, que
tiene catalogados como “focos amarillos” al
tratarse de
problemas de tierras que llevan alrededor
de 20 años sin resolverse.
Sin embargo, son casos que se pelean en tribunales y no se
han registrado problemas de violencia, explicó
Francisco Javier Chico Goeme, representante estatal de la SRA.
Uno de los conflictos está localizado entre San Lorenzo y San
Agustín en Irapuato, donde hay negativa y
resistencia a negociar, ni siquiera está bien
determinada la cantidad de hectáreas que está
en conflicto.
Diputados federales sólo encontraron incertidumbre
y miedo entre ejidatarios de El Tamarindillo. (El Sol de Zacatecas, Gabriel Xantofila, p. web.)
México.- Miedo e incertidumbre de ejidatarios y comuneros de enfrentarse al poder
presidencial, fue lo que encontraron los diputados
federales que realizaron un recorrido por
la bahía "El Tamarindillo’’, en busca
de información que revele que las 236 hectáreas
pertenecen a la familia Fox, cotizadas en 25 millones de pesos por un "prestanombres".
Hay desconfianza a causa de las presiones e intimidaciones
a que han sido sometidos los ejidatarios y
comuneros. "Tienen que vender si quieren
agarrar algo, porque es para el de arriba,
para el número uno…’’, les han advertido,
narró la diputada Ana Lilia Quiroz.
El señor José Valencia, uno de los posesionarios,
en su diálogo con el delegado de la Semarnat,
Ramón Ponce, le dijo: "Hay que vender
porque es el presidente Fox el que tiene interés’’, contó la perredista.
Destacó que el comisariado ejidal,
Agapito Cárdenas Guerrero, en los días en
que se hablaba de la venta de las hectáreas,
visitó en tres ocasiones la residencia oficial
de Los Pinos.
Comentó que al menos en dos ocasiones, en los años 2003 y 2004,
el presidente Vicente Fox
recorrió "El Tamarindillo’’, por velero,
en Michoacán.
Y según Ana Lilia Guillén Quiroz todo indica que Cosme Mares
Hernández es el prestanombres, pues se hizo
ejidatario en un tiempo récord de diez días.
Guillén Quiroz visitó el pasado fin de semana con Margarita
Chávez Murguía y José Lamberto
Díaz, del PAN y PRI, respectivamente, los
terrenos en litigio.
Son 236 hectáreas entregadas a "bulto’’, sin medición,
con un pago de 25 millones de pesos. "Esa
cantidad no cubre la calidad de los terrenos’’,
precisó.
Aseguró que al lado de la bahía El Tamarindillo se encuentra
una playa conocida como "La Privada’’.
El proyecto se supone será un desarrollo turístico que creará
300 empleos permanentes, pero lo mismo se
dijo de La privada, lo que nunca ocurrió.
La mayor parte de esa playa es de la familia
Urrea, comentó.
Destacó que el Tribunal Unitario Agrario ha demostrado una
"celeridad increíble’’ para la justicia
agraria en este tipo de casos, cuando hay
otros que llevan entre 18 y 40 años sin poderse
resolver.
Dijo que tanto a Cosme Mares Hernández como a Rubén Hernández
Haas, las autoridades
agrarias les han demostrado una gran rapidez
para reconocerles como ejidatarios dueño del
predio El Tamarindillo.
La legisladora manifestó que el procurador Isaías Ribera, sin
esperar a que el Tribunal Agrario decida si
hay alguna irregularidad o nulidad de la compra-venta,
decidió que todo está conforme a derecho,
lo cual es inaceptable.
Explicó que Cosme Mares fue una persona muy cercana al presidente
Fox en su campaña
con Lino Korrodi. Además, no se le ha investigado como constructor,
pues en el sureste del país hay quejas de
obras inconclusas, inclusive, en Guanajuato
un Cefereso, por
tanto habría que investigarle, fustigó.
Mares Hernández tiene gente en la mesa directiva del ejido
y en el tribunal agrario que le informan de
todo lo que ocurre, mientras que el comisariado ejidal tiene dos nombres, pues se le conoce de
toda la vida como Agapito Cárdenas Guerrero,
pero firma como Andrés Cárdenas Guerrero en
un segundo registro. Y la Secretaría de
la Reforma Agraria indica que si nadie
impugna queda firme, concluyó la legisladora
Riesgo de violencia entre Ixcatlán
y Chalcatongo. (El Imparcial
(Oaxaca), Humberto Torres, p. web).
La falta de acuerdos
para que las agencias municipales de “La Reforma”
y “La Paz”, abandonen las mil 356 hectáreas
que han invadido Ixcatlán;
la incertidumbre y zozobra vuelve a aparecer
en esa región Mixteca
La estabilidad política
y social entre las comunidades de Chalcatongo
de Hidalgo y Santo Domingo Ixcatlán,
pende de un hilo, al romperse las conversaciones
para conciliar el conflicto agrario que enfrentan
desde hace varias décadas.
Ante la falta de acuerdos
para que las agencias municipales de “La Reforma”
y “La Paz”, abandonen las mil 356 hectáreas
que han invadido a Ixcatlán,
la incertidumbre y zozobra vuelve a aparecer
en esa región Mixteca,
donde en cualquier momento la violencia se
puede enseñorear.
De poco o nada ha servido
el diálogo realizado con la participación
del secretario General de Gobierno, Jorge
Franco Vargas, como del delegado de Gobierno
en Tlaxiaco, Victorino Gutiérrez y del diputado
local, Marco Antonio Hernández Cuevas, porque
los invasores de niegan a respetar la determinación
del Tribunal Unitario Agrario, que
concede la posesión de las tierras a Ixcatlán.
El presidente municipal
de esa población, Fredy
Morales y el presidente de Bienes Comunales,
Paz Aguilar García, reconocen lo delicado
de la situación y el riesgo de que la estabilidad
y paz social se quebranten ante los actos
de provocación registrados.
Por ello han solicitado
la intervención de la Secretaría de Protección
Ciudadana, para que envíe Policías Preventivos
y resguarden la estabilidad, pues gente armada
se pasea por la zona y hay el temor de cualquier
incidente.
“Nosotros hemos agotado
las instancias legales para confirmar que
las tierras invadidas por esas dos agencias
de Chalcatongo son
nuestras. De nada sirve que en la mesa de
negociaciones todos hablen bonito y haya la
decisión de aceptar los acuerdos, cuando en
los hechos nunca los respetan”, dijo el munícipe.
Mientras que Aguilar
García, confirmó que en las últimas semanas
se han enfrentado a actos de intimidación
por parte de los habitantes de esas dos agencias,
ante lo cual han adoptado una actitud pacífica
para no responder, sin embargo la situación
es tensa.
Explicó que tras varios
años de litigio, el 3 de agosto de 1998 el
Tribunal Unitario Agrario dictó sentencia
a favor de Ixcatlán,
con lo cual se confirmó que los terrenos invadidos
por “La Reforma” y “La Paz”, deberían ser
desalojados.
Los inconformes decidieron
buscar un amparo, pues se niegan bajo cualquier
argumento a abandonar las mil 356 hectáreas
que poco a poco han ganado. Sin embargo, en
el 2002 el Tribunal Colegiado confirmó su
falló, sin que haya tenido respuesta en los
hechos, pues siguen en territorio de Ixcatlán.
Confirmaron que este
conflicto es uno de los denominados “14 focos
rojos” que existen en el estado, el cual ha
originado muertos de una parte y otra, sin
que haya hasta el momento una solución visible
Ixcatlán y Chalcatongo
rompen el diálogo. (Noticias de Oaxaca. Luis
Ignacio Velásquez, p. web).
Autoridades municipales y agrarias de Santo Domingo Ixcatlán rompieron ayer las platicas conciliatorias que mantenían
en la Secretaría General de Gobierno por la
disputa de mil 300 hectáreas de terreno ante
el incumplimiento de los acuerdos signados
por parte de los habitantes de Chalcatongo
de Hidalgo, quienes entraron a trabajar en
la zona en conflicto.
Las autoridades de Ixcatlán demandaron,
además, al gobierno del estado que refuerce
la seguridad en la zona, “porque no nos hacemos
responsables de lo que pueda ocurrir con los
comuneros de nuestro pueblo y los comuneros
de La Paz y Reforma, en esa zona los habitantes
de ambas comunidades están realizando diversas
actividades y responsabilizamos a las autoridades
estatales de la violencia que se pueda generar”.
Momentos después de abandonar la mesa de diálogo, Freddy Morales
Arias, presidente municipal de Santo Domingo
Ixcatlán, comentó
que había un compromiso muy grande de su pueblo
para tratar de encontrar una solución al conflicto,
pero Chalcatongo
rompió los acuerdos”.
1,300 hectáreas en disputa
Autoridades municipales y agrarias de Santo Domingo Ixcatlán rompieron las platicas conciliatorias que mantenían
en la Secretaría General de Gobierno por la
disputa de mil 300 hectáreas de terreno ante
el incumplimiento de los acuerdos signados
por parte de los habitantes de Chalcatongo
de Hidalgo, quienes entraron a trabajar en
la zona en conflicto.
Freddy Morales Arias, presidente municipal de Santo Domingo
Ixcatlán, denunció que habitantes de las agencias La Paz y
Reforma, de Chalcatongo
de Hidalgo, “han estado trabajando en la zona
y eso genera la inconformidad de nuestra gente,
la molestia y la preocupación por el grado
de violencia que se pueda dar”.
Rodeado de los integrantes de su Cabildo y las autoridades
de Bienes Comunales sostuvo que si el gobierno
del estado pretende asumir con responsabilidad
este asunto que proceda como lo hizo en la
Sierra Sur.
“Ahí el gobernador Ulises Ruiz Ortiz fue a Amoltepec a llevar programas sociales, aquí nosotros nos enfrentamos
al problema de que no hay ninguna propuesta,
somos nosotros los que en su momento decidimos
aportar algo”.
El munícipe manifestó que van a esperar la ejecución de la
sentencia, “vamos a trabajar la zona, vamos
a asumir con responsabilidad el llevar a nuestra
gente, a los comuneros, a trabajar y corresponderá
al gobierno del estado la responsabilidad
de atender su seguridad”.
Subrayó que ellos tienen confianza en que el gobernador Ulises
Ruiz Ortiz le pueda entrar al asunto. “sobre
todo que es su tierra”.
Morales Arias dijo que para regresar a la mesa de dialogo “lo
único que pedimos son propuestas viables que
podrían ser a través de programas de desarrollo
en la zona, hablamos de que hay que apoyar
a la gente en cuestiones de vivienda, salud,
educación, carreteras”.
“Sin embargo, las autoridades de Chalcatongo
hasta el momento no tienen ninguna propuesta,
se mantiene con en una actitud de desgaste
y de doble discurso que en nada ayuda al conflicto,
nosotros queremos darle a este conflicto la
estatura social y político que tiene”.
Comentó también que a las comunidades de La Paz y Reforma el
Congreso del Estado les confirió una categorización
municipal, “por lo que exigiremos que se anule
esa categoría política, esta es una situación
lamentable que el propio gobierno del estado
ha permitido”.
Por su parte, Paz Aguilar García, representante del Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Ixcatlán, manifestó que este asunto no es nuevo, “nosotros
siempre hemos estado dispuestos a encontrar
una solución a través del diálogo pero en
la mesa de negociación se dicen unas cosas
y en el terreno de los hechos es otra la situación
que se da”.
“Por eso ya no confiamos que aquí lleguemos a firmar un convenio
porque no se respeta y Chalcatongo
nunca los ha respetado, nosotros hemos dado
propuestas de solución y Chalcatongo
nunca las ha aceptado”.
Señaló que por tal situación “nosotros dejamos que el gobierno
platique con las autoridades agrarias y municipales
de Chalcatongo para que juntos encuentren alguna solución, dicen
que hay recursos para resolver el problema
pues que ayuden a su gente, es un reto para
el señor gobernador porque él conoce mejor
el problema porque es originario de ahí”.
“Nosotros nunca hemos utilizado la violencia somos gente pacífica
porque sabemos que tenemos la razón, que la
Ley esta de nuestra parte”.
Aguilar paz explicó que la sentencia sobre el caso se dio el
día 3 de agosto de 1998 y la emitió el Tribunal
Unitario Agrario, sin embargo Chalcatongo
recurrió a la apelación y el Tribunal Superior
Agrario confirmó en todas sus partes la misma.
“Después Chalcatongo interpuso nuevamente
una demanda de Amparo en contra de esta sentencia,
misma que se sobreseyó. Posteriormente un
grupo de supuestos comuneros de La Paz, Chalcatongo, interpusieron otro Amparo, mismo que se resolvió
el 29 de diciembre del 2004 y como no les
fue favorable ahora presentaron un recurso
de revisión ante el Tribunal Colegiado de
Distrito, hasta ahí va el asunto legal”.
Propone el ministro Silva Meza practicar un nuevo
avalúo al Paraje San Juan. (La Jornada, Jesús Aranda,
p. web)
La Suprema Corte inició ayer la discusión sobre el caso del
Paraje San Juan, en la que el ministro instructor,
Juan N. Silva Meza planteó que se envíe el
expediente a un juzgado en materia administrativa
para que éste ordene la realización de un
nuevo avalúo del terreno y se determine una
nueva indemnización por el predio a valor
catastral de 1989, lo que reduciría sustancialmente
los mil 810 millones 314 mil 500 pesos que
se exige al Gobierno del Distrito Federal
como indemnización por el predio.
Al conocer el recurso de queja 4/2003 presentado por el jefe
de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, contra la resolución del juzgado
octavo de distrito B en materia administrativa
del 24 de septiembre de 2003, que ordenó el
pago referido en favor de Enrique Arciprestre
del Abrego, el ministro
Silva planteó que el litigio sobre la propiedad
del terreno -al que se sumó la Secretaría
de la Reforma Agraria al "descubrir"
que ese era un predio de propiedad federal,
así como otras cuatro personas que se ostentan
como dueños-, sea resuelto en un juicio civil.
Con el antecedente del caso en que la Corte determinó que el
juicio de amparo no se define la propiedad,
porque de lo contrario se atentaría contra
la cosa juzgada, los ministros dejaron abierta
la puerta para que sea mediante un juicio
civil, en el que las partes demuestren que
son las propietarias. Se prevé que la decisión
sería un revés para López Obrador, quien presentó
la queja ante el máximo tribunal para demostrar
que su administración no tenía por qué pagar
a Arciprestre, porque
éste falsificó documentación para ostentarse
como el propietario y que pese a ello, la
justicia federal resolvió no sólo que era
el dueño, sino que asignó una indemnización
superior a mil 810 millones de pesos.
Pero, como en el caso del predio de los Ramos Millán, en el
que también se planteó a la Corte que revisara
a quién le correspondía recibir la indemnización
por la expropiación del terreno, los ministros
resolvieron que la Corte estaba impedida para
conocer la "cosa juzgada" y que,
en todo caso, habría la vía del juicio civil
para definir a quién corresponde el pago.
Se espera que en este asunto del Paraje San
Juan, la mayoría de los ministros mantenga
su criterio y no dé entrada a la petición
de López Obrador de establecer, quién es
el legítimo dueño.
En cuanto al monto, sería una decisión similar al caso del
predio de Santa Ursula, donde los defendidos
por el senador litigante Diego Fernández de
Cevallos vieron reducida su indemnización
de más de un mil 200 millones de pesos a 199
millones de pesos, debido a que el avalúo
se hizo a valor comercial vigente, en lugar
del valor catastral de la época en que el
terreno fue expropiado.
En la sesión pública de ayer, Silva Meza recordó que la Corte
en su momento conoció del incidente de inejecución
de sentencia 76/2000, en la que Arciprestre
del Abrego demandó
la indemnización por el terreno, pero, ante
la denuncia que presentaron otros quejosos
que dijeron ser los legítimos dueños del predio,
el 23 de agosto de 2000 la primera sala de
la Corte determinó remitir los autos al juzgado
de origen para determinar si procedían los
juicios de amparo sobre la propiedad del predio.
El juez de la causa resolvió el 14 de marzo de 2002 que sí
existía sobreposición
del terreno en disputa; así ante "la
omisión de la autoridad responsable",
la primera sala determinó el 5 de junio de
2002, enviar el asunto al juzgado para que
descontara el valor de los predios sobrepuestos
y quedara sólo el del terreno en disputa;
el juzgador estableció de esa manera que la
indemnización por la expropiación del Paraje
San Juan ascendía a mil 810 millones 314 mil
500 pesos, lo que motivó la queja del jefe
de Gobierno del Distrito Federal ante la Corte.
Silva Meza recordó que, ante la trascendencia del asunto, la
Corte atrajo el caso y en su proyecto de dictamen
propuso a sus compañeros, declarar infundado
el primer agravio del Gobierno capitalino
que se refiere a cuestiones de procedimiento.
En cuanto al monto a pagar, el ministro subrayó que si el decreto
expropiatorio se
publicó en el Diario Oficial de la
Federación los días 26 y 27 de julio de 1989,
la indemnización debe hacerse con base en
el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente
en ese año, que disponía que dicho valor se
fijara tomando como base el valor catastral
del predio "y sólo el exceso de valor
o demérito que haya tenido la propiedad particular,
por las mejoras o deterioros ocurridos con
posterioridad a la fecha de la asignación
fiscal, que será lo único que deberá quedar
sujeto a juicio pericial y resolución judicial".
El ministro subraya que el avalúo del juez octavo B fue "jurídicamente
inadecuado", ya que se determinó con
base en el valor comercial, de manera que
quedaría insubsistente todo lo actuado referente
al monto y se ordena al juez que "siguiendo
los lineamientos" establecidos por la
Corte emita otro dictamen "apegado a
derecho".
Silva Meza dejó en claro que "lo único que nos toca a
nosotros, en el ejercicio de esta facultad
de atracción, es revisar el monto de la indemnización"
. La discusión del asunto continuará
este martes.
Núcleos indígenas, excluidos de los derechos humanos. (La Jornada, Elizabeth
Velasco, p. web)
La Unión Europea (UE) vigilará, a través de diversos convenios
y mecanismos suscritos con el gobierno mexicano,
que se cumplan debidamente las recomendaciones
que el relator de Naciones Unidas Rodolfo
Stavenhagen ha realizado en materia de derechos humanos y
libertades fundamentales de los pueblos indígenas,
aseguró ayer el director para América Latina
de la Comisión Europea (CE), Tomás Duplá
del Moral.
Entrevistado en la cancillería mexicana, en el contexto de
la firma de dos convenios de subvención para
la promoción y protección de los derechos
humanos por las autoridades mexicanas, la
CE y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), Duplá del Moral, destacó que dichas recomendaciones abordan
un tema sobre el cual ''es necesario mejorar
las cosas''.
Para subsanar las violaciones en la materia dijo que es necesario
reconocer que la situación de exclusión sobre
toda una serie de derechos que enfrentan las
comunidades indígenas afecta a prácticamente
todas las parcelas de la sociedad mexicana,
debido a que persisten las disparidades sociales
y económicas en las diferentes regiones de
la geografía nacional, particularmente en
el sureste mexicano, donde es necesario incorporar
a sus poblaciones a la dinámica de la política
nacional. En Chiapas, por ejemplo, lo que
''hay es claramente una presencia del Estado
que no atiende los problemas de la región,
de lo cual el gobierno mexicano es muy consciente,
porque ese reconocimiento lo plantea en las
iniciativas del Plan Puebla-Panamá'', comentó.
Consideró que la exclusión es grave, no sólo en México, sino
en toda América Latina, pero confió en que
la solución de un problema nada sencillo estará
en mejores condiciones de ser atendido por
la voluntad expresada del gobierno mexicano
para cumplir la resolución del relator de
la ONU.
Programa de colaboración para el estado de Chiapas
En relación con la participación de la CE en esta materia,
señaló que existe un programa de colaboración
para el estado de Chiapas, diseñado por diversos
sectores sociales, el gobierno mexicano y
esa comisión, cuyo objetivo es tratar de solucionar
los problemas de pobreza, desigualdad y marginación.
Este programa de desarrollo y otros planes diseñados con la
participación de la sociedad para varios estados
del sureste, como es el caso de Oaxaca, reciben
un apoyo financiero de 15 millones de euros
de la CE, destacó Duplá.
Por otro lado, durante la firma de los convenios referidos,
el representante de México de la OACNUDH,
Anders Kompas, comentó que esa oficina continuará asistiendo técnicamente
la instrumentación de programas que se enfocan
en el combate a la tortura y en la administración
y procuración de la justicia.
Destacó que muchos de los principales problemas de violación
de derechos humanos se relacionan con las
deficiencias en la procuración e impartición de la justicia, principalmente cuando se trata
de grupos en situación de vulnerabilidad como
son los pueblos indígenas y las mujeres.
''Diversos diagnósticos que se han realizado sobre el sistema
de la justicia en México, señalan que tal
como funciona permiten que se produzcan graves
violaciones a derechos humanos, como detenciones
arbitrarias y la práctica de la tortura'',
concluyó.
Organizaciones campesinas
Relanzan el Acuerdo Nacional para el Campo, piden
siete organizaciones. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)
Fortalecer la producción de maíz, frijol,
sorgo y trigo, así como los programas de desarrollo
social e infraestructura rural demandan
las siete organizaciones campesinas que suspendieron
el diálogo con la Secretaría de Gobernación.
En un documento que enviaron a los secretarios de Desarrollo
Agropecuario de los estados, con quienes se
reunirán este jueves en la ciudad de México,
los dirigentes de dichas organizaciones refrendaron
que la falta de financiamiento, capacitación,
asistencia técnica y voluntad política para
fortalecer el comercio y el mercado internos
están acabando con el campo.
Tras la cancelación de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago), los dirigentes
de la Central Campesina Cardenista, Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas,
Barzón, Coalición de Organizaciones Democráticas
Urbanas y Campesinas, Coordinadora Nacional
Plan de Ayala y Central Campesina Independiente
pidieron al secretario de Desarrollo Agropecuario
del gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, entregar a sus homólogos del resto
de los estados el escrito, en el que piden
el "relanzamiento del Acuerdo Nacional
para el Campo.
"Insistiremos en que se abra el espacio en la Conago para solicitar a los gobernadores que no firmaron el
ANC a que se sumen al rescate del agro",
dijo Max Correa,
dirigente de la Central Campesina Cardenista.
El documento incluye las reiteradas observaciones que han hecho
acerca de lo efectos negativos que ha dejado
el Tratado de Libre Comercio en el agro, así
como la propuesta de acercamiento con los
ministros de agricultura de los países europeos
para, primero, establecer una relación firme
y después tratar de aprovechar el acuerdo
comercial con naciones de aquel continente.
Respecto al diálogo con el secretario de Gobernación, Santiago
Creel, los dirigentes
de dichas organizaciones asentaron que no
lo reanudarán en tanto éste no suscriba el
documento de relanzamiento del ANC, compromiso
que asumió el pasado 7 de febrero, durante
la jornada nacional por la justicia, soberanía
y rescate del campo.
Prensa Estatal
DISTRITO FEDERAL
Analiza la Corte reducir pago de Paraje San Juan. (El Universal, Carlos Avilés, p. web)
El pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a analizar
una propuesta que hizo el ministro Juan Silva
Meza para reducir el monto que se tiene que
pagar como indemnización en el caso de la
expropiación del predio conocido como Paraje
San Juan.
Al retomar el análisis de este
caso, el primer punto que se dejó en claro
fue que la SCJN no reconocerá a Enrique Arcipreste
del Abrego como
propietario del Paraje San Juan.
Los ministros de la Corte comenzaron
a revisar el recurso de reclamación que interpuso
el jefe de Gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador, en contra de
la sentencia que emitió un juez para obligar
a las autoridades capitalinas a que le pagaran
a Enrique Arcipreste del Abrego
la cantidad de mil 810 millones de pesos por
concepto de la expropiación del Paraje San
Juan.
Durante la sesión de ayer, el ministro
Silva Meza, quien tiene a su cargo la ponencia
de este caso, propuso concederle la razón
al jefe de Gobierno, "dado que es ostensible
que la decisión de la juez de Distrito es
jurídicamente inadecuada, debido a que el
avalúo del inmueble se determinó con base
en el valor comercial, cuando como se indicó,
debió de ser conforme al valor catastral".
Por lo anterior, dijo "se
propone dejar insubsistente todo lo actuado
en el incidente innominado que se tramitó
para determinar el monto de la indemnización
por la expropiación del predio, devolver los
autos a la juez de Distrito, para el efecto
de que, mediante avalúo y siguiendo los lineamientos
que se proponen en el proyecto, vuelva a emitir
otra resolución apegada a derecho".
En otras palabras, lo que propuso
Silva Meza fue regresar el caso a la juez
que dictó la sentencia para que realice un
nuevo avalúo conforme a los criterios que
le dicte la Corte, a fin de que la cifra de
la indemnización se reduzca significativamente.
Sin embargo, la Corte no determinará
a quien se le debe pagar la indemnización
final, en virtud de que no decidirá quién
es el dueño del Paraje San Juan.
El presidente de la Corte, Mariano
Azuela, recordó que en los juicios de amparo
no se definen los problemas de propiedad.
De lo anterior se desprende que
el hecho de que Enrique Arcipreste del Abrego
haya ganado un juicio de amparo para que se
le pagara la indemnización multimillonaria,
no significa que se le haya reconocido como
dueño del Paraje San Juan.
Y es que la Corte dejará la puerta
abierta para que la titularidad de la propiedad
del paraje se resuelva por medio de un juicio
civil ante un juez local.
Con base en este criterio, todos
los que aleguen ser dueños del Paraje San
Juan, incluido el gobierno federal que asegura
que es un terreno de la nación, podrán promover
un juicio civil en contra de Enrique Arcipreste
para demostrar que él no es el dueño del predio
OAXACA
Se movilizan campesinos para pedir la liberación
de recursos. (ElImaprcial,
Samuel Gómez, p. web).
Integrantes del Frente Nacional Indígena Campesino (FNIC),
se movilizaron este jueves para solicitar
el cumplimiento de acuerdos para apoyos a
la educación, en tanto militantes de la Unión
de Campesinos y Trabajadores (CUT) y el Frente
Popular Revolucionario (FPR), exigieron la
liberación de 200 millones de pesos para obras
en 21 municipios.
A la vez, militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), bloquearon la carretera de Nuevo Paso
Nazareno, Soyaltepec, para protestar en contra de la designación de
José Venancio León, como presidente municipal,
ya que respaldan a Gregorio Carrillo.
En un principio, los integrantes del FNIC se apostaron en las
instalaciones del Instituto Estatal de Educación
Pública de Oaxaca (IEEPO), para pedir el cumplimiento
de acuerdos en cuanto a la ayuda para el mejoramiento
de las escuelas en Coicoyán
de la Flores, además del otorgamiento de becas
para los estudiantes.
Por otra parte, simpatizantes del UCT-FPR, se apostaron en
el Paseo Juárez luego de manifestarse en la
secretaría general de gobierno, Coplade, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entre otras,
para exigir la entrega de 21 millones de pesos.
Encabezados por Fernando Ávila, Rolando Gutiérrez Morales y
Mateo Gregorio Santiago, los manifestantes
aseguraron que el recurso había sido pactado
con las autoridades para obras en 21 comunidades
de la Costa, Istmo, Cañada, Cuenca del Papaloapan
y Valles Centrales.
Por ello, marcharon habitantes de Santos Reyes Nopala, San Pedro Tututepec, Valle
Nacional, San Pedro Pochutla,
San Pedro Mixtepec, Loma Bonita, Tuxtepec, Matías Romero, entre otras
comunidades.
Entre los proyectos a desarrollar están obras de agua potable,
drenaje, así como la construcción de casas
de salud, escuelas, canchas deportivas, la
construcción de puentes, la pavimentación
de 30 kilómetros del paraje de Agua pescadito
a Valle Nacional, entre otros proyectos para
el desarrollo de los pueblos.
Dios nunca muere. (La Jornada,
Luis Hernández Navarro, p. web).
Son los usos y costumbres del poder en Oaxaca. Cada nuevo gobernador
que toma posesión del cargo comienza su mandato
reprimiendo. Demuestra así a los funcionarios
que se van, a los políticos que se quedan
y a la población que lo padece que él es quien
manda. Ulises Ruiz no es la excepción a esta
regla. Su unción como jefe del Ejecutivo oaxaqueño,
el primero de diciembre de 2004, fue bautizada
con el agua bendita del castigo a sus opositores.
Su ruta es la misma que antes que él transitaron
sus antecesores.
El saldo de la violencia en el estado durante los primeros
meses de su mandato es escalofriante: encarcelamiento
de dirigentes sociales, desalojo brutal de
protestas ciudadanas, persecución policial
de luchadores populares, detención de negociadores
de movimientos sociales cuando se dirigían
a negociar con el gobierno, derramamiento
de sangre en varios municipios, aplicación
discrecional de la ley a insumisos.
Ulises Ruiz necesita mostrar fuerza. Debe conseguir desde el
poder lo que no pudo obtener en las urnas.
Para ganar los comicios tuvo que echar mano
de sus mejores dotes de mapache. Aun
así, triunfó por una mínima diferencia de
votos, en unas elecciones seriamente cuestionadas
con una abstención de 60 por ciento.
El PRI se fracturó durante la contienda electoral, y una facción,
la del juniorcique
Diódoro Carrasco, se alió al gobierno de Vicente Fox. Nada más asumir su cargo, Ulises Ruiz tuvo que empeñarse
a fondo para desinflar las protestas de Gabino
Cué, su rival. No
encontró mejor recurso que amenazarlo con
la cárcel. Terminó pactando un entendimiento.
El fantasma de un conflicto poselectoral
en la entidad desapareció con rapidez.
Operador electoral privilegiado de Roberto Madrazo, el nuevo
gobernador oaxaqueño quiere hacer de su estado
un baluarte priísta en la sucesión presidencial.
Y para ello necesita terminar con cualquier
resistencia, sea opositora o "amiga".
Con la oposición partidaria debilitada, el nuevo gobernador
se propuso quitarse de encima la sombra de
su antecesor, José Murat. El poder, en la mejor tradición priísta, no se comparte,
y menos con un personaje nacido en la misma
cuna. Los modos del que fue conocido como
El Talibán
son muy incómodos y, para su tranquilidad,
cuanto antes se deshaga de su influencia en
el estado, mejor.
Para imponer su autoridad en la sociedad oaxaqueña, Ulises
Ruiz ha echado mano de la "experiencia"
de sus antecesores. Un ejército de burócratas
y caciques regionales se ha encargado de tomar
en sus manos presupuestos y recursos institucionales
para negociarlos a cambio de lealtad política.
Ha inducido en municipios rebeldes el desarrollo
de conflictos intercomunitarios.
Ha propiciado la injerencia estatal en los
ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres
y que no simpatizan con el PRI, acelerando
su desgaste. Y, lejos de disponerse a resolver
los 52 problemas agrarios graves que hay en
la entidad, ha tratado de utilizarlos en su
favor.
Pero, aunque las reglas no escritas del poder oaxaqueño sean
las mismas desde hace décadas, la sociedad
no lo es. Más de 30 años de luchas de resistencia,
conquistas legales, autodefensa y obtención
de gobiernos locales han formado un tejido
asociativo de pueblos indios, coordinadoras
campesinas, sindicato magisterial, coaliciones
populares y artistas que han transformado
las relaciones entre la administración pública
y la sociedad civil en el estado. Aunque Ulises
Ruiz haya "amarrado" a los partidos
políticos, muchas organizaciones sociales
siguen "sueltas". De manera que,
lejos de provocar la desmovilización social
con el uso de la fuerza, la criminalización de la disidencia ha provocado una explosión
de descontento popular que no se vivía en
la entidad desde el movimiento que en 1977
propició la caída del gobernador Manuel Zárate
Aquino.
El pasado 18 de febrero unos 85 mil maestros y campesinos marcharon
por las calles de la ciudad de Oaxaca. En
las distintas regiones del estado y en la
capital son frecuentes las expresiones de
malestar. Y diversas organizaciones de derechos
humanos se disponen a internacionalizar la
lucha trasladándola a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno estatal ha tratado de contener los daños procurando
controlar los medios de comunicación, por
aquello de que si los atropellos no se divulgan
entonces no existen. Asimismo, ha procurado
justificar su rudeza como acciones dentro
del estado de derecho. El secretario de gobierno
de la entidad niega que existan presos políticos
y afirma que los dirigentes sociales encarcelados
están acusados de delitos del orden común.
"La justicia no se negocia en una mesa",
dijo a la reportera de este diario, Rosa Rojas.
Sin embargo, a pesar de la represión, las amenazas y la cooptación
de opositores, la resistencia sigue.
A mediados del siglo XIX, el oaxaqueño Macedonio Alcalá, viviendo
en la miseria y gravemente enfermo, escribió,
por 12 pesos de la época, Dios nunca muere,
vals que se ha convertido en una especie de
himno de la entidad. Habitante durante algunos
años de la pobrísima región mixteca, el autor plasmó en la composición tanto sus vivencias
sobre la desgarradora condición de los pueblos
indios como su gratitud porque la "Providencia
le había proporcionado ese dinero" cuando
más lo necesitaba.
Al igual que Dios nunca muere, el movimiento social
oaxaqueño forjado durante los últimos 30 años,
expresa las terribles condiciones de vida
de indígenas y campesinos y su incansable
fe en un futuro mejor. Si Ulises Ruiz quiere
terminar en paz su periodo y no seguir la
ruta de Zárate Aquino deberá frenar sus ansias
totalitarias.
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