CARPETA
EJECUTIVA
DE
PRENSA
DIARIA
VIERNES
10
JUNIO
DE
2005
OCHO COLUMNAS
Apuesta Creel por Televisa
Autoriza a empresa 65 casas de juego, seis días antes de su
renuncia
en
Gobernación
Declaran inocente a Raúl Salinas
No planeó el crimen de Ruiz Massieu,
dice
tribunal
Necesario, acelerar el crecimiento: Gil
El avance mundial nos obliga a correr y revisar nuestras fortalezas
Aún es temprano para "tirar la toalla"
Fox tiene mucha tela de donde cortar para
impulsar
la
economía:
especialistas
Raúl Salinas tiene ya la puerta abierta
Amparo definitivo; el MP no pudo comprobar culpabilidad
Raúl Salinas, inocente
Desechan acusaciones por el caso Ruiz Massieu;
entre
hoy
y
el
martes
Era inocente
Resolución unánime del tribunal: Raúl Salinas no mató a Ruiz
Massieu
Paralizará al país la marcha triunfal de Fox
No contará con el PRI en el Congreso: Chuayffet
Impotencia frente al narco en 3 estados
Autoridades de los tres niveles, rebasadas frente a la violencia
de
los
cárteles
Raúl Salinas, con un pie fuera
Obtiene amparo que lo declara inocente del homicidio de Francisco
Ruiz
Massieu
Sector agrario
Focos Rojos
Detienen en una comunidad del Alto Balsas a técnicos
enviados
para
el
Procede. (El Sur (Guerrero),
p.
web)
Trabajadores técnicos del Instituto
Nacional
de
Estadística,
Geográfica
e
Informática
y
de
la
Procuraduría
Agraria
fueron
retenidos
por
ejidatarios
y
comuneros
de
San
Juan
Totolcintla, poblado indígena nahua del Alto Balsas, cuando
hacían
trabajos
de
medición
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Certificación
de
Solares
Urbanos,
conocido
como
Procede.
Los
habitantes
advirtieron
que
no
los
dejarán
libres
hasta
que
se
presenten
funcionarios
de
primer
nivel.
En un escueto boletín enviado a
diversos
medios
de
comunicación
por
la
comisaría
municipal
del
lugar,
se
informa
que
los
trabajadores
de
las
dependencias
mencionadas
fueron
detenidos
por
ejidatarios
y
comuneros
y,
luego,
trasladados
a
la
comisaría
de
Totolcintla.
En el documento expone que esa
comunidad
en
reiteradas
ocasiones
y
en
diversas
asambleas
han
rechazado
el
Procede
y
no
obstante,
las
dependencias
encargadas
de
ellos
“se
han
empeñado
en
realizar
los
trabajos
de
delimitaciones
y
deslindes”.
Se agrega que con ello se provoca
la
desconfianza
y
enojo
de
la
población,
que
ha
puesto
a
ese
lugar
como
un
“foco
rojo”,
porque
en
lugar
de
suspender
los
trabajos,
las
dependencias
han
amenazado
que
continuarán.
Detallan que el departamento jurídico
de
esas
dependencias
advirtieron
que
empezarán
demandas
legales
contra
las
autoridades
que
legítimamente
defienden
su
territorio.
Trabajadores de INEGI, retenidos 9 horas por habitantes
de
un
pueblo
de
Guerrero. (La Jornada, Jesús Saavedra,
p.
web).
Pobladores
de
San
Agustín
Oxtotipa
rechazan
el
programa
de
certificación
ejidal
Habitantes de la comunidad de San Agustín Oxtotipa, ubicada en la zona del Río Balsas, en Guerrero,
retuvieron
por
más
de
nueve
horas
a
10
empleados
del
Instituto
Nacional
de
Geografía
e
Informática
(INEGI)
que
realizaban
tareas
de
medición
de
los
terrenos
ejidales
del
poblado
Tula
del
Río.
El delegado estatal de la Procuraduría Agraria (PA),
Fernando
Jaimes
Ferrel,
explicó
que
los
ejidatarios
de
San
Agustín
se
niegan
a
participar
en
el
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
(Procede),
"lo
cual
respetamos,
pero
no
se
pueden
oponer
al
derecho
que
asiste
a
los
campesinos
de
Tula
del
Río
y
San
Juan
Totolcintla
que
ya
aceptaron
participar
en
este
programa".
Jaimes Ferrel dijo
que
para
lograr
la
liberación
de
los
trabajadores
retenidos
se
tuvo
que
acordar
con
los
vecinos
de
ese
poblado
indígena
que
la
brigada
se
retiraría
del
lugar,
lo
cual
"afecta
injustamente
a
otros
núcleos
agrarios",
asentó
el
funcionario.
El delegado de la PA señaló que esta acción de los comuneros
es
"indebida,
porque
los
empleados
del
INEGI
cumplían
con
su
labor
de
forma
respetuosa".
En esa zona del Balsas son comunes este tipo de conflictos,
como
hace
tres
años,
cuando
campesinos
de
la
región
se
opusieron
a
vender
sus
propiedades
al
gobierno
estatal,
que
tenía
la
intención
de
autorizar
la
construcción
de
una
pista
de
pruebas
de
la
empresa
General
Motors.
Se resuelve conflicto en Guichicovi,
Oaxaca
En Oaxaca, luego de mantener retenidos a funcionarios de la
PA
durante
más
de
cinco
horas,
y
a
dos
días
de
haber
tomado
las
instalaciones
de
esa
dependencia
en
el
municipio
de
Matías
Romero,
ejidatarios
de
San
Juan
Guichicovi lograron la suspensión de los trabajos del Procede
en
la
zona
en
conflicto.
En un comunicado de prensa, los ejidatarios informaron que
Oscar
Arturo
Reyes
Armendáriz,
delegado
estatal
de
la
PA,
acudió
a
las
oficinas
que
mantenían
tomadas
más
de
250
hombres
y
mujeres
de
San
Juan
Guichicovi en demanda de la cancelación definitiva de dicho
programa,
en
una
zona
que
abarca
404
hectáreas
que
están
en
disputa
con
el
ejido
El
Zacatal.
Sin solución, regularización en Catorce. (Pulso San Luis, Rosa María Morales, p.web).
Funcionarios de Gobierno llegan tarde a reunión y sin
el
plan
de
desarrollo
prometido
En la esperada reunión de seguimiento a los procesos de regularización
y
certificación
de
tierras
en
Real
de
Catorce,
se
presentaron
varias
irregularidades:
No
inició
a
la
hora
programada,
sino
casi
dos
horas
más
tarde;
no
fue
presentado
el
Plan
de
Desarrollo
Municipal,
como
se
había
establecido;
no
estuvieron
presentes
funcionarios
de
Seduvop
y
Segam;
y
tampoco
fue
en
la
Presidencia
Municipal,
sino
que
a
última
hora
se
realizó
en
otro
lugar.
Aunque en la minuta del pasado 20 de mayo se estableció que
el
Gobierno
del
Estado
presentaría
el
anteproyecto
de
Plan
de
Desarrollo,
que
no
se
cumplió,
los
ejidatarios
fueron
muy
puntuales,
así
como
los
representantes
de
la
Procuraduría
Agraria,
quienes
no
quitaban
los
ojos
de
la
puerta
de
entrada
del
auditorio,
con
la
esperanza
de
que
llegaran
los
representantes
del
Gobierno
estatal.
A los ahí reunidos se les anunciaba una y otra vez que “ya
merito”
y
que
“ya
merito”,
que
ya
venía
el
representante
en
la
zona
Altiplano,
Antonio
Medellín
Varela,
que
ya
había
salido
y
que
esperaran
un
poco
de
tiempo
más.
En dicha reunión también estuvo el presidente municipal, Román
Castillo
Alvarado;
el
comisariado
ejidal,
Anselmo
Coronado
Bustos;
y
desde
luego
los
interesados,
que
no
se
movieron
del
lugar
hasta
esperar
la
solución
que
se
les
daría,
pero
no
se
logró
nada
en
concreto.
Anselmo Coronado Bustos, después de escuchar otra vez la lectura
del
pliego
petitorio
de
fecha
20
de
mayo,
tomó
la
palabra
y
dijo
que
de
acuerdo
a
una
asamblea
celebrada
el
22
de
mayo
donde
estuvieron
135
ejidatarios
reconocidos,
tomaron
el
acuerdo
de
no
aceptar
el
programa
CORET
y
se
pronunciarían
por
el
PROCEDE,
pidiendo
que
se
señale
el
área
de
asentamiento
humano
ejidal.
Explicando que se convocó a los naturales residentes de Real
de
Catorce
y
que
después
de
dialogar
con
ellos,
coincidieron
en
la
misma
idea
de
aprobar
este
pacto.
José Tereso Coronado, ejidatario,
dijo
que
todo
este
problema
se
viene
presentando
desde
hace
cuarenta
años,
generado
por
Diego
Sánchez
García,
que
fue
funcionario
del
gobierno
municipal,
mismo
que
vendió
terrenos
e
hizo
y
deshizo
a
su
antojo,
y
hasta
que
llegó
como
presidente
municipal
Higinio
Gómez
puso
orden
en
este
Municipio.
Recalcó que él ni los demás ejidatarios aceptan el Plan de
Desarrollo
Municipal,
sino
que
este
tiene
que
ser
ejidal,
situación
que
le
aplaudieron
los
ejidatarios.
Por su parte, Gerardo Arredondo, enviado del Gobierno del Estado,
les
dijo
que
no
había
sido
posible
presentarles
el
Plan
de
Desarrollo
Urbano
Municipal,
que
ya
está
listo,
pero
que
tenía
que
darle
una
checadita el Gobernador del estado, pero que a más tardar
en
una
semana
lo
podrían
estar
conociendo.
Quedó establecida una fecha para una nueva reunión, el día
15
de
los
corrientes,
en
el
mismo
lugar,
a
las
12:00
horas
y
que
ahora
sí
serían
puntuales,
pero
nuevamente
tomó
la
palabra
José
Tereso
Coronado
y
les
dijo
que
se
tomaran
el
tiempo
prudente,
y
cuando
les
tuvieran
una
solución
les
presentaran
todo.
México. El Procede viento en popa. (Portal Biodiversidad en América, p. web).
El patrimonio del ejidatario o comunero se sale del régimen
de
propiedad
social.
A
quien
da
seguridad
y
certeza
jurídica
no
es
al
campesino
sino
al
que
va
a
comprar,
al
que
le
van
a
ceder
o
el
que
va
a
invertir
Las falacias del Sector Agrario
El Procede va. Hasta el día de 27 de diciembre de 2004 iban
trece
entidades
federativas
que
han
declarado
el
cierre
operativo
del
Procede:
Sonora,
Coahuila,
Zacatecas,
Baja
California,
Baja
California
Sur,
Colima,
Aguascalientes,
Nuevo
León,
Querétaro,
Tabasco,
Tlaxcala,
Yucatán
y
Quintana
Roo.
No
sorprenderá
que
se
siga
levantando
la
bandera
blanca
en
otras
entidades,
pues
el
compromiso
del
gobierno
foxista
es
concluir
los
conflictos
agrarios
y
el
Procede
en
este
sexenio,
al
que
le
quedan
menos
de
dos
años,
aunque
en
los
hechos
ya
haya
finalizado.
No obstante la publicidad oficial sobre las bondades y beneficios
del
Programa
de
Certificación
de
Derechos
Ejidales
y
Titulación
de
Solares
(Procede)
es
importante
hacer
notar
que
en
poco
contribuye
a
resolver
los
conflictos
por
la
tenencia
de
la
tierra,
pues
bajo
los
lineamientos
en
que
opera
no
es
factible
su
aplicación
en
núcleos
ejidales
mientras
éstos
no
estén
libres
de
conflictos,
ya
sea
de
rezago
agrario,
de
linderos,
y
por
inconformidades,
entre
otros.
Mucho menos consolida el patrimonio de los sujetos agrarios.
Al
contrario,
abre
las
puertas
para
que
éstos
lo
enajenen,
mediante
la
compra-venta
o
cesión
de
derechos
agrarios
a
otros
ejidatarios
o
avecindados,
o
mediante
la
asociación
con
una
sociedad
mercantil,
aportándolo
como
garantía
a
una
sociedad
de
crédito
o
incluso
mediante
dominio
pleno
y
entonces
puedan
vender
como
propiedad
privada.
Es
decir,
el
patrimonio
del
ejidatario
o
comunero
se
sale
del
régimen
de
propiedad
social.
A
quien
da
seguridad
y
certeza
jurídica
no
es
al
campesino
sino
al
que
va
a
comprar,
al
que
le
van
a
ceder
o
el
que
va
a
invertir.
El
Procede
es
la
pavimentación
de
la
propiedad
social
hacia
la
propiedad
privada,
es
decir
a
la
privatización
de
la
tierra
ejidal
o
comunal.
Tampoco arraiga a los campesinos a su tierra. Al contrario,
muchos
ejidatarios
o
comuneros
piensan
que
con
el
documento
que
les
otorga
el
gobierno,
ahora
sí,
pueden
vender
sus
tierras,
pues
muchos
de
ellos
--en
la
práctica--
los
consideran
como
títulos
de
propiedad,
aunque
en
realidad
no
lo
sean,
salvo
los
de
los
solares
urbanos.
Lo que sí hace es promover la inversión pública o privada en
el
campo
mexicano.
Más
esta
última,
ya
que
el
sector
gubernamental
como
es
sabido
por
todos
ha
dejado
morir
al
agro.
No es un programa voluntario, porque la institución principal
encargada
de
operarlo,
la
Procuraduría
Agraria,
en
la
práctica
se
los
impone
a
los
núcleos
agrarios,
pese
a
que
éstos
cuentan
--según
la
ley--
con
personalidad
jurídica
y
patrimonio
propios,
además
de
gozar
de
autonomía
y
libertad.
Acorde
a
lo
dispuesto
por
el
artículo
23
de
la
Ley
Agraria,
la
asamblea
ejidal
o
comunal
es
el
máximo
órgano
del
ejido
o
la
comunidad,
tiene
competencia
exclusiva
para
la
delimitación,
asignación
y
destino
de
las
tierras
de
uso
común,
parcelada,
de
asentamientos
humanos
y
las
que
tienen
destino
específico,
entre
otras.
De
hecho
el
gancho
o
amenaza
que
vierte
la
Procuraduría
Agraria
en
los
núcleos
agrarios
es
que
si
no
entran
al
programa,
éste
se
cancelará
y
después
si
desean
entrar
lo
tendrán
que
hacer
bajo
su
cuenta,
es
decir,
bajo
sus
costos
y
que
el
gobierno
no
los
va
a
apoyar.
La Procuraduría Agraria viola la ley al no respetar la voluntad
de
las
comunidades
agrarias
porque
en
los
hechos
fuerza
a
los
campesinos
--sea
por
necesidad
o
ignorancia--
a
aceptar
el
Procede.
Además,
la
Procuraduría
Agraria
impone
metas
a
sus
empleados
para
incorporar
o
culminar
el
programa,
proceso
en
el
cual,
como
se
ve,
no
le
importa
la
voluntad
de
la
gente.
Fuente: La Jornada, Suplemento
Ojarasca.
Niega el Gobierno deudas por tierras. (A.M. (Guanajuato), Edmundo Mendoza,
p.
web).
Erick Vázquez Pérez, director de
Asuntos
Jurídicos
de
la
Secretaría
de
Desarrollo
Económico
Sustentable,
negó
que
existan
adeudos
con
ejidatarios
por
la
expropiación
de
tierras
para
la
construcción
del
Puerto
Interior.
“No hay terrenos que no estén pagados”,
afirmó
el
funcionario.
Aseguró
que
el
Gobierno
del
Estado
tiene
en
su
poder
525
hectáreas
(superficie
del
proyecto),
que
pertenecían
a
cerca
de
100
propietarios
de
cuatro
ejidos,
y
sostuvo
que
la
totalidad
de
estas
parcelas
están
liquidadas
a
sus
antiguos
dueños.
“Desde el momento que firmamos
el
convenio
de
ocupación
se
pagaron
en
su
totalidad
los
terrenos.
Todos
están
pagados”,
aseguró.
Vázquez Hernández señaló que no
existen
hectáreas
en
litigio
de
ejidatarios
que
se
hayan
negado
a
la
expropiación.
El
funcionario
afirmó
que
de
los
terrenos
sólo
174
cuentan
ya
con
el
decreto
de
expropiación,
el
resto,
351,
están
en
proceso.
Según afirmó, las hectáreas pertenecían
a
los
ejidos
de
San
Miguel,
El
Refugio,
Rancho
Sin
Nombre
y
Nápoles.
“Hemos
sido
muy
flexibles,
en
el
sentido
que
hemos
pagado
la
tierra
y
los
bienes
de
la
tierra
adecuadamente.
“El pago de expropiación varía
de
acuerdo
a
la
ubicación,
pero
sobre
todo
a
la
ubicación
de
la
tierra.
Son
más
altos
los
avalúos
de
las
tierras
que
están
cerca
de
la
infraestructura”,
comentó.
De acuerdo con el titular de Asuntos
Jurídicos
de
la
SDES,
de
la
totalidad
de
hectáreas,
que
son
525,
ya
se
signaron
los
convenios
de
ocupación,
bajo
los
pagos
a
los
ejidatarios
pactados
en
los
años
de
2002
y
2003,
sustentados
en
los
avalúos
supervisados
por
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
y
la
Procuraduría
Agraria.
Aunque también negó la posibilidad
de
un
conflicto
social,
no
descartó
las
influencias
de
personas
ajenas
a
los
ejidatarios
que
pueden
inmiscuirse
por
intereses
particulares.
“Pueden ser influenciados si no
tienen
la
información
suficiente.
Nosotros
estamos
informando
sobre
cómo
va
su
proceso
y
cuál
es
la
relación
de
las
cosas
para
que
no
haya
problemas”,
dijo.
“¡No cederemos ni un centímetro más!”, dicen comuneros
de
El
Capulín
a
autoridades. (El Sur (Guerrero), Jesús
Rodríguez,
p.
web).
Se reúnen con
funcionarios
estatales
y
federales,
quienes
les
sugirieron
ceder
los
terrenos
a
Ocuapa
a
cambio
de
una
contraprestación
económica
El Capulín, Tlacoapa
Doscientos comuneros de El Capulín,
municipio
de
Tlacoapa,
que
acusan
al
vecino
núcleo
agrario
de
Ocuapa
de
invadir
sus
tierras,
en
una
reunión
con
autoridades
agrarias
estatales
y
federales,
rechazaron
la
propuesta
de
éstas,
que
sugirieron,
para
resolver
el
conflicto,
que
cedan
los
terrenos
a
cambio
de
una
contraprestación
económica.
La respuesta de los campesinos
de
El
Capulín
fue
unánime:
“¡No
cederemos
ni
un
centímetro
más!”
Ayer al mediodía, al encuentro
convocado
por
los
comuneros
asistió
en
representación
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA),
el
funcionario
federal
Francisco
Javier
Ibarrola Cruz; Everardo Vázquez Ruiz, de la delegación de
la
SRA
en
Guerrero;
Noé
Gamboa
Cruz,
por
parte
de
la
Subsecretaría
de
Asuntos
Agrarios
estatal;
y
el
residente
de
la
Procuraduría
Agraria
en
La
Montaña,
Miguel
Ángel
Bello
Rivera.
En la reunión perduró el ánimo
de
los
campesinos
para
negarse
a
ceder
los
terrenos
como
una
posible
forma
de
conciliar
el
conflicto
con
los
comuneros
de
Moyotepec,
del
núcleo
agrario
de
Ocuapa,
que
mantienen
desde
hace
más
de
120
años.
En cartulinas que mostraban a los
funcionarios
agrarios
recalcaban:
“El
Capulín
no
cede
ni
un
metro
más”.
Concentrados en la cancha del pueblo,
expuestos
a
los
rayos
del
sol,
fueron
pasando
los
campesinos
a
externar
la
invasión
de
tierras
que
pretende
hacer
Ocuapa,
del
municipio
de
Copanatoyac.
Ahí, acusaron que la SRA actua de manera parcial a favor de Ocuapa,
para
que
ellos
obtengan
las
456
hectáreas
en
disputa
mediante
el
ofrecimiento
de
proyectos
productivos
a
cambio
de
que
El
Capulín
ceda.
Advirtieron
que
pudiera
originar
“un
conflicto
mayor”,
del
que
responsabilizaron
directamente
a
la
secretaría.
Uno de los campesinos, al tomar
el
micrófono,
preguntó
a
sus
compañeros
“para
que
escuchen”
los
funcionarios,
si
estaban
dispuestos
a
cambiar
los
terrenos
por
los
programas
productivos,
a
lo
cual,
al
unísono,
respondieron:
“¡No,
no
vamos
a
dejar
ni
un
metro
más,
hasta
la
muerte!”.
Acusaron a sus vecinos de invadir
las
tierras
y
de
provocarlos,
pues
recordaron
que
Moyotepec
hace
unos
dos
meses,
retuvo
a
11
campesinos
de
El
Capulín
de
manera
“violenta”.
Ahora,
dijo
el
comunero
Félix
Ramírez
Sierra,
Moyotepec
está
sembrando
las
tierras
acompañados
de
gente
armada.
Con las negociaciones que ha emprendido
la
SRA
con
ambos
pueblos,
se
acordó
que
mientras
permanece
el
conflicto
ninguno
de
los
dos
trabajaría
las
hectáreas
en
disputa,
por
oso
el
descontento
de
El
Capulín
fue
mayor
porque
“Ocuapa
está
violando
el
acuerdo”,
dijo
el
síndico
de
Tlacoapa,
Walterio
Vélez
Sixtos.
En su oportunidad, el representante
de
la
SRA,
Francisco
Javier
Ibarrola,
negó
que
desde
la
dependencia
se
favorezca
a
alguna
de
las
partes
y
los
conminó
a
procurar
solucionar
el
lío
por
la
vía
pacífica,
“para
que
no
les
hereden
a
sus
hijos
un
problema,
porque
nosotros
(la
SRA)
tenemos
el
deseo
pleno
de
que
se
resuelva
el
conflicto”.
Molesta al funcionario federal
la
presencia
del
reportero
Antes de comenzar la reunión, Francisco
Javier
Ibarrola
mostró
cierta
molestia
por
la
presencia
del
reportero
de
El
Sur.
Cuando el funcionario salía de
la
comisaría,
el
reportero
preguntó
si
venía
en
representación
de
la
SRA,
a
lo
que
respondió
con
la
pregunta:
¿y
tú
de
dónde
vienes?
–Del periódico El Sur, ¿y
usted
viene
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria?
A lo que el funcionario volvió
a
responder
con
otra
pregunta
y
con
el
semblante
un
tanto
molesto:
¿Y
a
ti
quién
te
invitó,
eh?.
Luego,
cortó
el
diálogo.
Mata un priísta al dirigente indígena del MIA Marino
Rentaría
en
Ometepec. (El Sur (Guerrero), Catherine
Trigo,
p.7A).
El profesor
perredista
recibió
cinco
balazos
en
la
colonia
Nuevo
Amanecer,
en
la
que
desde
febrero
el
Movimiento
Indígena
por
la
Autonomía
ha
denunciado
agresiones
de
un
grupo
del
PRI
El dirigente del Movimiento
Indígena
por
la
Autonomía
(MIA)
y
miembro
del
PRD,
Marino
Rentería Marín, fue asesinado ayer en la colonia Nuevo Amanecer,
en
Ometepec,
por
priístas
que
mantienen
un
conflicto
por
el
predio
que
ocupan
familias
indígenas
desde
hace
cuatro
años,
del
que
se
dice
propietario
el
ganadero
Mateo
Aguirre,
hermano
del
ex
gobernador
Ángel
Aguirre.
Cerca de las 3 de la tarde, Marino
Rentería,
de
profesión
maestro,
después
de
salir
de
la
escuela
donde
trabajaba
llegó
a
la
colonia
a
apoyar
a
sus
compañeros,
colonos
perredistas
miembros
del
MIA,
y
un
grupo
del
PRI
lo
recibió
a
balazos,
informó
el
también
dirigente
del
MIA,
Lauro
García
Vázquez.
Indicó que, según testigos, como
a
las
3
y
media
de
la
tarde,
cuando
el
profesor
Marino
llegó
a
la
colonia,
“los
priístas
lo
enfrentaron,
lo
agredieron,
lo
balacearon”,
y
también
se
reportó
que
fue
herido
otro
colono.
Indicó que quien empezó a disparar
ayer
contra
los
colonos
perredistas
fue
el
priísta
Mario
Martínez
Morales,
que
vive
en
la
misma
colonia,
y
que
forma
parte
del
grupo
del
PRI
que
desde
febrero
de
este
año
han
agredido
constantemente
a
los
miembros
del
MIA.
Lauro García dijo que el grupo
agresor
está
encabezado
por
Rubén
Sandoval
Montalbán,
Candelaria
Martínez
Carreto y Paul Martínez.
La versión de los priístas
En Ometepec se informó que el priísta
Eligio
Morales
Hilario,
asesinó
de
5
balazos
al
dirigente
del
MIA,
Marino
Rentería
Marín.
Según Amada Ramírez, esposa de
Eligio
Morales
Hilario,
Rentería
Marín
llegó
a
su
casa
en
la
colonia
Nuevo
Amanecer,
alrededor
de
las
3
de
la
tarde,
a
amenazar
a
su
esposo
y
al
calor
de
la
discusión,
Rentería
Marín
sacó
la
pistola
y
le
disparó
primero
a
su
esposo,
hiriéndolo
en
el
hombro.
Eligio Morales, herido, le dio
cinco
balazos
–presuntamente
calibre
9
milímetros–
a
Rentería
Marín,
de
los
cuales
dos
le
ocasionaron
la
muerte,
uno
le
atravesó
la
cabeza
y
otro
el
tórax.
Testigos señalaron que Rentería Marín, fue trasladado de inmediato al Hospital Regional
de
Ometepec,
donde
fue
intervenido
quirúrgicamente,
incluso
le
transfundieron
sangre,
pero
los
médicos
no
pudieron
salvarle
la
vida.
Por su parte la priísta Candelaria
Carmen
Martínez,
señaló
que
Rentería
Marín
acudió
a
casa
de
Eligio
Morales
a
“buscar
la
muerte”,
pues
no
tenía
nada
que
ir
a
hacer.
La doctora del Hospital Regional
de
Ometepec,
Rosalba
Barrientos
Yáñez,
señaló
que
Eligio
Morales
se
encuentra
delicado
de
salud
por
el
impacto
de
bala
que
recibió
en
el
hombro,
y
dijo
además
que
presenta
golpes
en
el
rostro
y
en
la
mano
izquierda.
Según Candelaria Martínez, los
golpes
fueron
propinados
por
la
gente
que
acompañaba
a
Rentería
Marín.
Candelaria Martínez dijo que el
fundador
de
la
colonia,
Lauro
García,
se
encontraba
en
el
lugar,
pero
al
oír
los
disparos
se
echó
a
correr.
En el hospital se encontraban trabajadores
de
la
escuela
primaria
Porvenir
Social,
donde
trabajaba
Rentería Marín.
El gobierno no atendió los llamados
del
MIA
El sábado pasado en la colonia
Nuevo
Amanecer,
Marino
Rentería
Marín
presidió
una
reunión
de
colonos
con
el
senador
perredista
Saúl
López
Sollano.
Rentería dio a
conocer
que
el
priísta
Rubén
Sandoval
Montalbán,
había
salido
de
la
cárcel,
donde
estuvo
como
responsable
de
sacarle
un
ojo
con
una
pedrada
a
Lauro
García.
Denunció
que
no
hubo
justicia
para
Lauro
García
Vázquez.
Está
libre,
y
“eso
quiere
decir
que
no
se
hizo
justicia
por
la
lesión
que
sufrió
el
compañero
Lauro”.
En esa misma reunión Rentería Marín leyó la lista de los integrantes de la colonia
que
por
distintas
acusaciones
hechas
por
Rubén
Sandoval
y
Candelaria
Martínez
tienen
orden
de
aprehensión.
Ante las órdenes de aprensión,
y
el
hostigamiento
y
amenazas
que
han
sufrido
los
colonos
por
parte
de
los
priístas,
Rentería
Marín
solicitó
al
senador
López
Sollano que buscara “una negociación directa con el secretario
general
de
Gobierno
(Armando
Chavarría
Barrera),
y
con
autoridades
de
la
Reforma
Agraría,
para
tratar
los
asuntos
relacionados
con
la
regularización
de
la
tierra
que
ocupa
hoy
la
colonia
Nuevo
Amanecer”.
De acuerdo con las notas que se
han
publicado
en
El
Sur,
según
el
dirigente
Lauro
García
Vázquez
en
febrero
de
este
año
se
intensificaron
las
agresiones
de
los
priístas
contra
los
colonos
indígenas.
El 8 de febrero, el priísta Rubén
Sandoval
agredió
a
Lauro
García
Vázquez
a
pedradas
que
tiró
con
una
resortera, y le provocó la pérdida de un ojo. A pesar de las
denuncias
y
las
demandas
de
reparación
del
daño,
Rubén
Sandoval
sólo
estuvo
en
prisión
unos
meses
y
salió
libre
la
semana
pasada,
a
pesar
de
que
no
ha
pagado
el
delito
que
cometió
ni
ha
reparado
el
daño.
Desde febrero, ocho miembros del
MIA,
incluyendo
a
García
Vázquez,
fueron
acusados
por
el
priísta
de
robo
de
su
casa,
y
un
juez
dictó
órdenes
de
aprehensión
contra
ellos.
Además, los priístas quemaron casas
de
los
perredistas.
Ante estas agresiones, desde el
comienzo
del
nuevo
gobierno,
Lauro
García
pidió
una
audiencia
con
el
secretario
general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría,
pero
hasta
el
momento
no
lo
ha
recibido.
Ayer, después de la agresión al
profesor
Marino
Rentería,
y
antes
de
que
falleciera
en
el
hospital
de
Ometepec,
Lauro
García
declaró
por
teléfono:
“Chavarría llegó al poder y cerró la puerta, no nos dio ninguna
contestación,
le
mandamos
oficio,
petición
de
audiencia,
y
no
tuvimos
ninguna
respuesta”.
“Si el profesor Marino Rentería llega a morir, responsabilizamos también al secretario
general
de
Gobierno,
porque
no
nos
recibió
y
no
atendió
el
problema
de
la
colonia”.
Advirtió: “Nosotros no queremos
enfrentamiento,
pero
si
el
gobierno
no
detiene
a
los
agresores,
podemos
hacer
justicia
por
propia
mano”.
El 24 de mayo, Lauro García alertó
del
peligro
de
un
enfrentamiento
en
la
colonia,
porque
los
priístas
intensificaron
las
agresiones
e
intentos
de
desalojo.
En esa ocasión, denunció que líderes
priístas
manejados
por
los
caciques
de
Ometepec
intentan
desalojar
a
más
de
150
familias
de
la
colonia
Nuevo
Amanecer,
y
con
ese
propósito
siguen
con
las
amenazas
contra
los
miembros
del
MIA.
Afirmó que hay peligro de un enfrentamiento,
que
los
priístas
quieren
provocar,
por
medio
de
acciones
como
la
que
encabeza
la
líder
del
PRI
y
del
Partido
Verde
Ecologista
de
México,
Candelaria
Martínez
Carreto,
que
va
a
medir
los
terrenos
de
la
colonia,
con
apoyo
de
la
policía
municipal,
y
ha
difundido
advertencias
de
que
ya
contrató
a
unos
peones
para
matar
a
Lauro
García
Vázquez.
El dirigente dijo que la situación
es
tensa,
y
que
para
buscar
que
se
resuelva
el
conflicto
y
se
respete
la
colonia
que
el
21
de
octubre
de
2001
fue
tomada
por
familias
indígenas
solicitantes
de
vivienda,
pidió
desde
hace
más
de
un
mes
una
audiencia
con
el
secretario
general
de
Gobierno,
Armando
Chavarría,
pero
el
funcionario
se
ha
negado
a
recibirlo.
Informó que piden que el gobierno
del
estado
intervenga
para
detener
los
intentos
de
desalojo
de
los
colonos
indígenas,
las
amenazas
de
muerte
y
las
agresiones
contra
ellos,
como
las
quemas
de
sus
casas
que
se
han
dado,
y
las
órdenes
de
aprehensión
contra
ocho,
incluyendo
a
García
Vázquez.
Manifestó que buscan la audiencia
con
Chavarría
porque
los
indígenas
quieren
que
el
problema
se
resuelva
y
que
no
haya
violencia,
pero
el
funcionario
no
ha
contestado
a
la
solicitud
de
una
reunión.
Agregó:
“queda
bajo
su
responsabilidad
cualquier
agresión
que
haya.
No
se
vale
que
nosotros
votamos
para
que
llegaran
al
poder
y
ya
que
están
en
el
gobierno
nos
discriminan.
Nosotros
peleamos
por
un
cambio,
para
que
haya
democracia
y
justicia,
pero
vemos
que
con
este
gobierno
no
hay,
estamos
peor
que
antes”,
dijo.
Opositores a La Parota demandan penalmente a la
CFE
ante
la
PGR. (El Sur (Guerrero), Karina
Contreras,
p.
web)
La acusan de daños
ambientales
en
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec.
También
presentan
otra
en
contra
del
subsecretario
estatal
de
Asuntos
Agrarios,
Esaú
Tapia;
el
presidente
del
comisariado,
Crecencio
Jerónimo
Aparicio
y
el
notario
público
Robespierre Robles Hurtado, por falsificación de firmas
Los comuneros opositores al proyecto
de
la
presa
La
Parota
interpusieron
dos
denuncias
penales
ante
la
subdelegación
de
la
Procuraduría
General
de
la
República
(PGR);
la
primera
en
contra
de
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE)
por
daños
ambientales
en
la
comunidad
de
Bienes
Comunales
de
Cacahuatepec;
y
la
segunda,
contra
el
subsecretario
estatal
de
Asuntos
Agrarios,
Esaú Tapia Abarca; el presidente del comisariado
de
Bienes
Comunales,
Crecencio
Jerónimo
Aparicio,
así
como
contra
el
notario
público
Robespierre
Robles
Hurtado,
por
falsificación
de
firmas
y
“avalar
la
asamblea
amañada
del
25
de
abril”.
Los comuneros llegaron alrededor
de
las
12
del
día
a
las
instalaciones
de
la
PGR
–ubicada
en
avenida
Mar
Mediterráneo–,
donde
fueron
atendidos
en
privado
por
el
subdelegado
Armando
Pérez
Narbay,
quien
turnó
la
primera
demanda
a
la
mesa
de
delitos
ambientales,
que
tiene
a
su
cargo
la
agente
del
MP
federal,
Heydi Martínez Gómez.
Antes de ingresar a la reunión,
el
portavoz
de
los
opositores,
Marco
Antonio
Suástegui
Muñoz,
informó
que
la
presencia
de
los
cerca
de
50
ejidatarios
era
para
presentar
las
dos
denuncias
penales.
Suástegui Muñoz
explicó
que
la
demanda
en
contra
de
la
CFE
se
deriva
de
que
desde
2003
sus
trabajadores
entraron
a
las
tierras
de
los
comuneros
donde
han
derribado
árboles
y
cercas,
causando
daños
–aseguró–
a
cerca
de
100
hectáreas.
Sobre la otra demanda, Suástegui precisó que era por el delito de falsificación de
firmas
en
contra
del
presidente
del
comisariado
de
Bienes
Comunales,
Crecencio
Jerónimo
Aparicio;
el
Subsecretario
estatal
de
Asuntos
Agrarios,
Esaú
Tapia
Abarca
y
el
notario
público
Robespierre
Robles,
por
haber
avalado
la
“asamblea
amañada”
del
25
de
abril,
donde
se
autorizó
a
la
CFE
continuar
con
los
estudios
preliminares
del
proyecto
en
la
zona
y
la
cual
fue
impugnada
en
el
Tribunal
Unitario
Agrario
(TUA)
número
41.
Sobre las declaraciones el lunes
pasado
en
Chilpancingo
del
residente
de
Asuntos
Sociales
del
proyecto
de
la
presa,
Víctor
Hugo
Chávez,
quien
dijo
que
“es
ilógico
permitir
que
‘cien
gentes’
decidan
la
vida
de
11
mil
comuneros”,
Suástegui
reviró:
“Son
ilógicas
y
sin
fundamentos
las
declaraciones
de
Víctor
Hugo,
con
las
cuales
sólo
trata
de
confundir
a
la
sociedad.
“Él sabe cuántos somos, no es posible
que
diga
que
somos
cien
personas,
pues
creo
que
si
fuera
así
la
presa
La
Parota
ya
estuviera
muy
avanzada.
Actualmente
somos
32
comunidades
agrupadas
contra
la
presa,
pues
se
unieron
ya
las
que
se
han
enterado
que
van
a
desaparecer
y
la
CFE
no
les
había
dicho”.
Suástegui agregó
que
con
esas
declaraciones
lo
único
que
intentan
es
confundir
a
la
sociedad
y
seguir
comprando
conciencias,
“si
fueramos
cien
personas,
¿para
qué
la
CFE
quiere
dialogar
o
negociar
con
nosotros?”.
Por su parte, la abogada del Centro
Mexicano
de
Derecho
Ambiental,
Priscila
Rodríguez
Bibriesca,
dijo
que
los
representantes
de
la
CFE
“son
unos
delincuentes”
que
están
incumpliendo
con
la
normatividad
del
medio
ambiente,
pues
a
pesar
del
grave
problema
de
deforestación
en
el
país,
la
paraestatal
está
causando
daños
en
la
zona
de
Bienes
Comunales.
De acuerdo a la especialista en
derecho
ambiental,
las
pruebas
que
han
presentado
demuestran
que
la
CFE
ha
estado
derribando
árboles
y
desforestando
la
selva
sin
autorización
de
los
comuneros
y
dañando
con
ello
a
cerca
de
100
hectáreas.
La abogada informó que las denuncias
serán
ratificadas
el
próximo
martes
por
Juan
García
Valente,
Felipe
Flores
y
Marco
Antonio
Suástegui.
Por
último
comentó
que
la
primera
demanda
ya
fue
turnada
a
la
mesa
especializada
en
delitos
ambientales.
Financiarán a jóvenes para frenar migración. (El Siglo de Durango, Ricardo Bonilla, p. web).
Para aprovechar la fuerza de los jóvenes en el campo,
la
Federación
los
financiará
a
fin
de
elevar
los
índices
de
productividad
y
evitar
la
emigración
en
el
medio
rural.
Con la aplicación del programa Jóvenes Emprendedores se pretende
evitar
en
el
medio
rural
el
problema
de
emigración
al
interior
y
exterior
del
país
de
la
juventud,
así
como
elevar
los
niveles
de
productividad
del
campo,
según
lo
dio
a
conocer
Noel
Pérez
Saláis,
representante
de
la
Secretaría de la Reforma Agraria en el
estado
(SRA).
Explicó que a partir del 2006 entraría en operación el citado
programa
en
todo
el
país,
el
cual
consiste
en
que
los
jóvenes
de
18
a
39
años
del
campo
renten
o
compren
tierras
a
personas
adultas
mayores
que
actualmente
no
las
estén
trabajando.
Para esto, la SRA les proveerá de financiamientos para pagar
a
diez
años
para
la
capacitación
y
ejecución
de
proyectos
productivos,
los
cuales
sólo
podrán
ejecutarse
en
ejidos
y
comunidades
certificadas.
El
objetivo
es
hacer
producir
el
campo
y
evitar
que
la
juventud
emigre
por
falta
de
oportunidades
a
otros
lugares;
además,
se
beneficiarían
los
adultos
mayores.
Dentro de los requisitos figuran la
integración
de
grupos
de
25
a
30
jóvenes
para
que
de
manera
inicial
operen
un
proyecto-escuela,
donde
se
les
dará
la
capacitación,
asesoría
y
hasta
60
mil
pesos
de
financiamiento.
Posteriormente,
20
mil
pesos
para
la
preparación
administrativa,
destacó
Pérez
Saláis.
Al momento de emprender el proyecto productivo, los jóvenes
serán
objeto
de
financiamientos
de
hasta
150
mil
pesos
para
su
instalación
y
ejecución
y
hasta
250
mil
pesos
para
la
adquisición
de
derechos
parcelarios,
a
pagar
todo
en
diez
años
con
el
primero
como
periodo
de
gracia.
Para
la
renta
de
tierras
hasta
27
mil
pesos.
El representante de la SRA destacó que Jóvenes Emprendedores
es
un
programa
piloto
que
ya
se
ha
implementado
en
estados
como
Quintana
Roo,
Sinaloa,
Michoacán,
Oaxaca,
Chiapas,
Zacatecas,
Sonora,
Guerrero
y
San
Luis
Potosí
con
buenos
resultados.
Debido a esto, a partir del 2006 se operará de manera permanente
en
toda
la
República
Mexicana,
sin
problemas
de
influyentismos
para
acceder
a
los
recursos,
argumentó.
Resolverán “focos amarillos”: SRA. (Tribuna, Juan Barragán, p. web).
En materia agraria en el Estado de Sonora
Independientemente del asunto del Ejido la Carabina en el Municipio
de
Cajeme,
el
delegado
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
Erick
Martínez
Rodríguez
aseguró
que
resolverá,
antes
de
que
termine
la
administración
de
Vicente
Fox,
la
mayor
parte
de
los
“focos
Amarillos”
en
materia
agraria
en
el
Estado
de
Sonora.
El funcionario de la SRA enumeró los conflictos agrarios: La
Aduana
y
El
Guamúchil
en
el
Municipio
de
Álamos,
El
Ejido
Santana
en
Yécora, la Cuchilla en tierras Yaquis,
el
Ejido
Huasabas,
el
Ejido
Arizpe,
Moctezuma,
Tepache,
Bacadéhuachi,
Ejido
de
Tesia
y
el
pueblo
de
Camoa,
Municipio
de
Navojoa,
entre
otros.
Al particularizar, Martínez Rodríguez explicó que en el pueblo
del
Guamúchil
hay
en
conflicto
cinco
mil
hectáreas
de
agostadero,
donde
la
Presidencia
de
la
República
emitió
dos
resoluciones
presidenciales,
una
al
pueblo
de
Guamúchil
y
otra
al
Ejido
del
mismo
nombre.
Dijo que está por solucionarse ese problema agrario, a través
de
un
convenio
que
firmará
la
mayor
parte
del
asentamiento
humano.
El delegado de Reforma Agraria indicó que en Santana Municipio
de
Yécora,
hay
otro
problema
similar
al
de
Guamúchil,
donde
hay
una
resolución
presidencial
“empalmada”,
existiendo
en
conflicto
más
de
ocho
mil
hectáreas.
Incluso, afirmó que hay un acuerdo interno, considerando que
van
dividir
el
terreno
por
partes
iguales,
teniendo
conocimiento
del
caso
el
magistrado
del
Tribunal
Agrario
en
Hermosillo.
Continuó señalando que falta el asunto de la Cuchilla en terrenos
de
la
etnia
Yaqui,
hay
otro
conflicto
en
el
Municipio
Huasabas, así como en Arizpe, Moctezuma, Bacadéhuachi y dos restantes en el Municipio de Navojoa, uno
en
Tesia
y
el
otro
en
Camoa.
Finalmente, añadió que se está trabajando en los casos, negociándose
y
gestionándose
ante
las
instancias
correspondientes,
todos
los
conflictos
agrarios,
previéndose
que
se
sacarán
avante
la
mayoría
de
ellos
antes
que
concluya
la
presente
administración
federal.
Califica de una estupidez la oferta de la SRA:
JM.
(Tribuna, Juan Barragán, p. web).
Con relación a la ocupación de la
90
hectáreas
que
mantienen
los
ejidatarios
inconformes
del
Ejido
La
Carabina
y
de
la
propuesta
del
delegado
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria,
donde
pueden
hacer
su
proyecto
en
un
solar
de
40
por
cuarenta,
Juan
Murguía
Franco,
calificó
la
declaración
del
funcionario
como
una
“estupidez”.
Entrevistado Murguía Franco en el Juzgado Civil de Primera
Instancia,
durante
un
“barzón
rojo”
en
esas
oficinas,
señaló
lo
anterior
y
manifestó
que
ellos
están
dispuestos
a
seguir
luchando,
“creemos
que
tenemos
el
apoyo
de
la
ciudadanía,
porque
si
no
hay
una
solución
a
su
favor,
puede
levantar
una
polvareda
y
nos
le
conviene
al
gobierno
panista”.
Con relación a la entrevista que estaba pendiente con Erick
Martínez
Rodríguez
el
miércoles
pasado
en
torno
al
conflicto,
Murguía
Franco
mencionó
que
ésta
no
se
concretó
por
la
agenda
del
funcionario.
Entrevistado al respecto, Eric Martínez Rodríguez delegado
de
la
SRA
afirmó
que
una
noche
antes
estuvo
con
Juan
Murguía
y
algunas
personas,
quienes
se
negaron
asistir
a
la
reunión
con
el
resto
de
los
ejidatarios
porque
no
iba
a
estar
un
representante
de
la
familia
Gándara,
“porque
no
están
dispuestos
a
entregar
un
centímetro
más
de
tierra,
pero
quedaron
de
avisarme
de
ayer
a
hoy”.
Añadió que está por firmarse el convenio, previendo que la
semana
entrante
la
mayoría
habrá
firmado
el
acuerdo,
puesto
que
así
lo
está
disponiendo
la
asamblea
que
son
la
mayoría
de
los
ejidatarios.
En cuanto a la solución final del conflicto del Ejido La Carabina,
Martínez
Rodríguez
manifestó
que
ésta
es
muy
sencilla,
“nosotros
estamos
entregando
12
millones
de
pesos
a
los
72
ejidatarios,
sin
excluir
al
grupo
de
Juan
Murguía,
donde
el
recurso
de
estas
personas
va
a
estar
resguardado
en
el
Tribunal
Unitario
Agrario
para
que
no
digan
que
alguien
se
llevó
su
dinero,
siendo
3
millones
800
mil
pesos”.
Con relación a este dinero, Juan Murguía Franco dijo que mientras
no
se
llegue
a
una
negociación
justa,
no
aceptarán
el
dinero
que
les
ofrecen,
“ya
que
es
una
mínima
parte
del
terreno,
comparado
con
el
que
se
va
a
quedar
la
familia
Gándara
y
otros
ricos
involucrados
en
el
caso
de
La
Carabina”.
Anuncia el Congreso Agrario permanente (CAP) grandes
movilizaciones
en
Cuernavaca. (La Unión
de
Cuautla,
Eduardo
Cortés,
p.
web)
Cuautla.- Organizaciones campesinas integrantes
del
Consejo
Agrario
Permanente
(CAP)
en
Morelos,
amenazan
con
tomar
la
ciudad
de
Cuernavaca
el
próximo
7
de
julio,
si
las
autoridades
del
estado
y
la
Secretaría
de
Desarrollo
Agropecuario
(Sedagro)
no
resuelven
los
asuntos
pendientes,
derivados
de
las
mesas
de
trabajo
en
los
acuerdos
estatales
para
el
campo.
David Padilla Marín, representante del Barzón Morelos e integrante
del
CAP
en
el
estado,
refirió
que
las
organizaciones
campesinas
se
reunieron
para
analizar
los
avances
que
se
han
tenido
con
las
autoridades,
los
cuales,
destacó,
sólo
han
sido
en
la
mesa
"ya
que
en
el
terreno
de
los
hechos
existe
negligencia
para
llevarlos
a
cabo".
Con base en ello, señaló que se tomó un acuerdo para exigir
al
gobierno
que
cumpla
con
varios
puntos
que
se
han
quedado
en
el
tintero,
a
pesar
de
haber
formalizado
en
diferentes
acuerdos
con
las
organizaciones
del
CAP,
por
lo
que
de
no
tener
una
respuesta
favorable
antes
del
7
de
julio,
ese
día
tomarán
las
principales
calles
de
la
ciudad
y
continuarán
las
acciones
radicales
hasta
el
8
de
agosto,
día
del
natalicio
del
general
Emiliano
Zapata
Salazar.
Explicó que dentro de las principales demandas se encuentra
que
la
Sedagro
cumpla,
apoyando
los
proyectos
productivos
de
la
organización,
que
equivaldrían
a
alrededor
de
los
10
millones
de
pesos
que
fueron
acordados,
y
que
también
se
lleve
a
cabo
el
convenio
agrario
firmado
con
el
Gobierno
del
Estado
y
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
(SRA),
para
reconocer
los
“focos
amarillos”
en
la
entidad,
donde
existen
problemas
de
inversión
de
tierras
y
límites
territoriales.
Padilla Marín destacó que además se solicita que se dé cumplimiento
al
Acuerdo
Nacional
para
el
Campo,
petición
generalizada
por
el
Congreso
Agrario
Permanente
a
nivel
nacional,
ya
que
a
dos
años
de
haberse
firmado,
hasta
el
momento
no
se
han
puesto
en
marcha
todos
y
cada
uno
de
los
puntos
derivados
de
este
instrumento.
El líder del “Barzón Morelos” agregó que una de las principales
preocupaciones
de
las
organizaciones
campesinas
es
el
retardo
de
la
aplicación
del
programa
de
apoyo
para
adultos
mayores.
Señaló que las ocho organizaciones que pertenecen al CAP están
decididas
a
realizar
acciones
de
presión
en
contra
del
Gobierno
del
Estado,
ya
que,
dijeron,
se
ha
apostado
a
la
vía
del
diálogo
y
sólo
han
recibido
“largas”,
y
resaltó
que
de
no
tener
una
respuesta
que
satisfaga
a
los
campesinos,
no
darán
marcha
atrás
en
las
manifestaciones
en
la
ciudad
capital.
Acude Luis Álvarez al encuentro para áreas naturales
protegidas. (Notimex,
p.
web)
México, 9 Jun (Notimex).- El coordinador
para
el
Diálogo
y
la
Negociación
en
Chiapas,
Luis
H.
Álvarez,
participó
este
jueves
en
la
29
Reunión
Ordinaria
del
Consejo
Nacional
de
Áreas
Naturales
Protegidas,
celebrada
en
San
Cristóbal
de
Las
Casas.
Durante el encuentro, al cual asistió invitado por autoridades
ambientales
del
gobierno
federal,
se
analizó
la
situación
que
prevalece
en
la
Reserva
de
la
Biósfera
Montes
Azules.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación agregó que en
el
acto
también
se
intercambiaron
puntos
de
vista
sobre
la
aplicación
de
una
política
ecológica
en
esa
región,
que
considere
aspectos
humanitarios
y
de
justicia
social.
La dependencia destacó que el coordinador ha nutrido un diálogo
respetuoso
con
las
autoridades
ambientales
de
los
gobiernos
federal
y
estatal,
a
fin
de
contribuir
a
los
planes
y
acciones
de
preservación
de
los
recursos
naturales.
Al encuentro asistieron la ex secretaria del Medio Ambiente,
e
integrante
del
Consejo
Nacional
de
Áreas
Naturales
Protegidas,
Julia
Carabias Lillo, y el presidente de la Comisión Nacional de
Áreas
Naturales
Protegidas,
Gonzalo
Halffter
Salas.
Asimismo estuvieron presentes el director general del Instituto
de
Historia
Natural
y
de
Ecología
del
gobierno
del
estado
de
Chiapas,
Pablo
Muench
Navarro,
y
la
delegada
de
la
Secretaría
de
la
Reforma
Agraria
estatal,
Martha
Cecilia
Díaz
Gordillo.
Campos Elíseos. (Katia D’ Artigues, p.
web)
El `gabinetazo`, a la
pantalla
chica
Dos nuevos periódicos
panistas
De merecidas mentadas
Lo leemos en "Bajo Reserva" de EL UNIVERSAL: ajajá, la Presidencia planea tener su propio canal de televisión.
Así como lo leyó. Pero no sólo eso… habrían elegido nada menos
que
el
(ahora
además
de
histórico,
controvertido
por
el
mitin-celebración
de
este
año
un
día
antes
de
la
elección-laboratorio
del
estado
de
México)
2
de
julio
de
este
año
para
lanzarlo,
ahora
sí
que
literalmente,
al
aire.
Utilizarían
la
estructura
de
la
Dirección
General
de
Televisión
Educativa,
de
la
SEP
y
el
proyecto
sería
supervisado
por
Roberto
Maurey
Romero,
director
de
opinión
pública
e
imagen
de
Los
Pinos…
Piensan
transmitir
unas
18
horas
diarias…
imagínese.
Ayer
nos
contaba
Rubén
Aguilar
Valenzuela
quien
no
está
encargado
del
proyecto,
sino
Roberto
Maurey
que
la
idea
es
transmitir,
para
empezar,
tooodos
los
eventos
en
los
que
participe
Vicente
Fox.
¿Cómo
en
un
reality
show
?
Y
claro,
también
tendrían
programación
propia.
En
eso
están.
Pero, ¿y con qué llenarán tanto espacio televisivo? Esta columna,
siempre
preocupada
por
proponer,
se
puso
a
pensar
y
pensar,
cual
Winnie Pooh, y hoy hace unas sugerencias
de
programación.
¡Hay
tanto
talento
en
el
gabinetazo
foxista sin usar! "Meditando", "Lecturas"
o
"Conversaciones
en
el
confesionario"
con
Carlos
Abascal.
Sería
una
buena
manera
de
empezar
el
día.
Que
nuestro
nuevo
secretario
de
Gobernación,
en
lugar
de
hablar
y
trabajar
sobre
los
problemas
del
país,
nos
comente
algunos
de
sus
pasajes
bíblicos
favoritos,
reflexiones…
"La
Sazón
de
Marta"
o
"Sal
y
Pimienta",
con
Marta
María
Sahagún. Con el arrastre y popularidad que tiene nuestra primera
dama
con
muchas
faldas…
¡que
se
ponga
a
temblar
Nuestra
Casa,
Con
Sello
de
Mujer!
Sería
un
programa
cerca
de
la
hora
de
la
comida
en
donde
ella
nos
contaría
qué
se
está
cocinando
en
Los
Pinos…
en
muchos
sentidos.
Que
Rebeca
Moreno
tenga
una
sección
donde
comente
de
teatro
y
haga
recomendaciones
mágicas.
También
podría
hacer
un
programa
llamado
"Guía
de
hijos",
en
lugar
de
padres.
"Saritísima", con Sari
Bermúdez.
Se
nos
antoja
como
un
programa
de
revista
donde
la
titular
de
Conaculta nos demuestre eso, que es culta. Que entreviste
personajes
y
también
tenga
una
sección
donde
critique
a
los
medios
que
frecuentemente
la
hacen
llorar.
"Línea Vaticana", con Luis Felipe Bravo Mena una vez que se vaya si se va con la autorización del
Senado
al
Vaticano.
Así
nos
contarían
todas
las
nuevas
sobre
la
beatificación
de
Juan
Pablo
II
y
en
una
de
esas,
Bravo
Mena
da
una
exclusiva:
la
anulación
del
matrimonio
de
Vicente
Fox
y
Lilian
de
la
Concha.
"Ahorro Casero", con Francisco Gil Díaz y Guillermo
Ortiz.
Tips
para
calmar
a
los
inversionistas
y
hacernos
sentir
que
todo
va
bien
con
la
macroeconomía.
También,
en
una
de
esas
darían
muestras
de
cómo
ellos
hacen
rendir
el
dinero
en
sus
propias
casas.
"Desenfrénate", con Xóchitl
Gálvez.
¡Nadie
mejor
que
ella
para
hacer
un
desenfadado
programa
nocturno
en
el
que
lo
mismo
se
hablaría
de
los
grupos
indígenas
que
de
futbol
o
sexo!
"Dislates
y
fe
de
erratas",
pequeño
programa
diario
con
Rubén
Aguilar
Valenzuela.
O
transmitir
su
conferencia
en
vivo,
también…
claro,
después
nos
iríamos
a
un
aparte
con
él
que
explique
por
qué
tanta
contradicción
en
el
gobierno.
Claro,
no
tiene
que
hacer
el
programa
solo
el
vocero
presidencial.
Podría
invitar
a
Manuel
Espino,
para
que
lo
contradiga
en
su
cara
o
también
a
Daniel
Cabeza
de
Vaca,
el
procurador
que
desmiente
a
José
Luis
Santiago
Vasconcelos
(este
subprocurador
también
podría
tener
un
programa
llamado
"Los
10
capos
más
importantes",
en
donde
explique
el
fenómeno
del
narco
y
sobre
todo
por
qué
el
pueblo
quiere
tanto
a
El
Chapo
Guzmán…
"El
mundo
según
Fox", con Fox mismo. Este programa
no
tendría
guión
alguno.
Y
se
dedicaría
sólo
a
hablar
de
lo
bueno
que
hay
en
México.
"Ajos y brócoli", con Javier Usabiaga.
Nadie
mejor
que
uno
de
los
suspirantes
para
la
gubernatura
de
Guanajuato
para
hablar
de
lo
que
sí
sabe:
cómo
cultivar
y
dar
tips a campesinos y agroproductores
sobre
cómo
salir
de
la
crisis
del
campo.
"El arte de repartir lo repartido", con Florencio Salazar Adame.
Cuentas
y
recuentas
de
cuántas
veces
hemos
repartido
la
tierra
en
México.
Con
llamadas
que
conteste
en
ese
momento.
Todo se mediatiza últimamente. Ya ve la nota de que la Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
comenzará
a
difundir
por
tele
por
cable
e
internet
sus
sesiones
públicas…
Organizaciones campesinas
Demanda la UNORCA incluir el tema del campo en
la
agenda
electoral
2006. (La Jornada, Laura Poy, p. web)
Pide
participar
en
la
construcción
de
una
soberanía
alimentaria
libre
de
trasnsgénicos
En el segundo día de trabajo de la décima asamblea nacional
de
representantes
y
delegados
de
la
Unión
Nacional
de
Organizaciones
Regionales
Campesinas
Autónomas
(UNORCA),
agricultores
de
26
estados
del
país
se
pronunciaron
por
defender
"su
derecho
a
existir"
y
participar
en
la
construcción
de
una
soberanía
alimentaria
libre
de
semillas
transgénicas
y
respetuosa
del
equilibrio
ambiental.
Reunidos en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca. más de mil 500 delegados
debatieron
sobre
el
futuro
del
agro
nacional
y
la
construcción
de
una
agenda
que
incluya
como
tema
prioritario
el
"derecho
de
todos
los
campesinos
mexicanos
a
generar
los
alimentos
que
requiere
el
país,
sin
necesidad
de
recurrir
a
importaciones,
impulsando
el
acceso
a
condiciones
dignas
de
producción
y
comercialización".
Alberto Gómez Flores, dirigente saliente de la UNORCA, afirmó
que
el
campo
nacional
requiere
créditos
dignos
y
condiciones
competitivas
para
comercializar
los
productos,
con
el
propósito
de
generar
fuentes
de
empleo
que
permitan
renovar
la
mano
de
obra
agrícola,
pues
más
de
50
por
ciento
de
los
4
millones
de
ejidatarios
y
pequeños
productores
del
país
"están
en
edad
de
jubilarse".
Es "prioritario", afirmó, incluir la problemática
del
campo
nacional
en
la
agenda
electoral
de
los
candidatos
en
las
elecciones
federales
de
2006,
para
"visibilizar
nuestras
demandas
como
un
tema
nacional
que
no
sólo
atañe
a
los
campesinos,
sino
a
la
sociedad
en
su
conjunto
como
consumidores
y
actores
de
un
cambio
urgente
en
el
agro".
Tras presentar las conclusiones de las primeras mesas de trabajo,
dirigentes
de
organizaciones
campesina
de
Estados
Unidos
y
Centroamérica
afirmaron
que
la
lucha
por
el
campo
en
México
y
el
mundo
representa
el
esfuerzo
más
"eficaz
para
detener
un
modelo
totalizador,
responsable
del
incremento
de
la
miseria
y
la
violencia".
George Naylor,
presidente
de
la
Coalición
Nacional
de
Pequeños
Agricultores
de
Estados
Unidos,
afirmó
que
es
urgente
"consolidar
un
frente
común
que
permita
establecer
los
vínculos
de
solidaridad,
intercambio
y
organización
para
defender
otra
forma
de
comprender
la
relación
con
el
campo
y
la
producción
de
alimentos".
Indicó que los pequeños agricultores de su país "aún carecen
de
una
cultura
solidaria
que
permita
salvaguardar
el
valor
de
una
agricultura
libre
de
transgénicos,
ya
que
en
unos
pocos
años
se
logró
que
80
por
ciento
de
la
soya
y
40
por
ciento
del
maíz
que
se
produce
esté
genéticamente
modificado".
El principal problema que enfrentamos, añadió, es el apoyo
del
gobierno
estadunidense
a
las
grandes
trasnacionales,
que
"difunden
las
mismas
mentiras
una
y
otra
vez
para
asegurar
que
los
agricultores
acepten
cultivar
semillas
transgénicas
sin
darse
cuenta
del
terrible
costo
ecológico
y
cultural
que
esto
representa".
En
Estados
Unidos,
aseguró,
los
pequeños
productores
deben
cumplir
primero
como
buenos
comerciantes
y
no
como
garantes
de
la
conservación
de
la
tierra
y
la
calidad
de
los
alimentos
que
producen,
"pues
existe
una
cultura
muy
extendida
sobre
la
necesidad
de
alcanzar
éxito
económico,
de
lo
que
depende
el
acceso
a
los
créditos
controlados
por
los
banqueros,
que
acaban
decidiendo
todo".
No obstante, afirmó que existe un movimiento sólido de agricultores,
ambientalistas
y
académicos
que
buscan
"detener
el
avance
del
modelo
neoliberal
en
el
campo,
aunque
el
camino
aún
es
largo
y
no
podrá
tener
éxito
sin
una
estrecha
colaboración
entre
campesinos
de
México,
Estados
Unidos
y
Canadá,
a
quienes
el
Tratado
de
Libre
Comercio
de
América
del
Norte
no
ha
aportado
ningún
beneficio".
Ni gobierno ni trasnacionales causan pobreza en
el
agro:
CNA. (La Jornada, Angélica Enciso,
p.
web)
"No
pocos
de
los
problemas
son
ancestrales":
Yesaki
Se debe dejar de responsabilizar a terceros, como el gobierno
y
las
trasnacionales,
de
los
elevados
niveles
de
pobreza
que
existen
en
el
agro,
ya
que
"no
pocos
de
los
problemas
son
de
carácter
ancestral",
señaló
Jaime
Yesaki,
dirigente
del
Consejo
Nacional
Agropecuario
(CNA).
El líder de los productores privados del campo aseveró que
"el
problema
del
campo
se
refleja
en
los
elevados
niveles
de
pobreza",
lo
cual
se
debe
a
que
existe
una
excesiva
pulverización
de
la
propiedad
rural
privada
y
social;
a
la
falta
de
productividad
que
genera
el
cultivo
en
zonas
no
aptas
y
a
la
ausencia
de
tecnología
en
el
sector.
A ello se suma la escasa organización productiva, la falta
de
conexión
efectiva
de
los
canales
de
comercialización
y
la
persistencia
de
altos
niveles
de
subsidios
en
los
mercados
internacionales.
"Justamente
porque
enfrentamos
estos
retos
no
podemos
esperar
que
sean
otros
los
que
cambien
la
situación",
expresó.
Durante la inauguración del Foro Global Agroalimentario, el
dirigente
empresarial
se
refirió
a
que
"es
poco
serio
pretender
cambiar
nuestra
realidad
acusando
a
terceros
de
los
males
que
nos
agobian;
señalando
al
gobierno,
a
las
trasnacionales,
a
los
grandes
productores,
a
la
economía
global;
en
fin,
no
falta
a
quien
identificar
como
el
culpable
de
nuestra
realidad".
Ante el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y los productores de las distintas ramas agroalimentarias
integrados
en
el
CNA,
Yesaki
convocó
al
sector
para
actuar
con
"responsabilidad,
altura,
inteligencia
y
creatividad,
proponiendo
alternativas
viables
y
utilizando
los
recursos
con
que
contamos".
Sostuvo que no se puede pretender que la situación del campo
cambie
si
la
gente
ligada
con
él
sigue
haciendo,
"por
tradición
o
comodidad,
las
mismas
cosas;
desatendiendo
el
llamado
de
las
oportunidades
que
se
generan
en
el
mundo".
Aseguró que "la solución al problema del campo en México
trasciende
el
ámbito
del
sector
rural;
es
un
asunto
de
la
economía
mexicana.
Para
revertir
la
condición
de
pobreza,
que
acusa
el
campo,
es
necesario
generar
más
riqueza,
a
ritmos
cada
vez
más
acelerados
y,
por
supuesto,
repartirla".
La riqueza en el campo se generará solamente con la inversión
productiva,
"que
necesariamente
deben
hacer
los
productores
para
incorporar
valor
a
los
productos
primarios;
desarrollar
marcas
para
diferenciarlas
de
los
productos
genéricos;
generar
nuevos
productos
para
atender
las
necesidades
cambiantes
de
los
consumidores;
incrementar
la
promoción
comercial
y
tener
una
visión
de
negocio".
El secretario de Agricultura señaló que el principal reto del
sector
es
la
inocuidad
alimentaria,
para
lo
cual
es
necesario
que
los
agricultores
se
preparen.
Dijo
que
en
el
campo
hay
"dinamismo",
lo
cual
se
refleja
en
que
la
balanza
comercial
del
sector
presenta
un
aumento
de
las
exportaciones
de
16.4
por
ciento.
Tenso proceso interno. (La Jornada, Laura Poy, p. web)
A 20 años de su fundación, la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales
Campesinas
y
Autónomas
(UNORCA)
enfrenta
uno
de
los
procesos
más
"cerrados
y
competidos"
en
la
designación
de
su
nueva
dirigencia
nacional,
afirmaron
líderes
estatales
de
la
central,
quienes
señalaron
que
a
pesar
de
que
subsiste
el
riesgo
de
una
fractura
interna
ante
una
"tensa
correlación
de
fuerzas,
apostamos
por
salir
fortalecidos
de
un
debate
en
el
que
se
debe
privilegiar
la
pluralidad
y
autonomía,
sin
soslayar
las
opiniones
de
grupos
campesinos
con
menor
representatividad".
La coordinadora nacional, integrada por 71 delegados elegidos
en
asambleas
estatales,
nombrará
en
las
primeras
horas
de
este
viernes
a
los
siete
miembros
de
la
Comisión
Ejecutiva
Nacional,
uno
de
los
principales
órganos
de
dirección,
de
la
cual
saldrá
el
nuevo
coordinador
nacional,
quien
encabezará
la
organización
durante
los
próximos
tres
años.
Rogelio Alquiciras, delegado estatal
por
Guerrero
y
uno
de
los
aspirantes
a
encabezar
la
UNORCA,
junto
con
Marcelo
Carreón,
líder
estatal
de
Quintana
Roo,
y
Olegario
Carrillo,
de
Sonora,
afirmó
que
la
organización
debe
fortalecer
la
"unidad
y
pluralidad"
para
consolidar
una
dirección
nacional
"colegiada
capaz
de
abrir
espacios
a
regiones
con
menor
presencia,
privilegiando
la
unidad".
Señaló que a 20 años de su fundación, existe "tolerancia
y
madurez"
para
enfrentar
un
debate
que
enriquezca
el
rumbo
de
la
organización,
ante
un
escenario
"complejo,
pues
el
campo
fue
marginado
de
la
agenda
nacional,
cancelando
las
expectativas
de
desarrollo
y
calidad
de
vida
para
miles
de
agricultores
que
dependen
de
sus
cosechas
para
sobrevivir".
Afirmó
que
la
fuerza
de
la
UNORCA
"es
su
pluralidad
y
la
posibilidad
de
gestar
nuevos
movimientos
nacionales
en
favor
del
agro
mexicano".
Por su parte, Jaime Castillo Ulloa, integrante de la Comisión
Ejecutiva
Nacional
saliente,
dijo
que
no
se
espera
un
"debate
terso"
en
la
elección
de
la
dirigencia
nacional,
pero
aseguró
que
"llegamos
con
ánimo
de
construir
consensos,
respetuosos
de
los
procesos
internos
y
de
los
principios
que
hemos
mantenido
a
lo
largo
de
dos
décadas".
Prensa Estatal
CHIAPAS
Zapatistas de la comunidad Roberto
Barrios
rechazan
proyecto
ecoturístico. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web)
"No
beneficiará
a
nadie"
y
ha
sido
factor
de
división
entre
indígenas,
argumentan
Tejedor de la comunidad de Acteal,
Chiapas
FOTO
Víctor
Camacho
El concejo autónomo del municipio El Trabajo dio a conocer
que
la
comunidad
de
Roberto
Barrios
rechazó
definitivamente
la
construcción
de
un
balneario
en
las
cascadas
del
río
Bascán,
en
dicha
comunidad.
También denunció presiones y amenazas de los representantes
oficialistas
involucrados
en
el
proyecto
turístico,
no
sólo
contra
las
bases
de
apoyo
zapatistas,
sino
contra
los
ejidatrios
que
pertenecen
a
distintos
partidos
políticos.
Sin mencionar explícitamente la filiación partidaria de los
promotores
del
proyecto
gubernamental
(priístas
de
la
organización
Paz
y
Justicia),
el
concejo
municipal
y
el
comisariado
ejidal
autónomo
de
Roberto
Barrios
denunciaron
a
Francisco
Gómez
Pérez,
promotor
de
la
divisiones
y
de
"diferentes
proyectos
del
gobierno",
de
amenazar
y
agredir
verbalmente
a
un
grupo
de
mujeres.
En tres documentos divulgados por Internet, pero fechados en
los
primeros
días
de
junio,
el
concejo
autónomo
y
la
comunidad
de
Roberto
Barrios
hacen
públicos
los
acontecimientos
recientes:
"El 26 de mayo el ejidatario Gómez Pérez realizó una reunión
con
las
mujeres
priístas
dentro
de
la
casa
ejidal
para
tratar
el
programa
Oportunidades.
Dicen
los
inconformes
esposos
de
las
mujeres
agredidas
verbalmente
por
Gómez
Pérez,
que
el
problema
es
con
el
proyecto
de
ecoturismo".
Este
"exigió
a
las
mujeres,
de
manera
forzosa,
firmar
un
documento
para
realizar
el
proyecto
aquí,
en
Roberto
Barrios".
El problema lleva tiempo inquietando a la comunidad. Según
las
autoridades
autónomas,
"una
vez
más
las
temerosas
mujeres,
por
el
miedo
de
perder
sus
Oportunidades
que
el
ejidatario
Gomez
Perez
dijo
que
les
iba
a
quitar,
dieron
sus
argumentos
y
ahora
hay
nuevas
divisiones
de
mujeres.
Las
mujeres
reflexionan
cómo
este
ejidatario
se
está
burlando
de
los
derechos
humanos
y
piden
que
las
autoridades
competentes
tomen
medidas
(ante)
estos
actos".
Posteriormente, el 29 de mayo "en la asamblea general
del
fin
de
mes,
el
comisariado
ejidal,
Pedro
Pérez
Cruz,
y
sus
componentes
que
se
integran
como
autoridades
del
ejido,
uno
de
los
primeros
puntos
que
tomaron
fue
sobre
el
proyecto
de
ecoturismo.
El
comisariado obligó a firmar actas de acuerdo a todo los ejidatarios
para
dicho
proyecto".
Según refieren los zapatistas de
la
comunidad,
también
sede
del
caracol
rebelde
en
la
zona
norte
del
estado,
"la
mayoría
de
la
comunidad
está
inconforme
con
el
proyecto".
Agregan
que
"el
señor
Gómez
Pérez,
representante
de
los
diferentes
programas
del
gobierno,
obligó
de
manera
forzosa
a
las
mujeres
a
firmar
un
documento
para
realizar
el
mencionado
proyecto".
De
no
hacerlo,
"las
mujeres
fueron
amenazadas
de
ser
rechazadas
en
todos
los
programas
del
gobierno".
De esta manera, abunda el concejo autónomo, "las autoridades
y
personas
interesadas
están
presionando
a
la
comunidad
para
la
realización
de
tan
ambicioso
proyecto.
De
igual
manera,
la
comunidad
rechaza
definitivamente
el
proyecto
de
ecoturismo
ya
mencionado
del
río
Bascán, porque no beneficia nada ni a nadie. El proyecto de
los
empresarios
lo
único
que
va
traer
es
más
divisiones
y
confrontaciones
dentro
de
la
comunidad".
Advierten que "seguirán conservando los recursos naturales
que
se
encuentran
en
la
geografía
de
la
comunidad
-maderas
preciosas,
ríos,
lagunas,
animales
y
vegetación-
y
no
permitirá
el
saqueo
de
las
riquezas
dentro
del
territorio.
Por
lo
anterior,
denunciamos
y
pedimos
a
la
sociedad
civil
nacional
e
internacional
haga
algo
para
defendernos
del
saqueo
de
las
riquezas
naturales
de
los
pueblos
indígenas".
Ya
desde
el
22
de
mayo
se
habían
reunido
en
asamblea
las
bases
de
apoyo
zapatistas de la comunidad. Entonces firmaron un acta donde,
en
nombre
de
la
mayoría
del
pueblo,
rechazaban
"definitivamente"
el
proyectado
balneario
y
las
inversiones
que
representaría
su
construcción,
pues
los
recursos
naturales
en
torno
al
río
Bascán "nos pertenecen desde hace muchos años".
Recordaban: "desde los primeros días de nuestras posesiones
tomamos
acuerdo
de
conservar
los
recursos
naturales
que
se
encuentran
dentro
de
nuestra
población".
El acta comunitaria mencionaba "preciosas maderas, lagunas,
ríos
y
animales
(silvestres)",
pues
de
todo
eso
hay
en
las
tierras
pródigas
del
ejido.
"No
permitiremos
el
saqueo
de
lo
que
tenemos
en
nuestro
territorio",
dicen,
y
anuncian
que
la
finalidad
del
escrito
es
exigir
"que
respeten
nuestros
derechos
de
poseer
el
vital
líquido,
que
consumimos
cotidianamente".
En acuerdo con la mayoría de los ejidatarios legítimos por
encima
de
las
diferencias
políticas,
los
zapatistas
reiteraron
que
"el
proyecto
de
ecoturismo
ha
creado
divisiones
entre
nosotros".
Y concluían entonces: "lógicamente hemos analizado hacia
lo
más
profundo
que
no
nos
beneficia
nada,
a
nadie,
el
proyecto
de
los
empresarios,
ya
que
viene
perjudicando
a
todos
los
zapatistas
y
no
zapatistas
de
la
zona".
Reconciliación en Chiapas, tarea de todos. (La Jornada, Jaime Martínez, p. web).
En abril de 1997, los integrantes de la vieja Comisión de Concordia
y
Pacificación
(Cocopa)
decidimos
visitar
la
zona
norte
de
Chiapas,
donde
la
violencia
había
destrozado
el
tejido
social.
Con
la
oposición
del
gobierno
federal,
la
mayoría
de
la
comisión
legislativa
acudimos
a
esa
región
de
Chiapas.
Pablo
Salazar,
don
Luis
Álvarez,
Juan
Guerra,
Oscar
López
Velarde,
César
Chávez,
Juan
Roque
y
Fernando
Pérez
Noriega
nos
trasladamos
a
la
zona
en
conflicto.
Nuestro
gran
Heberto
no
pudo
asistir,
días
antes
había
fallecido.
La gira de trabajo nos permitió constatar las consecuencias
y
el
grado
que
la
brutalidad
había
alcanzado.
Hicimos
contacto
con
una
gran
cantidad
de
grupos
y
sectores
de
la
región.
En
el
Limar
nos
reunimos
con
el
grupo
Paz
y
Justicia,
cuyos
integrantes
llegaron
en
camiones
del
Ejército
Mexicano.
El
traslado
de
la
Cocopa
a
la
zona
zapatista se vio interrumpido, al encontrarnos con un bloqueo
de
troncos
de
árboles
cortados
y
puestos
sobre
el
camino
de
terracería con el claro propósito de impedir nuestra reunión
con
las
bases
de
apoyo
zapatistas.
La
gira
fue
estrujante,
aunque
más
lo
era
la
realidad
que
vivía
la
zona
chol
de
Chiapas.
Después de aquella gira, la Cocopa
acordó
proponer
la
instalación
de
una
mesa
regional
para
la
reconciliación
de
esa
región
de
Chiapas.
La
respuesta
del
gobierno
de
Zedillo
fue
tajante,
rechazando
nuestra
propuesta,
e
incluso
nos
acusaron
de
que
"queríamos
violar
la
soberanía
de
Chiapas".
En
tanto
esto
pasaba,
los
grupos
paramilitares
y
antizapatistas
se
fortalecían,
para
lo
cual
contaban
con
el
apoyo
del
general
Renán
Castillo,
comandante
de
la
séptima
Región
Militar,
y
dependencias
de
los
gobiernos
federal
y
estatal.
No obstante es necesario precisar que el grupo Paz y Justicia
no
es
o
fue
un
simple
"grupo
paramilitar",
sino
una
organización
social
de
filiación
priísta
que
entre
los
años
1995
y
1999
fue
utilizada
como
instrumento
de
violencia
contra
los
simpatizantes
del
EZLN
y
la
diócesis
de
San
Cristóbal.
Territorialmente
se
localizaba
en
los
municipios
de
Palenque,
Salto
de
Agua,
Sabanilla,
Tila,
Tumbalá y Yajalón, los primeros
cinco,
poblados
por
indígenas
de
habla
chol,
y
el
último
por
tzeltales.
Fue así que al inicio del gobierno de Pablo Salazar los saldos
estaban
a
la
vista:
varias
iglesias
católicas
cerradas,
desplazados
internos
tanto
de
Abuxu
como
de
Paz
y
Justicia,
una
centena
de
personas
asesinadas
pertenecientes
a
ambas
agrupaciones,
conflictos agrarios entre indígenas y
campesinos,
duplicidad
de
autoridades,
temor,
miedo,
cansancio
de
la
violencia;
en
fin,
un
estado
de
vida
que
confrontó
a
amigos,
paisanos,
parientes,
padres
y
hermanos.
En este contexto, el gobernador del estado creó la figura del
comisionado
para
la
Reconciliación
de
las
Comunidades
en
Conflicto,
que
en
este
caso
recae
la
responsabilidad
en
el
compañero
Juan
González
Esponda, cuya acción se ha centrado en la atención y solución
de
los
males
provocados
por
la
violencia
del
pasado
y
evitar
cualquier
situación
o
hechos
similares
a
los
anteriores,
que
significaban
impunidad
y
violación
a
los
derechos
humanos.
Por ello es necesario reconocer que la aprehensión de Marcos
Albino
Torres
López,
uno
de
los
dirigentes
del
grupo
Paz
y
Justicia,
es
un
paso
más
contra
la
impunidad,
con
lo
cual
Pablo
Salazar
concreta
un
antiguo
compromiso
que
los
viejos
miembros
de
la
Cocopa
asumimos
con
el
pueblo
chiapaneco.
Cierto
es
que
dicha
acción
no
es
la
primera
(otros
dirigentes
de
Paz
y
Justicia
están
encarcelados)
ni
la
definitiva,
pero
es
una
señal
alentadora
para
continuar
con
las
tareas
de
combatir
la
impunidad,
fomentar
la
reconciliación
social
de
la
región
y
sentar
las
bases
para
un
desarrollo
más
estable
y
democrático
de
la
zona.
Las
posibilidades
de
hechos
violentos
en
la
zona
no
han
desaparecido,
pero
las
condiciones
de
impunidad
que
solapaban
y
estimulaban
la
violencia
contrainsurgente
no
cuentan
con
el
apoyo
de
Pablo
Salazar,
viejo
compañero
de
la
Cocopa
y
actual
gobernador
del
estado,
quien
por
el
contrario
mantiene
en
prisión
a
varios
de
los
líderes
paramilitares
e
impulsa
las
tareas
de
reconciliación
mediante
una
estrategia
conciliadora
que
hasta
hoy
ha
impedido
la
continuación
de
los
asesinatos
políticos
en
la
zona.
Varios
líderes
paramilitares
que
están
libres
deben
ser
detenidos,
para
que
se
ejercite
la
acción
de
la
ley
y
dejen
de
constituir
una
amenaza
pública.
Justo es reconocer que el hecho de que no se hayan cometido
asesinatos
ligados
con
diferencias
políticas
en
esa
zona
desde
el
año
2000,
se
haya
combatido
la
impunidad
y
se
tenga
una
actitud
vigilante
por
parte
de
la
opinión
pública,
en
gran
medida
se
debe
a
los
diferentes
organismos
de
la
sociedad
civil,
en
particular
al
Centro
de
Derechos
Humanos
Fray
Bartolomé
de
las
Casas,
en
donde
la
autoridad
moral
de
don
Samuel
Ruiz
ha
logrado
la
atención
internacional
para
impulsar
la
reconciliación
social
de
la
zona
y
combatir
la
impunidad.
Quienes hemos participado en las complicadas tareas de pacificación
en
Chiapas
sabemos
que
cuando
actuamos
en
forma
unificada,
o
cada
quien
desde
su
trinchera
pero
en
el
mismo
sentido,
hemos
podido
avanzar
en
nuestros
objetivos.
No
podemos
ni
debemos
olvidar
que
en
los
tiempos
de
los
diálogos
de
paz,
éstos
avanzaban
en
la
medida
que
la
Cocopa
y
la
Conai
mantenían
sincronía
en
sus
acciones,
pero
cuando
nos
alejamos,
le
abrimos
la
puerta
a
los
enemigos
de
la
paz.
Ojalá
que
eso
nunca
llegue
a
suceder,
porque
lo
que
está
en
juego
no
son
posturas
personales,
ni
siquiera
posiciones
ideológicas,
sino
vidas
humanas,
sobre
todo
de
los
sectores
más
pobres
del
país.
Alentar
la
paz
y
la
reconciliación
en
Chiapas
es
tarea
de
todos.
ESTADO DE MÉXICO
El campo tiene sed, afirma Enrique Peña Nieto. (La Jornada, p. web).
Llama el candidato de Alianza por México al gobierno
a
que
atienda
el
agro
mexicano
Acambay, Mex., 9
de
junio
.
El
campo
tiene
sed
ante
la
severa
sequía
que
se
registra
en
diversas
regiones
de
la
entidad,
aseguró
Enrique
Peña
Nieto,
candidato
de
la
Alianza
por
México
(PRI-PVEM)
a
gobernador
del
estado
de
México,
al
sostener
un
encuentro
con
habitantes
de
Acambay.
Por esa razón, el abanderado de la Alianza por México pidió
al
gobierno
federal
que
antes
de
hacer
celebraciones,
se
ocupe
por
atender
al
agro
mexicano
como
se
merece
y
necesita:
"hoy
hacemos
un
llamado
respetuoso
a
las
autoridades
federales,
estatales
y
municipales,
para
que
hagan
los
esfuerzos
necesarios
y
atiendan
la
demanda
de
una
acción
emergente
a
favor
del
campo".
Al continuar con sus actividades proselitistas por esta tierra,
de
la
cual
-dijo-
tiene
sus
raíces
y
es
el
origen
de
su
sangre,
el
abanderado
a
la
gubernatura
mexiquense
reiteró
su
apoyo
para
que
el
campo
sea
negocio
y
vía
de
sustento
para
las
familias
mexiquenses.
Por ello, comprometió desde su gobierno un apoyo incondicional,
a
través
de
la
gestión
de
mayores
recursos,
ante
las
autoridades
federales
y
municipales,
para
insumos
agrícolas
de
menor
costo,
además
de
una
mejor
capacitación
técnica
y
la
introducción
gradual
de
nuevas
tecnologías,
"hoy
regreso
a
esta
tierra,
donde
me
conocen
desde
ayer,
a
pedirles
su
confianza".
Ante cientos de habitantes de este lugar y ante la presencia
del
ex
gobernador
mexiquense,
Alfredo
del
Mazo
González,
pidió
un
voto
de
confianza
para
trabajar
juntos
por
el
campo.
"Tengan
seguridad
que
en
Enrique
Peña
Nieto
tendrán
un
aliado
incondicional",
enfatizó.
En este municipio, el candidato de la Alianza por México signó
ante
el
Notario
Público
número
81,
Jorge
Gallegos
Mendoza,
su
compromiso
por
construir
y
equipar
una
Unidad
Académica
Universitaria,
además
de
rehabilitar
la
carretera
Toluca-Palmillas,
obras
que
serán
de
gran
impacto.
GUERRERO
La SCT lo presiona para que deje su predio por
donde
pasará
una
autopista,
denuncia. (El Sur,
Brenda
Escobar,
p.
web).
Zihuatanejo
Odilón Pérez
Valdés,
vecino
en
el
poblado
de
la
Salitrera,
en
Zihuatanejo,
denunció
que
es
presionado
por
funcionarios
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes
(SCT)
para
que
abandone
el
predio
en
el
que
vive
con
su
familia
desde
hace
ocho
años,
porque
ahí
cruzará
la
carretera
que
comunica
a
Zihuatanejo
con
la
autopista
Siglo
21
Morelia-Lázaro
Cárdenas.
Ante reporteros, el campesino,
de
64
años,
dijo
que
no
tiene
documentos
que
amparen
el
terreno
en
el
que
construyó
su
casa
de
paredes
de
madera
y
techo
de
lámina
de
cartón,
pues
hace
ocho
años
se
lo
regaló
el
verdadero
propietario,
Luis
Oregón,
pero
no
le
dio
ningún
papel.
Reconoció que su casa está sobre
el
trazo
de
la
nueva
carretera
y
no
se
niega
a
cambiarse
de
lugar,
“pero
somos
pobres,
no
tenemos
a
dónde
ir
mi
esposa,
mi
nieto
y
yo”.
Agregó que un funcionario de la
SCT,
de
nombre
Pedro
Monroy,
lo
presiona
desde
hace
dos
semanas
para
que
desaloje
el
predio,
ubicado
a
un
costado
de
la
cribadora,
cerca
del
río,
y
se
comprometió
inicialmente
a
regalarle
unas
pacas
de
lámina
de
cartón
y
madera
para
que
construya
otra
casa.
Pero ayer antes de la 1 y media
de
la
tarde,
el
funcionario
volvió
a
acudir
al
domicilio
y
le
dijo
a
la
familia
que
tienen
que
salirse,
“pero
dijo
que
ya
no
nos
van
a
dar
nada,
porque
ya
le
dieron
la
indemnización
al
dueño,
pero
nosotros
tenemos
ocho
años
viviendo
aquí
y
no
tenemos
a
dónde
ir,
yo
no
me
quiero
quedar
aquí
a
la
fuerza,
nomás
que
nos
ayuden
a
conseguir
otro
lugar
donde
vivir”.
Odilón Pérez
llamó
al
secretario
de
Desarrollo
Urbano
y
Obras
Públicas
estatal,
Guillermo
Torres
Madrid,
para
que
analicen
su
caso
“y
no
permita
que
echen
a
la
calle
a
un
par
de
viejos
y
a
un
niño,
que
nos
ayude”.
Iniciarán ex ejidatarios de la Garita un juicio
de
desafuero
contra
el
gobernador. (El Sur; Karina Contreras, p.web)
La administración de Zeferino Torreblanca violó una sentencia federal al negarse
a
pagar
109
millones
de
indemnización
a
los
campesinos
por
la
expropiación
de
un
predio
en
1972
El asesor jurídico de los ex ejidatarios
del
desaparecido
ejido
de
La
Garita,
Saulo
Cárdenas
Plancarte,
informó
que
éstos
iniciarán
un
juicio
de
desafuero
contra
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca,
a
quien
acusan
de
violar
una
sentencia
del
juez
tercero
Jacinto
Ramos
Castillejo,
quien
ordenó
el
pago
de
109
millones
235
mil
300
pesos
de
indemnización
por
la
expropiación
del
predio
en
1972.
Asimismo –dijo– se busca la destitución
del
cargo
y
consignación
ante
un
juez
federal
contra
la
delegada
del
Fideicomiso
para
el
Desarrollo
Económico
(Fideaca),
María
Magdalena
García
Morales,
y
del
director
del
Fideaca,
David
Elbjorn
Trani,
por
negarse
a
dar
cumplimiento
a
una
sentencia
federal.
En una visita a la redacción de
El
Sur,
Cárdenas
Plancarte
explicó
que
el
ejido
de
la
Garita
fue
expropiado
en
1972,
pero
quedó
pendiente
la
indemnización
de
7
millones
de
pesos
viejos
(7
mil
800
pesos
actuales),
y
al
no
recibirlo
en
1976
acudieron
al
juzgado
tercero
de
distrito,
donde
les
concedieron
el
amparo
1681/1976-I
que
obliga
a
las
autoridades
a
liquidar
a
los
entonces
48
ejidatarios.
Pero ante la negativa de las autoridades
para
pagar,
en
el
2000
el
juez
ordenó
que
el
caso
se
remitiera
a
la
Suprema
Corte
de
Justicia
de
la
Nación
(SCJN)
para
iniciar
el
desafuero
contra
el
entonces
gobernador
Rene
Juárez
Cisneros,
pero
la
Segunda
Sala
de
la
Suprema
Corte
–después
de
analizar
el
documento–
resolvió
que
no
procedía
el
desafuero
porque
el
saldo
insoluto
estaba
desvalorizado
en
su
poder
adquisitivo,
por
lo
que
ordenó
que
se
actualizara
la
deuda
y
ahora
asciende
a
más
de
109
millones
de
pesos.
De acuerdo con el abogado Cárdenas
Plancarte,
el
juez
tercero
de
distrito
ordenó,
con
fecha
25
de
mayo
de
2005,
que
el
gobernador
Zeferino
Torreblanca
pagara
a
los
ex
ejidatarios,
pero
no
se
ha
hecho.
Incluso en un oficio la delegada
del
Fideaca,
María
Magdalena
García
Morales,
respondió
que
no
cumplirían
con
el
mandato
judicial
federal,
lo
cual
es
un
desacato
a
una
sentencia
juzgada
y
ya
no
procede
ningún
recurso.
Aclaró que el desafuero contra
Torreblanca
Galindo
no
tiene
ninguna
similitud
al
que
se
le
siguió
al
jefe
del
Gobierno
capitalino,
Andrés
Manuel
López
Obrador,
pues
éste
fue
por
violar
una
suspensión
provisional
de
un
amparo
y
el
del
gobernador
de
Guerrero
y
sus
subordinados
por
violar
una
sentencia
ejecutoria,
lo
cual
es
más
grave.
NAYARIT
CFE y ejidatarios debaten indemnización de El Cajón.
(Milenio, Agustín del Castillo, p. web).
Los afectados con la ocupación
por
la
Comisión
Federal
de
Electricidad
(CFE)
de
800
hectáreas
para
la
construcción
de
la
presa
El
Cajón,
sobre
el
río
Santiago,
en
Nayarit,
exigieron
en
la
primera
reunión
conciliatoria
que
se
les
indemnice
con
valores
industriales
el
precio
de
sus
terrenos,
pues
la
paraestatal
apenas
ofrece
el
valor
catastral.
Esto es una diferencia notable.
Mientras
la
comisión
propone
pagar
cuando
mucho
siete
pesos
por
metro
cuadrado,
los
campesinos
y
la
familia
Hernández
Fletes,
también
afectada,
exigen
valores
cercanos
a
cien
pesos,
explicó
la
asesora
de
los
quejosos,
Raquel
Gutiérrez
Nájera.
“Los representantes de la CFE dijeron
que
no
podían
decidir
nada,
que
se
llevarían
la
propuesta
para
que
sus
superiores
la
analicen;
los
ejidatarios
y
particulares
han
decidido
que,
en
caso
de
que
sea
rechazada
su
propuesta,
se
combatirá
jurídicamente
la
expropiación,
pero
esperan
llegar
a
un
acuerdo
justo,
que
sentaría
precedente
en
el
país”,
explicó
la
directora
del
Instituto
de
Derecho
Ambiental.
Los campesinos también piden formar
un
comité
de
vigilancia
que
garantice
que
el
proceso
de
restauración
de
los
impactos
ambientales
negativos
será
efectuado
de
forma
satisfactoria.
Hay
además
el
reclamo
de
recibir
energía
eléctrica
en
Cantiles,
y
se
pide
tarifa
preferencial.
El núcleo agrario de Cantiles y
la
familia
Hernández
Fletes
tienen
a
su
favor
suspensiones
del
Tercer
Juzgado
de
Distrito
de
Tepic,
tendientes
a
no
ser
desposeídos
de
sus
bienes
ni
a
poner
en
riesgo
su
vida
con
la
obra.
Hay
además,
desde
hace
tres
días,
un
plantón
de
campesinos
en
uno
de
los
predios
afectados.
PUEBLA
Recupera la confianza de los campesinos: CNC. (Diario Puebla, Hipólito Contreras, p. web).
Cecilia Hernández Ríos, presidenta
estatal
de
la
Liga
de
Comunidades
Agrarias,
afirmó
que
es
compromiso
de
la
organización
generar
acciones,
resultados,
estar
con
la
gente,
organizándola
para
atender
la
problemática
del
medio
rural,
"esto
nos
va
a
permitir
recuperar
la
confianza
de
los
campesinos
hacia
el
Partido
Revolucionario
Institucional".
La dirigente estatal de la CNC
reconoció
en
algún
momento
el
campesino
se
desmotivó
con
el
PRI,
sus
alternativas,
oportunidades,
el
abandono
en
que
se
les
dejó,
fue
lo
que
generó
la
desmotivación
de
los
grupos
campesinos.
Informó que la CNC ha concluido
los
recorridos
por
las
23
regiones
del
estado,
han
sido
reuniones
de
reencuentro.
A los campesinos, afirmó, les ha
parecido
bien
que
en
las
mismas
esté
presente
la
dirigencia
estatal,
esto
les
ha
permitido
presentar
sus
demandas
en
los
diferentes
renglones.
Hernández Ríos informó que la Liga
Agraria
trabaja
en
diferentes
programas
de
apoyo
al
campo,
como
Procampo, en el que se dio una ampliación, lo que permitió
el
beneficio
de
más
campesinos,
"aunque
se
ha
observado
una
falta
de
créditos
y
asistencia
técnica".
La dirigente cenecista
comentó
que
la
Liga
Agraria
trata
de
atender
al
mayor
número
de
campesinos.
Todo
dependerá,
dijo,
de
su
capacidad
organizativa
y
la
presentación
de
proyectos
productivos
viable.
Hoy,
aseguró,
ya
existen
imposiciones
por
parte
de
las
dependencias,
hoy
son
los
grupos
campesinos
los
que
proponen
y
deciden
lo
que
se
va
a
hacer
en
sus
comunidades
y
unidades
productivas.
Expuso que en la medida en que
los
campesinos
organizados
presenten
sus
proyectos
y
se
sumen
a
éstos
se
estarán
dando
las
posibilidades
para
la
generación
de
empleos
y
el
combate
a
la
pobreza
en
las
comunidades.
Informó que está en marcha el proceso
de
integración
de
mil
500
comités
de
base
campesinos
en
el
estado
son
la
estructura
básica
de
la
organización,
afirmó
que
este
objetivo
representa
un
gran
avance,
la
meta
es
llegar
a
las
seis
mil
comunidades
que
hay
en
el
estado.
Este proceso de elección de los
comités
municipales
culminará
en
el
mes
de
agosto,
posteriormente
la
organización
se
dará
a
la
tarea
de
renovar
los
comités
municipales
y
regionales
campesinos,
Finalmente,
organizará
el
Congreso
estatal
ordinario,
que
se
realizará
el
próximo
año
en
enero,
donde
se
acordará
la
elección
estatutaria
del
comité
estatal.
La dirigente cenecista
manifestó
que
la
organización
se
propone
al
elegir
a
los
comités
contar
con
los
mejores
dirigentes,
los
que
sean
el
contacto
entre
los
grupos
campesinos
y
el
comité
central,
"sólo
de
esta
forma
se
podrá
aspirar
a
combatir
los
problema
que
enfrenta
el
sector,
principalmente
la
falta
de
oportunidades,
causa
principal
de
la
migración".
Cartones
Aumenta la inseguridad · Magú
El sello de la casa · Helguera
Descubrimiento · Rocha
La pelota de Rubén Carreño
El
más
lento
de
todo
el
norte Boligán
Como
México
no
hay
dos
Omar
