CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
23 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Presionan petroleras a Pemex
Condicionan Exxon y Petrobras alianzas con paraestatal
a cambios legislativos
Urgen a pactar rediseño político
Distender el ambiente,
condición previa, señalan
A la baja, los ingresos petroleros: Hacienda
Registrarán una caída
de 2.2% respecto a 2004: García Tamés
Rechaza Fox inestabilidad política en México
El Presidente de la República
no ha fracasado, dice Santiago Creel
Fox no logrará callarme,
dice López Obrador
"Todos saben que
el autoritarismo está en Los Pinos"
Baja Creel en preferencias y las gana López Obrador
En medio de indignaciones
de tinte patriotero, acusaciones mutuas sobre
quién es el más atizador de multitudes.
López sí sabía y aceptó que violaba el amparo
"Es materialmente
imposible" cumplir su sentencia, respondió
en mayo de 2002 al juez que determinó que el GDF
desdeñó una suspensión definitiva en El Encino
Tiende EU a “endurecimiento total” en migración
No descarta militarización
completa de la frontera: AFSC
Indagan a Pastor por el crimen de su auxiliar Olivo
“Sospechoso”, el supuesto
secuestro: fiscal de la PGJEM
Aprueban diputados voto de mexicanos en el extranjero
Participarán en la elección
del 2006; el Senado aún debe ratificarlo
Voto a mexicanos en EU
Amo profundamente a la
señora Marta, expresó el presidente Fox
en reunión con el
“Club Rotario”
Sector agrario
En breve enviarán iniciativa de Ley para la reforma
del Marco Jurídico Secundario en Materia Agraria. (El Sol de Zacatecas, Patricia Torres, p. web)
México.- La iniciativa de Ley para Reformar el
Marco Jurídico Secundario en Materia Agraria,
alcanzada por consenso por las organizaciones
campesinas, instituciones gubernamentales y académicos
se enviará en breve al Ejecutivo federal para
que a su vez la haga llegar al Congreso de la
Unión como iniciativa y pueda discutirse y votarse
durante este periodo ordinario de sesiones, ya
que se busca beneficiar a millones de familias
campesinas en el país.
El paquete legislativo garantiza tener instrumentos
e instituciones sólidos y accesibles para los
hombres y mujeres del campo a través de una Secretaría
de la Reforma Agraria, que otorgue certeza
jurídica en el campo, garantice la solución de
conflictos e impulse una visión de desarrollo
agrario.
Así como un Registro Agrario Nacional
que de manera eficiente y moderna garantice la
seguridad documental y la información del suelo;
una Procuraduría Agraria defensora de los
sujetos agrarios y sus derechos; Tribunales
Agrarios que realicen procedimientos expeditos,
imparciales y transparentes; y un Fifonafe
vinculado al fomento de las actividades económicas
de los núcleos agrarios.
La meta es fortalecer la propiedad social, pero
también garantizar la seguridad jurídica en la
tenencia de la tierra en sus tres formas existentes
como son los ejidos, las comunidades y la pequeña
propiedad rural.
Lo anterior quedó establecido durante una conferencia
de prensa con el subsecretario de Política Sectorial,
Armando Ríos Piter, y las organizaciones campesinas que conforman el Consejo
Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa).
Durante la conferencia de prensa las organizaciones
que integran Conacosa,
a través de los representantes y dirigentes del
sector agrario, expresaron su beneplácito por
haber logrado lo que consideraron como alcance
histórico, el hecho de llegar a un consenso para
proponerle al Ejecutivo una iniciativa de reforma
que contempla la experiencia agraria y la realidad
del campo mexicano.
Derivado del Acuerdo Nacional para el Campo,
en abril de 2003 se acordó la revisión de 282
numerales relacionados con una política de Estado
para el campo, de los cuales el numeral 237 tenía
como compromiso específico evaluar y revisar el
marco jurídico agrario con el objetivo de actualizarlo.
Armando Ríos Piter,
subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría
de la Reforma Agraria y miembro de la comisión
de seguimiento del Conacosa,
dijo que esta iniciativa muestra el interés de
los diversos sectores involucrados por contar
con una ley que fortalezca al campo.
La Unión Campesina Democrática, a través de José
Durán Vera, sostuvo que este proyecto de iniciativa
es un triunfo indudable por la lucha de mejores
condiciones de vida en el campo.
En tanto, Manuel de Unánue
Rivero, del Consejo Nacional Agropecuario, calificó
de histórico el consenso alcanzado, pues se pusieron
por delante los intereses del país sin traicionar
los principios de cada organización campesina
para ponderar los intereses de la nación.
La coincidencia en general, agregó, es que "no
dimos un solo paso en contra de la dignidad y
la libertad del hombre del campo", pues la
tierra en México es un recurso limitado; por ello,
sin demagogia se trató de modernizar las relaciones
jurídicas del campo, lo que demuestra que "todo
se puede negociar sin llegar a la violencia y
los balazos".
Para Alfredo Gallegos Vega, de la Confederación
Nacional Campesina, esta iniciativa de reforma
permitirá dar solución a múltiples conflictos
agrarios, pues de ello depende la paz social en
este sector.
Durante la conferencia de prensa estuvieron representantes de todas las organizaciones sociales, de productores, de las instituciones académicas como UNAM y el ITAM y del gobierno federal, integradas en el Conacosa.
Terminan propuesta para reformar ley agraria, tras
año y medio de negociación. (La Jornada, Carolina Gómez,
p. web)
Tras año y medio de negociación, el Consejo Nacional Consultivo
del Sector Agrario (Conacosa)
concluyó la propuesta para reformar el marco jurídico
secundario de la ley en la materia, lo que fue
uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo
Nacional para el Campo, informó Armando Ríos Piter,
subsecretario sectorial de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA), quien aseguró que
ésta no buscó modificar el artículo 27 constitucional
porque "no es asunto que por el momento deba
revisarse".
Sobre esto último, José Durán Vera, presidente de la Unión
Campesina Democrática (UCD), una de las organizaciones
de la Conacosa, precisó que aunque no se reforma el citado artículo
en su contenido esencial, la iniciativa, que será
presentada a la Cámara de Diputados en este periodo
de sesiones, sí contempla modificaciones a "algunos
párrafos, por ejemplo el séptimo, que se relaciona
con las comunidades indígenas y otras relativas
al patrimonio familiar".
En entrevista, luego de la presentación de la iniciativa, Durán
sostuvo que no se buscó reformar el 27 constitucional
en su esencia porque, según él, "no hay condiciones
para realizar un cambio de esa magnitud, pues
se polarizaría el debate". Por tanto, dijo,
se habría dificultado llegar a una propuesta de
consenso.
La iniciativa tiene como objetivo principal "proteger
la propiedad social"; según Ríos Piter,
lograr la reforma es "cuestión de principios",
pues en el actual marco jurídico "hay una
serie de lagunas que tienen que ser cubiertas".
Además, resaltó, esta es una norma que "no
se había revisado en 12 años". Subrayó que
la propuesta busca fortalecer la propiedad social,
pero también garantiza la seguridad jurídica en
la tenencia de la tierra en sus tres formas: ejidos,
comunidad y pequeña propiedad.
Para Durán, con las reformas "nadie podrá aprovecharse
y apoderarse de tierras ejidales y comunales,
tal como ocurre con la ley actual, pues ahora
no se sabe ni siquiera si un posesionario
tiene calidad de ejidatario y se hace pasar por
éste, ni tampoco está claro cómo se evita la existencia
de latifundios".
La iniciativa incluye reformas y adiciones que aseguran la
existencia de una SRA que "otorgue certeza
jurídica en el campo y garantice la solución de
conflictos, incorporando a los 30 mil ejidos y
comunidades en la trayectoria del desarrollo rural
sustentable, y permite la creación de un registro
agrario nacional que garantice de manera eficiente
y moderna la seguridad documental y la información
del suelo".
También contempla profesionalizar a la Procuraduría Agraria
y que los tribunales en la materia realicen procedimientos
"expeditos, imparciales y transparentes".
Manuel Unanue Rivero,
del Consejo Nacional Agropecuario, resaltó que
la propuesta también logrará que México sea más
competitivo en la materia, pues se elaboró "poniendo
como objetivo principal el interés y las necesidades
de los campesinos". Finalmente destacó que
con ésta se modernizarán las relaciones jurídicas
en el campo mexicano.
Lista la propuesta de reforma al marco jurídico:
SRA.
(Cambio Sonora, p.web).
MÉXICO D.F. (Notimex).- El subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), Armando Ríos Piter, informó
que la propuesta de reforma al marco jurídico
agrario se encuentra lista y en breve será enviada
al presidente Vicente Fox
Quesada.
En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó
que el documento contempla reformas y adiciones
que garantizarán una reforma agraria más sólida
y fuerte, así como un Registro Agrario Nacional
con más eficiencia y modernidad.
Ríos Piter destacó que será
el Ejecutivo federal quien envíe la iniciativa
en la materia al Congreso de la Unión con los
elementos de la propuesta que se trabajó durante
18 meses con la participación de organizaciones
campesinas y sociales a nivel nacional.
En este sentido, manifestó su satisfacción dado que las
organizaciones sociales y el gobierno federal
buscan hacer alianzas para el desarrollo del campo
por encima de intereses partidistas o de grupo.
"A nosotros nos interesaría que para el trabajo
legislativo de abril analice, revisen y hagan
las consideraciones pertinentes a la propuesta,
ya que es un producto sólido", sin embargo,
serán los legisladores federales quienes decidan
los tiempos, apuntó.
En la conferencia estuvieron presentes José Durán Vera
de la Unión Campesina Democrática, Manuel de Unánue
Rivero del Consejo Nacional Agropecuario, Alfredo
Gallegos Vega de la Confederación Nacional Campesina
y Salvador Pérez Martín del Campo de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales, entre otros.
Piden diálogo con Tilaza más de 2 mil 500 comuneros
de La Montaña y Costa Chica reunidos en El Mango. (El Sur (Guerrero), Jesús Rodríguez, p.web).
Más de 2 mil 500 comuneros de cinco
municipios de la Costa Chica y de La Montaña,
participaron en una concentración masiva en la
localidad de El Mango, municipio de Malinaltepec, para llamar a las autoridades federales a que
intervengan en el conflicto que tienen con la
comunidad de Tilapa,
a la que acusan de posesionarse de sus tierras
y de impedir la construcción de la carretera Iliatenco-Ayutla
de los Libres.
Este lunes por la mañana, vecinos
de las comunidades de Arroyo San Pedro, Iliatenco,
Tierra Colorada, Santa Cruz del Rincón, pertenecientes
a Malinaltepec, junto
con habitantes de los municipios de Acatepec,
Tlacoapa, Ayutla de los Libres y
San Luis Acatlán, se
instalaron por más de 8 horas en la localidad
de El Mango –anexo de Tilapa,
del municipio de Malinaltepec–
para intentar dialogar con los comuneros de Tilapa
sobre el conflicto agrario que tienen y la presunta
resistencia para la construcción del proyecto
carretero Iliatenco-Ayutla
de los Libres.
Con palos y machetes, los 2 millares
de comuneros llegaron a El Mango en espera de
que los habitantes de Tilapa se presentaran para intentar llegar a acuerdos, sin
embargo éstos no acudieron. Por ello, solicitaron
la intermediación del alcalde de Malinaltepec,
Apolonio Cruz; del director
del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; y del párroco de Malinaltepec, Lorenzo Corona Sepúlveda, y les pidieron que
acudieran a entrevistarse con los de Tilapa.
Luego de más de cinco horas de
espera, la comisión arribó a El Mango para informar
los resultados del diálogo con Tilapa,
del cual levantaron un acta en la que expresan
y reafirman su postura de no ceder las tierras
que presuntamente despojó a cinco comunidades,
en razón de que el fallo del Tribunal Unitario
Agrario les favorece.
También se dio a conocer, en la
lectura del documento, la propuesta de entablar
una nueva reunión para abordar el asunto de la
carretera así como el del lío agrario.
En respuesta a estos planteamientos,
los comuneros reunidos en El Mango sostuvieron
que echarán abajo el fallo del Tribunal Agrario
e insistirán en la construcción de la carretera
Iliatenco-Ayutla,
y convocaron a una reunión el lunes próximo a
Tilapa, en el mismo
punto, pero ahora con la presencia de la Comisión
Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(Conadepi), la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria,
así como la Secretaría de Gobernación federal
y de Gobierno estatal.
Las cinco comunidades de Malinaltepec (Arroyo San Pedro, Iliatenco,
Santa Cruz del Rincón, Colombia de Guadalupe y
Tierra Colorada), acusan al vecino Tilapa
de despojarlos de las tierras que desde décadas
atrás les pertenecen.
Por otro lado, también es señalado
Tilapa de estar obstruyendo
el proyecto para la construcción de la carretera
que unirá a la Costa Chica con La Montaña, de
Iliatenco a Ayutla.
Los comuneros que se concentraron
en El Mango, insistieron en pedir a las autoridades
federales y estatales que intervengan en la resolución
de ambos asuntos. Incluso, uno de los líderes
del movimiento, Erasto
Cano, aseguró que en esta semana se buscará entablar
pláticas con el presidente de la República, Vicente
Fox Quesada.
Inventó ejidatarios el comisariado
de Nuevo Guerrero. (El Sur (Guerrero), Gregorio
Urieta, p. web)
La mesa directiva del Comisariado
Ejidal de Nuevo Guerrero, municipio de Tlapehuala,
inventó ejidatarios e integrantes del ejido de
ese lugar, para manipular las asambleas y hacer
uso de los recursos que ingresan, denunció la
secretaria general del PRD local, Ángeles Cayetano
Medina.
Cayetano Medina informó que se interpuso una demanda penal
contra los responsables del presunto ilícito,
la cual se encuentra en la averiguación previa
CUAU/TLA/16/2004 a cargo del agente del Ministerio
Público, Fidel Martínez Cervantes, del distrito
judicial de Cuauhtémoc, municipio de Arcelia.
Expuso que los inconformes con la acción Epifanio Benítez Barera, Epitafio Nabor Merlán, Eusebio Cayetano Quintana, Eutiquio
Pineda Díaz, Eusebio Urquidi
Mejía, entre otros 23 en total, demandaron a los
presuntos infractores de la Ley Agraria al presidente
del Comisariado Ejidal
Pedro Florencio Vela; el secretario, Pedro Alonso
Merlan; y el tesoreros,
Andrés Vargas Mancilla; que fungían como tal.
También denunciaron al presidente del Consejo de Vigilancia
de ese organismo, Ausencio
Simón Pérez; secretario, Jesús Santamaría Salvador;
y el tesorero, Dolores Castillo Salgado, que en
una asamblea que no contó con quórum legal nombraron
como avecindados del ejido a algunas personas,
validando la asamblea con personas que ya no viven
y otras que radican en Estados Unidos, falsificando
sus firmas para ello, según unos documentos oficiales.
Cayetano Medina manifestó que el pasado 20 de agosto se llevó
a cabo la asamblea en Nuevo Guerrero, que fue
presidida por la mesa directiva de los ejidatarios
en pleno y donde desahogaron la orden del día.
En el encuentro no hubo quórum legalmente establecido, pues
según el acta levantada y entregada ante el Registro
Agrario Nacional (RAN), se presentaron 56
ejidatarios de 201 legalmente reconocidos.
Agregó que de los 56 supuestos asistentes, varios de ellos
están muerto y otros radican en Estados Unidos,
de acuerdo con una copia de la lista de asistentes
a la reunión presentada como prueba ante la agencia
del Ministerio Público por los demandantes.
En dicha lista aparecen como firmantes Alvino Cayetano Alvarado,
Amadeo Ramírez Francisco, Asunción Valladares
Alonso, Baltasar León Santos, Ciriaca
Cruz Carlos, Ernesto Giles Isidro, y Eutiquio Piedra
Laredo, quienes ya fallecieron.
Ejemplificó que Asunción Valladares murió el 25 de enero de
1999, según el acta de defunción expedida por
la oficial del registro civil de Nuevo Guerrero,
María Rafa Vicente Mondragón; Eutiquio
Piedra Laredo falleció el 6 de agosto de 1999
de un paro cardiorrespiratorio y diabetes mellitas,
según acta de defunción expedida por la oficial
del registro civil; Ernesto Giles
Isidro falleció el 12 de mayo de 2001, según la
oficial Melania Ruiz;
Amadeo Macías Francisco murió a los 90 años el
22 de diciembre de 2000 en Nuevo Guerrero, según
el oficial Adrián Alonso Cayetano.
Otros de los presuntos firmantes del acta de los ejidatarios
es Antonio Higinio Santamaría y Felipa
Márquez Salgado, quienes, según el comisario municipal
Bonifacio Marín Ugalde, radican en Estados Unidos desde hace 20 años, de acuerdo
con una acta oficial de agosto de 2004.
Cayetano Medina explicó que por lo anterior los ejidatarios
pusieron la demanda penal contra la mesa directiva
mencionada y solicitó contra los indiciados se
les castigue por falsificación de documentos oficiales
y falsificación de firmas.
Detalló que a los ejidatarios, mediante notificación radicada
en el expediente T.U.A.
XII-244/2004, el Tribunal Unitario Agrario (TUA)
les ordenó a abstenerse de emitir documentos y
evitar otorgar derechos de posesión hasta en tanto
no se resuelva la controversia presentada por
los quejosos
Añadió que por desobediencia y no presentarse al desahogo de
pruebas a que fueron llamados por el TUA fueron
multados César Alonso Márquez, Pedro Florencio
Vela y Andrés Vargas Macías, quienes aseguraron
que Cayetano Medina obstruye el proceso.
Cayetano Medina aseguró que la estrategia de incluir a nuevos
ejidatarios es para manipular las asambleas y
manejar a su antojo los beneficios que el ejido
recibe por el arrastre de melón que allí siembra
la compañía melonera Legumbrera
San Luis, cuyas labores de arrastre es a particulares,
a quienes les cobra de 3 mil 500 pesos a mil 500,
dinero que no informan, aseguró.
Devolverá el Fifonafe los predios expropiados a
los campesinos de Lomas de Chapultepec. (El Sur (Guerrero), Karina Contreras, p. web)
El comisariado
ejidal de Lomas de Chapultepec,
Mercedes Lozano Morales, informó que para que
le devuelvan las 940 hectáreas al ejido, como
lo ordenó el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número
41, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
(Fifonafe) les pidió que efectuaran algunos
trámites legales, pues si es verdad que están
en los bienes de esa dependencia no las pueden
restituir sin ningún papeleo.
La autoridad ejidal informó que
en días pasados el presidente del Fifonafe, Luis
Nava Guerrero, se reunió
con el magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco,
y algunos ejidatarios, a fin de buscar la forma
para que las tierras sean restituidas luego de
que la dependencia se amparó contra la resolución
del TUA.
Mientras que el dirigente de los
campesinos, Félix Castellanos Hernández, informó
que todavía se analiza la propuesta del Fifonafe
en el sentido de que indemnice a los ejidatarios
y que después éstos las compren a la dependencia,
pues pertenecen al ejido.
Según la explicación que dieron
los funcionarios del Fifonafe –dijo Félix Castellanos–
ellos no pueden regresar los predios porque no
se encuentra dentro de su esquema, y lo que pueden
hacer es pagarles una indemnización y que después
ellos las compren.
Dijo que en próximos días sostendrán
otra reunión para buscar una fórmula que satisfaga
a las partes y dé la certificación de las tierras
al ejido de Lomas de Chapultepec,
las cuales fueron expropiadas para viviendas que
nunca se hicieron, en 1974.
Sobre el caso donde los ejidatarios
pedían la reversión de la expropiación de las
hectáreas, bajo el expediente número 574, el magistrado
Lara Orozco resolvió que la solicitud no procedía
porque los bienes reclamados pasaron de manera
automática al patrimonio del Fifonafe, por disposición
presidencial.
Irregularidades en la SRA, localizan títulos apócrifos. (Cambio Sonora, Miguel
Ángel Barroso, p. web)
HERMOSILLO, Son. (Cambio Sonora).- Serias irregularidades en
la delegación Sonora de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), hallan títulos apócrifos
con firmas falsas del extinto Víctor Cervera Pacheco;
apoyos para productores que se quedaron en los
bolsillos de algunos dirigentes y el ya conocido
“pisa y corre”.
Erick Martínez Rodríguez, delegado de la SRA en Sonora aseguró
que están involucrados exfuncionarios
de esta delegación, quienes están utilizando el
mismo tipo de papel, la información corresponde
como un documento verídico, pero se “empalman”
cuando hay dos dueños, dos títulos.
Añadió que no sólo falsificaron la firma de Cervera Pacheco,
sino también del entonces subsecretario de la
Reforma Agraria, Armando López Nogales; por si
esto no fuera poco, han cobrado por realizar esos
trámites, mismos que en la mayoría de los casos
son gratuitos.
Advirtió que una de las personas involucradas en este delito
de falsificación la han reportado como una experta
del disfraz, en ocasiones es la descripción de
la persona pero con cabello “güero” lampiño, otras
veces se trata de una persona morena con barba
y bigote, vestido de una forma o de otra, abanderando
a un partido y en otras a una organización.
Esta denuncia ya está en las oficinas centrales de la Reforma
Agraria por lo que se procederá con una denuncia
de tipo penal, sin embargo, no saben cuándo ocurrirá
porque dependerá de la denuncia por ser un delito
del orden federal.
Agregó también que hay casos en que los apoyos entregados a
los dirigentes de organizaciones, para que a su
vez los entreguen a sus representados no han llegado
en algunos casos, se actuará en su momento contra
estas personas.
Otro delito común es que van a las comunidades rurales, a la
gente confiada del campo le piden el dinero para
hacer una gestión, o comprar algún equipo, material
o maquinaria, pero jamás vuelven y sólo hay una
vaga descripción estos delincuentes.
Piden investigar en el Ejido Tlapacoyan. (La Opinión (Veracruz), p. web)
TLAPACOYAN, Ver.- Autoridades de la Reforma Agraria
deben realizar una investigación en el Ejido Tlapacoyan,
donde se presume que vivales
han hecho de las suyas al vender terrenos para
colonias, la construcción de un hotel y para una
báscula, por lo que si no se atiende este problema
las consecuencias podrían tornarse difíciles para
las autoridades correspondientes.
Se dice que este ejido al parecer
no se encuentra bien legalizado, "hay algunas
cosas oscuras", dicen algunos quejosos que
prefieren el anonimato por temor a represalias.
En contra parte, se puso fin además
a un litigio de más de 30 años de duración, al
favorecer a campesinos la determinación emitida
por el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo
Primer Distrito en el Estado de Veracruz.
Dicho documento, signado el 29
de abril del 2004, establece se dota de una extensión
de 50 hectáreas a beneficiarios del Cerro de Tepantepec
y a Vega Chica, toda vez que durante más de 30
años autoridades ejidales pertenecientes al Ejido
Tlapacoyan, trataron
por muchos medios de destituirlos de ese pedazo
de tierra que a muchos vio nacer.
Dentro del documento oficial establece
que tienen derecho a poseer y usufructuar las
fracciones de terreno ejidal localizadas en los
predios "Vega Chica" y Cerro de Tepantepec, del Ejido Tlapacoyan,
detalladas en el considerando cuarto de esta sentencia,
incluyendo todo lo ahí plantado, construido y
edificado, sus frutos, acciones y mejoras.
Se condena al referido ejido tanto
a respetar tal posesión, como a la obligación
de no hacer, consistente en abstenerse de perturbar
a Tomás Navarrete García y sus representados en
la posesión que ejercen sobre los terrenos que
fueron materia de litigio.
Solicitan tierra 300 ugocemistas. (Tribuna (Sonora), Juan Barragán, p. web)
Casi 300 solicitantes de tierra, del llamado Rezago Agrario,
afiliados a Unión General Obrera y Campesina de
México “Jacinto López” (UGOCM), según su dirigente
estatal están canalizando estas solicitudes, vía
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado.
El M.V.Z. Juan Gabriel Galindo Pérez
apuntó que ya se le hizo el planteamiento al gobernador
Eduardo Bours, al igual que al secretario general de Gobierno, sobre
la necesidad de buscarle acomodo a los trescientos
campesinos que se quedaron sin tierra, durante
la etapa final del Programa del Rezago Agrario.
Citó que de la cifra de trabajadores del campo, el 60 por ciento
de ellos, correspondientes al Sur de la Entidad,
preferencialmente a
los valles del Yaqui y Mayo, radicados en los
municipios de Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, San Ignacio
Río Muerto y de Bácum
El resto, dijo, ese 40 por ciento están ubicados a los municipios
serranos y del centro de la Entidad, los cuales
ya se encuentran en un listado y están preparados
para ubicarlos dentro del Plan Estatal de Desarrollo,
según la política del ejecutivo estatal.
En otro orden de ideas, Galindo Pérez dijo que a partir de
este primero de marzo, se realizarán cambios en
el Congreso Agrario Permanente (CAP), donde entregará
el mandato Margarito
Montes Parra, previéndose que lo releve el licenciado
José Luis González, dirigente nacional de la UGOCM.
De hecho, dijo que él ostenta la representación del CAP en
el Estado de Sonora, quien también será sustituido
por otra persona, donde se dará a conocer el nombre
del nuevo representante, en la reunión que se
llevará a cabo en la ciudad de México en la fecha
antes señalada.
Custodiaban exmilitares
predio perdido en litigio. (El Heraldo de Chihuahua,
p. web)
Un grupo de exmilitares que cuidaban
un predio conocido como Ejido El Coyamito,
contratados por particulares, fueron apresados
por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones,
luego de que hace seis meses desnudaron, robaron
e hicieron caminar durante 30 kilómetros a empleados
de la Secretaría de la Reforma Agraria
y del Tribunal Agrario que acudieron a restituir
las tierras a los ejidatarios del lugar.
Fue el Tribunal Agrario quien resolvió un juicio de posesión
a favor de 137 ejidatarios, quienes durante meses
esperaron la restitución de las tierras y en más
de una ocasión se enfrentaron con los guardias
armados que cuidaban el predio.
Grupo armado compuesto por 17 exmilitares
mantenía custodiado un predio de 6 mil hectáreas
de terrenos en el ejido Coyamito. Estaban bajo las órdenes del empresario Federico
López Piñón, así como de otras tres familias,
que perdieron un juicio agrario y debiendo hacer
la entrega de los terrenos, siguieron con la posesión
usando la violencia. Agentes federales detuvieron
a 10 de los gatilleros.
No respetaban ni a funcionarios de la SRA, ya que en una ocasión,
cuando se supone que estos funcionarios ejecutarían
la resolución del Tribunal Agrario para hacer
la entrega de los predios a los 137 ejidatarios,
verdaderos propietarios de las parcelas, los exmilitares
robaron, golpearon y desnudaron a los empleados,
haciéndolos caminar por 30 kilómetros de brecha
hasta llegar a la carretera Chihuahua-Juárez.
Fueron elementos de la Agencia Federal de Investigaciones,
AFI, de la Subdelegación Procesos B de la Procuraduría
General de la República, quienes se trasladaron
al citado ejido para realizar un reconocimiento,
ya que existía una denuncia por parte de la Secretaría
de la Reforma Agraria, y otra más por parte de
los 137 campesinos del ejido Coyamito,
por el delito de despojo, amenazas, robo y todos
los delitos que habían acumulado el grupo de gatilleros.
De acuerdo a los expedientes que hay con respecto al caso,
hace unos 8 meses un tribunal agrario emitió una
resolución en favor de los ejidatarios, ya que
ellos son y han sido los originales propietarios
de las tierras. Lo que sucede, es que Federico
López Piñón, así como Claudia López Sroor y Odette Pinonseli Ortiz,
siendo propietarios de 14 mil hectáreas en el
ejido El Pastor, intentaron extender sus dominios
a las 6 mil hectáreas del ejido Coyamito.
Las tierras en disputa se encuentran ubicadas a 120 kilómetros
al norte de la ciudad, a unos 30 kilómetros de
la carretera a Ciudad Juárez, rumbo al este. Es
una basta extensión utilizada principalmente para
el pastoreo de ganado vacuno.
Los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI,
con destacamento en Chihuahua, llegaron a las
citadas propiedades y en cuestión de minutos ubicaron
a los exmilitares a
bordo de varios vehículos, quienes ya iban al
encuentro de los federales, creyendo que se trataba
de funcionarios de la Secretaría de la Reforma
Agraria.
La acción de la AFI, no fue tan fácil, máxime que el grupo
de pistoleros estaba encabezado por un capitán
retirado del Ejército Mexicano, así como por otros
16 elementos de tropa y oficiales del instituto
armado, quienes contaban con todo un lote de armas.
Luego de que los exmilitares fueron
desarmados uno por uno, se inició el traslado
a las instalaciones de la PGR en Chihuahua, para
iniciar el proceso en su contra por todos los
delitos a los que fueron acreedores.
En su primera declaración ante el agente del Ministerio Público,
coinciden en señalar que fueron reclutados por
el capitán Erasmo Juárez Reyez,
en total se formó un comando de 17 personas, pero
en la incursión de los elementos de la AFI sólo
lograron la captura de 10.
Las instruccciones que recibieron
los soldados retirados, fueron en el sentido de
no permitir el ingreso a las tierras del ejido
Coyamito de ninguna
persona, incluidos los funcionarios agrarios,
por ello hace 6 meses asaltaron a una brigada
de empleados de la Secretaría de la Reforma Agraria
y del Tribunal Agrario, quienes debían encargarse
en esa ocasión de hacer valer la resolución y
entregar las tierras.
Con toda impunidad, estos sujetos vinieron realizando el patrullaje
tipo comando en las tierras que pertenecen al
ejido Coyamito. Los ejidatarios llegaron al grado de perder algunas
piezas de ganado extraviadas en la sierra, por
temor a ser baleados y hasta asesinados por los
pistoleros.
Las personas detenidas son, Erasmo Juárez Retes de 49 años
de edad, Francisco Leyva
Alvar de 30, Edgar Omar
Sotelo de 25, Daniel
García Hernández de 23, Francisco Meraz
Figueroa Cruz de 39, Enrique García Hinostroza
de 32, Luis Carlos García Cárdenas de 38, así
como Cristobal Valencia Pérez de 25 años.
El armamento que le decomizaron al
grupo armado, consiste de una escopeta recortada
marca Mossbery, utilizada
principalmente por guerrilleros, otra escopeta
calibre 12 modelo 500AB, un rifle Smith
and Wesson modelo 3000 calibre .22, con mira telescópica, una
escuadra semi automática
marca Ruger calibre
9 milímetros, así como varias cajas de parque
para abastecer las armas antes descritas, dando
un total de 350 cartuchos.
Los vehículos en los que patrullaban la zona en conflicto,
son una Ford Van Econoline
150, así como una pick up Toyota
todo camino
Satisface a AMLO baja en pago a los Ramos Millán. (El Universal, Fabiola Cancino p.
web).
El jefe de Gobierno capitalino,
Andrés Manuel López Obrador, se congratuló por
la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), que determinó que la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) no debe pagar
mil 214 millones de pesos a la familia Ramos Millán
por la expropiación del predio en Santa Úrsula
Coapa.
Destacó que la resolución de que
sólo sean 199 millones de pesos "es buena
noticia, eso sí, vamos, contemos también lo bueno
todo mundo a aplaudir, todo mundo a reír, todo
mundo feliz, una muy buena de la Corte. Ya no
se van a pagar los mil 214 millones".
Aseguró que es bueno que se le
informe a la gente de esa decisión, porque esos
recursos salen del presupuesto, el cual es dinero
de los impuestos de todos los mexicanos. "Querían
cobrar de más los que reclamaban de una afectación,
cuyo abogado, que estaba defendiendo este punto,
es un senador muy famoso".
López Obrador no quiso señalar
el nombre, pero dijo que además de senador es
abogado y líder moral del PAN, en franca referencia
a Diego Fernández de Cevallos.
Acusa Diego a SRA de robar peritajes. (Infosel, p.web).
22-02-05 Infosel Financiero.- MÉXICO.- El senador
Diego Fernández de Cevallos responsabilizó a funcionarios
de la Secretaría de la Reforma Agraria
de robar un peritaje, hecho por la Procuraduría
General de la República, el cual favorecía a sus
clientes en el litigio por la expropiación indebida
de un predio en Santa Úrsula.
"Quién pudo haberse robado un
avalúo que nos favorecía... los funcionarios de
la Secretaría de la Reforma Agraria", insistió
en "Hoy por Hoy", ante un fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó
reducir a 199 millones de pesos la indemnización
que se les debe pagar por la expropiación del
predio.
Según el panista,
el Ministro Presidente de la Corte, Mariano Azuela,
no aclaró en qué avalúo se basó para emitir su
sentencia y sólo rechazó el realizado por la PGR.
Durante más de año y medio las familias
Ramos Millán y Bernal rechazaron tajantemente
la propuesta del Gobierno de pagarles en 40 anualidades
de 30 millones de pesos y a cambio exigieron en
todo momento que se les pagara en una sola entrega.
Hasta el 27 de enero aceptaron la oferta,
pero para entonces la Corte ya tenía un proyecto
de sentencia que reducía el monto y que fue aprobado
la víspera, tras una intensa discusión.
El cobre de Felipillo. (Fórmula On Line, Teodoro Rentaría
Arróvave p.web).
EN LA ESQUINA DE LA INFORMACIÓN. Golpe seco el que le
asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al jefe Diego Fernández de Cevallos y a su despacho
jurídico, al rebajarle a un 10 por ciento el pago
de la indemnización gubernamental a su cliente,
la familia Ramos Millán. De mil millones a 214
millones. ¡Qué palo. 800 millones menos!
Diego Fernández “dogmática e injusta” la resolución
sobre Santa Úrsula Coapa. (La Jornada, Andrea Becerril, p.web).
El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, criticó
la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) de disminuir en mil millones
de pesos la controvertida indemnización a sus
clientes, los Ramos Millán. Es una resolución,
calificó, "dogmática e injusta".
Sostuvo que cumplió con su deber y está tranquilo, porque los
casi 200 millones que recibirán sus representados
son mejores, en términos relativos, al monto original
de mil 214 millones de pesos, si se considera
que esa cifra la habrían percibido en abonos y
sin intereses durante 40 años, tiempo en que "el
dinero se convierte en basura".
Por separado, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús
Ortega, celebró la decisión de la SCJN, ya que,
señaló, se evitó "una transa, un agravio
contra la nación en beneficio de unos cuantos".
Se puso también de manifiesto, agregó, el tráfico
de influencias y la utilización de la representación
pública para beneficio personal.
Consideró que luego de esa resolución se requiere también fincar
responsabilidades a los responsables de la maniobra:
el juez que dictó la sentencia y el perito que
evaluó en más de 4 mil pesos el metro cuadrado
del terreno expropiado en décadas pasadas a los
herederos de Ramos Millán.
Fernández de Cevallos, en tanto, aunque trató, no pudo ocultar
la molestia por la decisión del máximo tribunal
del país en torno a un asunto que, dijo, "se
volvió escandaloso y motivo de muchas infamias".
Como en ocasiones anteriores, el panista
tuvo que responder en el Senado a cuestiones que
no tienen que ver con su tarea legislativa, sino
con los casos de su despacho de abogados. Manifestó
que como jurista que respeta al Poder Judicial
acatará el fallo, pero no lo comparte.
Formuló un cuestionamiento: "La Corte dejó sin efectos
la sentencia que se dictó en 1996 con base en
los criterios que el propio tribunal venía sustentando.
¿Por qué ahora aplica un criterio distinto?"
Criticó también al presidente del tribunal, Mariano Azuela,
por quejarse de que en el expediente del caso
Ramos Millán no aparecía el peritaje de la Procuraduría
General de la República.
"Eso no lo pudimos quitar nosotros, porque era un peritaje
que nos favorecía. En todo caso habría que preguntarle
al presidente de la Corte si no estaba ese peritaje,
¿con base en qué determinó su valor histórico?
Eso es lo único que nos interesa".
El legislador y litigante rechazó que haya incurrido en tráfico
de influencias y sostuvo que está tranquilo porque
cumplió con su deber: "Defendí a mis clientes
en términos de ley, como era mi obligación".
Y dio a entender que no es tan mala la reducción
de la indemnización.
"Paradójicamente, mil 214 millones de pesos, pagaderos
a 40 años y sin actualización, son una cantidad
inferior a los 200 millones actualizados en cinco
años". De esa forma, añadió, la Secretaría
de la Reforma Agraria pagará más, pues "en
40 años el dinero se hace basura".
No quiso precisar cuánto recibirá su despacho por honorarios:
no es el 40 por ciento con el que "malamente
se especula", pero "si fuera ese porcentaje
no sería ilegal".
La mayoría de los senadores, inclusive muchos del PAN, festejaron
la decisión de la SCJN, pero pocos quisieron declarar
sobre el tema. El perredista
Jesús Ortega recordó que eran evidentes las irregularidades
en el caso de los clientes de Fernández de Cevallos,
toda vez que nunca se pudo localizar al perito
que fijó la indemnización millonaria para el predio
de 33 hectáreas en Santa Ursula Coapa,
y añadió que obviamente "estaba amafiado
y coludido con quienes trataron de defraudar al erario".
Celebró que la Corte frenara "esa transa" con una
resolución que pone de manifiesto el tráfico de
influencias y la utilización de la representación
popular para beneficiarse a costa del erario y
los recursos fiscales.
-¿Tendrían que fincarse responsabilidades legales? -se le preguntó.
-Sí, el Consejo de la Judicatura debe investigar al juez y
al perito, ya que es evidente que actuaron de
mala fe.
Satisface a AMLO reducción en pago a los Ramos
Millán.
(CNI, p.web).
DESTACA EL MANDATARIO LOCAL QUE LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN, DE QUE SÓLO SEAN 199 MDP Y NO MIL 214, "ES BUENA NOTICIA"
El jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador
se congratuló por la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó
que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
no debe pagar mil 214 millones de pesos a la familia
Ramos Millán por la expropiación del predio en
Santa Úrsula Coapa.
Destacó que la resolución de que sólo sean 199 millones de
pesos es buena noticia. “Eso sí, vamos, contemos
también lo bueno, todo mundo a aplaudir, todo
mundo a reír, todo mundo feliz, una muy buena
de la Corte. Ya no se van a pagar los mil 214
millones".
Aseguró que es bueno que se le informe a la gente de esa decisión,
porque esos recursos salen del presupuesto, el
cual es dinero de los impuestos de todos los mexicanos.
"Querían cobrar de más los que reclamaban de una afectación,
cuyo abogado, que estaba defendiendo ese punto,
es un senador muy famoso", dijo el jefe de
gobierno del Distrito Federal.
López Obrador no quiso señalar el nombre, pero dijo que además
de senador es abogado y líder moral del PAN, en
franca referencia a Diego Fernández de Cevallos.
AGA/Redacción
Dogmático e injusto el fallo en el caso de la familia
Ramos Millán: Fernández de Cevallos. (La Crónica
de Hoy, José Contreras, p.web).
El presidente del Senado, Diego Fernández de Cevallos, calificó
de "dogmático e injusto" el fallo de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno
al litigio que mantiene la familia Ramos Millán
con la Secretaría de la Reformas Agraria.
En entrevista, el senador panista
indicó que el fallo es dogmático porque dejó sin
efectos la sentencia que se dictó en el año del
96 con base en criterios que la propia Corte venía
sustentando, y porque ahora aplica un criterio
diferente.
Además, agregó, ayer se dijo públicamente que no aparecía el
peritaje de la PGR, "eso no lo pudimos quitar
nosotros, porque era un peritaje que nos favorecía.
En todo caso, habría que preguntarle al señor
presidente de la Suprema Corte ¿si no estaba ese
peritaje, con base en cuál se determinó el valor
histórico?
Agregó: "yo pienso que el asunto se volvió escandaloso,
que se volvió motivo de muchas infamias, que si
yo trafiqué como senador para sacar ese fallo,
cuando ese fallo se dio antes de que yo fuera
senador".
Yo estoy tranquilo, cumplí con mi deber, defendí a mis clientes
en términos de ley como era mi obligación, remarcó.
El fallo de la Corte para evitar presiones del
senador litigante. (La Jornada, Jesús Aranda,
p.web).
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
de ordenar a la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) pagar 199 millones 760 mil pesos como
indemnización por el predio de Santa Ursula Coapa, en lugar de enviar el expediente al juzgado décimo
de distrito administrativo para que éste realizara
nuevos avalúos del terreno de 33 hectáreas, tuvo
el propósito de evitar presiones del senador litigante
Diego Fernández de Cevallos para modificar el
monto en favor de sus defendidos, confiaron fuentes
del máximo tribunal.
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, consideró una buena noticia
el fallo que redujo el monto de la indemnización
que la SRA deberá pagar a la familia Ramos Millán.
"Ya no se van a tener que pagar mil millones de pesos
con dinero de todos los mexicanos, que querían
cobrar de más quienes reclamaban la afectación
y cuyo abogado es un senador muy famoso",
apuntó en alusión al panista
Diego Fernández de Cevallos.
Esta actitud contrastó con la del subsecretario de la Reforma
Agraria, Armando Ríos Piter,
quien en breve entrevista se limitó a comentar
que este "tipo de resoluciones sólo se acatan"
y que la dependencia no debe "decidir si
está bien o no lo que dice la Corte".
A su vez, José Durán Vera, presidente de la Unión Campesina
Democrática (UCD), consideró que el fallo "estuvo
bien, porque era indudable que la cantidad que
se tenía que pagar estaba fuera de la realidad"
presupuestal de la SRA. Sostuvo que esto beneficiará
a los campesinos, pues en cierta forma "protege
el presupuesto del sector agrario", pero
consideró que aún se castiga las partidas destinadas
al sector agrario.
Se congratuló de que la Corte "siente un precedente de
esta magnitud, pues hay muchos asuntos que se
llevarían todo el presupuesto agrario del país
en pago de indemnizaciones".
No obstante, lamentó que el máximo tribunal tenga "criterios
distintos cuando se trata de ricos que cuando
son campesinos. Nos preocupa que la Corte tenga
una forma distinta de actuar cuando son intereses
privados que cuando son sociales. Nosotros tenemos
infinidad de asuntos que no se pueden ejecutar
en favor de los campesinos y que se están desechando".
Fuentes de la Corte señalaron que, a diferencia de otros asuntos
similares en que se regresan los expedientes al
juzgado de origen para que se tome en cuenta el
valor comercial de los terrenos a la fecha de
la expropiación y no el valor comercial actual,
en esta ocasión el ministro instructor, Juan Díaz
Romero, contaba con todos los elementos necesarios
para fijar el monto de la indemnización del predio
expropiado a los Ramos Millán en 1984. También
aceptaron los entrevistados que con este fallo
definitivo e inatacable se cerró la puerta a cualquier
negociación extralegal de Fernández de Cevallos.
Los funcionarios reconocieron, por otro lado, que "la
fuerza" del senador panista
quedó demostrada con los cuatro votos en su favor
(de los ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Sergio Valls Hernández
y José Ramón Cossío), pese a que en la discusión del asunto quedó claro
que el avalúo inicial superior a mil 214 millones
de pesos -a pagar en anualidades de 30 millones
de pesos durante 40 años- era "notoriamente
ilegal".
Los ministros evitan opinar sobre la actitud de Margarita Beatriz
Luna Ramos, quien se excusó para conocer del asunto
en razón de que siendo ella magistrada
del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa
convalidó el avalúo que ayer echaron abajo cinco
de sus compañeros. La intervención de Fernández
de Cevallos fue fundamental para que fuera nombrada
ministra a finales de 2003.
Acato pero no comparto fallo de la Corte: Diego. (El Sol de México, Bertha Becerra,
p.web).
"En primer lugar, respeto a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), y en segundo lugar, acato
su fallo", afirmó el senador Diego Fernández
de Cevallos, quien aclaró que "por supuesto
no lo comparto porque fue dogmático, porque la
Suprema Corte dejó sin efectos la sentencia que
se dictó en el año de 1996 con base en los criterios
que sustentaba y ahora aplica un criterio diferente".
Al hablar "como jurista que se respeta y que respeta al
Poder Judicial", el senador panista
insistió en que considera que el fallo de la SCJN
fue dogmático, es injusto, pero se debe cumplir.
"¡Para llorar, para hacerse la víctima, ya tenemos con
López Obrador!", dijo en entrevista.
De este asunto recordó que se volvió escandaloso y motivo de
muchas infamias, "que sí yo trafiqué como
senador de la República para sacar ese fallo",
cuando el fallo se dio años antes de que fuera
senador, cuando no tenía ningún cargo público.
Dijo estar tranquilo. "Cumplí con mi deber, defendí a
mis clientes en términos de ley como era mi obligación.
Además, paradójicamente, mil 214 millones pagaderos
a 40 años, sin actualización, son una cantidad
inferior a los 200 millones actualizados en 5
años".
Resaltó que en última instancia la Secretaría de la Reforma
Agraria va a pagar más actualizando esa cantidad
que si la hubieran pagado en 40 años, porque el
dinero se hace basura.
Y en cuanto a sus honorarios, dijo que un porcentaje de 40
por ciento, como se especula, no es cierto. "No
es 40 por ciento, y por respeto a mis clientes
no voy a establecer los convenios que sobre honorarios
se tienen. Pero no es 40 por ciento, y si lo fuera
no sería ilegal", reiteró el senador Fernández
de Cevallos.
Defiende Diego a Creel
y arremete vs. rector. (Noticieros Televisa, Claudia
Flores Barreto, p.web).
CIUDAD DE MÉXICO, México, feb. 22, 2005.- El senador Diego
Fernández de Cevallos defendió la posición del
secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda.
"Lo que a mi no me parece correcto es que algunos estén
pidiendo al secretario de Gobernación que se retire
cuando hay otros aspirantes con cargos públicos
a quienes se les deja tan campantes; si vale para
unos, valdría para todos, al margen de si es o
no una exigencia legal, porque la ley en este
momento no obliga a ningún funcionario a retirarse",
declaró el senador panista.
Sobre el fallo de la Corte en el caso Ramos Millán, Fernández
de Cevallos dejo claro que lo respetará en todos
sus términos.
El senador fue entrevistado luego de acompañar al secretario
de Gobernación a la ceremonia del aniversario
luctuoso 92 de Francisco I Madero, en Los Pinos.
Asegura Fernández de Cevallos que acatará el fallo
de la SCJN. (Once Noticias, Carlos Ibarra,
p. web).
Diego Fernández de Cevallos, dijo que acatará el fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
respecto al predio Santa Ursula Coapa, pero niega estar dispuesto a poner la otra mejilla.
“Después de respetar y acatar el fallo, por supuesto que no
lo comparto por que fue dogmático, por que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin
efecto la sentencia que se dictó en el año de
96 con base en los criterios que la propia Suprema
Corte de justicia de la Nación venía sustentando”,
comentó Fernández Cevallos.
La explicación, según Fernández de Cevallos, es la falta del
peritaje que valúa el predio de Santa Ursula en
más de mil 214 millones de pesos.
“Cosa curiosa, el dictamen del perito tercero, que es el único
en el que se funda la sentencia, no aparece en
el expediente, bueno, me llamó mucho la atención”,
dijo Mariano Azuela Güitrón,
presidente de la SCJN.
“Ese no lo pudimos quitar nosotros del expediente por que era
un peritaje que nos favorecía. Y en todo caso
habría que preguntarle al señor presidente de
la Suprema Corte, si no estaba ese peritaje, ¿con
base en cuál determinó un valor histórico?”, agregó
Fernández Cevallos.
Quita la Corte 1015 mdp
a la familia Ramos Millán. (Noticieros Televisa, Enrique
Rodríguez, p. web)
CIUDAD DE MÉXICO, México, feb.
21, 2005.- Con cinco votos a favor y cuatro en
contra, los ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) determinó reducir el monto
de indemnización del predio expropiado a la familia
Ramos Millán.
La familia, clientes de bufete
legal del senador Diego Fernández de Cevallos,
acaba de perder mil 15 millones de pesos en este
litigio.
La Corte redujo un monto indemnizatorio
que era de originalmente de 1, 214 millones de
pesos, se reduce en mil 15 millones de pesos,
con lo que queda en 199 millones de pesos, de
los cuales ya se han pagado 60.
Con esta resolución de la Corte
se ha ahorrado al país mil 15 millones de pesos,
que ya no irán a bolsas de particulares, sino
que permanecerán en el erario público.
Se trata de una asunto fallado,
una última instancia y constituye un revés para
la familia Ramos Millán y para el senador que
dirige el despacho que dirige este asunto
Pulso Político. (El Universal,
Francisco Cárdenas Cruz, p. web)
"Para llorar, para hacerse víctimas, ya tenemos con López
Obrador", comentó ayer el senador panista
Diego Fernández de Cevallos al comentar el fallo
adverso de la Suprema Corte de Justicia en el
caso del predio de la familia Ramos Millán a la
que en vez de pagársele mil 214 millones de pesos
por un terreno que le fue expropiado, la Secretaría
de la Reforma Agraria sólo le pagará 139 millones
760 mil pesos... Dijo el polémico legislador blanquiazul
y presidente del Senado que acatará el fallo de
la Corte, pero lo calificó de "dogmático
e injusto", al recordar que ese tribunal
ya había emitido una resolución distinta...
Plaza Pública. (El Siglo
de Durango, Miguel Ángel Granados Chapa, p.web).
Mil Millones de
pesos
Es mal perdedor Diego Fernández
de Cevallos. Apareció en la pantalla del canal
dos, anteanoche, con el rostro descompuesto. Pretendió
ironizar diciendo que además de juristas ahora
los ministros de la Corte resultaban valuadores
inmobiliarios. Resentía el golpe que hizo perder
a clientes de su despacho poco más de mil millones
de pesos, cantidad descomunal aun cuando fuera
pagada en cuarenta años, contados a partir de
2003.
Y sí, el ministro Juan Díaz Romero
aplicó en su ponencia, aprobada por cinco votos
contra cuatro (dos ministros estuvieron ausentes),
un criterio de valuación territorial, semejante
aunque con diferente premisa y por lo mismo con
resultados diversos, al que un juez federal y
unos magistrados habían desplegado en anteriores
etapas procesales. Y es que los jueces de primera
y segunda instancia erróneamente --pues no tenemos
base para decir que a causa de otra motivación--,
tasaron el predio de 333 mil metros cuadrados
en Santa Úrsula Coapa
conforme al precio vigente a la hora de la sentencia
y no conforme al del mercado a la hora en que
se violó la garantía por la cual la familia Ramos
Millán acudió al amparo.
El 27 de enero la Corte se disponía
a resolver el asunto que finalmente llegó el lunes
a su punto final. Se esperaba la aprobación de
la ponencia de Díaz Romero, que reducía el monto
de la obligación estatal hasta 199 millones de
pesos, ¡mil y pico millones menos de la cantidad
judicialmente fijada! Pero una maniobra de última
hora pasmó a la Corte durante varias semanas.
Ante el riesgo inminente de aquella magna poda
a sus intereses, los herederos de Ramos Millón
asesorados por el despacho del Presidente del
Senado admitieron una forma de pago contra la
que se habían rebelado. Y pusieron al tribunal
constitucional a un tris
de considerar que de ese modo se había perdido
la materia del incidente de inejecución que debía
ser resuelto por los ministros.
En síntesis, había ocurrido lo
siguiente: mucho años atrás fue expropiado el
ejido Santa Úrsula, para regularizar la posesión
de muchos precaristas que al socaire del crecimiento
urbano se habían posesionado de tierras que perdieron
su vocación agrícola. Operaciones de esa naturaleza
menudearon en el medio siglo reciente, y dieron
lugar a innumerables litigios. En este caso, la
familia Ramos Millán se inconformó con la decisión
del Gobierno Federal porque indebidamente se incluyeron
en la superficie ejidal expropiada terrenos de
su propiedad. Mediante el juicio de amparo consiguieron
que se reconociera su derecho. No fue posible,
sin embargo, devolver a los propietarios los predios
afectados, porque se habían poblado y surcaban
la extensión calles y avenidas e instalaciones
de otros servicios públicos. Se acudió entonces
a la fórmula del cumplimiento sustituto, es decir
al pago de los daños y perjuicios que causaba
a la familia afectada la imposibilidad de restituirle
la propiedad. Se llegó así al punto controvertido
en esta última parte del prolongado litigio (que
presenta numerosas aristas que no es del caso
incluir aquí ahora), que consistió en la fijación
del monto a pagar.
La suma establecida, mil doscientos
catorce millones de pesos, era impagable por el
sujeto obligado, la Secretaría de la Reforma
Agraria. La negativa a cubrir esa cantidad,
por imposibilidad material --la cifra representaba
más del presupuesto anual de la dependencia--
fue formulada primero por la ahora consejera de
la judicatura María Teresa Herrera Tello y luego
por el actual titular de la SRA, Florencio Salazar
Adame. Amén del riesgo de destitución y cárcel por desacato,
ambos fueron intimidados por juicios ordinarios
civiles contra ellos como personas privadas. Salazar
Adame acudió a la Secretaría
de Hacienda y ésta al Congreso en busca de un
financiamiento adicional que permitiera enfrentar
esa obligación. Y ante la imposibilidad de conseguirlo,
Hacienda propuso una fórmula que la SRA hizo suya,
para ofrecer a la Corte indicios de cumplimiento:
pagaría los 1,214 millones de pesos en anualidades,
cuarenta, a razón de treinta millones de pesos
por año.
Los Ramos Millán (a quienes llamamos
así por simplificar, aunque los protagonistas
tengan también otros apellidos) rechazaron el
mecanismo y no retiraron del juzgado federal 60
millones de pesos que depositó la SRA. Cambiaron
de opinión cuando conocieron el sentido de la
sentencia que propondría el ministro Díaz Romero.
Y estuvieron a punto de conseguir su propósito.
Pero el lunes 21, seis ministros opinaron que
no había habido un convenio entre las partes que
dejara sin materia el incidente de inejecución.
Y luego redujeron a la sexta parte el exagerado
monto, impagable en una sola exhibición como originalmente
pretendieron los afectados.
Don Genaro David Góngora Pimentel
sintetizó admirablemente la cuestión al proponer
la insubsistencia de la sentencia que fijó aquella
suma "mediante un procedimiento notoriamente
viciado". Dijo que "dejarlo firme con
la sola manifestación de la quejosa, de que está
de acuerdo en la manera en que la autoridad habrá
de pagar la cantidad que indebidamente aceptó
el juez de distrito constituye, en mi opinión,
una gran responsabilidad para esta Suprema Corte
de Justicia, pues ello convalidaría una resolución
que puede afectar gravemente a la sociedad, por
el desvío de los recursos públicos necesarios
para solventarla...(y) convalidaría una resolución...que
se dictó de manera ilegal ante la indebida valoración
de las pruebas aportadas".
Frentes Políticos. (Excélsior, Irma Pilar Ortíz, p. web)
La propuesta de reforma al marco
Jurídico Agrario se encuentra lista y en breve
será enviada al presidente Vicente Fox
Quesada. El documento contempla reformas y adiciones
que garantizarán una reforma agraria más sólida
y fuerte, así como un Registro Agrario Nacional
con más eficiencia y modernidad.
Será el Ejecutivo Federal quien
envíe la iniciativa en la materia al Congreso
de la Unión con los elementos de la propuesta
que se trabajó durante 18 meses con la participación
de organizaciones campesinas y sociales a nivel
nacional.
Expropiaciones. (El Siglo
de Torreón, Sergio Sarmiento, p. web)
23 de febrero de 2005
“Las expropiaciones
sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública
y mediante indemnización”.
Artículo 27, Constitución
Este lunes 21 de febrero la Suprema
Corte de Justicia determinó, en una cerrada votación
de cinco contra cuatro con dos ausencias, reducir
la indemnización por la expropiación de 30 hectáreas
de terreno en Santa Úrsula, al sur de la ciudad
de México, que se le hizo a las familias Ramos
Millán y Bernal en la década de 1980.
La disminución del monto ha sido
muy fuerte: de los 1,214 millones de pesos determinados
originalmente y ratificados por un tribunal de
distrito, a 199 millones de pesos.
El caso ha adquirido notoriedad
debido al hecho de que el senador Diego Fernández
de Cevallos ha litigado este caso a favor de las
familias afectadas. La decisión de la Corte, de
hecho, ha sido presentada por los medios de comunicación
como un triunfo de la sociedad mexicana, la cual
se ahorrará más de mil millones de pesos, en contra
del senador litigante.
En distintas ocasiones yo he expresado
mi desacuerdo con el hecho de que un legislador
litigue en los tribunales. Es una posición que
ratifico ahora. Ni el senador Fernández de Cevallos
ni nadie más debería poder litigar al tiempo que
tiene un cargo de legislador. Si bien la práctica
es ilegal, provoca un conflicto de interés.
Pero a mi juicio el problema de
fondo en este caso, como en tantos otros que se
han disputado en los tribunales y en los medios
de comunicación en los últimos tiempos, es la
facilidad con la que el Gobierno Federal lleva
a cabo expropiaciones que no son necesarias, que
no tienen realmente un propósito de utilidad pública
y que no se indemnizan adecuada y oportunamente.
La expropiación del predio de Santa
Úrsula, que se encuentra junto al estadio Azteca,
se llevó a cabo durante el Gobierno de Miguel
de la Madrid. Se utilizó, como es común, la justificación
de un acto de utilidad pública. Pero, como tantas
veces ha ocurrido, los terrenos fueron posteriormente
fraccionados y vendidos para viviendas de clase
media y para un hotel.
La decisión de la Suprema Corte
de Justicia de este lunes es importante porque
se registra después de que un juez de primera
instancia falló a favor de las familias afectadas
y un tribunal de distrito ratificó la decisión.
El monto de la indemnización original, de 1,214
millones de pesos, había sido aceptado incluso
por las autoridades federales, que habían llegado
a un acuerdo con las familias afectadas para hacer
el pago en anualidades de 30 millones durante
un lapso de 40 años. La decisión de la Corte cambia
todo.
Desde un punto de vista técnico,
los ministros modificaron el criterio con el que
se establece el monto de una indemnización. Tradicionalmente
los tribunales y la propia Corte habían aceptado
que la indemnización debía definirse a valor presente.
La Corte ahora ha determinado que se debe establecer
a valor histórico.
Los ministros tienen, por supuesto,
derecho de cambiar los criterios jurídicos del
pasado. Pero en un mundo en que el valor del dinero
se deteriora con el tiempo y en que el Gobierno
se demora muchas veces décadas para pagar las
indemnizaciones por expropiación, el nuevo precedente
es sumamente peligroso. De alguna manera se está
condenando a quien es objeto ya de un despojo
por parte del Gobierno, el cual le quita una propiedad,
a sufrir otro: recibir una indemnización inferior
al valor real del predio. Otro punto inquietante
en la decisión es el hecho de que se argumentó
que el monto de la indemnización era muy elevado
porque impediría la realización de una gran cantidad
de obras de beneficio social. Pero la Corte, supuestamente,
no debería tomar decisiones sobre una base de
conveniencia social. Si el Gobierno realizó una
expropiación, que incluso ha sido legalmente considerada
como indebida, lo justo es que pague una indemnización
por el valor real del predio.
La mayoría de estos pleitos se
evitaría, por supuesto, si el Gobierno entendiera
que las expropiaciones deben ser una última opción
y realizarse realmente por una causa de utilidad
pública y previo pago de una indemnización. Esto
lo dice el artículo 27 de la Constitución. Pero
en el gran negocio que son las expropiaciones,
las cuales se utilizan para la creación de fraccionamientos
y negocios privados que dejan enormes ganancias,
nadie se acuerda ya de la Constitución.
Apoyará FIRA a sonorenses. (El Imparcial, Sergio Fimbres, p.
web)
HERMOSILLO, Sonora.
Para los agricultores sin tierra donde sembrar, la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) regalará 30 millones
de pesos a los sonorenses interesados.
El delegado en Sonora de la dependencia federal, señaló que
aunque hasta abril se abre la ventanilla única
de recepción de documentos, los solicitantes deben
preparar su proyecto desde ahora.
Será el FIRA quien evalúe los proyectos y autorice un monto
máximo de hasta 500 mil pesos para adquirir un
pedazo de tierra para siembra.
Uno de los requisitos principales es vivir en una comunidad
menor a 15 mil habitantes y no ser ejidatario
ni pequeño terrateniente.
Nota Publicada: 21/2/2005 11:58 am
Sector agropecuario
Demandas indígenas, peligro para los megaproyectos
que impulsan Fox y AN. (La Jornada, Alma E. Muñoz, p. web).
Ante las demandas de las comunidades indígenas, que exigen
justicia y la erradicación de la pobreza, el Partido
Acción Nacional (PAN) y el presidente Vicente
Fox Quesada han fortalecido
el impulso al desarrollo empresarial, y evidencian
que las peticiones y experiencias de autonomía
de aquellos pueblos representan "un peligro"
para la aplicación de megaproyectos impulsados
por transnacionales, sostienen académicos en el
libro El Estado y los indígenas en el tiempo
del PAN.
En el texto coordinado por Rosalva
Aída Hernández, Sarela
Paz y María Teresa Sierra, del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social,
señalan que las políticas establecidas apuntan
hacia la "fragmentación" de los grupos
étnicos, como ocurre en Chiapas, mediante procesos
de renegociación locales, y no a la recomposición
de los mismos.
En tres apartados, varios académicos analizan lo que denominan
el neoindigenismo, término
acuñado para referirse a las pretensiones de renovación
del discurso oficial, aunque en realidad continúa
la aplicación de viejas prácticas (priístas) en
las instituciones creadas por Fox.
El ejemplo más claro al que alude Natividad Gutiérrez es la
desaparición del Instituto Nacional Indigenista
para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, en 2003. La investigadora
establece que ésta se mantiene como una instancia
asistencialista y de
carácter vertical que no toma en consideración
la opinión de las etnias para el manejo de programas.
Paloma Boffil documenta que los discursos
de género del gobierno federal no significan transformaciones
estructurales para impulsar programas en favor
de las mujeres indígenas. Salomón Nahamad
y Neil Harvey muestran que los megaproyectos, como el Plan Puebla-Panamá,
o proyectos regionales, como los financiados por
los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo
en Oaxaca, se deciden, planean y aplican de espaldas
a la población a la que van dirigidos.
Otros autores analizan la disputa por los derechos y la pluralidad
del Estado. Magdalena Gómez, Consuelo Sánchez,
Francisco López Bárcenas y Juan Carlos Martínez insisten en que la negativa
a reconocer constitucionalmente los derechos autonómicos
de los pueblos indígenas, consagrados en los acuerdos
de San Andrés Larráinzar,
deriva de decisiones políticas y económicas calculadas
por grupos de poder, porque asumirlos significaría,
entre otras cuestiones, imponer contrapesos a
las políticas neoliberales y tener que negociar
con "actores sociales incómodos" que
no comparten el mismo proyecto del Estado.
Finalmente, en el apartado denominado Identidad, Rosalva Aída Hernández, María Teresa Sierra, Héctor Díaz-Polanco
y Sarela Paz retoman
los análisis de sus coautores para confirmar que
"estamos ante un proyecto político e ideológico
que, amparado en una retórica legal de la diversidad,
apunta a fortalecer un proyecto de nación excluyente,
de minorías, y no fundado en el reconocimiento
de los pueblos indígenas y de sus autonomías".
El texto será presentado hoy.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Gobierno del Estado no tiene política agraria. (Tribuna de Campeche, p. web)
El Gobierno del Estado no tiene política agraria, sólo atiende
algunos pendientes de problemas económicos de
terratenientes y personas adineradas de algunas
regiones, mientras para el sector social no hay
nada, criticó aquí el dirigente nacional de la
Central Unitaria de Trabajadores, Sergio Almaguer
Cossío.
Previo a su reunión con funcionarios estatales de gobierno,
donde expusieron demandas de soluciones agrarias,
apoyo para resolver la posesión de tierras y servicios
públicos, lamentó el desinterés de las autoridades
estatales por resolver las demandas del pueblo.
En Campeche, por su carácter geográfico, al igual que en el
país, hay una protesta y una inconformidad social,
que de no ser atendidas y escuchadas ahora buscarán
otra forma de organizarse, que no resultará de
mucho agrado para el Gobierno del Estado.
Criticó ese desinterés de las autoridades, incluso la dificultad
de las organizaciones agrarias para ser atendidas
sus demandas, lo que atribuyó a la herencia de
Carlos Salinas, cuando desapareció la formación
de los ejidos con la reforma al artículo 27 constitucional,
que lejos de abrirle las puertas al campesino
permitió la entrada del capital extranjero al
agro.
Explicó que la Central Unitaria de Trabajadores tiene presencia
en 23 estados del país, con una base social indígena
y campesina, cuyo principal reclamo es la atención
a los problemas agrarios, y lamentó que tanto
el Gobierno Federal como del Estado, carezcan
de políticas agrarias, incapaces de resolver los
problemas del campo, sujeto a una política internacional
impuesta por el Tratado de Libre Comercio.
Tenemos un campo destruido para el sector social sin posibilidades
de acceder a programas. "No creemos en el
Gobierno Federal cuando dicen resolver los problemas
agrarios, pero lo cierto es que dejan intactas
los derechos de los terratenientes".
Denunció que al sector agrario ha incursionado la inversión
extranjera, para comprar las parcelas de los ejidatarios
abusando de sus necesidades, y ello ha incrementado
el número de desempleados, de campesinos que emigran
a las ciudades, y de no haber una rectificación
en la política terminará en un estallido social.
Tras más de dos horas de reunirse con funcionarios de la Dirección
de Gestoría Institucional, el dirigente de la
Central Unitaria de Trabajadores aceptó la propuesta
de resolver uno a uno las demandas con las autoridades
correspondientes.
ESTADO DE MÉXICO
Evaluarán Mazahuas y
Gobierno avances para diseñar Ordenamiento Ecológico
Regional. (El Sol de México, Jorge Olmedo, p. web).
Representantes de los tres órdenes de Gobierno y del Frente
Mazahua se reunieron ayer para evaluar y revisar los avances
de las acciones que se desarrollan en el municipio
Villa de Allende, Estado de México, que les permita
diseñar el Ordenamiento Ecológico Regional, que
será la base del desarrollo sustentable que se
pretende para esas comunidades.
Reunidos en la Secretaría de Medio ambiente y ante el titular
de la misma, Alberto Cárdenas Jiménez, quedó en
claro la buena disposición para continuar avanzando
en cada una de las acciones planteadas en octubre
de 2004 para llevarlas a feliz término y direccionar
sus esfuerzos hacia el desarrollo de la región
con nuevos trabajos en el 2005.
Para el efecto, acordaron realizar una reunión este miércoles
23 a fin de puntualizar las fechas de conclusión
de los trabajos que están en curso; asimismo,
establecieron realizar reuniones posteriores para
trabajar sobre el Programa de Desarrollo Sustentable
y acordaron con el secretario Cárdenas Jiménez,
reunirse el 29 de marzo próximo para hacer una
evaluación global.
También destacaron el ambiente de comprensión que permite avanzar
en los trabajos. El secretario hizo un reconocimiento
a todas las dependencias federales, estatales
y municipales, así como a los representantes del
Frente Mazahua, toda
vez que la "colaboración que priva, nos permite
ir por buena ruta".
Por su parte, Victoria Martínez, manifestó la existencia de
avances y reiteró la posición de la comunidad
de esperar que concluyan en las fechas previstas.
En esta reunión, prevista desde el primero de febrero pasado
entre el secretario y los representantes del Frente
Mazahua, participaron:
Juan Carlos Arenas López, titular de la Unidad
para la Atención de Organizaciones Sociales de
la Secretaría de Gobernación; David Cuevas García,
coordinador general de Delegaciones y Coordinaciones
Regionales de la Semarnat; Manuel Reed Segovia, director
general de la Conafor;
Heriberto E. Ortega, subsecretario de Gobierno
del Estado de México; José Marcos Aguilar Moreno,
delegado de la CNA; Salvador Moreno García, gerente
regional de la Conafor; Antonio Díaz de León, director general de Política
Ambiental e Integración Regional y Sectorial de
la Semarnat; Marjorie
Thaeker, delegada de
la Comisión de Derechos Indígenas; Roberto E.
von Bertrad, delegado de la Sagarpa;
Angel Rojas Salgado, representante de Sedagro;
y Juan García Elizondo,
delegado de la SCT.
GUERRERO
La disputa de la comisaría de Axoxuca, un problema de posesión de tierras, dice el alcalde. (El Sur, Jesús Rodríguez,
p. web).
Los dos bloques de vecinos de la
comunidad de Axoxuca,
de municipio de Tlapa de Comonfort, que disputan
la comisaría municipal por un “problema” de posesión
de tierras, más que por obtener la autoridad,
por eso el Ayuntamiento analiza la posibilidad
de solicitar la intervención de las instancias
agrarias a fin de solucionar el conflicto, informó
el alcalde de Tlapa, Rufino Vázquez Sierra.
Vázquez Sierra, quien es señalado
por el grupo que pugna por la elección de estar
“trabando” los trámites para que ésta pueda efectuarse
el 6 de marzo, como se tiene contemplado con el
Consejo Estatal Electoral (CEE), el cual organizará
el proceso mediante el Consejo Distrital
11.
Entrevistado al respecto, Vázquez
Sierra dejó entrever que prácticamente la elección
del comisario no se llevará cabo, debido a que
una de las dos partes –identificada con el PRI-
que previamente, por medio de un documento, aceptó
el proceso, ahora se opone a los comicios.
Negó que está interviniendo a favor
del grupo con el cual lo identifica el otro bloque,
y consideró que el lío y disputa por la comisaría
es por “un problema por las tierras”.
Dijo: “Éste, considero, es un problema
de tierras. Ésa es la causa de las broncas, por
eso he visto la posibilidad de pedir que intervenga
las autoridades agrarias” para intentar solucionar
el conflicto.
Sobre los señalamientos que han
hecho los ciudadanos de Axoxuca
que están a favor de la elección de comisario,
en el sentido de lo responsabilizaron de estar
“trabando” los trámites para que se lleve a cabo,
porque el Cabildo no le tomó protesta a la comisión
electoral del CEE, para que esté legitimada y
organice el proceso, se deslindo de la responsabilidad
y argumentó que mientras un grupo no esté de acuerdo
con la elección, el Ayuntamiento no puede seguir
con los trámites.
Manifestó que “un grupo dice que
no (quiere a elección) y eso me echa a perder
todo (…) eso dificulta la situación” y “el Ayuntamiento
tiene toda la disposición, la voluntad de que
(la elección) se lleve a cabo”. Sin embargo, el
grupo de Axoxuca que
busca el proceso ha indicado lo contrario.
Anunció que en los próximos días
citará a ambas partes a dialogar para ver de qué
forma se resolverá la disputa por la comisaría,
la cual consideró que tiene sus orígenes en el
conflicto por las tierras.
Por otra parte, por la mañana unos
20 propietarios de los 40 locales que fueron consumidos
hace unas semanas en el incendio del mercado municipal
Nuevo Horizonte, asistieron al Ayuntamiento donde
recibieron un apoyo para la reestructuración de
sus puestos, por un monto de 129 mil pesos.
Una de las propietarias reveló
que este apoyo será único, por eso no recibirán
las estructuras metálicas que el secretario del
Ayuntamiento, Arturo Valencia, había anunciado
que entregarían.
MICHOACÁN
Ceden derechos de 256 hectáreas de El Tamarindillo. (La Jornada. Ernesto Martínez,
p. web).
Coahuayana, Mich.,
22 de febrero. El conflicto generado por la venta
de la playa El Tamarindillo, ante la inconformidad
de ejidatarios de la comunidad El Ticuiz,
por el tráfico de influencias y los trámites acelerados
que promovió Cosme Mares Hernández, presunto prestanombres
del presidente Vicente Fox, concluyó con la cesión de derechos de 265 hectáreas.
De acuerdo con las autoridades de El Ticuiz,
las 20 hectáreas colindantes con la zona federal
de la playa, por las que se complicó el trámite
legal -pues siguen siendo propiedad de los ejidatarios-,
y que no están incluidas en los planos, serán
donadas mediante un acuerdo de la asamblea.
En enero pasado, el semanario Proceso publicó que la
familia Fox-Sahagún
compró las 265 hectáreas que abarcan toda la bahía
de El Tamarindillo, por las que pagaron 25 millones
de pesos por conducto de Cosme Mares Hernández,
empresario guanajuatense. La publicación señaló
que de los 135 ejidatarios a quienes les pertenecían
los terrenos, sólo seis se negaban a vender la
bahía, por lo que interpusieron una demanda de
nulidad por la venta ante el Tribunal Agrario
número 38, con sede en la ciudad de Colima.
Como parte de la solución del conflicto, los comuneros que
no estuvieron de acuerdo con la privatización
de la playa conservarán dos hectáreas cada uno,
y así el comprador finiquitará el trato en el
que invirtió 25 millones de pesos.
Lo anterior se logró luego de que el asunto fuera ventilado
públicamente. En las pasadas semanas, Mares Hernández
otorgó todas las facilidades para que María Trinidad
Martínez, Antonio Lúa,
María Dolores Rincón, Adán Martínez Dueñas y María
Mora conservaran su predio.
El presidente del comisariado ejidal
del Ticuiz, Andrés Cárdenas
Guerrero, señaló que respecto a la venta de El
Tamarindillo se dijeron "muchas verdades
a medias, primero porque los ex alcaldes como
Dámaso Mendoza y su primo Elías López Mendoza
se pronunciaron en contra de la privatización
del predio, porque ellos poseen una franja de
terreno que les regalaron los ejidatarios en otro
momento".
OAXACA
Vuelve la tensión a los Chimalapas. (El Imparcial, Gonzalo Domínguez, p. web).
Tehuantepec, Oax.-
Luego de una nueva invasión de familias chiapanecas
y veracruzanas en el predio “La Gringa” en un
área aproximada de 70 hectáreas pertenecientes
a Santa María Chimalapas, indígenas zoques reportaron que existe tensión
en la comunidad de San Francisco La Paz, y hay
temor por un enfrentamiento en ese poblado.
El agente municipal de San Francisco
La Paz, Eleuterio Vargas , vía telefónica indicó
que en asamblea de la comunidad, ayer por la mañana,
invitó a los comuneros a no provocar a los invasores
y mantener la calma, y esperar a que actúe el
Gobierno del Estado.
“No queremos un enfrentamiento,
queremos que el gobierno actúe, ellos ya están
enterados de la invasión en el predio La Gringa”.
De acuerdo a la autoridad, los
invasores fueron llegando desde el día sábado
por la mañana, y se apoderaron de los campamentos,
no obstante a que fueron desalojados hace aproximadamente15
días por las unidades operativas de la Dirección
de Seguridad Pública del Estado.
En la zona de invasión de La Gringa,
existen unos 40 campamentos de familias de Veracruz
y Chiapas que permanecen en su poder.
Se supo que una partida de la Policía
Preventiva del Estado quiso intervenir para patrullar
la zona, pero al verse descubiertos por los invasores
decidieron replegarse a su base, “porque más de
250 personas les hicieron frente”.
“Eran más invasores que policías”,
dijo un habitante de San Francisco La Paz, quien
urgió la intervención del Gobierno del Estado
ante el problema de invasión que enfrentan en
el terreno de los Chimalapas.
“La mayoría son de Veracruz, del
poblado 10, 11, 12, 15 y Nuevo Córdova, del Valle
de Uxpanapa, no sabemos
si están armados, pero nuestra gente está asustada”,
señaló una fuente de la comunidad.
Durante la asamblea de ayer, los
comuneros zoques decidieron poner en alerta al
dirigente comunal Reynaldo Cruz para que gire los oficios correspondientes a
fin de que nuevamente intervenga la Policía Preventiva
del Estado para patrullar la zona.
Se cree que en el área invadida,
exista una tala clandestina y saqueo de maderas
preciosas, que son pillados por terrenos de Veracruz.
El director de Seguridad Pública
en el Estado, José Manuel Vera Salinas, señaló
que se reforzará la seguridad en la zona para
garantizar la seguridad, en tanto se antepone
el diálogo.
Se informó que policías preventivos
del Estado fueron movilizados a la zona de conflicto
para garantizar la seguridad, mientras que el
Delegado de Gobierno, Germán Peralta Luis, sostenía
una reunión con autoridades de San Francisco la
Paz Chimalapas
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